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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3

Dña. ANA IMIRIZALDU PANDILLA, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de KONTUZ ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES, USUARIOS Y CONTRIBUYENTES DE NAVARRA

/

NAFARROAKO

ERABILTZAILEA,

según

tengo

debidamente acreditado en Diligencias Previas nº 689/2013, seguidas ante el Juzgado en virtud de denuncia interpuesta por mi mandante, frente a D. MIGUEL SANZ

SESMA y otros, ante el Juzgado

comparezco y como mejor proceda en Derecho, D I G O:

Que con fecha 4 de Junio de 2013 ha sido notificada a esta parte un Auto por el que se confiere un plazo de DOS DÍAS a fin de informar al Juzgado si se considera o no procedente emitirse EXPOSICIÓN RAZONADA dirigida al Tribunal Supremo como Órgano competente para conocer y en su caso enjuiciar los hechos que pudieron atribuirse a Dña. YOLANDA BARCINA ANGULO, dada su condición de aforada por ser Presidenta del Gobierno de Navarra, así como para informar si la referida EXPOSICIÓN RAZONADA ha de extenderse a la posibilidad de que el Tribunal Supremo pudiera conocer y en su caso enjuiciar la causa en su conjunto, a fin de evitar que se rompa la continencia de la misma.Que dentro del término legal conferido al efecto, esta parte cumplimenta el traslado conferido desde el Juzgado instructor a través de las siguientes:

1


ALEGACIONES I El Auto que informamos de fecha 4 de Junio de 2013 establece entre los hechos previos que se consignan en el mismo, el siguiente que reproducimos en cita textual:

“TERCERO. En la instrucción de la presente causa, se han practicado aquellas diligencias que se han considerado pertinentes para el completo esclarecimiento de los hechos y determinación de los presuntos responsables de los mismos, con el resultado que obra en autos. Restaría en este momento por recibir declaración en calidad de imputada a Dña. YOLANDA BARCINA ANGULO, Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, la cual goza de la condición de aforada en tal calidad, motivo por el que se dicta la presente resolución a fin de recabar al informe del Ministerio Fiscal y partes personadas acerca de la procedencia de dictar la correspondiente Exposición Razonada al Tribunal Supremo”. Del texto transcrito viene a resultar que se han practicado todas aquellas diligencias abordadas por el Juzgado, obrando el resultado de las mismas en Autos.Sin embargo, esta parte considera con el debido respeto, que existen diligencias acordadas por el Juzgado que no se han practicado, o cuyo resultado, al menos, no es conocido por esta parte salvo error u omisión.Trataremos seguidamente de exponer el motivo de nuestra apreciación.1º) En la parte dispositiva del Auto del Juzgado de 31 de Enero de 2013, entre otros extremos se acordaba requerir a CAJA 2


NAVARRA,

actual

CAIXA

BANK,

la

remisión

de

diferente

documentación, entre la que se encontraba: “4.- Detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía

efectuadas desde 2005 a 2009, ya sea directamente o indirectamente a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Entidad, familiares de primer grado o sus empresas, debiendo indicar las condiciones de tales operaciones”. Posteriormente describiremos las operaciones de crédito cuyo detalle a nuestro juicio faltan o no se han remitido.2º) En la parte dispositiva del Auto de fecha 14 de Mayo de 2013, se acordaba por el Juzgado la siguiente prueba: “Remítase la documentación recibida de CAIXA BANK en tres

soportes DVD al Banco de España, solicitando se designe un Perito de entre el cuerpo de Inspectores de la Entidad, a fin de que a la vista de la misma, informe si las operaciones financieras remitidas son acordes a las normas del mercado financiero vigentes en el momento de su otorgamiento, teniendo en cuenta los informes de riesgos y demás datos contenidos en los respectivos expedientes o bien si se aprecian irregularidades en su otorgamiento. Solicítese del Banco de España que haga llegar el Informe a este Juzgado en sobre cerrado, a fin de preservar la debida confidencialidad”.Esta prueba acordada por el Juzgado tampoco que sepamos se ha practicado.3º) En la parte dispositiva del Auto anteriormente citado de 14 de Mayo de 2013, igualmente se establecía que: “ Líbrese Oficio a la UOPJ de Guardia Civil a fin de que se

proceda a la práctica de la pericial acordada el día 16 de Mayo de 2013 3


en presencia del Secretario Judicial para lo cual deberá acudir a la sede de Caja Navarra debiendo llevar a cabo la diligencia en la forma que menos afecte al normal funcionamiento de la Entidad y debiendo los agentes actuantes informar a este Juzgado del resultado de la diligencia del modo más inmediato posible” . Igualmente se requería librar Oficio a la UOPJ de la Guardia Civil: “…a fin de que en la misma fecha realicen igualmente las

actuaciones que sean precisas para informar a este Juzgado en relación a los archivos digitales que contengan las presentaciones power point que se realizaban tanto en las sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras como en las sesiones de reporte, luego llamada Comisión Permanente: -

Fecha de creación de los archivos.

-

Fecha de modificación en su caso y autores de las mismas de haber sufrido modificaciones.

E igualmente deberá informarse si los archivos se hallan en el mismo servidor original en el que se crearon o si éste es uno distinto y si dicha circunstancia (en caso de que sea distinto el servidor o equipo informático), puede influir sobre la fecha de creación o modificación de ése o de cualquier archivo con extensión “rtf” “doc” “docx”. Igualmente se solicitaba la nueva remisión de dos actas por problema de lectura de ficheros, así como el acta de la sesión de 28 de Enero de 2009 cuya aportación faltaba.La práctica de las diligencias acordadas según se ha transcrito, no se ha producido salvo error o omisión por nuestra parte.-

4


De

cuanto

antecede

viene

a

resultar

por

tanto,

que

contrariamente a cuanto se afirma en el Hecho TERCERO del Auto que apelamos, no se han practicado todas las diligencias de instrucción acordadas por el Juzgado, debiéndose practicar las mismas en su totalidad, máxime cuando se acordaron, como en el caso de la Pericial instada a la UOPJ de la Guardia Civil, “del modo más inmediato

posible” según lo acordado por el Juzgado, lo que nos da cuenta de la perentoriedad con que dicha diligencia fue acordada.Igualmente se debe dejar constancia de la importancia que tienen las diligencias acordadas, no ya sólo por cuanto que ya fueron acordadas por el Juzgado, sino por la relevancia que pudieran alcanzar las mismas, incluso en relación con la persona de cuyo aforamiento se trata, pues precisamente Dña. YOLANDA BARCINA ANGULO es una de las personas que suscribe algunas de las Actas sometidas a la Pericia de la Guardia Civil en los términos acordados por el Juzgado Instructor.La conclusión en consecuencia no puede ser otra sino la de que antes de adoptarse cualquier determinación en orden a la emisión de una EXPOSICIÓN RAZONADA dirigida al Tribunal Supremo en torno a un posible enjuiciamiento de los hechos, dada la condición de aforada de Dña. YOLANDA BARCINA ANGULO, deberá culminarse la práctica de las diligencias probatorias acordadas por el Juzgado Instructor a que nos dirigimos y singularmente las que se ponen de manifiesto en la presente Alegación.II Entre las diligencias acordadas y no practicadas, de indudable relevancia para la averiguación y eventual calificación jurídica de los

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hechos que son objeto de investigación, figuran las que hemos señalado precedentemente de la siguiente manera: “4.- Detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía

efectuadas desde 2005 a 2009, ya sea directamente o indirectamente a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Entidad, familiares de primer grado o sus empresas, debiendo indicar las condiciones de tales operaciones”. Examinadas las Actas de la Comisión de Control, observamos la falta de algunas cuestiones que se ponen de manifiesto en la denuncia, que son de indudable relevancia al objeto de la investigación del posible delito de cohecho objeto de cuya averiguación se trata.Trataremos por ello de hacer una pequeña historia de esta cuestión.1º) En el auto de 20 de marzo, el Juzgado al que nos dirigimos, determinó que debían de ser investigadas en Navarra no solo las dietas que se percibían en la Junta de Entidades Fundadoras y en la inexistente Permanente, sino también como sabemos “los créditos

concedidos a familiares y empresas participadas del grupo a tipos de interés inferiores al ordinario en el momento que se producen». En el Auto se sostiene que se trata de “una conducta

absolutamente individualizada respecto a las remitidas a la Audiencia Nacional y que igualmente podría constituir un delito de cohecho y/o prevaricación atribuido a este Juzgado, puesto que se ha favorecido a personas concretas que eran o estaban relacionadas con las que integraban los órganos de Gobierno de las cajas”. En concreto, el Auto cita la Ley 7/1987 y el Decreto Foral 244/1992 y la Orden Foral 642/1992. El objetivo de tal normativa es 6


determinar qué operaciones requerían de la autorización del Departamento de Economía y Hacienda. Actualmente, el Juzgado está investigando un posible delito de cohecho que pudiera ir ligado a esta falta de supervisión general del Gobierno de Navarra, pero también de la falta de supervisión del Departamento de Economía en particular y de la ausencia de esas autorizaciones. El Auto que comentamos recoge únicamente como operaciones que requieren de la autorización del Departamento de Economía aquellas operaciones de “crédito, aval y garantía de los Altos Cargos

de las cajas, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en las que ellas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de Presidente, Consejero, Administrador, Gerente, Director general o asimilado”. La Orden Foral 642/1992 en su Artículo 5 afirma además que “la

toma de participaciones en sociedades por parte de las Cajas de Ahorros que, de forma aislada o acumuladamente, suponga un porcentaje superior al 20% del capital de la sociedad participada, requerirá autorización expresa”. E incluso el Artículo 4 reconoce también que “las Cajas de Ahorros deberán solicitar autorización para la adquisición de bienes, derechos o valores propiedad de las personas citadas en el artículo 1 de esta Orden Foral, así como de las sociedades con las que exista vinculación”. En consecuencia, con las leyes que se exponen en ese Auto –que fue el que acabó determinando el grado de inhibición de la Audiencia Nacional sobre la causa que generó la acumulación de las denuncias de Kontuz y UPyD– el ámbito de investigación del Juzgado alcanza 7


tanto las operaciones de “crédito aval o garantía” cuanto las inversiones cubiertas por la propia Caja que afectan a las personas citadas, dado que también están recogidas en las órdenes que justificaron la inhibición. De la argumentación del Auto se desprende que un crédito ofrecido en mejores condiciones que las del mercado puede suponer un beneficio claro y medible para el Alto Cargo de la caja o familiar que esté implicado. Por consiguiente, también pueden constituir una

“contraprestación” del eventual cohecho. Lo mismo puede decirse de las inversiones en empresas con las que existen claras vinculaciones, sobre todo cuando se invierte con primas de emisión (como en el caso de Ikusi-Iglesias) que consigue disparar el precio de las acciones o cuando la Caja no consigue recuperar dicha inversión. Incluso cabe apuntar que este eventual beneficio que generan las inversiones de la Caja es el motivo por el cual la ley estas operaciones en sus artículos 4 y 5 para que sea necesaria una autorización y, por ende, un mayor control por parte de la Administración Pública Navarra. A lo largo de la instrucción, así como en la denuncia que interpuso Kontuz ante el Juzgado, se detallan varias de estas operaciones que encajan en las Órdenes arriba mencionadas. Sin embargo advertimos que en las Actas que han sido remitidas al Juzgado, según lo requerido por el mismo, se comprueba que no se han comunicado a la Comisión de Control estas operaciones, debiéndose igualmente ser investigadas por el Juzgado y ser objeto de análisis en la instrucción de la causa, según lo acordado como diligencias probatorias por el Juzgado Instructor. El consejero Ricardo Martí-Fluxá cumplió un papel muy relevante en el pago de dietas a la Permanente, dado que presidió la 8


Comisión de Personal y Retribuciones durante estos cobros y firma el acta que da pie al cobro de dietas. Asimismo, fue vocal de la Comisión de Inversiones desde el año 2004-2011 y, en ese período, también ejerció una vocalía en el Comité Ejecutivo, que era donde se aprobaban las operaciones “de riesgo” con personas vinculadas a los consejos de administración de la entidad. En esas fechas, la caja invirtió en varias empresas a las que está vinculado, como son Marco Polo e Ikusi-Iglesias. Al menos en una de ellas, Marco Polo, la Caja perdió buena parte de lo invertido. Además, ésta no es una empresa al uso, sino un fondo de capital riesgo, lo que hace que tenga asiento en el Artículo 4 de la Órden Foral 642/1992. En cuanto a la inversión Ikusi-Iglesias, cumple con los requisitos que se detalla en el Artículo 5 de la citada ley. La causa que actualmente está siendo investigada intenta dilucidar si hubo conexidad entre presuntas dádivas percibidas por los imputados u otros consejeros con la omisión de los preceptivos controles. Del Auto se desprende que la concesión de créditos a precios distintos del mercado puede constituir una dádiva. Como se ha indicado, existen al menos dos operaciones con empresas vinculadas a D. RICARDO MARTÍ FLUXÁ con D. MIGUEL SANZ como máximo responsable del mismo. El entonces Presidente navarro presidió la Ejecutiva y el Consejo de Administración, luego tuvo que tener conocimiento de las dos inversiones que aquí se citan. Por otro lado. D. ENRIQUE GOÑI figura como imputado en la presente causa por ordenar pagos a un órgano inexistente en el que estaba presente el Sr. SANZ en todo momento, incluso cuando la Permanente había quedado regularizada a través del ROFI, sin que nadie haya podido explicar el motivo de su presencia. Se ha 9


mencionado su presencia “como invitado” por sus conocimientos sobre la Caja, pero se trata de unos conocimientos que el Sr. SANZ manifestó no tener cuando fue interrogado durante la instrucción. Cabe señalar que el mismo Sr. SANZ estuvo siempre en la Permanente sin amparo estatutario, tanto antes como después del ROFI y que este es el único caso en el que se da esta situación. En sus declaraciones por la presente causa, el Sr. GOÑI apuntó al Sr. MARTÍ FLUXÁ como pieza clave del supuesto pago de dietas sin soporte estatutario, amparándose en un acta de la Comisión de Personal y Retribuciones que permitía, a su entender, el devengo

“automático” de dietas. Por otro lado, al analizar el acta de la Comisión de Control del 7 de octubre de 2008, vemos como el Sr. MARTÍ FLUXÁ fue propuesto como consejero de la CAN a propuesta del Sr. GOÑI sin que se presentaran candidatos alternativos ni se pasase ningún otro criterio de selección más allá de la aceptación de su candidatura por parte de los preceptivos consejos. El Sr. Martí FLUXÁ entra como “profesional de prestigio” en el Consejo de Administración del año 2004 en virtud del artículo 33º de los estatutos, a través del punto cuarto del mismo, donde se indica que es el Presidente del Consejo General, es decir el Sr. SANZ, quien debe de proponerle. El Estatuto prevé un sistema de votaciones en caso de que haya más candidaturas, pero no se llevó a cabo puesto que no existían aspirantes alternativos. Su entrada en el Comité Ejecutivo se produjo de igual manera y, en el acta de la Comisión de Control de 2004-9-10 se recoge un acta del Consejo de Administración donde se delegó en este comité (de 7 personas) todas las atribuciones posibles. “Tras las

oportunas deliberaciones, el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, acuerda, con el voto favorable de la totalidad de los Consejeros, delegan en la Comisión Ejecutiva todas las competencias 10


del

Consejo

administración

de

Administración y

en

representación

relacion

ordinaria

con de

la la

gestión, entidad”.

Posteriormente, de entre los siete miembros del comité Ejecutivo, se elige a cuatro para conformar la Comisión de Inversiones entre los que se encuentra el Sr. MARTÍ FLUXÁ. Todo lo ya expuesto nos ilustra la relación tan estrecha que existió dentro de Caja Navarra entre dos imputados en la presente causa, los Sres. GOÑI Y SANZ, con una tercera persona, que fue nombrado consejero de administración y miembro de los consejos de más relevancia gracias a la acción conjunta de los mismos y que, además de ello, se benefició de inversiones sobre las que no se dieron los preceptivos controles públicos que se indican en los Estatutos de Caja Navarra y las Órdenes Forales mencionadas al inicio. Estas relaciones se mantuvieron tras la adquisición por parte de Caixabank de Banca Cívica. De una parte, D. Ricardo Martí Fluxá era presidente del Grupo MGO y nombró al Sr. Sanz miembro de su consejo asesor en el año 2010, cargo que actualmente ocupa, pese a que los cargos desempeñados por el Sr. Sanz hasta ahora poco tengan que ver con el asesoramiento en prevención de riesgos laborales. Por otro lado, Enrique Goñi acabó convirtiéndose en director general de la sociedad Criteria (Caixabank) tras la absorción de CAN por parte del banco radicado en Barcelona. Como directivo de Criteria, el Sr. Goñi nombró a D. Miguel Sanz Presidente del consejo de administración de Bodegas Sarría y a D.Ricardo Martí Fluxá como vicepresidente.

El

propio

Sr.

Goñi,

se

autodesignó

también

vicepresidente de esas bodegas, que habían sido propiedad hasta ahora de CAN.

11


2º) En otro orden de cosas diremos que el rotativo GARA informaba en su edición del 5 mayo de 2012, de un crédito al grupo La Información por valor de 16,2 millones de euros. Pese a esta información, en ningún caso figura entre las Actas remitidas información relativa a la intervención de la Comisión de Control de la CAN en torno a este crédito, pese a ser obligatorio su Informe en función de lo que seguidamente exponemos.Este

crédito

se

concedió

INFORMACIÓN S.A. cuando

por

la

CAN

al

Grupo

LA

el Sr. Martí Fluxá era miembro del

Consejo de Administración de dicho grupo y, además de ello, siendo D. LUIS COLINA LORDA Consejero de la comisión de control y Presidente del Comité de Auditoría de la CAN, siendo a su vez apoderado de dicho grupo LA INFORMACIÓN S.A. y Administrador de varias de sus filiales, por lo que en virtud de la legislación anteriormente citada, esta operación también hubiera requerido de la aprobación del Departamento de Economía, lo que al parecer no ha sucedido, constituyendo una importante irregularidad. Efectivamente, D. LUIS COLINA LORDA entra en Caja Navarra como vocal de la Comisión de Control el 9 del 11 de 2004 y, en consecuencia, también entra en el Consejo General. Ocupa uno de los cargos reservados a las Entidades de Relevancia Social, tras un proceso que se especifica en el BON nº 72 del 16 de junio de ese año. La última palabra la tuvo el Consejo de Administración de la Caja, que eligió a 8 personas de entre las 16 que le fueron presentadas. Según el Informe de Gobierno Corporativo de la caja, se deduce que fue propuesto por la AIN, entre cuyos socios se encuentra el rotativo Diario de Navarra. Su mandato acabó el 2 del 10 de 2008, pero fue renovado ese mismo día en sus dos cargos. En esa renovación, la Entidad de Relevancia Social que le propuso es la CEN. 12


La principal actividad profesional del Sr. Colina está vinculada al Grupo La Información, del que es apoderado desde 15 de Noviembre de 2005. LA INFORMACIÓN es propietaria de DIARIO DE NAVARRA, donde el Sr. Colina figura como Director General antes de su renovación en el cargo. Además de ello, esta persona ha dirigido varias empresas vinculadas a este grupo comunicativo, la mayor parte de ellas sitas o bien en la sede de Zapateria 49 (sede de La Información) o en el edificio de Cordovilla donde se edita Diario de Navarra (Cordovilla, carretera Zaragoza km. 2,5 Edificio de Diario de Navarra). Nos referimos a: Brandok (de la que fuera administrador único), Taller de Comunicación Saioa, Mynews, Inmobiliaria General de Navarra, Impresa Navarra S.L., Local Internet Comunication, Ingenia digital, Ibercentro Media Consulting, Hiberus aplicaciones, Navarra de Cable S.A. Ciudad Interactiva de Pamplona S.L., Ediciones y Libros S.A., Color Navarra, Página Cero Norte S.L., Navamedios, Iberia Universal, Vivir Pamplona, Navarra Interactiva, Eligraf, Compañía Pamplonesa Empresarial y Navarra de Medios. Asimismo, se le vincula con empresas como Colpisa (agencia de noticias que trabaja con Diario de Navarra) u otras como Ibercentros, fruto del acuerdo entre La Información y la editora del Heraldo de Aragón. En definitiva, toda la carrera profesional de D. Luis Colina ha estado al amparo del Grupo la Información. Y esto supone que, cuando la CEN lo elige lo hace en calidad de representante de este grupo y, asimismo, que cuando el Consejo de Administración que le seleccionó de entre otros candidatos sabía de su pertenencia al mismo. En el año 2008, la CAN concedió un préstamo por valor de 16,25 millones de euros al Grupo La Información, con el que se compraron acciones de Vocento a 13,505 euros. Esas acciones cotizaban el 25 de 13


abril de 2013 a 0,921 euros. Las pérdidas que esto ha supuesto corroboran lo arriesgado de la operación. Aun así, la alianza entre Heraldo de Aragón y La Información permitió que entrara en el consejo de administración de Vocento un consejero que representara sus intereses (finalmente, este puesto acabó en manos del Heraldo, que adquirió un 2% de acciones, frente al 0,95% de La Información). Por un lado, la no inclusión de este crédito en el Informe de Gobierno Corporativo puede suponer una ocultación de cara a los organismos reguladores. De otra parte, a raíz del avance de la investigación de eventuales dádivas o tratos de favor interesa saber las condiciones de dicho crédito, puesto que afectaron directamente a D. Luis Colina en su ámbito profesional, pues el mismo no es un simple Consejero, sino que es miembro de relevancia de la CAN, al ser a su vez miembro de la Comisión de Control y Presidente-Miembro del Comité de Auditoría. Sobre la omisión del crédito, se echa en falta particularmente en el apartado D2 del Informe de Gobierno Corporativo de 2008. Este punto indica “Detalle las operaciones significativas realizadas por la

Entidad con los miembros de la Comisión de Control”. Y la Caja afirma lo siguiente: “A lo largo del año 2008, objeto de análisis de este

Informe no se ha llevado a cabo ninguna de las operaciones descritas en este epígrafe”. Dado que el Sr. Colina es el responsable máximo de la gestión económica del Grupo La Información, es imposible que sea ajeno a la concesión de ese crédito. Podemos afirmar pues que este crédito no figura en ningún apartado, lo que realmente es sorprendente, dado que por su cuantía, ésta sería una de las operaciones más relevante de cuantas figuran en el Informe de Gestión de CAN de ese año. 14


Por otro lado, la presencia del Sr. MARTÍ FLUXÁ en el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva de la Caja hacen imposible que la concesión de dicho crédito a La Información pasara desapercibido. Se da la circunstancia de que la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Control y el Comité de Auditoría son precisamente quienes deben velar sobre eventuales conflictos de intereses en la Caja y las incompatibilidades. En consecuencia, resulta de sumo interés el conocer cómo afrontó este conflicto de intereses en el seno de estos organismos, cómo se ejerció su labor de prevención y control, dada cuenta que no se informó a la CNMV del mismo. El Reglamento de 2004 indica que los miembros de cualquier Órgano de Gobierno de CAN deberán abstenerse cuando se vean en una situación de conflicto de intereses (Artículo 5.4.). En este sentido, cabe remarcar lo que se indica en la nota 2 de la página 8 del Informe de Gobierno Corporativo de 2008, que a continuación se recoge:

“2. La autorización que concedió la Comisión de Control de Caja Navarra para excepcionar el número total de Consejos a los que podían pertenecer los miembros de la Comisión de Control y del Consejo de Administración, se fundamentó en los siguientes hechos: i) El respeto obligado por los Consejeros y miembros de la Comisión de Control al régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en los artículos 17 a 19 de los Estatutos que impide la existencia de conflicto de intereses, ii) el hecho de que los Consejeros y miembros de la Comisión de Control queden sujetos, en las operaciones que realicen en relación con el mercado de valores, a las exigencias del Reglamento Interno de Conducta de Caja Navarra, iii) el hecho de que todas las operaciones de crédito, aval o garantía referidas tanto a los miembros de los distintos órganos de gobierno como a sus familiares, empresas y 15


entidades

vinculadas

información/aprobación

estén por

sometidas

parte

de

la

al

trámite

Comisión

de

Ejecutiva,

información al Banco de España e inclusión en este Informe Anual de Gobierno Corporativo, iv) la cada vez mas frecuente multiplicidad de formas societarias en torno a una misma actividad empresarial, así como los cambios que el devenir del tráfico mercantil puede ocasionar en la estructura y composición de los órganos societarios”. Asimismo, en el Reglamento de 2004 y vigente durante las fechas del crédito también se señala lo siguiente en su Artículo 6.1”. 6.1.“Ningún miembro de los órganos de gobierno de la Entidad podrá hacer uso con carácter personal de los activos de la Caja, de la Corporación Empresarial o de la Fundación de la Obra Social, ni tampoco valerse de su posición para obtener una ventaja patrimonial, a no ser que satisfaga la adecuada contraprestación. La dispensa de ésta exigirá el informe favorable previo de la Comisión de Control”.

De cuanto antecede viene a desprenderse que en tanto en cuanto en las Actas de la Comisión de Control no figuran los hechos descritos y en tanto en cuanto no se puedan llegar a conocer los Informes periciales solicitados al BANCO DE ESPAÑA en torno a supuestas irregularidades, en el otorgamiento de los diferentes créditos u operaciones financieras, son éstas cuestiones diligencias acordadas por el Juzgado, cuya práctica, por la razón que sea, no se ha cumplimentado ni han podido ser allegadas a la causa, lo que inexorablemente habrá de suceder antes de adoptarse cualquier clase de determinación en relación con la EXPOSICIÓN RAZONADA dirigida al Tribunal Supremo.

16


III Por informaciones periodísticas publicadas en el día de la fecha, esta parte ha podido conocer sin haber tenido acceso a escrito alguno de la Fiscalía, que ésta se muestra disconforme con cualquier clase de remisión de las diligencias mediante EXPOSICIÓN RAZONADA al Tribunal Supremo, al no existir en opinión de la Fiscalía y de ser ciertas dichas informaciones el supuesto delictivo de cohecho impropio.Estas afirmaciones son del todo contrarias a la clara y motivada exposición del Auto que alegamos de 4 de Junio de 2013 en los exhaustivos y razonados Fundamentos Jurídicos del Auto en cuestión.No sabemos en profundidad los razonamientos de la Fiscalía, más presumimos que serán muy parecidos a los expuestos en su escrito de 20 de Mayo de 2013, relativos a la pretensión del inculpado Sr. Maya de ser apartado de la causa, que ya fueron contestados por esta parte en su escrito de 27 de Mayo de 2013, significándose a este respecto por nuestra parte, que tal y como presumíamos, todos los inculpados se han pronunciados mediante albricias y aleluyas augurando que el Tribunal Supremo se pronunciara en idéntico sentido, viéndose así reconfortados por la actuación del Ministerio Público, que si bien en un supuesto, haciendo caso de informaciones periodísticas impulsa de oficio una investigación ( vgr. la de las Dietas del municipio de Pamplona), en este caso no solamente no ha impulsado para nada ninguna clase de investigación, sino que por el contrario, y sin practicarse las diligencias en su totalidad ya solicita archivos y sobreseimientos en medio de la algarabía de los imputados, cuando ya anteriormente había hecho ya público que el Ministerio Fiscal nunca actúa sobre la base de informaciones periodísticas.17


Esto nos alerta claramente acerca de la falta total de imparcialidad por parte del Ministerio Público, que en realidad lo que viene a hacer es solicitar el archivo de la causa sin más trámite, lo que sin duda obligará a esta parte a acentuar si cabe sus esfuerzos en orden a tratar de averiguar la verdad de lo acaecido en CAJA NAVARRA.Dicho cuanto antecede y como conclusión final, esta parte considera: A) Que los razonamientos jurídicos que conforman el Auto que alegamos de 4 de Junio de 2013, son del todo correctos e impecables, ajustándose a la verdad de lo hasta ahora instruido. B) Que no obstante lo anterior, faltan por practicarse y por unir a la causa las diligencias de las que se hacen mención en el cuerpo del presente escrito.C)

Que

únicamente

se

habrá

de

emitir

EXPOSICIÓN

RAZONADA en orden a la imputación de la aforada Dña. YOLANDA BARCINA ANGULO, en el momento en que se cumplimenten y se unan a la causa las diligencias acordadas y todavía no practicadas, tras lo cual, efectivamente deberán adoptarse las medidas necesarias en orden a su imputación.D) Que una vez practicadas todas las diligencias acordadas, se deberá incluir en la EXPOSICIÓN RAZONADA los hechos relativos a los créditos formalizados que no constan en las Actas de la Comisión de Control remitidas según se ha relatado, para que en su caso sean objeto igualmente de investigación, debiendo en dicho supuesto dar conocimiento de los mismos al Tribunal Supremo al objeto que pueda conocer y enjuiciar la causa en su conjunto. 18


En su virtud, SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, por efectuadas las ALEGACIONES que anteceden a los oportunos efectos y acordando segĂşn el tenor de las mismas, con cuanto demĂĄs sea procedente en justicia que pido en Pamplona a 6 de Junio de 2013.

19


Alegaciones supremo 6 6 13