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productos transgénicos, si contienen grasas TRANS o sustancias alergénicas, el porcentaje de los principales ingredientes, etc. Con lo cual los consumidores estaremos mejor informados sobre lo que comemos. (Articulo 31 y siguientes)

ASPEC se pronuncia sobre el proyecto de Código de Consumo presentado por el Ejecutivo al Congreso La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) consideró como un hecho positivo que el Poder Ejecutivo haya remitido finalmente al Congreso de la República su proyecto de “Código de Protección y Defensa del Consumidor”. De la revisión del aludido y extenso texto, queda en claro que se han subsanado una serie de deficiencias contenidas en la versión previa la cual recortaba una serie de derechos esenciales de los consumidores. LO BUENO 1. Se establece que la finalidad de este Código no solo es equiparar la “asimetría de la información”, como se decía en la versión anterior, sino que la finalidad es instituir como principio rector de la política social y económica del Estado, la protección de los derechos de los consumidores, promoviendo el acceso a una diversidad de productos y servicios idóneos, reduciendo la asimetría informativa y fomentando la libertad de elección en un marco de libre y honesta competencia, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución

Política del Perú y al ordenamiento jurídico nacional. 2. Se elimina la mención a la “subsidiaridad” del Estado en cuanto a la protección del consumidor. Ahora se establece que la actuación del Estado en la protección del consumidor es permanente 3. Se ha establecido, como parte del derecho a la no discriminación, el orden de llegada a un establecimiento o de demanda de un servicio que deberá ser respetado. 4. Se ha restituido la propuesta de que, en los establecimientos que expenden una gran cantidad de productos o servicios, las listas de precios podrán ser complementadas por terminales de cómputo debidamente organizadas y de fácil manejo para los consumidores, así como viene sucediendo ya con algunas farmacias y boticas gracias a la campaña de ASPEC y DIGEMID (Articulo 9.2.1) 5. Se han reestablecido las propuestas sobre la información que debe contener el etiquetado de alimentos como la indicación de si son

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6. Se ha restablecido la propuesta sobre las centrales de riesgo, en el sentido que éstas tienen que informar al consumidor cuando lo reporten como moroso y que también los acreedores tienen la obligación de corregir inmediatamente esa información una vez haya sido cancelada la deuda (Articulo 46) 7. En materia de arbitraje de consumo se ha establecido el funcionamiento descentralizado de Juntas Arbitrales en cada localidad. 8. En cuanto al Libro de Reclamaciones, se ha restablecido la obligatoriedad de que los proveedores cuenten con éste. LO MALO Sin embargo, el proyecto contiene una serie de disposiciones que “recortan derechos a los consumidores y ponen en serios aprietos a las asociaciones de consumidores”, entre ellas las siguientes: 1. Se insiste en fijar un “estándar sumamente elevado” para que el consumidor se encuentre protegido por el Código el cual tomará como referencia el parámetro de un consumidor que actúa de “buena fe” y con la “diligencia ordinaria” (Articulo 1.5). Esto significa que las personas que no sepan leer o que no tengan las posibilidades de leer, analizar la información que brindan los proveedores y comprenderla –que son la mayoría de la poblaciónquedan fuera de toda protección legal. 2. Dejando de lado los logros alcanzados, se ha dejado una ventana abierta para el redondeo de pre-


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cios a favor de las empresas 3. Se persiste en considerar excepciones para la obligación de los establecimientos de expendio de comidas y bebidas de exhibir sus precios en la parte exterior del establecimiento. 4. En el brevísimo capítulo dedicado a la publicidad –cuya regulación continúa inexplicablemente en un cuerpo legal ajeno como es la Ley de Competencia Desleal- se deja una ventana abierta para que ésta anuncie ofertas muy atractivas y las restricciones importantes las remita a una fuente diferente, con lo cual se perjudica a los consumidores. 5. También sobre la publicidad el proyecto determina que, cuando la autoridad examine un anuncio probablemente engañoso, deberá hacer un análisis integral, que implica un examen de todo el contenido del anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. ASPEC considera un error creer que el consumidor “aprehende” todos los elementos que forman parte del anuncio de manera conjunta considerándolo como un paquete informativo. Por el contrario, el consumidor se fija en los aspectos más saltantes, más llamativos, y en función de ellos suele tomar decisiones. En consecuencia, lo que proponemos es que la autoridad examine el anuncio poniéndose en la situación de cualquier consumidor, es decir, un examen superficial, para saber si un anuncio tiene capacidad de inducir a error a un consumidor común y corriente. 6. Si bien el proyecto ha establecido el etiquetado de transgénicos, se menciona que un reglamento establecerá el porcentaje correspondiente (Artículo 39°) con lo cual se deja otra ventana abierta para que la información pueda serle esca-

moteada al consumidor. 7. Si bien el proyecto reconoce que los consumidores tienen derecho al pago anticipado de créditos con la consiguiente reducción de los intereses, se ha establecido que éstos pueden “renunciar” a este derecho, siempre que lo pacten con el proveedor de manera previa, expresa, explícita y por escrito Esta disposición obviamente no tiene en cuenta que todos los contratos financieros son por adhesión y, consecuentemente, impuestos de manera unilateral por las empresas.

“Sin embargo, el proyecto contiene una serie de disposiciones que recortan derechos a los consumidores y ponen en serios aprietos a las asociaciones de consumidores” 8. En lo que atañe al orden de imputación de pagos, la propuesta plantea que, tratándose de los contratos de crédito por adhesión de empresas financieras sujetas al ámbito de supervisión de la SBS, el orden de imputación pactado no puede conllevar un agravamiento desproporcionado del monto adeudado, salvo que el proveedor acredite fehacientemente la existencia efectiva de un pacto en contrario con el consumidor. En este último supuesto se requerirá del consentimiento explicito, informado y en documento aparte, del consumidor (articulo 74). La imputación de pagos significa que si un consumidor realiza en un mes varias operaciones financieras con su tarjeta de crédito, correspondiendo a cada una de ellas distintas tasas de interés, unas más altas y otras más bajas, cuando amortiza la deuda debe

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tenerse en cuenta que primero se deben cancelar las deudas más caras, con mayores tasas de interés, y luego las baratas. Esto es lo razonable, lo justo. Pero ahora el proyecto plantea que este principio razonable y beneficioso al consumidor admite “pacto en contrario” y, como los contratos bancarios son por adhesión, redactados por los mismos bancos, éstos incluirán cláusulas que les otorgan a ellos la facultad de establecer el orden en la imputación de pagos, con lo cual seguirán perjudicando a los consumidores. 9. Sobre el efecto vinculante de la publicidad –y al igual que en los casos anteriores- se establece que la oferta a los consumidores es vinculante, es decir, obligatoria para la empresa pero ahora se permite “pacto en contrario”. (Artículo 85°). Es decir, una compañía de seguros puede ofertar un servicio bajo determinadas características muy atractivas, pero cuando el consumidor acude a contratarlo debe firmar el contrato por adhesión respectivo, redactado unilateralmente por la empresa y al que no se puede modificar una letra, el cual puede muy bien contener estipulaciones que dejan sin efecto lo ofrecido en la publicidad. Es por eso que ASPEC propone eliminar esa ventana al engaño. 10. El proyecto establece que los contratos podrán sufrir en el transcurso del tiempo “modificaciones en sus términos y condiciones”, o resolverse con arreglo a los mecanismos previstos de manera expresa en los mismos y en la legislación civil sobre la materia. (Artículo 86°) Si bien actualmente los contratos pueden modificarse de manera unilateral, la ley debería evitar que esto afecte las expectativas generadas en el consumidor por una oferta y que, como resultado de las mismas, se hayan generado derechos para el consumidor. En esos casos, la modificación contractual no debe afectarlos.


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ASPEC se pronuncia sobre el proyecto de Código de Consumo presentado por el Ejecutivo al Congreso

sumidores, el proyecto prohíbe de manera expresa el uso de fondos provenientes de los porcentajes de multas para el financiamiento directo de dichas organizaciones (Articulo 149.3). Esta disposición es un absurdo, porque lo más prioritario para una organización de consumidores es su financiamiento, es decir el pago de sus gastos básicos para funcionar como son agua, luz, teléfono, Internet, etc. Sólo cuando dichos servicios esenciales están cubiertos, se puede luego pensar en publicar un folleto, organizar un curso, contratar un consultor que escriba un libro de texto, etc. Como se aprecia, las disposiciones contenidas en la propuesta tienden a asfixiar a dichas asociaciones.

En el Congreso: ASPEC propone fortalecer Asociaciones de Consumidores y observa Código de Consumo

Pese a lo mencionado anteriormente, las restricciones que se pretende imponer a las asociaciones de consumidores llegan a situaciones que lindan con el atropello. En tal sentido, el proyecto señala que:

En la última sesión sobre Código de Consumo que se llevará a cabo la próxima semana en la Comisión de Defensa del Consumidor, se debatirá intensamente sobre el quehacer de las Asociaciones de Consumidores. Una de las observaciones es que se ha eliminado la posibilidad, para las asociaciones de consumidores, de cobrar las costas y costos del proceso (pago de tasas y honorarios del abogado patrocinante) al infractor, como ha venido sucediendo a lo largo de varios años. La propuesta señala que “En la medida que el porcentaje entregable a las Asociaciones de Consumidores contempla su participación dentro del procedimiento iniciado, de declararse fundada la denuncia de forma total o parcial, la Comisión no ordenará el pago de costas y costos del procedimiento”. (Articulo 149.2) Esta disposición constituye una arbitraria e injustificada limitación al accionar de las asociaciones de consumidores que ya no tendrán la

posibilidad de contratar abogados para impulsar los procesos legales por infracción a las normas de protección del consumidor porque, simplemente, no habrá dinero para pagarles. Parece que la propuesta lo que desea es que los abogados de las asociaciones de consumidores –que diariamente se enfrentan a los estudios de abogados más grandes del país- trabajen gratuitamente. Otra posibilidad es que el proyecto busque que las asociaciones no cuenten con asistencia legal, lo cual favorece enormemente a los infractores. Es necesario precisar que los porcentajes de las multas que reciben las asociaciones de consumidores al final de un proceso promovido administrativo por ellas -el cual puede durar tres años o más- puede destinarse única y exclusivamente para financiar actividades de difusión, capacitación, etc., no para contratar abogados, ni pagar aranceles, ni tasas. Por otro lado, en cuanto al financiamiento de las asociaciones de con-

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• Los integrantes de los órganos de decisión de la asociación y sus representantes legales deberán revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a un posible “conflicto de intereses” con el proveedor denunciado, sea por vinculación con la misma o por tener familiares laborando en dicha empresa hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Artículo 151). No queda claro lo que tal disposición significa. Parece ser que si un pariente de un funcionario de una asociación de consumidores labora en una empresa, no se puede denunciar a ésta. Si es así, no entendemos cuál es la lógica de dicha limitación que lo único que traerá como consecuencia es que, eventualmente, no se pueda denunciar a algunas empresas con lo cual los abusos que cometen permanecerán impunes. • El proyecto pretende criminalizar a los funcionarios y representantes de las asociaciones de consumidores en caso ésta interponga una denuncia que sea considerada “maliciosa” en contra del proveedor (Articulo 152). Esta disposición


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–que nunca antes se había vistoconstituye una amenaza frontal a las asociaciones de consumidores como personas jurídicas y a sus funcionarios como personas naturales que excede todos los límites y cuyo obvio propósito es inhibirlas de denunciar a las empresas ya que, de hacerlo, deberán enfrentar

EXPOCONSUMO VISITÓ HUARAZ ASPEC llevó su feria itinerante e interactiva, Expoconsumo, a la ciudad de Huaraz el último fin de semana con el apoyo del Gobierno Regional y los medios de comunicación que invitaron al evento tras una conferencia de prensa a cargo del presidente de ASPEC, Jaime Delgado. Los consumidores y usuarios participaron masivamente en la Plaza de Armas de dicha ciudad. Tanto niños como adultos pudieron informarse más sobre sus derechos y las campañas en defensa del consumidor durante los dos días enteros que duró la exposición a cargo de los colaboradores de ASPEC.

represalias incalculables. Como se aprecia, “si no se subsanan las deficiencias acotadas, las asociaciones de consumidores correrán el riesgo de desaparecer o de convertirse en meros fantasmas que, de vez en cuando, publiquen un folleto u organicen una feria. Pero su capacidad

de salir en defensa de los consumidores que diariamente sufren abusos quedará irremediablemente reducida a su mínima expresión. En consecuencia, todas estas restricciones deben eliminarse del proyecto”, es lo que indicó el presidente de ASPEC, Jaime Delgado.

ASPEC PARTICIPÓ EN GRUPO DE TRABAJO PERÚ-JAPÓN SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL El Vicepresidente de ASPEC Crisólogo Cáceres participó en el evento denominado Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Perú-Japón sobre Televisión Digital Terrestre (TDT). Dicho encuentro que fue organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Embajada del Japón en el Perú se llevó a cabo el miércoles 31 de marzo y participaron representantes de los canales de televisión, la universidad, el Colegio de Ingenieros, el CONCORTV, etc. así como una nutrida delegación japonesa integrada por empresarios y funcionarios públicos. El evento fue inaugurado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y su objetivo fue evaluar los avances registrados en el Perú en cuanto a la TDT y exponer los alcances del recientemente publicado Plan Maestro para la Implementación de la TDT en el Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 117-2010-MTC. Por su parte, los delegados nipones informaron sobre los logros alcanzados a la fecha en su país y anunciaron que el “apagón analógico” –es decir, la fecha en la que los radiodifusores dejarán de transmitir en señal analógica y pasarán a hacerlo exclusivamente en señal digital- está previsto para el año 2011. Ante las preguntas formuladas por el representante de ASPEC, el Director Adjunto de Tecnología de Radiodifusión del MIC japonés Yasushi Furukawa explicó que, desde el 2002,

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en su país se han venido desarrollando programas de orientación y educación a los consumidores respecto a las características y beneficios que trae consigo la TDT. Asimismo se han adoptado medidas como, por ejemplo, colocar stickers en los aparatos de televisión que se comercializan en el mercado indicando sin son aptos o no para recibir señal digital con lo cual se previene el engaño a los consumidores. También los radiodifusores colocan cintillas que aparecen en la pantalla de los televisores indicando a los televidentes si están transmitiendo en señal analógica o digital. Con este tipo de acciones se preserva el derecho a la información de los consumidores y se garantiza que la transición a la era digital se realice no sólo con la participación de los empresarios televisivos sino, y eso es lo más importante, con la participación de la ciudadanía. Se espera que el Perú siga en los próximos años el mismo ejemplo de Japón toda vez que en nuestro país el “apagón analógico” se producirá a partir del año 2020.

Consumacción ASPEC Nº 25  

Boletín quincenal de los consumidores. Edición 26

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