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Comisión Nacional de los Derechos Humanos RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 26 SOBRE LA FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER FEDERAL Y SU RELACIÓN CON EL GOCE Y DISFRUTE DE DIVERSOS DERECHOS HUMANOS. Ciudad de México, a 13 de abril de 2016

SEÑORES SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y COMISIONADO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Distinguidos señores: 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 18, párrafo segundo; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 6°, fracciones VII, VIII, IX y XII, y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la facultan para supervisar el respeto a los derechos humanos en el país; y proponer a las diversas autoridades del país en el exclusivo ámbito de sus competencias, las modificaciones normativas y las prácticas administrativas que garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. 2. En tal virtud y con base en el artículo 140 del Reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se emite la presente Recomendación General orientada a evidenciar la importancia que tiene para el goce y disfrute de los derechos humanos, la formulación y publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de carácter federal; como un instrumento de gestión enfocado a garantizar 1 / 153


el derecho al medio ambiente sano, además de constituir un mecanismo de política pública dirigido a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 3. A continuación se presenta una lista de acrónimos o abreviaturas que serán utilizados para facilitar la lectura de la presente Recomendación General: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Comisión Nacional); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Consejo Nacional de Población (CONAPO); Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPA); Diario Oficial de la Federación (DOF) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar); Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Convención sobre el Cambio Climático); Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río); Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo); 2 / 153


Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

I. ANTECEDENTES. A) Concepto e importancia de las áreas naturales protegidas. 4. De conformidad con el artículo 3°, fracción II, de la LGEEPA, las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional “donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados1 por la actividad del ser humano, o bien que requieren ser preservadas y restauradas”. 5. El artículo 45 de la LGEEPA señala que el establecimiento de las áreas protegidas, tiene por objeto, entre otros, “preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles”, al igual que la utilidad de dichos ambientes en tanto factores que aseguran “el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos”; “salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva […]; asegurar la conservación y el aprovechamiento sustentable [de los ecosistemas y biodiversidad] del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 1

Alteración o impacto ambiental significativa: “Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca modificaciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales” (Glosario de términos del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental; última reforma DOF 31/10/2014) 3 / 153


amenazadas, las endémicas, las raras2 y las que se encuentran sujetas a protección especial”; “proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio”; “proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas”. 6. A su vez, el informe de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, caracteriza a las áreas naturales protegidas como fuente imprescindible de servicios ambientales para el bienestar, tanto de la población actual, como para las generaciones futuras, tales como: provisión de agua, captura y almacenamiento de carbono, fortalecimiento en la resiliencia al clima y la posibilidad de desarrollar actividades productivas como la producción de alimentos y el turismo, entre otros. 7. Asimismo, señala que las áreas naturales protegidas administradas adecuadamente pueden jugar un importante papel en la mitigación de los desafíos ambientales que el mundo está enfrentando, tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, la inseguridad alimentaria, y la respuesta a los desastres naturales. Tal protección, indudablemente, refuerza la defensa y garantía de derechos humanos reconocidos internacionalmente; como es el caso del derecho a un medio ambiente sano, al procurarse tanto un nivel de vida adecuado y la mejora 2

Especies raras: “Poblaciones biológicamente viables aunque escasas de manera natural que tienen espacios naturales de distribución reducida o están restringidas a hábitats muy específicos” (Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo). 4 / 153


continua de las condiciones de existencia, además de la seguridad jurídica y legalidad, e inclusive los derechos de los pueblos indígenas. Tal imperativo se confirmó en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos prevén un desarrollo sostenible que englobe la protección de los ecosistemas y hábitats naturales, garantizando la inclusión de la sociedad civil y especialmente a los pueblos y comunidades. 8. El artículo 4° del RLGEEPA establece que la administración de estas áreas deberá efectuarse “de conformidad con lo establecido en la Ley [General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente], el presente Reglamento, el Decreto de creación, las normas oficiales mexicanas, su programa de manejo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables”. B) Naturaleza e importancia de los programas de manejo. 9. De conformidad con el artículo 65 de la LGEEPA y el artículo 3°, fracción XI, del RLGEEPA, cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual constituye el “instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva”; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas.3

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Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2014-2018). CONANP. http://entorno.conanp.gob.mx/documentos/PNANP.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 5 / 153


10. Conforme a los Términos de Referencia para la Elaboración de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia de la Federación, publicado por la CONANP4, estos documentos deben contener lo siguiente: “i) Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico; ii) Diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional; iii) Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta; iv) Zonificación, generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso del territorio (terrestre, dulceacuícola, marino, costero e insular), así como los ordenamientos territoriales vigentes; v) Reglas Administrativas, que definen los elementos normativos derivados del decreto de establecimiento del área protegida, de la categoría, la LGEEPA, el RANP y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, entre otras, para regular las actividades que se desarrollen en el área protegida; y vi) Evaluación de la integración funcional del sistema”.5 11. Lo anterior, una vez efectuada la correspondiente revisión integral del sitio sujeto a protección, tiene por finalidad que se plantee un aprovechamiento adecuado de sus recursos, identificar tanto las necesidades de conservación como las zonas óptimas para el desarrollo de distintos tipos de actividades, al igual que establecer metas y objetivos mesurables; incorporando un marco legal que permita la generación de 4

El contenido que deberá incluir un programa de manejo queda establecido en los artículos 66 de la LGEEPA y 74 al 76 del RLGEEPA. 5 Términos de Referencia para la Elaboración de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia de la Federación, disponible en: http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/TERMINOS%20DE% 20REF-PAGINA.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 6 / 153


estrategias que logren la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como la promoción de la calidad de vida y bienestar de la población, con énfasis en las comunidades rurales y originarias asentadas dentro o en los alrededores de estas áreas.6 12. Con fundamento en el artículo 14, fracción XXXIII del Reglamento Interior de la SEMARNAT, así como 65 de la LGEEPA y 76 del RLGEEPA, dichos programas de manejo deben ser formulados dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación en el DOF de la respectiva declaratoria de establecimiento del área natural protegida, recayendo tal obligación en la CONANP. Por su parte, la SEMARNAT es la autoridad obligada de llevar a cabo la publicación de un resumen de dichos programas y el plano de localización del área natural en el DOF y en la Gaceta Ecológica.7 13. Los programas de manejo brindan certidumbre a las autoridades encargadas de su implementación, así como a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas. Ello se verifica mediante las modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales, a través de la delimitación, extensión y ubicación de las zonas y sub-zonas establecidas y señaladas en las declaratorias que establecieron cada una de las diferentes áreas, así como con la definición clara de las actividades permitidas, las prohibidas y las incompatibles dentro de ellas. 14. Por lo que hace a las actividades permitidas, corresponde también a los programas de manejo, establecer con precisión el número de usuarios permisibles respecto a cada tipo de actividad con base en la capacidad de 6 7

Idem. Gaceta gubernamental o periódico oficial de la institución respectiva. 7 / 153


carga8 del área y la zonificación9, atendiendo a la vocación natural y a las características propias de cada una de ellas. En este sentido, la ausencia del respectivo programa conlleva a una incertidumbre respecto de la densidad e intensidad con la cual los particulares pueden realizar obras o actividades dentro de las áreas, al posibilitar un desmedido margen discrecional por parte de las autoridades, quienes arbitrariamente podrían estar en condiciones de negar o autorizar la realización de obras o actividades, dictando o no para tal efecto las condicionantes y modalidades a las que deberían quedar sujetas las mismas. 15. El programa de manejo es un instrumento de gestión fundamental para el objeto de las propias áreas protegidas: conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; que a su vez, contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano en virtud de las características propias de cada área, al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación. Asimismo, con su elaboración y ejecución se promueve, procura y garantiza el ejercicio de otros derechos humanos, como a la seguridad jurídica y legalidad, además de la libre determinación en la toma de decisiones, para favorecer un desarrollo sustentable y mejora de las condiciones de vida, particularmente en el caso de pueblos indígenas asentados en dichas áreas.

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Capacidad de Carga: “Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico” (artículo 3, fracción IV, del RLGEEPA). 9 Zonificación: subdivisión del área protegida que permite identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos; en las que se deberán especificar las actividades permitidas y prohibidas, así como, en su caso, las limitaciones, condicionantes y modalidades a que dichas actividades quedarán sujetas. (artículos 49 al 61 del RLGEEPA) 8 / 153


16. Por lo anterior, para esta Comisión Nacional es de relevancia que dichas zonas de valor ambiental cuenten con los instrumentos necesarios que permitan su conservación y protección, pues de ello depende la observancia y eficacia de diversos derechos humanos, como a la protección y preservación del medio ambiente, la seguridad jurídica o los relativos a los pueblos indígenas. C) Situación de las áreas naturales protegidas en México. 17. Conforme a la información publicada en la página electrónica de la CONANP, órgano desconcentrado de la SEMARNAT, al 31 de marzo de 2016, México cuenta con un total de 177 áreas naturales protegidas de competencia federal, que en conjunto suman una extensión territorial de más de 25 628 239 hectáreas (ha), administradas por la CONANP. A su vez, cada entidad federativa cuenta con áreas de carácter estatal administradas por las respectivas autoridades competentes en materia ambiental. De acuerdo con la información publicada en la “Red Nacional de Sistemas Estatales de Áreas Naturales Protegidas” (SIMEC)10, en noviembre de 201311, todos los estados de la República Mexicana contaban al menos con un área natural protegida de carácter estatal, a excepción de Colima y Chihuahua; las cuales suman un total de 368 áreas protegidas estatales y una superficie total de 3 986 381 ha12. Asimismo, cabe señalar que la CONANP apoya a 369 áreas destinadas voluntariamente a la conservación (por parte ya sea de pueblos indígenas organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas y demás 10

Sistema creado por la CONANP y los Gobiernos de los Estados desde 2009, mismo que es administrado por el Instituto de Ecología de Guanajuato: http://www.anpsestatales.mx/index.php (acceso: 31/marzo/2016) 11 Fecha de última actualización. 12 Conforme a la Red Nacional de Sistemas Estatales de Áreas Naturales Protegidas, de las 368 áreas naturales protegidas de carácter estatal decretadas al 2013, tan sólo el 46% cuenta con programa de manejo publicado. 9 / 153


personas interesadas), cuya superficie engloba a poco más de 399 466.36 ha. 18. La legislación ambiental mexicana ha establecido diversos tipos de áreas naturales protegidas, cuya clasificación obedece principalmente a las características específicas de cada ecosistema y a los elementos naturales que se desean conservar. Actualmente, el artículo 46 de la LGEEPA reconoce 9 categorías:         

Reservas de la biosfera. Parques nacionales. Monumentos naturales. Áreas de protección de recursos naturales. Áreas de protección de flora y fauna. Santuarios. Parques y reservas estatales. Zonas sujetas a conservación ecológica. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales.

19. Las primeras seis corresponden a categorías cuya jurisdicción recae exclusivamente en la Federación, las siguientes dos corresponden al ámbito de las entidades federativas (independientemente de otras categorías previstas en sus legislaciones); mientras que en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación corresponden en exclusiva al ámbito privado. 20. Para efectos de la presente Recomendación General, a continuación, tan sólo se particularizará en la problemática de las 177 áreas de carácter federal, que en virtud del valor ambiental y la importancia que refleja su 10 / 153


diversidad, al 31 de marzo de 2016 se encuentran categorizadas de la siguiente manera13: Categoría del área natural protegida Reservas de la biosfera Parques nacionales Monumentos naturales Áreas de protección de recursos naturales Áreas de protección de flora y fauna Santuarios TOTAL

Cantidad de áreas protegidas decretadas 41 66 5 8 39 18 177

21. Si bien existen 177 áreas protegidas federales decretadas, se destaca que al 31 de marzo de 2016, sólo se han publicado 103 programas de manejo correspondientes a 102 áreas14 conforme a la información divulgada por la CONANP en su portal electrónico.

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CONANP, 2016. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/ (acceso: 31/marzo/2016) El área protegida “Islas del Golfo de California” cuenta con dos programas de manejo, uno publicado el 17 de abril de 2001 y otro correspondiente al “Componente del Complejo Insular del Espíritu Santo”, ubicado frente a las costas del Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, publicado el 18 de abril de 2001 y modificado el 24 de julio de 2001. (CONANP, 2016. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php [acceso: 31/marzo/2016] 14

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D) Planteamiento del problema. 22. Como anteriormente se ha expuesto, la publicación de los programas de manejo en el DOF es fundamental, tanto para el aseguramiento del goce y ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano, no sólo porque tenga como fin la protección de la integridad y conservación de la flora y fauna y de los recursos naturales dentro las áreas naturales protegidas, como también la protección de otros derechos, como a la seguridad jurídica, a la legalidad y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en esas regiones. 23. Sobre las consideraciones anotadas, la presente Recomendación General se enfoca tanto en el desarrollo del tema de la omisión por parte de la CONANP de elaborar los programas de manejo, como de la SEMARNAT para llevar a cabo la publicación del correspondiente resumen y plano de ubicación en el DOF; siendo este tema de particular relevancia para el desarrollo y bienestar de la población asentada en municipios donde se ubican las áreas naturales protegidas, al igual que las presentes y futuras generaciones de la sociedad en general. 24. A partir del estudio a la información allegada por esta Comisión Nacional, se advierte la importancia de la emisión de la presente Recomendación General como un elemento crucial para visualizar la trascendencia de la debida formulación y publicación de los programas de manejo en la observancia de las obligaciones generales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, especialmente al medio ambiente.

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II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. A) Antecedentes históricos de las áreas naturales protegidas en la legislación ambiental. 25. La Comisión Nacional ha documentado que los primeros decretos, en virtud de los cuales se establecieron las áreas destinadas a la recreación y protección de los recursos naturales (actualmente denominadas "áreas naturales protegidas"), fueron emitidos antes de 192615, como es el caso del parque nacional “Desierto de los Leones” en 1917 y la zona forestal nacional "Monte Vedado" en Mineral del Chico, Hidalgo, en 1922 (antecedente del parque nacional “El Chico” de 1981); los cuales se decretaron aún sin existir la entonces Ley Forestal y su reglamento, publicados en 1926 (actualmente abrogados). 26. Con el establecimiento de la categoría de “Parques nacionales” y “Reservas forestales nacionales” en 1926, y como consecuencia de la política agraria impulsada entre 1934 y 1940; el Estado mexicano empezó a valorar los bosques como recursos finitos, generándose un primer gran auge en la creación de las áreas protegidas al igual que concientizar sobre los servicios que éstas brindan. Por tal motivo, en esa época fueron decretadas un total de 39 áreas adicionales a las ya existentes, como los parques nacionales “Iztaccíhuatl-Popocatépetl”, “Grutas de Cacahuamilpa”, “Cerro de Garnica”, “Volcán Nevado de Colima”, “Lagunas de Zempoala”, “Pico de Orizaba”, “El Tepozteco”, “Lagunas de Chacahua”, por mencionar algunos. Posteriormente, entre 1941 y 1982, existió un gran rezago en cuanto a la declaratoria y conservación de las áreas naturales protegidas; de manera tal, que los decretos emitidos en dicho período hacían alusión,

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Año de publicación de la Ley Forestal y su Reglamento. 15 / 153


en algunos casos, a fines sociales como “espacios necesarios para la recreación de la población urbana”.16 (Anexo 1) 27. De 1982 a 1988, derivado de la tendencia internacional de institucionalizar como una política pública de Estado la protección del medio ambiente, se crea la Subsecretaría de Ecología de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con una visión de las áreas naturales protegidas como componentes indispensables para la conservación de la biodiversidad, sin embargo, no se incluían los recursos económicos necesarios destinados al manejo de éstas.17 28. Es preciso señalar que como consecuencia de carencias en las políticas de desarrollo urbano y demográfico emprendidas, aunado a la falta de recursos económicos y de herramientas para la vigilancia de la protección y conservación de estas áreas, la mayoría de los sitios decretados como área natural protegida antes de la expedición de la LGEEPA, en enero de 1988, sufrieron la transformación o pérdida de sus ecosistemas originales con grados significativos de destrucción o perturbación, contaminación de acuíferos, erosión del suelo y deforestación, entre otros fenómenos de deterioro ecológico.18 16

Capital Natural de México, vol. II, Estado de conservación y tendencias de cambio”, capítulo 9, “Áreas naturales protegidas y desarrollo social en México”. CONANP, 2009. http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II09_Areas%20naturale s%20protegidas%20y%20desarrollo%20social%20en%20Mex.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 17 Idem 18 Diagnóstico sobre la creación o modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Programa Presupuestario U035 “Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 2016. http://www.conac.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_Gasto/imagenes/Ventanas/Ra mo_16/16U035.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 16 / 153


29. Con la publicación de la LGEEPA, se estableció el concepto de área natural protegida y sus respectivas categorías, al igual que una regulación de las actividades prohibidas y permitidas al interior de las mismas, sobre todo, respecto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales localizados dentro de esas áreas. Para la protección de las mismas se incorporó la figura del programa de manejo, señalando que las dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida de interés de la Federación elaborarían los programas dentro del plazo que señale la correspondiente declaratoria (artículo 65 de la LGEEPA, 1988). 30. Conforme a la exposición de motivos correspondiente a las reformas a la LGEEPA de enero de 1988, publicada por el INECC en su portal electrónico19, las aportaciones regulatorias más significativas en materia de áreas protegidas consistieron en la adecuación de las categorías de conservación a la realidad del país y al contexto internacional. Así, fueron derogadas las “Reservas especiales de la biósfera”, se modificó la descripción de las “Áreas de protección de recursos naturales” de manera que no incluyeran ciudades ni áreas agrícolas y ganaderas; los “Santuarios” fueron incluidos como una nueva categoría destinada a proteger pequeñas cañadas, cavernas, cenotes o vegas de los ríos; los “Parques marinos nacionales” se fusionaron con la categoría de “Parques nacionales”. Del mismo modo, la reclasificación de aquellas áreas que aún conservaran su vocación natural y que cumplieran con las características que les dieron origen, dando mayor certeza y seguridad sobre la política de protección, preservación y aprovechamiento sustentable de sus ecosistemas. 19

Gaceta Ecológica Nueva Época, número 40, “LGEEPA. Exposición de motivos. C. C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, INECC, 1996. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/gaceta40/964071.html (acceso: 23/febrero/2016) 17 / 153


31. Hasta 1994, la protección de las áreas naturales protegidas se había limitado a contar con un decreto, “no existía algún tipo de seguimiento o asignación de personal ni presupuesto para la vigilancia de su protección y conservación”20. A partir de lo anterior, con fecha 13 de diciembre de 1996 se realizó una reforma a la LGEEPA, motivada en la procuración de un ambiente sano y adecuado para la vida y el desarrollo de las futuras generaciones, así como en la promoción del desarrollo sustentable de los recursos naturales, a efecto de “hacer de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, instrumentos realmente eficientes y eficaces”21. Cabe señalar que dicha reforma facultó a la autoridad ambiental federal para modificar las declaratorias, cuando hubiesen variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento (extensión, delimitación, usos o actividades permitidas, zonificación, entre otras), de conformidad con los artículos 62 y 65 del RLGEEPA22. 32. Con motivo de los foros internacionales en los que nuestro país ha participado, entre ellos la Cumbre de Río de 1992 (en la cual se adoptó la Declaración de Río)23, la protección de las áreas naturales protegidas ha 20

Villalobos, Ileana. Áreas naturales protegidas: instrumento estratégico para la conservación de la biodiversidad, en Gaceta Ecológica, núm. 54, SEMARNAT, 2000 (http://www.redalyc.org/pdf/539/53905402.pdf) (acceso: 23/febrero/2016) 21 Gaceta Ecológica Nueva Época, número 40, “LGEEPA. Exposición de motivos. C. C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, INECC, 1996. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/gaceta40/964071.html (acceso: 23/febrero/2016) 22 Diagnóstico sobre la creación o modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Programa Presupuestario U035 “Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 2016. http://www.conac.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_Gasto/imagenes/Ventanas/Ra mo_16/16U035.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 23 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972, Organización de las Naciones Unidas. 18 / 153


cobrado una creciente y especial relevancia. Ejemplo de ello fueron las consultas para reformar a la LGEEPA convocadas por el Congreso de la Unión en 1995, iniciativa que persiguió el fortalecimiento de la “capacidad institucional para preservar los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre, regular su aprovechamiento sustentable, y proporcionar incentivos a la sociedad para participar en su preservación, protección, restauración y administración”24. 33. En cuanto a las declaratorias para la constitución de las áreas naturales protegidas, se definieron con mayor precisión los lineamientos para el establecimiento de comités técnicos, fideicomisos y elaboración de los programas de manejo. Incluso, se estableció por vez primera la obligación de publicar en el DOF un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área sujeta a protección, en términos de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 66 de la LGEEPA y el numeral 76 del RLGEEPA (adicionando en este ordenamiento la obligación de publicar también un resumen en la Gaceta Ecológica), y el artículo 14, fracción XXXIII del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 34. Es importante señalar que el resumen de cada programa de manejo debe contener la categoría y nombre del área natural protegida, fecha de publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial, plano de ubicación del área; delimitación, extensión y ubicación de las zonas y subzonas establecidas y señaladas en la declaratoria, así como las reglas http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm (acceso: 23/febrero/2016) 24 Gaceta Ecológica Nueva Época, número 40, “LGEEPA. Exposición de motivos. C. C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, INECC, 1996. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/gaceta40/964071.html (acceso: 23/febrero/2016) 19 / 153


administrativas a que se sujetarán las actividades que se desarrollan en la zona. B) Estado actual de la formulación y publicación de los decretos de declaratoria y/o reclasificación de las áreas naturales protegidas en México. 35. Del análisis de la información allegada por esta Comisión Nacional, respecto de la periodicidad existente entre la publicación de los decretos de declaratoria y/o reclasificación de las áreas protegidas, destaca lo siguiente: a) De las 177 áreas naturales protegidas de competencia federal decretadas al 31 de marzo de 2016, 94 de ellas se establecieron con anterioridad a 1988; 33 fueron decretadas entre 1988 y 1996; y 50 con posterioridad a esa última fecha.

b) Mediante Acuerdos y Decretos que tuvieron como objeto dotar de una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies, un 20 / 153


total de 47 áreas naturales protegidas con declaratoria previa a la reforma de 1996 han sido re-categorizadas, a través de declaratorias emitidas por el Ejecutivo Federal en fechas 7 de junio de 2000; 27 de diciembre de 2001; 16 de julio, 9 de septiembre y 7 de noviembre de 2002; 29 de enero de 2003; 23 de junio de 2005; 27 de noviembre de 2007; 19 de agosto de 2009; 1 de octubre de 2013; las cuales se enlistan en el Anexo 1.

36. Conforme a la información publicada en la página electrónica de la CONANP25 y a la información proporcionada a esta Comisión Nacional por la propia CONANP, al 31 de marzo de 2016, de las 177 áreas naturales protegidas decretadas, 57.6% (102) cuentan con programas de manejo formulado y publicado, mientras que el 11.3% (20) dispone de su programa elaborado mas no publicado, y el 31.1% (55) no cuenta con el respectivo instrumento. 25

CONANP, 2016. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/ (acceso: 31/marzo/2016) 21 / 153


37. Por lo que hace al último sector referido, la CONANP expuso a esta Comisión Nacional que 27 de las áreas que no cuentan con su respectivo programa están por abrogarse, debido a la pérdida de los objetivos de conservación que dieron origen a su establecimiento; asimismo, señaló que 24 áreas protegidas tienen problemas en sus poligonales, mientras que los programas de manejo de dos áreas se encuentran en la etapa consulta pública. Asimismo, se refiere que un programa de manejo se encuentra en integración de borrador (conforme a los términos de referencia vigentes), mientras que una de las áreas es de reciente publicación, por lo que se encuentra en tiempo para la publicación de su programa de manejo. (Anexo 1) 38. A continuación se presenta un resumen que describe, por una parte, las áreas naturales protegidas decretadas antes de 1988 que no han sido re-categorizadas; en segundo lugar, las promulgadas con anterioridad a esa fecha que han sido re-categorizadas entre 1988 y 1996; y finalmente con posterioridad a 1996; estableciendo los datos más importantes proporcionados por la CONANP y remitidos a esta Comisión Nacional en 2014 y 2015, y de la información recabada en el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC26), a saber:

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Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, CONANP. https://simec.conanp.gob.mx/ (acceso: 23/febrero/2016) 22 / 153


39. De la información recabada en 2014, esta Comisión Nacional advirtió que tanto la CONANP como la CONABIO refieren que a pesar de que la figura del programa de manejo dio inicio con la expedición de la LGEEPA en 1988; no fue hasta la reforma de dicho ordenamiento en diciembre de 1996 cuando se previó un plazo de un año, contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial, para la formulación de los mencionados programas. Por lo consiguiente, se aduce que la obligación de formular los programas dentro de los 365 días posteriores a la publicación de la declaratoria del establecimiento del área es aplicable únicamente para aquellas sujetas a protección a partir del 14 de diciembre de 1996; por tanto, las establecidas luego de la entrada en vigor de dicho ordenamiento el 1º de marzo de 1988, o bien de leyes anteriores a ella, estarían fuera del supuesto mencionado. 40. Respecto de las 50 áreas naturales protegidas decretadas con posterioridad a diciembre de 1996, se puede señalar que hasta el 31 de marzo de 2016, 46 de ellas cuentan con su programa de manejo publicado. Sin embargo, únicamente en tres casos se aprecia una cabal observancia a la temporalidad exigida por la legislación para la publicación de los 23 / 153


programas de manejo (las reservas de la biósfera “Ría Lagartos”, “Mariposa Monarca” y “Selva el Ocote”); 43 programas del mismo número de áreas lo fueron de manera extemporánea. De las 4 restantes, destaca que a la fecha de emisión del presente documento, sólo el área de protección de flora y fauna “Cerro Mohinora” se encuentra dentro del plazo para publicar su programa de manejo; y tres cuentan con su programa elaborado más no publicado, pese a que ha transcurrido más de 1 año de su creación: “Cumbres de Monterrey” en el 2000, “Ciénegas del Lerma” en 2002 y “Sierra Gorda de Guanajuato” en el 2007 (Anexo 1). 41. Por lo que hace a las 47 áreas naturales protegidas decretadas con anterioridad a diciembre de 1996 y re-categorizadas conforme a los Acuerdos publicados en el DOF;27 destaca que al 31 de marzo de 2016, tan sólo 14 cuentan con su respectivo programa formulado y publicado, de los cuales únicamente tres fueron publicados con oportunidad después de su re-categorización: la reserva de la biósfera “Montes Azules”, las áreas de protección de flora y fauna “Islas del Golfo de California” y “La Primavera”. De lo anterior, está pendiente la actualización de los programas de manejo de dos áreas que fueron modificadas y cuyos programas fueron publicados antes de su re-categorización (los parques nacionales “Arrecifes de Cozumel” y “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc”). Por otro lado, nueve áreas naturales protegidas reformadas cuentan con programa de manejo formulado mas no publicado. Finalmente, en 24 áreas no se ha elaborado su programa, debido a que dos de ellas están por abrogarse, veintiuno presentan problemas de poligonal, mientras que uno de dichos programas se encuentra en consulta pública del estudio técnico justificativo. Lo anterior, a decir de la propia CONANP en la información proporcionada a esta Comisión Nacional. 27

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, CONANP. https://simec.conanp.gob.mx/ (acceso: 23/febrero/2016) 24 / 153


42. Con relación a la falta de publicación de los programas de manejo, la CONANP manifestó que dichos documentos son instrumentos administrativos que derivan necesariamente en forma de apoyo a las declaratorias por las cuales dichas áreas se constituyen, por lo que éstos no pueden ir más allá de lo dispuesto en aquéllas. Del mismo modo, se refirió que los programas se sustentan y fundamentan en las previsiones contenidas en la LGEEPA y el RLGEEPA, las declaratorias de establecimiento de dichas áreas, las normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad jurídica aplicable; de ahí que no sea posible considerar que la falta de este documento administrativo impida llevar a cabo una adecuada administración, protección y manejo del área; ni tampoco presuponer mayor jerarquía jurídica a un programa de manejo que a una ley y decreto. 43. Si bien la CONANP estima que los programas de manejo son relevantes para la administración y manejo de las áreas naturales protegidas, al concentrar las principales directrices, políticas y lineamientos para el manejo de dichas áreas; se indicó a esta Comisión Nacional que no son los únicos ni principales instrumentos. En virtud de tal consideración, la CONANP afirmó que es posible concluir que la falta de un programa de manejo no impide que se lleve a cabo la adecuada protección, conservación, administración y manejo de las áreas naturales protegidas. 44. De igual manera, se expuso que la supuesta omisión en la elaboración y/o publicación de los programas de manejo no constituía afectación alguna al derecho humano a un medio ambiente sano de los residentes de estas áreas y sus alrededores. Contrariamente, se aseguró que con la constitución de un área natural protegida y la aplicación directa de las disposiciones pertinentes, aún sin contar con el respectivo programa 25 / 153


de manejo, se logra la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales sujetos a protección, en beneficio de los propietarios, poseedores y titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las áreas, al igual que de la sociedad en general; tal y como lo prevé el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C) Áreas naturales protegidas sujetas a protección internacional. 45. El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas destaca también la importancia de establecer mecanismos de protección y conservación de las áreas en consideración a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano; a partir de los cuales se ha fortalecido la conservación de las áreas naturales a través de su incorporación a esquemas internacionales de protección. En este sentido, el 58.8% (104) de las áreas naturales protegidas decretadas en México, contienen sitios incluidos en alguna de las listas de protección especial por los tratados o convenios previamente mencionados; de las cuales 32 aún no cuentan con su programa de manejo publicado. 46. Lo anterior no sólo obedece al reconocimiento que se brinda a las áreas protegidas por parte de la comunidad internacional en razón de su valor intrínseco, sino también que la inclusión dentro de los listados correspondientes implica el cumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos internacionales, cuya inobservancia es constitutiva de responsabilidad para el Estado mexicano. 47. En el caso del Convenio Ramsar, del cual el Estado mexicano es parte desde 1986 y ratificado el 2 de noviembre de 1992; tiene como objeto principal la preservación y protección de los ecosistemas mencionados, en 26 / 153


tanto reguladores de los regímenes hidrológicos, como también de su flora y fauna características, particularmente de las aves acuáticas. 48. De acuerdo con el texto del Convenio en cita, los humedales son definidos como “extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Conforme a lo expuesto en el sitio oficial de dicho instrumento internacional, la finalidad de ofrecer una definición amplia de dicho término se motivó en la necesidad de incorporar al ámbito de protección a biomas como los siguientes: lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. 28 49. El Convenio Ramsar establece diversas obligaciones a los Estados parte, entre las que destaca la designación de humedales (sitios Ramsar) para su inclusión en la lista de humedales de interés internacional (artículo 2); para estos sitios, se deberán elaborar y aplicar los respectivos planes de gestión, además de informar a la Convención acerca de cualquier alteración ecológica que se suscite en ellos (artículo 3). Asimismo, señala la necesidad de cooperación internacional en el caso de cuencas o humedales trasnacionales (artículo 5). Por último, el artículo 6, prevé la organización de conferencias de Estados partes respecto de la aplicación e interpretación del Convenio, la formulación de recomendaciones relativas a la conservación, gestión y explotación de los humedales, al igual que el 28

La Convención de Ramsar y su misión, Convención de http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convenci%C3%B3n-de-ramsar-y-sumisi%C3%B3n (acceso: 23/febrero/2016)

Ramsar.

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procedimiento a seguirse en el ámbito interno para la preparación de informes. 50. Al respecto, nuestro país cuenta con 142 sitios Ramsar (Anexo 2); de los cuales, el 56% (80) se encuentran, total o parcialmente, dentro de la superficie ocupada por 68 áreas protegidas. Cabe mencionar que las siguientes 12 áreas naturales protegidas más de un sitio Ramsar: el área de protección de flora y fauna “Islas del Golfo de California”, en el que tiene registro de 18 sitios Ramsar; el santuario “Playa Mismaloya” con 4 sitios Ramsar; la reserva de la biósfera “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” y el área de protección de flora y fauna “Laguna de Términos” con 3 sitios Ramsar; y el santuario “Playa de Maruata y Colola”, las reservas de la biósfera “El Vizcaíno”, “El Pinacate y Gran Desierto de Altar”, “Pantanos de Centla” y “Ría Celestún”, el área de protección de flora y fauna “Balandra”, el área de protección de recursos naturales “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín” y el parque nacional “Bahía de Loreto” con 2 sitios Ramsar cada una. Las restantes 56 áreas protegidas mencionadas cuentan con un solo sitio Ramsar registrado. 51. Es destacable hacer mención que de las 68 áreas naturales protegidas con presencia de sitios Ramsar, 20 no cuentan con su respectivo programa de manejo publicado, tales como: 1) “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín”, 2) “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, 3) “Ciénegas del Lerma”, 4) “Sistema Arrecifal Veracruzano”, 5) “Cañón del Sumidero”, 6) “Yum Balam”, y las Playas: 7) ”Verde Camacho”, 8) “Rancho Nuevo”, 9) “Isla Contoy”, 10) “Mismaloya”, 11) “Maruata y Colola”, 12) “Tierra Colorada”, 13) “adyacente a la localidad denominada Ría Lagartos”, 14) “Ceuta”, 15) “de la Bahía de Chacachua”, 16) “Teopa”, 17) “Cuitzmala”, 18) “Mexiquillo”, 19) “Puerto 28 / 153


Arista”; y 20) la reserva de la biósfera “Complejo Lagunar Ojo de Liebre”. Lo antes mencionado, es una clara evidencia de la falta de cumplimiento del Estado mexicano a los compromisos internacionales asumidos en virtud del Convenio Ramsar, al no existir las herramientas adecuadas para proteger y conservar estos sitios de interés internacional. (Anexo 2) 52. Respecto de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, de la que México es parte desde el 23 de febrero de 1984, y vigente desde esa misma fecha; tiene como objeto principal establecer las bases para la salvaguardia, protección y conservación del patrimonio de la humanidad en sus vertientes cultural y natural, a través de “el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio” (artículo 7). Asimismo, dicho instrumento internacional exhorta a los miembros a que reconozcan su responsabilidad de preservar los sitios inscritos y de otorgarles una protección jurídica adecuada para velar por su integridad ecológica y por una administración eficaz de los mismos. 53. Dentro del sistema subsidiario de cooperación y asistencia previsto por ese tratado, se prevé la integración de un Comité Intergubernamental cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención (artículo 9); al cual, los Estados partes presentarán un inventario de los bienes de patrimonio cultural y natural situados en su territorio, de los cuales se formará una lista de aquellos que cuenten con valor universal excepcional (artículo 11). 54. Al respecto, México cuenta con un total de 33 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 27 son culturales, 5 naturales y 1 de carácter mixto (cultural-natural). La totalidad de los bienes naturales y 29 / 153


mixtos, como también seis de los culturales, se distribuyen en veintiséis territorios decretados como áreas naturales protegidas. (Anexo 2) 55. Respecto a los cinco bienes naturales inscritos mencionados, dos de ellos coinciden en su totalidad con el perímetro asignado a las respectivas áreas naturales protegidas, a saber: las reservas de la biósfera de “El Pinacate y Gran Desierto de Altar” y “Sian Ka'an”; por su parte, la reserva de la biósfera “Mariposa Monarca”, incide sobre el área natural protegida del mismo nombre y en una porción del parque nacional “Bosencheve”; el “Santuario de las Ballenas” incide dentro de la reserva de la biósfera “El Vizcaíno”, y el bien denominado Complejo Lagunar Ojo de Liebre”; finalmente, el bien natural “Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California”, incide sobre las siguientes catorce áreas naturales protegidas: áreas de protección de flora y fauna “Islas del Golfo de California”, “Balandra” y “Cabo San Lucas”; las reservas de la biósfera “El Vizcaíno (porción costera y marítima en el Golfo de California)”, “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”, “Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes”, “Isla San Pedro Mártir” e “Islas Marías”; y en los parques nacionales “Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo”, “Bahía de Loreto”, “Cabo Pulmo”, “Archipiélago de San Lorenzo”, “Isla Isabel” e “Islas Marietas”). (Anexo 2) 56. En cuanto al bien mixto denominado “Antigua Ciudad Maya de Calakmul”, inscrito en 2002 en la lista de patrimonio cultural y recategorizado como mixto en 2014, se encuentra localizado dentro del perímetro de la reserva de la biósfera del mismo nombre. (Anexo 2) 57. Por lo que hace a los bienes inscritos en el listado de patrimonio cultural, conviene resaltar que seis de ellos están localizados total o parcialmente dentro de áreas naturales protegidas: las “Pinturas Rupestres 30 / 153


de la Sierra de San Francisco” en la reserva de la biósfera “El Vizcaíno”; el “Camino Real de Tierra Adentro” en sectores de la “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001”, las “Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro” en la reserva de la biósfera “Sierra Gorda”; las “Cavernas prehistóricas de Yagul y Mitla” en el Valle Central de Oaxaca” dentro del monumento natural “Yagul”, el bien denominado “Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl” en las áreas protegidas “El Tepozteco” y “Corredor Biológico Chichinautzin”; y el “Parque Nacional y Ciudad Prehispánica de Palenque” en el área protegidas que lleva el mismo nombre. (Anexo 2) 58. De lo anterior, es importante mencionar que las áreas naturales protegidas de “Cabo San Lucas”, el “Complejo Lagunar Ojo de Liebre” (también catalogado como sitio Ramsar), el “Corredor Biológico Chichinautzin”, el parque nacional “Bosencheve”, la “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001” y el parque nacional “Palenque”, aún no cuentan con programas de manejo publicados; en el caso de las dos últimas, por presentar “problemas en su poligonal” (sic), y el área de “Bosencheve” señalado por la CONANP con estatus de “abrogar” (sic), motivo por el cual aún no se han elaborado. (Anexo 2) 59. Por otra parte, México cuenta con 43 áreas naturales protegidas que han sido incorporadas a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa el Hombre y la Biósfera de la UNESCO, en la cual México tiene participación desde 1970. Del total presentado, una de ellas incide dentro de un área de carácter estatal (Reserva ecológica protegida “El Cielo” en Tamaulipas); mientras que las restantes corresponden a áreas protegidas federales, destacando que 3 de ellas no cuentan con su programa de manejo: los parques nacionales “Cumbres de Monterrey” y “Sistema Arrecifal Veracruzano” (catalogado también como sitio Ramsar), al igual 31 / 153


que la reserva de la biósfera “La Michilía”. De esta última, recategorizada como tal el 7 de julio del 2000, resulta importante recalcar que la propia CONANP justifica la no publicación de su programa de manejo debido a problemas en sus poligonales, dado que se han perdido las características de conservación que dieron origen a su decreto como área protegida. (Anexo 2) 60. Dentro de los sistemas regionales de protección a las áreas naturales, destaca el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual surge como agenda política durante la Declaración Conjunta y Plan de Acción de la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II, en el marco de la “Segunda Cumbre de Tuxtla" celebrada en San José, Costa Rica en 1996. 61. En dicha Declaración los países centroamericanos y México adoptaron, entre otras, acciones de promoción y protección del medio ambiente como el establecimiento del Corredor, al igual que desarrollar metodologías para la elaboración de los planes de manejo en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, al igual que programas y proyectos conjuntos; a fin de fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de instrumentos internacionales en materia de cambio climático.29 62. Con fundamento en lo anterior, en 1997 se estableció formalmente el Corredor Biológico Mesoamericano, como un sistema de ordenación territorial compuesto por áreas protegidas30, cuyos objetivos son mantener

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Declaración Conjunta y Plan de Acción de la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II. 16 de febrero de 1996. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/feb96/16feb96.html (acceso: 23/febrero/2016) 30 Godoy H., Juan Carlos. Corredor Biológico Mesoamericano: iniciativa de integración regional para promover la conservación del bosque. Organización de las Naciones 32 / 153


la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica. México lo implementó en el 2002 en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca. 63. En México, el Corredor está integrado por 5 intra-corredores biológicos que conectan 37 áreas naturales protegidas, de las cuales 8 no cuentan con su programa de manejo publicado, a saber: las áreas de protección de recursos naturales denominadas 1) “Zona de protección forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas”; 2) “Cascada de Agua Azul”; 3) “Chan Kin”; 4) el área de protección de flora y fauna “Yum-Balam”; los santuarios denominados 5) “Playa adyacente a la localidad denominada Ría Lagartos”; 6) “Playa de Escobilla”; 7) “Playa de la Bahía de Chacahua”; y 8) la reserva de la biósfera “Lacan-Tun”. Resulta importante recalcar que, las áreas “Yum Balam”, la “playa adyacente a la localidad denominada “Ría Lagartos” y las “playas de la Bahía de Chacachua”, también están catalogadas como sitios Ramsar. Lo antes mencionado resalta una vez más la falta de cumplimiento del Estado mexicano a los compromisos internacionales asumidos para la protección del medio ambiente.31 (Anexo 2)

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), XII Congreso Forestal Mundial, 2003. http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms15-s.htm (acceso: 23/febrero/2016) 31 Vera, C.G. y Dorantes, L.J. Estado de la diversidad biológica de los árboles y bosques en el Sur y Sureste de México. Recursos Genéticos Forestales. Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales, Dirección de Recursos Forestales, FAO, 2003. http://www.fao.org/docrep/006/j0606s/j0606s07.htm#bm07 (acceso: 23/febrero/2016) 33 / 153


III. OBSERVACIONES. A) Información recabada de las autoridades. 64. El INECC, en información proporcionada a esta Comisión Nacional, subrayó la relevancia de los programas de manejo, señalando que éstos deben contener la descripción del área natural protegida dentro del contexto nacional, regional y local; además de un análisis sobre la situación que guarda la tenencia de la tierra, acompañados de las acciones a realizarse en el área en el corto, mediano y largo plazos, en vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LGEEPA. 65. En lo particular, el INECC señaló que los programas indican: 1) la forma en que se debe organizar la administración del área; 2) los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; 3) los objetivos específicos del área natural protegida; 4) la referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área; 5) los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y en concordancia, 6) las reglas de carácter administrativo a que se sujetan las actividades que se desarrollen. 66. Por su parte, la CONANP refirió que una vez decretada cualquier superficie como área natural protegida, queda sujeta a una regulación especial, de acuerdo con la vocación natural del terreno y su uso actual y potencial; correspondiendo a la PROFEPA coadyuvar en la observancia de dicho régimen, a través de supervisar que los propietarios, poseedores o 34 / 153


titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos en las áreas se ajusten a las modalidades y limitaciones establecidas en las declaratorias. 67. Con fundamento en el artículo 60 de la LGEEPA, la CONANP se encuentra obligada a cumplir con los lineamientos para la administración y vigilancia establecidos en las declaratorias constitutivas, para lo cual debe contar con recursos humanos, financieros y materiales. Igualmente, dentro de los programas operativos anuales que elaboran las Direcciones Regionales y de cada una de las áreas, se deberán establecer acciones a corto, mediano y largo plazo a realizarse dentro de las áreas, a efecto de garantizar su conservación, las cuales se formulan en concordancia con los instrumentos de planeación, entre los que se incluyen el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y programas institucionales. 68. Las consideraciones presentadas por la CONANP con relación al carácter secundario y meramente operativo de los programas de manejo, contrastan ostensiblemente con lo expuesto en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-201832, publicado por la SEMARNAT y la propia CONANP. Dicho documento, de observancia obligatoria en materia de planeación, resalta la importancia de que las áreas naturales protegidas cuenten con programas de manejo, por constituir instrumentos rectores de planeación y regulación que orientan su adecuado manejo y administración. Asimismo, prescribe que los programas de manejo brindan certidumbre tanto a las autoridades encargadas de su aplicación como a los particulares, respecto de las modalidades de aprovechamiento de sus recursos naturales, mediante la definición clara de las actividades 32

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2014-2018). http://entorno.conanp.gob.mx/documentos/PNANP.pdf (acceso 23/febrero/2016) 35 / 153


permitidas y prohibidas dentro del área protegida, de conformidad con la LGEEPA y las obligaciones internacionales del Estado mexicano. 69. Además de la ausencia o dilación para publicar los programas de manejo en las áreas naturales protegidas, circunstancia que por sí misma configura una omisión a las obligaciones generales de protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente; se suman las consideraciones presentadas por la CONANP, relativas a que 51 áreas naturales protegidas no resultaban susceptibles de contar con sus programas de manejo. 70. Al momento de remitirse el informe correspondiente, la CONANP expuso que 27 áreas naturales habían perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su establecimiento (señalados en el artículo 45 de la LGEEPA) y por tanto se encontraban en vías de abrogarse; es decir sufrieron la transformación o pérdida de los ecosistemas originales con grados significativos de perturbación, contaminación de acuíferos, erosión de suelos y deforestación entre otros fenómenos de deterioro ecológico, propiciados por el desarrollo económico y repoblamiento del territorio, aunado a que no contaban con presupuesto para llevar a cabo acciones de administración, operación y vigilancia; con lo cual hace necesario su extinción o la modificación de sus declaratorias. 71. Por lo que hace a las 24 declaratorias restantes, la CONANP adujo que éstas no satisfacían los requisitos señalados por el artículo 60, fracción I, de la LGEEPA, al no poder determinarse de manera precisa el área que ocupaban, superficie, ubicación, deslinde y zonificación correspondiente; circunstancia que en opinión de dicha Comisión hacía necesaria la modificación de la declaratoria.

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72. De los párrafos precedentes destaca que a pesar de que la CONANP afirma que la falta de formulación y publicación de los programas de manejo no limita que se lleve a cabo la adecuada protección, conservación, administración y manejo de las áreas naturales protegidas, esa misma autoridad señaló que un importante número de las que no cuentan con su respectivo programa han perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su declaración. Incluso, esa autoridad justifica la no formulación de los programas por la problemática ambiental que presentan dichas áreas naturales protegidas, lo cual resulta incongruente, ya que precisamente la inexistencia de instrumentos de planeación y regulación que establezcan las actividades permitidas y la delimitación precisa de la subzonificación (como lo es el programa de manejo), ha contribuido a la degradación y/o perturbación de las mismas. 73. Con relación a las funciones que cumplen los programas de manejo y las normas oficiales mexicanas en el desempeño de sus atribuciones; la PROFEPA señaló que ambos tipos de documentos son instrumentos de apoyo para el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia para la protección y conservación del medio ambiente sano. 74. Es preciso mencionar que de conformidad con el informe publicado por la CONANP, denominado: “Diagnóstico sobre la creación o modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016-Programa Presupuestario U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, la propia CONANP reconoció nuevamente que los programas de manejo son indispensables en la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad del país, ya que son una herramienta de planificación del conjunto de acciones, decisiones y estrategias tendentes a combinar actividades de conservación, 37 / 153


investigación y desarrollo económico, regulando su uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. En dicho informe se resaltan las obligaciones jurídicas a cargo de las autoridades competentes, correspondiendo a la CONANP la elaboración de los programas de manejo y a la SEMARNAT su publicación. Del mismo modo, se prevé una coadyuvancia entre la CONANP y la PROFEPA para la vigilancia de las zonas de interés, con apoyo también en dichos programas de manejo. 75. De los informes remitidos por la CONABIO, fue expuesto que la importancia de los programas de manejo reside en que establecen las acciones de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura u otras más de carácter productivo; así como el financiamiento para la administración del área, y las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán dichas actividades, entre otros lineamientos. Asimismo, se refirió que los impactos ambientales en las áreas naturales protegidas que carecen de programa de manejo no necesariamente son mayores a aquellos que presentan las que cuentan con dicho instrumento. 76. En contraposición a lo manifestado por la CONABIO, esta Comisión Nacional observa que la simple emisión y publicación de los programas de manejo evidentemente no representa un factor causal que incida sobre la existencia de impactos ambientales en las áreas protegidas. No obstante, la evaluación y prevención de tales impactos, al igual que los riesgos que pudiesen tener lugar en las áreas naturales protegidas, disminuyen ostensiblemente con la disponibilidad de los programas de manejo; al igual que la determinación de las responsabilidades y obligaciones dentro del perímetro sujeto a protección, únicamente previstas de forma general y abstracta dentro de la legislación y normatividad aplicables. 38 / 153


77. Del mismo modo, a partir de la investigación realizada para la presente Recomendación General, esta Comisión Nacional detectó diversas irregularidades en las áreas naturales protegidas de carácter federal que no cuentan con sus respectivos programas de manejo. Entre ellas se encuentran la ausencia de elementos que permitan precisar tanto sus delimitaciones geográficas, las actividades a realizarse dentro de ellas; comprometiendo la conservación y existencia de los recursos naturales, además de facilitar el deterioro y pérdida de las características que motivaron las declaratorias respectivas. 78. Con la finalidad de exponer las afectaciones a los derechos humanos resultantes de las omisiones en los programas de manejo se procederá, en primera instancia, a analizar las disposiciones correspondientes al decreto de reformas a la LGEEPA publicado el 13 de diciembre de 1996 a la luz del principio de desarrollo progresivo. En segundo lugar, se abordará lo relativo a las violaciones al derecho humano a la preservación y protección del medio ambiente como resultado de la omisión o dilación en la formulación y publicación de los programas de manejo; finalmente, se abordarán las consecuencias de ello en el goce y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a la participación y consulta. 79. No se omite manifestar que si bien el estudio de los derechos mencionados es presentado en forma independiente con una finalidad práctica, cierto es que no puede soslayarse la interdependencia que cada uno de ellos guarda entre sí, sin excluir tampoco la persistencia de afectaciones a otros derechos humanos como a la legalidad, propiedad o los de índole cultural.

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B) El principio de desarrollo progresivo y el derecho a la seguridad jurídica en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. 80. Como consecuencia de las reformas a la LGEEPA publicadas el 13 de diciembre de 1996 en el DOF, se estableció la obligación por parte de la SEMARNAT de formular el programa de manejo de las áreas naturales protegidas, dentro del periodo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva. 81. En el caso de aquellas áreas o zonas establecidas con anterioridad a esa fecha, el transitorio Séptimo del citado decreto de reformas incorporó el deber de armonizarlas al tenor de dicha modificación legislativa, a través de la publicación de un acuerdo en el DOF, con la finalidad de cumplir los propósitos señalados en el artículo 45 de la LGEEPA. Por otra parte, el transitorio Octavo incluyó la obligación de realizar estudios y análisis para determinar si las condiciones que dieron lugar a dichas áreas o zonas se habían modificado, y si los propósitos previstos en sus instrumentos constitutivos correspondían a lo establecido en los artículos 46 y 53 de la citada Ley. 82. Como antes se mencionó, la CONANP y la CONABIO refieren que si bien los programas de manejo se incorporaron desde la entrada en vigor de la LGEEPA en 1988, fue a partir de las reformas de 1996 cuando se estableció el plazo de un año para la formulación de los mencionados programas. En ese tenor, ambas autoridades justifican que dicha obligación es aplicable únicamente para las áreas naturales protegidas cuya declaratoria sea posterior al 14 de diciembre de 1996. Por tanto, se aduce que las áreas protegidas cuya declaratoria sea posterior a la entrada

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en vigor de dicho ordenamiento el 1º de marzo de 1988, o bien de leyes anteriores a ella, estarían fuera del supuesto mencionado. 83. Para esta Comisión Nacional, es evidente que lo expuesto por ambas instituciones desatiende lo estipulado por los transitorios Séptimo y Octavo del multicitado decreto del 13 de diciembre de 1996. Ante ello, se está ante un supuesto de omisión a la obligación de adoptar disposiciones de carácter administrativo para alcanzar un desarrollo progresivo y pleno en la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, como también en beneficio de las condiciones de existencia en los pobladores de las áreas naturales protegidas. 84. Las disposiciones transitorias que se citan contribuyen en definitiva al cumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones jurídicas para alcanzar un desarrollo progresivo y pleno en la efectividad de los derechos humanos; tanto en lo que concierne a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, como también en beneficio de las condiciones de subsistencia en los pobladores de las áreas naturales protegidas. 85. Con la armonización del régimen jurídico en las áreas protegidas decretadas con anterioridad a diciembre de 1996, se satisface el principio de progresividad en las obligaciones generales de promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano, conforme a lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política; 2, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al cual, México accedió el 23 de marzo de 1981 y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; 1, 2 y 11 del Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y con decreto promulgatorio publicado el 1 de septiembre de 1998; y 41 / 153


7 y 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992, vigente para nuestro país desde el 29 de diciembre de ese año, y con decreto promulgatorio publicado el 7 de mayo de 1993. 86. El principio de progresividad se ha incorporado también en documentos internacionales como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, adoptados en la cumbre de jefes de estado y de gobierno celebrada en la ciudad de Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000; en los que se enfatizó la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en el marco de los propósitos y principios previstos por la Carta de las Naciones Unidas. Dicho compromiso a la vez se ha ratificado y desarrollado a partir de los dispuesto por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, acordada el 2 de agosto de 2015; los principios de la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982 y los principios de la Carta de la Tierra, promulgada el 29 de junio de 2000. 87. El objetivo primario que persiguen las declaratorias de áreas naturales protegidas radica indudablemente en la preservación y restauración de la fauna, flora y ecosistemas existentes en una zona determinada. Con ello se procura garantizar el goce y ejercicio del derecho humano a la protección y preservación del medio ambiente, al igual que los correspondientes a los pueblos indígenas con relación al entorno natural. 88. No obstante, la plena eficacia de los derechos humanos señalados se materializa a través de la adopción de medidas generales de índole judicial, legislativa o administrativa por parte del Estado para garantizar el goce y ejercicio de los derechos o libertades. Esta consideración resulta particularmente aplicable a la protección de las áreas naturales, en la cual los instrumentos internacionales y el régimen legal interno prevén la 42 / 153


adopción de planes o programas de gestión en cada una de dichas áreas, independientemente de las disposiciones generales que norman los principios a los cuales deberá sujetarse cada régimen de protección en particular. Respecto de la participación y consulta de los pueblos indígenas en la adopción de planes o programas relacionados con las tierras y recursos asociados con ellos, es evidente que el ejercicio de sus derechos se verifica a través de la participación en los procesos de planeación, gestión y administración de las áreas protegidas; de lo cual da constancia la publicación del respectivo programa de manejo en el que se atiendan las disposiciones, directrices o protocolos de la materia. 89. Las declaratorias de áreas naturales protegidas implican el establecimiento de un sistema jurídico particular a cada zona sujeta a protección, en el que se atiendan los contextos biológicos, sociales, culturales y geográficos atinentes a cada una de ellas. De esta manera, a fin de mitigar desequilibrios ambientales y promover tanto la conservación como el aprovechamiento sustentable de recursos, se individualizan las medidas de preservación y protección a la biodiversidad pertinentes a cada área natural, así como restricciones y modalidades en las actividades humanas a realizarse en dichos sitios. De igual manera, los programas conllevan a brindar definición a los pobladores en las zonas sujetas a preservación respecto de las previsiones generales y abstractas enumeradas por el marco jurídico. 90. Al respecto, la LGEEPA y el RLGEEPA atribuyen a los programas de manejo la definición de los usos y aprovechamientos permitidos así como de las prohibiciones en las áreas naturales protegidas. En lo general, dichos ordenamientos prescriben a las autoridades la observancia de lo dispuesto por los respectivos programas para definir y orientar su quehacer, a través de los cuales deberán determinarse en lo particular la 43 / 153


delimitación, extensión y ubicación de las sub zonas, así como las reglas administrativas a que deberán quedar sujetas las actividades que se desarrollen en cada área protegida. La materia sobre la cual recaen las modalidades y condicionantes aludidas es diversa, como las que a continuación se mencionan:  Autorización de obras en las sub zonas de aprovechamiento especial (artículo 47 Bis II, inciso e) de la LGEEPA);  Autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos en las áreas naturales protegidas marinas, así como el tránsito de embarcaciones o la construcción o utilización de infraestructura dentro de las mismas (artículo 51 de la LGEEPA);  Autorización de actividades de aprovechamiento no extractivo en los santuarios (artículo. 55 de la LGEEPA);  Regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas de competencia federal (artículo 63 de la LGEEPA);  Otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos (artículo 64 de la LGEEPA);  Autorizaciones de usos turístico y recreativo (artículo 82 del RLGEEPA); y  Autorización de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros (artículo 94 del RLGEEPA). 44 / 153


91. La importancia de los programas de manejo como elementos sistémicos para la preservación y protección de la biodiversidad en las áreas protegidas quedó manifiesta en las reformas a la LGEEPA publicadas el 13 de diciembre de 1996. En este sentido, el legislador buscó evitar la incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a los usos y aprovechamientos permitidos y las prohibiciones en las áreas, al establecerse en el artículo 65 de dicha ley que dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el DOF, la Secretaría debía formular el programa de manejo del área de que se trate. 92. Así, la obligación de formular los programas de manejo correspondientes a cada área natural protegida constituye una medida de carácter legislativo encaminada a garantizar el goce y ejercicio del derecho a la protección y preservación del medio ambiente. Dicho mandato de acción positiva se materializa en medidas de naturaleza administrativa como la formulación y publicación de los respectivos programas, garantizando de tal suerte la efectividad en el ejercicio de los derechos humanos involucrados. 93. De entre los derechos humanos cuya vulneración se hace evidente ante la falta de formulación de programas de manejo, además de los señalados en apartados anteriores, se encuentra la seguridad jurídica de quienes habiten o hagan uso de los recursos existentes en dichas zonas protegidas; como consecuencia de la falta de definición de los usos, actividades y aprovechamientos permitidos en las áreas, así como las correspondientes prohibiciones. 94. De los artículos 14 y 16 de la Constitución Política se desprenden los principios de legalidad y la seguridad jurídica, cuya observancia no sólo 45 / 153


debe ser entendida como un derecho a favor del gobernado, sino que también se caracterizan como pilares del propio orden jurídico. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: “las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión.” 33 95. Al respecto, una de las principales características del derecho a la seguridad jurídica, y que por tanto es trascendental para el ejercicio incluso de otros derechos humanos, radica en que a partir de aquél se establecen “los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades [además de definirse] las facultades y obligaciones que les corresponden [a éstas]”.34 96. La ausencia de formulación o publicación de los programas de manejo en las áreas naturales protegidas constituye una violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al carecerse del ordenamiento específico de la zona sujeta a protección. En este sentido, las disposiciones de la LGEEPA y el RLGEEPA, establecen los supuestos de 33

“Orden de aprehensión, en ella pueden violarse garantías tuteladas, en artículos constitucionales distintos al artículo 16 constitucional” (registro: 193892). 34 “Garantía de Seguridad Jurídica. Sus alcances” (registro 174094). 46 / 153


carácter procedimental, orgánico y formal al cual han de sujetarse dichas delimitaciones en lo transversal, sobre la base de la respectiva declaratoria; si bien la determinación sustancial y específica con relación a las autorizaciones, restricciones y facultades en el área de protección se realiza a partir del programa de manejo. 97. Al resolver el Amparo en Revisión 820/2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia presentó una definición de la seguridad jurídica a partir de su uso convencional, señalando que ésta radica en “saber a qué atenerse” respecto a la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. 98. En el caso de las áreas naturales protegidas, las disposiciones pertenecientes a la LGEEPA y el RLGEEPA, permiten saber qué son dichos regímenes de protección y qué son los programas de manejo, al igual que las previsiones relativas a qué deben incorporar éstos y cuáles serían. Por otra parte, la declaratoria del área protegida posibilita determinar dónde se localiza el ámbito territorial de protección en lo particular; mientras que el programa de manejo determina a qué atenerse con relación a los usos, actividades y aprovechamientos permitidos en las áreas, como también las correspondientes prohibiciones, por parte de quienes pretenden la conservación de las áreas, sus visitantes y prestadores de servicios turísticos, residentes temporales y permanentes, así como de los interesados en la realización de obras o actividades dentro de las mismas, o bien de aquellos que pretenden obtener autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales. C) Derecho humano al medio ambiente sano y a su protección y preservación. 47 / 153


99. La protección y mejoramiento del medio ambiente sano, al igual que su interdependencia con tópicos como el desarrollo y eficacia de los derechos humanos, ha constituido uno de los temas más importantes en la agenda internacional y de los propios países; no sólo como una variable de interrelación entre los factores apuntados, sino también como un derecho por sí mismo. 100. Como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada entre el 5 y 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, los Estados, organismos internacionales, al igual que organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, adoptaron el primer documento internacional que establece la trascendencia de adoptar una perspectiva global en las cuestiones medioambientales: la Declaración de Estocolmo. 101. La Declaración de Estocolmo estableció una serie de principios cruciales para la protección, conservación y mejoramiento de los entornos naturales. Por tanto, se reconoció la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras (Principio 1); el deber de preservar los recursos y ecosistemas naturales mediante una cuidadosa planificación u ordenación (Principio 2); al igual que, el mantenimiento, restauración y mejoramiento de las capacidades de producción de recursos vitales renovables (Principio 3); junto con la obligación de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres (Principio 4). En materia de planificación y ordenación, la Declaración previó un conjunto de directrices relevantes como: la adopción de enfoques integrados y coordinados para logar una ordenación racional de recursos en el mejoramiento de condiciones ambientales (Principios 13 y 14); prevención de repercusiones perjudiciales al medio ambiente a través de la planificación de asentamientos humanos y adopción de políticas 48 / 153


demográficas (Principios 15 y 16); así como el deber de las autoridades nacionales competentes de planificar, administrar y controlar la utilización de recursos ambientales (Principio 17). 102. En junio de 1992, se celebró una segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil; la cual desembocó en la adopción de dos documentos de enorme trascendencia: la Convención sobre el Cambio Climático y la Declaración de Río. De esta última, resultan de importancia los principios consistentes en el “derecho a una vida saludable y en armonía con la naturaleza” (Principio 1); la observancia de las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, para lo cual la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo (Principios 3 y 4); la reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo insustentables, además del fomento de políticas demográficas apropiadas (Principio 8); los derechos de participación y acceso a la justicia en cuestiones ambientales, además de acceso a la información sobre el medio ambiente, especialmente sobre los materiales y actividades que encierran peligros en las comunidades (Principio 10); la obligación de promulgar leyes eficaces, al igual que de reflejar el contexto ambiental en las normas, objetivos de ordenación y prioridades ambientales (Principio 11); además de reparar todo daño ambiental, el criterio precautorio, el empleo de instrumentos económicos en la determinación de costos ambientales, la evaluación de impacto, así como la participación de poblaciones y comunidades indígenas en los procesos de ordenación (Principios 13, 15, 16, 17 y 22). 103. En el mismo tenor se sitúan los Objetivos del Desarrollo del Milenio, adoptados en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en la ciudad de Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000; en los que se enfatizó la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en 49 / 153


el marco de los propósitos y principios previstos por la Carta de las Naciones Unidas. Dicho compromiso, a la vez, se ha ratificado y desarrollado a partir de lo dispuesto por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, acordada el 2 de agosto de 2015, en la que se prevé adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; al igual que proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; gestionar los bosques de forma sostenible; luchar contra la desertificación; detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica (Objetivos 13, 14 y 15). 104. Es preciso destacar que el monitoreo del cumplimiento a dichos objetivos y las metas previstas en la Agenda 2030, al igual que el investigar, prevenir y detectar irregularidades en la consecución de tales fines, es un compromiso adoptado por esta Comisión Nacional en la Declaración de Mérida, adoptada con motivo de la Décimo Segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada en Mérida, Yucatán, del 8 al 10 octubre de 2015. 105. Del mismo modo, en el ordenamiento jurídico mexicano, la protección del medio ambiente como un derecho humano se encuentra plenamente reconocida por la Constitución Política, los tratados internacionales de los cuales el Estado es parte y en los mecanismos interpretativos que le otorgan sentido y alcance. 106. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º, párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, al cual 50 / 153


corresponden las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por el artículo 1°, párrafo tercero, de la propia Carta Magna. 107. En interdependencia, el artículo 27 de la Constitución Política prevé específicamente la obligación de dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, con el objeto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico; así como evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 108. Sobre lo anterior, al resolver la Controversia Constitucional número 72/2008, el 18 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia recalcó la importancia que implica la adopción de dichas medidas, como también del sistema de distribución de competencias en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, como elementos decisivos para la debida garantía y efectividad del derecho humano a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente por parte de las autoridades. Tal apreciación, además, es decisiva en la caracterización jurisprudencial que el Poder Judicial de la Federación ofrece al sentido y alcance de los aspectos en los cuales se desarrolla el derecho humano a un medio ambiente sano. Por una parte, en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); por otro lado, en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical)35. 35

“Derecho a un Medio Ambiente Adecuado para el Desarrollo y Bienestar. Aspectos en que se Desarrolla” (Registro no. 2004684). 51 / 153


109. Por lo que hace a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México accedió el 23 de marzo de 1981 y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; reconoce en su artículo 11 el derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia, para cuya efectividad deberán adoptarse las medidas administrativas y legislativas necesarias previstas por el artículo 2° del Pacto. Igualmente, el Protocolo de San Salvador reconoce en su artículo 11 el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, como también a la protección, preservación y mejoramiento del propio medio ambiente, al cual corresponde la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo este derecho humano. 110. Así, la plena efectividad en la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente exige la realización interdependiente de acciones entre las que se encuentran actos administrativos o disposiciones generales; de ahí la importancia que conlleva la adopción de las medidas antes precisadas. Sobre el particular, en sus observaciones generales número 3 y 9, el Comité DESC estableció que la obligación fundamental que deriva del Pacto es la efectividad de los derechos reconocidos por dicho instrumento internacional, lo que conlleva un proceder expedito y eficaz en la adopción de las medidas para alcanzar dicho objetivo; las cuales deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. Del mismo modo, el documento adoptado por el Consejo Permanente de la OEA de título “Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (GT/PSS/doc.9/13), Segundo Agrupamiento de Derechos”; señala, en el apartado relativo al derecho humano al medio ambiente, que su ejercicio debe guiarse por los 52 / 153


criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y sostenibilidad, a fin de asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar también de los beneficios del medio ambiente sano. 111. En consecuencia, la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, así como las medidas para su promoción, respeto, protección y garantía; no sólo se encuentran genéricamente reconocidos por la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también por la obligación de establecer provisiones con el objeto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, como evitar la destrucción de los elementos naturales. 112. Por otra parte, es importante destacar que a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, adicionalmente a los derechos humanos previstos por los tratados internacionales sobre la materia, el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política reconoce la observancia de los previstos por otros instrumentos, cuyo objeto principal no necesariamente verse sobre tal ámbito. A ello, se suma la obligación prevista por el párrafo segundo del citado artículo 1º, de favorecer en todo momento la protección más amplia a las personas al interpretarse las normas relativas a los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano; de lo cual, se establece la obligación de atender el mecanismo interpretativo cuyo sentido y alcance resulte más pertinente para garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades. 113. La determinación respecto de cuáles otros derechos humanos deben ser reconocidos dentro del rango constitucional desde la perspectiva anotada, encuentra apoyo en la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así, al esclarecerse en 1982 el ámbito de su función consultiva respecto de la interpretación de la 53 / 153


Convención Americana sobre Derechos Humanos u “otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos”; la CoIDH resolvió que el ejercicio de dicha atribución “puede ejercerse, en general, sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano”.36 114. Con posterioridad, la misma CoIDH reiteró no sólo la consideración de que existan disposiciones sobre derechos humanos en instrumentos internacionales diversos a tal materia, sino que un tratado pueda “concernir a la protección de los derechos humanos con independencia de cuál sea su objeto principal”. Dicho argumento, en lo principal, subyace en las dos caracterizaciones: por un lado, que al permitir la eficacia de los derechos humanos, los derechos establecidos los instrumentos internacionales expandan el horizonte de protección de los justiciables37; y por otra parte, que su inobservancia acarree las consecuencias jurídicas de una violación a los derechos humanos.38 115. Sobre esta base, la regla de reconocimiento, prevista por el artículo 1º de la Constitución Política, incorpora al catálogo de los derechos humanos a los enumerados por el texto constitucional y los tratados internacionales sobre la materia; al igual que las normas o disposiciones provenientes de instrumentos internacionales distintos a la materia 36

CoIDH. Otros tratados” Objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1. 37 CoIDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. Resolutivo 6. 38 Ibidem, párrafo 137 y resolutivo 7. 54 / 153


apuntada, que con independencia de su objeto principal o número de Estados partes que lo suscriban, amplíen el ámbito de protección de tales derechos y su inobservancia sea definitoria en la atribución de responsabilidad por violación a los derechos humanos. 116. En el ámbito internacional, existen innumerables tratados de los cuales México es parte, que establecen disposiciones dirigidas a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, además de precisar medidas de naturaleza, tanto general como específica, para su promoción, respeto, protección y garantía. 117. Entre los instrumentos internacionales ya señalados con anterioridad se encuentra el Convenio Ramsar, que con independencia de los compromisos que corresponden a los Estados en el ámbito estrictamente internacional, como es la presentación de un listado de sitios protegidos, establece una serie de disposiciones orientadas a cumplimentar su objeto dentro el ámbito interno. Entre los deberes apuntados se encuentran los previstos en el artículo 4°, a saber: i) la creación de reservas naturales en los humedales a fin de conservar las zonas húmedas y las aves acuáticas; ii) deber de compensación en pérdidas de recursos en humedales; iii) acceso a la información y fomento a la investigación en materia de zonas húmedas, así como su fauna y flora; iv) no regresividad demográfica en las poblaciones de aves acuáticas; y v) capacitación del personal competente para el estudio, la gestión y el cuidado de las zonas húmedas. Del mismo modo, en el artículo 5° del Convenio se establece el deber de contar con políticas y reglamentos para la conservación de los humedales, su flora y fauna. Por último, es relevante también hacer referencia al Convenio Ramsar en lo que se refiere a la protección de los recursos hídricos

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existentes en los humedales, mismos que en la propia Ley de Aguas Nacionales están sujetos a una protección especial.39 118. Con antelación se refirió también a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, cuya importancia para los efectos de este capítulo radica, en primera instancia, en la definición de los bienes comprendidos dentro del llamado “patrimonio natural”. Así, el artículo 2° de dicho instrumento engloba, dentro de dicha categoría, a: i) “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, y por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico”; ii) “las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico”; y iii) “los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural”. 119. Por otro lado, si bien el mayor reconocimiento a dicha Convención subyace en el anteriormente analizado sistema de cooperación y asistencia, el artículo 4° de dicho instrumento internacional establece que primordialmente corresponde a los Estados la obligación de “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 39

Al respecto, es importante destacar que conforme al artículo 3, fracción XXX, de la Ley de Aguas Nacionales, los humedales constituyen ecosistemas objeto de una protección singular dentro de dicho ordenamiento, en tanto “zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos”. 56 / 153


patrimonio cultural y natural situado en su territorio”. En correlato a la disposición referida, se encuentra también el deber primario de “no adoptar medidas que puedan causar daño, directa o indirectamente al patrimonio natural o cultural” (artículo 6). 120. Con el objeto de garantizar la observancia de los deberes primarios en el ámbito interno, se encuentran la adopción de las medidas enumeradas en el artículo 5° de la Convención, en específico: i) adoptar políticas generales encaminadas a “atribuir al patrimonio mundial una función en la vida colectiva, e integrar su protección en los programas de planificación general”, ii) instituir uno o varios “servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo sus tareas”; iii) desarrollar los “estudios, investigaciones y métodos de intervención que permitan hacer frente a los peligros que amenacen al patrimonio”; iv) “adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio”; y v) facilitar la creación de centros de formación e investigación “en materia “de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo”. 121. Mención especial tiene la obligación a cargo de los Estados partes de presentar al Comité Intergubernamental un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural existente en sus territorios, el cual deberá estar acompañado de la documentación relativa a las características de cada uno de dichos sitios (artículo 11). Si bien dicha disposición tiene por objeto principal el cumplimiento de compromisos en el plano internacional, su cumplimiento lleva implícito un deber de identificar desde el ámbito nacional los bienes a incorporarse en el inventario, lo cual encuentra apoyo 57 / 153


en el texto de la Convención al señalarse que dicho catálogo no tiene un carácter exhaustivo. 122. Como parte de la documentación a la cual refiere el artículo 11, se encuentra la obligación de disponer de planes o sistemas de gestión para el caso de los bienes categorizados dentro del patrimonio mundial natural o cultural. Para ello, en enero de 2008 el Comité Intergubernamental de la Protección del Patrimonio emitió el documento intitulado “Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”, en cuyo apartado relativo a la protección y gestión del patrimonio se incorpora la obligación de adoptar los sistemas o planes señalados a fin de asegurar la protección eficaz de los bienes. En el entendido que cada uno de los planes de gestión están sujetos al tipo, características y necesidades de cada bien, se prevé que éstos reúnan una serie de elementos comunes, entre ellos: a) un conocimiento profundizado y entendimiento compartido acerca del bien por parte de todos los interesados; b) un ciclo de planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y retroalimentación; c) la participación de asociados e interesados directos; d) la adjudicación de los recursos necesarios; e) fortalecimiento de capacidades; y f) una descripción responsable y transparente del funcionamiento del sistema de gestión. 123. Entre otros instrumentos universales en materia ambiental se encuentra también, referido, Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Dicho tratado, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF, y con vigencia para nuestro país desde el 29 de diciembre de ese año, tiene como objetivos primordiales, la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, al igual que garantizar la participación 58 / 153


justa y equitativa en los beneficios correspondientes a la utilización de los recursos genéticos; mediante el acceso a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes. 124. El Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula una serie de compromisos a observarse por parte de sus Estados partes, como la no realización de actividades que perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional (artículo 3), la cooperación en cuestiones de interés común para la preservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (artículos 6 y 18), acceso y transferencia de tecnología para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como intercambio de información (artículos 16 y 17) y establecimiento de un mecanismo financiero de cooperación (artículo 21). Del mismo modo, para garantizar la aplicación y observancia del convenio se establece una conferencia de Estados partes al igual que la respectiva Secretaría, además de un organismo subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (artículos 23 al 25). 125. Como parte de las obligaciones generales, correspondientes al ámbito interno de cada uno de los Estados partes, se encuentran “la elaboración o adaptación de estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”, de conformidad con las disposiciones del propio tratado (artículo 6); la necesidad de realizar las siguientes acciones, extensivas tanto a la conservación in situ como ex situ de los componentes biológicos y su utilización sostenible: i) identificación de los componentes de la diversidad biológica, al igual que su seguimiento mediante muestreo u otras técnicas, prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y aquellos que ofrezcan mayor potencial para el 59 / 153


uso sostenible; ii) caracterización de los procesos y rubros de actividades que impliquen, o sea probable que conlleven, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, al igual que seguimiento a dichos efectos; y iii) establecimiento de sistemas de información de los datos provenientes de las actividades de identificación y seguimiento. En similar consideración se encuentran las obligaciones en materia de investigación, capacitación, educación y formación de conciencia pública, en cuanto a la conservación de la diversidad biológica, al igual la utilización sostenible de sus componentes, previstas por los artículos 12 y 13. 126. Por lo que hace a las obligaciones específicas en materia de conservación in situ de la diversidad biológica, el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece una serie de acciones a seguirse por parte de los Estados dentro de sus jurisdicciones, entre las que se encuentran: i) promoción de la protección de ecosistemas y hábitats naturales, al igual que el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; ii) establecimiento de un sistema de áreas protegidas (mismas que son definidas en el artículo 2 del Convenio); iii) elaboración de directrices para la selección, establecimiento y ordenación de áreas protegidas; iv) reglamentación y administración de los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; v) promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; vi) armonización de actividades humanas con la conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de sus componentes; vii) rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, así como promover la recuperación de especies amenazadas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 60 / 153


estrategias de ordenación; viii) establecimiento y manutención de disposiciones generales de índole legislativo o reglamentario, para la protección de especies y poblaciones amenazadas; ix) reglamentación y ordenamiento de procesos y categorías de actividades que conlleven efectos adversos para la diversidad biológica. 127. De igual manera debe considerarse la Convención sobre el Cambio Climático, en vigor para México desde el 21 de marzo de 1992, y cuyo respectivo decreto promulgatorio se publicó el 7 de mayo de 1993; la cual, tiene como objeto principal “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”, con la finalidad de permitir la adaptación de los ecosistemas al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y posibilitar un desarrollo económico sostenible. 128. Para la consecución de su objeto, el artículo 3° de la Convención Marco establece como principios generales de observancia la protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y las respectivas capacidades de cada uno de los Estados; en segundo lugar, la adopción de medidas precautorias para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático; en tercer lugar, el derecho al desarrollo sostenible en los Estados, así como su promoción dentro del ámbito interno; finalmente, el deber de cooperación para promover un sistema económico internacional abierto y propicio al crecimiento económico y desarrollo sostenible. Asimismo, de forma análoga a los tratados internacionales señalados con anterioridad, precisa un conjunto de obligaciones atinentes a los Estados partes en la esfera típicamente internacional, principalmente en tópicos de cooperación con países en desarrollo. Igualmente, se estipula la organización de una 61 / 153


conferencia de partes (artículo 7) para la aplicación y observancia de la Convención Marco, su correspondiente Secretaría (artículo 8), a la par de un organismo subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico en el artículo 9. 129. Conforme a lo previsto en su artículo 1°, la Convención Marco reconoce los efectos adversos que conlleva el cambio climático en la composición, capacidad de recuperación y productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación. Del mismo modo, reconoce su importancia como sumideros naturales para la absorción de gases de efecto invernadero, y por tanto disminuir los efectos adversos ya señalados. 130. Como parte de los compromisos inherentes a cada Estado en sus respectivos ámbitos internos, se prevé la realización de diversas acciones, como: i) la gestión sostenible, protección y mejoramiento de sumideros y depósitos naturales, entre los que se encuentran los bosques, océanos u otros ecosistemas terrestres, costeros o marinos; ii) desarrollo y elaboración de planes apropiados e integrados para la ordenación de zonas costeras, recursos hídricos, al igual la protección de zonas afectadas por la sequía, desertificación e inundaciones; finalmente, iv) promover y apoyar la educación, capacitación y sensibilización respecto del cambio climático, estimulando la participación más amplia posible. 131. En materia de protección y conservación del medio ambiente natural, por su carácter de antecedente histórico, es trascendente a nivel regional la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, vigente en México desde el 1º de mayo de 1942 y con fecha de publicación del respectivo decreto promulgatorio el día 29 del mismo mes y año. Dicha Convención establece 62 / 153


un conjunto de obligaciones circunscritas al ámbito internacional correspondientes a los Estados, entre las que se encuentran, por ejemplo, establecer parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes (definidas respectivamente en el artículo I) y notificar las áreas de protección existentes (artículo II); establecer un sistema de cooperación interamericano sobre la materia (artículo VI), además de la protección de aves migratorias y reglamentación del tráfico internacional de especies protegidas (artículos VI y IX). 132. Dentro de las previsiones que resultan de interés para el objeto de la presente Recomendación General, se encuentra el imperativo de no alterar los límites de los parques nacionales ni enajenar sus territorios sino por acción de la autoridad legislativa competente (artículo II); de igual manera la obligación de establecer por medio de disposiciones generales los propósitos de las reservas vírgenes (artículo III), como también, la de contar con reglamentaciones sobre las actividades permitidas con relación a la flora y fauna existentes en las áreas (artículo V). 133. A los tratados internacionales en materia ambiental vigentes en nuestro país, se suman también las previsiones incorporadas por instrumentos preceptivos como las declaraciones de Estocolmo y de Río; los cuales poseen efectos jurídicos, pese a no constituir tratados internacionales al tenor de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sobre ello, la CoIDH ha interpretado que los documentos de carácter preceptivo constituyen fuente de obligaciones internacionales, en tanto determinen los derechos humanos referidos en tratados internacionales que precisen su observancia.40 Tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual 40

CoIDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10 63 / 153


ese tribunal ha señalado que si bien “no fue concebida ni redactada para que tuviera la forma de un tratado”41, los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos han entendido que contiene y define aquellos derechos humanos esenciales, a los cuales se refiere la Carta de la Organización de Estados Americanos42, que sin embargo no están enumerados ni definidos por dicho tratado, “de manera que no puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración”.43 134. Respecto de la Carta de las Naciones Unidas, si bien establece, desde su preámbulo, el respeto e igualdad en los derechos fundamentales, la dignidad y valor de la persona humana, dicho instrumento convencional no enumera ni define cuáles sean tales derechos. Asimismo, en diversos pasajes de la Carta se hace referencia a los derechos o libertades esenciales, sea como parte de los propósitos de las Naciones Unidas, las funciones de la Asamblea General u organismos subsidiarios, o en materia de principios de cooperación internacional; en todo caso sin tampoco determinarlos. 135. En virtud de lo anterior, la determinación e interpretación de los derechos y libertades previstos por la Carta de las Naciones Unidas debe atenerse en integración con los instrumentos preceptivos que les otorguen sentido y alcance, como en lo principal sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, u otros documentos que prevean criterios y principios generales como “inspiración y guía para preservar el medio humano” (Declaración de Estocolmo), o bien el respeto del interés colectivo, al igual que “la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 41

Ibidem, párrafo 34. Ibidem, párrafo 43. 43 Idem. 42

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mundial” ´(Declaración de Río); todos ellos elaborados en el marco de reuniones convocadas en el marco de la propia Carta. 136. Finalmente, no se soslaya la importancia de los acuerdos, resoluciones o programas de trabajo elaborados con motivo de las conferencias de Estados partes de los tratados internacionales señalados con anterioridad, en la medida que ofrecen directrices para la definición de compromisos así como obligaciones específicas a realizarse dentro del ámbito interno. 137. Con motivo de la Séptima Reunión de la Conferencia de Estados partes en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en 2004, se adoptó un Programa de Trabajo para la aplicación de las disposiciones en materia de áreas protegidas que prevé dicho instrumento. En dicho programa se reconoce la necesidad de establecer programas de manejo para mejorar la planificación y gestión de dichas áreas; para lo cual, se estableció como un objetivo, por alcanzarse en 2012, que todas las áreas protegidas cuenten “con una gestión eficaz, a base de procesos de planificación de sitios muy participativos y científicamente fundados a los que se incorporen claros objetivos, metas, estrategias de gestión y programas de supervisión de la diversidad biológica, apoyándose en las metodologías existentes y en un plan de manejo a largo plazo con la intervención de los interesados directos” (Objetivo 1.4). 138. Para hacer frente a los problemas asociados al manejo y conservación efectiva de las áreas naturales protegidas, México adoptó el compromiso de evaluar su sistema de áreas protegidas en el marco del referido Programa de Trabajo del Convenio, a fin de contribuir a la meta mundial de conservación. Para dar seguimiento a lo anterior, realizó en colaboración con organizaciones civiles de carácter internacional un 65 / 153


“Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies” con fecha de publicación en el 2007; del que se obtuvo que a pesar de que las áreas protegidas se han incrementado sustancialmente y que éstas desempeñan un papel central en la conservación, no son suficientes para conservar una porción que pueda definirse como representativa de la biodiversidad del país, señalando que es necesario fortalecer su protección, mediante programas de conservación y manejo de las mismas; señalando como línea de acción primordial el fortalecer los sistemas de áreas naturales protegidas actuales a través de la formulación de los programas de manejo en aquellas que aún no cuentan con el propio.44 139. La relevancia de la protección de las áreas protegidas se incluyó también dentro del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020, adoptado en la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (mejor conocidas como las Metas de Aichi), cuya misión es tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. 140. La meta 11 de Aichi establece: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de 44

Koleff, Patricia y Urquiza-Haas, Tania, Planeación para la conservación de la biodiversidad terrestre en México: retos en un país “Megadiverso”, México, CONABIOCONANP, 2011. http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/conservacion133r.pd f (acceso: 23/febrero/2016) 66 / 153


manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. En el Quinto Informe Nacional de México ante el Convenio de la Diversidad Biológica (2014), se identificó que los principales retos para cumplir la referida meta 11, se enfocan a la efectividad en el manejo, así como a contar con el presupuesto necesario para la operación45. 141. Como puede observarse, la conservación y preservación de las áreas naturales, al igual que su ordenación, administración y manejo por medio de los respectivos programas, es crucial para la eficacia del derecho humano a la protección del medio ambiente, la cual se especifica además, como parte de tal derecho en la protección del patrimonio natural, la diversidad biológica, adaptación al cambio climático, o bien la protección de los regímenes hidrológicos al igual que la fauna y flora que habita en ellos. 142. La relevancia de la transversalidad e interdependencia en la protección de las áreas naturales se explicitó también en los documentos elaborados con motivo del V Congreso Mundial de Parques organizado por la UICN en el 2003, y cuyas resoluciones se plasmaron en el llamado “Acuerdo de Durban”. 143. El Acuerdo de Durban indica las principales contribuciones que hoy en día se estima proporcionan las áreas protegidas, en tanto: i) sitios de conservación de la biodiversidad, ii) fuentes de medios de subsistencia a nivel local, iii) proveedoras de bienes y servicios de ecosistemas, iv) fuentes de agua dulce y recursos pesqueros, iv) factores de protección 45

Quinto Informe Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, México, CONABIO, 2014. http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/pdf/5to_Informe%20MEXICO_20 14_EF_PN.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 67 / 153


contra las inundaciones, v) medios para mitigar los efectos del cambio climático; entre otras aportaciones de carácter diverso; además de las contribuciones que las áreas tienen para el desarrollo, protección del patrimonio cultural y en los derechos de pueblos indígenas. 144. Ante problemas como incremento en la pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas, sobrexplotación de recursos y la falta de su protección, el Acuerdo Durban propone la adopción de los siguientes compromisos: i) reafirmar los objetivos previstos en las declaraciones e instrumentos internacionales en materia ambiental que establezcan la protección de áreas naturales; ii) establecer y reforzar marcos jurídicos, institucionales y de políticas; iii) ampliar y fortalecer los sistemas de áreas protegidas, estableciendo prioridades en función de las amenazas inminentes para la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural; iv) incorporar la resiliencia como criterio de selección, diseño y gestión de los sistemas de áreas protegidas, para garantizar su supervivencia frente al cambio climático provocado por el ser humano; v) incorporar a las áreas protegidas en los programas generales de desarrollo; vi) reconocer la relación indisociable entre las personas y las áreas protegidas respetando plenamente los derechos, intereses y aspiraciones de las mujeres y los hombres; vii) promover la participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas y móviles en la creación, declaración y gestión de las áreas protegidas; viii) velar por que quienes reciban los beneficios o el impacto de la áreas protegidas tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones importantes sobre una base justa y equitativa, con pleno respeto de sus derechos humanos y sociales; ix) promover una gestión de las áreas protegidas que procure reducir la pobreza, y que, en ningún caso la agrave; x) prestar un apoyo adicional y sustancial en forma de recursos financieros, materiales y de infraestructura para mantener y mejorar los sistemas de áreas protegidas. 68 / 153


145. Por lo expuesto, se advierte que el derecho humano a un medio ambiente sano encuentra su fundamento en los artículos de la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte. Además, se desarrolla a través de disposiciones provenientes de instrumentos convencionales que amplían su ámbito de protección en materia de protección del patrimonio cultural, la diversidad biológica, adaptación al cambio climático y protección de los regímenes hidrológicos. 146. La debida protección y preservación del medio ambiente cobra una relevancia singular en el régimen de áreas protegidas, al igual que la obligación de dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos en la reglamentación y administración de dichos sitios. En virtud de la transversalidad e interdependencia atribuible a la conservación de ecosistemas, hábitats, flora y fauna, se hace patente que la inobservancia en el ámbito interno de los compromisos derivados de las convenciones ambientales y los instrumentos declarativos o interpretativos transcritos, es definitoria para la caracterización de violaciones a los derechos humanos, entre otros, al medio ambiente. D) Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y su vínculo con la preservación y protección del medio ambiente. 147. La interdependencia entre los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales, en tanto fuente de subsistencia, conocimientos tradicionales u objeto de preservación cultural, se ha abordado internacionalmente desde diversas perspectivas que dan cuenta de la relevancia de garantizar la participación de dichos grupos en la planificación y gestión de tales recursos. 69 / 153


148. Como antes se mencionó, el Principio 22 de la Declaración de Río destaca el papel de los pueblos indígenas en la ordenación del medio ambiente al igual que sus conocimientos y prácticas tradicionales en el desarrollo sostenible, por lo que se exhortó a los Estados a “reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”. 149. Con motivo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1993, se adoptó la Declaración y el Programa de Acción de Viena, en la que se instó a “garantizar la total y libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones que les conciernen”, al igual que adoptar las “medidas positivas concertadas, acordes con el derecho internacional, a fin de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, y reconocer el valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y sistemas de organización social”. 150. El 13 de septiembre de 2007, en el marco de la 61 Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el contexto de la presente Recomendación, es relevante destacar los derechos de los indígenas, estipulados en dicha Declaración, a proteger, manifestar, revitalizar, practicar, desarrollar y enseñar sus manifestaciones culturales (artículos 12, 13 y 31); participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones (Artículo 18), al igual que el deber por parte de los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 70 / 153


consentimiento libre, previo e informado (Artículo 19); disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo (Artículo 20); determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, como participar activamente en la elaboración y especificación de programas que les conciernan y, en lo posible a administrarlos mediante sus propias instituciones (Artículo 23). 151. Con relación al entorno, tierras y medio ambiente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas incorpora los derechos de los indígenas a conservar las plantas medicinales, animales y minerales de interés vital (Artículo 24); mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, como también a que los derechos sobre dichos bienes les sean reconocidos (artículo 25 y 26); conservación y protección del medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras o recursos, al igual que realizarse consultas libres, previas e informadas ante cualquier proyecto que los vulnere, además de elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o utilización de dichos bienes (artículos 29 y 32). 152. Lo anterior cobra especial relevancia para el caso de México, dado que un importante número de áreas naturales protegidas se localizan dentro o en cercanía de tierras, ejidos, comunidades agrarias o territorios habitados por pueblos indígenas, cuya interrelación con los recursos naturales es indisoluble en tanto fuentes de provisiones materiales de subsistencia como también elemento definitorio en las respectivas cosmovisiones y manifestaciones culturales, además de fuente y objeto de conocimientos tradicionales. Estos pueblos ejercen su gobernanza mediante el derecho consuetudinario y las instituciones jurídicas previstas en el sistema jurídico mexicano, contribuyendo de forma sustancial a la conservación de los ecosistemas y la diversidad cultural. Sin embargo, en 71 / 153


muchos casos el establecimiento de áreas protegidas, o su gestión y administración sin la participación activa de ellos, ha afectado sus derechos, intereses y medios de subsistencia.46 47 153. De acuerdo con la información obtenida de la base de datos del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación de la CONANP48, cerca del 26% de la superficie ocupada por las áreas protegidas se localiza dentro de ejidos, comunidades u otros centros de población en los cuales el 16% se identifica como indígena, (268 726 habitantes). De las 177 áreas naturales protegidas decretadas al 31 de marzo de 2016, 80 reportan la presencia de comunidades indígenas, e incluso en algunas de ellas más del 90% de sus habitantes son indígenas (Anexo 1), tal es el caso del monumento natural “Bonampak” (con 11 habitantes, todos ellos indígenas), y las áreas de protección de flora y fauna “Metzabok”, “Nahá” y “Otoch Maax Yetel Kooh” (con 96, 204 y 151 habitantes, respectivamente, todos ellos indígenas); el área de protección de flora y fauna “Cascada de Agua Azul” (con 1 872 habitantes, siendo el 97% indígenas); y el área de protección de flora y fauna “Porción norte y franja costera oriental terrestre y marina de la isla de Cozumel” (con 17 habitantes, siendo el 94.1% indígenas). 154. Conforme a los datos publicados por el CONAPO, aproximadamente el 84% del total de localidades ubicadas dentro de las áreas protegidas tienen índices de marginación alto y muy alto, situación que contrasta con la gran riqueza biológica y el potencial existente de aprovechamiento sustentable con los recursos naturales en las mismas. 46

WCC_2008_RES_49_ES- 4.049, Apoyo a los Territorios Indígenas de Conservación y otras Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades, UICN, 2008. 47 UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21/Add.3, Áreas Protegidas: Resultados Del Quinto Congreso Mundial De Parques, 10 de octubre de 2003. 48 https://simec.conanp.gob.mx/index.php?menu=1 (acceso: 31/marzo/2016) 72 / 153


155. En el conjunto de áreas naturales protegidas en las que se cuenta con población indígena, 29 carecen de programa de manejo publicado, destacando singularmente los casos de: a) el área de protección de la flora y fauna “Cascada de Agua Azul”, decretada como tal desde 1980 y recategorizada en el 2000; y en la cual, habitan 1 815 personas indígenas, esto es un 97% de su población estimada; b) el área de protección de recursos naturales “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, la “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” y el parque nacional “Bosencheve”, en las cuales más del 40% de sus habitantes son indígenas. (Anexos 1 y 2) 156. Se refieren también las siguientes áreas protegidas que no cuentan con programa de manejo publicado, donde a pesar de que el porcentaje estimado de población indígena es menor al 31%, son de gran importancia debido a que cuentan con más de 500 habitantes indígenas. Tal es el caso de los parques nacionales “Cañón de Río Blanco” (26 900), “Cañón del Sumidero” (4 130), “Xicoténcatl” (1 622), “Los Mármoles” (1 052); las áreas de protección de recursos naturales “Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec” (22 424) y la “Zona de protección forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas” (3 059). Finalmente, las áreas de protección de la flora y fauna “Corredor Biológico Chichinautzin” (1 354), “Papigochic” (712) y “Yum Balam” (636). (Anexos 1 y 2) 157. Por otro lado, es importante enfatizar la relevancia internacional que presentan ciertas áreas con presencia de habitantes indígenas y que aún no cuentan con su respectivo programa de manejo, como lo son: 1) las áreas protegidas “Cascada de Agua Azul” (1 815 habitantes indígenas, 97% del total), “Yum Balam” (636 habitantes indígenas, 21.5% del total), 73 / 153


“Zona de protección forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas” (3 059 habitantes indígenas, 30.3% del total), que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano; 2) las áreas naturales protegidas “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” (58 530 habitantes indígenas, 42.6% del total), la “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 04 Don Martín” (12 habitantes indígenas, 0.5% del total), que cuentan con sitios Ramsar en sus terrenos; y el “Cañón del Sumidero” (4 130 habitantes indígenas, 7.8% del total), “Yum-Balam” (636 habitantes indígenas, 21.5% del total) y “Ciénegas de Lerma” (9 habitantes indígenas, 1.6% del total), considerados como sitios Ramsar en su totalidad”; 3) los bienes patrimonio de la humanidad de la UNESCO: “Parque Nacional Palenque” (que incide en el área protegida con el mismo nombre, 42 habitantes indígenas, 22.6% del total), el sitio denominado “Camino Real de Tierra Adentro” (ubicado en el área denominada “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 01 Pabellón”, con 2 habitantes indígenas, 0.2% del total), la reserva de la biósfera “Mariposa Monarca” (en la porción dentro del parque nacional “Bosencheve” que alberga 6 999 habitantes indígenas, 42.8% de su totalidad), y el sitio “Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl” (que incide en el área protegida “Corredor Biológico Chichinautzin”, con 1 354 habitantes indígenas, 4.3% del total); y finalmente 4) el parque nacional “Cumbres de Monterrey” (42 habitantes indígenas, 1.5% del total) considerado como una de las reservas mundiales de la biósfera del programa “Hombre y Biosfera” de la UNESCO. (Anexos 1 y 2) 158. Uno de los efectos de la falta de programas de manejo en áreas protegidas, es la imposibilidad de que las mismas sean administradas directamente por los propios pueblos y comunidades indígenas que habitan en ellas, tal y como se prevé en el artículo 67 de la LGEEPA “La Secretaría 74 / 153


podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a los […] pueblos indígenas,[…] la administración de las áreas naturales protegidas” lo cual impacta en el fallo del reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras y territorios y el respeto a sus formas de manejo y de aprovechamiento de los recursos naturales.49 159. Lo expuesto con anterioridad da cuenta de la importancia que tiene la observancia, promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas para participar en los procesos de planificación, gestión y administración de los recursos naturales. 160. Desde la perspectiva anotada, el artículo 2º Constitucional reconoce la composición nacional pluri-étnica basada en los pueblos y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para “conservar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras [al igual que] acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”. El ejercicio de tales derechos, establece el mismo numeral, deberá ajustarse “a las formas y modalidades de la propiedad y tenencia de la tierra”, como también las provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques establecidos por el artículo 27. 161. De entre las obligaciones generales para garantizar el goce y ejercicio del derecho de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas se encuentran, conforme a la segunda parte del referido artículo 2º, el diseño y operación conjuntos de las políticas encaminadas a la vigencia de tales derechos; a la par de garantizar la participación y consulta en los procesos de planeación e impulso al desarrollo municipal, regional, 49

Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina: Fortalecimiento del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina, FAOOrganismo Autónomo Parques Nacionales, 2008. 75 / 153


estatal, federal o transversal, como también el apoyo a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas. 162. Finalmente, es importante destacar también que el multicitado artículo reconoce, en su primera parte, el derecho a la “preservación y enriquecimiento de los conocimientos y todos aquellos elementos constitutivos de la cultura e identidad”, el cual encuentra un importante apoyo en el marco del derecho humano a la cultura y ejercicio de los derechos culturales, que establece el penúltimo párrafo del artículo 4° de la Constitución. 163. Dentro del ámbito internacional de protección de los derechos humanos, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que en “los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia vida cultural y a emplear su propio idioma”. 164. De igual manera, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 14 del Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, para lo cual los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. 165. Desde la perspectiva de los derechos civiles, sin que ello necesariamente implique la calificación de “grupos minoritarios”, sino que se hace extensivo a Estados multi o pluriétnicos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció, en su Observación General 23 de 1994, que en el caso de las comunidades indígenas, el ejercicio de 76 / 153


sus derechos es susceptible de “guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al uso de sus recursos”. Del mismo modo, se indicó que pese a que la formulación del derecho se traduce formalmente en una obligación directa de “no hacer”, su realización implica también la “adopción de medidas positivas de protección adoptadas por conducto, ya sea de sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas”. De lo anterior se sigue que, pese a relacionarse tales derechos con el ejercicio individual, pueda “ser también necesario que los Estados adopten medidas positivas para proteger la identidad […] y los derechos de sus miembros a gozar de su cultura […], en común con los otros miembros del grupo”. 166. En cuanto al objeto sobre el cual recaen tales medidas positivas, el Comité de Derechos Humanos subrayó que la “cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley”. Así, adicionalmente a los actos judiciales, legislativos o administrativos, las medidas pueden también revestir la finalidad de “asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan”. 167. Si bien la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial no alude en particular, a la protección de los pueblos y comunidades indígenas, el Comité para la Eliminación Racial definió en su Observación General 23 que las disposiciones de dicha convención se aplican a dichos pueblos y comunidades; más en razón de “que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue discriminándose a los pueblos indígenas, y se les ha privado de sus 77 / 153


derechos humanos y libertades fundamentales, y concretamente, de que [se] les han arrebatado sus tierras y sus recursos. En consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue viéndose amenazada”. 168. Por lo anterior, el Comité para la Eliminación Racial instó la adopción de una serie de recomendaciones a los Estados partes con relación a la protección de los derechos y libertades de los pueblos y comunidades, de entre las que se encuentran: a) el reconocimiento, respeto, garantía y preservación de “la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de los pueblos indígenas como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado”; b) proporcionarle “las condiciones que les permitan un desarrollo económico y social sostenible, compatible con sus características culturales”; y c) garantizar que “los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado”. Asimismo, en particular se recomendó adoptar las medidas necesarias para que los Estados “reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”. 169. Por cuanto al sentido y alcance de la participación en la vida cultural en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité constituido a partir de dicha convención señaló, en su Observación General 21, que el ejercicio del derecho humano a la participación en la vida cultural recae tanto en individuos, asociaciones como grupos o comunidades, respecto de: “las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, 78 / 153


los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas”. 170. Igualmente, para la plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural, el Comité DESC indicó que se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: “a) La disponibilidad [,] presencia de bienes y servicios culturales […]; espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural […] que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles […] que configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades […].” “b) La accesibilidad[,] disponer de oportunidades efectivas y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación. […]. Comprende también el derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión.” “c) La aceptabilidad [,] que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se 79 / 153


trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con esas personas y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables.” “d) La adaptabilidad [,] flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades.” “e) La idoneidad [, ] realización de un determinado derecho humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas.” 171. Respecto de las personas y comunidades que requieren protección especial, el Comité DESC manifestó que en la observancia y garantía del derecho a participar en la vida cultural, los Estados deben guardar especial consideración a los valores de la vida cultural expresados o ejercidos comunitariamente por los pueblos indígenas. En este sentido, se indicó que: “la fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Hay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos naturales y, en última instancia, su identidad cultural. Por lo tanto, los Estados partes deben tomar medidas para reconocer y proteger los 80 / 153


derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los casos en que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean devueltos”.50 172. Bajo las circunstancias apuntadas, el Comité DESC argumentó que el derecho a la participación en la vida cultural de los pueblos indígenas tiene evidentemente un carácter colectivo, a fin de: “mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas”. Ello implica también la obligación de respetar “el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todos los aspectos concernientes al ámbito de aplicación de sus derechos específicos”. 173. De lo anterior, se concluyó que el derecho de participación en la vida cultural reconocido por el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, implicaba la obligación básica de aplicación inmediata de permitir y promover: “la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y aplicación de las leyes y las políticas que les conciernan. En 50

E/C.12/GC/21. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 43º período de sesiones. Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009. Observación general Nº 21 “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas) 81 / 153


particular, los Estados partes deben obtener su consentimiento previo libre e informado cuando corra peligro la preservación de sus recursos culturales, especialmente aquellos asociados con su forma de vida y expresión cultural”. 174. Por otro lado, la interrelación entre el medio ambiente, los pueblos o comunidades indígenas y sus manifestaciones culturales se hace patente también en otros instrumentos internacionales cuyas disposiciones amplían el ámbito de protección de los derechos humanos y su inobservancia es definitoria en la determinación de responsabilidad por violación a tales derechos, aunados a aquellos de carácter declarativo. 175. Específicamente, el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece que los “derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”. En correspondencia con la disposición referida, el primer párrafo del artículo 13 incorpora la obligación de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. 176. En cuanto al ámbito de protección de los territorios que ocupan o utilizan los pueblos, el segundo párrafo del mencionado artículo 13 señala que la “utilización del término “tierras” […] deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Conforme al 82 / 153


numeral 14 del instrumento internacional se aclara que dicho concepto refiere tanto a “las tierras que tradicionalmente ocupan [como también aquellas] que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. 177. La utilización, administración y conservación de los recursos naturales se encuentra protegida también por el artículo 23 del Convenio 169, al señalarse que “[…] las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades”. 178. En cada uno de los supuestos analizados se hace patente la obligación de garantizar la participación de los pueblos interesados, la cual, de acuerdo con el artículo 7 se ve complementada por el derecho a decidir las prioridades en el proceso de desarrollo: “en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”. Del mismo modo, dicho numeral establece que los pueblos “[…] deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, especialmente en lo que respecta a la evaluación de los impactos social, espiritual, cultural y ambiental, como la protección y preservación del medio ambiente en los territorios que habitan.

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179. Las medidas encaminadas a garantizar el derecho de participación se abordan en el artículo 6 del mismo Convenio 169, de entre las cuales es de enorme importancia la realización de consultas libre e informadas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de […] instituciones representativas [de los pueblos], cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; que “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 180. La conservación, preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales es reconocida también por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual, en su artículo 2 señala que el conjunto de intangibles objeto de protección: “es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. Entre las principales manifestaciones de dicho patrimonio se encuentran, de acuerdo con la Convención: “a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales”. 181. Al constituir variables decisivas para la recreación y transmisión del patrimonio inmaterial, la protección del medio ambiente y los recursos naturales es necesaria no sólo para comprender la interdependencia de éstos con las manifestaciones culturales, sino como una de las propias medidas de salvaguarda “encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio” a las cuales se refiere el artículo 2 de la Convención, y que de 84 / 153


acuerdo con el numeral 11 de dicho instrumento constituyen obligaciones a cargo de los Estados en el ámbito interno, cuyo cumplimiento precisa de la “participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes”. 182. De igual manera, la protección de los derechos y libertades de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra prevista en algunos de los instrumentos internacionales en materia ambiental mencionados en el apartado anterior, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por México en 1993, que en su preámbulo reconoce “la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”. 183. Tal reconocimiento encuentra eco en la observancia de las obligaciones generales correspondientes al ámbito interno de cada uno de los Estados partes en el tratado, y también las obligaciones específicas correspondientes al ámbito interno, como en las relativas a la conservación in situ prevista en el artículo 8, inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la que se establece que cada contratante: “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los 85 / 153


beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”. Por otra parte, se encuentra el compromiso previsto en el numeral 10, inciso c), relativo a la protección y promoción del uso consuetudinario “de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible”. 184. En virtud de la Décima Reunión de la Conferencia de Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010; se adoptó el “Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica”. 185. Si bien no hace una referencia explícita a la interrelación entre la protección de los recursos naturales y los pueblos o comunidades indígenas, el Protocolo, reconoce en su preámbulo “la interrelación entre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, su naturaleza inseparable para las comunidades indígenas y locales[,] y […] la importancia de los conocimientos tradicionales para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes y para los medios de vida sostenibles de estas comunidades”. 186. Asimismo, como uno de los objetivos en las Metas de Aichi se refirió “mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad”. Para ello, se plasmó en la Meta 18 que para el 2020 se respeten “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 86 / 153


biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes”. 187. Por otra parte, aunque los pueblos y comunidades indígenas no están explícitamente señalados en los artículos del Convenio Ramsar, las resoluciones emitidas con motivo de las conferencias de Estados partes han abordado la interdependencia entre la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de eso grupos y el cumplimiento eficaz del objeto de dicho Convenio. 188. En virtud de la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada en Brisbane, Australia en 1996, se emitió la Recomendación 6.3 relativa a la “Participación de las Comunidades Locales e Indígenas en la Gestión de los Humedales Ramsar”. Por una parte, dicho documento reconoció el interés de las comunidades locales e indígenas en garantizar el manejo racional de los humedales, actividades en las que dichos grupos tienen sus propios conocimientos, experiencias y aspiraciones. Del mismo modo, se subrayó que pese a que dichas poblaciones han estado asociadas históricamente a los humedales de sus regiones, y dichos conocimientos pueden resultar cruciales para la gestión de los mismos, en muchas ocasiones se les ha marginado “del proceso de adopción de decisiones debido a la ausencia de mecanismos consultivos apropiados o a una insuficiente comprensión de los problemas que se plantean”. 189. En consecuencia se instó a los Estados a emprender, entre otras, las siguientes medidas: a) “alentar la participación activa e informada de las 87 / 153


comunidades locales e indígenas en sitios incluidos en la Lista de Ramsar y otros humedales y sus cuencas de captación, así como su intervención directa en la gestión de los humedales a través de los mecanismos apropiados”; y b) reconocer “el valor de los conocimientos y aptitudes de las comunidades locales e indígenas en lo que respecta a la gestión de los humedales, y que hagan esfuerzos especiales para alentar y facilitar desde un principio su participación en la elaboración y aplicación de políticas y programas de humedales”. 190. Igualmente, en el marco de la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes celebrada en 2002 en Valencia, España, se adoptó el documento titulado “Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales”. El texto dedica un apartado a la inclusión de las comunidades locales y pueblos indígenas en los procesos de planificación y gestión colectiva de los humedales. Ello se justifica en virtud de que la “participación y comprensión de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el manejo de los humedales reviste especial importancia cuando el humedal es de dominio privado u objeto de tenencia consuetudinaria, pues las propias comunidades locales son los custodios y administradores del sitio y en estas circunstancias es vital que el proceso de planificación del manejo no se perciba como algo impuesto desde fuera a quienes dependen del humedal para ganarse el sustento”. Por tanto, en el proceso de elaboración de los planes de manejo relativos de humedales dicho documento precisa que se deberá dar seguimiento a las siguientes directrices: “33. Es particularmente importante que se informe a los interesados directos lo antes posible sobre el propósito de elaborar un plan de manejo, pero en esta etapa ello no ha de confundirse con una negociación formal. […].” 88 / 153


“34. Las consultas y negociaciones debieran servir para someter ideas o propuestas a debate y recabar opiniones sobre cuestiones concretas. […]. En algunos casos, sobre todo cuando la administración no incumbe directamente a las comunidades locales o a los pueblos indígenas, el proceso contará con la asistencia de la ciudadanía en vez de ser dirigido por ella, porque las decisiones administrativas recaerán en última instancia en el organismo competente.” “35. Antes de poner un plan en marcha será preciso recopilar o cotejar toda la información pertinente disponible sobre el sitio para describir sus características ecológicas y sus funciones y valores, comprendidos los aspectos socioeconómicos, culturales y educativos pertinentes. Para asegurarse de que se recojan todos los datos relevantes debieran intervenir profesionales con formación en ciencias naturales y sociales. La población local y otros interesados directos suelen ser fuentes importantes de información y cabe involucrarles aplicando técnicas apropiadas y probadas aptas para tomar en consideración, entre otras cosas, las cuestiones de género y culturales, en la etapa del proceso en que se cotejan los datos e informaciones.” “36. Una vez recopilados los datos y redactadas las secciones descriptivas del plan, se pasa a la etapa del proceso en que se definen los objetivos relacionados con el mantenimiento de las características ecológicas y otras cuestiones que preocupan a los interesados directos. […]” “37. Una vez conocidas las obligaciones, los planificadores pueden pasar a determinar las necesidades de manejo. En esta etapa se vuelve esencial negociar con los interesados directos. Aun cuando los objetivos de mantenimiento de las características ecológicas no han de 89 / 153


ser negociables, a menudo es posible definir un espectro de métodos alternativos de gestión que permitan alcanzarlos y lograr también otros objetivos de los distintos interesados directos.” 191. Respecto de la Convención sobre el Cambio Climático, con motivo de su Décima Quinta Conferencia de Estados partes se adoptó el documento con título “Orientación metodológica para las actividades destinadas a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y la función de la conservación, la gestión de bosques sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”. 192. A fin de disminuir las emisiones motivadas en la deforestación y degradación forestal, a través de la resolución en comento, se reconoció la importancia de recabar la participación plena y eficaz de los pueblos indígenas y comunidades locales, al igual que incorporar las aportaciones derivadas de sus conocimientos. En consecuencia, se instó a los Estados partes de la Convención Marco a elaborar “orientaciones para recabar la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la vigilancia y la notificación” en la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales. 193. Aunado a lo antes descrito, en el marco de la Conferencia de las Reservas de la Biósfera de la UNESCO, llevada a cabo en Sevilla, España, en 1995, se desarrolló la denominada “Estrategia Sevilla”; la cual fue aceptada en la Conferencia General mediante resolución 28C./2.4. De ella destaca la importancia de las reservas de la biósfera en la implementación de la Agenda 21; señalando que éstas deberán contribuir a preservar y mantener valores naturales y culturales mediante una gestión y administración sostenible con el involucramiento de las comunidades 90 / 153


locales; señalando que los Estados partes deberán velar por que cada reserva de la biósfera disponga de una política o un plan de administración operacional y de ordenación con zonificación. Esta Estrategia tiene continuidad a través del Plan de Acción de Madrid, acordado y adoptado por los Estados partes en el marco del 3° Congreso de las Reservas de la Biósfera en el 2008, el cual tiene como objeto aumentar la importancia de la protección de las reservas de biosfera como herramientas de respuesta a los retos emergentes en materia ambiental, como lo son el cambio climático acelerado, la creciente pérdida de la diversidad cultural y biológica, y la consecuente pérdida de los servicios ambientales que éstos proveen; con el objeto de contribuir a la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 194. Como puede observarse, en los tratados internacionales que prevén disposiciones sobre el derecho humano a la protección y preservación del medio ambiente, se plasma la necesidad de garantizar los derechos de participación de los pueblos indígenas y reconocer sus saberes tradicionales, particularmente en el caso de los recursos naturales situados en las tierras ocupadas o utilizadas por ellos. De igual manera, los instrumentos de índole cultural refieren la importancia de respetar y garantizar el derecho de los pueblos a la protección y preservación de sus recursos, al igual que las actividades relacionadas con ellos, dado que representan fuentes de subsistencia y variables para la existencia y preservación de sus manifestaciones culturales. 195. La interdependencia entre los derechos de los pueblos indígenas, la participación en la vida cultural y la protección del medio ambiente, se plasma en el artículo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 2008, de título “Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina”; en el cual se subrayó 91 / 153


que la ausencia de instrumentos normativos que vinculen los derechos indígenas con los sistemas jurídicos que regulan la gestión de las áreas protegidas, afecta directamente tanto a los derechos de los pueblos indígenas como a la propia protección y conservación de dichas áreas 196. De lo anterior, se sigue la trascendencia de incorporar a los pueblos y comunidades indígenas en la planificación para el manejo y gestión de los recursos naturales, tanto en los procesos de análisis, discusión y elaboración de los respectivos planes o programas de manejo, como la propia administración de las áreas protegidas. 197. En México, 80 áreas naturales protegidas se localizan en tierras, territorios o recursos de uso tradicional por pueblos indígenas, de las cuales 36% (29 áreas naturales protegidas) carece de programas de manejo publicados. La ausencia de dichas reglamentaciones, aunada a la falta de observancia de los derechos de participación, conlleva regularmente a problemas asociados a la incomprensión de las necesidades de los respectivos pueblos y comunidades, o la percepción de las medidas de protección ambiental como una imposición. En otros casos, la ausencia de participación en los procesos de establecimiento de las áreas naturales, o la inatención a los correspondientes contextos culturales, redunda en limitaciones o privaciones al derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute de sus tierras y recursos naturales; como consecuencia de la adopción unilateral por el Estado, de regulaciones, limitaciones, condiciones y restricciones a dicho uso y disfrute para conservar la naturaleza. Las recomendaciones 8/2002 (“Sobre la pesca de la curvina por parte del pueblo indígena Cucapá en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”) y 56/2012 (“Violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua 92 / 153


potable y saneamiento y protección de la salud del pueblo Wixárika en Wirikuta”), emitidas por esta Comisión Nacional documentan ejemplos de la problemática expuesta. 198. En el marco de los Congresos Mundiales de la Naturaleza organizados por la UICN, se han emitido una serie de resoluciones51 y

51

Resoluciones: 19.20 (Acción de la UICN relativa a los pueblos indígenas y el uso sostenible de los recursos naturales), 19.22 (Los pueblos indígenas), 19.23 (Importancia de los enfoques basados en la comunidad) adoptadas por la 19ª Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994); 1.53 (Los pueblos indígenas y las áreas protegidas), 1.54 (Los pueblos indígenas y la conservación en Mesoamérica) 1.55 (Los pueblos indígenas y los bosques), 1.56 (Los pueblos indígenas y los Andes) aprobadas por el 1er Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) de la UICN en Montreal, 1996; 2.81 (Concesiones mineras y áreas protegidas en Mesoamérica) aprobadas por el 2º CMN en Amman, 2000; 3.055 (Los pueblos indígenas, las áreas protegidas y el Programa de trabajo del CDB) aprobada en el CMN, en su tercer período de sesiones celebrado en Bangkok, en el 2004; 4.041 (Seguimiento a las acciones solicitadas por el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas), 4.048 (Pueblos indígenas, áreas protegidas e implementación del Acuerdo de Durban), 4.049 (Apoyo a los Territorios Indígenas de Conservación y otras Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades), 4.050 (Reconocimiento de los Territorios Indígenas de Conservación), 4.051 (Pueblos indígenas y áreas protegidas de La Mosquitia de Mesoamérica), 4.052 (Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas), 4.053 (Pueblos indígenas móviles y conservación de la biodiversidad), 4.056 (Enfoques de la conservación basados en los derechos) adoptadas por el 4º CMN en Barcelona, 2008; 053 (Fortaleciendo la gobernanza participativa y equitativa de las comunidades y pueblos indígenas de México), 094 (Respetar, reconocer y apoyar los Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades), 092 (Promoción de y apoyo al manejo de los recursos y la conservación por parte de la comunidad como base del desarrollo sostenible), 047 (Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO) aprobadas en la Asamblea de Jeju, República de Corea en el 2012. Y muchas otras Resoluciones de la UICN que demuestran su compromiso con el enfoque basado en los derechos en el establecimiento y la gestión de áreas naturales protegidas. 93 / 153


recomendaciones52, que reconocen y promueven la aplicación de políticas y prácticas de conservación en las áreas protegidas, su carácter como elemento crucial para el desarrollo sostenible y el cumplimiento con las metas mundialmente acordadas; tales como las propuestas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo para el Milenio; y que se respeten los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con los distintos compromisos internacionales adquiridos por los Estados, previamente mencionados en el presente documento. 199. Adicionalmente, tal y como se comentó previamente, en el 2003 se firmó el Acuerdo Durban, mediante el cual se exhorta al establecimiento de políticas públicas y bases legales e institucionales para la protección de las áreas naturales protegidas, involucrando a todos los actores interesados en su formulación, incluyendo pueblos indígenas y grupos vulnerables, asegurando su participación en la toma de decisiones, en respeto pleno de los derechos humanos y sociales. Como parte de las aportaciones consensuadas a través de este Acuerdo, se encuentran: i) el reconocimiento a las culturas que poseen “la riqueza, la sabiduría y los 52

Recomendaciones: 18.16 (Reconocimiento del papel de los pueblos indígenas) aprobada por la 18ª Asamblea General de la UICN (Perth, 1990); 19.21 (Pueblos indígenas y uso sostenible de los recursos naturales) y 19.22 (Los pueblos indígenas) aprobadas por la 19ª Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994); 1.35 (Áreas protegidas) y 1.53 (Pueblos indígenas y áreas protegidas), aprobadas por el 1er CMN en Montreal, 1996; 4.127 (Derechos de los pueblos indígenas en relación al manejo de las áreas protegidas que se encuentran total o parcialmente en sus territorios) adoptada por el 4º CMN en Barcelona, 2008; 5.24 (Los pueblos indígenas y las áreas protegidas), 5.26 (Áreas Conservadas por Comunidades (ACC), 5.13 (Derechos culturales y espirituales de las áreas naturales protegidas sobre sus sitios sagrados) aprobadas en el 5° CMN celebrado en Durban, Sudáfrica en 2003; 156 (Conservación de la biodiversidad en el área natural protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Histórico-cultural del Pueblo Huichol, México) aprobadas en el CMN en Jeju, República de Corea en el 2012. 94 / 153


conocimientos necesarios para la conservación y uso sostenible” de la naturaleza; ii) “las áreas protegidas como aulas vivientes, sitios singulares donde las personas toman contacto con sus raíces, donde las culturas y los sistemas de valores y conocimientos se transmiten de generación en generación”; finalmente iii) "los éxitos conseguidos […] en la conservación de las áreas protegidas, así como a los esfuerzos […] para convertir a dichas áreas en lugares en los que converjan los intereses naturales, culturales y espirituales". Por ello, se exhorta al compromiso de promover la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en la creación, declaración y gestión de las áreas protegidas. 200. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en la Decisión VII/28 de la 7ª Reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB celebrada en Kuala Lumpur en el 2004 y la Resolución 3.055 de “Los pueblos indígenas, las áreas protegidas y el Programa de trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, aprobada por el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Bangkok en el 2004; en las que se insta a que los Estados partes emprendan acciones para promover la aplicación del Acuerdo de Durban con relación a los pueblos indígenas y que el proceso de creación, gestión y vigilancia de las áreas protegidas se realicen con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, respetando plenamente sus derechos. 201. Por último, la interdependencia que se ha mencionado entre los derechos humanos en materia ambiental y los de pueblos y comunidades indígenas, encuentra apoyo en los instrumentos declarativos referidos al inicio de esta sección y también las decisiones de organismos internacionales garantes de los derechos humanos.

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202. A través de la resolución CCPR/C/95/D/1457/2006 del 24 de abril de 2009, el Comité de Derechos Humanos resolvió la petición presentada por Ángela Poma, relativa a la desecación y degradación de tierras utilizadas tradicionalmente por el pueblo Aymara para la crianza de ganado, como resultado de diversos proyectos hidrológicos efectuados por el Gobierno de Perú desde la década de 1950. 203. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, se reconoce que “un Estado [puede] legítimamente tomar medidas para promover su desarrollo económico. Sin embargo, […] ello no puede menoscabar los derechos reconocidos en el artículo 27 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Así pues, el alcance de la libertad del Estado en este ámbito deberá medirse con base a las obligaciones que deba asumir de conformidad con el artículo 27”. En tal tenor, “las medidas cuya repercusión equivalga a una negación del derecho a gozar de la propia cultura de la comunidad son incompatibles con el artículo 27, mientras que aquellas medidas que sólo tuvieran una repercusión limitada sobre el modo de vida y el sustento de las personas pertenecientes a la comunidad no equivaldrían necesariamente a una denegación de los derechos reconocidos por ese artículo”. 204. En cuanto al objeto de la petición presentada, dicho organismo internacional refirió que el objeto principal del asunto concernía a: “determinar si las consecuencias del desvío de aguas autorizado por el Estado parte en la cría de camélidos son de una proporción tal que tienen un impacto sustantivo negativo en el disfrute por parte de la autora de su derecho a disfrutar de la vida cultural de la comunidad a que pertenece”. Por consecuencia, el Comité llegó a las siguientes determinaciones:

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“7.6 [La] permisibilidad de las medidas que comprometen significativamente las actividades económicas de valor cultural de una minoría o comunidad indígena o interfieren en ellas, guarda relación con el hecho de que los miembros de esa comunidad hayan tenido oportunidad de participar en el proceso de adopción de decisiones relativas a esas medidas y de que sigan beneficiándose de su economía tradicional. [Al respecto,] la participación en el proceso de decisión debe ser efectiva, por lo que no es suficiente la mera consulta sino que se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad. Además, las medidas deben respetar el principio de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad y de sus miembros.” “7.7 En el presente caso, el Comité observa que ni la autora ni la comunidad de la que forma parte fueron consultadas en ningún momento por el Estado parte en lo relativo a la construcción de los pozos de agua. Además, el Estado tampoco exigió la realización de estudios por entidad competente e independiente con miras a determinar el impacto que la construcción de los pozos tendría en la actividad económica tradicional, ni se tomaron medidas para minimizar las consecuencias negativas y reparar los daños sufridos. El Comité observa asimismo que la autora, no ha podido seguir beneficiándose de su actividad económica tradicional, debido a la desecación de las tierras y la pérdida de su ganado […]. 205. En el “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”,53 la CoIDH analizó la presunta inobservancia de medidas efectivas para reconocer el derecho al 53

CoIDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185. 97 / 153


uso y goce del territorio, ocupado y usado tradicionalmente por integrantes del pueblo Saramaka. Al respecto, el Tribunal determinó que el derecho humano a la propiedad “carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si […] no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio”. El reclamo por la titularidad de las tierras, por tanto, “deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez, mantiene ese estilo de vida”. Dicha conexión entre el territorio y los recursos naturales “es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la Convención a fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad”. De tal análisis, la CoIDH precisó que los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas “son aquellos […] que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo”54. 206. La CoIDH señaló también que si bien se “reconoce la interconexión entre el derecho de los miembros de los pueblos indígenas y tribales al uso y goce de sus tierras y el derecho a esos recursos necesarios para su supervivencia, dichos derechos a la propiedad, […], están sujetos a ciertos límites y restricciones”, tal como la propia redacción del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo establece. Por ello, “el Estado podrá restringir el uso y goce del derecho a la propiedad siempre que las restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Adicionalmente […] un factor crucial a considerar es también si la restricción implica una

54

Ibidem, párrafo 122. 98 / 153


denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes”.55 207. Consecuentemente, “a fin de garantizar que las restricciones impuestas […] respecto del derecho a la propiedad […] dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías: primero, […] asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo […], de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”) que se lleve a cabo dentro del territorio […]. Segundo, […] garantizar que los miembros del pueblo […] se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, […] debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión […] a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.56 208. Por lo que respecta a la garantía de asegurar la participación efectiva, de conformidad con las costumbres y tradiciones de los pueblos o comunidades; dicho deber de realizar consultas: “requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo […] de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano 55 56

Ibidem, párrafo 127. Ibidem, párrafo 129. 99 / 153


proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, […] debería tener en cuenta los métodos tradicionales […] para la toma de decisiones”.57 209. Posteriormente, en la sentencia del caso “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”,58 la CoIDH analizó la reivindicación histórica por parte de una comunidad indígena a sus derechos ancestrales de propiedad sobre tierras en las que, parcialmente, recayó una declaratoria de reserva natural bajo dominio privado. 210. Respecto de la interrelación entre la observancia del derecho humano a la propiedad de la comunidad Xákmok Kásek, y las limitantes impuestas a dichas tierras como consecuencia de la declaratoria de reserva natural, la CoIDH indicó que, con independencia de que se disponga del goce y ejercicio efectivos, “a fin de garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la Comunidad, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación de su subsistencia como pueblo indígena”.59

57

Ibidem, párrafo 133. CoIDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 59 Ibidem, párrafo 157. 58

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211. Otro asunto en el cual la CoIDH tuvo la oportunidad de manifestarse respecto del sentido y alcance del derecho de participación de los pueblos y comunidades indígenas a través del mecanismo de consulta libre e informada fue el caso “Pueblo Indígena Kichwá de Sarayaku vs. Ecuador”,60 relativo al otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación petrolera en el territorio del pueblo Sarayaku, sin haberse efectuado la correspondiente consulta ni evaluación de impacto ambiental; generando con ello una situación de riesgo para la población, restringiendo los medios de subsistencia, el derecho de circulación y a la expresión de la cultura. 212. Al reiterar los alcances y dimensiones del derecho humano a la propiedad reconocido por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CoIDH recalcó la interrelación entre éste y la protección de los recursos naturales localizados en el territorio de los pueblos indígenas, en el marco de las obligaciones generales, de manera que: “La obligación de consultar […], así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación […], está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo 1.1). Esto implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Lo anterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta […] pueda llevarse a cabo

60

CoIDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245 101 / 153


efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.61 213. El fallo de la CoIDH reafirmó que el derecho a la consulta debe interpretarse bajo los principios de progresividad, con independencia de su interacción en el contexto del caso con derechos civiles, políticos, sociales, culturales o ambientales; “tomando en cuenta la normativa y jurisprudencia interamericana, la práctica de los Estados y la evolución del Derecho Internacional”.62 Asimismo, el Tribunal resolvió que la observancia del derecho a la consulta en materia ambiental debía satisfacer los siguientes criterios: a) el carácter previo de la consulta; b) la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo; c) la consulta adecuada y accesible; d) el estudio de impacto ambiental, y e) la consulta informada.63 Igualmente, la sentencia en comento incorpora estándares novedosos en materia probatoria al señalar que “es deber del Estado –y no de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas”.64 214. Finalmente, las relaciones de interdependencia entre los derechos a la consulta y la preservación de la vida cultural es puesta de manifiesto por la CoIDH al señalar que, en lo que respecta a la propiedad comunal sobre la tierra, el goce y ejercicio efectivo de ese derecho “garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio”. Por tanto, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar [la] supervivencia social, cultural y económica” de los pueblos indígenas.65 En 61

Ibidem, párrafo 166. Ibidem, párrafo 178. 63 Idem. 64 CoIDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones, cit., párrafo 179. 65 Ibidem, párrafo 212. 62

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esa tesitura, bajo “el principio de no discriminación, establecido en el artículo 1.1 de la Convención, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas”.66 215. Por tanto, “la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización”.67 216. Recientemente, la CoIDH hizo énfasis en destacar “la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas”,68 en virtud del carácter complementario entre “el derecho de los pueblos indígenas y las normas internacionales de medio ambiente”69; disposiciones que como antes expuso esta Comisión Nacional, corresponden en definitiva al ámbito de los derechos humanos. 217. En seguimiento a las disposiciones previstas por el CDB y las interpretaciones oficiales a dicho instrumento internacional, la CoIDH ha manifestado que la compatibilidad entre ambos derechos humanos se alcanza a través de la observancia de los criterios de “a) participación 66

Ibidem, párrafo 213. Ibidem, párrafo 217. 68 CoIDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párrafo 173. 69 Idem. 67

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efectiva, b) acceso y uso de sus territorios tradicionales y c) de recibir beneficios de la conservación —todos ellos, siempre y cuando sean compatibles con la protección y utilización sostenible— [la cual, además] debe ser evaluada por el Estado”,70 verificativo que debe tener lugar desde el “surgimiento de sus compromisos nacionales e internacionales”.71 Finalmente, concluyó que en el caso de “la conservación del medio ambiente para las comunidades indígenas resulta no sólo en un asunto de interés público sino parte del ejercicio de su derecho […] a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos, de conformidad con sus propios procedimientos e instituciones”.72 218. No escapa a la consideración de esta Comisión Nacional la Recomendación 156 emitida por el Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República de Corea, llevado a cabo del 6 al 15 de septiembre de 2012, dirigida a nuestro país; con el título “Conservación de la biodiversidad en el Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Histórico-cultural del Pueblo Huichol, México”. 219. Si bien el territorio señalado en dicha recomendación no se trata de un área natural protegida de carácter federal sino estatal, reúne las características propias para adquirir la categoría de reserva de la biosfera, prueba de lo cual es la publicación por parte de la CONANP en junio de 2012 del estudio previo justificativo para la expedición del decreto correspondiente. Al respecto, se manifestó la preocupación por la existencia de una declaratoria de protección, al igual que la zonificación para el aprovechamiento sostenible del área, que ha resultado insuficiente 70

Ibidem, párrafo 181. Ibidem, párrafo 192. 72 Ibidem, párrafo 196. 71

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para lograr la conservación del sitio. Por lo anterior, dicho Congreso hizo un llamado al gobierno de México para que cumpla con los tratados, normas y programas de manejo que inciden en la conservación del área, asegurando la participación de todos los interesados, incluyendo a los pueblos indígenas, en la planificación participativa de las actividades a desarrollar.73 220. Es evidente que en el caso de las áreas naturales protegidas que se sitúen en tierras y territorios habitados o tradicionalmente utilizados por pueblos o comunidades indígenas, es necesario incorporar la participación de dichos grupos en los procesos de planificación, gestión y administración de los recursos naturales existentes en dichos territorios. La observancia del derecho de participación y consulta en la discusión, formulación y elaboración de los programas de manejo es crucial para el cumplimiento de las obligaciones generales relativas a la observancia de los derechos de los pueblos indígenas, en correlación con sus derechos humanos al medio ambiente sano al igual que preservación y protección del mismo, propiedad, participación en la vida cultural y protección de manifestaciones culturales, como también al desarrollo en el marco de su libre determinación y autonomía. E) Conclusiones 221. En virtud de la publicación de la LGEEPA en 1988, se estableció el concepto de área natural protegida como elemento indispensable para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Dicho ordenamiento incorporó también las disposiciones relativas a las actividades prohibidas y permitidas al interior de las áreas, al uso y 73

WWC-2012-Rec-156-SP - Conservación de la biodiversidad en el Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Históricocultural del Pueblo Huichol, UICN, 2012. 105 / 153


aprovechamiento de los recursos naturales, así como la obligación de establecer las bases para el manejo y administración de las áreas naturales mediante sus respectivos programas de manejo. 222. A partir de las reformas a la LGEEPA publicadas el 13 de diciembre de 1996, en el DOF, se estableció la obligación de formular los programas de manejo dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria del área respectiva, requerimiento que se hizo extensivo a las áreas o zonas establecidas con anterioridad a esa fecha, de acuerdo con el transitorio Séptimo del Decreto referido. De igual manera el transitorio Octavo estableció la obligación por parte de SEMARNAT de efectuar los estudios y análisis, a fin de determinar si las condiciones, objetivos y características que dieron origen al establecimiento de dichas áreas o zonas continuaban vigentes. En el supuesto de que las circunstancias se hubieran modificado, se estableció en dicho artículo que con antelación a la expedición de los correspondientes decretos modificatorios, previamente debía recabarse la opinión favorable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; instancia a la cual la propia SEMARNAT con anterioridad pondrá en consideración las opiniones emitidas por los interesados. 223. Junto con la obligación genérica de promover, respetar, proteger y preservar el medio ambiente, se encuentra la de adoptar medidas en el ámbito legislativo y administrativo para asegurar el goce y ejercicio de ese derecho humano reconocido en sus diversas vertientes por la Constitución y los tratados internacionales. 224. De entre las medidas señaladas se encuentran las disposiciones que incorpora la LGEEPA en materia de protección de áreas naturales, al igual que las de carácter reglamentario y demás normatividad aplicable; cuyo 106 / 153


complemento ineludible recae en la adopción de los programas de manejo correspondientes a cada área natural. La razonabilidad de incorporar dichos programas obedece, por una parte, a la necesidad de contar con un régimen jurídico especializado para el manejo y gestión del área protegida, como también otorgar certidumbre jurídica a los habitantes quienes realicen actividades dentro de la misma. Por otra parte, se cuenta con un marco normativo más inmediato para atender lo previsto por la Ley y declaratoria correspondientes, al focalizarse en el contexto biológico, geofisiográfico, social y cultural del área en cuestión, y garantizar la participación de los grupos y actores involucrados. 225. La adopción y aplicación de planes o programas para la gestión de las áreas protegidas constituye una medida que garantiza la efectividad del derecho humano a la preservación del medio ambiente, en los términos previstos por la Carta Magna, los tratados internacionales, instrumentos declarativos u otros mecanismos interpretativos que amplían su protección. Lo anterior, con independencia de que la ausencia de su formulación para proteger el patrimonio natural, los humedales, la diversidad biológica, adaptación de los ecosistemas al cambio climático, o en general la protección de la flora, fauna o bellezas escénicas, sea constitutiva de ulterior responsabilidad internacional. 226. Dentro de los grupos cuya participación se estima imperativa para la adecuada formulación y publicación de los programas de manejo, se encuentran los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las áreas protegidas o hacen uso tradicional de sus territorios o recursos. La interdependencia entre los derechos, autonomía y libertades de los pueblos indígenas respecto de la biodiversidad y los recursos naturales es innegable, en la medida que el entorno es fuente de conocimientos tradicionales, manifestaciones culturales y subsistencia, como también 107 / 153


punto de origen para la protección de otros derechos humanos de carácter civil, social o cultural. 227. Dentro del proceso de elaboración de los programas de manejo, es indispensable garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas involucrados en la conservación y protección de las tierras, fauna o flora localizadas en las áreas naturales protegidas, con base en procedimientos que se apeguen al contexto socio cultural de dichos grupos. El cumplimiento a estas medidas de salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos indígenas se verifica en la publicación de los programas de manejo, a través de los cuales se da constancia de haberse garantizado su derecho de participación, además de resultar la pauta para involucrarlos en los procesos de administración de las áreas naturales protegidas. 228. A nivel federal, México cuenta con 177 áreas naturales protegidas decretadas al 31 de marzo de 2016, de las cuales únicamente se cuenta con 103 programas de manejo formulados y publicados correspondientes a 102 áreas; 20 de ellas disponen de programas formulados mas no publicados, mientras que las 55 restantes no cuentan con dicho instrumento. Del conjunto de áreas, la CONANP informó a esta Comisión Nacional que 27 están por abrogarse, 24 tienen problemas en sus poligonales, mientras que los programas de manejo de dos áreas se encuentran en la etapa de consulta pública. Asimismo, la CONANP refirió que un programa de manejo se encuentra en integración de borrador (conforme a los términos de referencia vigentes), mientras que una de las áreas es de reciente publicación, por lo que se encuentra en tiempo para la publicación de su programa de manejo. (Anexo 1)

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229. De las 94 áreas naturales protegidas cuya declaratoria es anterior a 1988, 53 no han sido re-categorizadas (33 de ellas sin programa de manejo publicado) y 41 fueron re-categorizadas con posterioridad a ese año (32 sin programa). Entre 1988 y el decreto de la LGEEPA de 1996 fueron decretadas 33 áreas, de las cuales 27 no han sido re-categorizadas (5 de ellas no cuentan con su programa) y 6 fueron re-categorizadas con posterioridad a ese año (una de ellas sin programa). Finalmente, desde de 1996 se ha emitido la declaratoria de 50 áreas naturales protegidas, cuatro de ellas sin programa de manejo publicado. (Anexo 1) 230. Si bien existe un importante número de áreas naturales protegidas que cuentan con programas de manejo formulados y publicados, es importante destacar que en muchas de ellas el procedimiento respectivo se siguió de forma extemporánea. En este sentido, las autoridades han manifestado que los programas únicamente tienen por función auxiliar a las declaratorias, resultando insuficientes ante la propia LGEEPA y el RLGEEPA, las normas oficiales u otros instrumentos normativos; de manera que la falta de un programa de manejo no impide que se lleve a cabo la adecuada protección, conservación, administración y manejo de las áreas naturales protegidas. Sobre esta base, se argumentó a esta Comisión Nacional que la ausencia o dilación en la formulación y publicación de los programas de manejo no constituía una afectación a los derechos humanos. En contraposición a lo manifestado por las autoridades, esta Comisión Nacional destaca que la misma CONANP señala en documentos públicos que un importante número de las áreas que no cuentan con su respectivo programa han perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su declaración; e incluso justifica la no formulación de los programas por la problemática ambiental que presentan dichas áreas. Tal afirmación por parte de las autoridades resulta incongruente, ya que precisamente la inexistencia de instrumentos de 109 / 153


planeación y regulación que establezcan las actividades permitidas y la delimitación precisa de la subzonificación, como son los programas de manejo, ha contribuido a la degradación y/o perturbación de las mismas. 231. Por otra parte, en 80 áreas protegidas se reporta la presencia de población indígena (en algunos casos con cifras superiores al 90%), 29 de las cuales no disponen de un programa de manejo. Particularmente, destacan los casos del área de protección de la flora y fauna “Cascada de Agua Azul” (97% de población indígena), el área de protección de recursos naturales “Cuenca Hidrológica del Río Necaxa”, la “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” y el parque nacional “Bosencheve”, en las cuales más del 40% de sus habitantes son indígenas; áreas protegidas que carecen de programas de manejo (Anexo 1). Finalmente, no pasa desapercibido que casi una docena de áreas naturales protegidas cuentan con poblaciones indígenas mayores a 500 habitantes, cuyas tierras han sido ocupadas ancestralmente por dichos grupos que no en pocas ocasiones ven amenazada su identidad cultural. 232. En términos demográficos, se trata de cifras que dan cuenta de la falta de protección, promoción, respeto y garantía a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Del mismo modo, la ausencia o dilación en la formulación y publicación de los programas de manejo, procesos en los que además es necesario satisfacer el requisito de la consulta previa, libre e informada; obstruye el acceso a participar en la administración de los recursos naturales, obstáculo que contraviene las disposiciones del propio texto de la LGEEPA. 233. Con la existencia y aplicación eficaz de esquemas de gobernabilidad en las áreas naturales protegidas, como lo son los decretos, programas de manejo, acuerdos y consensos con los dueños y usuarios, entre otros; hoy 110 / 153


en día existen casos de éxito en la protección, conservación y o recuperación de estos sitios o de sus poblaciones de fauna y flora.74 234. Tal es el caso de la reserva de la biósfera “El Vizcaíno”, en la que con la publicación de su programa de manejo en el 2000, fue posible poner en marcha una serie de proyectos en defensa del patrimonio natural y en beneficio de la población local, tales como: la zonificación de áreas de conservación y de aprovechamiento, y el establecimiento de medidas de control para el aprovechamiento de especies terrestres y marinas, con la consecuente recuperación de sus poblaciones. Para el éxito de las acciones antes descritas, fue necesario el involucramiento tanto de autoridades federales y locales como la participación activa de la comunidad local.75 235. Otro caso de éxito es el de la reserva de la biósfera “Montes Azules”, particularmente en la fracción perteneciente a la “Selva Lacandona” en el estado de Chiapas; que por un esfuerzo conjunto entre organizaciones de la sociedad, fundaciones y los gobiernos federal y estatal, se empezaron a realizar acciones reales para la conservación de la misma, tales como: la instalación de la estación científica para el control y vigilancia, y la publicación del programa de manejo en el 2000; logrando detener la consolidación de asentamientos irregulares que se estaba dando por la falta de programas de desarrollo apropiados y el escaso control y vigilancia a la misma.76

74

Carabias, Julia, et al, Patrimonio Natural de México - Cien casos de éxito, México, CONABIO-SEMARNAT, 2010. http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf (acceso: 23/febrero/2016) 75 Idem. 76 Idem. 111 / 153


236. Finalmente, se hace mención a las acciones de conservación del flamenco rosa del Caribe, especie muy vulnerable ante los impactos ambientales antropogénicos por presentar una distribución restringida a los humedales costeros de la Península de Yucatán, la mayoría de ellos catalogados como áreas naturales protegidas de importancia a nivel internacional. A pesar del reconocimiento de la importancia ecológica de estos ecosistemas, en 1990 esta región fue inscrita en el registro de Montreux77 como humedal en riesgo de desaparecer. Sin embargo, gracias a un conjunto de acciones, como el decreto de las reservas de la biósfera “Ría Lagartos” y “Ría Celestún”, el propio reconocimiento de las mismas a nivel internacional como sitio Ramsar y la publicación de su programa de manejo, a principios del siglo XXI; se logró el retiro de estas áreas del registro Montreaux, y por ende la recuperación de las poblaciones de flamencos rosas. 237. Por lo antes expuesto, a partir de las observaciones presentadas y de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta Comisión Nacional estima contar con los elementos suficientes para observar la existencia de transgresiones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y legalidad, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; derivadas de la falta de elaboración y/o publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de competencia federal.

77

Registro Montreaux: registro de los humedales inscritos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en los que se están produciendo, se han producido o pueden producirse cambios en las características ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra intervención del ser humano. (Registro de Montreaux, Convención Ramsar. http://ramsar.rgis.ch/cda/es/ramsar-documentsmontreux/main/ramsar/1-31-118_4000_2__. Acceso: 23/febrero/2016) 112 / 153


238. Por todo lo anterior, se formulan respetuosamente a ustedes las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES GENERALES A ustedes Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: PRIMERA- Giren las instrucciones que correspondan a efecto de que se realicen, de ser el caso en coordinación con las instancias correspondientes, los estudios y análisis para determinar si las condiciones que dieron lugar a las áreas naturales protegidas que carecen de programas de manejo publicados se han modificado, y de ser el caso, se emita el aviso de reclasificación de aquellas áreas que aún conservan su vocación natural y que cumplen con las características que les dieron origen, dando mayor certeza y seguridad sobre la política de protección, preservación y aprovechamiento sustentable de sus ecosistemas. SEGUNDA. Instruyan a quien corresponda, a efecto de que se identifiquen y supriman los obstáculos administrativos que históricamente han impedido la formulación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas decretadas, utilizando hasta el máximo, todos los recursos disponibles; para la oportuna creación y publicación de dichos programas, conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la LGEEPA. Durante el procedimiento de formulación, revisión y aprobación de los Programas de Manejo:

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TERCERA. En su formulación, reflejen, aborden y describan las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, teniendo en cuenta las circunstancias y los sistemas de conocimientos tradicionales y locales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 66, fracción I de la LGEEPA. CUARTA. Dar a los valores culturales (históricos, arqueológicos, paisajísticos, tanto en el ámbito terrestre como en el marino, sagrados y estéticos) una protección acorde con los objetivos de preservación de la naturaleza, conforme lo dispone el artículo 45, fracción VII de la LGEEPA. QUINTA- Comuniquen públicamente, en forma adecuada, oportuna y amplia, las iniciativas para formular o revisar los programas de manejo, con el fin de garantizar que las personas interesadas sean informadas con la antelación debida, a fin de que puedan participar en el correspondiente proceso de consulta. Señale dónde será posible consultar u obtener los documentos de la propuesta y demás escritos complementarios, así como las vías existentes para formular observaciones. SEXTA- Instruyan a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias a efecto de que durante la formulación y aplicación de los programas de manejo susceptibles de afectar los intereses y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se efectúe la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los interesados, para cumplir con lo dispuesto por el derecho interno, como por los instrumentos internacionales citados en esta Recomendación, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. Durante la ejecución, evaluación y revisión periódica quinquenal de los programas de manejo: 114 / 153


SÉPTIMA. Garanticen una participación pública significativa e incluyente de la opinión pública y las personas interesadas en su calidad de: propietarias, poseedoras, usuarias, vecinas, académicos y la opinión pública en un sentido amplio, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 65 de la LGEEPA y 73 del RLGEEPA. OCTAVA. Aseguren la plena participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas a aquellos, mediante procesos de consulta libre, previa e informada cuando los Programas de Manejo o sus revisiones, puedan afectar sus tierras, territorios y recursos naturales, tal y como se prevé en los artículos 2, Apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 15 fracción XIII, 47, 58 fracción III y 158 fracción I de la LGEEPA. Una vez publicados los Programas de Manejo: NOVENA- Desarrollen acciones para facilitar la integración y la activa participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas a aquellos, en los Consejos Asesores de las áreas naturales protegidas así como otras instancias, para conservar tanto la diversidad biológica, como los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a ella. DÉCIMA- Garanticen la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas a aquellos, a través de la administración eficaz de las áreas conservadas por ellos.

115 / 153


A usted, señor Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: DÉCIMO PRIMERA- Gire las instrucciones que correspondan a efecto de que una vez elaborados los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, se lleve a cabo la publicación del resumen correspondiente y el plano de ubicación del área en el DOF y en la Gaceta Ecológica. DÉCIMO SEGUNDA. Gire las instrucciones pertinentes, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que se diseñe e imparta a los servidores públicos de esa Secretaría, un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, específicamente sobre el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas. A usted, señor Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas: DÉCIMO TERCERA. Gire las instrucciones que correspondan a efecto de formular los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de competencia federal, de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en lo que el Estado Mexicano sea parte, así como la LGEEPA y el RLGEEPA. DÉCIMO CUARTA. Se adopten las acciones necesarias a fin de brindar capacitación y/o actualización a los servidores públicos adscritos a esa Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en materia del derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, al igual que con la relación a la importancia de los derechos al acceso a la información, consulta y la participación social e indígena en materia ambiental.

116 / 153


DÉCIMO QUINTA- Instruya a quien corresponda a efecto de que se colabore con personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se promueva la publicación de los resúmenes de los programas de manejo pendientes en el DOF y la Gaceta Ecológica. 239. La presente Recomendación es de carácter General, de acuerdo con lo señalado con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del artículo 140 de su Reglamento Interno, y fue aprobada por el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional, en sus sesiones ordinarias 341 y 342, de fechas 14 de marzo y 11 de abril de 2016; tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, eliminen dichas violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate. 240. Con base en el mismo fundamento jurídico se informa a ustedes que las Recomendaciones Generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las recomendaciones se envíen a esta Comisión Nacional en un término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente Recomendación.

EL PRESIDENTE

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 117 / 153


ANEXO 1 - Listado de áreas naturales protegidas de carácter federal, fecha de publicación de su programa de manejo y presencia de población indígena

Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

1

Parque Nacional

Desierto de los Leones

27/11/1917

-

05/06/2006

2

Parque Nacional

IztaccíhuatlPopocatépetl

08/11/1935

-

02/04/2013

3

Área de Protección de Flora y Fauna

Nevado de Toluca

25/01/1936

01/10/2013

4

Parque Nacional

Grutas de Cacahuamilpa

23/04/1936

5

Parque Nacional

Cerro de Garnica

6

Parque Nacional

Nevado de Colima

Entidad Población 1 federativa estimada Ciudad de México Estado de México, Morelos, Puebla

Población indígena estimada 1

0

0

244

0

No publicado ni elaborado (Consulta pública)

Estado de México

5 297

93

-

22/04/2009

Guerrero

1 359

6

05/09/1936

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Michoacán

0

0

05/09/1936

-

14/12/2009

Colima, Jalisco

0

0

Hidalgo

6 043

1 052

81

0

2 660

141

26 872

108

0

0

0

0

7

Parque Nacional

Los Mármoles

08/09/1936

-

No publicado ni elaborado (En integración de borrador conforme a los términos de referencia vigentes)

8

Parque Nacional

El Potosí

15/09/1936

-

29/10/2015

9

Parque Nacional

Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

18/09/1936

-

10

Parque Nacional

Gogorrón

22/09/1936

-

11

Parque Nacional

Cumbres del Ajusco

23/09/1936

-

12

Parque Nacional

Fuentes Brotantes de Tlalpan

28/09/1936

-

San Luis Potosí Ciudad de Formulado sin México, publicar Estado de México Formulado sin San Luis publicar Potosí No publicado Ciudad de ni elaborado México (Por abrogar) No publicado ni elaborado Ciudad de (Por abrogar) México

118 / 153


Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

13

Parque Nacional

Lagunas de Zempoala

27/11/1936

-

08/03/2011

14

Parque Nacional

Pico de Orizaba

04/01/1937

-

09/07/2015

15

Parque Nacional

El Tepozteco

22/01/1937

-

09/05/2011

16

Parque Nacional

El Tepeyac

18/02/1937

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna

Cofre de Perote

04/05/1937

-

Tutuaca

06/07/1937

27/12/2001

19

Parque Nacional

Cerro de las Campanas

07/07/1937

20

Parque Nacional

21

Parque Nacional

Lagunas de Chacahua Molino de Flores Netzahualcóyotl

22

Parque Nacional

Entidad Población 1 federativa estimada Estado de México, Morelos Puebla, Veracruz Morelos, Ciudad de México

Población indígena estimada 1

0

0

0

0

42 904

4 789

Ciudad de México

0

0

21/01/2015

Veracruz

4 229

27

01/11/2013

Chihuahua

4 168

991

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Querétaro

0

0

09/07/1937

-

11/11/2013

Oaxaca

2 766

187

05/11/1937

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Estado de México

0

0

Xicoténcatl

17/11/1937

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Tlaxcala

37 221

1 622

Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna

Benito Juárez

30/12/1937

-

27/12/2013

Oaxaca

0

0

Campo Verde

03/01/1938

29/01/2003

Chihuahua , Sonora

97

1

25

Parque Nacional

Cañón de Río Blanco

22/03/1938

-

Veracruz

329 799

26 900

26

Parque Nacional

Los Remedios

15/04/1938

-

Estado de México

0

0

27

Parque Nacional

Lomas de Padierna

22/04/1938

-

Ciudad de México

0

0

17 18

23

24

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar)

119 / 153


Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

28

Parque Nacional

Cerro de la Estrella

24/08/1938

-

29

Parque Nacional

El Sabinal

25/08/1938

-

30

Parque Nacional

El Histórico Coyoacán

26/09/1938

-

31

Parque Nacional

La Malinche o Matlalcuéyatl

06/10/1938

-

Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa

20/10/1938

09/09/2002

02/11/1938

-

22/02/1939

-

32

33

Área de Protección de Recursos Naturales Parque Nacional

Barranca del Cupatitzio Insurgente José María Morelos

34

Parque Nacional

35

Área de Protección de Flora y Fauna

Papigochic

11/03/1939

29/01/2003

36

Parque Nacional

Sacromonte

29/08/1939

-

37

Parque Nacional

Cumbres de Majalca

01/09/1939

-

38

Parque Nacional

Los Novillos

18/06/1940

-

39

Área de Protección de Flora y Fauna

Pico de Tancítaro

27/07/1940

19/08/2009

40

Parque Nacional

Bosencheve

01/08/1940

-

41

Parque Nacional

Lago de Camécuaro

08/03/1941

-

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

Ciudad de México

0

0

Nuevo León

0

0

Ciudad de México

0

0

03/04/2013

Puebla, Tlaxcala

44 097

33 562

Formulado sin publicar

Hidalgo, Puebla

137 509

58 530

22/04/2009

Michoacán

0

0

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Michoacán

1 755

25

Formulado sin Chihuahua publicar

6 907

712

18

0

35

1

0

0

No publicado Estado de ni elaborado México (Por abrogar) Formulado sin Chihuahua publicar No publicado ni elaborado Coahuila (Por abrogar) 02/04/2013

Michoacán

1 289

49

No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Estado de México, Michoacán

16 351

6 999

Michoacán

0

0

120 / 153


Categoría No. de manejo

42

Área de Protección de Recursos Naturales

43

Parque Nacional

44

Parque Nacional

45

Área de Protección de Recursos Naturales

46

Área de Protección de Recursos Naturales

47

Área de Protección de Recursos Naturales

Nombre del área natural protegida Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec Desierto del Carmen o de Nixcongo Sierra de San Pedro Mártir Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 01 Pabellón Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 04 Don Martín, en lo respectivo a las Subcuencas de los Ríos Sabinas, Alamo, Salado y Mimbres

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Entidad Población 1 federativa estimada

21/10/1941

23/06/2005

Formulado sin publicar

Estado de México

198 708

22 424

10/09/1942

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Estado de México

1 032

0

26/04/1947

-

15/12/2009

Baja California

0

0

07/11/2002

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Zacatecas, Durango, Jalisco, Nayarit

52 498

25 768

07/11/2002

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Aguascalie ntes, Zacatecas

1 025

2

07/11/2002

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Coahuila

2 665

12

08/06/1949

08/06/1949

08/06/1949

Población indígena estimada 1

121 / 153


Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Entidad Población 1 federativa estimada

Coahuila, Nuevo León

5 509

16

Michoacán

0

0

Población indígena estimada

Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

48

Área de Protección de Recursos Naturales

Cuenca alimentadora de los distritos nacionales de riego 026 b Bajo Río San Juan y 031 Las Lajas, en lo respectivo a la Sierra de Arteaga

03/08/1949

-

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

49

Parque Nacional

Rayón

29/08/1952

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Parque Nacional Parque Nacional

Lagunas de Montebello Constitución de 1857

16/12/1959

-

18/12/2009

Chiapas

1 587

15

27/04/1962

-

01/03/2011

Baja California

0

0

Parque Nacional

General Juan N. Álvarez

30/05/1964

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Guerrero

29

0

14/01/1972

07/06/2000

Formulado sin publicar

Baja California Sur

0

0

29/11/1973

07/06/2000

Formulado sin publicar

Baja California Sur

33

0

12/01/1978

07/06/2000

16/11/2000

Chiapas

19 921

16 204

07/06/2000

17/04/2001 Componente del Complejo Insular Espíritu Santo (Islas del Golfo): 18 de abril de 2001 y su Modificación: el 24 de Julio de 2001

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora

3 214

131

50 51 52

53

54

55

56

Complejo Reserva de Lagunar Ojo la Biósfera de Liebre Área de Protección Cabo San de Flora y Lucas Fauna Reserva de Montes la Biósfera Azules

Área de Protección de Flora y Fauna

Islas del Golfo de California

Fecha de decreto

02/08/1978

1

122 / 153


Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

20/03/1979

27/11/2007

Formulado sin publicar

Chiapas

10 095

3 059

18/07/1979

07/06/2000

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Durango

0

0

19/07/1979

07/06/2000

24/10/2006

Coahuila, Durango, Chihuahua

401

0

La Primavera

06/03/1980

07/06/2000

22/05/2001

Jalisco

97

11

Cascada de Agua Azul

29/04/1980

07/06/2000

Formulado sin publicar

Chiapas

1 872

1 815

Valle de los Cirios

02/06/1980

07/06/2000

02/04/2013

Baja California

1 993

71

Guerrero

575

32

Chiapas

52 672

4 130

Nayarit

0

0

Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

57

Área de Protección de Recursos Naturales

Zona de Protección Forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas

58

Reserva de La Michilía la Biósfera

59

Reserva de Mapimí la Biósfera

60

61

62

Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna

63

Parque Nacional

El Veladero

17/07/1980

-

64

Parque Nacional

Cañón del Sumidero

08/12/1980

-

65

Parque Nacional

Isla Isabel

08/12/1980

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal) 16/06/2006

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

123 / 153


Categoría No. de manejo

66

67

68

Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna Parque Nacional

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Cascada de Bassaseachic

02/02/1981

-

Sierra de Álvarez

07/04/1981

07/06/2000

Tulum

23/04/1981

-

Nombre del área natural protegida

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Entidad Población 1 federativa estimada

Formulado sin Chihuahua publicar No publicado ni elaborado (Por abrogar) Formulado sin publicar No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Población indígena estimada 1

94

7

San Luis Potosí

1 110

0

Quintana Roo

13

3

Hidalgo

0

0

Chiapas

186

42

San Luis Potosí, Zacatecas

0

0

69

Parque Nacional

Tula

27/05/1981

-

70

Parque Nacional

Palenque

20/07/1981

-

Sierra La Mojonera

13/08/1981

07/06/2000

05/06/2015

El Jabalí

14/08/1981

07/06/2000

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Colima

60

0

El Chico

06/07/1982

-

27/08/2009

Hidalgo

505

6

71

72

73

Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Parque Nacional

74

Parque Nacional

El Cimatario

27/07/1982

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Querétaro

0

0

75

Área de Protección de Flora y Fauna

Sierra de Quila

04/08/1982

07/06/2000

Formulado sin publicar

Jalisco

0

0

20/01/1986

07/06/2000

23/01/2015

Quintana Roo

634

202

16/07/2002

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Yucatán

0

0

16/07/2002

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Sinaloa

0

0

76

77

78

Reserva de Sian Ka'an la Biósfera Playa adyacente a Santuario la localidad denominada Ría Lagartos Santuario

Playa Ceuta

29/10/1986

29/10/1986

124 / 153


Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Playa Cuitzmala

29/10/1986

16/07/2002

Santuario

Playa de Escobilla

29/10/1986

16/07/2002

81

Santuario

Playa de la Bahía de Chacachua

29/10/1986

16/07/2002

82

Santuario

Playa de la Isla Contoy

29/10/1986

16/07/2002

83

Santuario

Playa de Maruata y Colola

29/10/1986

16/07/2002

84

Santuario

Playa de Mismaloya

29/10/1986

16/07/2002

85

Santuario

Playa de Puerto Arista

29/10/1986

16/07/2002

86

Santuario

Playa de Rancho Nuevo

29/10/1986

16/07/2002

87

Santuario

Playa de Tierra Colorada

29/10/1986

16/07/2002

88

Santuario

Playa El Tecuán

29/10/1986

16/07/2002

89

Santuario

Playa El Verde Camacho

29/10/1986

16/07/2002

No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

79

Santuario

80

Estatus del Población programa de Entidad Población indígena manejo y 1 federativa estimada estimada fecha de su 1 publicación No publicado ni elaborado Jalisco 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Oaxaca 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Oaxaca 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado Quintana ni elaborado 0 0 (Problemas de Roo poligonal) No publicado ni elaborado Michoacán 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Jalisco 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Chiapas 69 0 (Problemas de poligonal) No publicado Tamaulini elaborado 0 0 (Problemas de pas poligonal) No publicado ni elaborado Guerrero 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Jalisco 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado (Problemas de Sinaloa 0 0 poligonal)

125 / 153


Fecha de decreto

Playa Mexiquillo

29/10/1986

16/07/2002

Santuario

Playa Piedra de Tlacoyunque

29/10/1986

16/07/2002

Santuario

Playa Teopa

29/10/1986

16/07/2002

Reserva de la Biósfera Parque Nacional Área de Protección de Recursos Naturales

Sierra de Manantlán

23/03/1987

-

Dzibilchantun

14/04/1987

-

29/10/2015

Yucatán

0

0

Las Huertas

23/06/1988

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Colima

0

0

30/11/1988

-

01/09/2000

Baja California Sur

51 211

5 340

Corredor Biológico Chichinautzin

30/11/1988

-

Formulado sin publicar

Morelos

31 653

1 354

Calakmul

23/05/1989

-

07/04/2000

Campeche

2 707

1 594

El Triunfo

13/03/1990

-

15/09/2000

Chiapas

10 747

971

26/04/1991

-

06/01/2014

Nuevo León

8

0

06/08/1992

-

26/09/2000

Tabasco

24 536

1 991

Lacan-Tun

21/08/1992

-

Formulado sin publicar

Chiapas

0

0

Bonampak

21/08/1992

-

08/07/2010

Chiapas

11

11

Yaxchilán

21/08/1992

-

11/07/2010

Chiapas

0

0

Chan Kin

21/08/1992

-

No publicado

Chiapas

0

0

No.

Categoría de manejo

90

Santuario

91

92

93 94

95

96

97

98 99 100 101 102 103 104 105

Estatus del Población programa de Entidad Población indígena manejo y 1 federativa estimada estimada fecha de su 1 publicación No publicado ni elaborado Michoacán 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Guerrero 0 0 (Problemas de poligonal) No publicado ni elaborado Jalisco 0 0 (Problemas de poligonal) Colima, 17/11/2000 8 416 87 Jalisco

Fecha de recategorización

Nombre del área natural protegida

Reserva de El Vizcaíno la Biósfera Área de Protección de Flora y Fauna Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Monumento Natural Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Monumento Natural Monumento Natural Área de

Cerro de la Silla Pantanos de Centla

126 / 153


Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

24/08/1992

07/06/2000

10/06/1993

Protección de Flora y Fauna 106

Parque Nacional

107

Reserva de la Biósfera

108

Reserva de la Biósfera

109

Reserva de la Biósfera

110

Reserva de la Biósfera

Sistema Arrecifal Veracruzano Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado El Pinacate y Gran Desierto de Altar ChamelaCuixmala Archipiélago de Revillagigedo Sierra del Abra Tanchipa

111

Reserva de la Biósfera

112

Reserva de Sierra la la Biósfera Laguna

113

114

115

116

117

Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación ni elaborado (Consulta pública)

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

Formulado sin publicar

Veracruz

0

0

-

25/09/2009

Baja California, Sonora

5 141

101

10/06/1993

-

02/07/1996

Sonora

49

1

30/12/1993

-

20/01/1997

Jalisco

26

0

06/06/1994

-

28/11/2007

0 0

06/06/1994

-

31/10/2013

San Luis Potosí

3

0

06/06/1994

-

19/06/2003

Baja California Sur

409

0

Arrecife Alacranes

06/06/1994

07/06/2000

29/11/2007

Yucatán

0

Laguna de Términos

06/06/1994

-

04/06/1997

Campeche

205 487

5 584

Yum-Balam

06/06/1994

-

Formulado sin publicar

Quintana Roo

2 957

636

Cañón de Santa Elena

07/11/1994

-

05/06/2012

Chihuahua

1 454

5

Cuatrociénegas

07/11/1994

-

24/03/2000

Coahuila

92

0

0

127 / 153


Categoría No. de manejo

118

119

120 121 122

Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Parque Nacional

Reserva de la Biósfera Parque 124 Nacional 123

125

Parque Nacional

Parque 126 Nacional Área de Protección 127 de Flora y Fauna Reserva de 128 la Biósfera Reserva de 129 la Biósfera 130

Parque Nacional

Parque 131 Nacional Parque 132 Nacional

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Maderas del Carmen

07/11/1994

-

06/06/2012

Coahuila

45

0

Uaymil

17/11/1994

-

03/05/2011

Quintana Roo

0

0

La Encrucijada

06/06/1995

-

13/09/2000

Chiapas

16 668

71

La Sepultura

06/06/1995

-

15/09/2000

Chiapas

8 468

1 032

Cabo Pulmo

06/06/1995

07/06/2000

13/11/2009

0

0

19/07/1996

-

25/09/2000

0

0

19/07/1996

07/06/2000

02/10/1998

07/06/2000

11/11/2002 Modificación el 06/01/2003

Banco Chinchorro Arrecifes de Cozumel Bahía de Loreto

19/07/1996

Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc

19/07/1996

07/06/2000

Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui

19/07/1996

-

Sierra Gorda

19/05/1997

Arrecifes de Sian Ka'an Arrecife de Puerto Morelos

06/08/1998 Aclaración del aviso: 02/10/1998

Entidad Población 1 federativa estimada

Baja California Sur Quintana Roo Quintana Roo Baja California Sur

0

Población indígena estimada 1

0

4 0

Quintana Roo

0

0

05/06/2015

Sonora

542

4

-

08/05/2000

Querétaro

98 811

1 193

02/02/1998

-

13/06/2011

Quintana Roo

0

02/02/1998

-

18/09/2000

Quintana Roo

2 0

0

109

20

Isla Contoy

02/02/1998

-

09/07/2015

Quintana Roo

Huatulco

24/07/1998

-

02/12/2002

Oaxaca

0

0

128 / 153


Fecha de decreto

TehuacánCuicatlán

18/09/1998

-

08/06/2012

Oaxaca, Puebla

36 471

16 934

Metzabok

23/09/1998

-

06/01/2009

Chiapas

96

96

Nahá

23/09/1998

-

07/01/2009

Chiapas

204

204

Los Tuxtlas

23/11/1998

-

27/11/2009

Veracruz

28 611

7 824

21/05/1999

-

12/04/2000

Quintana Roo, Yucatán

6 782

1 825

Los Petenes

24/05/1999

-

22/04/2009

Campeche

0

0

Yagul

24/05/1999

-

27/11/2012

Oaxaca

149

52

Sierra de Huautla

08/09/1999

-

27/11/2007

Morelos

3 922

27

Reserva de Mariposa la Biósfera Monarca

10/11/2000

-

30/04/2001

27 346

644

17/11/2000

-

2 848

42

27/11/2000

-

11/03/2003

Hidalgo

26 533

1 533

Islas Marías

27/11/2000

-

10/06/2011

Nayarit

2 788

131

Ría Celestún

27/11/2000

-

22/11/2002

Campeche y Yucatán

7 580

1 455

27/11/2000

-

19/12/2001

Chiapas

8 017

4 922

27/11/2000

-

08/10/2004

Quintana Roo

0

27/11/2000

-

22/11/2012

Zacatecas

0

0

Meseta de Cacaxtla

27/11/2000

-

29/10/2015

Sinaloa

1 162

0

Otoch Ma'ax

05/06/2002

-

06/11/2009

Quintana

151

151

Categoría No. de manejo Reserva de la Biósfera Área de Protección 134 de Flora y Fauna Área de Protección 135 de Flora y Fauna Reserva de 136 la Biósfera 133

137

Reserva de Ría Lagartos la Biósfera

Reserva de la Biósfera Monumento 139 Natural Reserva de 140 la Biósfera 138

141 142 143 144 145 146 147 148

149 150

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Fecha de recategorización

Nombre del área natural protegida

Parque Nacional Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera Parque Nacional Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna Área de

Cumbres de Monterrey Barranca de Metztitlán

Selva El Ocote Arrecifes de Xcalak Sierra de Órganos

Entidad Población 1 federativa estimada

Estado de México, Michoacán Formulado sin Nuevo publicar León

Población indígena estimada 1

0

129 / 153


Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Protección Yetel Kooh de Flora y Fauna Reserva de Isla San 151 la Biósfera Pedro Mártir Islas de la Bahía de Chamela: La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, 152 Santuario San Agustín, San Andrés y Negrita, y los Islotes; Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino Área de Protección Ciénegas del 153 de Flora y Lerma Fauna Reserva de Volcán 154 la Biósfera Tacaná Área de Laguna Protección Madre y 155 de Flora y Delta del Río Fauna Bravo Reserva de Isla 156 la Biósfera Guadalupe Parque Islas 157 Nacional Marietas Archipiélago Parque 158 de San Nacional Lorenzo Área de Protección 159 de Flora y Fauna

Bala'an K'aax

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

Roo, Yucatán 13/06/2002

-

01/02/2011

0

0

13/06/2002

-

14/06/2011

Jalisco

15

0

27/11/2002

-

Formulado sin publicar

Estado de México

574

9

28/01/2003

-

22/11/2012

Chiapas

738

196

14/04/2005

-

09/07/2015

Tamaulipas

17 199

746

25/04/2005

-

17/06/2011

Baja California

92

4

25/04/2005

-

25/02/2011

Nayarit

0

0

25/04/2005

-

20/01/2015

Baja California

0

03/05/2005

-

25/02/2011

Quintana Roo

0

158

105

130 / 153


Categoría No. de manejo

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Nombre del área natural protegida

Sierra Gorda Reserva de de la Biósfera Guanajuato Zona Marina del Parque Archipiélago Nacional de Espíritu Santo Zona Marina Bahía de los Reserva de Ángeles, la Biósfera Canales de Ballenas y de Salsipuedes Reserva de Zicuirán la Biósfera Infiernillo Área de Protección Manglares de Flora y de Nichupté Fauna Área de Protección Cañón de de Flora y Usumacinta Fauna Área de Protección Boquerón de de Flora y Tonalá Fauna Reserva de Tiburón la Biósfera Ballena Área de Protección Médanos de de Flora y Samalayuca Fauna Área de Protección Ocampo de Flora y Fauna Sistema Área de Arrecifal Protección Lobos – de Flora y Tuxpan Fauna

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

02/02/2007

-

Formulado sin Guanajuapublicar to

10/05/2007

-

Exclusivamen te la zona marina: 19 de enero de 2015

05/06/2007

-

30/11/2007

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

24 385

117

Baja California Sur

0

0

05/11/2013

Baja California

1

0

-

06/11/2013

Michoacán

11 944

43

26/02/2008

-

22/01/2015

Quintana Roo

0

0

22/09/2008

-

05/06/2015

Tabasco

8 156

3 158

22/09/2008

-

03/04/2013

Oaxaca

0

0

05/06/2009

-

09/07/2015

Quintana Roo

0

0

05/06/2009

-

02/04/2013

Chihuahua

1 578

27

05/06/2009

-

05/06/2015

Coahuila

1 073

0

05/06/2009

-

06/01/2014

Veracruz

0

0

131 / 153


Categoría No. de manejo

Nombre del área natural protegida

Ventilas Hidrotermales de La Cuenca de 171 Santuario Guaymas y de La Dorsal del Pacífico Oriental Monumento Río Bravo 172 Natural del Norte Reserva de 173 Janos la Biósfera Marismas Reserva de 174 Nacionales la Biósfera Nayarit Porción Norte y Franja Área de Costera Protección 175 Oriental de Flora y terrestres y Fauna marinas de la Isla de Cozumel Área de Protección 176 Balandra de Flora y Fauna Área de Protección Cerro 177 de Flora y Mohinora Fauna

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

05/06/2009

-

21/02/2014

21/10/2009

-

03/04/2013

08/12/2009

-

12/05/2010

Entidad Población 1 federativa estimada

Población indígena estimada 1

0

0

Chihuahua y Coahuila

0

0

22/11/2012

Chihuahua

3 411

475

-

03/04/2013

Nayarit

1 474

0

25/09/2012

-

29/10/2015

Quintana Roo

17

16

30/11/2012

-

29/10/2015

Baja California Sur

2

0

10/07/2015

-

No publicado ni elaborado (en tiempo)

Chihuahua

865

0

1. Datos obtenidos de la base de datos del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación a cargo de la SEMARNAT y CONANP (https://simec.conanp.gob.mx/consulta_fichas.php?menu=2#)

132 / 153


ANEXO 2 - Listado de áreas naturales protegidas de carácter federal y su importancia a nivel internacional

No.

1 2

3

4

Categoría de manejo

Parque Nacional Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna Parque Nacional

5

Parque Nacional

6

Parque Nacional

7

Parque Nacional

8

Parque Nacional

9

Parque Nacional

10

Parque Nacional

11

Parque Nacional

12

Parque Nacional

Nombre del área natural protegida

Desierto de los 05/06/2006 Leones Iztaccíhuatl02/04/2013 Popocatépetl No publicado ni Nevado de elaborado Toluca (Consulta pública) Grutas de 22/04/2009 Cacahuamilpa No publicado ni Cerro de elaborado (Por Garnica abrogar) Nevado de 14/12/2009 Colima No publicado ni elaborado (En integración de borrador Los Mármoles conforme a los términos de referencia vigentes) El Potosí

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

29/10/2015

Insurgente Formulado sin Miguel Hidalgo publicar y Costilla Formulado sin Gogorrón publicar No publicado ni Cumbres del elaborado (Por Ajusco abrogar) No publicado ni Fuentes elaborado (Por Brotantes de abrogar) Tlalpan

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

-

-

-

-

-

Si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133 / 153


No.

13 14

Categoría de manejo

Parque Nacional Parque Nacional

Nombre del área natural protegida

Lagunas de Zempoala Pico de Orizaba

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

08/03/2011

-

-

-

-

09/07/2015

-

-

-

-

-

15

Parque Nacional

El Tepozteco

09/05/2011

-

1) Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl (Bien Cultural)

16

Parque Nacional

El Tepeyac

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

21/01/2015

-

-

-

-

01/11/2013

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

11/11/2013

1) Oaxaca

-

1) Lagunas de Chacahua

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

27/12/2013

1) Oaxaca

-

-

-

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

-

-

-

17

18

Parque Cofre de Nacional Perote Área de Protección Tutuaca de Flora y Fauna

19

Parque Nacional

Cerro de las Campanas

20

Parque Nacional

21

Parque Nacional

Lagunas de Chacahua Molino de Flores Netzahualcóyotl

22

Parque Nacional

23

24

Xicoténcatl

Parque Benito Juárez Nacional Área de Protección Campo Verde de Flora y Fauna

134 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Por abrogar)

25

Parque Nacional

Cañón de Río Blanco

26

Parque Nacional

Los Remedios

27

Parque Nacional

Lomas de Padierna

28

Parque Nacional

Cerro de la Estrella

29

Parque Nacional

El Sabinal

30

Parque Nacional

El Histórico Coyoacán

31

Parque Nacional

La Malinche o Matlalcuéyatl

32

Área de Protección Cuenca Formulado sin de Hidrográfica publicar Recursos del Río Necaxa Naturales

33

Parque Nacional

34

Parque Nacional

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Sistema de Represas y Corredores biológicos de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa

-

22/04/2009

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

35

Área de Protección Papigochic de Flora y Fauna

Formulado sin publicar

-

-

-

-

36

Parque Nacional

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

Barranca del Cupatitzio Insurgente José María Morelos

Sacromonte

03/04/2013

135 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

37

Parque Nacional

Cumbres de Majalca

38

Parque Nacional

Los Novillos

39

Área de Protección Pico de de Flora y Tancítaro Fauna

02/04/2013

40

Parque Nacional

41

Parque Nacional

42

Área de Protección de Recursos Naturales

43 44

45

46

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Formulado sin publicar No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bosencheve

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

1) RB Mariposa Monarca (Bien Natural)

-

-

Lago de Camécuaro

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

Formulado sin publicar

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

15/12/2009

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

-

-

-

-

1) Camino Real de Tierra Adentro

-

-

Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec Desierto del Parque Carmen o de Nacional Nixcongo Parque Sierra de San Nacional Pedro Mártir Cuenca Área de Alimentadora Protección del Distrito de Nacional de Recursos Riego 043 Naturales Estado de Nayarit Área de Cuenca Protección Alimentadora de del Distrito Recursos Nacional de

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

136 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Naturales

47

48

Riego 01 Pabellón Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Área de Protección Riego 04 Don Martín, en lo de respectivo a las Recursos Subcuencas de Naturales los Ríos Sabinas, Alamo, Salado y Mimbres Cuenca alimentadora de los distritos Área de nacionales de Protección riego 026 b de Bajo Río San Recursos Juan y 031 Las Naturales Lajas, en lo respectivo a la Sierra de Arteaga

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Parque Nacional

Rayón

Parque Nacional Parque Nacional

Lagunas de Montebello Constitución de 1857

52

Parque Nacional

General Juan N. Álvarez

53

Reserva de la Biósfera

Complejo Lagunar Ojo de Liebre

49 50 51

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

(Bien Cultural)

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

-

1) Río Sabinas 2) Cuatrociénegas

-

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

-

-

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

18/12/2009

-

-

1) PN Lagunas de Montebello

Si

01/03/2011

-

-

1) Laguna Hanson

-

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

-

1) Santuario de las 1) Laguna Ojo de Ballenas Liebre (Bien Natural)

Formulado sin publicar

-

137 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

54

Área de Protección Cabo San de Flora y Lucas Fauna

Formulado sin publicar

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

55

Reserva de la Biósfera

16/11/2000

1) Selva Maya Zoque

-

56

Montes Azules

Área de Protección Islas del Golfo de Flora y de California Fauna

17/04/2001 Componente del Complejo Insular Espíritu Santo (Islas del Golfo): 18 de abril de 2001 y su Modificación: el 24 de Julio de 2001

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

1) Estero El Soldado (parcial) 2) Humedales de Bahía San Jorge 3) Corredor Costero La Asamblea - San Francisquito 4) RB Isla San Pedro Mártir 5) Complejo Lagunar Bahía 1) Islas y Guásimas - Estero Áreas Lobos Protegidas 6) Humedales de del Golfo de Yavaros California Moroncarit (Bien 7) Sistema Lagunar Natural) Agiabampo Bacorehuis - Río Fuerte Antiguo 8) Lagunas de Santa MaríaTopolobampoOhuira 9) Sistema Lagunar San Ignacio Navachiste Macapule 10) Laguna Playa

-

Si

Si

138 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Colorada - Santa María La Reforma 11) Ensenada de Pabellones 12) Sistema Lagunar Ceuta 13) Laguna HuizacheCaimanero 14) Humedales de la Laguna la Cruz 15) Humedales del Delta del Río Colorado (Sonora y Baja California) 16) Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac 17) Isla Rasa 18) PN Bahía de Loreto

57

Zona de Protección Forestal en los terrenos que Área de se encuentran Protección en los de municipios de Recursos La Concordia, Naturales Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas

Formulado sin publicar

1) Sierra Madre del Sur

-

-

58

Reserva de la Biósfera

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

-

Si

La Michilía

-

139 / 153


No.

59

60

61

62

Categoría de manejo

Reserva de la Biósfera Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna

Nombre del área natural protegida

24/10/2006

-

-

-

Si

La Primavera

22/05/2001

-

-

-

Si

Cascada de Agua Azul

Formulado sin publicar

1) Selva Maya Zoque

-

-

-

Valle de los Cirios

02/04/2013

-

-

1) Corredor Costero La Asamblea - San Francisquito

-

-

-

-

-

-

-

1) PN Cañón del Sumidero

-

-

Parque Nacional

El Veladero

64

Parque Nacional

Cañón del Sumidero

66

67

68

Parque Nacional

Parque Nacional Área de Protección de Flora y Fauna Parque Nacional

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Mapimí

63

65

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

No publicado ni elaborado (Por abrogar) No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

Isla Isabel

16/06/2006

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 1) PN Isla Isabel California (Bien Natural)

Cascada de Bassaseachic

Formulado sin publicar

-

-

-

-

Sierra de Álvarez

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

-

-

-

-

Tulum

Formulado sin publicar

140 / 153


No.

69

70

71

72

73

Categoría de manejo

Parque Nacional

Parque Nacional

Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Parque Nacional

Nombre del área natural protegida

Tula

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

-

-

Palenque

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

-

1) Parque Nacional y Ciudad Prehispánica de Palenque (Bien Cultural)

-

-

Sierra La Mojonera

05/06/2015

-

-

-

-

El Jabalí

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

El Chico

27/08/2009

-

-

-

-

El Cimatario

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

74

Parque Nacional

75

Área de Protección Formulado sin Sierra de Quila de Flora y publicar Fauna

-

-

-

-

76

Reserva de la Biósfera

1) RB Sian Kaa'An (Bien Natural)

1) Sian Ka'an

Si

-

1) Ría Lagartos

-

77

Santuario

Sian Ka'an

23/01/2015

1) Sian Ka'an - Bala'an K'aax

Playa adyacente a la localidad denominada Ría Lagartos

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

1) Costa de Yucatán

141 / 153


No.

Categoría de manejo

78

Santuario

79

Santuario

80

Santuario

81

Santuario

82

Santuario

83

Santuario

Nombre del área natural protegida

No publicado ni elaborado Playa Ceuta (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa elaborado Cuitzmala (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa de elaborado Escobilla (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa de la elaborado Bahía de (Problemas de Chacachua poligonal) No publicado ni Playa de la Isla elaborado Contoy (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa de elaborado Maruata y (Problemas de Colola poligonal)

Santuario

Playa de Mismaloya

85

Santuario

Playa de Puerto Arista

86

Santuario

84

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal)

No publicado ni elaborado (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa de elaborado Rancho Nuevo (Problemas de poligonal)

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

1) Sistema Lagunar Ceuta

-

-

-

1) RB ChamelaCuixmala

-

1) Oaxaca

-

-

-

1) Oaxaca

-

1) Lagunas de Chacahua

-

-

-

1) PN Isla Contoy

-

-

-

1) Playa de Colola 2) Playa de Maruata

-

-

-

1) Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce - El Ermitaño 2) Estero El Chorro 3) Estero Majahuas 4) Laguna XolaParamán

-

-

-

1) Sistema Estuarino Puerto Arista

-

-

-

1) Playa Tortuguera Rancho Nuevo

-

142 / 153


No.

Categoría de manejo

87

Santuario

88

Santuario

89

Santuario

90

Santuario

91

Santuario

92

Santuario

93 94

95

96

Reserva de la Biósfera Parque Nacional Área de Protección de Recursos Naturales Reserva de la Biósfera

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

No publicado ni Playa de Tierra elaborado Colorada (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa El elaborado Tecuán (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa El Verde elaborado Camacho (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa elaborado Mexiquillo (Problemas de poligonal) No publicado ni Playa Piedra elaborado de (Problemas de Tlacoyunque poligonal) No publicado ni elaborado Playa Teopa (Problemas de poligonal)

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

1) Playa Tortuguera Tierra Colorada

-

-

-

-

-

-

-

1) Playa Tortuguera El Verde Camacho

-

-

-

1) Playa Tortuguera Mexiquillo

-

-

-

-

-

-

-

1) RB ChamelaCuixmala

-

Sierra de Manantlán

17/11/2000

-

-

-

Si

Dzibilchantun

29/10/2015

-

-

-

-

Las Huertas

No publicado ni elaborado (Por abrogar)

-

-

-

-

-

1) Santuario de las Ballenas (Bien Natural)

1) Laguna Ojo de Liebre 2) Laguna San Ignacio

Si

El Vizcaíno

01/09/2000

143 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

2) Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco (Bien Cultural) 3) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural) 1) Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl (Bien Cultural) 1) Antigua Ciudad Maya de Calakmul (Bien Mixto)

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

97

Área de Corredor Protección Biológico de Flora y Chichinautzin Fauna

Formulado sin publicar

-

98

Reserva de la Biósfera

07/04/2000

1) Calakmul Bala'an K'aax

15/09/2000

1) Sierra Madre del Sur

-

Si

06/01/2014

-

-

-

-

26/09/2000

1) Pantanos de Centla Cañón de Usumacinta 2) Sierra de Tabasco

-

1) Pantanos de Centla 2) Laguna de Términos

Si

Calakmul

Reserva de la El Triunfo Biósfera Monument Cerro de la 100 o Natural Silla 99

Reserva 101 de la Biósfera

Pantanos de Centla

-

Si

144 / 153


No.

Categoría de manejo

Reserva 102 de la Biósfera Monument 103 o Natural Monument 104 o Natural Área de Protección 105 de Flora y Fauna

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Lacan-Tun

Formulado sin publicar

Bonampak

08/07/2010

Yaxchilán

11/07/2010

Chan Kin

No publicado ni elaborado (Consulta pública)

Parque Nacional

Sistema Arrecifal Veracruzano

Reserva 107 de la Biósfera

1) Selva Maya Zoque

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Selva Maya Zoque

-

-

-

Formulado sin publicar

-

-

Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado

25/09/2009

-

Reserva 108 de la Biósfera

El Pinacate y Gran Desierto de Altar

02/07/1996

-

Reserva 109 de la Biósfera

ChamelaCuixmala

20/01/1997

-

-

1) RB ChamelaCuixmala

Si

28/11/2007

-

-

1) RB Archipiélago de Revillagigedo

-

106

Reserva 110 de la Biósfera

Archipiélago de Revillagigedo

1) Selva Maya Zoque 1) Selva Maya Zoque

1) PN Sistema Arrecifal Veracruzano 1) Sistema de Humedales 1) Islas y Remanentes del Áreas Delta del Río Protegidas Colorado del Golfo de 2) Humedales del California Delta del Río (Bien Colorado (Sonora y Natural) Baja California) 3) Humedales de Bahía Adaír 1) RB El Pinacate y 1) Agua Dulce Gran 2) Humedales de Desierto de Bahía Adaír Altar (Bien Natural)

Si

Si

-

145 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Reserva 111 de la Biósfera

Sierra del Abra 31/10/2013 Tanchipa

Reserva 112 de la Biósfera

Sierra la Laguna

19/06/2003

-

-

Arrecife Alacranes

29/11/2007

-

-

04/06/1997

1) Pantanos de Centla Cañón de Usumacinta

-

Yum-Balam

Formulado sin publicar

1) Costa de Yucatán

-

1) APFF Yum Balam

-

Cañón de Santa Elena

05/06/2012

-

-

-

-

Cuatrociénegas

24/03/2000

-

-

1) Cuatrociénegas

Si

Maderas del Carmen

06/06/2012

-

-

-

Si

Uaymil

03/05/2011

1) Sian Ka'an - Bala'an K'aax

-

1) Sian Ka'an

-

1) RB La Encrucijada

Si

113

Parque Nacional

Área de Protección Laguna de 114 de Flora y Términos Fauna

115

116

117

118

119

120

Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna Reserva de la Biósfera

La Encrucijada 13/09/2000

-

-

1) Sierra Madre del Sur

-

-

1) Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo 1) PN Arrecife Alacranes 1) APFF Laguna de Términos 2) Playa Tortuguera Chenkán 3) Pantanos de Centla

Si

Si

-

146 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

1) Sierra Madre del Sur 2) Selva Maya Zoque 1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

Reserva 121 de la Biósfera

La Sepultura

15/09/2000

Parque Nacional

Cabo Pulmo

13/11/2009

Banco Chinchorro

25/09/2000

-

Arrecifes de Cozumel

02/10/1998

122

Reserva 123 de la Biósfera Parque 124 Nacional

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

Si

1) PN Cabo Pulmo

-

-

1) RB Banco Chinchorro

Si

-

-

1) PN Arrecife de Cozumel

Si

1) PN Bahía de Loreto 2) Oasis Sierra La Giganta

-

Parque 125 Nacional

Bahía de Loreto

11/11/2002 Modificación el 06/01/2003

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

Parque 126 Nacional

Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc

06/08/1998 Aclaración del aviso: 02/10/1998

1) Costa de Yucatán

-

-

-

-

-

1) Ecosistema Arroyo verde APFF Sierra de Álamos Río Cuchujaqui

Si

-

1) Misiones Franciscana s de la Sierra Gorda 1) Presa Jalpan de Querétaro (Bien Cultural)

Área de Sierra de Protección 127 Álamos-Río de Flora y Cuchujaqui Fauna

Reserva 128 de la Biósfera

Sierra Gorda

05/06/2015

08/05/2000

Si

147 / 153


No.

Categoría de manejo

Reserva 129 de la Biósfera Parque 130 Nacional Parque 131 Nacional 132

Parque Nacional

Reserva 133 de la Biósfera Área de Protección 134 de Flora y Fauna Área de Protección 135 de Flora y Fauna Reserva 136 de la Biósfera Reserva 137 de la Biósfera Reserva 138 de la Biósfera

139

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

1) Sian Ka'an - Bala'an K'aax

-

1) Sian Ka'an

-

Arrecife de 18/09/2000 Puerto Morelos

-

-

1) PN Arrecife de Puerto Morelos

-

Isla Contoy

09/07/2015

1) Costa de Yucatán

-

1) PN Isla Contoy

-

Huatulco

02/12/2002

1) Oaxaca

-

1) Cuencas y corales de la zona costera de Huatulco

Si

TehuacánCuicatlán

08/06/2012

1) Oaxaca

-

-

Si

Metzabok

06/01/2009

1) Selva Maya Zoque

-

1) APFF Nahá y Metzabok

Si

Nahá

07/01/2009

1) Selva Maya Zoque

-

1) APFF Nahá y Metzabok

Si

Si

Arrecifes de Sian Ka'an

13/06/2011

Los Tuxtlas

27/11/2009

-

-

1) Manglares y humedales de la Laguna de Sontecomapan

Ría Lagartos

12/04/2000

1) Costa de Yucatán

-

1) Ría Lagartos

Si

Los Petenes

22/04/2009

-

-

1) RB Los Petenes

-

1) Oaxaca

1) Cavernas prehistóricas de Yagul y Mitla en el Valle Central de

MonumenYagul to Natural

27/11/2012

-

148 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Oaxaca (Bien Cultural) Reserva 140 de la Biósfera Reserva 141 de la Biósfera Parque Nacional Reserva 143 de la Biósfera 142

Reserva 144 de la Biósfera

Reserva 145 de la Biósfera Reserva 146 de la Biósfera 147

Parque Nacional

Parque Nacional Área de Protección 149 de Flora y Fauna 148

Sierra de Huautla

27/11/2007

-

-

-

Si

-

Si

Mariposa Monarca

30/04/2001

-

1) RB Mariposa Monarca (Bien Natural)

Cumbres de Monterrey

Formulado sin publicar

-

-

-

Si

Barranca de Metztitlán

11/03/2003

-

-

1) Laguna de Metztitlán

Si

Islas Marías

10/06/2011

-

Ría Celestún

22/11/2002

1) Costa de Yucatán

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural) 1) RB Ría Celestún 2) Reserva estatal el Palmar

Si

Si

Selva El Ocote 19/12/2001

1) Selva Maya Zoque

-

-

Si

Arrecifes de Xcalak

08/10/2004

1) Sian Ka'an - Bala'an K'aax

-

1) PN Arrecifes de Xcalak

-

Sierra de Órganos

22/11/2012

-

-

-

-

Meseta de Cacaxtla

29/10/2015

-

-

-

-

149 / 153


No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Área de Protección Otoch Ma'ax 150 de Flora y Yetel Kooh Fauna

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

06/11/2009

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

1) Otoch Ma'ax Yetel Kooh

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

-

-

-

-

Reserva 151 de la Biósfera

Isla San Pedro Mártir

01/02/2011

-

1) Islas y Áreas Protegidas 1) RB Isla San del Golfo de Pedro Mártir California (Bien Natural)

152 Santuario

Islas de la Bahía de Chamela: La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita, y los Islotes; Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino

14/06/2011

-

-

-

-

Ciénegas del Lerma

Formulado sin publicar

-

-

1) Ciénegas de Lerma

-

Área de Protección 153 de Flora y Fauna Reserva 154 de la Biósfera Área de Protección 155 de Flora y Fauna

Volcán Tacaná 22/11/2012

1) Sierra Madre del Sur

-

Si

Laguna Madre y Delta del Río Bravo

-

1) APFF Laguna Madre

Si

09/07/2015

-

150 / 153


No.

Categoría de manejo

Reserva 156 de la Biósfera

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Isla Guadalupe 17/06/2011

-

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida -

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 1) PN Islas Marietas California (Bien Natural) 1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 1) Isla Rasa California (Bien Natural)

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO) -

157

Parque Nacional

Islas Marietas

25/02/2011

-

158

Parque Nacional

Archipiélago de San Lorenzo

20/01/2015

-

Área de Protección 159 de Flora y Bala'an K'aax Fauna

25/02/2011

1) Calakmul Bala'an K'aax 2) Sian Ka'an - Bala'an K'aax

-

1) Bala'an K'aax

-

Reserva 160 de la Biósfera

Sierra Gorda de Guanajuato

Formulado sin publicar

-

-

-

-

Parque 161 Nacional

Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo

Exclusivamente la zona marina: 19 de enero de 2015

-

-

-

Reserva 162 de la Biósfera

Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes

05/11/2013

-

1) Corredor Costero La Asamblea - San Francisquito

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural) 1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

Si

-

151 / 153


No.

Categoría de manejo

Reserva 163 de la Biósfera Área de Protección 164 de Flora y Fauna Área de Protección 165 de Flora y Fauna Área de Protección 166 de Flora y Fauna Reserva 167 de la Biósfera Área de Protección 168 de Flora y Fauna Área de Protección 169 de Flora y Fauna Área de Protección 170 de Flora y Fauna

Nombre del área natural protegida

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Zicuirán Infiernillo

06/11/2013

-

-

-

-

Manglares de Nichupté

22/01/2015

-

-

1) Manglares de Nichupté

-

Cañón de Usumacinta

05/06/2015

1) Pantanos de Centla Cañón de Usumacinta

-

-

-

Boquerón de Tonalá

03/04/2013

-

-

-

-

Tiburón Ballena

09/07/2015

1) Costa de Yucatán

-

-

-

Médanos de Samalayuca

02/04/2013

-

-

-

-

Ocampo

05/06/2015

-

-

-

-

Sistema Arrecifal Lobos 06/01/2014 -Tuxpan

-

-

-

-

21/02/2014

-

-

-

-

03/04/2013

-

-

-

-

Ventilas Hidrotermales de La Cuenca 171 Santuario de Guaymas y de La Dorsal del Pacífico Oriental Monument Río Bravo del 172 o Natural Norte

152 / 153


No.

Categoría de manejo

Reserva 173 de la Biósfera Reserva 174 de la Biósfera

Nombre del área natural protegida

Janos

Marismas Nacionales Nayarit Porción Norte y Franja Área de Costera Protección Oriental 175 de Flora y terrestres y Fauna marinas de la Isla de Cozumel

Nombre del Corredor Biológico Mesoamericano al que pertenece

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Nombre del sitio Patrimonio Mundial UNESCO incluido dentro del área protegida

Nombre del sitio Ramsar incluido área natural protegida

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

22/11/2012

-

-

-

-

03/04/2013

-

-

1) Marismas Nacionales

-

-

-

1) Manglares y Humedales del Norte de Isla Cozumel

Si

1) Balandra 2) Humedales El Mogote - Ensenada de La Paz

-

-

-

29/10/2015

Área de Protección 176 Balandra de Flora y Fauna

29/10/2015

-

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

Área de Protección Cerro 177 de Flora y Mohinora Fauna

No publicado ni elaborado (en tiempo)

-

-

153 / 153


FORMAB·3

"2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" PODER JUDIQAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN ·MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.

OF.s.-155 ...C: ASUNTO: SE ENVÍA TESTIMONIO Y AUTOS. JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CIUDAD. Con el presente remito testimonio en 112 páginas de la resolución pronunciada por· este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en sesión ordinaria de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión administrativo 193/2018, interpuesto por Sofía Gabriela Hernández Correa, Directora De Asuntos Jurídicos De La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Mario Moreno García, Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial, en Suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asimismo le · remito los autos del juicio de amparo indirecto 800/2017-Vlll y un sobre anexo.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, solicitándole acuse el recibo correspondiente. ATENTAMENTE diecinueve. EL SECRETARIO EN MATERIA


l'ORMAA-55

AMPAROEN REVISIÓN: 193/2018. MATERIA: ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUICIO DE AMPARO: 800/2017-Vlll QUEJOSOS: J. NAHUM TORRES GONZÁLEZ, FRANCISCO DE LA TORRE PÉREZ, ORLANDO DE LA TORRE ZÁRATE, JESÚS DE LA TORRES ZÁRATE Y MARÍA OTILIA RODRÍGUEZ BRAVO RECURRENTES: SOFÍA GABRIELA HERNÁNDEZ . CORREA~: DIRECTORA DE. ASUNTOS JURÍDIC·OS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y MARIO MORENO ,,·GARCÍA, DIRECTOR GENÉRAL .1 'AD'JUNTO DE LO · CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y \ ', · JUDICIA~0- EN SUPLENCIA POR AUSENCIA. DEL TITULAR DE LA UNIDAD · COORDINADORA DE ,· ~sUNro· s ~ . JURÍDICOS DE LA . . ~·. . . ·SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. '

<

:<-.

,,~

'

'

./··

'

SECRETARIO: ALFONSO VERDUZCO HERNÁNDEZ. Fernando

San Luis Potosí,

San Luis Potosí, sentencia del

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de veintiocho de febrero dos mil diecinueve. V 1 S T O; para resolver el amparo en revisión administrativo

193/2018, relativo al juicio de amparo indirecto

800/2017-Vlll, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad capital; y,


2

A.R.A. 193/2018.

R E S U L T A N D O:

l. J. Nahum Torres González, Francisco de la Torre Pérez, J. lsaías Zárate de la Torre, Orlando de la Torre Zárate, Jesús de la Torre Zárate y María Otilia Rodríguez Bravo, mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia los Juzgados de Distrito en el Estado, siguiente

Común de

y enviados al día

al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con

residencia en esta ciudad capital, a quien por razón de turno tocó conocer, promovieron juicio de amparo indirecto contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben:

"AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. El Secretario titular de la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALES

(SEMARNA T). 2.

El

COMISIONADO NACIONAL

DE ÁREAS

NATURALES PROTEGIDAS (CONANP).

3. El titular de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL (CONABIO).

~:\.]~·.~~

.:.·. •:,,C< t.

CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

·..

...

1.

\'

,:\[

· .... :<:Vt ~......

~: ~~.

,.\J _ ...,..

:J

;

4. La· Secretaria titular de la SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL (SEGAM) del Estado de San Luis Potosí.

5. La DELEGADA EN SAN LUIS POTOSÍ de la SECRETARIA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES. IV.-

ACTO

gestionar,

RECLAMADO.motivar,

tramitar,

La

OMISIÓN

elaborar,

de

realizar,

publicar y ejecutar debidamente el PROGRAMA DE MANEJO, así como la OMISIÓN de PUBLICACIÓN DEL RESUMEN Y PLANO DE UBICACIÓN PREVIO

'


fORMl\1\-55

3

LEVANTAMIENTO

A.R.A. 193/2018.

TOPOGRÁFICO del

ÁREA

NATURAL PROTEGIDA DE CARÁCTER FEDERAL

\

PODER SUOIOAL DE LA FEDERACJÓN

,

denominada "SIERRA DE AL VAREZ".

+:

Es decir el incum~Jimiento de las responsables con el deber de

el derecho al medio

ambiente sano, ordenado por el artículo 4 del Código Supremo, lo ~ue tiene relevancia para el desarrollo y bienestar ~e Ja población asentada en los Municipios donde s~ ubica dicha área natural protegida y en los Munic~pios adyacentes (como lo

\

..

··

es el de San Luis Potosi), al igual que es de gran importancia . para: .' las\ . presentes

y

futuras

generaciones de la sociedad en general. La tmportencie de elabÁrar, '· ~e~~izar, publicar y ejecutar debidamente .e1,1~0GRAMA DE MANEJO, así como la PUBLICAÓIÓN DEL RESUMEN Y PLANO D~

UBICÁftp_~TI EVI~ LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO del ARE

NATURAL PROTEGIDA

denominada"S1ERR~ D~ ÁLVAREZ representa el ) ~ ~;.:BUNAL EN MATERIAS 1:,:~;STRATIVA

-10

r.:r-:cun·o

goce.. f·:;djsfrute de ·Jos derechos humanos, como un tnstrumento de gesti~n enfocado a garantizar el ' derecho al medio amhiente sano, además de constituir

/ f

un mecani1mo

r=:

de pol~tica pública

dirigid~ a . la promocf n, · tespeto,

y

garant1a de los derec ros humanos a la segundad y legalidad. "

11. Los quejosos . eñalaron como derechos humanos violados los siguientes: "1) Derecho humano al MEDIO AMBIENTE SANO

I

PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO PLENO E INTEGRAL

Y la1ENESTAR GENERAL, siendo

obligación del Estado garantizarlo.


r,

A.R.A. 193/2018.

4

2) Derecho a la DIGNIDAD HUMANA, al ser fundamenta/, base y condición de los demás derechos, que se traduce en la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales y garantizar su libre y pleno desarrollo. 3) Derecho a

la

VIDA,

entendido

como

la

abstención de adoptar medidas preventivas de carácter práctico para preservar este derecho. 4) Derecho AL MÍNIMO VITAL, al considerarlo como

un

derecho

humano

no

consagrado

expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 13°, 25°, 27°, 31°, fracción IV y 123 de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social entre otros, a través del cual se garantizan

los

requerimientos

básicos

indispensables para asegurar una existencia digna del individuo, no solamente en lo relativo a alimentación y

vestido, sino

también en lo

referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente. 5) Derecho a la INTEGRIDADPERSONAL, mismo que contiene la obligación del estado de proveer protección a las personas en situaciones que puedan resultar lesivas de derechos humanos.

.. ~

: .

:·i.

,.,

... : :·--·b. ...

.

.. :

t',

'


FORMllll-55

5

A.R.A. 193/2018.

6) Derecho a la INFORMACIÓN, traducido como la obligación del Estedo a garantizar el libre acceso a PODER JUDIOAl DE lA FEDERACIÓN

la información plurdJ y oportuna. 7) El derecho

a la EDUCACIÓN y CULTURA,

entendido

bajo el concepto de que tiene que .\ . . de &tormecton ., de aten derse a Ios pnncunos ciudadanía

conscien~e

comprometida

con . los \ emas de interés social y

actualidad.

de

su

entorno

•i

111. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil

• ...

diecisiete, el Juez Cuarto .de ºf.trito/e.n· ,~I Estado, a quien por

,

razón de turno correspondió . onecer ·del asunto, registró la demanda de amparo con el nú ero 800/2017-Vlll; la admitió a trámite, solicitó informe ,.justific do .a la autoridades señaladas -. corno responsables, para,.·· qu un término de quince días

~ ,, ...

contados

a partir del día si uiente al en que hayan sido '

.

notifi9adas, remitieran copias c¡rtificadas, .

un . ordenadas'· de Jodas y cada . '•,

.

legibles, completas y

de las actuaciones que hayan

!\·;';~.t.tenid~ a lavtsta para la emís ón del acto reclamado, señaló '"~'~\!

. -fecha y, hora para la telebració

r::~I

-:

de la audiencia constitucional;

tuvo como representante cornú

de los quejosos ahora terceros

r-;

· ' .. interesados, a lsaías Zárate d

la Torre; y ordenó se diera parte

al Agente del Ministerio Pu 1 lico de la Federación adscrito, quien formuló

pedimento

(f ja 39 y vta. del cuaderno

de

amparo).

IV.

Seguido

correspondientes, el Jue de la audiencia

jurero

por

sus

trámites

Cuarto de Distrito en el Estado, fuera

constitucional,

en fecha de diecinueve de

diciembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia, dentro del juicio

de

amparo

800/2017-Vlll,

misma

en

la

que

las

autoridades denominadas como, Comisionado Nacional para el


6

A.R.A. 193/2018.

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, residente en la Ciudad de México, Delegada

Secretaría

de Ecología y Gestión Ambiental

Estatal de la Secretaría

de Medio Ambiente

y y

Recursos Naturales, demostraron en sus informes justificados que el acto omisivo competencia,

que se les reclamó,

por tanto de conformidad

no era de su

con el artículo 63,

'

fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseyó el juicio de amparo respecto

de

las

autoridades

anteriormente

señaladas;

igualmente en lo que corresponde a lsaías Zárate de la Torre se actualizó causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar que el acto reclamado le causara una afectación en su esfera jurídica, ya que se demostró que el mismo no es residente del área natural protegida en mención en el presente juicio de amparo indirecto, y por tanto, no tenía interés cualificado que lo distinguiera del resto de la población respecto de la exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional cumplimentar

de

con la plena eficacia del derecho a un medio

ambiente sano, es decir, que solo se actualizó un interés simple como el de cualquier ciudadano preocupado por verificar la constitucionalidad

y legalidad de los actos de autoridad, en

razón de lo anterior, sobreseyó el presente juicio de amparo respecto del mismo en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, una vez precisado lo anterior, los puntos resolutivos de la sentencia son los siguientes:

"PRIMERO. Se sobresee el juicio promovido

por J. Nahum

Francisco de la Torre

Pérez,

Torres

de amparo Gonzélez,

J. lsaías Zárate de

la Torre, Orlando de la Torre Zárate, Jesús de la Torres Zárate y María Otilia Rodríguez Bravo, respecto de las autoridades y por el motivo expuesto en el considerando tercero de esta


FORMAA·55

A.R.A. 193/2018.

7

resolución; también se sobresee el juicio de PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

amparo respecto .(!el quejoso J. lsaías Zárate de la Torre, por el \motivo que se indica en el \

considerando quint'\de la misma. SEGUNDO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a J. Nahum T~rres Gonzá/ez, Francisco de la Torre Pérez, Orl ndo de la Torre Zárate, Torres Zárate y María Otilia

Jesús de Ja

Rodríguez Bravo, · respecto del acto que se indicó en el consideran~o segundo, reclamado

a las autoridades indicaJas en el considerando

.

\

.

cuarto, para el efecto qul s~ pr'!c1sa en la parte final del último considerando

de este fallo. n

V. Inconforme con 'd¡Ja sentencia, Sofía Gabriela s>

.,

···:",'

Hernández Correa, Directora

oL

Asuntos Jurídicos De La

-,'-. _ ·~·_::' ;~. Comisión Nacional de Áreas Nbturales Protegidas y Mario

;:. · .. ~,·::.' Moreno García, i:J¡rector Generaf Adjunto de lo Contencioso ;~;;. ~-:"<.';'..~~~f¿ninistr~Uvo y Judicial, en Sup'rcia por ausen~iadel Titular . : ;,•

·.. : :' ~!c::t$r~anid::

c:=~~~na:::Je

A;un::cu::~~d1c:satu~:1e:.

interpusieron recurso de revisióf, el cual, por razón de turno , tocó conocer a este Segundo T¡ribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noven~ Circuito, el que mediante auto de presidencia de diez de ~ayo de dos mil dieciocho, se

SÍ y se admitió a trámite el recurso

registró como A.R.A. 193/201

de que se trata; el Agent~ del Ministerio Público de la Federación adscrito, no form · ló pedimento. En otro orden id as, en el presente asunto procede desechar el recurso de revisión interpuesto por Mario Moreno García,

Director

General

Adjunto

de

lo

Contencioso

Administrativo y Judicial, en Suplencia por ausencia del Titular


A.R.A. 193/2018.

8

de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de

que

su

presentación

de

escrito

de

revisión,

resulto ser extemporánea, ya que la notificación a la aludida autoridad responsable, ahora recurrente se realizó el ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 45941 /2017 del libro de oficios del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, como se desprende del sello plasmado por esa propia autoridad y que obra a foja 293, del cuaderno del juicio de amparo, dicha notificación surtió su efectos el mismo día acorde al artículo 31, fracción 1, de la Ley de Amparo, por lo tanto el término para interponer el recurso de revisión corrió del nueve al veintidós de

enero de dos mil dieciocho, y el escrito fue presentado el veintitrés de enero de esa anualidad, como quedó plasmado en la etiqueta de Correos de México, la cual obra a foja 343 del cuaderno

de amparo,

por tanto,

es

evidente

que . su

interposición la realizo fuera del tiempo que establece el término de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de la Materia. VI. Inconforme con lo anterior, Mario Moreno García,

·,

·-,-.~·

Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial, en Suplencia por ausencia del Titular de la Unidad

'·~

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y recibido, el mismo día por este Segundo Tribunal Colegiado, interpuso recurso de reclamación, contra el auto de Presidencia de este Órgano Jurisdiccional de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, en los autos del amparo en revisión administrativo 193/2018; el cual fue admitido el seis de agosto de esa

t.


FORMAA·55

9

A.R.A. 193/2018.

anualidad, recurso de reclamación, que en sesión de trece de septiembre siguiente, resultó infundado.

\·,

PODER JUDIOAL OE LA FEOERACIÓN

VII. En proveído d~ veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el turno de los autos a la Secretaria en funciones de Magistrada, Li~nciada Ma. Guadalupe ·Torres García,

para la formulación del proyecto de resolución

correspondiente; de conforrnidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo. VIII.. Mediante oficio S: ADS/1422/201'8,- de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Co sejo de la Judicatura Federal, informa que el Pleno del Cons jo de -. la Judicatura Federal 1

acordó la primera Adscripción Magistrado René Rubio Escob "<"'· .

,,~·~:·~~·~:~

. ....

•°l.~ !.tp ...... ~,

del

r, como integrante de este

/

.

Órgano a partir de·1 dieciséis de e ero del año en curso, por lo

e

que en auto de esta última fecha, se returnó el presente asunto

"·.(~

.~·/:~..·~~¡ \~ '

.:.;.:-~.rr.1

de- manera interina,

~<.>: '.~/: •;··.~· .~·

,.

-, al nuevo integrante ; y, '\

'. lf, - ¡.

'· ,

.

C O N S 1 O E -· A N O O:

. ' · PRIMERO.

Este SegLdo

Tribunal Colegiado en

Materias Civil y AdministratiJa del Noveno Circuito,

es

legalmente competente para Jnocer y resolver el presente recurso, de conformidad con loldispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; y, 81, fracción 1, in.biso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo vigente, y 37, frJcción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Feder¿ción, en relación con el Numeral Segundo, fracción IX, núm~ro 1, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del /Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; reformado mediante el Acuerdo General 54/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura


10

A.R.A. 193/2018.

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de diciembre de dos mil quince; en atención a que fue interpuesto contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito, que pertenece a este circuito, donde este Órgano Colegiado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El amparo en revisión administrativo se interpuso oportunamente, en atención a lo siguiente: a) El acto recurrido, se notificó vía correo a la autoridad responsable aquí recurrente el nueve de enero de dos mil dieciocho (foja 293 del juicio de amparo indirecto 800/2017Vlll). b) Notificación que, conforme al artículo 31, fracción 1, de la Ley de Amparo, surtió efectos desde el día en que fue hecha y recibida la notificación. e) Por tanto, el plazo de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al veintitrés de enero de dos mil dieciocho.

~:--r:, _·.~x~

e· -~ . .:,.:;\·)Í .. . . . •" '

d) De dicho plazo hay que descontar los trece, catorce,

.

...,

1,.':':1-

veinte y veintiuno de enero de dos mil dieciocho por ser sábados y domingos, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo. e) El recurso se presentó en la Oficina de Correos de México el

veintitrés

de enero

de

dos

mil

dieciocho;

consecuentemente, debe declararse oportuno, como se aprecia del siguiente calendario: Enero de dos mil dieciocho

••


fORMAl\·55

A.R.A. 193/2018.

11

Al

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PLAZO

PODER JUOlOA

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\

~

29

\

TERCERO. El present

recurso de revisión

se

interpuso por parte legítima, pues Sofía Gabriela Hernández Correa, es DIRECTORA DE ASU TOS J.URÍDICOS DE LA

-

COMISIÓN

NACIONAL

DE

'

... ÁREAS

NATURALES

PROTEGIDAS, autoridad responsa le.del juicio de amparo de

~

origen, como así la tuvo el juez-rerni ente por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dietisi~tJ (foja 135 del cuaderno de .. , .. ·\ v-

a~paro ), su interés leQ~(i~ al ~c+ir en esta vía consiste en ~·

una afectación que .resiente

la ~utoridad en su esfera de

:, . ; , atribuciones comÓ''.entidad.es, podefs u órganos y en razón de .

····AL su especial ,situació~ frente a.l acto ~ue consideren lesivo.

' ERfA!:. : :.~.TIYf-

'v> .·

'

CUARTO. La sentencia recurrida es del contenido siguiente: "PRIMERO. (Competencia) SEGUNDO. Previo al anál sis de la existencia del acto que en esta vía consftitucional se reclama, es

necesario fijar con clafdad cuál o cuáles son éstos para la correcta solución del asunto, como lo dispone la fracción I/del artículo 74 de la Ley de Amparo, cuando esta¡/¡ece que las sentencias que se dicten en el juicilde amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así

como

conducentes

la

apreciación para

de

tenerlos,

las

o

pruebas no,

por


12

demostrados,

A.R.A. 193/2018.

estableciendo

tal fijación

de la

lectura íntegra a la demanda de amparo, debiendo atender

a lo que quiso decir la parte quejosa y no

únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto; así como lo señalado en la jurisprudencia P.IJ. 4012000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. '1 Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que los -queiosos reclaman: a)

La omisión de expedir el Programa de Manejo

y la publicación del resumen y plano de ubicación del área natural protegida de carácter federal, denominada 'Sierra de Álvarez'; y, b)

Al

rendir

sus

justificación,

las

denominadas

Comisionado

informes

autoridades

con

responsables

Nacional

para

el

en la Ciudad de México, Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental y Delegada Estatal de Medio Ambientes

y

de la

Recursos

Naturales, sostuvieron que el acto omisivo que se les reclama, no es de su competencia. Dichas autoridades negaron tener participación de algún tipo en la elaboración del programa indicado en el considerando anterior; fueron terminantes en indicar que la elaboración del mismo, no les está 1

~\~:,1

.... . :.. . ...-

·.~-.1

· -1: ·

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, residente

Secretaría

,

.;

•r

Las consecuencias legales de ese acto.

TERCERO.

r

<·;;_.~~-t.,\'~.: . : ..... . .. -

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época.

". ~ J

~~~· ' ., _.·


FORMAA.55

13

A.R.A. 193/2018.

encomendada en ley alguna, consecuentemente, negaron el acto que se les atribuye, sin que los PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

quejosos hubiesen aportado alguna prueba que desvirtuara dichas negativas. En

consecuencia,

de ·. conformidad

con

lo

dispuesto por el artículo 6_3, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de \

amparo, únicamente respecto de las autoridades .

1

indicadas en el párrafo antehor. CUARTO. Son parcialmen~e ciertos los actos reclamados al Secretario ~e Medio Ambiente y Recursos Naturales, así cbmo al·: -C omisionado v.· Nacional de Áreas Natura/es rcitegid,as. ·. '\ •'·. El primero acep·tó qúe ·_es cie'rta la omisión de ('··

expedir el acuerdo por-. él; · ue se haya dado a

1;obrama de manejo del área ·natural prot~gida . de~ominada 'Sierra de Álvarez'; ~I ségu~d~~t:i~icóqLe no se ha efectuado . . ..., . . ·. . 1

~ conocer el resum,.r • d(l~

. ':-•Al .'. RfA6. : . ::WA

· . :o

la publicación

del Resumen del Programa de

esa fomisió~ ha efectuado.

Man~jÓ>c!el Área de P;otecJión de Flora y Fauna Sierr~ d~'Álvarez y qu~

. las gestiones necesenes para tramitar, elaborar y »;

concluir

el · Progr~ma dJ Manejo, para Juego

publicar y ejecutar el mism~. Entonces, para ..eiecto« Je este asunto, sólo se tendrán por ciertas las/ omisiones que fueron reconocidas por dichas responsables en sus respetivos informes con bustificación.

r

·QUINTO.Previo al análi¡is de Ja constitucionalidad o inconstitucionalidad

acto reclamado, deben

examinarse las causas de improcedencia del juicio

de amparo, por ser de orden público, las aleguen las partes o se adviertan de oficio, de conformidad


14

A.R.A. 193/2018.

con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo2• Al rendir sus informes con justificación, de Ja

Comisión

Nacional

de Áreas

el titular Naturales

Protegidas y la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental presente

del

Estado,

asunto

se

sostienen

actualiza

el

que

en

motivo

el de

improcedencia previsto en el articulo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, constitucional. Lo anterior, pues sostienen que Jos quejosos no tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos aducen sustancialmente que los actos reclamados transgreden su derecho humano

a un medio embiente sano, previsto en el

artículo

4, párrafo

Política

de

derivado

quinto,

de la Constitución

los

Estados

Unidos

Ja

omisión

por

de

Mexicanos,

parte

de

las

autoridades responsables de expedir el Programa de Manejo y la publicación del resumen y plano de ubicación del área natural protegida de carácter federal, denominada "Sierra de Álvarez". Por ese motivo, se debe analizar el alcance del interés legítimo respecto de violaciones al derecho

a un medio ambiente sano. La justiciabilidad

del derecho a un medio ambiente

sano, se debe acotar al hecho de que no toda violación a ese derecho fundamental puede ser exigible

por cualquier

persona

o grupo de la

población.

2

Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. ·

·-.,f • • ~...,.~ ~

-- •. ':.,,~t


FORMAA-55

15

A.R.A. 193/2018.

En efecto, el derecho al medio ambiente sano guarda PODER JUDIOAL DE LA fffiERACIÓN

una

clara

interdependencia

con

\

la

realización de otros derechos humanos y las afectaciones

al

ambi~nte

pueden

repercutir,

aunque de manera difereAciada, en los seres vivos en general.

t:» \

Sin embargo, la

Federal no posibilita

a cualquier individuo . o co rctividad para combatir

=

cualquier acción u - omisión del Estado que pueda . re~u/tar violatoria del refetdo . ~erecho'.

que

exige, al menos, una· eteeteclon cuetiilced«; es '

decir, que se di$,tinga_del in erés con e!, que cuenta '

'

\

el resto de la· pobláción respecto del mandato .

. .

.

.

estatal de lograr la plen .' . ..:.

.-..

''

t~

'

.efiC{JCia del referido ",

derecho fundamenta/.-.-\""~:-:,

,-

~

El derecho a un,,,,;:- medió/ ambiente sano, como ' .

,

cualquier otro· ·&efJcho . undamental, para ser exigible en_-,.,~ /l;J vía. jµrisdic ional, debe atenerse a . .

las bases y lineamien,tos que -esteblece Ja propia '4\L :;itAS

··v1' ·o ?

/_'

Con~titt!~Jón Federal part ello, que en el caso partic'utar del juicio de a¡paro, conforme lo prevé él .srtlcúlo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucion~lidad se siga siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titula1 de un derecho

o de un

interés legítimo índivid~al o colectivo, siempre que alegue que el acto red/amado viola los derechos reconocidos por esti Constitución y con ello se afecte su esfera juríq1ca, ya sea de manera directa

o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

/

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corle ·~

de

Justicia

de

la

Nación,

al

resolver

la

contradicción de tesis 11112013, determinó, entre


16

A.R.A. 193/2018.

otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro

de

comúnmente

la

comunidad

se

ha

-situación

identificado

con

que las

denominadas "acciones populares"-; es decir, dicho interés es el concerniente a todos Jos integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad

en la

esfera jurídica

no

resulta

cualificado, personal o directo. Mientras que el interés legítimo requiere de una afectación a Ja esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo

en su esfera

jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí

c ,

.'

'-

: '· .: : .•• í ·-:o.~

1 •

~

que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En ese sentido, para que exista un interés legítimo, se requiere de Ja existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de Ja persona, apreciada en un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante Jo cual, una

eventual

constitucional

sentencia

implicaría Ja

de

protección

obtención de un

beneficio determinado, el cual no puede ser

• '

,


FORMAA·55

17

A.R.A. 193/2018.

lejanamente derivado, sino resultado inmediato de

.

la resolución que en su\ caso llegue a dictarse. PODER JUDIOAl DE lA FEDERACIÓN

El referido parámetro d~ razonabilidad se refiere a que debe ser razonab\e la existencia de tal

\

afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la 1Ógica que debe guardJr el vínculo entre la persona y la afectación adJcida. Por

ello,

mediante . el \;nterés

demandante

se

encuentra · en

jurídica . identificable,

/egiti':'º' una

. _el

situecton

surgi~a por una- .: relación

específica con ,el. 'Objeto

e la pretensión que

aduce, ya sea por.· una circ nstancitt: personal o por una regulación sectorial

9. 9(f'.Pal, y si

bien la

misma es diferenciada ar}nterés del resto de la

1'

.... 1--,

"'~·

~~

'. o 4...

. :,,.

.

•. .

.-

'

·•\AL ·, ;::1tA!f \YIVA

'.TO :.... p

soci~dad, t~I

=;

q~~a

lde .;

lógica =:

propia e mdepen,,.cpentedJ alg1,1na

conexton o

derivación con dér,~~hos~ukjetivos. Importa

destacar ·~u~ aJn cuanto

el interés

legítimo

~e": 'relaciona,. Jsencialmente

con

la

f

protecclon de intereses cJectivos y, por tanto, ha resuttedo adecuado para ustificar la legitimación a entidades de bese asociativa, lo cierto es que tal

/:

. función no resulta excluiiva, sino que la posición especial en el· ordenJmiento jurídico, también puede referirse a una ~ersona en particular. Esto

es, si bien en una

ituación jurídica concreta

pueden concurrir el i terés colectivo y el interés legítimo, lo cierto

s que tal asociación no es

absoluta e indefecti¿le. Así, resulta posib!j que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individua/, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un


18

A.R.A. 193/2018.

grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Tomando

en

consideración

los

anteriores

elementos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas distintivas del interés legítimo, previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: 1)

Implica la existencia de un vínculo entre

ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso; 2)

El vínculo no requiere de una facultad

otorgada expresamente por el orden jurídico, es

-~, ,.~-:.:~

~-•'j.

decir, la persona con interés se encuentra en

~

aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de

un , interés

cualificado,

actual,

real

'.

~

1

J

! ~ . '.: -.1·

y

jurídicamente relevante; 3)

Consiste en una categoría diferenciada y más

amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo; 4)

La concesión del amparo se traduciría en un

beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea

••


FORMAA·55

19

A.R.A. 193/2018.

actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN

lejanamente

derivado,

\

sino

resultado

inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; 5)

\

Debe existir una afectación a la esferajurídica

del quejoso en un senti~o amplio, apreciada bajo

\

un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto

~s, una lógica que debe

guardar el vínculo entre 1J persona y la afectación aducida; 6) Así, el quejoso tiene u interés propio distinto del . de cualquier . otro go ·¡erna~o,. consistente en que los poderes públicos ac~~en, de conformidad con el ordenamiento. juríd co, cuando con motivo de tales fines se inci"'~· ~· _ n el ámbito de dicho interés propio;

-.

,... / .'

7)

La sttuecion j"'ridica identificable, surge por './··

una relació~ específica con el objeto de la ;;.J.~l d;RfA~ ·:·,\1Wf.

· :~•J;iG .·.L.

l. P

a ce, ya· sea por una circunstencie personal o por una regulación

pretensión

que se

sectorial; · B)>. Si bien en una s tuación jurídica concreta pueden concurrir el in~rés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cifo

es que tal asociación no

es absoluta e indefectible; 9)

Debido a su

onfiguración

normativa, la

categorización de t das las posibles situaciones y supuestos

del

i terés

legítimo,

deberá

ser

producto de la la or cotidiana de los juzgadores de amparo al apli ar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo,

sino

que

contiene

los

elementos

suficientes para adaptarse a diversas situaciones,


A.R.A. 193/2018.

20

así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés; y, 10) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P.IJ. 5012014(10a.), que dice: 'INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO

107,

FRACCIÓN

1,

DE

LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A· considerecion de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos

~r· ~J-~J~~-~ ··~ .. :.

:~ ~!\[. ','

Mexicanos,

establece

que

tratándose

de

la

procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que

no

se

tribunales-,

combatan

actos o resoluciones

quien comparezca

de

a un juicio deberá

ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (/) ser titular de un oerectio subjetivo, es decir, alegar una afectación

inmediata

y directa en la esfera

jurídica, producida en virtud de tal titularidad;

caso de que no se cuente Constitución solamente

ahora aducir

establece un

interés

o (//) en

con tal interés, la

posibilidad

legítimo,

que

la de

será

suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que

,·ti.


FORMAA 55

21

A.R.A. 193/2018.

comparece en el proceso, stn que dicha persona requiera de una fac.ultad otorgada expresamente por PODER JUDICIAL DE LA fEDERACJON

el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la socieded, al tratarse de un interés cualificado, \

actual, real y jurípicamente relevante, de tal forma que 1

la anulación de'\ acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro per~ cierto. En consecuencia, para que exista un interés lekltimo, se requiere de la existencia de ""

afectacióA\ en cierta esf~ra: jurídica

exclusivamente

en

una

cuestion

~no

petritnoniel-,

apreciada bajo un J~rámetro. ~~ i~zonabilídad, y no sólo como una simpl po,s~ijídad, esto es, una lógica que debe guardar /e~ víncúlo entre la persona y la afectación educkie, .•. ante lo cual, una eventual sentencia de? protecc ón constitucional implicaría la , ., ''·-:.~,{~~'

obtención de un

ficio determinado, el que no

~~~I\~·

pued~ ser lejaname te derivado, sino resultado

rro

inmediato de la resol

. r iVA

. L. p

ión que en su caso llegue a

dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categ ría diferenciada y más amplia

.: ... ·~_.

que el interés jurídic , pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés

simple,

est

es,

no

se

trata

de

la

generalización de ui/ acción popular, sino del acceso a /os tribunales co petentes ante posibles lesiones jurídicas a interese jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Jn esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica

identificable,

surgida

por

una

relación

específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una


22

A.R.A. 193/2018.

regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individua/ en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino

que

redunde

también

en

una

persona

determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una

persona

determinada,

en

razón

de

sus

circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de /os diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos

por

esta

Suprema

Corte,

debiendo

interpretarse acorde ·a la naturaleza y funciones del juicio

de amparo, esto es, buscando la mayor

protección de los derechos fundamentales de las personas. 13 En

ese sentido, se puede

concluir que

la

naturaleza especial del derecho a un medio ambiente

sano,

de

manera

alguna

puede

traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquierpresunta violación a dicha prerrogativa subjetivapública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un

3

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo 1, página 61, Décima Época, registro 2007921.

.•

• -1

~- ,_- i .. .

'.\ í


FORMAA-55

23

A.R.A. 193/2018.

concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

simple o jurídicamente irrelevante. Esta

última

consideración

se

adiciona

con

diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así,

las

causas

de

improcedencía

y

sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto,. delimít~n el poder de 10$ jueces . t . . 1

-.

constitucionales. sólo ¡ para, reso.lver casos ¡

o

controversias reales, ~ no a'[l_Ue(las afectaciones generales e hipotéticas

que pueda corresponder a

órganos de otra naturalf!_z)i'· De . ~hí que

pere ;

.

pofe> impugnar

+:

u

om1s1ones estatales.. , que puedan considerarse

:~~:~~

· -·~Rtfk·: - ;·~:\TN1~' ;.: UtTC ·S, L. p.·

••. , 1 ~-

como violatórias al de. echo a un medio ambiente sano, el particular de erá contar con un interés cual~_fica(!o que se distinga del que tiene el resto efe Ja población respe · to a la exigencia general de st1jetar al Estado a la obligación constitucional de

cumplimentar con ll · plena eficacia del referido derecho fundamenta1,. esto es, para el acceso al referido recurso etedtivo es necesaria la existencia de una verdadera a/ectación a la esfera jurídica, ya sea directa ..interJs juridico- o en virtud de la especial situació legítimo-,

pero

frente al orden jurídico -interés siempre

real y jurídicamente

relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública o de cufalquier otra. En efecto, para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de


24

A.R.A. 193/2018.

/os recursos, para cumplimentar con el derecho a un medio ambiente sano, en tanto que de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es inocuo para acceder al juicio de amparo. En ese contexto,

en estos casos el juzgador

deberá determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan al quejoso o grupo colectivo -see o no destinatario de las mismas- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es

decir,

que

conforme a

las

particularidades del caso -y sin perjuicio de que en las etapas

subsecuentes del juicio

se pueda

acreditar la violación al derecho humano al medio ambiente y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio

respectivo 4-,

considere

si

resulta

razonable la existencia de tal afectación,

de tal

suerte que de la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Por

ello,

se

advierte

incumplimiento por parte obligaciones

de

que

el

eventual

del Estado

promover

la

a sus

protección,

preservación y mejoramiento del medio ambiente, no

es

motivo suficiente para

. persona o grupo pueda 4

que

cualquier

acceder al juicio

de

Lo anterior, tomando en cuenta que la protección del medio ambiente goza de una naturaleza particular, en primer término, por la complejidad de prever y probar los efectos que se pudieran llegar a producir, pues para llegar a una evidencia científica se requieren de diversas y numerosas pruebas que pueden abarcar periodos extensos durante los cuales una potencial afectación pudiera tornarse irreversible. En consecuencia, diversos tratados internacionales de los que México es parte han reconocido el principio de precaución conforme al cual, que para que proceda la protección al medio ambiente y a la salud pública basta con un principio de prueba.

,

...


FORMAA-55

25

A.R.A. 193/2018.

amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse ~n agravio diferenciado al resto PODER JUD1CIAL DE LA FEDERACIÓN

de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un inte\és cualificado, actual, real y jurídicamente

relevante, de tal forma que la

anulación del acto ~ue se reclama produce un beneficio o efecto posVivo en su esfera jurídica, ya sea actual

o futuro pero cierto.

En esas condiciones, ·una vez precisados los parámetros para consi erar que un sujeto cuenta con interés legítimo . ara · ejercer la acción de ''·.o;

amparo ,

·en

.

tratá dose

de -.

derechos

medioambientales, ah ra conviene analizar, de \\

.

''

manera específica, si é el caso ~sé debe reconocer

' o no tal interés. a tos q '.ejos. . . :: ...,_ os para instar el juicio de control constitucion ,,,_... -. . .

t

.. .,,.h '.

.

... '·

,.~?

.• .

Los . quejosos sostf~n n esencialmente que los '-./

i:I'

.. . fl

-~

t.:

/~

.

, actos reclam..._~dos tran,greden su derecho humano , a un medio ambiente ~ano, previsto en el artículo

.,... '"JAL

, 1-~RS.&.S · ·.llVA·

;¡íO ,,. L. f1

4, P~[rafo\ quinto, de

1J C~nstitución Política de los

r

EstadÓS UnidQs Mfxicanos, ·•,ómi~ión '"

parte de

derivado

de

la

autorid~des respo~sab'.~s

de expedir el Progr~ma de Mane10y la publlcac1on /

.

del resumen y planJ de ubicación del área natural protegida de carác »r federal, denominada "Sierra de Álvarez". Ahora, atendiendo a los parámetros expuestos, se considera que e

interés que los quejosos J.

Nahum Torres

onzález, Francisco de la Torre

Pérez, Orlando

e la Torre Zárate, Jesús de la

Torres Zárate

María Otilia Rodríguez Bravo

estiman vulnerado resulta cualificado, pues la omisión atribuida a las autoridades responsables, conlleva la transgresión del derecho a un medio


26

A.R.A. 193/2018.

ambiente sano, apreciándose que se encuentran en una especial situación frente al derecho que cuestionan,

en

tanto

que

demostraron

ser

habitantes de la comunidad "Los Matías", del municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, con las constancias

de residencia expedidas por

el

Secretario General del Ayuntamiento de ese lugar, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Y además, demostraron que Ja localidad de "Los Matías", se encuentra dentro del área natural protegida denominada 'Sierra de · Álvarez', pues para tal efecto exhibieron el mapa expedido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se advierte tal circunstancia. En efecto, la pretensión que se plantea en el juicio

. ·. •.7:: {JJ)(J · ., . YAl)f•:

de amparo se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de Ja parte quejosa, en tanto que se advierte una situación

diferenciada, pues se

advierte que Jos quejosos cuentan con un interés cualificado que los distinga del resto de la población respecto ·a la exigencia general de t

sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional

de cumplimentar con la plena

eficacia del derecho a un medio ambiente sano. Aunado a que se aprecia que la presunta afectación ambiental a la que hacen referencia los promoventes, tiene un impacto actual o futuro, pero de realización inminente, en su esfera

· ··

'.·_.

·.·'.:°:'' .:· F·'l.


í-ORMAA·55

27

A.R.A. 193/2018.

jurídica, ya sea por circunstancia personal o por una regulación sectorial PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN

o grupal.

De esa forma, se logra. identificar,

\

bajo un

parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto \

entre el derecho a un medio ambiente cuestionado y

los

quejosos

referido1,

en

verificar

la

constitucionalidad : ~ .lega/idJ\ de los actos de autoridad.

~

.\

En ese sentido, · una eventual concesión del

\

amparo generaría un benefif io en su . esfera jurídica respecto de Ja posiciórl que aducen frente al derecho a un medió am,bíentJ adecuado.

Por otra parte, en rnl~~ión con·~/ quej~so J. lsaías

· ~:;:::á:;os: .: ve:r~:n ¡~::~~:nt: ~7:::: '\~~ ,,

y

•,,~

'+.,,(">

l

.,~....•\ "!s.o

~ :.: .) .P. l"J, . <» ·e

naturalprotegida:Jierr~ 1;:Álrarez", se considera que el interés ·q vhlnerado no resulta .. u{_.~stima 'v' ...

;. .'

\

cualificado,,pues no.se apre ia que se encuentre .

·.,./'~··,

·.~,'\"fERIA!", .• ~r\TIVA

-

-ro .

.

en una especial situación

t. nte al derecho que

cues~iOl'J~, en tanto. alega u a defensa al referido

=:

derecho fundamental de ma era abstracta, con un

/\

.; interés genérico de

a las autoridades para

;::e;:r;:::.n con los mLandatosconstitucionales Es así, ya que Ja -pret nsión que plantea en el juicio de amparo específica

que

refiere a una defensa se

encuentra

estrechamente

relacionada con s~· esfera jurídica, sino a la protección abstrac~a del derecho a un medio ambiente sano, taf y como lo pudiese hacer valer /

cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al juicio.


28

A.R.A. 193/2018.

Se afirma lo anterior, pues no demostró ser residente del área ·natural protegida en mención.

•·

Es decir, no se advierte que cuente con un interés cualificado que lo distinga del resto de la población respecto a Ja exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional

de cumplimentar con la plena

eficacia del derecho a un medio ambiente sano; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. Postura que se sostiene en virtud de que si bien allegó copia certificada de su credencial para votar (f. 28); de la misma se advierte que su lugar de

••

residencia no es el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, sino la capital del estado. Y esa zona geográfica, no se encuentra dentro del área natural protegida que

se ha mencionado.

En esas condiciones, no se logra identificar, con un

parámetro

de

razonabilidad,

un

vínculo

concreto entre el derecho a un medio ambiente cuestionado y el quejoso J. lsaías Zárate de la Torre, sino por el contrario uno de forma genérica, tal y

como

lo

tendría cualquier ciudadano

interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre el referido. derecho y el gobernado, lo cierto es que tampoco

se

logra

identificar

un

agravio

diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes medioambientales.

t'1-:;JNDt :"(

"'·-.''

" ,..,

....... . ,; .. .·'···~ ' •. .._.t.,;-.

C. ·,' .. Y AD;\ Cr 1. i'. r"':,:~:


FORMAA·55

29

A.R.A. 193/2018.

Por lo cual, una eventual concesión del amparo no \

generaría un beneficio en su esfera jurídica PODER JUOIOAL DE LA FEOERACION

respecto de la posición \que aduce frente al derecho a un medio ambient~ adecuado. Entonces, respecto del quejo~o J. lsaías Zárate de la Torre, se actualiza la caus~ de improcedencia prevista en el artículo 61, fracc\ón XII, de la Ley de Amparo, pues no acreditó que ~I acto reclamado le cause una afectación en su elfera jurídica, esto es, no evidenció contar con· un }nterés cualificado, actual y real distinto al. de otr s gobernados; lo que conlleva al sobreseimient

corl · fundamento

en la fracción V del artículo ·63 de la Ley de .

r'

Amparo, solamente respecto

• '·

· I quejoso que se

indicó en este párrafo. ·\, <.. :- , · Por otra parte, el ./;. Secret¿'ri;, d . . . Recursos Naturaíe~;. :sos~uvo ••

caso

. ~·.IAL

·. i~RIA.t~

';v¡..

re

·~·

se

••.

• -. _f./

:

ue en el presente

actualiza· .et. motiv .. de improcedencia ......,·., . . .. previsto en' él artículo. 61, fracción XXIII, en (

relaciórJ. · con el 107, fracción 11, primer párrafo, de ~ '· . la Constitución General de a República, pues en · caso de concederse el ampkro a los quejosos, se violaría el principio de relJtividad que ·debe regir en una sentencia

dictJda

procedimientos.

· /

en este tipo

de

No asiste razón al Secretario responsable. Como se estableció en/ la primera parte de este . / st. cuentan con tn . teres . ceptttuIo, Ios que1os¡s legítimo para promover el juicio de amparo y actúan en defensa/ de un derecho colectivo, supuesto en el q'1l de acuerdo con la tesis 1a. CLXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza tal motivo de improcedencia.


30

A.R.A. 193/2018.

La tesis citada, dice: 'IMPROCEDENCIA

DEL JUICIO DE AMPARO. NO

PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER ACTUALIZA LEGÍTIMO

EN

JUICIO,

LA EXISTENCIA EN

COLECTIVO.

EL

DEFENSA

CUANDO

SE

DE UN INTERÉS

DE

UN

DERECHO

El Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación determinó que para declarar improcedente el juicio de amparo, ·al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho

violado,

debe

realizarse

un

ejercicio

especulativo sobre una posible violación de derechos con la finalidad de determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe hacerse un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y su afectación, para determinar si la autoridad responsable puede repararla. Sin embargo, no es posible alegar la violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello, sobreseer en . el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la educación, pues la aceptación de dicho interés genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso, por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las sentencias como causa de improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 1 o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la obligación de las autoridades de · garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios


FORMAA·55

31

de universalidad, PODER JUDIOAL OE LA FEDERACIÓN

A.R.A. 193/2018.

interdependencia,

progresividad,

en

constitucional,

que

efectiva.

buscar

Así,

indivisibilidad

relación\ con

el

garantiza\ una

/as

artículo tutela

herramientas

y 17

judicial jurídicas

necesarias constituye una oblig~ción para el órgano jurisdiccional

de

amparo,

pa~a

que,

una

vez

identificada la violación a los de~echos humanos, su decisión pueda concretar sus efec os.. s

Al no haberse hecho valer

ás motivos de

improcedencia y no advertirse , e oticio; se debe estudiar el fondo del problema Jurídico planteado por los quejosos J. Nahum

arres González,

Francisco de la Torre. Pérez, Or. ando de la Torre :. ... {

Zérete, Jesús de la Torre Zár- te y María Otilia \.

Rodríguez Bravo.

7¡ ~~;,.

·"

·\ ~·.>·\ ..

'•·

SEXTO. ~s~~cia~~:~nte,:Jos q {josos

~~:;~~~~\ ~ • ''·' /> \\·1 t,;·

~~>-,/:;·.-[.:

r::;:u~;,: , . :,:,.;:·~;..T,~~~·

sostien~n

que la "' 1s10.~ de~~. x. p.edtr el.·Pfífgrama de M. "" y la publ1cac1ondel resumen y plano de ubiceckm del ár~a natUr~1

=r:

d~ carácter tedera1•

denq__mtmida 'Sierre de A/varez', recta el derecho a

· ... J~,:~--~~ .~n

medio ambiente sano, ·

f onsagrado

en el

· erticuto 4 de la Constituci n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideran que tal omisión rasgrede el derecho fundamental destacado, po que el programa de manejo de un área natural protegida, constituyeel instrumento rector de la ~aneación y regulación que orienta el adecuado lnanejo y administración del área natural. Que sin ese programa

e manejo, el área natural

protegida denominad

'Sierra de Álvarez', no se

puede identificary tlatar adecuadamente, como lo

5

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo /, página 440, Décima Época. registro 2009192.


A.R.A. 193/2018.

32

establece el artículo 66 de la Ley General del EquilibrioEcológico y Protección al Ambiente6• Aducen que la falta de implementación y ejecución del

programa de

manejo

del

área

natural

protegida, genera la imposibilidadde controlarla misma, lo que impacta en los derechos la salud, calidadde vida, mínimo vital e integridadpersonal -derechos difusos-. Lo narrado revela que, la parte quejosa acude en defensa del derecho a un medio ambiente sano, pues afirma que la falta de implementación del programa referido, vulnera la colectividad, ya que tienen un impacto negativo en la salud de los residentes del área natural en mención. Ahora bien, el artículo 4 de la ConstituciónGeneral de la República, en la parte que interesa, dice: 'Artículo 4o. {. . .] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente

e~ ·.Ó

,...

sano para su desarrollo y bienestar. El · Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y

r

deterioro ambiental generará responsabilidad para

.fr r, ARTICULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas <lebení contener. por lo menos. lo siguiente: l. La descripción de las características físicas. biológicas, sociales y culturales del área natural protegida. en el contexto nacional. regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva: ll. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambicnta\cs, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas. turísticas. obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias. de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran: 11 l. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones. grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; IV. Los objetivos específicos del área natural protegida; V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área; VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate. La Secretaría deberá publicar en el Diario 'Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.


33

A.R.A. 193/2018.

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la

"

ley.'

PODER JUOlCIAl DE LA FEDERACIÓN

.

El derecho tundementeí. a un medio ambiente sano,

también

se

i

encuentra

reconocido

en

diversos instrumentos inte~nacionales.

\

Al respecto, destaca el Protocolo de San Salvador

\

(Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

eh materia de derechos

económicos, sociales y cultj alesf, que señala: 'Artículo 11 Derecho a un medio ambiente 1. Toda persona tiene derech · a vivir en un medio ambiente sano y· a contar ·e. n servicios públicos ''

básicos.

2. Los Esiedos Partes,' prom verán la protección, \,: -v. preservacióny mej°.~~.mientódll medio ambiente'. En este orden de id~as, resulta que el derecho a

. ,,•...

un medio ""!,biente adecuadjh para el desarrollo y bienestar de · las personas · . que como derecho

··:·~r.L.

.~'.~~uAJ¡

.-nv_."¡,

·:-:-e·

fundairtental 4 . constitucional, , -, consagra el adículo I se desarrolla en dos aspectos, el primero, en un · poder de exigencia y un beber de respeto erga omnes a preservar la sus.ientabilidad del entorno ambiental, que implica la ho afectación ni lesión al mismo

(eficacia

horizJntal

de los

derechos

fundamentales) y, el ¡~gundo, en la obligación correlativa

de las

autoridades

de vigilancia,

conservación y garantÍa de que sean atendidas las regulaciones pertine/tes (eficacia vertical). Al respecto resuttl~plicable

la tesis l.3o.A.17 A

(10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:

7

Protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 1 de septiembre de 1998.


A.R.A. 193/2018.

34

'MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUTORIO, APLICABLES A LOS RIESGOS EN ESA MA TER/A. El principio destinado

conduce a un eccioner

de prevención

a evitar o disminuir riesgos ciertos; hay

identificación plena del factor que produce f!I daño y de éste; en cambio, el principio precautorio se aplica a /os riesgos inciertos, es decir, se desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a Ja existencia y

consecuencias

de

una

determinada en el medio ambiente, elección de

las acciones

o actividad

conducta

preventivas

por Jo que la

se lleva

a cabo a

partir de Ja evidencia científica existente sobre /os posibles impactos de aquélla.

18

Ahora bien, como quedó establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa señala como acto reclamado

de

las

autoridades

Secretario

del

Medio

responsables

Ambiente

Naturales y Comisionado

y

Recursos

Nacional

de Áreas

Naturales Protegidas, Ja omisión de expedir el Programa de Manejo y la publicación del resumen y plano de ubicación del área natural protegida de carácter federal, denominada "Sierra de Álvarez". Por ende, toda vez que el acto reclamado consiste en la falta de ejercicio de facultades de las autoridades,

se

genera

una

presunción

de

inconstitucionalidad que éstas deben desvirtuar. Al

respecto,

resulta

aplicable

la

tesis

1 a.

CLXXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación:

8

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 111, página 2507, Décima Época, registro 2011357.

.... !~·


FORMAA-55

35

A.R.A. 193/2018.

'ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA '

DE EJERCICIO PODER JlJDJOAl DE LA FEDERA00N

DE LAS FACULTADES

\

DE LA ,

AUTORIDAD, SE GENERA\ UNA PRE~UNCION INCONSTITUCIONAL/DAD

\QUE

ESTA

DE

DEBE

El artículo 149 de la Ley de Amparo

DESVIRTUAR.

abrogada prevé que cuando I~ autoridad responsable no rinda su informe con justi~cación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo\ prueba en contrario, quedando

a

cargo

del

qurjoso

demostrar

la

inconstitucionalidad de dicho 1cto, salvo. que sea violatorio de garantías en sí mis o, pues en ese caso la carga de la pruebe: se revie e a las autoridades para

demostrar

.

su -constltuoonelided. .

'

·.

'-

En

esas

condiciones, cuando. en el j i'cio de amparo se reclama que · la :autdÚdafi'no ha . desplegado sus ' ...,,

facultades,

se

:\.. .......

genera'~ u a ""-~-.

• 1

presunción

de

..

inconstitucionalidad:':;¿ue .ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene '., .. el carácter de misivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, '1Al

ue Ja autoridad no ha

realizado.,. algo, por lo que debe acompañar /as pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio

oe.su facultad, esto, en cofcordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de

/

aplicación supletoria, en alención al artículo 2°, de la Ley de Amparo, en el que/se precisa que el que niega sólo está obligado a Jrobar, cuando la negación envuelva la afirmación kxpresa de un hecho, por lo que en este tipo de ¡btos, si el quejoso reclama un

J

hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es contrario. s Respecto

/ de

esa

autoridad quien debe probar lo omisión,

/as

autoridades

responsables sostuvieron que es cierta. 9

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, Mayo de 2015, Tomo r. página 392.


A.R.A. 193/2018.

36

Inclusive, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, exhibió copias certificadas de ocho oficios, a los que se concede valor

" '

probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, de los que se advierte que durante este año, ha realizado diversas gestiones a fin de elaborar el programa de manejo del área natural protegida 'Sierra de Álvarez'. Entonces, aunque la autoridad responsable de que

••

se trata han realizado gestiones acciones para elaborar el programa de manejo de dicha área natural,

lo

cierto

es

que

éstas han

sido

insuficientes para considerar que han desplegado todas las que están a su alcance para procurar el derecho fundamental de un medio ambiente sano como lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Federal.

(""' r.: ,-:" ,

v··-"

.

('

:,. :

~

.

La omisión reclamada subsiste, para efectos de L..• :4 ....

este asunto. En ese tenor, si en el presente juicio no existe prueba en la que conste que se ha expedido el programa indicado por parte de las autoridades

'

responsables, es inconcuso que no han dado cabal cumplimiento a ello, en el ámbito de sus atribuciones. Y debe destacarse que el artículo 1

de la

Constitución Federal, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece deberes a cargo de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para prevenir, investigar, sancionar

• '


37

y

reparar

humanos PODERJUOIOAl DE lA FEDERACIÓN

4

las

A.R.A. 193/2018.

violaciones

10.

/os

a

derechos

\

si no existe elf rograma de manejo del

Entonces,

no se garantiza de forma

área natural en mención,

\

eficaz la no vulneración al\ derecho fundamental a un medio ambiente sano \en dicha protegida;

por ende,

ha quedado

área natural acreditada

Ja

violación al artículo 4 de /~ Constitución Política de /os Estados Unidos

M~xicanos,

en torno a

contar con un medio ambien~e sano en esa zona. Como

criterio

orientadorJ

se

cita

la

tesis

Xl.1o.A. T.4 A (10a.), del Pri1er Trtbimel Colegiado en

Materias

Décimo

Primer

Circuito, )· ~ ..,-~::...·· ...

siguientes:

¡ 'MEDIO

AMBIEN~ffe· · ·AL..; _.• ~ . ..A.

FUNDAMENTAL ÁMBITO ESTATAL,

NAL ·EmAS S.. TIV;\.

:¡~~~

de· rubro

SER

i

POR

Lo ..

y

del texto

UN . DERECHO

,

ROTE.GIDO

_,INTER°'NActoN~L,

DEBEN>SANCIONAR (}OND~CTA

.

'\~~TA.

'1

.1

,.y· de Trabajo 1\ ,,

Administrativa.

Qukj ·

EN

EL

NACIONAL

y

LAS. AUTORIDADES

l

CUiALQUIER

INFRACCIÓN,

U OM/SU?N /EN SU CONTRA. De los

' erticutos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre. DerechJs Humanos en Materia de Derechos

Económicosl

Sociales

y

Culturales

"Protocolo de· San Sálva'dor", así como el 4o., quinto párrafo, de la Constitubión Política de los Estados Unidos Mexicanos, se/ advierte que la protección al

medio ambiente es df. tal imponencie al interés social que implica y justifica) en cuanto resulten disponibles, restricciones para pkservar y mantener ese interés en

• ;

/

10

"Articulo 1o.[ ... ) Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia. el Estado deberá prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".


38

A.R.A. 193/2018.

/as leyes que establecen el orden público; tan es así,

que en el Estado de Michoacán, la Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del Estado, su reglamento y el Programa de monitoreo a vehículos ostensiblemente contaminantes del Estado para el año 2011, están encaminados a salvaguardar dicho derecho fundamental, proteger el ambiente, conservar el

patrimonio

natural,

propiciar

el

desarrollo

sustentable del Estado y establecer las bases para entre otros casos- tutelar en el ámbito de la jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienester, así como prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio natural de la sociedad. Por tanto, el derecho particular debe ceder al interés ·de

la

sociedad a tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cualquier infracción, conducta u omisión que

!~:: -~.~ ·=\iL·· -~.· . :..: ~ ', ~-,!.)(_

atente contra dicho derecho sea sancionada. '11 Consecuentemente, al haber quedado acreditada en autos la

omisión reclamada, se impone

conceder el amparo y protecciónconstitucionala la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables , dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se les notifique que esta resolución ha causado ejecutoria: a)

Expidan el Programa de Manejo del área

natural protegida 'Sierra de Álvarez', el cual deberá satisfacerlos requisitosque ál efecto establece el

11

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1925.


FORM/u\-55

39

A.R.A. 193/2018.

artículo 66 de la L,ey General Ecológico PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON

y

Protectión

reglamento;y, b)

al

del Equilibrio

Ambiente

y

su

\

Lo notifiquen a los solicitantes del amparo.

Finalmente, se estima q¿e no existe causa para

que el efecto de la s!ntencia protectora se extienda

al resto

de los señalados

por los

quejosos en el escrito inic~I de demanda, puesto que en términos del artículc. 77, fracción 11, de la Ley de Amparo, cuando el cto reclemedo sea de carácter negativo deberá

o impli ue una omisión, .

'

.

obligar a la aut tidad

responsable

se a

respetar el derecho fle que 'rtra,te y a cumplir lo que

el mismo

pe o 'el

exija;

cun:~l'.mientoª. la sent~t1fiaf de~erá ser enétisis

mediante

el

=:

resultado del

medio

ordinerio

IJ

de o

extraordina_."io de'. ~~fensa e. se establezca en la ley que lo rige. . . . . : _.-, ...

\

-

.

.

Por lo expuesto, fundado

con apoyo además en

los erticutos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: · P81MERO. Se sobresee ,.·

,

promovido

por

el juicio

J.

de amparo

Torres

González,

Francisco de la Torre Pérez, J. lsaías Zárate de la Torre, Orlando de la Torres Zárate y Marí respecto

arre Zárate, Jesús de la Oti/ia Rodríguez

de las autoridades

Bravo,

y por el motivo

expuesto en el cofsiderando tercero de esta resolución; tambié'¡' se sobresee

el juicio

de

amparo respecto dJJ quejoso J. lsaías Zárate de la / titvo que se indica . Tarre, por eI mo en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. La justicia

de la Unión Ampara y

Protege a J. Nahum Torres Gonzá/ez, Francisco de


40

A.R.A. 193/2018.

la Torre Pérez, Orlando de Ja Torre Zárate, Jesús de la Torres Zárate y María Otilia Rodríguez Bravo, respecto del acto que se indicó en el considerando segundo, reclamado a las autoridades indicadas en el considerando cuarto, para el efecto que se precisa en la parte final del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente." QUINTO. Los agravios hechos valer son del tenor siguiente: "PRIMERO.- VIOLACIÓN AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107 DE LA CONSTITUCIÓN. POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 73 DE LA LEY DE AMPARO, consistente en el PRINCIPIO DE RELATIVIDAD

DE LOS EFECTOS · DE LA

SENTENCIA, que a continuación

se citan para

pronta referencia. Constitución

Política

de los

Estados

Unidos

Mexicanos. 'Artículo

107. Las controversias

de que habla

el

artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas

en materia electoral, se sujetarán

a /os

procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (. .. )

Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hunbieren

solicitado,

limitándose

a ampararlos

y

protegerlos, si procediere. en el caso especial sobre el que verse la demanda. (. .. ) Ley de Amparo.-


FORMAA·55

41

A.R.A. 193/2018.

Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en /os

'

juicios de amparo sólo se ocuparán de /os individuos PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

particulares o de /as persohas morales. privadas u oficiales que lo hubieren sblicitado. limitándose a \

ampararlos y protegerlos, si procediere. en el caso \

especial sobre el que verse la demanda.' Lo anterior conforme al artíc¿lo 107 constitucional las sentencias recaídas en 1Js juicios de amparo no deben hacer pronunciamie~to en forma general .

1

respecto a la Ley o acto que las motivare, .y éstas en todo caso sólo se · ocupa}án de los quejosos que

lo

h.ubieren .' soliclta~o,

Íimitándose

a

1}

ampararlos ; pr~tege~los; si ocedie;~, en el caso . . \ ~ •'. especial sobre el que verse la demanda. '

1

.,

la resolución emitida . Es el hecho rele~ante qu~:en ~ ....... por el A Quo en el juicio 'ile mparo indirecto con

r".. .

1

estadístico Núm:'B00/2017-VII de fecha diecinueve de diciem~r~~de. d';:s ¡,,,¡¡ d i~cisíete,al otorgar el tAL

q1A~ :VP..

ro

L.

p.·

amparo y protección de la Justicia Federal a J. Neñúms-Torres González,

rancisco de la Torre

Pére;, ~;/ando de la Torr1 Zárate y María Otilda R<;>dríguez Bravo, respeclo del acto reclamado,

~· ..

consistente

en

la

de publicación

del

Programa de· Manejo, lo hace para efectos de la expedición

de actos

abstractos

e

impersonales. Esto es que con, la intencia

que se combate, el

Juez de origen otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a I

parte quejosa, a efecto de

expedir el ProgramÍ de Manejo del área NATURAL PROTEGIDA 'SierrÍ de Álvarez', en virtud de que la publicación del resumen del Programa de Manejo, al que obliga el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al


42

Ambiente

A.R.A. 193/2018.

(LEGEEPA), de conformidad

con

el

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

es

un

acto

administrativo

carácter general, el cual no va dirigido

de

ni será

aplicable a una persona o a un grupo de personas, sino

a todos

los

propietarios,

poseedores

y

titulares de otros derechos dentro del polígono del Área Natural Protegida, por lo que se trata de un acto de carácter general, por lo que a todas luces viola el principio de Relatividad de los Efectos de la Sentencia. Así mismo, refuerza lo anterior lo siguiente:

Se entiende como Área Natural Protegida, conformidad fracción

con lo previsto

11 de la

de

por el artículo 3°

LEGEEPA,

que para

mejor

referencia cita a continuación:

'ARTÍCULO 3°.- Para /os efectos de esta Ley se entiende por: l ... 11. - Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre /as que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde /os ambientes originales no han sido sioniñcetivemente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 111.- XXXIX ... ' A su vez, el artículo 3° fracción XI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Protección

al Ambiente

Ecológico y Ja

en materia

de Áreas

Naturales Protegidas (RLGEEPAMANP), define al Programa

de

Manejo

protegidas como:

de las

áreas

naturales

..

...

..

.


FORMAA-55

43

A.R.A. 193/2018.

'Artículo 3°.- Para los efectos de este Reglamento estará a las definiciones qu~· se contienen en la Ley PODER JUDIOAl 0¬ LA FEDERACIÓN

General del Equilibrio Ecotókico y la Protección al Ambiente, así como a las sigulentes: /-IX...

\

XI. - Programa de manejo: Instrumento rector de planeación y regulación que estbblece /as actividades, acciones y lineamientos básicok para el manejo y la administración del área natural p\rotegida respectiva.

reglamentaria d~ las disposici · nes c:le)osartículos 1°, 2 inciso A, fracción V, 4° P.,árrafo 111, 27 párrafo

111; en correlación con el artícJ/o~t3 fracción XXIX ..

~-

G, todos ellos d~ la Corlstit ción Política de los ....

Estados Unidos ·Pi},exic'ario,s, ue se refieren a la preservación \.

y~, ·.v. (testaurac ·ón \·.

del

equilibrio

ecoloqico, ~ así a... la P" tección al ambiente, , ~ como ~ en el territ~rió· nacional y la . zonas sobre las que .......

~Al :=ttA~. IVA

TO

1-.

r~·,

'ª. né!.c:~: ejerce su soberata y ~uri~dicció~. "" disposiciones

son · de orélen publico e interés

· -~qcia/ j.l tienen por: .objeti propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: (

.

't. - Garantizar el derecho di toda persona a vivir en un

medio ambiente adecuadj para su desarrollo, salud y bienestar; 11. - Definir los principios de la política ambiental y /os instrumentos para su a /icación; 111. -La preservación, I restauración y el mejoramiento del ambiente; IV. - La preservació y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;


44

A.R.A. 193/2018.

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación

y,

en su caso, la restauración del suelo, el agua y /os demás

recursos

naturales,

de manera

que sean

compatibles la obtención de beneficios económicos y /as actividades de la sociedad con la preservación de /os ecosistemas; VI. - La prevención contaminación del aire, agua

y el control de Ja

y suelo;

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas,

en forma individual

o colectiva, en Ja

preservación y restauración del equilibrio ecológico

y

la protección al ambiente; VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia

a la Federación, Jos Estados,

ambiental corresponde

el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de

.

concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX G de Ja Constitución; IX-

El

establecimiento

coordinación,

de

inducción

los

y

mecamsmos

concertación

entre éstas y los sectores

autoridades,

de entre

social y

privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

:-.:.:·':

X- El establecimiento seguridad

para

de medidas de control

garantizar

el

cumplimiento

y de y

la

aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella

se deriven, así como para la imposición de las

sanciones

administrativas

y

penales

que

correspondan.'

A su vez· el RLGEEPAMANP establece en su artículo1° textualmente lo siguiente: 'Artículo

1°.-

El

presente

ordenamiento

es

de

observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción,

.• , ... ,; V ( ..,.·. ·~· ! . ~ .

y tiene por objeto reglamentar la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al

L.,

. '


FORMA•\·55

45

Ambiente,

en

lo

. A.R.A. 193/2018.

relativo

al

establecimiento,

administración y manejo \Je las áreas naturales PODER JUOlOAl DE lA FEDERAClóN

protegidas de competencia d~\la Federación.' Al respecto el artículo determina

que

característica

14

de la LEGEEPA

el programa de

de

ser ~ un

manejo

Ja

instrumento

administrativogeneral, abstrafto e impersonal, al establecer textualmente Jo sigtJJiente:

.

,

\

'ARTICULO 44.- Las zonas del\ territorio nacional y aquellas sobre las que I~ Nacióh ejerce soberenie y jurisdicción, en las que los amAientes originales no han sido significativamente alter!dos por la actividad del ser humano, o que requier+·~er preservadas y restauradas, quedarán sujete» ,.a/ régimen previsto en esta Ley y los demás ord~_iiji!_l1ieitos aplicables. '

b

Los propietarios poseedores

I

_..:/A

derechos

sobre"\.. <)ierras; .

titulares de otros

aguas

y

bosques

comprendidos·· dentr~ d~ áreaJ naturales protegidas "JAL .~RlA-~

ílV'"-

-rc

deberán

.. '' .

sujetarse

J

a . las modalidades que de

conforriiidad · con. la presente/ Lev. establezcan los decre~os~or /os que se. constJtuvan dichas áreas. así ,cómo a /as demás previsibnes contenidas en el programa

de manejo. y !,en los programas

de

ordenamiento ecológico qu~ correspondan.' Al ser,

dicho

ordenamiento

general, es decir que }on

de

observancia

la sentencia que se

combate el A Quo oto/ga el amparo y protección de la Justicia Fede~I al quejoso violando el Principio de Relatit/;dad de los Efectos de Ja Sentencia, al orden~r la expedición del Programa de Manejo el cJal es de aplicación general, conforme

a

las

disposicíones anteriormente

señaladas, con lo que se actualiza la hipótesis normativa

señalada

en

el

artículo

107


A.R.A. 193/2018.

46

constitucional, que prevé en su párrafo 11 como ya hemos visto que '... las sentencias que se pronuncien en los juicios de .amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y proteger/os, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda ...

r

Es importante señalar, que efectivamente el concepto tradicional de interés jurídico cambió profundamente a partir de la nueva Ley de Amparo promulgada en abril de 2013, dejando de ser la piedra angular del sistema anterior y dando mayor espacio para el interés de los demandantes. Sin embargo, la nueva ley establece la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

formule

declaratorias

generales

de

inconstituciona/idad a partir dejuicios promovidos por quejosos ordinarios, es decir que si bien si las sentencias se siguen ocupando de individuos particulares, puede llegar a ser procedente hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, sin embargo, esto es una atribución exclusiva de la citada SCJN. El artículo 73 de la citada ley, continúa con el texto constitucional, en el sentido que las sentencias de amparo sólo se ocuparán de los particulares o de las personas que lo hubieren promovido,

limitándose

a

ampararlos,

si

procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Es decir que al expedir el programa de manejo del área natural protegida, 'Sierra de Álvarez' dicho instrumento tendrá la característica fundamental de

ser

de

impersonal

aplicación

general, abstracta

-características

de

la

e ley

reglamentaria- con lo que se violan los preceptos

.....~ ·~}


FORMllA·55

47

A.R.A. 193/2018.

107 constitucional y 73 de la citada Ley de Amparo.

"

PODER JlJDIOAl DE lA FEDERACIÓN

Robustece lo enterior; aplicable por analogía Jo previsto en Ja Tesis Nº~ l.1o.P.87 P (10a.), visible con número de registro\2015811, publicado en el Semanario

Judicial de \la Federación,

Décima

Época, publicada el viernes 01 de diciembre de 2017, que textualmente citb a continuación: 'PRINCIPIO

'

\

DE

LAS

SENTENCIAS. Lo DEC1D1bo EN ÉSTAS

soio

AFECTA

DE

RELA TJVIDAD

. l

LA

I

CONDICION ·.

QUEJOSO, POR LO QU

.

JURIDICA .,

DEL

SUS EFECTOS NO

DEL JUZGADOR AL RESO VER. LA SITUACION DE DIVERSO QUEJOSQ··(c_9sENTENCIADO), AUN ·

CUANDO AMBOS JUICIOS EMANEN DEL MISMO

...,.,_

PROCEDIMl····E·· NTP/~l;NAL JI .PARA LA EMISIÓN DEL ACTO ~· RECLAMADO -< ·. . SE HAYAN . . . . PONDERADO IDÉNTICAS PRUEBAS. Los rículos 107. fracción //,

ó.r.

..~1·:,,. __

r~'

de la _':constitución Política ~e los Estados Unidos " L. •

Mexicanos y 73 de .la Ley

Je Amparo contienen la

llamada -"Fórmula Otero" o g~incipio de relatividad de /os

efectos

de

la

sebtencia

esencialmente en ue /as · ue se

que

consiste.

ronuncien en los

juicios de amparo sólo se bcuparán de /os individuos que lo hayan solicitado. LJ esencia de este postulado radica en que la sentendia que conceda el amparo únicamente

protege

1Js

intereses

jurídicos

del

ue ·oso sin oder reali ar una declaración eneral de inconstitucionalidad. Ej.sto es, destaca el carácter individualista del am}aro, el cual no constituye una defensa directa de la constitucionalidad, sino sólo la del gobernado frente al Estado. En esos términos, aun cuando exista una sentencia de amparo ejecutoriada


48

A.R.A. 193/2018.

pronunciada previamente y emitida en relación con un cosentenciado del quejoso en la que en determinado tiempo se avaló su apego a la Máxima Ley, tal determinación sólo afecta Ja condición jurídica de quien promovió aquella acción de amparo, pero no puede hacer extensivos sus efectos o limitar el criterio del juzgador al resolver la situación de un sujeto diverso, quien con posterioridad demandó el amparo, aun cuando ambos juicios

emanen del mismo

procedimiento penal e, incluso, que para la emisión del acto reclamado (el mismo, en los dos juicios) se haya ponderado idéntico material probatorio, porque de acuerdo con el principio de relatividad, la sentencia dictada en un juicio de amparo sólo es eficaz en relación con el gobernado que Jo demandó; máxime cuando a la fecha en que el órgano de control constitucional se pronuncia, existe diverso desarrollo jurisprudencia/ en materia de derechos humanos, que lo obligan a resolver de forma distinta a la anterior. ' (Cita precedentes).

A su vez reafirma dicha argumentación la Tesis de Jurisprudencia -Nº IV.3o.A.22 K (10ª.), visible en la página 2418 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo

111 que a la letra establece lo siguiente: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA

DE

FORMA

INDUDABLE

Y

MANIFIESTA SI PRETENDE RECLAMARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA, EVENTUAL

EN

RESTITUCIÓN

TANTO QUE LA QUE

HABRÍA

DE

OTORGARSE AL QUEJOSO EN SUS DERECHOS IMPLICARÍA DAR EFECTOS. GENERALES A LA SENTENCIA, LO CUAL PROSCRIBE EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD QUE LA RIGE, AUN CUANDO EL


f'ORMAA-55

49

A.R.A. 193/2018.

QUEJOSO ADUZCA QUE EL ACTO IMPUGNADO TRANSGREDE

PODER SUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

UN

INSTRUMENTO

\

INTERNACIONAL. La figura de la improcedencia constituye un impediment~ para que la acción de amparo alcance su objetivo. En esa virtud, el juzgador se encuentra facultado para ~na/izar si los efectos de una eventual concesión de Ja ~rotección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fi de restituir al quejoso en el derecho que aduce trans redido. Así, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable, como

ecot tece cuando para ello

se violan los .principios rectores del jul<iio de amparo, como lo es el de relatividad que. ige las sentencias en

'" .,

la materia) previsto' en el artí uló 107, fracción 11, párrafo primero, de .la O~nstitLción Política de los '\~ < , Estados Unidos Mexicanós. E

ese sentido, dicha

improcedencia se,tfetualiza; d

forma manifiesta e

/}

V.

indudable !A~ RIA.S . ¡v¡:. · ITC· l. p

si! pretende

reclamarse

una

omisión

legislativa, ~~tanto que 1a ·eJentual restitución que habr~~ · ·d~ . otorgarse al _quejb~o en sus derechos implic~'ría dar efectos general Is a la sentencia, Jo cual · prpscribe el principio de re/a ividad mencionado, aun cuando el quejoso aduzca que el acto impugnado transgrede un instrumento internacional, pues en virtud del reclamo mencion do, no pueden soslayarse las instituciones procesal s existentes en el derecho interno, como son los

rincipios rectores de este

medio extraordinario de efensa.' (Cita precedentes). Lo anterior, en vi ud de que el A Quo no se

...

pronunciasobre I falta de aportaciónde medios de prueba sufici ntes e idóneos que permitan al juzgador llegar a la convicciónplena de que el actor acreditó el interés jurídico sobre la falta de


50

A.R.A. 193/2018.

publicación del programa de manejo. Y no solo ello, sino que a su vez el A Quo se excedió en emitir un fallo sin Ja valoración exhaustiva de los medios probatorios ofrecidos por mi representada y con ello omitió llegar a la convicción plena de que efectivamente (suponiendo sin conceder) la falta de expedición del Programa de Manejo del área

natural

protegida

de

carácter

federal,

denominada 'Sierra de Álvarez' constituye en sí un agravio al derecho constitucional y disposiciones aplicables que de ella emanan, cuya finalidad es la de promover, respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para su

desarrollo y

bienestar, previsto en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, y que dicha situación les genera un daño en su esfera de derechos, cuando existen otros mecanismos e instrumentos jurídicos en la Ley

General del

Equilibrio

Ecológico

y

la

Protección al Ambiente que se han venido aplicando y

que su aplicación

garantiza la

protección. al derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. A su vez, es de resaltar que se excedió el A Quo al emitir la sentencia con el flagrante incumplimiento al principio de exhaustividad y congruencia en las sentencias, al incurrir en la omisión de valorar los argumentos esgrimidos y los medios de prueba aportados por la autoridad responsable en los autos del juicio

de amparo 80012017-Vl/I, al

pronunciarse sobre la falta de interés jurídico del quejoso, siendo que en ningún momento del desarrollo

procedimental

quedó

debidamente

probado de qué forma y grado la falta de publicación del programa de manejo le genera a la

: \1,

. .•.: .: . ~•.

'.

'


FORMAA-55

51

A.R.A. 193/2018.

parte quejosa agravio a su esfera de derechos en cuanto al derecho al disfrutea un medio ambiente \ sano para su desarrollo y blenester consagrado en

'

PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN

el artículo 4 constitucional.\ Con lo expuesto en los puntos anteriores, queda en evidencia que su Usía al ~mitirla sentencia que se combate incurre en el ~ncumplimiento a lo previsto por los artí~ul~s 7~ y 78 de la Ley de Amparo, la cual para pronta . referencia cito a

::~:/o Lo: ef:~t~s. rnces~~~ continuación: 77.

de la

l. Cuando el acto rectemeoo

oe! amparo

si.~ d~ caracter

positivo .

se restituirá al quejoso en_ ~I p/eno ~goce del derecho violado,

.

restableciendo

.\li_s. . ,dosas .

al estado

que

guardaban antes de la· v~·o1~'Ci1· J; y //. Cuando el

act!f~(,..7~~ad~ s . a de

. o lmotique.rune (."'\

cerécter negativo

om1s1on, · 'b/Jgar. a la 1'\,'...... .

' ·.

.

autondad

ya

responsable a respetar (!JI del' cho de que se trate •Al-

~-·\tA~

,.,

\V f:'· ,

'

\..

....

cumpjir lo-.que el mismo exija. °"L

'

En el último

considerando . de Ja sentencia

que

conceda el amparo, el juzga or deberá determinar con precisión /os efectos del

ismo, especificando

medidas que las autorida es o particulares

las

deban

adoptar para asegurar su estricto cumplimiento

y la

restitución del quejoso en I goce del derecho. En asuntos del orden p na/ en que se reclame una orden

de aprehensió

providencias

precaut rías

cautelares restrictiva delitos

o autos que establezcan o impongan

de Ja libertad con motivo de

que la leri no considere

respecto preventiva

de

los

cuales

oficiosa

medidas

no

como graves

proceda

conforme

la

la

o

prisión

legislación

procedimental aplicable, la sentencia que conceda el


A.R.A. 193/2018.

52

amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo

a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará . bajo las medidas

de

aseguramiento

que

el

órgano

jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio

de ley. Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general

la

sentencia

deberá

determinar

si

es

constitucional, o sí debe considerarse inconstitucional. Si se declara la ínconstitucionalidad de la norma general impugnada, /os efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.' Al emitir su fallo, la autoridadjurisdiccionaldebió analizar los elementos aportados en la litis planteada,

tomando

en

consideración la

inexistencia del acto reclamado, toda vez que durante el desarrollo del juicio de garantías, en ningúnmomento procesalel quejoso probó que la supuesta falta de ubicación del programa de

'


FORMAA·55

53

A.R.A. 193/2018.

manejo del área natural protegida 'Sierra de Álvarez' le generaba un daño y así mismo omitió PODER JUDIOAt DE LA FEDERAOÓN

probar el grado del supuesto daño a su esfera de \

derechos; y no so/o eso, siro que su Usía omitió l

pronunciarse sobre la existencie o inexistencia de medios de prueba suñcientes

con los que se

acreditara el interés legal de ~a quejosa, dado que por las razones expuestas líkeas arriba no basta con pertenecer a una comuJidad para aducir al daño al .derecho a un me~io ambiente sano, 1 . . consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, con lo que se viola ~n perjuicio de mi

;::::::::;:d :~ 1::::::~:¡ª 'E:~~:::::::~

y

Refuerza lo esgrimido ~~' ill ~lárrafo que antecede lo resuelto mediante Tesis N . 191458. 1a. X/2000. ,/' . '

'

Primera Sala. NcivénfJÉpoca, visible en la página ' ._, . 191 de la Gaceta' .del Sem. nario Judicial de la '

Federación.

.,

.... J-\

Tomo XII, Agpsto

de 2000, que

textuslmente dispone lo sig'Íiente: 'SENTENCIAS DE AMPA~O,

PRINCIPIOS DE

CONGRUENCIAY EXHAUSflVIDAD EN LAS. De los artículos 77 y 78 de la Ley ¿e Amparo se desprende

f

que los principios de congrJencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de mparo, en esencia, están referidos a que éstas consigo mismas, sino demanda

de

t

amparo

ean congruentes no sólo

mbién con la litis y con la apreciando

las

pruebas

conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones

no

hjchas

valer,

ni

expresar

consideraciones coJrarias entre sí o con /os puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose del juicio de amparo contra leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de /os quejosos,


54

analizando,

A.R.A. 193/2018.

en su caso, la constitucionalidad o

inconstituciona/idad

de

los

preceptos

legales

reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados. ' (Cita precedentes). Esto es que la supuesta omisión de la Autoridad Responsable, al no haber emitido el programa de manejo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación por un lado a todas luces no obedece a un incumplimiento a las disposiciones constitucionales y reglamentarias es decir a lo previsto

por

la

Ley

General del

••

Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente, sino por el contrario dicha situación obedece a que es precisamente en cumplimiento a los términos previstos en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Federal

de

Transparencia y

Acceso

Ley a

la

Información Pública Gubernamental, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Convenio

169 de

la

Organización

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece disposiciones relativas de consulta pública que debe agotarse previo a Ja expedición del Programa de Manejo, estrictamente relacionadas con el derecho humano a la garantía de audiencia a la que alude el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos y argumentos que más adelante se desarrollarán. Asimismo, si bien es cierto el Programa de Manejo, es el instrumento rector de planeación y

.. :.1\fE . •. ,;:; F


FORMAA-55

55

regulación

que

A.R.A. 193/2018.

establece

las

actividades,

acciones, lineamientos b~sicos para el manejo y la PODER JUDIOAL OE lA FEOERAOON

administración

del

área

natural

protegida

respectiva, de contormided con Jo establecido en el artículo 3°, fracción XI de~ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

en

Materia

·dei

Áreas

Naturales

Protegidas (RLGEEPAANP); también lo es que el .

instrumento jurídico

\

del cf!al se derivan los

programas de manejo, es \ia declaratoria del Ejecutivo Federal, por la cual se establece un área natural

protegida,

de . co~formidad

con

lo

preceptuado en el artículo 57 ~e~Jc? Le; General del

Equilibrio Ecológico y/a, Prof céión al Ambiente, existen

los

elementos: '_ ·téinicos

y

jurídicos

suficientes para . l!~var . ~--.ca o la conservación, ...

'•,

.

•t..

~rotección y maft'ei~,'de los kcurso naturales del

t) ...

Area Natural>Protegid!J, con Jo cual no se viola el < . .. . . . ~.

~... }'

derecho humano a un .medio ambiente sano, para su a.<:1etu_ado manejo y ad inistración, hasta en tanto se cuente con su re pectivo Programa de Manejo. Esto es así, puesto que e

la expedición de una

declaratoria de área ne ural protegida, deben

cubrirse los siguientes re~uisitos: 1. Información general e~ la que se incluya: a) Nombre del área proJuesta; b) Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área; c) Superficie; d) Vías de acceso; e) Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 500, y


L__

56

A.R.A. 193/2018.

f) Nombre de las organizaciones, instituciones,

organismos

gubernamentales

o

asociaciones

civiles participantes en la elaboración del estudio. 11. Evaluación ambiental, en donde se señalen: a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende proteger; b)

Razones que justifiquen

el

régimen

de

protección; c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales; d) Relevancia, a nivel regional y nacional, de los ecosistemas representados en el área propuesta; e) Antecedentes de protecckm del área, y f) Ubicación respecto a las regiones prioritarias

para

la

conservación,

determinadas por

la

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 111. diagnóstico del área, en el que se menciones: a) Características históricas y culturales;

f . ~G\j\\;

b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el

.. -. . ~ ·... -·.:r.. .r· ~

'

punto de vista ambiental; e)

Usos

y

aprovechamientos,

actuales

y

potencia/es de los recurso naturales; d) Situación jurídica de la tenencia de Ja tierra; e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar; f) Problemática específica que deba tomarse en

cuenta, y g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio. IV. Propuesta de manejo, en la que se especifique: a) Zonificación y su subzonificación a que se refiere el erticuto 49 del presente Reglamento, de manera preliminar, basada en las características y

·----··

1 ~

...:·

: 1


FORMAA·55

57 estado especies

'

PODER JUDIOAl DE lA FEDERAClÓN

A.R.A. 193/2018.

de conservación

o fenómenos

de los ecosistemas,

naturales que se pretende

proteger; aspectos socioeconomicos desde el punto

de

vista

ambiental '

y,

usos

y

aprovechamientos actuales ~ potenciales de los recursos naturales;

\

b) Tipo o categoría de manejo, tomando en consideración los estudios

ue justifiquen

establecimiento,

a subzonifícación

así como

su

preliminar, misma que deberá ser acorde con lo establecido en los artículos 5 y 51 del presente Reglamento; c) Administración; d) Operación, Y. e) Financiamiento.

.

"'· 1

.: \'"~:~~

. \, ..

~-- Por Jo tanto, l~~,~dtriinistracf ón y m~nejo ~e ~n

,

~

area natural protegida, se puede realizar aun sin

i

contar con/e/ . Pr~";,rama de {Manejo formulado, !l\l R\AS .1Vf..

. .

• '' ~ -, .

f

aunque, por supuesto, el Programa de Manejo

-rro

esta~lel:f!. acciones y metas 1ás específicas, para

. LV

cumplir su función de instrumento rector de ' tflaneación y regulación, y /en consecuencia, las acciones que se han llevado a cabo para coordinar las

actividades

de

con· ervación,

manejo,

protección,

sustentable

y

restauración de los ecos stemas presentes en las áreas

naturales

ejemplificativa del Áre

de

manera

de Protección de Flora y

Fauna Sierra de Álvari z son las siguientes: • Opiniones Técnica/sobre aprovechamientos. • Opiniones sobre (Manifestación de Impacto Ambiental) MIA 's / •

Reuniones

ecológicos.

opiniones

. sobre

ordenamientos


58

A.R.A. 193/2018.

•Atención a contingencias ambientales. • Subsidios. • Operativos de inspección y vigilancia. Asimismo, se cuenta con diversos instrumentos que permiten establecer criterios y políticas claras para

la

conservación

de

los

ecosistemas

presentes en las áreas naturales protegidas, por ejemplo: a) Decretos de Áreas Naturales Protegidas. Son el sustento jurídico de las ANP, que imponen las modalidades de uso y conservación de las mismas, es decir establecen restricciones a las actividades que en ellas se pueden realizar. En el caso específico del Área Natural Protegida 'Sierra de Álvarez' el propio decreto establece regulaciones respecto a las actividades que se realicen dentro del Área Natural Protegida. b) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Reglamentaria de las

·;.:~::.!•~~)· -~ --. , . - -· :-:'li\OC ~

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación

y

restauración

del

equilibrio

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas la preservación y protección de la biodiversidad, así como

el establecimiento y

administración de las áreas naturales protegidas. En el caso específico del Área Natural Protegida 'Sierra de Álvarez' el propio decreto establece

".

f

-

·j

f;, -,-


FORMAA-55

59

A.R.A. 193/2018.

regulaciones respecto a las actividades que se realicen dentro del Área Natural Protegida.

PODER JUDIOAt DE LA FEDERACIÓN

\

e) Ley de Aguas Necionetes» Tiene por objeto regular la explotación, u\o o aprovechamiento de dichas aguas, su distribubión y control, así como la preservación de su c~ntidad y calidad para

\

lograr su desarrollo integral\sustentable. d)

Ley

General

de

Desarrollo

Forestal

Sustentable.- Tiene por objeto regular y fomentar .. .. Ia conservecton, pro eocton, res teurecion,

t\ ..

producción,

ordenación, .. eJ\

=:

manejo y

aprovechamiento de los ecosistemas forestales

~s},.como .'

del país y sus recursos, .

~

~istribuir las

competencia_s:, qu.e en meterle f¿restal, con el fin de

,.,

pr:opiciar el desarrollo,!'?.~~~~ª( sustentable.

.

e) Le General de Pesca,Acua U/tura Sustentables./ . . . ~

Tiene por objeto ~égular,. fo entar y administrar el

1

eprovechemiento de . los (' cursos pesqueros y

')

!

·.J

'

(/" ~.

'\l. .,\AS.· 1Vf.c...

·TO \_. f·

.

acuícolas en el territorio

acional y las zonas

sobre la~ que la nación

ierce su soberanía y

jurisdicción;

así

como

de

las

demás

. d/sposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propicí r el desarrollo integral y sustentable de la pesca f) Ley General de Vida

·i/vestre. - Su objeto es

j

establecer la concurrencta del Gobierno Federal, de los gobiernos municipios

de los Estados y de los

en el á7bito

competencias,

relativa

a

de sus respectivas la

conservación

y

aprovechamiento sulentable de la vida silvestre y su hábitat en el tef

orio de la República Mexicana

y en las zonas /n

donde la Nación ejerce su

jurisdicción. Así como sus Reglamentos.


60

A. R.A. 193/2018.

Acuerdo.Acuerdo

por

el

se

cual

Direcciones Regionales de Áreas Naturales

establecen

nueve

de la Comisión Nacional

Protegidas,

publicada

Diario Oficial de\la Federación

en el

el 20 de julio

de

2007, consultable en la siguiente liga: http:llwww.dof.gob.mx/nota _ detalle.php ?codigo=4 9941b&fecha=20!07120071\ Normas Oficiales Mexicanas. 1. Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT2000,

por

la

se

que

establecen

las

especificaciones para Ja realización de actividades de colecta especies

científica

de flora

de material

y fauna

biológico

silvestres

de

y otros

recursos biológicos en el territorio nacional. Norma

Oficial

201O, protección México de flora

Mexicana

NOM-059-SEMARNA T-

ambiental-Especies

y fauna silvestres-Categorías de

y especificaciones

riesgo

nativas de .

para

su

inclusión,

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 3.

Norma

Oficial

SEMARNAP/SA GAR-2007,

Mexicana que

NOM-015-

establece

las

especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuarios. 4. Norma Oficial Mexicana NOM-05-TUR-2003, que establece los requisitos mínimos de seguridad a que deben sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la prestación del Servicio. 5. Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002, que establece los elementos a que deben sujetarse los guías

generales

localidades Norma

y especializados

especificas

Oficial Mexicana

de

en temas

carácter

o

cultural.

NOM-09-TUR-2002, que


FORMAA·55

61

A.R.A. 193/2018.

establece los elementos a que deben sujetarse los '

guías especializados en 'ectiviaeaes específicas. PODER JUDIOAl DE lA FEDERACIÓN

Norma Oficial Mexicana \NOM-011-TUR-2001, que establece los requisitos de seguridad, información

cuf

y operación que deben

plir los prestadores de

servicios de turismo de aventura. Así mismo,

el cumplimilnto

Instituciones han venido

puntual que las

p/icando de diversos

Instrumentos internacionale

.-

1. Convenio sobre la Diversi ad Biológica.. Celebrado en el año de 1992 entre el Director de la oficina de Normas

lntern cioneles:. y Asuntos

Legales . de· la Organizaci , rr · 'd~ las Naciones . ~ ' . ''

'

'

a Ciencia y la Cultura .

Unidas para la Educación, ,, '

(UNESCO), y entre IOS\paí . \. ,, res integrantes de los que México es pert«; Desta ando la importancia y '•

Ja

,

•. ~

necesidad

cooperación

internacional; regionary m ndial entre los Estados '.···.., ...

!

y las organizaciones

t

~/\L .::R1~·. TIV~ TO

. F'.

y el

inte gubernamentales

sector no gubernamenta_l· · ara la conservación de la diversidad biológica y 1a - utilización sostenible

· de.

sus componentes,

onscientes

de que la

conservación y la utili ación sostenible de la <

diversidad biológica ti nen importancia crítica para satisfacer las ne esidades alimentarias, de ., salud y de otra natural za de la población mundial en crecimiento,

para lo que son esenciales el

acceso

recprsos

a

los

genéticos y

a

las

tecnologías, y la palticipación en esos recursos y tecnologías. Los

objetivos

conservación

el

, e la

citado

Convenio,

son

Ja

diversidad biológica,

la

utilización sostenible de sus componentes y Ja participación justa y equitativa en los beneficios


A.R.A. 193/2018.

62

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso . adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante un financiamiento

apropiado.

Consultable

en

la

siguiente liga: www.gob.mx/semarnatlarticulos/convenio-sobrela-diversidad-biologica-792617idiom=es 2. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la Protección de A ves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos. Celebrado entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos de Norte América, en el que las partes contratantes convienen en dictar las leyes, reglamentos

y

disposiciones

conducentes

considerando que es justo y conveniente proteger a las aves migratorias, cualquiera que sea su origen, en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteamérica para que no se extingan sus especies incluyendo: AJ.- La fijación de vedas, que prohíban en determinada época del año la captura de las aves migratorias y sus nidos y huevos, así como que se pongan en circulación venta vivas o muertas, sus productos y despojos, excepción hecha de cuando procedan de reservas o criaderos particulares y cuando se utilicen con fines científicos, de propagación y para museos, con la autorización

correspondiente. B).- La

determinación de zonas de refugio en las que estará prohibida la captura de dichas aves. C).- La limitación a cuatro meses como máximo en cada año el ejercicio de la caza, mediante permiso de


fORMAA·55

63

A.R.A. 193/2018.

las autoridades respectivas en cada caso. D).- La veda para patos del diez de marzo al primero de PODER JUDIOAt DE LA FEDERACIÓN

septiembre.

~

migratorias casos

en

constituyan

E).- La prohib,ición insectívoras,

con excepción

perjudiqueh

plagas,

de los

l

\

que

de matar aves

1

la

así co~o

agricultura

y

también cuando

procedan de reservas o criad~ros; entendiéndose que dichas aves podrán cap\urarse y utilizarse vivas conforme a las leyes r spectivas de cada país contratante. F).- La proh bición de cazar a bordo de aeronaves. Consultable en /al sigu/ente lig http://www.conanp.gob.mxlco~ 110%2

nJdolpdf/CONVEÑ

OENTRE%2

OLOS%2

OESTADOS%20UNIDOS,,%20M XICANOS%20Y%2 . ' OLOS%2 OESTAD9S%20UN.p f. /

Convención

Reíativa

a

Humedales

de

imoortencie-': Internacional Hábitat de A ves Acuáticas. .

'

Celebrada en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971,

·. ··, /~

•'

• 1

... : ... :;.- .....

"

J

'

.' ~a cual fue. m_odificada segúf el Protocolo de París el,, 3 de diclembre de 19i;

de Regina, el 28 de

agregadas · las Enmiendas mayo de 1987 en la Ciuda

a la cual Je fueron

de París de 13 de junio

de 1994, celébrado entre /et Director de la oficina de Normas Internacionales Organización

1'ª

y Asuntos

de las laciones

Educación, la Ciencia

¡

Legales

Unidas para la

Cultura (UNESCO), entre

autoridades de los países integrantes de los que México es parte.

Dicha Convenció . . / obl1gac1ones, entre

tiene otras:

como

medulares

a) colaborar

en la

convocatoria J/organización de las Conferencias previstas en el Artículo 6; b) mantener la Lista de


A.R.A. 193/2018.

64

Humedales de Importancia Internacional y recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier

adición,

extensión,

supresión

o

reducción de los humedales registrados; c) recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier

modificación

de

las

condiciones

ecológicas de los humedales registrados; d) notificar

a las Partes Contratantes cualquier

modificación o cambio en las características de los humedales registrados, y proveer para que dichos asuntos se discutan en la Conferencia siguiente; e) poner en conocimiento de la Parte Contratante interesada las recomendaciones de las Conferencias en lo que se refiere a dichas modificaciones

o

características de

a

los

cambios

de

las

los humedales reqistredos.

Consultable en la siguiente liga: https:lwww.ramsar.org/sites/defaultlfi/es/documen ts/librerr/ current convention_s.pdf 4. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Aprobada en 1972 por la UNESCO.El objetivo de la Convención es el de promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio mundial,

cultural

y

natural

considerado

especialmente valioso para la humanidad. Por ello, la Convención nace de la conciencia que le (sic) patrimonio está cada vez más amenazado por causas distintas que puede llevar a su total desaparición. También se admite que la protección a escala nacional es incompleta, teniendo en cuenta la magnitud de recursos que requiere. Mediante la referida Convención, los Estados Partes se

comprometen identificar, proteger,


FORMllA·55

65 conservar,

A.R.A. 193/2018.

rehabilitar

y

transmitir

a

las

generaciones futuras el patrimonio situado en su PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

territorio. Cada estado también se promete asignar los recursos tanto materiales, como inmateriales necesarios para esta labor\ de protección. Por protección internacional, la dpnvención establece un

sistema

de

cooperadión

y

asistencia

internacional destinado a secJndar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que despNeguen para conservar

e identificar ese

patrimonio. Para ello se ha . creedo. la O gani~~ción de las Naciones Unidas para la EdJcación,

Ciencia y

Cultura (UNESCO) un ~omit~ lJnt~rgubernamental de protección del patrim{,_níoc¿ltura/ y natural y el Fondo para prote_fción .

'·d~I

Jatrimonio

mundial

·.

cultural y neturet: , · .·. /

~ .... ~~-.

. ·'

Objetivos del-Comité.del Patri onio Mundial:

"f,.,

'2-.

.-

1••

,_ ...

º Alentar los Estados que

Conv_eric{ón a

que . .defina

_'!niversal excepcional para

;:1i, -._¡ __. /

orman parte de la lugares

de valor

incluidos en la

t1$ta del Patrimonio Mundial • Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar a Jos Estados que creen sus propios programas de vigilancia. • Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la sa/vaJuardia de los lugares del Patrimonio Mundial, c~n ayuda del Fondo Mundial, según proceda. • Prestar a los E tados la ayuda de emergencia

'

necesaria para peligro inminente.

lugares que corren


A.R.A. 193/2018.

66

• Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales. La Convención también establece las condiciones

y modalidades de la asistencia internacional a favor de bienes del patrimonio cultural

y natural.

Consultable en la siguiente liga: http:// whc.unesco.orglarchivelconvention-es.pdf

5. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna

y de las Bellezas Escénicas Naturales de

los Países de América. Celebrado entre los Gobiernos de México

y los

Estados Unidos de Norte América, en el que las partes

contratantes

conservar

en

su

convierten medio

ambiente

ejemplares de todas las especies flora

en proteger

•·

y

natural,

y géneros de su

y su fauna, incluyendo las aves migratorias,

en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción, por

cualquier

medio al alcance del hombre, y con la finalidad toral de proteger

y conservar

los paisajes

de

incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias,

las

regiones

naturales de interés estético científico,

y

los

lugares

y

los

objetos

o valor histórico o donde

existen

condiciones primitivas dentro de los casos a que esta Convención se refiere. '·

http:llwww.conanp.gob.mx/contenidolpdf!Convenc ion%20para%201a%Proteccion%20de%201a%20Flo ra%20de%201a%20Faunay%20de.pdf

6. Convención Marco de las Naciones

Unidas

sobre el Cambio Climático. Un

logro

importante

de

la

Convención,

caracterizada por su carácter general y flexible, es que

reconoce

que

el

problema

del

cambio

··• ,-~. . .. r

1•. \

.

·


FORMAA·55

67

A.R.A. 193/2018.

climático es real. La entrada en vigor del tratado representó un gran paso, dado que se disponía de PODER JUDICIAL DE LA fEOERACIÓN

menos pruebas

científicas

que hoy en día (y

todavía hay quienes dudan de que el cambio climático

sea

un

problema . real).

Es

difícil

conseguir que las naciones del 'munao se pongan 1

de

acuerdo

en

planteamiento

algo,

mucho\ menos

en

un

común ante una \dificultad que es

compleja, cuyas consecu,encias

son totalmente

sus efectos més graves

claras y que producirá

e inclulo siglos ..

dentro de varios decenios

1

'

La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día cuenta con un númlro de miembros que la hace casi uni'~ersal~. Lks denominadas «Partes en la ConvenciQ~>> son 11 s 197 Partes que ' '- .

......_

la han ratificado. ~

... -.

La Convención reconoce que .

s un documento

·./'

«marco», es/decir, un texto qu debe enmendarse ....... :

·

o desarrollarse

con

el tie po para

que los

esfuerzos frente al ·calentamie to atmosférico y el . . cambio climático pueden ori ntarse mejor y ser •

..

••

'

1

~.

~

o-.

.,

más eficaces La primera a ición al tratado, el Protocolo de Kyoto, se apro ó en 997. Consultable

/

en

la

liga:

httpllunfccc.intlortalespan¡11inormacion

'_básica/la

_basicalla_convencionlite'fsl 6196. php 7. Convención lnteramer¡cana para la Protección

Conservación de las Torlugas Marinas. Tratado intergubernam~ntal legal para Americano

que

10)

que provee el marco

países del

tomen ácciones

Continente

en favor de estas

especies, constitu/e un esquema multilateral cooperación marinas,

para abre

la la

protección posibilidad

de

de

tortugas de

su


A.R.A. 193/2018.

68

aprovechamiento sostenible y se plantea como alternativa

a

las

sanciones

comerciales

.....

unilaterales. La Convención entró en vigor en mayo de 2001 y cuenta en febrero de 2010 con trece Partes contratantes (Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Países

Bajos,

Panamá,

Perú,

Uruguay

y

Venezuela). México firmó la Convención en diciembre de 1998. La Convención entró en vigor en mayo de 2001, proponiendo a la región de américa latina la '

negociación y suscripción de este instrumento a fin de contar con un mecanismo de carácter multilateral para la protección de las tortugas marinas, y con ello evitar la aplicación

de

sanciones comerciales unilaterales a la pesquería del camarón habida cuenta de que la legislación en Estados Unidos vincula la protección de las tortugas

marinas y

el

uso

de dispositivos

excluidores de tortugas marinas (DETs) con dicha pesquería. Consultable en la siguiente

liga:

www.gob.mx/semarnatlacciones-yprogramaslconvencion-interamericana-para-laproteccion-y-conservacion-de-las-tortugasmarinascit 8. Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención Relativa

a

los

Humedales

de

Importancia

Internacional Esencialmente como Hábitat de A ves Acuáticas. Llevado a cabo a través del DECRETO de promulgación de las enmiendas a los artículos 6 y 7 de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como

.: y.•


FORM/\/\-55

69

A.R.A. 193/2018.

hábitat de aves acuáticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación e1;28 de enero de 1993, por PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

'

el Lic. Carlos Salinas De Gortari, en ese entonces ''

Presidente Constitucional de los Estados Unidos \ i

Mexicanos. Consultable en lfl siguiente liga: \

htt:www. do.gob.mxlnota _ detalle.php ?codigo=4741 04&fecha=28 011993

\

9. Protocolo que Modifica la €onvención sobre los Humedales

de

lmporta~cia .

1

Internacional

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Celebrado en París el 3 de _diciembre de 1982, entre

el Director . de la

Internacionales

y

oficina -. de Normas

Asunto+ · ~egales

de

la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y.J~ Cul1ura

países integrantes _de los que /,'\ ;''•

~ ''

-.

· . ''... .:.

.

'w'' •

;."¡

~~ ~ t

~,~: -:"-.:::.,.:

.~ ;, ~ .1 ~

éxico es parte. Las

Partes Contratanté$. · se ase urarán de que los

'·"~t..

.

(UNESCO),y los

1

" '' ' :

responsable$ de la gestión · e tos humedales en ~:. , ....,, . -;'

todos

los

· ..

niveles, · . se·

de

las

• ~··,

recomendeclones de dichasJ onferencias sobre la

'

\

'

~ .. r

. -

.

. conservación, ordenación L uso racional de los humedales y su flora y fauna, y las tengan en cuente,

Consultable

e~7

la . siguiente

liga:

http://portal.unesco.org!enkv.phpURL_ID=15401&URL_OO=O TOPIC&URL_SECTION =201.html#1 1 O. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Con enio sobre la Diversidad Biológica. Se completó el te to del Convenio sobre la Diversidad Biológi9

en Nairobi en mayo de 1992 y

éste quedó abierto a la firma el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el


70

A.R.A. 193/2018.

Desarrollo (UNCED).El Convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Hoy en día, el Convenio es sin duda el principal instrumento internacional . para todos los asuntos relacionados con la diversidad biológica. Proporciona un enfoque completo y holístico para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes del uso , de los recursos genéticos. Uno de los asuntos de los que trata el Convenio es el de la seguridad de la

biotecnología. Este concepto

atañe a la

necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles efectos adversos de los productos de la moderna biotecnologla. Al mismo tiempo, se reconoce que la biotecnología moderna tiene un gran potencial para promover el bienestar de la humanidad, particularmente en cuanto a satisfacer necesidades críticas de alimentación, agricultura

y

cuidados sanitarios. 'consultable' en

la siguiente liga: www.conacyt.gob.mx/cibiogemlimageslcibiogemlc omunicacion/publicacioneslcartageha-protocoloes.pdf En ése mismo orden de ideas, se estima de vital importancia llamar la atención de su Señoría en cuanto a que por sentencia de fecha 03 de febrero de 2016, dictada con motivo del amparo en revisión 77912014,la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido expresamente que en tratándose del derecho a un medio ambiente sano, NO TODA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE SER EXIGIBLE POR CUALQUIERPERSONA O GRUPO

· .. ~: .: ~ "')( . ;'


FORMAA·55

71

A.R.A. 193/2018.

DE LA POBLACIÓN, esto es, que el interés legítimo para acudir al juicio de amparo en tutela

...

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOON

de tal derecho humano al medio ambiente sano no puede ser detentado por . cualquier persona o

.oue resulta necesario

grupo de la población, sino

\

acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociidad al tratarse de un interés

cualificado

actual

rear

·urídicamente

relevante. de tal forma que I~ anulación del acto 1 ue se reclama roduzca u beneficio o . efecto positivo en su esfera . jurídi a va sea actual o futuro pero cierto. La parte

1

·. . '

e la sentencie que

resulta aplicable a los extre os antes señalados ', .... se cita a continuación: . '(. . .)

1. 2.

·\

.···~.

. ......

..

.

Alcance

del/" interés. /. gítimo respecto de . . · ,..... violaciones al derecho a un edio ambiente sano. ..··

Respecto 8 l~justiciabilidad!d) derecho a un medio

""'-':" ...

<',~

1

:... '-~, .. i~·;.

)

'

~.. ~ -. .. '

/

.

.

. ....... ~ ..~·

/

• :· ..:,'/\~.

ambiente sano, se debe repa ar· en . el hecho de que no toda' violación

a ese defí cho fundamental uede

ser

ersona o

· población. En efecto es claro que el derecho al medio ambiente sano guarda una clara/ interdependencia con la realización de otros de chos humanos y que las afectaciones al ambient

pueden repercutir, aunque

de manera diferenciada en los seres vivos en general. Sin embargo, la Con titución Federal no cual uier individuo o colectividad

osibilita a

ara combatir

cual uier acción u omisión del Estado

ueda

resultar violatoria al menos una a~ ctación cualificada es decir

ue se

distinga del interés con el que cuenta el resto de la


A.R.A. 193/2018.

72

población respecto del mandato estatal de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. El derecho a un medio ambiente sano, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional,

debe

atenerse

a

las

bases

y

lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traduce

en

que

dicho

medio

de

control de

constitucionalidad se siga siempre 'a instancia de parte agraviada', teniendo tal carácter 'quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individua/ o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución

v con ello se afecte su esfera jurídica. ya

sea de manera directa o en virtud de su especial

situación frente al orden jurídico. ' Al respecto, el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de

tesis

11112013,

determinó,

entre

otras

consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad identificado

-situación con

las

que

comúnmente

denominadas

se

ha

'acciones

populares'-, es decir, dicho interés es el: 'Concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo'. Mientras que el interés legítimo: 'requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio'

. .. ~ ,. _


FORMAl\-55

73

A.R.A. 193/2018.

Lo anterior, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación PODER JUD!OAL DE LA FEDERACIÓN

parlicular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo 'implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se clama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica', ya sea actual o '

futuro pero cierlo. De ahí que ~sta titularidad potencial '

de una ventaja o utilidad ju'lídica, 'requiere de un interés actual v real', no hi~otético, pues ello se encontraría referido a un interé~~ simple. En ese sentido, para que existJ un interés legítimo, se

'

requiere de la existencia de cierta, afectación en la esfera jurídica de la persoJa, apreciada bajo un parámetro de __razonabilirf~d,.¡ y no sólo como una simple pos1b1/Jdad~/'. ._ ante . · I?

cual,

una

eventual

sentencia de protecpión coJstitucional implicaría la . ,/

obtención de- ·un beneficio

eterminado, 'el cual no

uede ser le 'enemente

sino resultado

inmediato de la resolución º;

...

.••

:--• ·~)

',.• . '""" .;-:.

)\!!•;.

dictarse'. Habida cuenta qle el referido parámetro de

J •

.

. ... . .

ue en su caso lle ue a

..

razonabilidad se refiere

¡f que debe ser razonable la

existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica qu1 debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Tomando en considerJción los anteriores elementos, el Tribunal Pleno deisla

Suprema Corle de Justicia

de la Nación sostuvo que las notas distintivas del interés legítimo, prjvisto en Ja fracción I -de! arlículo 107 constitucionaifson las siguientes:

' ... /. Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos

funda}nentales

comparece en el proceso.

v

una

persona

que


A.R.A. 193/2018.

74

11. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente

es decir. la

por el orden jurídico.

persona

con interés

expresar

un agravio

se encuentra diferenciado

en aptitud

de

al resto de los

integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. y más

111. Consiste en una categoría diferenciada

amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por Jo que no se

exige

acreditar

la

afectación

a

un derecho

subjetivo. IV. La concesión

del amparo se traduciría en un

beneficio jurídico en favor del quejoso. es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica ya ·sea actual futuro

pero

cierto.

mismo

que

no

puede

o

ser

lejanamente derivado, sino resultado inmediato de Ja resolución que en su caso llegue a dictarse.

a Ja esfera jurídica del

. ~ .]it°'i·.· '~::·

quejoso en un sentido amplñio, apreciado bajo un

~· ·~.

V. Debe existir una afectación

parámetro

de razonabilidad

v no solo como una

posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. VI. Así, el quejoso tiene un inter'res propio distinto del que cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes

públicos

ordenamiento

actúen

de conformidad

con

el

jurídico, cuando 'con motivo de tales

fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. VII. La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que

se aduce ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.


f0RMAA·5&

75

A.R.A. 193/2018.

VIII. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés PODER JUDIOAL DE LA FEDERACJON

legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. IX.

Debido

\

a

su

configurJción

normativa.

la

categorización de todas las pdsibles situaciones v supuestos del interés legítimo. de~erá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. E\

decir, el criterio

contenido en la presente sentenc ·a no constituye! un concepto cerrado o acabado sobr el interés legítimo, sino que contiene los element s suficientes para adaptarse a diversas situecione · , . así como notas ~ .... :. '\

,.

distintivas para no confundirse · on otros tipos de interés.

'\

X. Finalmente, ...

" . ... ·'

-,

et ; interés de e responder a la /.

naturaleza del pro"éesQ· del cual orma parte, es decir,

~

el interés legítimo requiere

s r armónico con la

dinámica y alcances del juiclo d amparo consistentes en la protección de los derecho fundamentales de las . _.'.,·. '. ;,¡,·.

·, · :.::·i·o

·e

'. ., p

personas.' L.as anteriores considerac ones

se encuentran

f

plasmadas en la jurisprudencia P.IJ. 5012014 (10a.),

intitulada: 'INTERÉS PARA

JUIC!O

LEGÍTIMO.

EFECTOS

DE

Y ALCANCE

JA PROCEDENCIA

DEL

DE AMPARO /(INTE~PRETACIÓN

DEL

ARTICULO

, 107,

CONSTITUC/ON UNIDOS

CONTENIDO

'JRACCION

POLITICA

MEXICAN~).

DE

/, LOS

DE

LA

ESTADOS

A consideración de este

Tribunal Pleno de -;~!suprema Corte de Justicia de Ja Nación, el párrafo .,/,imero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece

que

tratándose

de

Ja


76

A.R.A. 193/2018.

procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de

"

tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá

\

ubicarse en alguno de Jos siguientes dos supuestos: (/) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (//) en caso

de que no se cuente con tal interés, Ja

Constitución ahora

establece

la

posibilidad

de

solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un

agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica exclusivamente

en

una

cuestión

-no

patrimonial-,

apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida,

ante lo cual,

una eventual

sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a

: ·--'?:~< ~-;._.:,: \: :.J


FORMAA-55

77

A.R.A. 193/2018.

dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplía

PODER JUDICIAL DE lA FEDERACION

que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés

simple,

esto

no

es,

se

trata

de

la

generalización de una acción popular, sino del acceso a /os tribunales competentes ante posibles lesiones '

jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta ló~ica, mediante el interés legítimo, el demandante se enbuentra en una situación jurídica

identificable,

surgi¡a

por

una

relación

específica con el. objeto de '!.pretensión que aduce, ya sea por una c1rcunstan]a, personal o por una regulación sectorial o grupal, orló que si bien en una situación jurídica concrete']: eden concurrir el interés ··-.

colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que />

tal asociación no

,·' .. '.

es ebsoíu

e indefectible; pues es

factible que uh juzgador se ncuentre con un caso en ,..... '

~..

~·:

: ·.)

,

~.

'· ·

el CU()/ exista

·.···

~

•.

. . · . .,.. ~·~ •,

.'

"

que, . la_'·, afectación ~.

··~(,!.,.-;.. .

un interés /egí imo individua/ en virtud de ....

, ''=•"

o

po icion especial frente al

ordenamiento jurídico, s a una situación no sólo ccmpenide por un grupo formalmente identificable, sino

que

redunde

determinada que no

en

una

persona

ertenezca a dicho grupo.

Incluso, podría darse el upuesto de que la afectación redunde de forma excf'usíva en la esfera jurídica de una

persona

deten/ninada,

en

razón

de

sus

circunstancias espedticas_ En suma, debido a su configuración norm/tiva, la categorización de todas las posibles situLbiones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de

J

/os diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha

figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos

por

esta

Suprema

Corte,

debiendo


A.R.A. 193/2018.

78

interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio

de amparo,

esto es,

buscando la mayor

protección de /os derechos fundamentales de las personas.' En ese sentido, es dable colegir que la naturaleza especial el derecho a un medio ambiente sano, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta

para

que, por

cualquier

presunta

violación a dicha prerrogativa subjetiva pública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo

un

concepto

jurídico

mediante el cual se

exige al quejoso que

demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Esta última

consideración

se

adiciona

con

diversas reglas especiales contenidas en el resto de

las

fracciones

de

la

misma

norma

constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales,

v

no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que para poder impugnar acciones y omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias al derecho a un medio ambiente sano el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental, esto es, para el acceso al

•••

,.:..."'


FORMl\A.55

79

A.R.A. 193/2018.

referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica ya PODER JUDIOAl DE lA FEDERACIÓN

sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-,

pero

siempre

real

y jurídicamente

relevante ya sea de índole profesional, de salud pública o de cualquier otra. En efecto, para cualquier ciudaqano tiene especial 1

1

relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, h~sta el máximo de . 1 . los recursos, para cumplimentar¡ co~ el derecho a

un medio ambiente sano, en tan10 de ello depende poder

contar

con . un

\(e~~,~ero estado

de

bienestar completo, sin embari · a menos de ue \

cuente con al una · afectación cualifi ue al resto de , /·

/iJ-~-

ue lo- distin a

oJlación

tal interés

'' acceder I ·uicio de am aro. sim le es inocuo', ara En ese contexto, ,~n estos fcasos el juzgador deberá determinar si . las acciones u omisiones

.,.

:

.

~· . 4'1

imputadas al Estado i;,,pactaf al quejoso o grupo

;•, ·.•.;, 1,1\L r

~-- ·RIAS-. ··.~·_v;.

•.

N .. ." ...

'

,.

~ _..ro·

s.v. F'

colectivo -sea o no destinatario de las mismas en

un .grado

I

-

suficiente para afirmar que genera una

afectación jurídicamente ref vante; lo cual implica un escrutinio de razonabilitlad y no sólo de mera probabilidad,

es . decir,

que conforme

a las

particularidades del caso y sin perjuicio de que en las etapas subsecuent s del juicio

se pueda

acreditar la violación al derecho humano al medio '

ambiente y el alcance 'de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio

/

respectivo,

considere

si

resulta

razonable la existehcia de tal afectación, de tal

V

suerte que de la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado.


A.R.A. 193/2018.

80

Por ello, se colige que el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover

la

protección,

preservación

v

mejoramiento del medio ambiente, no es motivo suficiente para que cualquier persona

o grupo

pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado ~I resto de los

demás

integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevantes, de tal forma que Ja anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera . jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En esas condiciones, una vez precisados los parámetros para considerar que un sujeto cuenta con interés legítimo para ejercer la acción . de amparo

en

tratándose de

derechos

medio

ambientales, ahora conviene analizar, de manera específica, si en el caso en concreto, a la luz de los agravios formulados por la recurrente, el Juez de Distrito debió reconocer o no tal interés a Ja quejosa para instar el presente medio de control constitucional. '(. . .) Al tenor de Jo expuesto. para que en un juicio de amparo pueda abordarse el análisis de violación de sus garantías constitucionales

con la simple emisión

de un acto administrativo -aun de observancia general obligatoria- en un pretendido interés legítimo. debe quedar plenamente justificado por el quejosos. que verdaderamente resintió un perjuicio en su esfera de derechos, ya con su sola emisión. o con motivo de un

-

'

~EC';.;;~~ .\O

.... f.


FORMAA-55

81

A.R.A. 193/2018.

acto de aplicación, siendo que en la especie dicha circunstancia no quedó acreditada. PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN

Y no basta -se insiste \n

ello- con que la impetrante

de garantías ~duzca un ~erecho

a un medio ambiente

sano para su desarrollo \ bienestar, y que el estado

f

deberá garantizar el respe\o ~ este derecho. pues a la

par de que con relación a 110 estamos en presencia de un concepto jurídico indeterminado, lo cierto es que

\

.

ese derecho es ca-natural a cualquier persona, pues evidentemente ""'. derecho

·•

J¡res

los

y la necesidad

humanos·

""?"

de contar y ejerciter

tal

prerrogativa al ser una cuesJ(ón de cerécier vital

-es

decir, que la vida mis"!ª deP¡e~~e. pe

pero ello

d

uiCINTERES SIMPLE

Pé!,(~:~~

redilarse éste último es

solo denotaría la ·existencia Y NO LEGÍTIMO, pues

r:

menester que se ·q(!m,µestte cuál sería el beneficio ·'

real, objetivo,

verífiqable. y cietio

que el quejoso

obtendría con· la .·sentencia re ·.- aradora, exigencia que .......... . (

deviene

..

no de

.

una

--_

-.

apre iación

responsable, sino del propio ; ·;;:;euNi •.. ~.

'

. ·: M'.. ;:EAt · ~,:;; --,.,._. ·. ::~·\T\Vr :..

, ..

',;:re:

. :; L P

propia

de

esta

rtículo 107, fracción l. de

nuesire Carla Magna, el cua , como ya se dijo, señala que el juicio de amparo

se seguirá SIEMPRE a

instancia de parle agravia a, y que tratándose tanto de interés jurídico como legítimo requiere que se cause una AFECTACJÓ

A LA ESFERA JURÍDICA

de la quejosa. Así /as co as, aun cuando estemos en presencia del derecho

a gozar de un medio ambiente

sano para el desarrollo y bienestar de la quejosa, sí resulta necesario e ind spensable la satisfacción de Ja carga probatoria de

e dicha impetrante demostrara

de qué manera, de ivado de su especial situación frente al orden jurídico, la concesión del amparo se traduciría en un beneficio real, actual; verificable y cierto en su esfera jurídica, y diferenciado del resto -


A.R.A. 193/2018.

82

extremo probatorio que no es demostrado- pues de no ser así nos llevaría al absurdo jurídico de que cualquier persona pudiese incoar la instancia de control constitucional, pues todos tenemos derecho de gozar de tal medio ambiente sano y el benefició sería de carácter ambiental, pues la especial situación frente al orden jurídico sería Ja existencia misma del pues

ouejoso,

requiere

de

tal

prerrogativa

constitucional para subsistir, situación que sería inadmisible, pues rompería con la exigencia de la acreditación de tal requisito de procedibilidad. En ese mismo orden de ideas al determinar el A quo en la sentencia que se combate lo siguiente: "...

atendiendo a los parámetros expuestos, se

considera que el interés que /os quejosos J. Nahum . Torres Gonzá/ez,

Francisco de la

Torre Pérez,

Orlando de la Torre Zárate, Jesús de la Torres Zárate y María Otilia Rodríguez Bravo estiman vulnerado resulta cualificado, pues la omisión atribuida a las autoridades responsables, conlleva la transgresión del derecho a un medio ambiente sano, apreciándose que se encuentran en una especial situación frente al derecho que cuestionan, en tanto que demostraron ser habitantes de Ja comunidad "Los Matías", del municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, con /as constancias de residencia expedidas por el Secretario General del Ayuntamiento de ese lugar, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de Jos. arlículos

129 y

202

del

Código

Federal

de

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ja Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Y además, Matías",

se

demostraron que la localidad de "Los encuentra dentro del área natural

protegida denominada "Sierra de Álvarez", pues para

••


FORMl\A-55

83

A.R.A. 193/2018.

tal efecto exhibieron el mapa expedido por el Instituto

y Geografía, en el que se

Nacional de Estadística PODER JlJDIOAl DE LA FEDERACIÓN

advierte tal circunstancia. En efecto, la pretensión que se-plentee en el juicio de l

amparo se refiere a una defensa específica que se \ encuentra estrechamente relacionada con la esfera

\

jurídica de Ja parte quejosa, en tanto que se advierte una situación diferenciada, pues\

se

advierte que

los

quejosos cuentan con un interés cualificado que los distinga

del resto de la poblaLón respecto

a la

exigencia general de sujetar al EAtado mexicano a la obligación constitucional de cumptl¡neniar con la plena

eticecie del

derecho a un medio ambiente sano. .

·,

t -,

'·'

Aunado a que se aprecia que la·. iesunie afectación ambiental a la que hacen"'~&~~renc a /os promoventes, tiene un impacto actual o futuro, inminente,

en

su -~ esfera

ero de realización

jurí ica, .

circunetencie-persone! o por una

fi

ya

sea

por

gulación sectorial o

grupal ... '

o "T:'.· ~~:.:.;.t..l-\~

•..

.

-4 ".

i ......

Por Jo ·anterior (sic) expuesto es de advertir la

~

!:·.~J:;. .....

. grave · om1s1on por parte / del A

.· 1. J

.

Quo

de

pronunciarse, .en los autos dkl juicio de amparo 80012017 - VIII, sobre la auseJcia de la aportación arte de la

ue 'os« dJ medios

robatorios

idóneos conclusión de la existen · ia indudable de una resunta afectación o

acto actual o

futuro de realización

en su esfera

uuialc« de la

!

ue ·osa o refer ncia a un

osible im acto

actual o futuro es qu el Juzgadorse apova para llegar a la conclusión de la citada presunción, cuando dicha figura de la presunciónconstituyela '... operación lógica mediante la cual, partiendo de un


84

A.R.A. 193/2018..

hecho conocido, se llega a la aceptación como existencia de otro desconocido o incierto', siendo que su Usía omite mencionarbasado en que operación lógicallega a dicha conclusión. Lo anterior, suponiendo sin conceder que si el juzgador pretendiera considerar que la falta de expedición del Programa de Manejo sea óbice para la conservación de las especies endémicas v biodiversidad que habitan en el área natural protegida denominada 'Sierra de Álvarez', resulta totalmente falso v a todas luces improbable, esto en virtud de que como lo prevé el artículo 8 del Reglamento de la Lev General del Equilibrio Ecológico v la Protección al Ambiente en Materia

de Áreas Naturales Protegidas: 'Articuto 8°. - La administración y manejo de cada una de las áreas naturales protegidas se efectuará a través de un Director, el cual será nombrado de acuerdo con las siguientes bases: l=Le

Secretaría, a través de la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas, emitirá una convocatoria en los diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa donde se ubique el área natural protegida de que se trate, con el fin de que las personas interesadas propongan candidatos a ocupar el cargo; 11. - Los candidatos deberán tener, en todo caso, experiencia en: a) Trabajo de campo relacionado con el manejo y conservación

de

recursos

naturales

en

áreas

naturales protegidas, por lo menos durante dos años; b) Capacidad de coordinación y organización de grupos de trabajo; e) Conocimientos de la región; d) Conocimientos de la legislación ambiental, y


í·ORMAA 55

85 e)

Conocimiento

productivas PODER JUD1CIAl DE LA FEDERACIÓN

que

aprovechamiento

A.R.A. 193/2018.

en actividades

económicamente

se

con

relacionen

el

uso

y

de recursos naturales en el área

natural protegida de que se trate. '.

111. - Las propuestas recibidas se1án presentadas

al

Consejo para que éste, a su vez, seleccione a tres de

y

los candidatos,

IV. - La terna será sometida

a la consideración del

titular de la Secretaría, quien elegí~. al candidato que ocupará el cargo.

=:

En los casos en que la Secret · ría lo considere necesario, p~étr~Q~~,brar a un mis¡_o'

para la

edministrectón y meneo de dos o mas areas naturales protegidas.

. .'

.. _

.z:

''....,

1

Artículo 9°. - Los director~ <de lap áreas naturales protegidas a que Título

Séptimo

designados /por '\

·• ·-

,¡ .

el CéÍpítulo Primero del

de/...~presente 1 .._/

la· Secretaría

eglamento,

serán

considerando

la

propuesta del promovente.'

.;.:;.

.._...,, .• ,t' 11':

..·/~

.

s~ . · '·"'

Efectivamente y toda vez que e la aplicación de lo previsto. ~or el artículo 46 dJ la Ley General del EquilibrioEcológico y la PrJtección al Ambiente

.

:l. L ..., J.

~;¡

(LGEEPA), al expedir el oJcreto por el cual se declara área natural proteJda, con el carácter de reserva d~ la biósfera, 'Sierra de Alvarez', que a 'ARTÍCULO

46.-

Se

.'i/ región conocida como

l._ letra dispone:

oonsideran

áreas

naturales

protegidas: l. Reserves de la biost. ra; 11. Se deroga. 1

111. Parques nacional s; IV. Monumentos naturales; V. Se deroga. VI. Áreas de protección de recursos naturales;


A.R.A. 193/2018.

86 VII. Áreas de protección de flora y fauna; VIII. Santuarios; IX.

Parques

y Reservas

Estatales,

así como /as

demás categorías que establezcan /as legislaciones locales; X. Zonas de conservecion ecológica municipales, así

como las demás categorías

que establezcan

/as

legislaciones locales, y XI.

Áreas

destinadas

voluntariamente

a

la

consetvecion. Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo,

son de competencia

de la Federación

las áreas

naturales protegidas comprendidas en las fracciones I

a VIII y XI anteriormente señaladas. Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán establecer parques, reserves de las entidades federativas

y demás

categorías

de manejo

que

establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en

/as fracciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan

características

particularidades

propias

de acuerdo

a las

de cada entidad federativa. Dichas

áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas

en la fracción

VI de este

artículo. Asimismo, corresponde zonas

a los municipios establecer las

de conservecion

ecológica

municipales

así

como las demás categorías, conforme a Jo previsto en la legislación local.


FORMAf,55

87

En

las

áreas

A.R.A. 193/2018.

naturales

protegidas

no

podrá

autorizarse la fundación de nuevos centros de PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

población. ' El artículo 47 de la citada ley prevé que para el establecimiento, administración

y

manejo de las

áreas naturales protegidas la Secretaría del Medio l t

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) promoverá la participación propietarios pueblos

1

del

sus habitantes

o poseedores, gdbiernos locales,

indígenas,

y

demás

organizaciones

sociales, públicas · y privadas con el objeto de ~

.

1

~

propiciar el deserrolk» integral ~e la comunidea y

asegurar la protección y preservación de los \\

ecosistemas y su biodiversidaci."_: ~

Lo anterior en correlació'1 -con lo previsto por el artículo

57

"~..,

de

......

:LE~EE

.... textualmente lo sig~~nte:.

~,

que

dispone

,

'ARTÍCULO(/,~ /57.- Las érees, .. .

atura/es protegidas

señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de

:.·. . • ': ~:: M. ,!:) _'';.-

. _-~·¡y, L

3.~~ ·~,

r ·' ,~ .

esta Ley; se establecerán me iante declaratoria que (!Xpid~'e/ ~itular del Ejecutivo Jederal conforme a ésta

'°. y·las demás leyes aplicables. ' A su vez, el erticuto

citada LEGEEPA

prevé lo siguiente: 'ARTÍCULO 65.- La Seer taría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respecti a en el Diario Oficial de la Federación, el progra a de manejo del área natural protegida de que se trete, dando participación a Jos habitantes, propieta os y poseedores de los predios en

ella

incluidos

competentes,

los

a las demás dependencias gobiernos

de

las

entidades

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, así


88

A.R.A. 193/2018.

como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.' TERCERO.-

VIOLACIÓN

CONSTITUCIONAL.

AL

QUE

ARTÍCULO CONSAGRA

14 EL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Esto es, que al emitirse la sentencia que se combate, el A Quo viola lo previstopor el artículo 14 constitucional, al emitir una sentencia que no sea conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Ello en virtud de lo previstopor el artículo 14 constitucional que para mejor referencia cito a continuación. 'Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio

seguido

ante

los

tribunales previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido impone, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no estédecreteae por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación

~:. ~. :-,!..~ ·~. ·. )~ ~: .

~ ... ~ •' .:.\\:·.


FORMAA·55

89

A.R.A. 193/2018.

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. ' PODER JUDICIAL DE LA FEDERA00N

Lo anterior, en razón de que el A Quo en su sentencia emitida el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete omitió valorar la falta de medios probatorios ofrecidos por la ouejos«; siendo que sobre esta última recayó la carga probatoria, para acreditar el supuesto daño lnminente e irreparable a su pretensión, siendo que dicfta autoridad . . t jurisdiccional solo tomó en cons.Jderación el

::::::~::i;:::

1

0~erbal

.

. sin suste~li°- probatorio

Con ello, en la sentencia de fecha iecinueve de dici · ·tt~.e·~se con Id ena a esta tctem bre de dos mt·1d·tectste

4~~s

Comisión Nacional d~ Natur.Jles Protegidas dentro del términl], qe , tref días, dontado a partir del siguiente al

,,

'\-

'

"" .

"

sea not11·Jcado que dicha

. . .1

resoluc/ón ha ceuseao ejecutori

para efecto de

•,

expedir '... el 'i>rograma de Manej

del área natural

.~JNAL

prote.Qi(J~1,"Sierra de Álvarez" el cu I deberá satisfacer

''·'

.1 l:.4'~

;S.:, .

•' .. nvf(. .

:· ..... •

·~

qÜ;1f10S . -../

y.

4

L. 7

/

los requisitos que al efecto . establ ce el artículo 66 de .

' ·la Ley General del Equitibno Eco .ógico y Protección al Ambiente y su reglamento ... ', c n lo que en el caso en con (sic) concreto se est conminando a esta Comisión Nacional de Áreas/Naturales Protegidas, a la expedición de un prJ,rama de manejo del Área Natural Protegida imposibilidad legal y

Álvarez' con la atería/ de cumplir con

disposiciones de consu a pública que contempla los artículos 65 de·

LEGEEPA 72 y 73 del

RLEGEEPAMANP,

textualmente prevén lo

siguiente: 'LEGEEPA.-


90

A.R.A. 193/2018.

ARTICULO 65. - La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficiar de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de Jos predios en

ella

incluidos,

competentes,

los

a

las

demás

gobiernos

de

dependencias las

entidades

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas,

y demás personas interesadas. Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del . área de que se trate, quien será responsable de coordinar Ja formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y /as disposiciones que de ella se deriven. RLEGEEPAMANP.- / Artículo 72.- Las áreas naturales protegidas deberán contar con un programa de manejo que será elaborado por la Secretaría en los términos del artículo 65 de la Ley. El programa deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la declaratoria del área natural protegida de que se trate, y tendrá por objeto Ja administración de la misma. Artículo 73. - En la formulación del programa de manejo se deberá promover la participación de: l. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva; 11. Dependencias de la Administración Pública Federal que, por su competencia, pudieran aportar elementos al programa;

> \

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- ·. ..

'1\() _.,..;_

1


FORMAA-55

91

A.R.A. 193/2018.

111. Los gobiernos estatales, municipales Federal, en su caso, PODER JUDIOAl. DE LA FEDERACION

y del Distrito

y

IV. Las organizaciones sociales, públices

o privadas, y

1

demás personas interesadas.'

\

En ese sentido de igual forma co¡ la emisión de la sentencia el A Quo en el que otorga el plazo de tres días para el cumplimiento a

'llmisma, obliga a

mi representada a la imposibilida

legal y material

de dar fiel cumplimiento ·al ConJ, nio 1690 sobre pueblos indígenas y tribales de, Ja Organización Internacional del Trt:1bajo (OIT), mismo que de conformidad con lo previsto por I artículo 133 de la Constitución Política de los ~ ~ ., .

Unidos

'

Mexicanos, constituye Ley Sup;e a. .

\

'Art. 133. - Esta Constitución,\,las I \

es del Congreso

.'-, ~

de la Unión que emenen dé ella y todos los tratados »;

.

. . '"',..

·~...'.

~

·'

que estén de acuerq~con la mism , celebrados y que se celebren, por el Presidente .d (.·'''

la República, con

.

. aprobación dei Senado, serér: la L y. Suprema de toda .181J:'-JA .

la UnJárh-.., Los juece$ de

S; AATiV.-' ' . .• r , '.!!TC ; L. ~ •

é}rreglafán

V•

-ceae ,

ntidad federativa se

a dicha Constitución leyes y tratados, a

pessr de las disposiciones

en contrario que pueda

haber en las Constituciones

o leyes de las entidades

federativas. '

Lo anterior, en relación di ecta con la obligación de mi representado de otorgar Ja garantía de audiencia al expedir un programa de manejo, en términos de lo previst 69-K

de

la

Administrativo,

Ley y

por los artículos 69-H y

ederal el

de

Procedimiento

Convenio

Organización tnten acional del

169

de

la

Trabajo sobre

Pueblos Indígenas y Tribales. Por lo que al emitir en su sentencia que se combate, el A Quo viola dicha garantía de audiencia en contra de los


92

habitantes,

A.R.A. 193/2018.

propietarios,

poseedores

y

comunidades indígenas que habitan en la zona, que se verían afectadas con la expedición

del

programa de manejo de! Área Natural Protegida 'Sierra de Álvarez', en virtud del plazo de tres días hábiles

concedido

para

dar

cumplimiento

al

momento en que dicha sentencia cause ejecutoria. En

los

últimos

Naturales

años

protegidas

la

Comisión

(CONANP)

de Áreas

ha

realizado

diversas acciones para acabar con el rezago en materia de Programas

de Manejo de las áreas

naturales protegidas, tanto para su formulación en términos del artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su

revisión.

Al

Lineamientos

respecto

Internos

para

contamos la

con

Formulación,

Revisión y Modificación de Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia de la

Federación,

consultables

en

la

página

www.conanp.gob.mx Dichos lineamientos que

tienen

únicos de carácter interno

como

objetivo

especificaciones, procedimientos

establecer

las

y criterios para

la formula ión, evaluación y, en su caso, eventual modificación Asimismo,

de dichos

los

Programas

Lineamentos

de

Manejo.

prevén

que su

ámbito de aplicación es de observancia obligatoria para el personal de la CONANP que participe en el referido institución

proceso, llevar

lo

anterior

permitió

a

la

a cabo una planeación y un

control sobre el tema. Es importante señalar que la obligación legal para formular los programas de manejo en el lapso de j un año se incorpora con las modificaciones

a la


FORMAA-55

93

Ley

General

del

A.R.A. 193/2018.

Equilibrio

Ecológico

y

la

Protección al Ambiente (LGEEPA) en el año de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1996, fecha en la que se incorpora también la

»:

obligación de dar participación 'a Jos habitantes, '

propietarios y poseedores de : /os predios que abarque

el

área

'

natural

re~pectiva,

a

las

dependencias competentes del fgobierno federal, los gobiernos estatales, municip'ales y en su caso del Distrito Federal, así comb organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesedes. En el eño de 1994, cuando se cree. la entonces

••

Secretaría dé Medio Ambiente,. -- ecursos Naturales ' . y Pesca (S.EMARNAP) se es ablece la Unidad \

'

,

Coordinadora de Areas.,, Netur les Protegidas. A -,

partir de ese momento se'comí nza a trabajar en la ~

institucionalización~_:.y la tor. alización de una ~

e~

1

Comisión Nacional y . finfllm~ . ~~ ....... . _

...,

'

2000, en · el '"<inarco .dé , la

elebración del Día

e,

Mundial"'del Medio Ambien -. ;. ~ ti

•. ~

'

"

c.::O. '

.

... ,

...

~

se . publica en el

Dierio Oficial de la Fede~ ción el Reglamento :

Interior de la SEMARNAT que da. origen a la CONANP

como

. administrativo

desconcentrado que tnici

su operación con un

presupuesto menor al n cesario para su debido funcionamiento, manejo,

en d nde los programas

después

instrumento

toral

las para

de

declaratorias,

son

consolidar

Ja

administración de las áreas naturales protegidas. . . Adicional

a

lo

m ncionado

en los

párrafos

anteriores, debe de tacarse las siguientes razonesde materias de índole administrativa, sociopolítica

y

de

modificación

en

materias

de

mejora

regulatoria y transparencia a las que se sujeta un


94

programa

A.R.A. 193/2018.

de manejo, tanto en su formulación,

revisión y en su caso modificación. Administrativas/financieras. modificación área natural

Para la formulación y

de un Programa de manejo de un protegida,

en algunos

casos

se

requiere de la contratación de consultorías con la finalidad

de

contar

con

un

anteproyecto

o

documento preliminar el cual debe de someterse a la

consideración

Coordinadora Subsecretaría

tanto

de Asuntos de

(sic)

de

Jurídicos

Fomento

y

Unidad y

de

la

Normatividad

Ambiental de la Secretaría de Med:io Ambiente y Recursos Naturales, lo cual implica no solamente planificar,

presupuestar

documentos,

producto

y

definir

final

el

tipo

de

de Ja consultoría,

apegado al procedimiento y términos establecidos en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos

y

Servicios del Sector Público (LAASSP), en donde

se incluyen tiempo de convocatoria, presentación de ofertas, tiempo para emitir fallos definitivos, solventación ·de impugnaciones, contenciosos

administrativos

procedimientos

y resolución

artículo 65 de la LGEEPA se pueda ver rebasado hasta no agotar cada una de estas etapas del Asimismo,

se

debe

tomar

en

cuenta que en algunos ejercicios presupuesta/es

se conocen los montos y techos asignados para su aplicación de manera desfasada, lo cual implica el

recorrido

de

los

plazos

. . :_,~·~:.~::t~)

final,

dando como resultado que el año planteado por el

procedimiento.

.- ·~.s~n;~ ,·.: .

originalmente

.programados. PROMANP. Es importante señalar que a partir de 2011, la CONANP cuenta con el 'Programa U 035

Programas df? Manejo de Áreas Naturales Protegidas

E ;

'

'


FORMfo.A-55

95

A.R.A. 193/2018.

.

(PROMANP)', a cuatro años de ejecución del '

PROMANP se ha avanzado en forma sustancial en

\

PODER JUOIOAl DE LA FEDERACION

Ja consecución del objetivo de nivel de Propósito: . 1 Las Areas Naturales Protegidas (1NP) cuentan con Programas de Manejo formulados o modificados 1 con la participación de las instituciones de educación

superior

y/o

de

investigación,

organizaciones de Ja sociedad civil y personas físicas, a través del indicador Nbmero de Áreas Protegidas

Federales

que

cu~ntan · con

su

Programa de manejo torm_utadoo r~dificado. Los recursos que se asignan pa1a el PROMANP,

.,.,

son un subsidio federal por (o· ·q~e su ejercicio y

,;4

control, deberá cumplir con I~ disl uesto en la Ley '

Federal · dé

Presupu(#s_to,, y ....... ~

Responsabilidad

'\,

·~. .

Hacendaría, qu« ~.terrrlÍh~ que la asignación de

. .

dichos recursos <4~~·erá sujeta ~'"\.... ,

.

e a criterios de

objetividad, .<-equida<;!;, · trensper ncia, publicidad,

""\.

¡.:~ •,

.

l'.'.·

,...

.

selectividad y ·tempora_lidad. Sociopolíticas. -, '•,

. '.·;~)~~~A~ _ :' . ~l.\;'[nJ,c.

··.:::;

·-;···::.\TIV/

~

1:·:·c ' . : .. !·.

En

la. formulación y modificación

e ven involucrados

de los·· programas de manejo de. . manera económicos,

. directa

o

intereses

potiticos soc a/es; por tanto, se

tienen que negociar eso efectiva aplicación

intereses, para una grama de manejo, ya

que por principio el p opietario de un predio ubicado en un área na ural protegida, en el que pretende

desarroll r

infraestructura que

un

proyecto

de

o resulte compatible con la

creecion del área d que se trate, puede ser factor de que dicha n~ociación

se extienda por un

tiempo largo que rebase en demasía el año. Esto mismo sucede con intereses de grupo que se ven afectados por la regulación de alguna actividad


A.R.A. 193/2018.

96

productiva, y que la misma presenta un factor real de poder en la zona actuando como contraparte de la autoridad ambiental para sacar adelante la formulación de los programas de manejo. Dado que un área natural protegida puede abarcar una o más entidades acuerdo

a

todas

las

federativas, poner de autoridades

locales y

municipales en el contenido del programa de manejo representa un considerable número de reuniones para lograr acuerdos en su aplicación, que repercuten necesariamente en la gestión política administrativa de las autoridades locales y municipales, lo que hace que el plazo original de un año planteado se vea rebasado. Mejora Regulatoria y Transparencia. Al ser Jos programas de manejo anteproyectos que en su contenido

incluyen disposiciones de carácter

general, a partir de 1996 se establece la obligación de

elaborar

una

Manifestación

de

Impacto

Regulatorio (MIR) a fin de someterla a revisión ante la

entonces

Secretaría de Comercio

y

Fomento Industrial, autoridad encargada de emitir un dictamen en un término perentorio establecido por

dicha

Secretaría y

que

necesariamente

alargaba los plazos establecidos por la LGEEPA de un año para la formulación de un programa de manejo. En el año 2000, para fortalecer la política de mejora regulatoria del gobierno federal se creó por mandato de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Comisión Federal de Mejora Regu/atoria,

órgano

desconcentrado

de

la

Secretaría de Economía, autoridad que tiene como funciones,

entre

otras,

evaluar

el

marco

.. ·.~· .:~:DC 1 - ,.,' 4·n , .. : '


FORMAA-55

97

A.R.A. 193/2018.

regulatorio federal, diagnosticar su aplicación y \

elaborar, para consideración del Ejecutivo Federal,

\

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACJON

proyectos

'

de

administrativas

disposicion~s 1

legislativas

y

y programas\ para mejorar la

regulación en actividades o se\ctores económicos específicos. Para promover la calidad, la transparencia y la participación de los sectores ;Jteresados, incluso la ciudadanía, se estableció .co~o obligación que las

m1nifestaciones

de

a revisión al menos treinta días

(,,

emisión

o

envío

Le islativo.

Esto

Poder ermite

I

con ruencia

las acciones

ubernamentales .,...

..

·.;·.

en

el

federal.

menitestecíones: de.-: .impecto regulatorio

.

.·,

(MIR)

<. ''

.'·

T~·~ <: ~N ~-;~.

Las

permiten los:interesados, cono er las razones por

~--· ~·' J."•

ma or

las que se proponen prpyecL1 de regulación, las -, ~--

alternativas .'

~~-:-:!',

r.:

consideradas

en su

diseño,

los

esquema~ de aplicación pref istos, las consultas llevadas a cabo, a_sí como lo costos y beneficios potenciales.

La Comisión

Federal de Mejora

Regulatoria (COFEMER), a u vez, está obligada a hacer públicos los antep

yectos, las MIR y sus

dictámenes. Esto en tér inos de Jo previsto en la Ley General de· Trans arencia y Acceso a la Información (publicad

en el Diario Oficial de la

Federación el 4 de m yo de 2015); en correlación con lo previsto en la 'Ley Federal de Procedimiento '

Administrativo (DOF 04 de agosto de 1994 - y su última reforma DOF 02 de mayo de 2017-). Para

asegurar

el

cumplimiento

de

estas

obligaciones, se condicionó la publicación en el


A.R.A. 193/2018.

98

Diario

Oficial

de

la

Federación

(DOF) de

modificaciones o nuevas disposiciones por parte

1'i·

de las dependencias v entidades a la presentación de Ja MIR

y la obtención del dictamen de la

COFEMER,a ello debemos agregar que la referida Ley de Adquisiciones v Servicios del Sector Público (LAASSPJ, los plazos previstos en sus artículos 69-1 (10 días hábiles para solicitar ampliaciones y correcciones a la MIR o, en su caso, la designación de un experto), 69-J (30 días hábiles

·siguientes

manifestación,

a

la

de

recepción

las

de

ampliaciones

Ja

o

correcciones, de la misma o de los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo anterior, según corresponda, o cuando la dependencia u organismo

descentralizado

anteproyecto

no

se

promotora

ajuste

al

del

dictamen

mencionado, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Comisión, antes de· emitir

o los cinco días hábiles cuando se encuentre en el supuesto previsto en el tercer párrafo de este ..

artículo). Si bien la COFEMERha reducido los tiempos de respuesta,

mediante

el

establecimiento

del

Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regu/atorio, lo cierto es que el (sic) dicha institución señala que este órgano desconcentrado podrá ajustarse a los tiempos

·.:'. :.,:(~ (:.

. : .. \· ;·~.~.' \f; \ .

previstos

en

la

Lev

Federal

de

Procedimiento antes referidos. Transparencia. El 11 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación se publicó la

. ·, ··.'~ ~


1

FORMAA-55

99

A.R.A. 193/2018.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PODER JtJD/OAl DE LA FEDERACIÓN

Pública

Gubernamental

con

la

finalidad de promover que ·.el manejo de la información que se encuentra bajo la posesión del '

Estado o de la que es generada por él se rija por el principio

de publicidad,

que\ se traduce en 1

transparencia, libre acceso y manejo adecuado de )

dicha información. La Ley a~tes mencionada ordena que todos Jos anteprof ectos de leyes y .

1

.

dispo~iciones ad~inist~a~~vas~e -~ar~cter_ ~general deberan estar a d1spos1c1on deli publico al menos 20 días hábiles antes de que se retendsn someter al Ejecutivo Federal, o public~( e(t el Diario Oficial de

la

Federación.

_e le

En

anteproyectos de programas .

\

'\. '

sentido,

los

e manejo también

deben de cumplí~ ~~.ºn .: este Pfriodo de consulta, que genera retresos para dar cumplimento al tiempo

fijat;lo p~~a.. ·. la )

__

. .-"

tJrmulación

·.

de

los

multicitados instrumentos. A su vez, el 04 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de ·la Federación la nueva Ley General

de

TransparenJia y

Acceso

a

la

lnform.aci~~ Púbtice, con/el objeto de e~ta~lecer los pnnctptos, bases geherales y proceaimientos para garantizar el . di recho de acceso a la información en posesión . de cualq_uierautoridad, entidad, órgano y Órganismo de los poderes Legislativo,

y

Judicial,

autónomos, partí os políticos, fondos públicos,

órganos

fideicomisos y

sí como de cualquier persona

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. De igual forma mi representada tiende


100

A.R.A. 193/2018.

(sic) la obligación de cumplir con este periodo de consulta,

que

genera

retrasos

para

dar

cumplimento al tiempo fijado para la formulaci~n de los multicitados instrumentos, respecto de los anteproyectos de programas de manejo. Por lo anterior expuesto,

v

por las razones de

hecho y de derecho, resulta para esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, material v legalmente imposible

dar cumplimiento

a la

sentencia que se combate en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo por el que se declare que la resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete ha causado ejecutoria. Esto es que desde ahora solicito a su Usía el considerar que las razones expuestas en el presente recurso obedecen a la obligación que mi representado

tiene

de

acatar

el

irrestricto

cumplimiento a las disposiciones que se citan en mis argumentos esgrimidos, así como a razones de orden público e interés legal." _ '1

SEXTO. Sobreseimiento firme. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados Comisionado Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental; y Delegada Estatal de la Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales, al no haber sido combatido por la parte recurrente. Cobra

aplicación

la

jurisprudencia

3a./J.

20/91,

sustentada por la extinta Tercera Sala del más Alto Tribunal, visible en la página 26, Tomo VI 1, abril de 1991,

Semanario

· ·.

.:.w


FORMAA 55

101

A.R.A. 193/2018.

Judicial de la Federación, Octava Época, de título y texto siguientes: PODER JUO!OAl DE lA FEDERAOON

"REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ~STE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA ~ECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE \A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideradones que no afectan a la parte recutrente y no son combetidbs por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son mkteria de la revisión dichas consideraciones y resolutivo."

SÉPTIMO. De los motivos de disenso 'que expone la 1

autoridad recurrente uno de ellos es fundado y operante; para arribar a tal con~ideración se expone' 'ºJ~guiente: Los agravios expuestos . ,,.,_ son cénforme a su contenido temático son los siguientes'.·.\~~.;~ '

'p/'.), ''·

.,¡ ..·

)

\,1 .

.\

1) Principio ·de~relatividad. que

é(: Juez

efiere la parte quejosa

de Distrito iolentó los principios del

juicio de amparó al da un efecto general a un ·..

', amparo promovido por ndividuos en lo particular, con lo que considera se violenta el principio de relatividad previsto Constitución

n el artículo 107 de la de

los

Estados

Unidos

Mexicanos, y el div rso artículo 73 (sic) de la Ley de Amparo. Indica que el act que le fue ordenado realizar se encuentra regul do por el artículo 4º de la Ley Federal del Pr cedimiento Administrativo, que a pesar

por lo

e ser de naturaleza administrativa

tendría efect

2) Falta de Interés legítimo. Estima que no le asiste interés legítimo a la parte quejosa para acudir al


102

A.R.A. 193/2018.

juicio de amparo en tanto no se encuentra probado en el sumario constitucional en qué forma y grado, la falta de publicación del programa de manejo del

.área natural protegida "Sierra de Álvarez" le genera un agravio a su esfera de derechos en cuanto al derecho a que disfruten de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar consagrado en el artículo 4º Constitucional.

Que previamente a la expedición del programa de manejo debe agotarse la consulta de los pueblos indígenas y tribales.

Que la sola declaratoria del Ejecutivo Federal, por el que se establece como área natural protegida, es un instrumento técnico jurídico suficiente que conlleva a la aplicación de una serie de normas jurídicas

para

llevar

a cabo

la

conservación,

protección y manejo de los recurso naturales del área ,protegida,

por lo que no se viola el derecho . ..

humano del medio ambiente sano de los quejosos.

Que

conforme

al precedente

que

resulta

del

amparo en revisión 779/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte, se pronunció en que no toda violación

al

derecho

fundamental

del

medio

ambiente puede ser exigible por cualquier persona o grupo de la población, agravio

diferenciado

al

siendo resto

necesario

de

los

un

demás

integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente

relevante,

de forma que la anulación del acto que reclama produzca

un beneficio

o efecto positivo en su

esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

~

~ ,. . ... ,{

'

l..."": •


FORMAA·55

103

A.R.A. 193/2018.

3) Efectos de la sentencia (temporalidad). PODER JUDIOAL DE lA FEDERACIÓN

Que el juez al conceder el amparo únicamente otorgó tres días para cumplimiento los efectos, sin advertir

que

se

requiere de

una

serie

de

procedimientos y consultas para poder expedir tal programa de manejo de la zona natural protegida, entre otros lo previsto en el· . articulo 65 de la Ley 1

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,

que dispone

participación a

1

que

se · deberá

los habit~ntes,

dar

propietarios y

poseedores de los predios ~n ella incluidos, a las

demás dependencias ro1petentes municipales, estaduales y federales, as: como organizaciones sociales, pública.s.~~·'·priv bas y demás personas ...... \

~,,..

·~

.,.,

interesadas.

. .1

'

'°"

r~: .

·'

,, F-(~··

~.:"'=

.,,,.-··

OCTAVO~ ., ' Causal de Sobr seimiento.

•ti~,,.. .

'

/'

'(

'

Et segundo de los agravi s resulta fundado, y dada '

. ·:'su naturaleza procesal resulta de

tudio preferente.

".

A manera de inform ción preliminar,

el interés

'· legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, es decir se ubica en medio de estos, según se aprecia en la obra: "Juicio de Amparo e Interés L gítimo: La tutela de los Derechos Difusos y Cotecttvos"? , en la cual sostiene que el interés simple es un interés gene al que tiene todo miembro de la comunidad en que las auto idades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que sa realización implique un beneficio personal. Es el mero inter s ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo,

sino que

únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las 12

Ferrer Mac-Gregor. Eduardo; Editorial Porrúa. México, 2004. segunda edición.


104

A.R.A. 193/2018.

leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. Asimismo, en cuanto al interés jurídico, dicho autor refiere que se le ha identificado con el derecho subjetivo, consistente en la situación de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial. Por su parte el autor refiere que el interés legítimo corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario

reclamado,

aunque carezcan de un derecho

subjetivo, por lo que su característica esencial es la utilidad

~- .-

~:~ ~

~~-.:~-. •

·-··

1....

-~

que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder

..· . . : ... .'·/:l

público, siendo necesario exigir al quejoso la presencia de un

·.. -'L

factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: esto es, el interés legítimo debe ser personal y actual. En ese mismo sentido el artículo 5º de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea

.. ,,, . '·


FORMllA·55

105

A.R.A. 193/2018.

de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." ºénfasis añadido. PODER J\JDIOAl DE LA FEDERAOON

~-

Como se lee, para la procedencia del amparo es indispensable una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, esto es una nota disH~tiva que, por regla general, resulta elemento imprescindible para que tenga alguna eficacia práctica la resolución que en un juicio de amparo llegara a '

dictarse.

i

Pues no basta que. se señale una afectación general al orden jurídico para que sea susceptible de análisis bajo la vía constitucional, pues el amparol e.st~ reservado, conforme a su

génesis,

predominante

a

actos

u

omisiones

de afectación

deban

que

por

ser revisado

su

grado

es sede

constitucional, esto debe inte~r,e~rse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de.amparo de los derechos fupdament~les

Como se ve, para qu '

: ·'......~·:, · ~. <.- · juicio

·.

jdl las personas. un agravio a los derechos o

-~intereses· de un particular seJ sujeto de la procedencia del

1A'•

'

duscando la mayor protección

~. .

~-

...

de amparo debe tener las cualidades de ser real y ~

actual, es decir precisada en . us alcances.

Ciertamente, el interés en el que se sustentó la demanda de amparo con la que se di origen al amparo indirecto, en todo caso se traduce en uno si ple que tiene todo gobernado, pues no se indicó de qué far

a la publicación del programa de

manejo de la zona nat ral protegida denominada

Sierra de

Alvarez, pudiera produ ir a la parte quejosa un beneficio o efecto positivo en su perjuicio concreto.

sfera jurídica o evitar se le cause un


106

A.R.A. 193/2018.

Lo anterior, pues como lo cita la autoridad recurrente, en la

sentencia

combatida no se

indicó cuáles

eran

las

afectaciones que en concreto de forma real y actual se evitarían sobre la esfera jurídica de los quejosos; pues como se advierte del fallo recurrido, el juez de amparo sustenta la especial situación frente al orden jurídico de la parte quejosa a los que se les concedió el amparo, bajo el argumento de ser pobladores de la comunidad donde se ubica la zona de reserva ecológica denominada Sierra de Álvarez, en San Luis Potosí. Criterio que este Órgano Colegiado no comparte, pues tal situación de pertenencia de territorialidad resulta genérica al no establecer una afectación real, es decir concreta, como pudiera resultar en una pérdida o menoscabo de oportunidades económicas o de salud; ocurre lo mismo respecto del requisito de actualidad

del

menoscabo,

en tanto

al

no estar

individualizado no puede adquirir una vigencia en tiempo

,s,':r ·s

presente o futura pero cierta.

..

Es decir, como lo advierte el recurrente en sus agravios,

.-· •. ·. . • .: . -, T

no toda afectación, aun de existir como en el particular una : · · omisión reglamentaria, puede ser susceptible de amparo, pues para su procedencia se requiere de una posición especifica del quejoso frente a la norma, que no puede actualizarse con la sola pertenencia a un núcleo de población, sino que es además indispensable que se advierta un menoscabo concreto que sea el motivo de la concesión, es decir que con la protección de la justicia federal se logre evitar dicho daño, o en su caso lograr un beneficio concreto. A efecto de no caer en una falacia de petición de principio, se deja de manifiesto que ese Órgano Colegiado no pasa inadvertido que en el sumario constitucional se tuvo por probado por parte de los quejosos que eran habitantes de la

<<.:J.;;


FORMAA-55

107

A.R.A. 193/2018.

zona natural protegida, lo que les genera un interés en el asunto; sin embargo la nota de improcedencia estriba no en la PODERJUDIOAl DE lA FEDERACIÓN

calidad de éstos, sino como lo· refiere en vía de agravio la \

.

autoridad aquí recurrente, en la~ falta de acreditación

de la

afectación concreta a sus intereses, dado que en la demanda de amparo, ni la sentencia que lo ~oncedió en los términos ya apuntados, se dejó en claro cuál se~ía de forma concreta el mal evitado o el beneficio reportado a los quejosos.

Esto es, la sola concesión del amparo para que se expida y publique el programa de manejo de la zona natural protegida denominada Sierra de Álvarez, en S~n Luis Potosí, es una mera expectativa

de derecho que no J:)aten~iza en qué beneficio ''

.

redunda a favor de los quejosos, pu s ras manifestaciones de la protección

genérica

abstractas.

·~···

del

medio .. ·~

ambiente

sano,

resultan

/

...

Al respecto. en reciente res lución de diciembre de dos 1

.,

·.T

.

.

mil dieciocho, en Í,~s autos del ambaro en revisión 307/2Ó16, la

~

;

Primera Salade la Corte por unatnÍmidad de votos, se pronunció ~V·.·

... •,lit-•

v . ....

~\_{\:; sobre.

un tema

similar

del q e derivó

el criterio

que a

· ., continuación se cita, tesis: 1 a. OCXCl/2018 (1 Oa.), consultable .. ·· · ... -·? - en la Gaceta del Semanario Jud(cial de la Federación, Libro 61,

, Diciembre de 2018, Tomo 1, M {eria(s): Común de rubro siguiente:

"INTERÉS LEGÍ IMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE MPARO EN MA TER/A AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se en uentra en una situación jurídica identificable, surgida d una relación específica con el objeto de protección ue alega, ya sea de carácter particular o derivado d una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en meterte ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el

y texto


108

A.R.A. 193/2018.

ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado." (Registro: 2018693) • Lo resaltado en negrita es ajeno al texto original.

A este respecto, la autoridad responsable al rendir el informe indico que: "en ningún momento

del desarrollo

procedimental quedo debidamente probado de qué forma y grado la falta de publicación

del programa de manejo le

genera a la parte quejosa agravio a su esfera de derechos en cuanto al derecho al disfrute a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar consagrado en el artículo 4º

constitucionet'?". Efectivamente, como lo hace valer y como se señala en la tesis precitada, la posibilidad de impugnar una omisión· en materia ambiental se sucede no únicamente por la calidad de habitante del lugar; sino además, por la acreditación de un mal especifico causado con tal inactivar, o con la obtención de un beneficio especifico, siendo que ninguno de los extremos quedó probado en el juicio de amparo. De igual forma del mismo asunto de la Primera Sala derivó la Tesis:

1a. CCXC/2018 (10a.) de rubro y texto

siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés 13

Folio 11, de los autos del juicio de amparo indirecto.


FORMAA·55

109

A.R.A. 193/2018.

legítimo en jutctos ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a Ja luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene Ja obligación de fomentar la participación del ciudahfano en Ja defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzga&ores tienen la obligación de hacer una interpretación 'amplia en relación con Ja legitimación activa en el jUicio de amparo en materia l ambiental, lo cual no signiflf a que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambienta/e~ que presta el ecosistema que estima afectado." (Registro\ 2018694) * Lo resaltado en negrita es siena al te to original.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACJóN

1\

En consecuencia, ante la f Ita de interés legítimo como premisa de procedencia de amp ro es procedente determinar el sobreseimiento del juicio de a paro, con fundamento en la -,

correlación de los artículos 5, fra ción I; 61, fracción XII, y 63 fracción V, todos de la Ley de la m teria . . \ . . ·~ .

·-

Sirve

de

apoyo -, -, a '

.

P./J.50/2014, publicada

_-

lo

anterior,

.

jurisprudencia

en la déc ma época de la Gaceta del

Semanario Judicial de la Federa ión, 2014, ""

la

•··.

libro 12, noviembre de

1., pági~a 60, ~uyo epígrafe y sinopsis son:

•, 1

.,

"INTERES LEGITIMO. cdNTENIDO Y ALCANCE 'PARA EFECTOS DE LA PRO~EDENCIA D_EL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETAClqN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN t. DE LA CONS~TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI ANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Su rema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero dt' la fracción I del artículo 107 de la Constitución Polític de los Estados Unidos Mexicanos, establece que trat ndose de la procedencia del amparo indirecto -en los /supuestos en que no se combatan actos o resoluciohes de tribunales-, quien comparezca a un juicio debe;J ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (lj ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar Zna afectación inmediata y directa en la esfera jurídica/ producida en virtud de tal titularidad; o (11) en caso efe que no se cuente con tal interés, la Constitución ahdra establece la posibilidad de solamente aducir un interé~ legítimo, que será suficiente para comparecer en el~·icio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de n vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una · ersona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la


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persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplía que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho qrupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de Ja labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la. luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". (Registro 2007921) "Lo resaltado en negrita es ajeno al texto original.

Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia mencionada, genera dada la etapa procesal el sobreseimiento del asunto,


FORM/111·55

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con apoyo en la correlación de los artículos 5, fracción I; 61, fracción XII, y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo.

-.

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

Por lo expuesto y fundado; se,

I

RESUELVE: PRIMERO. Queda firme la parte no recurrida de la sentencia, en términos del considerando sexto del presente fallo.

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\ '·'

SEGUNDO. En la materia de revisión.. se revoca la sentencia recurridá respecto de la concesión ,de amparo.

, , sobresee ~el r: ~.

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TERCERO.

Se

~

'juicio

de amparo

promovido por los quejosos ... ~"Nahum Torres González, \~Francisco de la Torre .....Pérez~Orlando de la Torre Zárate, . '/'' Jesús de la Torres Zaráte y María Otilia Rodríguez Bravo, \

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conforme

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en el último

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N1. .~

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vertidas

considerando de la presente resolución.

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a las? consideraciones ~ ... .....

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Notiñquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan ·. :!OS; autos a SU lugar de. origen; anótese lo conducente en el libro' - de registro correspondiente; y en su oportunidad, archívese este expediente. A S í, por unanimidad de votos lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, integrado por el Magistrado Presidente Guillermo Cruz García, René Rubio Escobar y José Ángel Hernández Huízar; habiendo sido ponente el segundo de los nombrados.

Firman el

presente engrose, conforme a lo dispuesto por la fracción V del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- MAGISTRADO PRESIDENTE.- LIC. GUILLERMO CRUZ GARCÍA.- MAGISTRADO.RENÉ

RUBIO

ESCOBAR.-

MAGISTRADO.-

JOSÉ

ÁNGEL


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HERNÁNDEZ HUÍZAR.- SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. JORGE OMAR AGUILAR AGUIRRE.- RÚBRICAS. LA

ANTERIOR

ES

COPIA

QUE

CONCUERDA

FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y VA EN CIENTO DOCE PÁGINAS DEBIDAMENTE COTEJADAS Y SE EXPIDE PARA REMITIRSE AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO, LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE: EL

SECRETARIO

COLEGIADO EN MATERIAS NOVENO CIRCUITO.

· AÑDEZ. (~

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Desprotege Tribunal Sierra de Álvarez ante indiferencia de Carreras  

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