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Aves de nuestro Territorio

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Seguimos recorriendo y conociendo nuestro territorio a través de sus habitantes. Lo hacemos con las fotografías de Mariano Costa. A través de las fotos de Mariano Costa, fotógrafo naturalista, podemos identificar parte de la fauna de nuestra región. Mariano lleva adelante el proyecto colectivo llamado Free Birds, una herramienta en internet para conocer las aves de nuestra región con fotografías que detallan las características principales de las especies y que componen cada una, una obra de arte fotográfico. Es de nuestro interés, además, que los lectores que no tienen acceso a internet puedan disfrutar de estas vistas y reconocer a algunas aves amigas que comparten nuestro vecindario través de la publicación en papel de este suplemento que comenzó en el año 1997. Hoy compartimos unas magníficas fotos. No es fácil fotografiar al Coludito. Lo hemos visto frecuentemente entre arbustos entre los kilómetros 4 y 5 de Bariloche. Ficha Técnica

Coludito Cola Negra Plain mantled Tit Spinetail Leptasthenura aegithaloides berlepschi (Hartert 1909) Leptasthenura aegithaloides pallida  (Dabbene 1920) Furnariidae  Spinetails Coluditos Mide unos 16 cm. Sexos iguales.

Actitudes: Nervioso, acrobático. Revisa la vegetación. Cuando se excita eleva el semicopete (Fotos).

Ecología: Solitario o en grupos familiares, en invierno se asocia a otras especies. Construye su nido en huecos de árboles, nidos abandonados por otros furnáridos, etc. Alimentación:  Pequeños insectos e invertebrados.

Hábitat: Montes abiertos tipo xerófilos, estepa Patagónica y estepas de altura. Arbustos. Bosque ecotonal este - oeste en Patagonia (Fotos). Distribución:  Oeste de

Argentina, desde Jujuy hasta Santa Cruz. En invierno se desplaza al N y al E.

L. a. berlepschi (Fotos) Desde Santa Cruz hasta San Juan por el oeste y hasta el sur de Buenos Aires por el este. En invierno se desplaza al norte. Chile. L. a. pallida  En Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m.  Bolivia. Chile. le.

Argentina. Bolivia. Chi-


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Un acuerdo con Bergman permitiría avanzar con los desmontes

CONFLICTO CON LOS BOSQUES EN SALTA

Luego de que en enero una resolución nacional declarara ilegal el trabajo en el cambio de uso de suelos, la provincia firmó un convenio para volver a analizar la situación de cada una de las 32 fincas con zonas a conservar, según el mapa de Ordenamiento Territorial vigente y su autorización y viabilidad para desmontar. El gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey,  junto a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, firmaron el acuerdo en un acto realizado en la mañana de ayer con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman y al jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar. El documento rubricado detalla que su objetivo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: el trabajo conjunto en la elaboración de los criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; la  Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; y la Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas. No obstante la declaratoria, y el concepto de gestión colaborativa, en el diálogo y la elaboración del convenio, no participaron todas las partes, que tenían horarios de invitación diferidos.  “Aunque no estemos todos de acuerdo”

El Ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman  dijo a  Nuevo Diario sobre el Ordenamiento Territorial, que “su análisis y elaboración contará con la colaboración desde Nación, respetando la autonomía provincial”, y agregó que la novedad es que se sumarán los sectores productivos, “para que sea un ordenamiento transparente y participativo” . Además informó que las zonas rojas y amarillas caerán con el nuevo ordenamiento, con las expectativas de que la nueva construcción “sea colaborativa, colegiada, aunque no estemos todos de acuerdo”  Sobre las 32 fincas y su impedimento para desmontarlas, tras la resolución emitida desde su cartera informó que el detalle de lo que se habló en la reunión previa a la conferencia de prensa y a la mesa de ordenamiento, será difundido en una gacetilla. “Las soluciones tienen que ser integrales”- sostuvo e indicó que tratarán de aunar criterios, atento a que la provincia manejaba otras pautas en el ordenamiento, que diferían con los presupuestos mínimos ambientales que tiene la Nación. “Es bueno decir la verdad y evitar llegar a un punto de judicialización”indicó Sergio Bergman que añadió  en cuanto a la polémica resolución, que no hay posibilidades de dar marcha atrás pero que buscarán las alternativas.  “Entendemos que hay derechos adquiridos de productores que esta-

ban legalmente autorizados ”. Niegan distanciamiento entre las partes La ministra Bibini, por su parte, y en diálogo con este medio,  insistió en la “búsqueda del consenso”, en un plazo determinado, que se supo, para el caso del análisis de las 32 fincas, será de 30 días; además del trabajo mancomunado en las mesas, aunque se conoció que el sector rural, ayer no permaneció durante el taller de ordenamiento que prosiguió en Grand Bourg. También negó que exista un distanciamiento entre el sector de los productores rurales y los profesionales del ambiente: “estamos todos juntos trabajando, hay voluntad de consenso, para tener el ordenamiento en el mes de noviembre”. En cuanto a la caída de las zonas rojas y amarillas en el nuevo ordenamiento, indicó que esta sería la forma más idónea para llegar a una solución y tener la aprobación del ordenamiento. Preocupa el futuro de los bosques Tras el acuerdo firmado ayer entre provincia y Nación, los profesionales especialistas en medio ambiente y organizaciones de productores pequeños y medianos del Chaco Salteño, manifestaron su preocupación por el futuro en materia de conservación de bosques nativos de la provincia. Entendieron que existe una “decisión tomada”, en cuanto al avance de los desmontes en la zona amarilla del

chaco salteños, y que el futuro Ordenamiento Territorial, se orientaría en ese sentido. Nuevo Diario dialogó con el representante de la Facultad de Ciencias Naturales, en la Mesa de Ordenamiento Territorial Enrique Derlindati, que analizó con preocupación las declaraciones vertidas por las autoridades  y la la efectiva vinculación de la mesa de ordenamiento territorial en las decisiones del ejecutivo. “Es casi de protocolo, creo que las decisiones ya fueron tomadas en otro ámbito, y llama la atención la preocupación por la parte productiva, casi sin hacer mención en el tema ambiental”- sostuvo el doctor en biología de la UNSa que añadió: “Creo que estamos trabajando desde lo ambiental, y en el marco de la mesa de ordenamiento territorial de bosques para la foto” También habló sobre las decisiones que se tomarán sobre las áreas amarillas que, desde la ley tiene unas características de uso claras “que se quieren diluir, abriendola a una producción totalmente intensiva” dijo y advirtió: “no nos dejaron tranquilos las declaraciones”. Derlindati analizó que “la provincia no solo posee la mayor tasa de conversión de bosques en monocultivos a escala global, sino que además autorizó recategorizaciones sobre el uso del suelo por fuera de la ley de bosques. Fuente: Nuevo Diario

Integrantes de la Asamblea de Jáchal recorren la Patagonia VECINOS Y VECINAS INFORMAN A VECINOS Y VECINAS

Invitado por los Vecinos Autoconvocados del No a la Mina de Esquel, Carlos Ibarbe de “Jachal No se toca” estuvo en la ciudad con el fin de compartir la experiencia de ese pueblo de San Juan que vivió varios derrames producto de la actividad megaminera: “Chubut se tiene que cuidar de las mentiras”, aseguró. Sobre los efectos verificables en la actividad agropecuaria de San Juan y los puestos de trabajo que se pierden, explicó: “El campo está destrozado, no hay empleo, ustedes tienen que estar alerta”, explicó Ibarbe. Además contó detalles sobre los químicos que existen hoy en el agua producto de la actividad y cómo está la situación económica del pueblo. El integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca contó la experiencia que están sufriendo con la megaminería instalada por el gobierno nacional

anterior y las consecuencias por sus derrames, y que el gobierno nacional actual quiere instalar en la Provincia del Chubut y Río Negro. En diálogo con la prensa, advirtió que “no se dejen engañar” y contó algunas experiencias y advertencias que los esquelenses deberían tener en cuenta. “Acá le están haciendo el mismo verso que a Jachal”, dice el sanjuanino Carlos Ibarbe de la Asamblea “Jachal No se toca”, para comenzar a derribar los mitos y las mentiras que las empresas mineras llevan a distintos puntos del país respecto a un supuesto progreso y controles. El jachallero estuvo en Radio Kalewchey dejó la experiencia negativa en lo social, económico y ambiental que les ha tocado vivir con Barrick Gold y Yamana Gold y advirtió que si en Chubut ingresan las mineras “les va a pasar lo mismo”.


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No hay licencia social Durante el fin de semana se realizaron en Ingeniero Jacobacci las jornadas en “Defensa del Agua y del Territorio”

En la convocatoria, los vecinos plantearon que la comunidad de Jacobacci reaccionó durante los años 2003 y 2004 frente a los embates de las empresas extractivas, allí a partir de la movilización popular se logró una Ley provincial en el 2005 que luego fuera derogada en el año 2011. Esta acción del Estado de Río Negro, sumada al impulso que han tenido históricamente las industrias de estas características por parte del Estado Nacional y con el agravante de las últimas medidas en materia de política tributaria que ha decidido el actual gobierno argentino, las comunidades y pobladores de la zona han quedado desamparados nuevamente.

El espacio en “Defensa del Agua y el Territorio” se propuso como una mirada crítica al impulso de actividades que no acompañan el “Buen vivir”, por lo que están divorciadas del modo histórico en que las comunidades se desarrollaron de manera sustentable y de cómo eligieron vivir, de acuerdo a las tradiciones ancestrales. Se analizó la situación actual de los proyectos y la historia de los mismos. Se compartieron estrategias legales y de resistencia. Se plantearon, también,   algunas propuestas de articulación que están desarrollándose en el territorio y la experiencia de

comunidades que ya están afectadas por los emprendimientos.

Se contó con la participación del Fiscal Federal Dr. Antonio Gustavo Gómez, Dr. Edgardo Manosalva abogado defensor de los Derechos del Pueblo Mapuche, integrantes de la Asamblea “Jáchal no se toca” quienes vienen padeciendo desde hace décadas el emplazamiento de un proyecto en la zona y han sufrido las consecuencias de los múltiples derrames de sustancias tóxicas y una integrante de la Red de Iglesias y Minería. Un capítulo aparte merece la intervención de los integrantes de la Asamblea de Já-

chal, Domingo Jofré y Saúl Zeballos. Ante un auditorio vecinal que ya conocía el comportamiento y los daños que podría ocasionar el avance de la megaminería, los jachaleros confirmaron las sospechas, con sensibilidad y elocuencia pudieron transmitir la realidad de los que ocurre en su río, en su territorio y el comportamiento del gobierno y la empresa frente a los derrames reconocidos y los no reconocidos. Al final de su exposición el público repitió la consigna

“Jáchal No se toca, Jacobacci No Se toca”.

El encuentro se desarrolló en el salón Ruka Mew durante el viernes y el sábado en doble jornada. Participaron también colectivos de la región como la Asamblea Comarcal y la Piuke. Los anfitriones fueron el Equipo de Justicia Paz e Integridad de la Creación- Misioneros Claretianos (JUPIC) y la Red ecuménica de Iglesias y Minería.


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BIORREGIÓN

La indignación de Chiloé frente al puente extractivista “¡Que vivas en tiempos interesantes!”, eso dicen en China cuando verdaderamente se quiere maldecir a alguien. Para el imaginario chino los “tiempos interesantes” son de inestabilidad, de lucha, de crisis. Podríamos decir que la crisis es cuando lo viejo empieza a morir y lo nuevo aún no puede nacer, y ese es un terreno delicado, que brinda peligros pero también grandes oportunidades de cambio. Desde un punto de vista político, ideológico y económico, aprovechar esas oportunidades para la ampliación de realidades soberanas es todo un desafío. En este sentido, a mi parecer, reconocer “colectivamente” la situación de crisis debería ser el primer paso. El paso siguiente consistiría en concebir el presente como producto de un proceso histórico y reafirmar ese “estado de crisis”. De lo contrario caeríamos en la asedía o melancolía de un pasado idealizado y de eso hay mucho en territorios cargados de identidad. Ahora bien, desde hace unos años, en el archipiélago de Chiloé se tiene conciencia de esa crisis y empezamos a vivir, justamente, “tiempos interesantes”. Esta “crisis” tiene relación con un archipiélago que viene soportando un violento y silenciado proceso de saqueo territorial producto del avance de un modo de acumulación neoliberal con ciertas particularidades locales. Se puede identificar como un proceso complejo, de carácter político, institucional e ideológico, que superpone y combina de forma extrema un “patrón colonial de poder” junto a un modelo económico que incluye y potencia amplias actividades extractivas guiándose por una lógica de sobreexplotación o despojo de bienes comunes naturales (recursos naturales) y sociales (cultura, memoria, saberes, entre otros). El puente sobre el canal de Chacao y sus 750 millones de dólares de arbitraria y antidemocrática “pompa” es el punto cenit de este nefasto modelo. Ahora bien, ¿cómo se va configurando este nefasto escenario? ¿Qué particularidades en el proceso histórico de Chiloé se han dado como para hilvanar este presente que inquieta e indigna a muchos de sus habitantes? Veamos. Chiloé es un territorio indígena. Más del 65% de sus habitantes se considera “hoy en día” parte o descendiente del Pueblo Mapuche-Williche. Así lo evidenció la reciente encuesta provincial aplicada por el CESCH. Este no es un dato menor, especialmente cuando analizamos la historia y constatamos que es en el proceso de colonización de América cuando se crea el constructo mental de raza para normalizar y legitimar una estructura social en que blancos dominan e indios son dominados.  Fenómeno en constante reproducción muy estudiado por las teorías de la colonialidad del poder. Sin embargo, hay que aclarar que el constructo

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mental de raza no refiere a la típica idea de superioridad o inferioridad que ocurre en cualquier lugar donde se condensa y estructura el poder, sino que refiere a algo muy específico y profundo, que tiene relación con eso que se discutía en la debate de Valladolid en 1550 en que por una lado estaba Bartolomé de las Casas y por otro Ginés de Sepúlveda, ¿qué se discutía allí?. Las grandes preguntas eran ¿qué son estos que estamos subyugando y sometiendo en el nuevo mundo? ¿Son humanos? ¿Son bestias? ¿Semi-bestias? ¿Tienen alma? Ese tipo de discusiones va construyendo y reproduciendo un “patrón colonial de poder”, un imaginario sociopolítico que identifica a ciudadanos de primera y segunda categoría, lo que ha permitido hasta la actualidad naturalizar el despojo y sobre-explotación de territorios indígenas como, claro está, la Araucanía o Chiloé. Sin embargo, territorios indígenas hay muchos y no configuraría ésta una exclusividad de Chiloé. Hay una variable que profundiza ese trato de “territorio ocupado” y entrega esa particularidad extra en su postergación y sobre-explotación, me refiero al importante rol político-militar que este archipiélago indígena tuvo en defensa de la corona española y en contra de los revolucionarios chilenos. Recordemos que tras varias rebeliones Williches en Chiloé se da la abolición de la encomienda  en 1782, nueve años antes que la abolición en otros territorios de la corona. Había por tanto, a comienzos del 1800, “buena onda” entre españoles y chilotes. Y la anexión a la naciente república de Chile era, para el habitante insular, una gran amenaza. Por este motivo, el virrey Abascal viaja a Chiloé en 1811 (un año después de la junta en Santiago) y organiza la contrarevolución desde el archipiélago. Fueron principalmente batallones chilotes los que triunfaron en el llamado “desastre de Rancagua” en 1814 y continuo abasteciendo con contingente y recursos al Rey durante toda la guerra de independencia. En 1818, con la independencia definitiva de Chile, Chiloé se resiste a la anexión. Expulsan a Cochrane en 1820 y el glorioso Ramón Freire pierde su única batalla en 1824, en territorio isleño. Chiloé recién se anexa en 1826. Ahora bien, ¿qué es lo que allí se anexa? Lo que se anexa es un territorio de “indios enemigos”. Es decir, ciudadanos considerados de segunda categoría que además osan enfrentarse a la eurocéntrica nación chilena. Indios enemigos que había (y hay) que tratar como tal.  Y así ha sido. El Estado de Chile posterga al archipiélago post-anexión y se reafirma en el imaginario oficial el sentido despectivo del gentilicio “chilote” (antes se usaba chiloense). Sin embargo, y en paralelo, en Chiloé se potencian las prácticas de reciprocidad en Chiloé. A falta de Estado buenas son las mingas y los medanes, vital es el “ayudémonos entre nosotros”. Se configura y reafirma este mundo mítico, aparte. Recién, a mediados de la década de 1980 regresa el Estado. Y los hace junto a su mejor amigo, el mercado. Pero no para compensar siglo y medio de postergación sino para consolidar y hacer valer su trato a Chiloé ‘como colonia in-

terna, como territorio ocupado, a través de la sobre-explotación y saqueo extractivista. Hoy es cuando el archipiélago está viviendo la ejecución fría y calculada de ese trato. Chiloé ha sufrido en estas últimas tres décadas el violento despojo de sus bienes comunes naturales y sociales. Empezando por la industria salmonera, que en el archipiélago detenta las jornadas laborales más extensas del rubro a nivel mundial (FAO, 2014), los menores salarios (FAO, 2014), las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad, y una alta infraccionalidad a la legislación laboral, sanitaria y ambiental (FAO, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007). Se unen situaciones de prácticas antisindicales (FAO, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007), violación de los derechos de género, incluidos los de protección a la maternidad (FAO, 2014); conflictos con las comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal (Pullen & Dockendorff Consultores, 2014; Cárdenas, 2014); ocupación destructiva de ecosistemas altamente vulnerables como lagos y fiordos (Cabello, 2007) y empleo no responsable de antibióticos (Buschmann & Fortt, 2005; Cabello, 2007). Hoy se suma a ello, la usurpación de territorios ancestrales del Pueblo Williche a través de la privatización de 118.000 has. Hoy destinadas al turismo de lujo internacional a través del Parque Tantauco. Desplazamiento de comunidades tratadas como “razas inferiores”, por tanto expulsables, arrebatándoles sus medios ancestrales de subsistencia y producción incentivando su consecuente conversión en asalariados para la industria salmonera. Despojo conservacionista al servicio de la acumulación neoliberal. En sintonía con estas prácticas extractivas avanzan también las grandes plantaciones de monocultivos forestales. Las cuales entre 1998 y 2013 aumentaron de 623 a 5.443 has. mientras en los mismos años se perdieron más de 10.268 has. de bosque nativo (CONAF & UACH, 2013). Este hecho adquiere gravedad al constatar que son principalmente los bosques los encargados de almacenar y proveer de agua a un territorio sin glaciares ni grandes montañas. Cuando esto se complementa con la explotación indiscriminada de turberas (ecosistemas formados por una profunda y antiquísima capa de materia orgánica) y del musgo pompón(exportado a Japón, Corea, EE.UU y Taiwán para el cultivo de orquídeas y elaboración de pañales), ambos vitales reservorios de agua, se configura un desconcertante e indignante escenario: un territorio que recibe más de 2 metros de agua al año (2mil mm) presenta una de las más graves sequías del país.   A modo de ejemplo, solo entre el verano y el otoño de este 2015 la municipalidad de Ancud había repartido en su comuna más de 10 millones de litros de agua mediante camiones aljibes. Como si esto no fuera suficiente, hasta la fecha en Chiloé, se han propuesto, aprobado o instalado ocho megaparques eólicos, pero ¿qué amenaza podría representar aquello si es energía limpia? Claro, son transnacionales de energía limpia pero que bajo cier-

tas condiciones, que lamentablemente se dan en Chiloé, pueden convertirse en representantes de desplazamientos forzados y la grave afectación de territorios esenciales para la vida. Varios de estos parques se están instalando sobre turberas ombrotróficas o de altura las cuales detentan el agua de nuestra cordillera de Piuché que abastece ríos y vertientes de gran parte de la isla grande. La destrucción de estas turberas a través del anclaje de torres de más de 150 metros de altura ha profundizado la crisis hídrica del territorio. Otros se están instalando arbitrariamente en paraísos naturales como “Mar Brava” a través de la división de comunidades, fraudulenta participación ciudadana y la compra de consentimientos. Por último, se viene dando un silencioso y peligroso avance de concesiones de explotación y exploración minera. Playas, turberas y diversos sectores de la costa y el interior de la isla grande aparecen ligados a un Rut en el catastro minero del Sernageomin. La morfología del espanto va tomando forma cuando podemos constatar que el código minero no colocaría mayores trabas para que sean destruidas playas de gran valor turístico y patrimonial como las de Cucao, Chanquin, Chepu, Pumillahue, Mar Brava, Guabún, entre otras. El artículo 7 del código indica que “todo concesionario minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio con fines mineros dentro de los límites de la extensión territorial de su concesión”. La explotación industrial de turberas y el aseguramiento bajo concesión de una serie de megaproyectos eólicos también forman parte de la instrumentalización del código minero para seguir profundizando un dramático y violento proceso de acumulación por desposesión en el archipiélago. Pero ¿qué tiene que ver el puente con todo esto? Mucho. Hay que ser muy iluso para pensar que el puente viene a redimir siglo y medio de postergación estatal. Más aun cuando el propio Estado no toma en cuenta que el 86% de los habitantes del archipiélago de Chiloé considera que los recursos destinados a la construcción del puente sobre el canal de Chacao podrían haber sido invertidos en necesidades más urgentes. Necesidades prioritarias identificadas por los propios ciudadanos, a saber: un hospital de alta complejidad con especialistas para un territorio de 9182 km2, una universidad estatal y solucionar el problema de la sequía y pérdida de bosque nativo (CESCH, 2015). Todo ello no se considera, sin embargo, se siguen destinando cuantiosos recursos para el proyecto puente en un escenario de mediatizada escasez presupuestal ¿por qué? Porque el puente es más bien una inversión para profundizar y consolidar el violento modelo extractivo destinado para Chiloé. Para este territorio cuyo trato sigue siendo el de un territorio de segunda categoría, por tanto, explotable sin muchos miramientos. Sin siquiera molestarse en compensaciones sociales básicas como hospitales y universidad. No es necesario. El propio “Informe final de evaluación social del puente sobre el canal de Chacao” (2012) señala que el principal be-

neficio de éste será “mejorar la accesibilidad a zonas de alto potencial económico como Chiloé y Aysén”. Potencial económico que se basa, principalmente, en la expansión forestal, minera, salmonera y de megaparques eólicos. Además hay hechos muy simples de comprender, como que un proyecto socialmente necesario y urgente no necesitaría del fraude para su realización. La propia Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Públicas (ANIOP) en carta al Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga del 04 de junio de 2014 señala que  “(…) de todo lo expuesto en lo relativo al proceso de evaluación, licitación y contratación de un puente sobre el canal de Chacao, es posible concluir que la autorización a la realización de una licitación pública para la compra de un puente sobre el canal de Chacao se ha apartado de la normativa y disposiciones legales vigentes y, por tanto, correspondería revisar acuciosamente la continuidad de este proyecto atendiendo a que se ha dejado de cumplir con las exigencias para decidir inteligente, racional y eficientemente dónde se colocan y en qué momento los fondos públicos, siempre escasos. Lo que queda claro es que este proyecto no cumplió con los procedimientos y exigencias establecidas en la legalidad vigente para definir el uso de fondos públicos, tanto en forma como en fondo”. En definitiva, el puente sobre el Chacao marca el punto cenit de la violencia extractiva, garantizada por la arbitrariedad antidemocrática y centralista. Sin embargo, y paradójicamente, es también el impulsor del vértigo. De generar la conciencia de perder el espacio, lugar y tiempo que sustenta los significados de la existencia de todo un pueblo. Esa intranquilidad se ha hecho patente, se reflexiona y evalúa. Se reconoce la alarma que entrega. Insta a la reflexión y acción. Insta a identificar como necesario y urgente “hacer valer” el derecho democrático a crear nuestras propias líneas de convivencia social, económicas, políticas, culturales, etc. La conciencia histórica del “nosotros” es la que hace posible ese diagnóstico. Esa conciencia, memoria, historia y cultura propia que protege y da sentido es la que el habitante insular empieza, desde hace un tiempo, a reconocer como guarida, como su ethos, ya no en secreto, ya no solo de forma privada o familiar, ahora lo hace en calles, protestas, asambleas y colectivos. Es el phatos de la indignación que potencia la reconstrucción subjetual del pueblo chiloense. Es echar por la borda el estereotipo folclórico impuesto y entenderlo como parte constituyente de ese patrón colonial de poder. Es entender que el modelo extractivo destinado para Chiloé es producto de un proceso histórico colonial que se resquebraja entre acantilados cargados de conciencia identitaria. Es saberse parte de un territorio con un núcleo-sustento otro, legítimo de ser defendido. Bienvenidos, pues, a tiempos interesantes. No al Puente en Chiloé, no a este monumento político-extractivista. Por Eduardo Mondaca Doctor © en Ciencia Política Centro de Estudios Sociales de Chiloé-CESCH

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Suplemento socioambiental patagónico

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