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piuke1_diario cordillerano 08/04/2013 08:10 p.m. Página 2

Desafío de la Blancura ■ Nuestro recuento terminó el viernes con el cierre de campaña. El objetivo era instalar en la región la discusión sobre la megaminería y fue humildemente alcanzado. El objetivo fue mantener en debate la defensa del agua y la restitución de la ley anticianuro y lo cumplimos y lo sostendremos. El ámbito político involucrado debió responder y tomar postura frente al tema, los periodistas y los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos han incorporado el tema en sus entrevistas y se ha generado una instancia de reflexión antes de la votación que decidió la revocatoria.

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ás allá de la cantidad de votos en que se decidía la revocatoria de un Intendente mantenemos la postura de que los representantes deben, en el futuro, resolver sus internas sin intentar confundirse con iniciativas de base.. Siempre el voto de la Comunidad es legítimo y amplía al Democracia pero la Democracia participativa invita a participar al cien por ciento de los votantes y el sostenido manejo forzado de las instancias populares hará que cada vez menos vecinos participen. Saludamos al voto de la Comunidad, esperamos que, si hay una próxima, en la conferencia de prensa estén sentados los vecinos y no los dirigentes del partido gobernante, que no tengan que pedir disculpas en nombre de la clase política y esperamos que el próximo acto eleccionario sea una fiesta y motive a concurrir y participar.

Corpos, cuerpos y sujetos “H

oy que la Mesa de Enlace está de vuelta y amenaza, se hace necesario enfrentar las raíces del problema y avanzar en la democratización de nuestra agricultura y nuestra alimentación. El camino ya tiene un nombre y contenido: la Soberanía Alimentaria. Nuestros cuerpos, convertidos en sujetos si logramos recuperar poder entendido como autonomía y organización, deben estar y pueden hacer frente a cualquier corpo.” La necesaria democratización de la agricultura y la alimentación en Argentina y América Latina Carlos A. Vicente, GRAIN y Acción por la Biodiversidad El debate sobre la Ley de Medios en Argentina y sobre la democratización de los medios de comunicación que está desarrollándose en América Latina debe servir de experiencia y dar pie a un debate sobre otros espacios en el que el poder corporativo se halla presente en nuestra sociedad y

que, como en el caso de los medios de comunicación, condiciona y coloniza nuestras vidas. Por varios motivos, el cuestionamiento radical del poder corporativo de las transnacionales del agronegocio debería ser el paso siguiente en el camino de la democratización de nuestras vidas, con todo lo de construcción autónoma y recuperación de soberanía que puede llevar aparejada. En primer lugar porque la alimentación es un derecho básico consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que resulta central para poder avanzar con cualquier otra aspiración de transformación hacia una sociedad más justa. Sin sujetos bien alimentados se limitan enormemente las posibilidades de proyectar educación, salud, trabajo, participación o creatividad para nuestro pueblo. En segundo término, porque el poder del agronegocio fue el que puso en jaque como nunca antes al Gobierno argentino en el año

Número 286

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2008, cuando se aumentaron los montos de las retenciones a las exportaciones de granos. Y si bien la cara visible de aquel embate fue la Mesa de Enlace *, no existen dudas de que esta endeble mesa se sostiene en patas mucho más poderosas que son los pilares del agronegocio en el mundo: por un lado, Monsanto y otras igualmente poderosas corporaciones biotecnológicas y, por el otro, el “ABCD” del transporte global de granos: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Estos monopolios u oligopolios han determinado las políticas públicas durante los últimos cincuenta años y el resultado está a la vista: las falsas promesas de la “Revolución Verde” en los años ‘60 y de la “Revolución Biotecnológica” en la década de los ‘90 han conducido en las últimas décadas a la humanidad a una situación desastrosa: tenemos la friolera de casi mil millones de personas pasando hambre. Mención aparte merecen las consecuencias socio-ambientales del modelo impuesto: la concentración de la tierra en pocas manos; el desplazamiento violento de campesinos y pueblos originarios de sus tierras; el avance de la frontera agrícola sobre nuestros últimos bosques nativos -que ha costado en los últimos cinco años la pérdida de más de un millón de hectáreas de los mismos; la destrucción de los suelos con un avance comprobado de la desertificación de los suelos más ricos del planeta; la contaminación masiva de los territorios y cientos de

pueblos fumigados, que luego de luchar durante años por justicia, han logrado llevar a juicio el año pasado a los autores de las fumigaciones, que han sido débilmente condenados**. Todos estos son los emergentes de un poder que, no por casualidad, es uno de los principales aliados de las corporaciones mediáticas. Pero las cifras de los monopolios están bien a la vista: Monsanto controla el 90 % del mercado mundial de semillas transgénicas y el 27 % del mercado mundial de semillas y, junto con otras diez corporaciones, más del 90 % del mercado mundial de agroquímicos, ligados indisolublemente al uso de semillas transgénicas. Por otro lado, las comercializadoras de granos ABCD, que controlan el 90 % del comercio mundial de granos, han tenido un papel muy claro en la financiarización de la comercialización de alimentos y se ha demostrado claramente que en plena crisis alimentaria han especulado con los precios incrementando de manera espectacular sus ganancias Hoy que la Mesa de Enlace está de vuelta y amenaza, se hace necesario enfrentar las raíces del problema y avanzar en la democratización de nuestra agricultura y nuestra alimentación. El camino ya tiene un nombre y contenido: la Soberanía Alimentaria. Nuestros cuerpos, convertidos en sujetos si logramos recuperar poder entendido como autonomía y organización, deben estar y pueden hacer frente a cualquier corpo.

COLOMBIA: MEGAMINERAS

Anglogold Ashanti se queja porque en Piedras no la dejan pasar La empresa minera Anglogold Ashanti exige que les sean garantizados los derechos a la libre locomoción y trabajo de sus empleados en Piedras, una población agrícola ubicada a una hora de Ibagué. Fuente: El Tiempo En ese municipio, la multinacional lleva a cabo actividades investigativas del suelo con miras a la posible instalación de su infraestructura asociada al proyecto minero que se encuentra en etapa exploratoria en el municipio de Cajamarca. Aduce que, desde el pasado 31 de enero, un número indeterminado de personas decidió por las vías de hecho impedir el paso de empleados, contratistas, bienes y equipos. Según la multinacional, estos son necesarios “para definir la capacidad portante del suelo y estudios complementarios de hidrogeología para conocer los parámetros de aguas subterráneas y su relación con la geología del municipio de Piedras”. Anglogold dice que para esas actividades se ajustan a la ley pues desde antes de comenzar las labores dio aviso a la autoridad ambiental sin que esta prohibiera las actividades que no requieren licencias o permisos específicos.


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La contaminación del siglo

Por Darío Aranda

■ La petrolera Chevron fue condenada por contaminación en Ecuador y debe pagar 19.000 millones de dólares a campesinos e indígenas. Pero se niega a cumplir y, por resolución judicial, fueron embargados sus activos en Argentina. Asociada con YPF para explotar yacimientos en Neuquén, presiona para que la Justicia argentina levante el embargo. Ya tiene el apoyo del Gobierno Nacional y Neuquino.

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n caso paradigmático de contaminación petrolera: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Son algunos de los hechos que confirmó la Justicia de Ecuador y por el cual condenó a la petrolera Chevron, una de las mayores corporaciones del mundo, a pagar 19.000 millones de dólares. La condena alcanzó a sus activos en Argentina, donde fue embargada en todos sus activos. En 2012, la corporación petrolera acordó con YPF la explotación conjunta de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (en Neuquén). La semana pasada, por primera vez, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, salió en defensa de la multinacional y pidió a los demandantes que cesen con el embargo en Argentina. No habló de la contaminación ni de los afectados por Chevron. Historia negra En 1964, bajo la dictadura de una Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó en concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. En los tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. Y explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó 480.000 hectáreas contaminadas. En 1993, un grupo de afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por contaminación y afecciones a la salud. El 16 de mayo de 1994, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los 30 mil afectados por Texaco. En 2001, Chevron se fusionó con Texaco, en una operación de 45.000 millones de dólares. La Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de Chevron, con la condición de que la petrolera acate la decisión del tribunal de Ecuador. En febrero de 2010, mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y testimonios contra Chevron-Texaco, la multinacional acusó (con la Ley Federal de Estados Unidos para el Crimen Organizado) a los demandantes (en su mayoría indígenas y campesinos) de ser una “asociación criminal” que tenía la intención de extorsionar a la petrolera. El expediente judicial contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales (60 de ellos pagos por la petrolera), 80.000 resultados químicos de las muestras de suelos y aguas. El juez inspeccionó los daños causados en 54 sitios operados por Chevron. En febrero de 2011, la Justicia

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de primera instancia encontró a Chevrón culpable de contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares para remediar las zonas contaminadas. Sentencia, y cifra, históricas a nivel mundial. En enero de 2012, ya en segunda instancia, el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia. Y exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados. En caso de negarse, estipuló que se duplicaba el monto (17,2 mil millones de dólares). Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo (confirmado incluso por los tribunales de Estados Unidos). En mayo de 2012, la justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del cobro de sentencia (en Ontario, Canadá). Un mes después, comenzó la segunda acción, en Brasil (donde Chevron tiene activos). El presidente de la multinacio-

millones de hectáreas, construyó 880 fosas (sin recubrimiento ni aislante) y quemó gas durante décadas en sus más de 1.000 mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de vidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se registran los índices más altos de cáncer del Ecuador. El accionar de la petrolera afectó el territorio y la vida de los pueblos indígenas Tetetes, Sansahuaris, Cofanes, Sionas, Secoyas y Waorani. Territorios contaminados, pérdida de cultivos y muertes de animales fueron el mal (menor) que padecieron pueblos indígenas y campesinos. El Frente de Defensa de la Amazonía desnudó la estrategia de Chevron durante el juicio: negaron la contaminación, responsabilizaron al Estado de Ecuador. Luego presionaron al gobierno ecuatoriano y, por último, argumentan “fraude” de los demandantes y sus

por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF. Pésima noticia para Miguel Galuccio”, escribió el editorialista del diario La Nación Carlos Pagni el 12 de noviembre de 20121 (sobra un 1) . El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, no ocultó su posición: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”. Fue el 13 de noviembre, en un discurso público, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo . En un fino equilibrio, el gerente comercial de Chevron Argentina,

nal, John Watson, pidió en julio de 2012 al Congreso de Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias para los productos ecuatorianos. El Congreso de Estados Unidos negó el pedido de represalia comercial. El 3 de agosto de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos liquidó el total adeudado y ordenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en el término de 24 horas. El 7 de noviembre de 2012, en Argentina, el juez civil Adrián Elcuj Miranda aceptó el pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo preventivo por 19 mil millones de dólares sobre los bienes de la petrolera Chevron. La multinacional apeló la medida. Pero obtuvo otro revés: la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo en enero pasado. Responsabilidad Social Empresaria Chevron-Texaco contaminó dos

abogados. Los 30 mil afectados no desean el dinero de manera individual. Ya consensuaron: la indemnización será utilizada para la remediación ambiental, hospitales, escuelas y suministro de agua potable. Gobierno, YPF y periodismo petrolero La petrolera estadounidense firmó en 2012 un convenio de entendimiento con YPF para explotar la formación Vaca Muerta (de hidrocarburos no convencionales), con la cuestionada técnica de fractura hidráulica (“fracking”). Junto al embargo de la Justicia ecuatoriano comenzó un juego de presión política y lobby periodístico que, semanalmente, condiciona la “inversión” de Chevron al levantamiento del embargo. “La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio

Ricardo Aguirre, señaló al diario Página12 el 30 de noviembre de 2012: “Estamos haciendo una cuidadosa planificación financiera para seguir operando. La idea es lograr que se revierta el embargo de la Justicia sin que antes se alteren nuestros planes de inversión. No queremos suspender la exploración en Vaca Muerta” . “Advierten que habrá menos crudo si continúa un embargo a Chevron”, advirtió el diario Perfil en su edición del 2 de diciembre de 2012, en un artículo en el que citó ampliamente a Aguirre y también al director de Relaciones Públicas para América Latina, James Craig. Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, Aguirre y Craig tuvieron apariciones en todos los grandes diarios de Buenos Aires. El 17 de diciembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston (Estados Unidos) para reunirse con Chevron y avanzar en el acuerdo por Vaca Muerta.

El 21 de diciembre, el diario La Nación advirtió: “El acuerdo de YPF depende de que se levante el embargo a Chevron”. El 17 de febrero, Perfil afirmó: “Embargada, Chevron dirá que se va del país”. Dos días después, en el juego de presión constante, Chevrón desmintió la retirada y señaló su “voluntad de seguir operando”. El 14 de marzo fue el turno de Clarín: “Chevron admite que el embargo pone en peligro el acuerdo con YPF”. El 28 de marzo, por primera vez, se conoció la posición del gobierno argentino, a través de Miguel Galuccio, presidente de YPF. Mediante una “carta privada” (pero filtrada por la misma empresa a un pequeño grupo de periodistas), el presidente de YPF arremetió contra los demandantes: “Las medidas por ustedes promovidas son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión en el país (…) La única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina”. Galuccio dejó de lado la contaminación, a los afectados e incluso a los fallos de la Justicia de Ecuador. Sólo fijó su preocupación en la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta, recordó que Chevron es parte de esa explotación y afirmó: “Cualquier medida que afecte la inversión que YPF se ha comprometido a realizar para desarrollar estos recursos (Vaca Muerta) no afecta solamente el patrimonio de nuestros socios sino que también afecta seriamente los intereses de YPF y los del país y sus ciudadanos”. “Crímenes con total impunidad” El joven Pablo Fajardo, hijo de colonos, asumió en 2003 como ayudante de los abogados denunciantes. Hoy está al frente de la causa, con el respaldo de campesinos e indígenas ecuatorianos. “Los últimos 18 años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles” , afirmó Fajardo. Remarcó que el juicio es histórico e invitó a leerlo en clave histórica (más allá del caso particular): “Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego”. Fuente: ODHPI


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Acta de protección a Monsanto

■ El 26 de marzo pasado entró en vigencia en Estados Unidos una cláusula legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón. Es una excepción sin precedentes a nivel global, bautizada Acta de protección a Monsanto. torio. El texto decidido está en un párrafo intencionalmente complicado y difícil de entender, en un documento de 90 páginas sobre diversas competencias federales (abreviado HR 933). Fue introducido subrepticiamente por el senador Roy Blunt, quien por años ha recibido cuantiosos donativos de Monsanto e incluso reconoció que lo redactó junto con la empresa. Varias organizaciones civiles denunciaron el peligro de esta decisión antes de su aprobación, logrando más de 250,000 firmas pidiendo el rechazo a la cláusula. La senadora Bárbara Mikulski, presidenta de la comisión que dictaminó favorablemente el proyecto, pidió ahora disculpas públicas por esta decisión. Pese a que es una legislación estadounidense, tiene gran impacto en el planeta, porque amplía el horizonte y paquete legal de las trasnacionales de transgénicos contra los intereses públicos de los países, contra el medio ambiente, la salud animal y humana. En ese contexto se ubican las leyes Monsanto(mal llamadas leyes de bioseguridad), que en todo el continente

han sido redactadas por empresas, con científicos acríticos y generalmente financiados o por otras vías recibiendo dinero de las empresas. El caso de México con la ley de bioseguridad, llamada ley Monsanto desde su aprobación, es uno de ellos. El gobierno ha ido dictando normativas complementarias para desarmar cualquier uso de la ley en un sentido precautorio. Quizá el más burdo es el de noviembre pasado, cuando para dejar sin efecto el artículo 88 de la ley de bioseguridad, que impide la liberación de maíz transgénico por ser México su centro de origen, el gobierno cambió el mapa reconocido mundialmente de centros de origen, alegando que hay zonas de México que no lo son. Esto a contrapelo del estudio de 70 instituciones y cientos de científicos, coordinado por la Conabio, que refrendó recientemente que todo México es centro de origen. Las empresas necesitan estas leyes que impidan a los ciudadanos y las cortes tomar medidas legales, porque sus transgénicos están fallando en grande y provocando problemas gigantescos. En los estados de Paraná y Brasilia, en Brasil, la

Sin derecho a comer L

os Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsados por las Naciones Unidas en el año 2000, han acabado en papel mojado, como acabará, se lo garantizo, la Agenda para el Desarrollo Post2015 o lo que siga. Porque poner fin al hambre no depende de declaraciones de buenas intenciones, ni de acuerdos signados, ni de firmes liderazgos en las altas esferas… depende única y exclusivamente de voluntad política. Y ésta no existe. De dichos temas trata la Consulta de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición que se celebra hoy [04/04/2013] en Madrid, en el marco de una serie de diálogos internacionales promovidos por la ONU, y que reúne desde su secretario general, Ban Ki-moon, al presidente Mariano Rajoy, a la flor y nata de la ONU y a representantes del mundo empresarial, académico… Su objetivo: discutir sobre cómo enfrentar el hambre a partir del 2015, fecha en que concluyen los ODM. Aunque si gobiernos que nos han conducido a la presente situación de bancarrota tienen que liderar este proceso, mal vamos. Los artífices de lo recortable, que han disparado las cifras del hambre acá y a escala internacional, poco, o más bien nada, tienen

NEGRO

que aportar al respecto. En el Estado español, y según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2010, se calcula que al menos un millón cien mil personas pasan hambre y no ingieren las calorías y proteínas mínimas necesarias. Una cifra que en el actual contexto de crisis económica, social, paro y precariedad seguro es mayor. Y no sólo esto. El Gobierno español, anfitrión de la Consulta de la ONU, es el mismo que ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida a la mínima expresión, situándola a niveles de 1990 y a la cola de la Unión Europea. Esta es la solidaridad del Gobierno con los países del Sur, cero. Las Naciones Unidas nos dicen que para poner fin al hambre tenemos que confiar en el crecimiento. Lo señala en su informe El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012: “Los pobres deben participar en el proceso de crecimiento y sus beneficios. El crecimiento debe lograrse con la participación de los pobres y extenderse a estos”. Y añade: “El crecimiento agrícola es particularmente eficaz para reducir el hambre y la malnutrición”. Pero ahí no está el problema. No se trata de querer arrancar de nuevo la maquinaria del crecimiento económico como fórmula mágica. Lo que necesi-

Red Globo reportó la semana pasada el fracaso del maíz Bt con resistencia a insectos, porque los gusanos cogolleros devoraron el maíz transgénico luego de haber desarrollado resistencia a la toxina que se suponía los mataría. Por culpa de los transgénicos resistentes al glifosato, más de la mitad de las fincas estadounidenses han sido invadidas por supermalezas que los herbicidas no pueden matar. En el estado de Georgia, el 92% de las propiedades tiene supermalezas que resisten uno o varios agrotóxicos. (Tom Philpott, Mother Jones 6/2/13). Para tratar de vencer esas supermalezas, las transnacionales están introduciendo transgénicos resistentes a los herbicidas hipertóxicos dicamba y 2,4 D (éste último componente del Agente Naranja). El aumento de contaminación de suelos, aguas y gente será indescriptible. En los últimos meses hemos visto reportes científico de gran trascendencia, mostrando que maíz transgénico produjo cáncer en ratas y que en la mayoría de los transgénicos hay partes de un virus no detectado por las autoridades, que puede tener efectos sobre la salud de los

que los consumen. Por todo esto y más, las empresas quieren impunidad legal para sembrar transgénicos. La buena noticia es que las solicitudes de Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow para plantar maíz transgénico en más de un millón de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas ya caducaron, aunque el gobierno no lo ha anunciado. Sin duda las numerosas protestas nacionales e internacionales contra la liberación de maíz en centro de origen dieron fruto. Pero Monsanto ya introdujo tres nuevas solicitudes para liberación comercial masiva de maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango. Están en consulta pública hasta el 29 de abril (www.senasica.gob.mx/?id=13 44). Como vemos, el tema de transgénicos no es sólo sobre impactos ambientales y de salud, que son graves. Se trata en el fondo de si las trasnacionales tomarán las decisiones fundamentales sobre las bases de nuestra sobrevivencia, en contra nuestra y con total impunidad. *Investigadora del Grupo ETC

SILVIA RIBEIRO*

C

on esta decisión, Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, las transnacionales que controlan los cultivos transgénicos, quedan por arriba del sistema judicial. La decisión va también contra la separación de poderes, ya que impide que el poder judicial revise las decisiones de los otros. Sienta un precedente gravísimo en Estados Unidos y en el mundo. Refrenda un sistema de aprobación de transgénicos altamente fallido, que se basa en que los datos sobre impactos los declara la propia empresa que tiene intereses de lucro en su liberación. Además impide las iniciativas de organizaciones civiles, que han logrado en Estados Unidos algunas resoluciones judiciales deteniendo la liberación de cultivos transgénicos que no han sido sometidos a evaluación de impactos ambientales o frente a los cuáles hay evidencia de potenciales daños severos. Con el acta de protección a Monsanto, ninguna corte podrá pedir la interrupción de siembras. Tampoco los estados pueden legislar sobre los transgénicos, ni en su propio terri-

Nos dicen que quieren acabar con el hambre en el mundo, que si no ha sido posible en el 2015 lo será más adelante. Ahora cuando caducan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin por cierto haber conseguido nada, se inventan nuevos conceptos como la Agenda para el Desarrollo Post-2015 y nos dicen que esperemos y confiemos, que lo dejemos en sus manos, que ésta es la definitiva. Y la historia, o la mentira, se repite de nuevo.

tamos es redistribución y justicia. Especialmente en las políticas agrícolas y alimentarias, donde toneladas de alimentos acaban diariamente en la basura, entretanto 870 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. No más riqueza concentrada en pocas manos, sino más democracia. La producción de alimentos desde los años 60 se ha multiplicado por tres, según indica la organización GRAIN, mientras que la población mundial, desde entonces, tan solo se ha duplicado. Hay una cantidad ingente de comida, mayor que en ningún otro período en la historia, pero si no tienes dinero para pagarla o acceso a la tierra, al agua, a las semillas… para producirla, no comes. No se trata de producir más alimentos, sino de repartir los que ya existen. Es todo el modelo agroalimentario, al servicio de unos pocos intereses privados, el que falla. El hambre, señalan medios e instituciones internacionales, es fruto de fenómenos meteorológicos y conflictos bélicos. No sólo ni principalmente, añado. Las causas del hambre son políticas y tienen que ver con quienes controlan las políticas agrícolas y alimentarias, a quienes benefician, y en manos de quien están los medios de producción de alimentos. Sólo así se explica que países co-

mo Haití, que en los años 70 producía suficiente arroz para alimentar a su población, hoy sea uno de los países más afectados por el hambre. Desde los años 80 a la actualidad, las políticas de liberalización comercial, de invasión de sus mercados con productos subvencionados de multinacionales del Norte vendidos por debajo de su precio de coste, etc. han acabado con sus sistemas agrícolas, anulado su soberanía alimentaria y convertido el país en dependiente de la compra de comida a empresas extranjeras. No es el azar el que ha conducido a Haití, como tantos otros países, al hambre, sino la política. En el contexto actual de crisis profunda del sistema, los bienes comunes se convierten en la nueva fuente de negocio del capital. Se intensifica el acaparamiento de tierras, la privatización del agua, la especulación con la comida. En otras palabras, lo que el geógrafo David Harvey llama la acumulación por desposesión. O como hacerse rico a costa de privatizar lo de la mayoría. Y dichos procesos no hacen sino aumentar las causas del hambre, dejando a muchos sin derecho a comer. Esther Vivas*Artículo publicado en Público, 04/04/2013.


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