Page 1

Asociación de Periodistas de La Paz,

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia,

Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Asociación Boliviana de Radiodifusoras

Informe de situación de la Libertad de Expresión en Bolivia de noviembre de 2010a enero de 2012 Antecedentes Han pasado quince meses desde que las organizaciones bolivianas de prensa más

representativas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el estado de la libertad de expresión1. Durante esa exposición se apuntó que el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, a través de la promulgación de diversos instrumentos

jurídicos, estaba logrando cercar la libertad de expresión y, con ello, vulnerado la misma

Constitución Política del Estado boliviano y contraviniendo la normativa supranacional en materia de Derechos Humanos.

Lamentablemente desde aquella ocasión la situación de la libertad de expresión no ha

mejorado, es más podría afirmase que se ha agravado promulgándose nuevas leyes, aprobado

decretos y preparando nueva normativa.Por todo esto es necesario y urgente difundir ampliamente las acciones e intenciones del Estado boliviano en contra de sus propios

ciudadanos. Es más, el compromiso que asumiera entonces el vocero gubernamental, Iván

Canelas, invitando a verificar in situ la pertinencia o no de las denuncias hechas en contra del gobierno a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, nunca se tradujo en una nota formal y oficial que honrara lo comprometido.

Casi un año después que el vocero gubernamental invitara a esta autoridad, en el marco de los

conflictos que se dieron a consecuencia de la marcha de más de un millar de indígenas

expresando su rechazo a la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y En octubre 25 de 2010, la Asociación de Periodistas de La Paz, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y Asociación Boliviana de Radiodifusoras, fueron recibidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Las denuncias hechas en aquella oportunidad fueron antecedidas por una visita protocolar que hicieran a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, el 22 del mismo mes, los dirigentes de las organizaciones de prensa mencionadas. 1

1


Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y de la brutal represión que sufrieran los marchistas

a manos de la Policía Nacional, acontecimiento en cuya cobertura los periodistas también fueron objeto de violencia policial, el ministro de la Presidencia declaró públicamente que

invitaría a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, para que verifique el trabajo de los medios de comunicación y la situación de la libertad de expresión en Bolivia. Nuevamente tal intención nunca fue formalizada.

La actual administración del Presidente Evo Morales a identificado en los periodistas a sus

enemigos y los acusa permanentemente de intentar desestabilizar su gobierno, tal percepción

ignora que, aún siendo opositores a su gobierno, el Estado debe garantizar la pluralidad y

diversidad de opiniones expresadas libremente. Tal es así que “sin libertad de expresión no hay democracia”.

Todo ello ha venido ocurriendo a pesar que el Estado boliviano reconoce la libertad de expresión en su Carta Constitucional y que reconoce su obligación de garantizarla: 

Constitución Política del Estado

La libertad de expresión se encuentra constitucionalizada como un Derecho Civil de los bolivianos y bolivianas: Artículo 21

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual individual o colectiva.

En consecuencia, el Estado se hace garante de la libertad de expresión: Artículo 106

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de

expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el

derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

A pesar de este reconocimiento tácito del Estado boliviano, sus actuales gobernantes ignoran los mandatos constitucionales, amedrentando y atropellando el marco legal que debiera

proteger y fomentar la libertad de expresión. Siendo así, en este informe se mencionarán 2


algunos casos de amedrentamiento y vulneración de este Derecho fundamental por parte de la actual administración del Presidente Evo Morales, al mismo tiempo se advertirá sobre los

instrumentos jurídicos contrarios a las libertades y garantías establecidas en la Constitución y en la normativa supranacional.

A. Casos de amedrentamiento y vulneración de la libertad de expresión 2

Primera exposición Como resultado de la campaña de recolección de firmas para la Iniciativa Legislativa Ciudadana, demandando la derogación del artículo 16 y la modificación del 23 en la Ley 045,

Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, los periodistas fueron amenazados de varias maneras:

- Dos periodistas que recolectaban firmas en Cochabamba para la Iniciativa Legislativa Ciudadana fueron amedrentados por un supuesto activista del partido gobernante (MAS), quien intentó arrebatarles los libros notariados que llevaban los trabajadores de la prensa.

La ciudadanía que se encontraba presente en el lugar impidió que se llevara a cabo dicho secuestro.

- El Banco que tiene al Estado como mayor accionista niega créditos hipotecarios a cuatro

trabajadores de la prensa. Una oficial de crédito señaló que el Banco tiene como política

interna no conceder créditos a los periodistas, sin embargo, tal afirmación fue desmentida por un gerente regional de negocios, quien reconoció que el banco estaría encantado de atender a cualquier institución que se dedique a la información.

- El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Carlos Torres, recibió por segunda vez mensajes de texto (SMS) en los que se le amenaza de muerte si continua apoyando la derogación de los artículos 16 y 23 de la Ley 045. La Policía Nacional garantizó seguir el caso.

- El Presidente Evo Morales calificó de “racistas” a los ciudadanos que respaldaron con su

firma a los periodistas que buscan con la Iniciativa Legislativa Ciudadana, la derogación de

los artículos 16 y 23 de la Ley 045. Por su parte, el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, descartó la activación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana para ese fin.

2Los

casos expuestos han sido publicados en el portal de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y se encuentran disponibles en la página WEB de la Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia, dependiente de la Asociación Nacional de la Prensa. Se aclara que los casos denunciados en el presente informe abarcan únicamente desde noviembre de 2010 hasta enero de 2012. http://red.anpbolivia.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

3


Segunda exposición Como se advirtiera oportunamente, la Ley 045 (Contra el Racismo y toda forma de

Discriminación) ha servido más que para erradicar las conductas racistas y discriminatorias para amedrentar a los periodistas, obligándolos a autocensurarse y amordazando de esta forma a cualquier tipo de voz crítica de las acciones gubernamentales:

- Concejo Municipal de la cuidad de Oruro amenaza con enjuiciar al periódico La Patria por supuesta discriminación. Este hecho viene como consecuencia de la utilización del término

“concejil” en lugar de “concejal” en una nota periodística, tal mala interpretación (debido a

que ambos términos se encuentran reconocidos por la Real Academia de la Lengua Española) en el marco de la Ley 045, constituye un ejemplo de la forma arbitraria en la cual la implementación de dicha norma puede significar la censura y autocensura en los medios de comunicación.

- Periodista podría ser enjuiciado por una concejala oficialista debido a la declaración que

hizo un televidente en un programa de televisión que él conduce. La concejala potosina

Antonia Largo del Movimiento al Socialismo (MAS) amenazó al periodista y conductor José Luis Apacani con la aplicación de la Ley 045, debido a que un televidente se habría manifestado en contra de la línea oficialista respecto a un conflicto regional.

- El senador del partido oficialista Isaac Ávalos, anunció que intervendrá en la demanda presentada por el ciudadano Wilfredo Landa Saucedo, en contra del presentador de televisión Sixto Nolasco de nacionalidad dominicana por haber dañado la imagen del presidente y vicepresidente del Estado. Nolasco manifestó que Evo Morales sigue las

ordenes del Presidente venezolano Hugo Chávez, y que una estrategia que debieran seguir

los habitantes de Santa Cruz sería dejar que se acerque –al presidente Morales-, como

hacían los guerreros en la antigüedad. El Senador Ávalos dijo que pedirá a la Fiscal de Distrito, Arminda Méndez (ex diputada por el MAS), agilizar el proceso.

- El ex presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza, presentó al

Ministerio Público cinco denuncias contra el periódico “La Patria” por supuestas faltas tipificadas en la Ley 045. La ex autoridad acusa a este medio impreso de haber mellado su dignidad.

- Aplicación de medidas administrativas en contra de canales de televisión, radios y

periódicos en medio de la protesta de los periodistas por la promulgación de la Ley 045. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones (ATT), dependiente del

gobierno boliviano, aplicó sanciones administrativas y suspende a tres canales de

4


televisión. Así también la Dirección Departamental del Trabajo encontró que en varios medios de comunicación se incumplen con los derechos y normas laborales y fijó sanciones de hasta 30,000 bolivianos (más o menos 4,500 dólares americanos).

Tercera exposición

El sistema judicial boliviano se ha puesto al servicio de los intereses gubernamentales y utiliza los mecanismos de la justicia para amedrentar a los periodistas, ignorando en muchas oportunidades que de acuerdo a la Constitución boliviana los delitos de imprenta deben ser

juzgados por la Ley de Imprenta, y no así ser tratados como delitos comunes penalizando el ejercicio periodístico. Aún más, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Imprenta (norma constitucionalizada en el artículo 107, num. II de la Carta Magna boliviana), el secreto en

materia de imprenta es inviolable, sin embargo, en muchas ocasiones los fiscales y jueces bolivianos han pedido a los periodistas que revelen sus fuentes de información:

- Un fiscal obliga a un periodista a testificar sin abogado por hacerle una pregunta que le

molestó. El periodista Josué Ever Acebey fue obligado a declarar como testigo por el fiscal Gilbert Muñoz, luego de que en un entrevista se le pidiera su opinión sobre una posible fuga de los implicados en un caso de corrupción. En el Acta de Declaración Informativa, se

implica al periodista por el delito de supuesto incumplimiento de deberes y se lo presenta en calidad de testigo.

- La Fiscalía Anticorrupción citó a declarar en calidad de testigos a dos ejecutivos del

periódico “El Deber”, dentro de un proceso por prevaricato que sigue un militar de alta graduación, José Antonio Agreda, al juez Omar Dorado por haber dispuesto que una

denuncia de Agreda contra ese medio sea juzgada por un Tribunal de Imprenta. Esta causa

tiene origen en una caricatura publicada por ese periódico que se refería al abandono que hiciera dicho militar de un Comando (en la región amazónica) que él mismo había creado con fondos públicos.

Similar comportamiento de la justicia boliviana se observó cuando la Fiscalía citó en

calidad de testigo a un periodista que entrevistara a Ignacio Villa Vargas, cuyas revelaciones echan por tierra el supuesto apresto terrorista y secesionista en Santa Cruz de la Sierra (caso Rozsa).

- El Ministerio Público citó al periodista y presentador John Arandia a revelar la fuente que le hiciera llegar un video en el que ve observa a Ignacio Villa Vargas (testigo clave en el

caso Rozsa ) recibiendo un soborno para que huya del país. La audiencia no se produjo

porque el Fiscal encargado se encontraba, de acuerdo con lo dicho por los funcionarios del

5


Ministerio Público, atendiendo otros casos, motivo por el cual la audiencia se pospuso para el 20 de enero de 2011.

- Periodistas fueron parcialmente impedidos de cubrir la audiencia previa del caso Rozsa. En

el mismo lugar fueron obligados a abandonar la sala una delegación de la Orden de Abogados de Brasil. En Bolivia la ley señala que estas audiencias son “públicas”.

- Inician proceso en contra de dos periodistas de un medio impreso de la ciudad de Trinidad.

El coronel William Murillo inició un proceso ante la justicia ordinaria para que ambos periodistas revelen su fuente en una publicación en la que se compromete a dicho militar en la venta de harina destinada a la alimentación de la tropa bajo su mando.

- La Fiscalía General del Estado ha solicitado a varios medios de comunicación que revelen los nombres de los periodistas y camarógrafos que cubrieron la brutal represión policial a

los marchistas del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), sucedida

en la población de Yucumo durante el recorrido que hicieran estos indígenas en su marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir al gobierno nacional que respete el Derecho a la Consulta Previa establecido en la Constitución Política del Estado.

Cuarta Exposición

Las presiones gubernamentales sobre los periodistas incluyen también a las agresiones verbales y físicas que hacen servidores públicos de alta jerarquía, en algunas ocasiones estas vienen hasta del mismo Presidente del Estado, Evo Morales Ayma:

- El Presidente de Bolivia, Evo Morales, llama mentiroso al periodista Humberto Vacaflor debido a que éste denunció que el gobierno financió el viaje de campesinos a Cancún (México) a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático, encuentro donde Morales pretendía encabezar la defensa mundial de los derechos de la Pacha Mama (Madre Tierra).

- El Presidente Evo Morales califica a los medios de comunicación y a los periodistas como “la mejor oposición” que tiene su gobierno.

- El Presidente Evo Morales acusó a los medios de comunicación de pretender debilitar su gestión, calificó además a los periodistas de ser sus únicos enemigos. Dichas afirmaciones

se dieron a raíz de las publicaciones que dan cuenta de la disminución de la popularidad del Primer Mandatario boliviano.

- El Comandante de la Policía boliviana, Ciro Farfán, abrió proceso judicial contra la periodista Amalia Pando por “acusación y denuncia falsa”. Este proceso es el resultado de

6


una entrevista que hiciera Pando a Denis Rosso, quien denunció al Comandante Farfán por “abuso de poder”, cuando este último acusó a Rosso de “allanamiento” cuando ingresara al

domicilio de un familiar del oficial de policía para recuperar un balón que accidentalmente cayó en ese lugar, agregó además que fue aprehendido 14 horas sin requerimiento fiscal.

- El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusó a los medios de comunicación de

“tergiversar” y “desinformar” sobre el caso de un General (r) de la Policía boliviana (ex

Director del Centro de Inteligencia y Generación de Información, dependiente del Ministerio de Gobierno, y ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra en Narcotráfico) que está siendo acusado de narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica. Llorenti

dijo además de la extrema derecha mediática está tratando de poner en riesgo el prestigio del país.

- Periodistas de varios medios de comunicación fueron agredidos por fuerzas del orden

público y sus equipos destrozados mientras cubrían los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la población de la Apacheta. Los registros periodísticos daban cuenta de la brutal golpiza que los policías le propinaban a un manifestante.

- El Presidente Morales durante una conferencia de prensa en la que se abordaron diversos temas de interés nacional acusó a los periodistas de “mentir” al pueblo. Dicha acusación se

da en el marco del contrabando masivo de automóviles usados y de una ley impulsada por

su gobierno para legalizarlos, además de la reciente visita del ministro de Defensa iraní que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado en contra de la Asociación

Mutual Israelita Argentina (1994, con un saldo de 85 muertos), lo cual podría poner en riesgo la visita de la Presidenta argentina a nuestro país.

- Periodistas y camarógrafos sufrieron agresiones físicas, amenazas e intimidación como resultado de la cobertura que hicieran de los violentos acontecimientos protagonizados

por la Policía Nacional en contra de los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que exigen al gobierno nacional el cumplimiento del

Derecho a la Consulta Previa establecido en la Constitución Política del Estado, según el

cual los pobladores del TIPNIS debieron haber sido consultados por el gobierno antes de la construcción de una carretera que dividiría al TIPNIS y pondría en grave riesgo el ecosistema de este territorio amazónico.

7


- El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

(ADEMAF), Juan Ramón Quintana3, denunció que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) viene recibiendo desde 2008 recursos de la National Endowment for Democracy (NED), lo cual

explicaría

según

Quintana

que

esta

organización

de

prensa

cuestione

permanentemente las leyes que son aprobadas y promulgadas por el gobierno del Presidente Morales. Frente a la denuncia hecha por Juan Ramón Quintana, el presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, señaló que la ANP recibe colaboraciones de varios países

solidarios u organizaciones como en la NED, que en su momento respaldó a la CDC

(Capacitación y Derechos Ciudadanos) fundada por Nardy Suxo, actual ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, además de haber sido representante del Centro Carter en Bolivia.

Quinta exposición

El amedrentamiento a los periodistas incluye también al estrangulamiento económico como una vía más para acallar y amordazar a los trabajadores de la prensa boliviana:

- Invocando al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, referido al Derecho de

Petición, el periodista Carlos Valverde solicitó al gobierno del Presidente Morales proporcione los argumentos o criterios bajo los cuales los programas que él produce no tienen asignación delapropaganda gubernamental.

- Un comentarista de un canal de televisión de la ciudad de Santa Cruz, acusó al gobierno del Presidente Evo Morales de ejercer presión sobre este medio de comunicación para que se le obligue a cambiar el esquema de su programa, dedicado al análisis de temas políticos.

Sexta exposición

En la comprensión que no puede existir libre expresión sino es en presencia del acceso libre e irrestricto acceso a la información, los periodistas bolivianos denuncian también que en

muchas oportunidades han visto interrumpidas sus tareas de cobertura cuando se les ha impedido cumplir con sus labores periodísticas:

Juan Ramón Quintana fue ministro de la Presidencia en al actual administración y es hombre muy cercano a Evo Morales, tal es así que cuando Quintana fue denunciado por el ex presidente de la Aduana, César López, de introducir contrabando en treinta y tres camiones desde la frontera de Pando con el Brasil, fue el mismo Presidente Morales quien salió en su defensa humillando públicamente al periodista que escribiera una nota de prensa al respecto y, aunque tal denuncia les costó el cargo de ministro, fue compensado con la dirección de ADEMAF. 3

8


- Periodistas fueron parcialmente impedidos de cubrir la audiencia previa del caso Rozsa. En el mismo lugar fueron obligados a abandonar la sala una delegación de la Orden de Abogados de Brasil. En Bolivia la ley señala que estas audiencias son “públicas”.

- Un grupo de periodistas fueron impedidos de ingresar en el TIPNIS por colonos y cultivadores de la hoja de coca.

- Al inicio de la Cumbre Política entre el partido gobernante y los partidos de oposición con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Presidente Evo Morales impidió el acceso de los medios de comunicación señalando que “no se vino a hacer show político.

Hemos venido a trabajar por Bolivia, no para hacer show mediático”. Los periodistas fueron desalojados del Palacio de Gobierno a pesar que el viceministro de Coordinación

con los Movimientos Sociales, César Navarro, garantizara el trabajo periodístico durante la realización de dicha Cumbre.

Séptima exposición Constante y permanentemente el gobierno del Presidente Evo Morales, ya sea él mismo o servidores públicos de alta jerarquía de oficialismo, han amenazado al gremio periodístico con

la aprobación y promulgación de instrumentos jurídicos que sirvan para “ajustar a los medios de comunicación”. En este afán se ha realizado hace pocas semanas la Cumbre Social Plurinacional, convocada por el gobierno de Evo Morales para establecer directrices de

políticas públicas que deben ser elaboradas e implementadas en lo que resta de su actual administración. Una de las conclusiones de esta Cumbre, a la que no asistió ninguna

organización de prensa al considerar que este encuentro tenía una clara intención político

partidaria a favor del partido gobernante, apunta a la modificación de la Ley de Imprenta para introducir dentro de ella algunos elementos jurídicos que limiten, aún más, la libre expresión y la libertad de prensa:

- El presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Edwin Tupa, exhibió un

proyecto de Ley de Medios para introducirlo en ese cuerpo legislativo como una Iniciativa Legislativa Ciudadana. Dicho proyecto pretende enseñar a los periodistas a no distorsionar la información, no confundir las entrevistas con los interrogatorios, etc.

- El gobierno del Presidente Evo Morales organizó unaCumbre Social Plurinacional con la finalidad de elaborar una agenda política que comprende la aprobación de 70 leyes de

9


carácter económico, social y de control a los medios de comunicación. La propuesta creada

entre organizaciones sociales cercanas al gobierno, abre el debate para la “elaboración participativa de una Ley Marco de Comunicación, basada en la Constitución Política del Estado, la descolonización y despatriarcalización”. El instrumento legal, según sus

proponentes, debe incluir aspectos como la “función y responsabilidad social”, la reglamentación para medios impresos, audiovisuales y otros, la regulación de la

producción extranjera, “la participación del pueblo en los medios a través de un Consejo

Plurinacional de Comunicación”. Otra consideración resultante de esta Cumbre es que las personas que ejerzan el periodismo tengan título universitario.

B. Instrumentos jurídicos contrarios a las libertades y garantías establecidas en la Constitución y en la normativa supranacional Constitución Política del Estado El trabajo periodístico está mencionado en la Carta Magna boliviana: Artículo 107

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación

social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Sobre este mandato pueden hacerse la siguientes observaciones:

1. La información está condicionada previamente al principio de veracidad, lo que resulta en una paradoja, pues se conoce que la información referida al objeto en sí, distingue cuando menos una diversidad de mediaciones entre el sujeto que informa y el objeto del cual se

informa, dicho de otra forma, sobre un mismo acontecimiento de la realidad caben distintas versiones informativas, de las cuales ninguna cumple con la cualidad de veraz (que siempre dice la verdad). Por tanto, es admisible que la información se sujete a la

cualidad de verosimilitud (creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad), pero se rechaza que la información cumpla con la veracidad.

2. En cuanto a que las opiniones sean veraces, el absurdo jurídico es todavía mayor, pues es

bien sabido que las opiniones son juicios de valor que no admiten para sí ningún principio o cualidad de verdad o falsedad. Las opiniones son sólo y únicamente eso, opiniones.

10


3. Por lo enunciado en este artículo constitucional es evidente que el trabajo periodístico descansa sobre tres pilares: (a) normas de ética, (b) autorregulación y (c) su ley.

a. Las organizaciones de prensa en Bolivia cuentan con diversas normas de ética, a saber: Estatuto Orgánico del Periodismo (Decreto Supremo Nº 20225, de 9 de mayo de 1984), Estatuto Orgánico de la Asociación de Periodistas de La Paz, Código de Ética de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Código Deontológico

del Periodista, Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa, Código Nacional de Ética Periodística (éste último elaborado y consensuado en todo el territorio nacional, hecho a propósito de cumplir con el mandato constitucional anotado).

b. Para ajustar el trabajo periodístico al mandato constitucional de referencia se instituyó

en 2009 el Consejo Nacional de Ética Periodística (CNEP),que es una institución independiente de autorregulación, creada por voluntad de las entidades 4 que agrupan a periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación social en Bolivia, que

buscan autorregularse con normas y valores que orienten su labro, como una muestra de su compromiso para mejorar la calidad de la información que se brinda a los

públicos. El CNEP fundó en 2010 a su vez el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) como una instancia independiente, sin respaldo, patrocinio o relación con el Gobierno en funciones o con fuerza política alguna. Su accionar es de estricto orden y fuerza moral. Está integrado por cinco miembros de reconocida solvencia moral y

profesional (tres periodistas y dos abogados). A la fecha se han presentado 27 denuncias al TNEP, se han dado 17 fallos, 10 denuncias han sido desestimadas por haber sido presentadas fuera de tiempo o porque exceden el radio de acción de este Tribunal,correspondiendo a ámbitos del Derecho.

c. Si bien el artículo constitucional anotado no especifica a qué ley se refiere cuando enuncia “su ley”, es por todos conocido que la única ley que regula concretamente el

trabajo periodístico es la Ley de Imprenta de 1925. Este instrumento jurídico de 71 artículos tiene en su núcleo normativo a la libertad de expresión como fundamento de la libertad de publicidad de los pensamientos (Art. 1), además de proteger la inviolabilidad de la reserva de fuente (Art. 8) y el establecimiento de las

El Cuerpo Directivo del CNEP está integrado por los delegados de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación de Periodistas del La Paz (APLP), Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (ASBORA), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 4

11


responsabilidades ulteriores por las publicaciones hechas. Se anota que por un Decreto de 1951 son incorporados a este cuerpo normativo los medios radiodifundidos.

Cumbre Social Plurinacional

A pesar que la Cumbre Social Plurinacional no es un instrumento jurídico, se ha visto la necesidad de incluirla en este apartado porque de ella saldrán las directrices de las futuras políticas públicas regulatorias.

La Cumbre Social Plurinacional que se llevó a cabo entre el 12 y 14 de diciembre de 2011,

congregó a distintos movimientos sociales afines al partido gobernante, militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo, entre los temas debatidos se encontraban: Desarrollo Económico, Seguridad Alimentaria, Tierra y Territorio, Empleo y Estabilidad

Laboral, Política Social y Servicios Básicos, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Legislativo, Autonomías Departamentales e Indígenas, y Comunicación.

Sobre el tema de Comunicación el Presidente Evo Morales dijo: “espero que los medios de

comunicación no se molesten, se ha planteado el tema de comunicación…cuando el Estado mediante el Gobierno quiere defenderse frente a las tergiversaciones o mentiras de los

medios de comunicación dicen que no hay libertad de prensa, cuando algunos medios de

comunicación tratan de confundir a la población con medias verdades dicen que hay libertad de expresión”.

En lo referido a la Comunicación y a los otros temas abordados, los resultados de la cumbre guiarán la agenda gubernamental. Tal cual manifestara el propio Presidente Evo Morales, “las

tareas que ejecutará a futuro el Gobierno son las emanadas de la Cumbre Plurinacional”. En el tema de la Comunicación las directrices de la Cumbre, bajo el rótulo de “diseño de políticas comunicacionales para consolidar el proceso de cambio”, son las siguientes:

1. Abrir el debate para la elaboración participativa de una Ley Marco de Comunicación,

basada en la Constitución Política del Estadoy la descolonización y despatriarcalización,

en donde los pueblos indígenas originarios, interculturales y afrodescendientes se articulen con los medios de comunicación a través de un Consejo Plurinacional de Comunicación y consejos departamentales. Además, los medios de comunicación que no

cumplan función social y/o la ley serán sancionados de acuerdo a normas en concordancia a la Ley Quiroga Santa Cruz.

12


- En primer lugar, debe advertirse que nunca se ha definido a cabalidad qué es y cómo se lograría la “descolonización” y la “despatriarcalización”, así como tampoco quién o quiénes serían los “descolonizadores” y “despatriarcalizadores”.

- En segundo lugar, en un gobierno como el de Evo Morales en el que se ha mostrado frecuentemente un voraz apetito de poder, manifiesto en el control político partidario

de todas las instituciones, no existe ninguna garantía que el Consejo Plurinacional de Comunicación vaya a ser un ente plural y autónomo.

- En tercer lugar, la mencionada Ley Quiroga Santa Cruz como mecanismo sancionatorio

para los medios de comunicación, no es precisamente el mejor instrumento jurídico,

pues esta norma aplicable a los delitos de daño económico al Estado ha sido denunciada

por su carácter retroactivo, ilegalidad cuyo origen es la mismísima Constitución Política del Estado:

Artículo 124

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en

materia de corrupción, par investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y el resto de los casos señalados por la Constitución.

Sin embargo, la retroactividad en las leyes y otros instrumentos jurídicos está en contra

de la normativa supranacional, en este caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 11

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave aplicable en el momento de la comisión del delito.

o bien, como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto

de San José de Costa Rica:

Artículo 9. Principio de Legalidad y Retroactividad

Nadie puede ser condenada por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

13


De forma bastante incoherente, nuestro Estado es parte del Pacto de San José y ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, es más, la propia Constitución Política del Estado boliviano afirma: Artículo 256

I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos

que hayan sido formados, ratificados o a los que se hubiere adherido el estado que declare derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente a esta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los

tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables.

- En cuarto lugar, si la Ley de Imprenta de 1925 está constitucionalizada, entonces ésta y no otra debería ser la Ley Marco, pues en ella se encuentra protegida la libertad de expresión y de prensa.

2. La comunicación al trascender a los medios de comunicación se extiende a las

manifestaciones y expresiones culturales, ambas orientadas a la descolonización y despatriarcalización, elementos fundamentales de la Revolución Cultural, cuyo proceso

involucra a todas las instituciones públicas y privadas que formen el proceso de cambio, por tanto deben descolonizarse empezando por el perfil del personal con compromiso

social, convicción, vocación de servicio e identidad cultural, impulsando la formación política-ideológica de todas las instituciones que estén dentro del proceso de cambio.

- Aunque poco se puede agregar a esta visión althusseriana concordante con los aparatos ideológicos del estado, debe advertirse que los medios de comunicación podrán tener

orientación ideológica (eso es pluralismo y tolerancia, en suma, democracia), pero jamás servir de mecanismos de adoctrinamiento político.

Con estos elementos de juicio, las organizaciones de prensa en Bolivia ven con temor la

implementación de los resultados de la Cumbre Social Plurinacional, pues además de vulnerar la Constitución Política del Estado, constituyen un atentado contra los Derechos Humanos. 3. Fortalecer a organizaciones y periodistas comprometidos con este proceso.

- Esta es un aclara vulneración contra el derecho a disentir, mecanismo que sustenta el debate público en las sociedades democráticas, además de constituirse en un conducta discriminatoria de aquellas organizaciones y periodistas que no estén con este proceso.

4. Generar mecanismos para sancionar el incumplimiento del principio de veracidad.

14


- Como se dijo anteriormente anotándose los motivos, el principio de veracidad que exige

la Constitución Política boliviana al trabajo periodístico es un absurdo y una ilegalidad.

Sin embargo, proponer que se sancionen a los periodistas y medios que no sean veraces, supone la creación de un organismo que se pronuncie sobre lo verdadero y lo falso, pero

quién dicta qué es verdad y qué mentira. Ante la duda de que una información o una

opinión no sean veraces y, por esta causa, el emisor sea sancionado, entonces es mejor permanecer

sin

autocensurada.

expresar

pensamiento

alguno.

Queda

pues,

una

sociedad

 Ley del Órgano Electoral Plurinacional Esta norma establece los parámetros de la propaganda electoral y de sus mecanismos de difusión:

Artículo 6. (COMPETENCIA ELECTORAL).

El Órgano electoral Plurinacional tiene las siguientes competencias:

10. Regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación, y de la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral.

Debe advertirse que en esta norma aparece un juicio de valor que lleva a una gran latitud en

su interpretación, el “efecto electoral”, que además al estar ligado con la regulación y

fiscalización de los medios y de las encuestas de opinión como mecanismos de difusión, genera control sobre la divulgación ideológica (en la propaganda) y la información de campo (en las encuestas).

Es importante hacer notar que esta norma establece dentro de sus atribuciones el uso de los medios de comunicación masiva en la difusión de propaganda en los procesos electorales, así como la regulación y fiscalización de la elaboración y difusión de las encuestas. Artículo 24. (ATRIBUCIONES ELECTORALES).

El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:

28. Regular y fiscalizar la contratación y uso de medios de comunicación masiva en la

difusión de propaganda electoral en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.

15


29. Regular y fiscalizar la elaboración y difusión de encuestas de intención de voto, bocas de urna, conteo rápido y otros estudios de opinión con efecto electoral durante los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato desde su convocatoria hasta la publicación oficial de resultados.

30. Monitorear la información, la propaganda electoral difundidos en medios de comunicación masiva de alcance nacional, durante los procesos electorales,

referendos y revocatorias de mandato, desde su convocatoria hasta la publicación oficial de sus resultados.

31. Garantizar que la propaganda electoral y los estudios de opinión con efecto

electoral difundidos en los procesos de alcance nacional, se ajusten a la normativa vigente y su reglamentación, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.

Artículo 27. (ATRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO).

El Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), tiene las siguientes atribuciones:

13. Definir sistemas y ejecutar el monitoreo de la información difundida en medios de comunicación de alcance nacional en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.

De este conjunto de artículos se pueden hacer algunas observaciones, la regulación y la

fiscalización de medios de comunicación y encuestas debería remitir a un reglamento claro y preciso y, además, concordante con el marco regulatorio vigente, pero no existe; el monitoreo

de la información y la propaganda requieren de un complejo aparato de seguimiento y archivo diario de publicaciones y emisiones, el cual no existe; en cuanto al alcance nacional de la propaganda electoral y de los estudios de opinión con efecto electoral, podría preguntarse qué ocurre con aquellos cuyo alcance no sea nacional sino local.

El siguiente artículo responde parcialmente la pregunta anterior: Artículo 38. (ATRIBUCIONES ELECTORALES).

Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones electorales:

29. Realizar el monitoreo de la información, de la propaganda electoral y de los estudios de opinión con efecto electoral en los procesos electorales, referendos y

revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal, difundidos en medios de comunicación del departamento.

En efecto, parece ser que el Tribunal Electoral Departamental tiene bajo su influencia al

mismo departamento, a la región y al municipio, pero ¿cómo podrá a su vez el Tribunal 16


Supremo Electoral tener control sobre el Departamental si el radio de acción del primero es menor que del segundo?

Artículo 82. (FUNCIONES).

I. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) ejerce las siguientes funciones:

6. Realizar el monitoreo de la agenda informativa y de opinión de los medios de comunicación en procesos electorales, referendos y revocatorias mandatos.

de

Dos aspectos llaman la atención, por un lado la intención ya manifiesta de impedir que

utilizando la libertad de expresión, los periodistas y la opinión pública difundan mensajes que pudieran tener “efecto electoral”, por otro que en los casos de propaganda o encuestas de

opinión (sobre todo en época electoral), ambos se encuentren sujetos a una especie de autocensura, y principalmente se estaría reduciendo su marco de actuación en un momento tan importante para un régimen democrático como son los procesos electorales.

Como se verá a continuación, la falta de publicidad a los procesos electorales adquirirá

matices dramáticos en las elecciones para autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

 Ley del Régimen Electoral Debe decirse que bajo los mandatos de esta Ley, la ciudadanía boliviana acudió el pasado 16

de octubre de 2011 a urnas para elegir a las autoridades del Órgano Judicial (Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia) y Tribunal Constitucional Plurinacional. Dichas elecciones fueron marcadas por la ausencia de

información sobre los candidatos y sus visiones de justicia, lo que en buena medida coadyuvó a que más del 60% de los votos fuera nulo o blanco. Esta ausencia de información tiene su origen en la Constitución Política del Estado: Artículo 183.

III. Durante la preselección y la elección, las Magistradas y los Magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, ni realizar campaña

electoral a favor de su candidatura. El Consejo Electoral Plurinacional será el responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.

La Ley del Régimen Electoral que hizo posible un proceso electoral insólito e inédito, introduce además nuevos condicionamiento previos a la libertad de expresión:

17


Artículo 4. (DERECHOS POLÍTICOS).

El ejercicio de los derechos políticos en el marco de la democracia intercultural y con equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres, comprende:

g) El ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa,

veraz, adecuada y oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación, según lo establecido en los artículos 21 y 107 de la Constitución Política del Estado.

k) La realización de campaña y propaganda electoral, conforme a norma.

De acuerdo a esta ley la información además de ser veraz, debe ser adecuada y oportuna, lo cual lleva nuevamente a la autocensura de medios y periodistas para evitar las sanciones. Pero además cae en una contradicción al garantizar la realización de campaña y propaganda electoral (inc. k) y, después prohibirla: Artículo 82. (PROHIBICIONES).

En el marco del régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, se establecen las siguientes prohibiciones:

I. Las y los postulantes, desde el momento de su postulación, bajo sanción de inhabilitación, están prohibidos de:

a) Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda

relativa a su postulación, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;

b) Manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole.

c) Emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;

d) Dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; o

e) Acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo al que postula.

II. A partir de la convocatoria, los medios de comunicación, bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal, están prohibidos de:

a) Difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral.

b) Referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa. c) Generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes.

18


d) Dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante.

Más adelante, en la misma norma, se hace explícita la censura y la autocensura:

III. A partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a

favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo Internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal.

IV. A partir de la convocatoria, ninguna autoridad o institución pública podrá emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones, constituyéndose falta electoral sin perjuicio de su calificación penal.

De esta manera, la sociedad civil queda enmudecida desde la convocatoria hasta la finalización del proceso electoral.

En cuanto a las sanciones a los medios de comunicación la ley establece: Artículo 84. (SANCIONES A LOS MEDIOS).

El Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución fundamentada,

sancionará al medio de comunicación que viole el régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con su inhabilitación para emitir

propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato.

Del ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía para participar en los procesos electorales, esta norma cae en una profunda contradicción al apuntar: PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 110. (FUNDAMENTO).

El acceso a la propaganda electoral constituye un derecho de la ciudadanía en el marco de sus derechos fundamentales a la comunicación y a la información,

para la participación en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.

Artículo 115. (SUJETOS AUTORIZADOS).

19


a) En procesos electorales, únicamente están autorizadas para realizar propaganda electoral, por cualquier medio, las organizaciones políticas o alianzas que presenten candidaturas.

b) En referendos o revocatorias de mandato, únicamente están autorizadas para realizar propaganda electoral, por cualquier medio, las organizaciones políticas o alianzas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de las

naciones y pueblos indígena originario campesinas, que se habiliten ante el Tribunal Electoral competente.

Podrá advertirse que la ciudadanía activa como parte de un ser social y político, llamado

sociedad, está condicionada a la habilitación o pertenencia a algo o alguien que participe en el proceso electoral, aquellos que no cumplan esta condición deben abstenerse de participar. En cuanto al uso de los medios de comunicación esta norma indica que: Artículo 122. (USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN).

Ningún candidato, desde el momento de su inscripción en el Órgano Electoral

Plurinacional, podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de inhabilitación.

Desde cuarenta y ocho (48) horas antes del día de los comicios hasta las dieciocho (18) horas de la jornada de votación, se prohíbe a los medios de comunicación:

a) Difundir cualquier contenido propagandístico, informativo o de opinión que pueda favorecer o perjudicar a una organización política o candidatura;

b) Difundir programas que mediante opiniones o análisis respecto a las

organizaciones políticas o candidaturas, puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía; y

c) Dar trato preferencial o discriminatorio a laguna de las candidaturas u organizaciones políticas participantes.

El incumplimiento de esta disposición, previo informe técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dará lugar a la sanción

con una multa equivalente al doble del monto de la tarifa más alta inscrita en

el Órgano Electoral Plurinacional, por el tiempo o espacio utilizados y la

inhabilitación del medio para difundir propaganda electoral en el siguiente proceso electoral.

En cuanto a las sanciones la norma prevé las siguientes: 20


Artículo 136. (SANCIONES).

I. Las empresas especializadas de opinión pública, instituciones académicas y/o otras entidades públicas privadas, o cualquier persona, serán sancionadas, en le

marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales, encuestas en boca de urna, conteos rápidos y otros estudios de opinión, con fines electorales:

a) Sin estar habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional; b) Fuera del plazo establecido en la presente ley;

c) Que no cumplan criterios técnicos y metodológicos definidos en Reglamento;

II. Los medios de comunicación serán sancionados con la inhabilitación para difundir estudios de opinión en materia electoral en lo que reste del proceso en curso y el siguiente proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato y con

una multa equivalente al doble del monto restante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de estudios, cuando difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral:

a) Realizados por entidades no registradas ni habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional.

b) Fuera del plazo establecido en la presente ley;

c) Que no cumplan criterios técnicos y metodológicos establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

d) Sin presentarlos como “Resultados no oficiales”

III. Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en

materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral

Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con un amulta equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios.

IV. Las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas con la inmediata cancelación de su acreditación.

De los delitos, esta norma señala que:

Artículo 238. (DELITOS ELECTORALES).

Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones:

21


K) Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que

induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en

contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley,

será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.

De la misma manera que el “efecto electoral” queda en la bruma de la libre interpretación, se

introduce también una figura de difícil comprensión, el “control social”. Ésta viene a ser en la norma un mecanismo propicio para amedrentar a la ciudadanía. Artículo 252. (CONTROL SOCIAL).

El control social establecido en la Constitución Política del Estado, en materia electoral, sin perjuicio de lo establecido en la Ley especial y los Reglamentos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, tiene las siguientes facultades:

f) Denunciar o coadyuvar denuncias por violación de derechos políticos, por la comisión de faltas o delitos electorales establecidos en la presente Ley.

Debe hacerse notar que el conjunto de las leyes del Órgano Judicial, del Órgano Electoral

Plurinacional, del Régimen Electoral, del Tribunal y la de Autonomías, son mejor conocidas

como “Leyes orgánicas y Leyes Marco” y los temas que ellas abordan no son susceptibles de ser sometidas a Referendo:

Artículo 14. (EXCLUSIONES).

No se podrá someter a Referendo las siguientes temáticas: d) Leyes orgánicas y Leyes Marco.

Por lo dicho, se observa que la Ley del Régimen Electoral alienta una lamentable forma de centralización estatal de la información y genera una situación potencial de votación sin suficiente información que puede afectar la eficacia y la confiabilidad del voto como institución.

Al respecto, sobre la relación entre el derecho a la libertad de expresión y la democracia el

sistema interamericano tiene amplio desarrollo sobre la importancia de la libertad de

expresión para el mantenimiento de una sociedad democrática. En este sentido ha establecido que:

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es

22


también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la

colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por

ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”5.

A su vez la Comisión Interamericana se ha referido a que “el control efectivo de los ciudadanos

sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar información sino que requiere la acción positiva de proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin esta información, a la que todas las personas tienen derecho,

no puede ejercerse la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control social”6.

“Esta concepción amplia de la libertad de expresión abre canales para la interpretación de la libertad de información en un sentido que se acerca al derecho de acceso a la información”7.

Con cita en los Principios de Johannesburg sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, la Comisión estableció que:

“toda restricción a la libre corriente de información no debe ser de naturaleza tal que contravenga los propósitos del derecho en materia de derechos humanos y derecho

humanitario. En particular, los gobiernos no pueden impedir que los periodistas o los

representantes de organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales con

mandato para supervisar las normas de derechos humanos o humanitarias, ingresen a áreas en que existen fundamentos razonables para creer que se están cometiendo o se han cometido violaciones a los derechos humanos o del derecho humanitario. El

acceso a la información también determina que los periodistas tengan acceso a las zonas de conflicto, los lugares de desastre y otros lugares, a menos que dicho acceso plantee un claro riesgo a la seguridad de los demás” 8.

Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: Corte IDH, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, párrafo 70. 6 CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2001, Capítulo III, párrafo 16. 7 “El acceso a la información como derecho”, en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Derechos Humanos en Argentina: informe anual 2000, Buenos Aires, 2001. Citado en: CEJIL, La protección de la libertad de expresión y el sistema interamericano, Washington, CEJIL, 2004, p. 87. 8 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párrafo 288. 5

23


“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este

principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas".

 Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación Este instrumento jurídico afecta directamente a la propiedad de los medios radiodifundidos, su propósito es la drástica reducción de la oferta privada en el espectro electromagnético. Artículo 10. (DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSIÓN).

La distribución del total de canales de la banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica a nive nacional donde exista disponibilidad, se sujetará a lo siguiente: 1. Estado, hasta el treinta y tres por ciento.

2. Comercial, hasta el treinta y tres por ciento.

3. Social comunitario, hasta el diecisiete por ciento.

4. Pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete por ciento.

Sobre este mandato deben efectuarse ciertas observaciones: 1. Las categorías son amplias y su definición laxa.

- Las únicas categorías de clara interpretación son las que corresponden al “Estado” y

“comercial”. Pero en cuanto a “social comunitario” y “comunidades interculturales”, su interpretación queda en manos del regulador.

2. El actual gobierno utiliza los medios estatales como extensiones de su aparato de propaganda, el cual de acuerdo a esta norma crecería aún más.

- El gobierno maneja la red más extendida geográficamente, pero con esta norma, para

ocupar el 33% mencionado, debería crecer aún más. Esto sería bueno si el canal estatal sería plural, pero ahora sólo tiene lugar para una voz, la del gobierno de Evo Morales.

3. Las categorías “Social comunitario”, “Pueblos indígena originario campesinos”, y

“comunidades interculturales”, al no estar bien definidas pueden ser fácilmente asimiladas por el Estado.

24


- Nada impide que el ente regulador sume al 33% del Estado, el 34% de las categorías

anotadas. Es bien sabido que los movimientos sociales (supra categoría en manos del MAS) tiene fuerza de atracción suficiente como para aglutinar todos los grupos sociales

que crea convenientes a su “proyecto de cambio”, lo cual significaría en buenos

términos que el partido de Evo Morales controlaría el 67% del espectro electromagnético.

4. Reducción de la oferta comercial.

- Debe tomarse en cuenta, concretamente en el caso de la radios, que de 682 que existen en la actualidad, para cumplir con la norma, de acuerdo al número de frecuencias

disponibles, este número debe ajustarse a 400. Por tanto, 282 radios dejarían de emitir sus señales, con el consiguiente despido de sus operadores y la disminución de pluralidad en la oferta mediática.

- Para este ajuste de la oferta, los criterios de selección son confiados a la

discrecionalidad del ente regulador, lo que genera gran dependencia con la decisiones del regulador, generando un ambiente propicio para el clientelismo.

Debe agregarse que la Ley 164 no pretende el ordenamiento del espectro, su objetivo es la

afectación de la estructura de propiedad como mecanismo de control político sobre la oferta en los medios radiodifundidos.

Advertimos también que esta Ley deroga el único instrumento jurídico que regula contenido

en los medios radiodifundidos, la Ley 1632, queda esperar entonces que se utilice este argumento para dar cabida a lo que el oficialismo llama “ley de medios”, que no es otra cosa que un instrumento punitivo antes que propiciador de la democracia en las comunicaciones.

Con este informe las organizaciones de prensa firmantes, buscan desmitificar el clima de pluralidad y tolerancia democrática que la administración del Presidente Morales ha

pretendido difundir primero en Bolivia yluego fuera de sus fronteras, para dibujar los

contornos cada vez más definidos de un gobierno abusivo en el ejercicio del poder, atropellador de la su propia Constitución, vulnerador de la normativa supranacional e

intolerante con las opiniones divergentes de la propia.En suma, un gobierno que está adquiriendo las características de un régimen dictatorial antes que democrático.

Los esfuerzos, no pocos, para dialogar en igualdad de condiciones han recibido como

respuesta reuniones político partidarias como la Cumbre Social Plurinacional, donde la

25


asimetría y la utilización de aparatos demagógicos se ocupan de acallar las voces de grupos sociales críticos de la situación que vive Bolivia, entre ellos los periodistas.

Nuestra denuncia debe alertar a las democracias del mundo, para que fijen sus ojos en el estrangulamiento lento pero persistente de los Derechos Humanos. Uno en particular, la libertad de expresión. Si bien, la autodeterminación de los pueblos se traduceen las elecciones y ellas son la legalidad de los gobiernos, no debe usarse la mayoría transitoria para aplastar a las minorías.

La democracia es el perfeccionamiento de la alternancia en el ejercicio del poder, no la persecución y aniquilamiento de las voces disonantes.

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA Por la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores de Prensa de Bolivia, y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras:

Antonio Vargas Ríos Fiscal General Asociación de Periodistas de La Paz

26

Estado de la libertad de expresión en Bolivia (2011)  

Infiorme presentado por la APLP, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you