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Asociación Nacional de Abogados Laboralistas

El Laboralista

Editorial

Revista El Laboralista

EDITORIAL Jose Manuel Reyes Acosta Presidente del Consejo Editorial

EL NUEVO REAL DECRETO QUE REGULA LA

INSERCION SOCIO-LABORAL PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.

EDITA EDITA

Asociación Nacional Asociación Nacional

deAbogados Abogados Laboralistas de Laboralistas DIRECTORA DIRECTOR Maite García Barbero D.Dña. José Luis Roales-Nieto López JEFE DE REDACCION

JEFE DE REDACCION Dña.Melina Perugini Kasanetz Dña. Miriam López Ocampos

RESPONSABLE DE RELACIONES

DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES Dña. Alicia Jorge Cuchillo Dña. Olga Sánchez Torrente CONSEJO EDITORIAL CONSEJO DE REDACCIÓN Dña. Melina Perugini D.Presidente Gonzalo: Iglesias Sanz D. Jose Manuel Reyes Acosta

DEPARTAMENTO COMERCIAL Miembros: Thesauro Ediciones, D.Ignacio Sampere VillarS.l. Teléfono: 932 450 222 D.Javier Marijuán Izquierdo marketing@thesauro.com D.Viliulfo Aníbal Díaz Pérez D.César Miñambres Puig

DISEÑO E IMPRESIÓN ASESORES EXTERNOS Rotoatlántica

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DEPÓSITO LEGAL D. Gonzalo Iglesias Sanz M-52166-2001

D. José Luis Roales-Nieto

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DEPÓSITO LEGAL M-52166-2001

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(R.D 1917/2008) El pasado día 11 de noviembre de 2008, entró en vigor esta norma que tiene

por objeto instituir un Programa de inserción socio laboral para las mujeres víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo o que estén incorporadas al Programa de Renta Activa de Inserción por dicha causa. Son beneficiarias del Programa

aquellas mujeres víctimas de violencia de género

cripción para la aplicación de las

bonificaciones en las empresas que las contraten,

que estén inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, no será necesaria dicha ins-

tal y como establece el propio decreto, así mismo ni tampoco será necesario cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género que estén incorporadas al Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa.

Conforme establece el artículo 3.2 de la citada norma, la situación de violencia de

género podrá acreditarse por sentencia condenatoria, por resolución judicial que

hubiese acordado medidas cautelares para la protección de la víctima, por orden de protección acordada a favor de la víctima o, excepcionalmente, por informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

Tal y como establece el citado Real Decreto, las medidas contenidas en el Programa, son entre otras las siguientes:

-Itinerario de inserción socio-laboral, individualizado y realizado por personal especializado.

-Programa formativo específico para favorecer la inserción socio-laboral por cuenta ajena.

-Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

-Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. -Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.

-Incentivos para compensar diferencias salariales.-Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográ-

fica.

Debe tenerse en cuenta que a tenor de lo establecido en el art. 7.3 de la Ley 43/2006,

tan solo las bonificaciones a la Seguridad Social no podrán, en concurrencia con otras

medidas de apoyo público para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica.

Jose Manuel Reyes Acosta Presidente del Consejo Editorial


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SUMARIO

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL Por Excmo. Sr. D.Manuel Díaz de Rábago Villar

Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

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PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL Por D.Martín Godino Reyes

Vicepresidente de ASNALA - Estatal

Página 5

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL Por D.Enrique Lillo Pérez

Gabienete Jurídico Interfederal de CCOO

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E- FACTURA Y PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Fundación Aselex junto con la Cámara de Comercio de Málaga Página 15

NOTICIAS ASNALA

• Conclusiones de las Mesas de Trabajo: IX Congreso de ASNALA

- Taller de Trabajo para Profesionales: ¿cómo hablar en público y convencer? Técnicas especiales para Laboralistas Presidente de Mesa: Aitor Ibarra Cebadero (Presidente de ASNALA - Euskadi) - Mesa de Derecho Procesal: Reformas Necesarias en la Ley de Procedimiento Laboral Presidente de Mesa: Luis María Pagano (ASNALA - Euskadi) - Mesa Derecho Laboral: Problemática actual de las bajas incentivadas en las crisis empresariales Presidente de Mesa: Alfonso Pedrajas Herrero (ASNALA -Catalunya) - Mesa de Seguridad Social: El Control de las IT por las mutuas patronales: Posiblidades y límites Presidente de Mesa: Carlos Antonio Bonell Pascual (Vicepresidente ASNALA - Comunidad Valenciana) • Jornada Formativa :Resposabilidad del Accidente Laboral. Organizada por ASNALA-ANdalucía •IX Congreso de ASNALA : Los Laboralistas reclaman medidas urgentes contra la crisis.

•IX Congreso de ASNALA :Fijada la sede para el X Congreso de ASNALA Página 16

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Artículo de opinión

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL Excmo. Sr. Don Manuel Díaz de Rábago Villar

Presidente de la Sala de lo Social del TSJPV

Don Martín Godino Reyes

Abogado Laboralista de Sagardoy Abogados

Don Enrique Lillo Pérez

Gabiente Jurídico Interfederal de CC.OO

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL D. Manuel Díaz de Rábago Villar

I.- La modalidad procesal de conflicto colectivo I.1.- Propuesta

La sentencia firme que se dicte en el proceso no producirá efectos de cosa juzgada en los conflictos colectivos en los que la cuestión controvertida no esté sujeta al poder de disposición de la autonomía colectiva ni, por tanto, la suspensión de los litigios individuales vinculados a la pretensión que se dirime. En cuanto al resto, esos efectos se limitarán a las partes litigantes y a quienes éstas representan legal o voluntariamente; para afectar a los restantes trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito del conflicto, cuando éste exceda el de una empresa, será preciso que hayan sido traídos al proceso: a) en el caso de los trabajadores, la totalidad de sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiere el conflicto; b) en el de los empresarios, la totalidad de las asociaciones empresariales que en ese mismo ámbito cuenten con el 10% de los empresarios y den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados. I.2.- Razones básicas Ajuste a la doctrina constitucio-

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nal (STC 3/1994). Protección del derecho a la tutela judicial efectiva de los sujetos colectivos representativos en el ámbito del conflicto y no llamados al proceso, así como de los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de afectación del conflicto sujeto a la modalidad procesal (evitando su vinculación a lo resuelto en un litigio en el que no son partes directas y no hay un título representativo suficiente). Coherencia con la atribución de representatividad dada por la LOLS a determinados sindicatos. Ordenación más racional del derecho de éstos y de las asociaciones empresariales a promover este tipo de litigios (ahora reglado, tácitamente, por un criterio de prioridad temporal y con total falta de sintonía con los requisitos exigidos para la eficacia de los acuerdos conciliatorios).

II.- El recurso de queja II.1.-Propuestas II.1.1.- La estimación de la queja no prejuzga la resolución final del tribunal que dirime la suplicación o casación sobre la admisión final de estos recursos. II.1.2.- El recurrente en queja podrá adjuntar a su recurso testimonio de aquellos particulares de los autos que estime necesarios para acreditar sus alegaciones. El tribunal

resolverá el recurso con los hechos que resulten de la resolución recurrida y la documentación que se adjunte, salvo en el caso de que se acredite que se interesó la expedición de testimonios y no se acompañen, en cuyo caso se interesará su remisión al órgano judicial que los tenga a su disposición. II.2.- Razones II.2.1.- En el caso de la primera, la regulación actual de la queja no contempla la audiencia de los otros litigantes, por lo que razones de tutela impiden que se decida, en su perjuicio y sin oírles, la admisibilidad del recurso. Cabría otra solución, como es que el tribunal deba darles trámite de alegaciones (como hoy en día se hace por algún TSJ, como por ejemplo el de la CAPV), pero no tiene elementos para notificar, lo que exige exhorto y retrasa mucho la resolución de la queja. Una solución como la propuesta combina rapidez con garantía.

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Propuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral II.2.2.- En el de la segunda, el tribunal no tiene a su disposición los autos ni demás actuaciones efectuadas por el órgano judicial que dictó la resolución recurrida en queja y generalmente ésta no facilita los datos precisos para resolverla o el recurrente discrepa de los que ahí constan, sin que la ley establezca ahora el modo en que se ha de proceder para determinar la versión correcta. El quejoso debe soportar la carga de justificación de

familiares; en ejecución de sentencia, se mantiene el criterio actual; 4) el plazo para interponer la apelación será de diez días; 5) no se emplazará a las partes para su comparecencia ante el tribunal que resuelve la apelación; 6) la vista será obligatoria únicamente si se acordase la práctica de prueba no documental, siendo potestativa del tribunal en el resto de los casos; 7) mantenimiento del régimen actual sobre depósito, consignación, sub-

contrarias al principio de celeridad (y que únicamente se justificaban por esa falta de contacto del tribunal con toda la prueba, ahora inexistente por las grabaciones), permitiendo práctica de pruebas no documentales no practicadas por causa ajena a la parte que las propuso, o el enjuiciamiento directo por el tribunal ante determinadas excepciones procesales indebidamente estimadas. Garantiza la defensa del recurrido ante una sentencia

(Izq. - dcha) Don Emilio Palomo Balda, Magistrado de la sala de lo Social del TSJPV, Don Manuel Díaz de Rábago Villar, Presidente de la Sala de lo Social del TSJPV, y D. Enrique Lillo Pérez, Gabinete jurídico interfederal de CC.OO

los datos relevantes, pero no los efectos de una demora del órgano judicial que tiene las actuaciones. III.- El recurso de suplicación III.1.- Propuesta Sustitución por el recurso de apelación civil, con su régimen jurídico, si bien sujeto a estas modificaciones: 1) lo resuelven las Salas de lo Social de los TSJ o de la AN, según hubiere dictado la resolución impugnada un Juzgado de lo Social, en el primer caso, o, en el segundo, el Juzgado Central de lo Social (que asumiría las funciones de instancia de la actual Sala de lo Social de la Audiencia Nacional) o las Salas de lo Social de los TSJ (conociendo en primera instancia); 2) las sentencias que los dirimen son recurribles en casación para unificación de doctrina ante la Sala 4ª del TS; 3) no tendrán recurso las sentencias que se dicten en litigios sobre fecha de disfrute de vacaciones, materia electoral, permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos

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sanación, intervención de letrado y costas. III.2.- Razones básicas El objetivo de la LEC de convertirse en la regulación común de los procesos en nuestro país y asunción, en su ordenación, de valores típicos del proceso laboral, con una progresiva convergencia en las regulaciones históricas de la apelación civil y la suplicación laboral. El régimen jurídico actual, que ya impone aplicar al recurso de suplicación reglas de la LEC comunes a todos los recursos y, por analogía, algunas específicas del recurso de apelación. De manera especial, la desaparición de la razón esencial para mantener el recurso como extraordinario y sin más posibilidad de revisar hechos probados que prueba documental o pericial, pues el tribunal puede conocer el desarrollo íntegro del juicio a través de su grabación. Incremento de garantías en la valoración de la prueba y, en relación a la admitida por vez primera por el tribunal, permite hacerla en forma homogénea con el resto, al tiempo que evita retroacciones

favorable perversa, sin necesidad de acudir a trámites no previstos por la LPL y exigidos por razones de constitucionalidad (STC 4/2006). Permitirá apelar resoluciones judiciales que cierran el proceso y hoy en día no están abiertas a la suplicación (autos definitivos), como también la totalidad de sentencias (de las que únicamente ha de excluirse aquéllas en las que la estimación tardía de la pretensión en juego será normalmente inviable), sin que ello tenga por qué generar más recursos. NOTA.- En la obra “Derecho laboral del siglo XXI”, de la colección de Estudios de Derecho Judicial, editada por el Consejo General del Poder Judicial, dentro de la ponencia “El proceso laboral del siglo XXI: situación actual y propuestas de reforma”, desarrollo con amplitud las razones, aquí resumidamente expuestas, de mis propuestas en materia de modalidad procesal de conflictos colectivos y de recurso de suplicación.

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Artículo de opinión

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL D. Martín Godino Reyes

EN MATERIA DE COMPETENCIAS Desarrollo y cumplimiento del artículo 3.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, residenciando la competencia para la impugnación de las resoluciones de empleo y las de imposición de sanciones por infracciones del social en la jurisdicción social.

Justificación:

En primer lugar, la propia obligación contenida en el artículo 3.3 de la Ley de Procedimiento Laboral de desarrollar legislativamente las peculiaridades del procedimiento en un plazo de nueve meses que finalizó hace diez años. En segundo término la naturaleza laboral de las cuestiones que se ventilan en la impugnación de los actos administrativos a los que se ha hecho referencia. En tercer lugar la anormalidad de que la jurisdicción social conozca de los recursos contra las resoluciones judiciales que autorizan la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos en el procedimiento concúrsala, de manera que una misma cuestión material está atribuida a dos órdenes jurisdiccionales distintos en función de que la empresa se encuentre o no en una situación patológica -concurso-. Y en cuarto lugar el mantenimiento de la competencia da lugar a dificultades y contradicciones insalvables; por ejemplo cuando la competencia para revisar la inclusión de un expediente de regulación de empleo contencioso administrativa si hay lista de afectados pero social cuando no la hay; o cuando se

admite la extensión de efectos de sentencia contenciosa que ha sido consentida por algunos de los incluidos en el expediente en la jurisdicción social pero no en la contencioso administrativo. Modificación del artículo 14 a) de la Ley de Procedimiento Laboral para que la declinatoria pueda plantearse y resolverse antes de la celebración del juicio y no Sentencia, como ocurre en el procedimiento civil.

Justificación:

Resulta contrario a la economía procesal y altera el equilibrio de partes que el demandado se vea obligado a desarrollar la defensa sobre el fondo de una cuestión que luego no va a resolver el órgano judicial por incompetente. EN MATERIA DE

ACTUACIONES PROCESALES Modificar el artículo 43.4 de la LPL, para establecer la regla general de inhabilidad del mes de agosto para todas las actuaciones procesales, suprimiendo la excepciones que señala el precepto.

Justificación:

La regulación actual provoca inseguridad jurídica sin ningún beneficio real en la celeridad del procedimiento. Adaptación y cumplimiento en la jurisdic-

ción social de lo dispuesto en el artículo 135.5 de ka Ley de enjuiciamiento Civil sobre la presentación de escritos a través de medios técnicos.

Justificación:

La inmediatez en la comunicación con el órgano judicial y reducción de gastos e inconvenientes que el desplazamiento repetido a la sede de tales órganos comporta para las partes y para sus letrados. EN EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO

Modificación del artículo 148.2 a) de Ley de Procedimiento Laboral para admitir desistimiento de los trabajadores perjudicado en el procedimiento de oficio.

Justificación:

Carece de sentido que se convierta en indisponible para el trabajador la acción derivada de actuaciones del empresario en la que es el único perjudicado, lo que supone un intervencionismo administrativo creciente en la resolución de los conflictos laborales. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Modificación del artículo 189 LPL para abrir el Recurso de suplicación a todo tipo de procesos, dejando únicamente la limitación para los supuestos de reclamación

Don Martín Godino Reyes y Don Enrique Lillo Pérez www.asnala.com

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Propuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral de cantidad cuya cuantía no supere una determinada, elevando la actual.

Justificación: Con la regulación actual, procesos en los que se debaten cuestiones relevantes para la aplicación del derecho quedan fuera del recurso y sometidas a la absoluta disparidad de criterios de los Juzgados de lo Social. Ejemplo: la interpretación del derecho a reducción de jornada a través del procedimiento regulado en el artículo 138 bis LPL. Modificación del artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral para dar una mejor y más completa regulación a la impugnación del Recurso de Suplicación. En particular en dos aspectos concretos: a) Que se prevea la entrega de los autos a la parte impugnante del recurso y b) Que se admita en la impugnación la propuesta de modificación de las pretensiones formuladas y desestimadas en la Sentencia, pese a que haya sido favorable a la parte que impugna.

Justificación: No hay razón alguna para que el impugnante tenga una limitación en su derecho de defensa como consecuencia de no poder tener los autos, mucho más cuando la parte recurrente puede haber instado la modificación de

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hechos con apoyo en documentos incorporado al procedimiento. En cuanto a la ampliación de los límites de impugnación, se evitarían situaciones en las que la Sentencia, aún favorable, no ha resuelto todas las razones de oposición cuando en suplicación se estima el recurso frente a la acogida en la instancia. Y lo mismo ocurre con la modificación de hechos perjudiciales para la parte favorecida con la Sentencia, con el valor que pueden tener en el propio procedimiento y en procedimientos ulteriores. La modificación de la regulación del RCUD para abrirlo a las cuestiones de interés casacio-

nal, aún sin identidad de supuestos de hecho, con amplio margen para que el propio Tribunal evalúe tal interés.

Justificación:

Evitar la perspicacia de doctrinas de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia en materias relevantes en las que la dificultad de apreciar la identidad impide la unificación de doctrina. EJECUCIÓN PROVISIONAL Modificar el artículo 301 LPL para suprimir la ejecutividad de las Sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo e impugnación de convenios colectivos.

Justificación:

La naturaleza de las pretensiones que se hacen valer en tales procedimientos convierten en extraordinariamente perturbador el mecanismo de la ejecución provisional en caso de una eventual Sentencia estimatoria del recurso, con el añadido de la inseguridad y ejecutabilidad cuando se trata de pronunciamientos meramente declarativos.

D. Martin Godino Reyes. Abogado Laboralistas de Sagardoy

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Artículo de opinión

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL D. Enrique Lillo Pérez

I.- Considero que el nuevo texto

con carácter muy restrictivo la

Laboral debería incorporar de

algunas lesiones, que son las des-

refundido o Ley de Procedimiento manera explícita y directa alguna

de las innovaciones introducidas

por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero. En primer

lugar la regulación de medidas cautelares dado la parquedad y concisión que sobre esta materia

tan importante tiene el vigente

texto refundido de procedimiento laboral que sobre este extremo

solo contempla el posible embargo preventivo regulado en el art. 79 de

la Ley de Procedimiento Laboral y la regulación absolutamente defi-

ciente y que debe modificarse con-

tenida en los arts. 178.1 de la Ley

de Procedimiento Laboral vigente,

petición de suspensión a solo critas en el citado párrafo 1º.

Considero que el art. 79 debería de ser suprimido y sustituido por el parte de la regulación material contenida en los arts. 726.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el art. 727 del mismo texto legal. El contenido podría quedar con el siguiente tenor: “El tribunal ha solicitud del demandante que la incorporara en un OTROSI de la demanda podrá acordar cualquier clase de medida cautelar, siempre que sea conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de manera que el fallo y contenido de ésta no pueda verse impedido o dificultado por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.

donde se contempla la solicitud de

Entre otras medidas cautelares pueden adoptase las siguientes:

impugnado a través del proceso

El embargo preventivo de bienes para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero La intervención de la administración judicial de bienes productivos.

suspensión de efectos del acto

especial de tutela del derecho de libertad sindical y otros derechos fundamentales y que circunscribe

El depósito de cosa mueble. La formación de inventario de bienes. La anotación preventiva de la demanda, en cualquier clase de registro público, así como cualquier otra anotación registral, en caso de que se considere que esta publicidad registral de la demanda sea útil para asegurar el cumplimiento de la posterior sentencia Cualquier otra medida del tipo y contenido que fuera que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que recayera en el juicio. El demandante y solicitante de la medida cautelar justificará en el OTROSI de la demanda las situaciones que de producirse por no adoptar la medida cautelar puedan impedir o dificultar la efectividad de la tutela judicial y el cumplimiento de una eventual sentencia estimatoria. De manera que deben aportarse datos, argumentos y, en su caso, justificación documental tendente a fundar, por parte del órgano judicial y sin prejuzgar el fondo del asunto un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental el solicitante y demandante podrá ofrecerla por otros medios. Recibida la solicitud de adopción de medidas cautelares el juzgado o tribunal de lo social convocará en el plazo inexorable de cinco días a una vista incidental, entre actor y demandado o demanda-

Don Manuel Díaz de Rábago y Don Enrique Lillo Pérez www.asnala.com

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Propuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral

dos, tras cuya celebración en el plazo de cinco días se dictará auto resolutivo de medidas cautelares”.

II.- Es muy importante, establecer

una nueva regulación de medidas cautelares en aquellas demandas o

procesos en las que se invoque lesión de derechos fundamentales

y con independencia de que esta

lesión o violación se invoque a tra-

vés de la modalidad procesal o proceso especial de tutela de derechos fundamentales o a través de

cualquier otra clase de proceso y

no solo los contemplados en el vigente art. 182 de la Ley de Procedimiento Laboral.

telar tendente a suspender los efectos del acto o actos impugnados y a garantizar la protección inmediata del ejercicio efectivo del derecho fundamental lesionado. Especialmente se acordará que durante la tramitación procesal de la demanda o pendencia del proceso de despido del representante legal o sindical y del candidato electoral, la empresa venga obligada a no dificultar ni impedir la actuación representativa o informativa y a participar en su caso como legible y elector en el proceso electoral en curso coincidente con la pendencia del proceso de despido. Esta medida cautelar deberá ser adoptada por el Juzgado de lo Social que con carácter de urgencia y previo a la interposición de la demanda por estarse tramitando la solicitud de conciliación de despido, reciba por el turno de reparto la solicitud de adopción de medida cautelarisima, siempre que sea necesario para garantizar la participación en el proceso electoral del representante legal o sindical o candidato despedido.

III.- Innovación consistente en

Para ello es fundamental la supresión del vigente art. 178 párrafo 1º del vigente texto refundido y su sustitución por una nueva regulación general que debería incorporarse a la regulación general de medidas cautelares y no solo a la regulación del proceso especial de tutela de derechos fundamentales, para evitar confusiones, sería una especie de nuevo art. 79 bis de la Ley de Procedimiento Laboral que iría a continuación del art. 79 antes descrito.

ceso especial de tutela de dere-

En el mismo escrito de demanda o proceso especial u ordinario en que se invoque la lesión de algún derecho fundamental y mediante el OTROSI se podrá hacer la solicitud de cualquier tipo de medida cau-

Sería un nuevo art. 82.bis, cuyo contenido sería el siguiente:

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establecer una regla general para

toda clase de procesos y no solo para los que se tramitan por el pro-

chos fundamentales.

Esta nueva regulación podría ubicarse dentro del Capitulo II del proceso ordinario, para clarificar la finalidad de la regla procesal y evitar confusiones.

“En toda demanda o proceso

especial u ordinario donde se invoque como fundamento jurídico o derecho sustantivo la lesión de un derecho fundamental, se podrá reclamar como pretensión adicional una indemnización económica por daños morales, así como por perjuicio patrimoniales y materiales irrogados al trabajador con ocasión de la violación del derecho fundamental. Igualmente se aplicará la técnica procesal de inversión de la carga de la prueba cuando el demandante acredite indicios de que se ha producido la invocada lesión a los derechos fundamentales”.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS ENMIENDAS PLANTEADAS

Con todas estas enmiendas propuestas hasta ahora, se pretende subsanar algunas deficiencias procesales que han sido apreciadas por órganos judiciales de lo Social en lo relativo a la aplicación de medidas cautelares prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el proceso Social, como el Auto de 16 de noviembre de 2000 As 3439 del Juzgado de lo Social nº. 1 de Ciudad Real ó de 5 de marzo de 2002 As 1270, Auto del Juzgado de lo Social nº. 5 de Granada, ó Auto de 9 de noviembre de 2000 As 3434 del Juzgado de lo Social de Vitoria, entre otras, así como la necesidad de en ocasiones en que se invoca lesión de derechos fundamentales la necesidad de que por parte del órgano judicial se adopten las medidas cautelares tendentes a suspender la eficacia lesiva del acto impugnado (Sentencia Tribunal Constitucional 148/93, Sala 2ª).

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Igualmente esta enmienda se justifica en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional contenida entre otras en la sentencia 90/97 de 6 de mayo B.O.E. de 9 de junio, en virtud de la cual aun cuando no se esté en presencia de un proceso especial de tutela de libertad sindical o de otros derechos fundamentales, sino en un proceso ordinario, debe garantizarse y aplicarse la protección judicial efectiva de este derecho aun cuando la pretensión procesal no se haya canalizado por las razones que fuera a través del proceso especial regulado en el art. 175 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, de manera que la única diferencia entre procedimiento ordinario y especial es el objeto de condición limitada de este último en el cual solo se podrán examinar la violación o no de derechos fundamentales, junto con la tramitación procesal más preferente del proceso especial. IV.- Deben modificarse el art. 233

en cuanto al importe máximo de honorarios de letrado del trabaja-

dor en recurso de Suplicación y Casación, cuya congelación data

de hace más de 10 años, de manera que la actualización debe consistir en 1300 euros para el

Recurso de Suplicación desesti-

mado a la empresa y que ha sido impugnado por el letrado del traba-

jador en concepto de honorarios

la Ley Civil aparezca como más

innovadora y más actual en cuanto a adaptación con los valores y rea-

lidad social que la del proceso laboral.

A tal fin se introduciría un nuevo art. que podría ser el art. 286.bis, Capítulo Preliminar, cuyo contenido literal sería el siguiente: “Las sentencias de resolución de contrato estimatorias que lo declaran extinguido y condenan al pago de la indemnización prevista por despido improcedente serán ejecutivas desde que se dicte y se entenderá extinguido el contrato por causa justificada a efectos de cobro por el trabajador de la prestación legal de desempleo. JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA La situación actual es muy perjudicial para los trabajadores que obtienen sentencia favorable de extinción de contrato por causa justificada de impago de salario o cualquier otro motivo y si la empresa consigna y recurre durante la tramitación del recurso no cobran la prestación por desempleo y se ven obligados a continuar trabajando a pesar de no cobrar ninguna clase de salario o de permanecer dentro de la empresa con una situación ofensiva a su dignidad personal o a su formación, perpetuándose por tanto la violación del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores y de los derechos del trabajador durante la tramitación del recurso.

de éste y 2.800 euros en concepto

VI.- Deberá modificarse al art. 296

jador devengados cuando se des-

refundido en el siguiente sentido:

de honorarios de letrado del trabaestima el recurso de Casación de la empresa.

V.- Deben introducirse modificacio-

nes en lo relativo a la ejecución provisional, para adaptar el proce-

so laboral a las nuevas reglas contenidas

en

la

Ley

de

Enjuiciamiento Civil contenidas en esta materia, que hace que incluso www.asnala.com

del Proyecto y del vigente texto “Suprimirse resolverá lo que proceda”. Por “Resolverá proceder a la readmisión inmediata por parte de la empresa del trabajador cuyo despido ha sido declarado nulo”. La finalidad es clarificar que si el despido declarado nulo y, por tanto, la condena de la sentencia de instancia es la de readmisión y reanudación de la prestación de servicios no quepa la opción al empresa-

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Artículo de opinión rio de suspender la eficacia inmediata de la sentencia en el sentido de no reincorporar materialmente al trabajador y abonarle la retribución, sino que si el trabajador lo solicita y la sentencia ha declarado la nulidad del despido, el empresario venga obligado a en ejecución provisional de la sentencia readmitir de manera efectiva al trabajador y, por tanto, no disfrutar de la opción que le reconoce el art. 295.1. y 2 para este caso en que el trabajador tiene a su favor una sentencia que declara la nulidad de su despido y ha solicitado la reincorporación efectiva en la prestación de servicios durante la tramitación del recurso.

VII.- Igualmente se propone la modificación del art. 301 de la Ley de Procedimiento Laboral en el sentido de añadir una frase cuyo tenor literal sería el siguiente:

“Igualmente será ejecutiva la sentencia que se dicte en toda clase de proceso ordinario o especial cuando se haya declarado judicialmente la lesión de un derecho fundamental”. JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA La finalidad de la enmienda es aclarar que la ejecutividad provisional de la sentencia no solo afecta a las que se dicten en el proceso especial de tutela de derechos fundamentales, sino en toda clase de proceso incluido el ordinario en que se declare judicialmente la violación.

VIII.- PROCESO ORDINARIO DE SALARIO Y DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO SALARIO.

POR

IMPAGO

DE

Esta regla podría añadirse a la enmienda anteriormente citada sobre los procesos ordinarios y sería una especie de art. 82.tris. El contenido literal sería el siguiente: “Las demandas de resolución de contrato por impago de salarios o aquellas en que se reclame el pago de dos o más mensualidades

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Propuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral consecutivas inmediatamente anteriores a la fecha de la reclamación tendrán carácter preferen Se trata de introducir reglas innovadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil de manera explícita y directa al proceso laboral. En este sentido hay que introducir en el contenido de la Ley de Procedimiento Laboral el art. 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acerca de ejecutante y ejecutado en casos de sucesión. Y, por tanto, se propone una nueva redacción como art. 301.bis, cuyo contenido literal es el siguiente: “La ejecución podrá despacharse a favor de quien acredite ser sucesor o causahabiente del que figure como ejecutante del titulo ejecutivo o sentencia y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado”. JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA La finalidad de esta enmienda es clarificar la necesaria aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la ejecución laboral, que aun cuando esta garantizada dado el carácter de norma complementaria y subsidiaria en relación con el proceso laboral, resulta conveniente su incorporación directa al contenido de la Ley del Proceso Laboral.

X.- Se propone una adición como segundo párrafo del art. 301.bis que contemple la previsión conte-

nida en el art. 542 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre ejecución frente al deudor solidario.

La justificación es clara se trata de disipar posibles confusiones aun cuando estas no deben plantearse, puesto que la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo expuesto con anterioridad es aplicable a las ejecuciones laborales. En consecuencia el segundo párrafo del art. 301.bis sería el siguiente: “Podrá despacharse ejecución contra un tercero, que en virtud de vínculos jurídicos de solidaridad con la empresa o empresario

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apremiado, debidamente acreditados o constatados tras un incidente procesal de ejecución de sentencia en que se haya celebrado vista y haya habido audiencia de las partes y del tercero, se ha declarado mediante Auto responsable solidario del pago de la deuda contenida en la sentencia o título ejecutivo”. Con esta enmienda se clarifica la confusión actual sobre responsabilidad en el pago de la cantidad objeto de ejecución, del tercero que no intervino en el procesal principal, pero que tiene vínculos de solidaridad con el empresario o empresa siempre que estos vínculos sean constatados y declarados en el Auto judicial tras la audiencia del mismo y la celebración de vista con alegaciones y prueba.

XI.- Es fundamental hacer una reforma del art. 8, 164 y concor-

dantes de la Ley Concursal, que suprime la autorización adminis-

trativa en los despidos colectivos en el caso de empresas declaradas

en concurso mercantil y atribuye

sus funciones no al Juez de lo Social, sino al Juez Civil Mercantil.

Esta atribución competencial unido a la interlocución negociadora del Expediente de Regulación de Empleo no con la empresa sino con los administradores concursales, está generando gravísimos problemas a los trabajadores afectados. No solo

se ha abaratado el despido, sino que se están planteando verdaderas situaciones de indefensión y miseria economía para los trabajadores impropias de un estado social de derecho. Se están dando casos en empresas en concurso en los cuales los trabajadores llevan varios meses sin cobrar su salario y sin demandan ante el Juzgado de lo Social la resolución de contrato por impago de salarios, el Juzgado le remite al Expediente de Regulación de Empleo del concurso, conforme establece el art. 164 y 151 de la Ley Concursal. La tramitación del Expediente de Regulación de Empleo es lenta dada la acumulación de trabajo que tiene el Juzgado y la exigencia de que se dicte el Auto de apertura de consultas. Igualmente es lenta la tramitación posterior del auto de extinción de la relación laboral, dado el cúmulo de asuntos del Juzgado, con lo cual los trabajadores ni cobran el desempleo ni cobran el salario, puesto que la documentación y tramitación ante el Fogasa también exige de títulos y de tiempo. Además no todos los Juzgados ni administradores concursales tienen la misma rapidez profesional ni dedicación a las necesidades perentorias de los trabajadores en este tipo de procesos concursales. Asimismo, la exigencia de comunicación de los créditos laborales y la necesidad de su inclusión en la lista de acreedores para poder cobrar del Fogasa decisión esta que compete exclusivamente a los administradores está plateando serios problemas, consistentes en demoras, tardanzas e impagos del Fogasa, en aquellas situaciones en que los administradores no actúan con la rapidez adecuada.

D. Enrique Lillo Pérez Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO

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E-FACTURA Y PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA El pasado día 2 de diciembre de 2008 tuvo lugar la celebración de la “Jornada sobre e-Facturación y Procedimientos Telemáticos con la Administración Tributaria”, organizada por la Fundación Aselex Asesores Legales y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga, con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Málaga y la Consultora Aselex Tecnología. Con esta jornada se pretendía formar, a la par que informar, al tejido empresarial malagueño, así como a los profesionales que van a tener que operar con estos nuevos procesos, es decir, abogados, asesores fiscales, economistas… La jornada se estructuró en 2 partes diferenciadas. En la primera de ellas, íntegramente dedicada a la Administración, tanto autonómica como estatal, se procedió a la explicación y presentación pormenorizada de todos los cambios, posibilidades y adaptaciones que la implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto en todos los trámites con la administración tributaria; contando para ello con dos ponentes de amplia experiencia: por un lado D. Bartolomé Borrego Zabala, Vocal Responsable de la División de Nuevas Tecnologías de la Agencia Tributaria, de Andalucía, y por otra parte D. Ángel L. Ruiz Solanes, Jefe del Servicio de Relaciones con el Contribuyente, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Economía Hacienda de la Junta de Andalucía. En este sentido en un primer lugar se formó a los asistentes en los conceptos necesarios y que han permitido esta posibilidad de operar a través de Internet, como por ejemplo la Firma Electrónica, requisito básico para poder identificarnos en nuestras operaciones telemáticas y de facturación electrónica, sin olvidar exponer las obligaciones legales que debemos observar en este aspecto, como 12

puede ser la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), o la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Punto fundamental de las jornadas fue igualmente la Factura Electrónica, indicando en este punto los requisitos, potestades y posibilidades que esta nuevas posibilidad aporta a las empresas. Después de esta exposición, se pasó a la explicación de los distintos procedimientos administrativos que es posible realizar en la actualidad mediante trámites telemáticos, pasando a las novedades que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2009, como la presentación telemática de los libros de IVA. A destacar en este ámbito, aparte de la presentación por Internet de casi el 100% de todos los impuestos y tasas, tanto a nivel estatal como autonómico, la presentación de recursos administrativos y reclamaciones tributarias, así como el pago de impuestos y tasas de forma digital. En relación al segundo bloque de ponencias, se centraron en 2 aspectos fundamentales, por un lado presentar al empresario y/o profesional las distintas líneas de subvención y financiación para la implantación de sistemas informáticos, así como adaptaciones legales que les permitan el uso de todas estas posibilidades de comunicación telemática con la administración. Para finalizar se realizó una exposición por parte de la mercantil CamerFirma, que es una Autoridad de Certificación, donde se presentó a los asistentes un software tendente a facilitar la emisión, recepción y archivo de forma completamente digital, de toda la facturación de una empresa. Igualmente, la Cámara de Comercio ofreció la posibilidad a todos los inscritos de solicitar de forma completamente gratuita un Certificado Digital (firma electrónica), requisito primero y básico para poder realizar facturación electrónica y operar de forma telemática con la administración. www.asnala.com


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CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO IX CONGRESO DE ASNALA

21 y 22 de Noviembre de 2008 Palacio de Euskalduna de Bilbao TALLER DE TRABAJO PARA PROFESIONALES

“¿Cómo hablar en público y convencer? Técnicas especiales para Laboralistas”

Presidente de Mesa: D. Aitor Ibarra Cebadero

CONCLUSIONES

Argumentaciín jurídica aplicada y oratoria forense, ante la jurisdicción de los social 1º) Se considera de suma importancia que los abogados y graduados sociales, sepan jerarquizar por grado de importancia, los mejores argumentos de todos los encontrados para la defensa de su posición jurídica. Diferenciar los buenos de los malos argumentos es una tarea necesaria y colocar por grado de importancia los mejores de los buenos también. Debemos trabajar para los magistrados, además de para nuestro cliente y ello nos lleva a resumir con cierta exquisitez los argumentos más importantes eliminando lo superfluo y resaltando con brillantez, aquellos argumentos decisivos, que impulsen al magistrado a darnos la razón 2º) No existen herramientas específicas, para actuar ante la Jurisdicción de lo Social. Nuestra herramienta es la palabra. La palabra hablada y la palabra escrita. A medida que el procedimiento sea presentemente oral le daremos mayor importancia a la palabra hablada, mientras que la palabra escrita interviene más en los procedimientos ordinarios y recursos. Por ello en nuestras actuaciones los laboralistas debemos manejar ambas herramientas de una forma determinante, tanto hablando como escribiendo. La estética del documento y el comportamiento en sala del profesional resulta esencial para la consecución del objetivo. En definitiva se trata de utilizar lo que desde los tiempos más remotos se viene utilizando no solo en la jurisdicción sino en otros ámbitos de la sociedad y sin tal dominio los laboralistas nos encontraremos en desventaja no solamente frente a nuestros compañeros de profesión sino frente a la sociedad misma. 3º) Persuadir o convencer, son dos modelos retóricos que tienen el mismo fin: alcanzar la razón para nuestro cliente. La persuasión desarrolla más los argumentos atacando al sentimiento y la emoción, mientras que el convencimiento nos conduce a elaborar argumentos de tipo lógico y razonable, porque es la búsqueda de la razón verdadera la máxima de la justicia que se pretende alcanzar. Ambos modelos son utilizados en nuestros alegatos con mayor o menor intensidad y en mayor o menor proporción, según sean tengamos buenos o mejores argumentos.

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4º) Existe un ambiente generalizado entre los participantes que produce cierta desazón indicando que en ocasiones a los laboralistas no se nos trata con el debido respeto en nuestras actuaciones por parte de algunos magistrados. A veces incluso delante de nuestros clientes se nos llega a humillar literalmente y es por lo que no estaría de más elevar una protesta como Asociación con el fin de que dichos comportamientos desaparezcan. 5º) Los magistrados también han de argumentar adecuadamente sus resoluciones así lo indica nuestra Constitución en su artículo 120.3 “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Es lo que se llama motivar las resoluciones. Los Jueces y Magistrados para emitir sus resoluciones acuden a la razón común, razonamientos que en definitiva son argumentos conforme a la lógica jurídica. Las máximas de la razón, los principios del derecho, el argumento analógico, las máximas de la experiencia y otros que en nada se diferencian de los argumentos manifestados por las partes. Éstos han de poner en conocimiento del magistrados dichos argumentos para que coja de ellos, los de mayor peso, conforme a su criterio particular de la justicia, seleccionando por el Juez los mejores argumentos, de los que las partes le hayan presentado. De ellos por lo tanto el Juez se fijará en aquellos razonamientos que mejor se adapten al caso planteado, bajo el punto de vista de la razón y corresponde a éste, no solamente fallar el pleito, sino explicar por qué adopta esa decisión y que es lo que le ha llevado al convencimiento de dicho juicio que en principio resultaría ser el pensamiento interno del Juez individualmente, pero que ha de exteriorizar en la sentencia, conforme al principio de la motivación de las resoluciones que rige en los sistemas jurídicos de nuestro entorno. En las dos horas escasas, de debate, poco se ha podido discutir por lo que se ve en dicha materia interés suficiente para que en lo sucesivo se tenga en cuenta dichos conocimientos que hoy en día están en boga en todas las profesiones y que empieza a ser importante en la nuestra siendo competitivo y necesario aprender a desarrollar técnicas tales como: de análisis argumentativas, del caso planteado, herramientas de entonación, tratamiento del silencio, estilos oratorios, la estética del documento y del profesional, el comportamiento en sala, la búsqueda de buenos y de los mejores argumentos, técnicas de redacción, ayudas a la improvisación y otras muchas cuestiones prácticas que debemos controlar los laboralistas y que en un curso de mayor duración podrían desarrollarse, por lo que varios asistentes desearían asistir a un curso de mayor duración sobre los temas aquí desarrollados.

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MESA DE DEBATE SOBRE DERECHO PROCESAL “Reformas necesarias en la Ley de Procedimiento Laboral”

Presidente de Mesa: D. Luis María Pagano

CONCLUSIONES Es necesario propiciar y proponer al legislador la atribución a los tribunales del orden social de la competencia en relación con todas las cuestiones sujetas al Derecho Laboral y de Seguridad Social, incluidas la impugnación de actos administrativos, salvo los estrictos actos de gestión y recaudación. Encarecer el desarrollo del art. 3.2 de LPL a fin de que vuelva a la jurisdicción laboral el entendimiento de los EREs en supuestos de concurso. Idem en materia de accidentes de trabajo y las indemnizaciones para evitar la división de la continencia de la causa.

MESA DE DEBATE SOBRE DERECHO LABORAL

“ Problemática actual de las bajas incentivas en las crisis empresariales”

Presidente de Mesa: D. Alfonoso Pedrajas Herrero

CONCLUSIONES La nueva situación económica y particularmente el nuevo escenario económico tras el derrumbe del mercado inmobiliario, el cierre de la financiación por la entidades bancarias, el colapso industrial de ciertos sectores (v.gr. automoción) y la caída irremediable de la Bolsa, suscita múltiples cuestiones en el ámbito económico y concretamente en el ámbito jurídico laboral. Es conocido que en épocas difíciles de crisis económica –tanto en supuestos de ralentización como de recesión- aumenta la tensión social y existe una voluntad de las empresas de recortar gastos, siendo uno de los principales exponentes de dicho recorte de gastos el relativo al personal que presta servicios en las citadas empresas. Sin ir más lejos, tenemos en

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nuestro país los cuantiosos procesos de reestructuraciones e incluso cierre de empresas. Todo ello hace que nos planteemos múltiples cuestiones en relación a la necesidad de cierre de centros de trabajo por la empresas o a buscar otras medidas como suspensiones de contratos, bajas incentivadas ... Frente a esta situación en el IX Congreso Nacional de ASNALA se analizó las dificultades normativas y procedimentales con las que nos encontramos los profesionales, centrándose el debate en algunos aspectos que a continuación se describen. Si bien en procesos de reestructuración debe primar la voluntad negociadora y el pacto como medida que resuelva los conflictos entre los trabajadores y patronal, la realidad también muestra como por ejemplo en supuestos de despidos colectivos puede resultar condicionado por aspectos procedimentales y fiscales que en ocasiones puede no facilitar el acuerdo entre las partes afectadas. En relación a los aspectos procedimentales, una posible alternativa sería ahondar en la –Sentencia del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina de 22 de enero de 2008 (Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Gil Suárez – RJ 2008/2074), en la que se señala que para la existencia de un despido colectivo no basta con que un conjunto de trabajadores hayan sido despedidos al mismo tiempo aunque el número de los trabajadores afectados supere con holgura los topes del artículo 51 del TRET, sino que es preciso que los despidos sean debidos a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. De ahí la importancia de buscar una cobertura legal a un procedimientos alternativo si ello redunda en beneficio de los interesados. En relación al tema fiscal se aboga por evitar la penalización que supone seguir un procedimiento de despido colectivo, cuya voluntad negociadora determina que se superen los parámetros indemnizatorios establecidos legalmente, frente a los despidos individuales por razones disciplinarias, equiparando las exención fiscal de los despidos colectivos –incluso de los objetivos por las razones establecidas en el artículo 52 c) del TRET- a la exención de los 45 días de los salarios por año de servicio con el prorrateo de los períodos inferiores al año, establecidos en los despidos disciplinarios declarados improcedentes. Finalmente, destacar la especial preocupación manifestada en la falta de agilidad de los procesos concursales con el consiguientes perjuicio para los afectados, solicitándose al respecto se doten de los medios y personal suficiente a los organismos intervinientes para evitar colapsos irreparables.

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MESA DE DEBATE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

“ El control de las Incapacidades Temporales de la Mutuas Patronales: Posibilidades y límites”

Presidente de Mesa: D. Carlos Antonio Bonell Pascual

CONCLUSIONES Los participantes en la mesa aportaron supuestos de hecho concretos sobre los que centrar el debate y analizar los distintos puntos de vista y actuaciones. Quedó en evidencia el impacto todavía no medido y asumido por empresas, trabajadores y administraciones sanitarias, de la aprobación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las obligaciones empresariales en materia de Vigilancia de la Salud con ocasión de los procesos de incapacidad temporal. De manera especial, quedó en evidencia la falta de desarrollo y aplicación práctica del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce al trabajador el derecho, y establece para el empresario la recíproca obligación, de adaptar el puesto de trabajo a la persona y desarrollar políticas de movilidad temporal en los supuestos de disminución transitoria de su capacidad física, mediante la asignación de tareas compatibles con su estado, o el trasladado a un puesto de trabajo compatible con su estado..

La vieja idea de adaptación del trabajador al puesto de trabajo se ha visto sustituida por la obligación patronal de adaptar el puesto de trabajo a las capacidades del trabajador, con una transformación esencial de la incapacidad laboral, tanto la temporal como la permanente, que han de operar con carácter subsidiario, cuando no sea posible asignar al trabajador un puesto de trabajo de su grupo o categoría compatible con su estado.

Sin embargo, éste no parece ser más que un precepto programático, ajeno mayoritariamente a la práctica diaria real vivida por los participantes en la Mesa en las empresas que asesoran y únicamente al alcance de grandes empresas con numerosas plantillas. Están de acuerdo los participante en que la diferencia entre “incapacidad temporal” y la de “apto con limitaciones”, que expide el médico de Vigilancia de la Salud para que el empresario adapte temporalmente el puesto de trabajo y libere temporalmente de determinados contenidos al trabajador, no es todavía comprendida ni asumida ni por las empresas ni por los trabajadores, y no cuenta con las debidas garantías. También se puso de relieve la existencia de distintas prácticas administrativas sanitarias, derivadas de las transferencias de competencias en materia de Salud a las Comunidad Autónomas. Se analizó cómo con ocasión de los procesos de incapacidad temporal, entran en acción diferentes www.asnala.com

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agentes de salud y diferentes médicos con especialidades, misiones y competencias distintas, que interactúan en no pocos casos de una manera desordenada y confusa para el trabajador y el empresario: El médico de Atención Primaria o Médico de Familia, del Servicio Público de Salud dependiente de la Comunidad Autónoma El Inspector-médico de la Comunidad Autónoma El médico de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social El médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social El médico especialista en Medicina del Trabajo del Área de Vigilancia de la Salud del Servicio Propio o Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales El médico de control de absentismo contratado por el empresario para verificar la enfermedad del trabajador Los participantes en la Mesa valoraron el actual régimen jurídico como de excesivamente complejo, confuso y generador de inseguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para los empresarios. Se concluyó que la existencia de un régimen de protección distinto para el trabajador en cuanto beneficiario del Sistema Público de Seguridad Social con ocasión del origen de la contingencia genera tensiones entre los distintos actores y gestores, en perjuicio tanto de trabajadores como de empresarios. Se abogó por potenciar la inmediata asistencia del trabajador precisado de asistencia sanitaria e incapacitado para el trabajo, sin necesidad de partir necesariamente de un diagnóstico y una contingencia, y tanto sea el Servicio Público de Salud como la Mutua de Accidentes de Trabajo quien acoja en primera instancia al trabajador accidentado o enfermo. Se defendió la utilización del parte de baja EN ESTUDIO que no prejuzgue diagnóstico ni contingencia, para que las Mutuas de Accidentes puedan ante la duda atender e iniciar el tratamiento del trabajador, y una vez las pruebas diagnósticas y médicas en general aporten resultados concluyentes efectuar las actuaciones administrativas oportunas sin perjuicios para el trabajador y el empresario.

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ASEPEYO Y ASNALA-ANDALUCÍA, DEBATEN SOBRE

LA RESPONSABILIDAD

DEL ACCIDENTE LABORAL La jornada fue inaugurada por la alcaldesa de Córdoba, Excma. Sra. Dña. Rosa Aguilar

y contó con destacados expertos en la materia.

Asepeyo y la Asociación de Abogados Laboralistas de Andalucía (Asnala) celebraron el 4 de diciembre en el hotel AC Córdoba Palacio, una jornada sobre la indemnización por daños y perjuicios y el recargo de prestaciones en los accidentes de trabajo. Estas dos reclamaciones judiciales suscitan una gran litigiosidad acerca de las consecuencias jurídicas y económicas de los accidentes laborales, y por ello, fueron objeto de análisis en esta sesión informativa dirigida a profesionales del derecho laboral.

De izq. a dcha: D. Fernando Azcona Recio, presidente de ASNALA-Andalucía, Dña Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, D. Jose María Perez Tocornal, director autonómico de Asepeyo.

Durante la jornada, que tuvo un carácter eminentemente jurídico, se realizó un estudio de los elementos que definen estas dos reclamaciones, la normativa a aplicar en prevención de riesgos laborales en estas situaciones y la cuantificación económica de sus efectos. Asimismo, en el transcurso de la sesión, se debatió la última jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha www.asnala.com

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Responsabilidad del accidente laboral

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dictado sobre estas reclamaciones, especialmente respecto a las indemnizaciones como consecuencia de la accidentalidad laboral

tado en el 2005 hasta llegar a 6011 accidentes por cada 100.000 habitantes, mientras que por ejemplo en Alemania, esta tasa de siniestralidad había descendido hasta un 50% desde 1984 al 2005. Así mismo, destacó la gran dispersión normativa existente en España sobre esta materia.

Ana Orellana, presidenta de la sección de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, remarcó que la tasa de siniestralidad laboral en España se había incremen-

También participaron en el acto Juan Pedro Gómez Jiménez, director provincial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y Silvia Ferré, del Departamento de prestaciones de Asepeyo La jornada, en la que colaboraron los colegios oficiales de abogados de Córdoba, de Lucena y de graduados sociales, fue inaugurada por la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, el director autonómico de Asepeyo, José Mª Pérez Tocornal y el Presidente de Asnala Andalucía, Fernando Azcona Recio.

El acto contó con la asistencia de más de un doscientos profesionales del derecho laboral . 20

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LOS LABORALISTAS, RECLAMAN MEDIDAS URGENTES CONTRA LA CRISIS

M e s a d e c l a u s u r a : D. Mar tín Godino Reyes, D. Luis Enrique de la Villa Gil, Dña. Maria Emilia Casas Baamonde , D. José Luis Roales - Nieto López, D. Mariano Sampedro Cor ral y D. Jose Antonio Fer nández Bustillo Los pasados días 21 y 22 de noviembre se reunieron en Bilbao, con motivo del IX Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, más de 300 laboralistas para analizar las repercusiones laborales de la crisis económica. El Congreso, que llevaba por título “Perspectivas de la reforma laboral ante una situación económica en desaceleración”, constató la realidad de una impetuosa crisis económica, la cual, aunque ha irrumpido globalizadamente en multitud de países, lo cierto es que, entre nosotros, se está presentando con caracteres de gran dramatismo en el ámbito de las relaciones laborales. El incremento espectacular del desempleo (nos acercamos a los tres millones de parados) que sitúa a España en una tasa de paro, a finales de octubre, del 12,8% (frente a 7,7% de media en la Eurozona), unido a la significativa reducción del consumo, en un contexto en el principal carro que ha empujado de la actividad económica, el sector de la construcción, se ha veni-

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Los laboralistas reclaman medidas urgentes contra la crisis

do completamente abajo, hace presagiar un futuro desalentados en el ámbito de las relaciones laborales. Así las cosas, los laboralistas asistentes al Congreso han reclamado el Gobierno una acción más decida y coordinada para atajar la sangría de pérdida de empleos que se está produciendo. Los congresistas apuestan firmemente por un relanzamiento del diálogo social, fruto del cual se deben demandar un conjunto orgánico y coherente de medidas de significación laboral para salir al paso de la grave situación. Los profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social lamentan profundamente que, por ahora, ni exista un acuerdo general entre los Interlocutores Sociales y el Gobierno ni tampoco este último esté adoptando todas las iniciativas a su alcance para poner coto a la crisis, programando e implementando un paquete articulado de medidas laborales. A lo más que se ha llegado, constatan los presentes, es a aprobar unas medidas dispersas, de diferente significación y alcance, pero inorgánicas en cuanto a su programación. De iq. a dcha: D. Aitor Ibarra, Presidente de ASNALA-Euskadi, D.Alipio García Ross, Presidente del Col. Of. de GGSS de Bizkaia, D. Joseba Azkárraga, Consejero de Justicia, Empleo y SS del Gobierno Vasco y D. José Luis Roales-Nieto López, presidente de ASNALA-Estatal

En IX Congreso, que estuvo inaugurado por el Consejero Vasco de Justicia y Empleo, Joseba Azcárraga, sirvió de plataforma para que el Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, Don José Luis Roales-Nieto López, reclamase a las Administraciones Públicas que se cuente con los laboralistas ante cualquier medida laboral que se emprenda en el futuro, y que se tenga en cuenta a los profesionales del derecho del trabajo en las modificaciones técnicas de las actuales reformas de la normativa laboral en vigor. Participaron en el Congreso el Magistrado Emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Don Mariano Sampedro. Igualmente participaron el Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Don Manuel Díaz de Rábago, que aposto por afron22

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tar una reforma de la ley del procedimiento laboral para adaptar nuestra obsoleta normativa procesal laboral a los numerosos cambios operados desde su aprobación en 1995. En la misma línea se manifestaron otros intervinientes como Enrique Lillo, en representación del Gabinete Jurídico Interfederal del CCOO, o Martín Godino, en presentación de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. El Congreso fue clausurado por la Presidenta del Tribunal Constitucional, Doña María Emilia Casas Baamonde, que realizó la ponencia de clausura reclamando un papel destacado para el Derecho del Trabajo como eje prioritario de la concertación social. En el tracurso del evento, se entregó el Premio al Mejor Laboralista, edición 2008, al Profesor Don Luis Enrique de la Villa, elegido por unanimidad del jurado, algo sin precedetes en la trayectoria del Premio. Miembros del jurado del Premio al Mejor Laboralista

El galardonado recogio la estuilla después de un emotivo discurso, arropado por la admiración y el cariño de todos los presentes.

Entrega del Premio al Mejor Laboralsita edición 2008 por D. Jose Luis Roales-Nieto a D. Luis Enrique de la villa Gil

socios de honor de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas ha nombrado en dicho Congreso como socios de Honor de ASNALA a Doña María Emilia Casas Baamonde, a Don Luis Enrique de la Villa Gil, y a Don Mariano Sampedro Corral. www.asnala.com

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IX CONGRESO NACIONAL

ASOCIA C I O N N A C I O N A L D E A B O G A D O S L A B O R A L I S T A S

Puedes ver el resto de fotos en la nueva sección “ver y conocer” de la web de ASNALA www.asnala.com

X CONGRESO DE ASNALA La sede del próximo Congreso será

MADRID,

coincidiendo con el décimo aniversario de la celebración de nuestras citas corporativas anuales.


Promoci贸n v谩lida hasta el 28 de febrero de 2009


contraportada QUANTOR SOCIAL

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