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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD “FERMÍN TORO” FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO BARQUISIMETO ESTADO LARA

Perención Proceso de Elección Condiciones de elegibilidad Impugnación Condiciones De Elegibilidad

Recusación

Obligaciones Del Juez De Paz Inhibición

Procedimiento de Equidad Pruebas Recurso Contra Sentencia Obligaciones Patrimoniales y No Patrimoniales Principios ASDRÚBAL L. LUGO C. C.I 20.891.620 CARLOS E. CASTILLO S. C.I 15.884.396 VALERY Z. NELO M. C.I 17.619.090 SAIA E-2013-B AÑO 2014, N° 01, VENEZUELA

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ÌNDICE Pág. N° Editorial

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La Ley Orgánica de Justicia de Paz: Perención

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Obligaciones del juez de paz Arts. 4

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Proceso de elección Arts. 10 al 20

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Condiciones de elegibilidad Art. 21

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Impugnación condiciones de elegibilidad Art. 26

5

Recusación Arts. 27 y 28

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Inhibición Arts. 34 y 35

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Procedimiento de equidad Arts. 41 y 42

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Pruebas Arts. 43 y 44

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Recurso contra sentencia Arts. 47 y 48

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Obligaciones patrimoniales y no patrimoniales Arts. 4 y 13

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Principios Arts. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 36, 41 y 42

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Artículo de opinión Asdrúbal Lugo

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Artículo de opinión Carlos Castillo

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Artículo de opinión Valery Zoely Nelo Martinez

Cierre de la publicación con comentario final

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EDITORIAL

Analizando la justicia de Paz en Venezuela como modelo para resolver pacíficamente los conflictos a través de la conciliación y la equidad. Es una justicia no formal, basada en el sentido común, en la experiencia, en el estímulo a solucionar los conflictos a través del diálogo y la conciliación, se rige por los principios de moralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad. Es la justicia de la comunidad la cual tiene como finalidad resolver los problemas entre vecinos, amigos, familiares, entre personas de la misma zona, del mismo barrio, de la misma urbanización. Se conoce que el sistema jurídico Venezolano, muchas veces contiene principios y procedimientos lentos y complicados, que hace de la justicia un camino lleno de obstáculos. La justicia de paz es distinta, todo lo que ella propone es efectiva, justo, rápido y sin costo; lo más importante para entender es que la misma la efectúa las personas en su responsabilidad. La justicia de paz es una oportunidad que se dan dos o más partes ara aprender a convivir mejor. Al mismo tiempo, es una oportunidad para lograr que la democracia sea una forma de vivir y no simplemente una palabra más. Por otra parte, tiene como finalidad impartir paz, armonía, el convivir en tranquilidad, sin problemas innecesarios entre personas. Muchos de los actos que conocemos en nuestra comunidad, se han originado por un pequeño problema que nunca se solucionó y que fue creciendo por no haber sido atendido a tiempo. Cabe destacar, que se caracteriza por ser un medio a través del cual existe un acercamiento de las personas en relación a la justicia a través de un sistema dotado de rapidez y confianza, ya que, los miembros de la comunidad son los protagonistas lo cual traerá consigo un proceso de humanización y desarrollo de la justicia dentro de la comunidad. La justicia de paz busca el entendimiento de personas, que tienen pequeños problemas entre ellos, ayudados y guiados por el juez de paz, éste es una persona que recoge los problemas de la gente común y trata de resolverlos a través de dos vías: conciliación y equidad.

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LEY ORGÀNICA DE JUSTICIA DE PAZ PERENCIÓN El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. OBLIGACIONES DEL JUEZ DE PAZ Artículos 8 y 9 LOJP. Partiendo de que una obligación es aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer. Las obligaciones de un Juez de paz son sus competencias y atribuciones las cuales están contempladas en los artículos 8 y 9 de la LOJP, entre sus competencias están: conocer por vía de equidad de todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a Tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos y controversias de contenido patrimonial, sólo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando no se supere la cuantía máxima atribuida a los Tribunales ordinarios. del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en comunidad, de los conflictos y controversias no patrimoniales, relativos a la convivencia entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal, de los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar, de aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para decidir con arreglo al procedimiento de equidad, algunos con salvedades. Entre sus atribuciones están: ejecutar sus propias decisiones y mantener el orden público dentro de sus oficinas o despacho, aun con el auxilio de la fuerza pública si fuere el caso, designar, dentro de los primeros treinta (30) días a la asunción del cargo como Primero y Segundo Conjuez, coadyuvar en la supervisión de la ejecución de las decisiones que recaigan sobre guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Tribunales ordinarios, especiales o de la autoridad administrativa competente, cualquier otra que le haya sido expresamente asignada por Ley u Ordenanza, entre otras. PROCESO DE ELECCIÓN Artículos 10 al 19. LOJP. La Comisiones Electorales Permanentes de los Consejos Comunales, son los órganos competentes para organizar, coordinar, supervisar y realizar los procesos de elección y de revocatoria contemplados en la presente Ley, para lo cual contarán con el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral. Para los procesos de elección y de revocatoria establecidos en esta Ley, en las entidades locales territoriales donde existan varios consejos comunales, se designará una Comisión Electoral Central, conformada por cinco miembros y sus respectivos suplentes, designados de entre los integrantes de las Comisiones Electorales Permanentes. La Comisión Electoral Central será la encargada de: 1. La coordinación y supervisión general del proceso. 2. Organizar el registro electoral con base a los registros electorales permanentes de los consejos comunales de la respectiva entidad

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local territorial. 3. La totalización de las actas de votación de cada Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, suscritas por las respectivas Comisiones Electorales Permanentes.

4. La proclamación de los resultados. 5. Si se trata de elección, la juramentación del elegido o elegida y sus respectivos suplentes. Las Personas que obtuvieren el segundo y tercer lugar en la elección de Juez o Jueza de paz comunal, los suplirán en el mismo orden. Las postulaciones para candidatos y candidatas a Juez o Jueza de paz comunal, se harán: 1. Por iniciativa de las organizaciones del Poder Popular con existencia efectiva en la comunidad. 2. Por iniciativa propia. Durante el proceso para la elección de jueces y juezas de paz comunal, los candidatos y candidatas podrán participar en programas de opiniones radiales o de televisión, entrevistas de prensa o reuniones con los vecinos, quedando prohibido la realización de campañas electorales por medios de comunicación masivos. Se consideran electores a los efectos de esta Ley, todos los venezolanos y extranjeros mayores de dieciocho (18) años que residan en la circunscripción intramunicipal de que se trate. En el caso de los extranjeros, deberán tener por lo menos diez (10) años en condición de residentes en el país y un (1) año de residencia en la respectiva circunscripción. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Artículo 21 LOJP. Para ser Juez o Jueza de paz comunal se requiere: 1. Ser venezolano o venezolana. 2. Mayor de veinticinco años. 3. Saber leer y escribir. 4. Tener, para el momento de la elección, al menos tres años de residencia en la entidad local Territorial o en la Comuna. 5. No estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme, ni a interdicción civil, inhabilitación política o administrativa. 6. No pertenecer a la directiva de alguna organización política, gremial o sindical, ni ser vocero o vocera de alguna organización del Poder Popular, al momento de la postulación, a menos que renuncie a dicha condición.7. Ser de estado seglar y no pertenecer a ningún estamento militar o policial. Comunas ubicadas en Municipios fronterizos, los candidatos a Juez o Jueza de paz comunal deberán ser venezolanos o venezolanas por nacimiento IMPUGNACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Artículo 26 LOJP. El mandato del Juez de Paz podrá ser controlado y revocado por los vecinos de la respectiva circunscripción intramunicipal, utilizando el Referendo Revocatorio con iniciativa popular del veinticinco por ciento (25%) de su población electoral. Convocado el Referendo, el Juez de Paz quedará suspendido en el ejercicio del cargo, debiendo asumir el suplente o Conjuez a quien corresponda cubrir las faltas temporales del mismo. Para la procedencia del Referendo Revocatorio y su convocatoria por parte de la autoridad electoral competente, además de la iniciativa popular, es necesario que el Juez de Paz se encuentre incurso en alguna de las causales siguientes: 1.- Observar una conducta censurable que comprometa la dignidad de su cargo. 2.- Irrespetar los derechos de los miembros de la comunidad o los derechos humanos. 3.- Observar conductas contrarias a la Ley. El cargo de Juez o Jueza de paz comunal es revocable en los términos previstos en la Constitución de la República y la ley. RECUSACIÓN Artículo 27 y 28 LOJPC. Son causales de recusación de los jueces y juezas de paz comunal las siguientes: 1.-Tener parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente, con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges. 2. Ser padre o madre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes.3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. 4. Tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos dentro de los grado sindicados anteriormente, interés directo en los

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resultados del proceso. 5. Inobservar la confidencialidad de los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando así lo soliciten expresamente las partes o lo exija la ley. 6. Haber dado recomendación o prestado su patrocinio en favor de alguna de las partes sobre el asunto o controversia dirimida. 7. Haber agredido, injuriado o amenazado a alguna de las partes. 8. Cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad.

Una vez interpuesta la recusación contra el Juez o Jueza de paz comunal, éste deberá apartarse del asunto sometido a su conocimiento y enviar el escrito de recusación de forma inmediata al juez o jueza de paz comunal suplente, el cual deberá pronunciarse en el lapso de tres días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud. El o la suplente asumirá el conocimiento del asunto hasta que decida sobre la recusación interpuesta y la asumirá definitivamente si aquella es declarada con lugar. En caso de la declaratoria sin lugar de la solicitud de recusación, el Juez o la Jueza de paz comunal titular continuarán con el conocimiento del asunto. INHIBICIÓN Artículos 34 y 35 LOJP. Ejecutar sus propias decisiones, aun con el auxilio de la fuerza pública si fuere el caso. Cuando el Juez de Paz considere que existen motivos justificados para abstenerse de conocer de una controversia, lo manifestará a los interesados y procederá a convocar al suplente. Si alguno de los interesados considera que existen motivos para que el Juez de Paz se separe de conocer la controversia, le solicitará que designe al suplente. En todo caso el Juez de Paz manifestará a los interesados las razones por las cuales considera podría seguir conociendo de la controversia; pero en caso de insistencia, deberá remitirle el conocimiento del conflicto al suplente Cuando un Juez de Paz, de oficio o a instancia de parte, considere que en la fase de equidad otro Juez de la jurisdicción ordinaria o especial está invadiendo su competencia, deberá acudir al Juzgado Superior en la materia afín a la controversia con jurisdicción en la misma Parroquia, para solicitar la regulación de la competencia. De la misma manera se procederá cuando un Juez ordinario o especial considere que un Juez de Paz está invadiendo su competencia. Una vez que el Superior tenga conocimiento de la solicitud de regulación de competencia, deberá resolver en un lapso no mayor de tres (3) días continuos. La decisión no será objeto de revisión. PROCEDIMIENTO DE EQUIDAD Medio alternativo de resolución de conflictos, en el cual el Juez o Jueza de paz comunal decide la controversia con base a la proporcionalidad y a la condición real de cada una de las partes, que conduce a decidir, de manera justa, constructiva y pertinente, el asunto concreto sometido a su arbitrio, orientándose para ello en el principio constitucional de justicia social y en las leyes relacionadas con la materia. Artículos 41 y 42 LOJP. Agotada la fase conciliatoria sin que medie acuerdo, el Juez así lo declarará y en el mismo acto procederá a decidir conforme a la equidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de la Ley, asegurando el derecho a la defensa de los interesados, a menos que alguno quisiera presentar nuevas pruebas. En este último caso se seguirá el procedimiento previsto. El Juez de Paz, en la misma audiencia hará un recuento ordenado de los hechos de la controversia, podrá dictar las medidas provisionales que considere convenientes y abrirá un lapso de pruebas no mayor de cinco (5) días hábiles, para la evacuación de las mismas.

PRUEBAS Artículos 43 y 44. LOJP. Valdrán todos los medios de pruebas que no se encuentren expresamente prohibidos por la Ley y que consideren conducentes para la demostración de sus pretensiones. El Juez podrá valorar o desechar las pruebas presentadas por los interesados, tomando en consideración la experiencia y el sentido común. El Juez de Paz, si lo

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considera necesario, podrá trasladarse al lugar de los acontecimientos con el fin de formarse un criterio directo para su decisión. Asimismo, podrá preguntar y repreguntar a los interesados y testigos según el caso en cualquier fase del procedimiento, antes de dictar sentencia con base en la equidad.

RECURSOS CONTRA SENTENCIA

Artículos 47 y 48. LOJP. Las decisiones del juez de paz no son apelables, sino revisables por el mismo, tal como lo establece el artículo 47 de la LOJP, pues sus decisiones son de equidad, que refiere a un juicio de valor de quien lo utiliza, (El Juez de Paz), ligado a su idea de justicia aplicada al caso concreto, opinión que no descansa en el derecho, sino en la conciencia, la moral, la razón natural u otros valores. Dado el carácter personal y subjetivo de esos valores, el tratamiento de tales decisiones, tiene que ser distinto al que se da a los fallos que se atienen a normas del derecho, y por ello la regla es que no sea revisable por otro, el criterio del sentenciador; de allí, que la revisión se hace por el mismo juez del fallo que lo dictó, asesorándose con los suplentes y conjueces del tribunal. Estas reglas privarían de Juez Superior a los Jueces de Paz. Sin embargo, el artículo 48 eiusdem, prevé la apelación de las sentencias de los jueces de paz, cuando la controversia tenga contenido patrimonial, la cual será decidida por el juez competente a quien se le envía el expediente contentivo de las actuaciones. Se trata de una excepción al principio, pero que fija la presencia de un Juez Superior al de paz, que conoce de las apelaciones de sus fallos, y éste vendría a ser el juez del amparo contra las sentencias de los jueces de paz. No señala la ley especial que rige la Justicia de Paz, quién es este juez, ni tampoco lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ignoró la materia, y ante tal vacío, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha dilucidado si el juez de la alzada es el Juez de Municipio o el de Primera Instancia, en base a la cuantía, así: Teniendo en cuenta que las causas de contenido patrimonial que puede conocer un Juez de Paz, están determinadas por la cuantía, debe interpretarse que la competencia por la cuantía determina quién es el juzgado superior del juez de paz, a los efectos de la apelación a que se refiere el artículo 48, ya que éste debe ser el juez inmediatamente superior al de paz, por la escala de cuantía. Este juez vendría a ser el de Municipio, pero no para que decida conforme a derecho, sino también aplicando la equidad, lo que crea una situación excepcional. OBLIGACIONES PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES Es la relación jurídica (es decir una relación humana regulada por el derecho) entre dos o más personas llamadas acreedor (tiene un crédito que es un bien incorporado a su patrimonio y en virtud del cual tiene derecho a exigir a su favor el cumplimiento de la prestación. Siempre representa un valor económico) y un deudor (tiene una deuda que es la prestación que debe satisfacer cualquiera sea su naturaleza y aunque no sea en dinero), por medio de la cual el acreedor está dotado de un derecho subjetivo a través del cual puede exigir (porque el comportamiento debido es un deber jurídico y si no es cumplido es pasible de una sanción jurídica) del deudor la prestación (es el comportamiento o actitud debida y puede ser entregar o dar, hacer o no hacer)de una conducta o actividad tendiente a satisfacer su interés. PRINCIPIOS Oralidad, concentración, inmediación, brevedad, simplicidad, equidad, proporcionalidad, imparcialidad, accesibilidad, celeridad, gratuidad y garantía del derecho a la defensa, la igualdad procesal y el debido proceso. (Artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 36, 41 y 42 LOJP) La justicia de paz se rige por los principios de protagonismo popular, autonomía, corresponsabilidad entre el Poder Público y el Poder Popular, responsabilidad, conciencia del deber social, igualdad social y de género, defensa de los derechos humanos, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, rendición de cuentas, control social, transparencia, oralidad, concentración, inmediación, brevedad, simplicidad, equidad, proporcionalidad, imparcialidad, accesibilidad, celeridad, gratuidad y garantía del derecho a la defensa, la igualdad procesal y el debido proceso

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OPINIÒN ASDRÙBAL L. LUGO C. La Ley Orgánica de la Justicia de Paz (1994), representa más que un instrumento jurídico para la administración de justicia, una verdadera cátedra de participación vecinal, donde la comunidad ocupa un puesto de honor en la resolución de su conflictos particulares, así lo señala Ponce (1997, p. 252) "La Justicia de Paz, representa una escuela de organización vecinal, de rescate de los líderes comunitarios reales de respeto, unión y trabajo común para alcanzar las metas de la comunidad. Representa una nueva forma de participar, representa el fortalecimiento de nuestros movimientos vecinales". Los tiempos modernos obligan a ampliar canales de participación que estén orientados a profundizar la democracia como forma de gobierno y hacerle sentir al pueblo que se está en la búsqueda de perfeccionar el sistema, un viraje de democracia representativa a democracia participativa; la complejidad de la sociedad así lo demanda, surgen movimientos vecinales, ecológicos, culturales y ellos estimulan la participación y apuntan hacia un poder de decisión cada día mayor hacia la Sociedad en aras de democratizar la democracia. El propio texto Constitucional de 1999 invoca en su preámbulo entre otras cosas "establecer una sociedad democrática participativa y protagónica, así lo ratifica en el artículo 6 del que se desprende que "El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... es y será siempre democrático, participativo". A partir del 2 de mayo del 2012, entró en vigencia La Jurisdicción especial de la Justicia de Paz Comunal, la cual es presentada como el ámbito del Poder Popular y como integrante del sistema de justicia, para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, en la convivencia vecinal y comunitaria, así como para resolver los asuntos derivados del ejercicio del derecho a la participación ciudadana, relacionado con las actuaciones de las instancias y organizaciones del Poder Popular. A mi parecer la Ley anterior era más completa. Esta ley adquiere un gran compromiso, al convertirse en un factor determinante de participación vecinal, a través de uno de los mecanismos más trascendentes representado por la participación del vecino en la administración de justicia, dejando atrás la autonomía municipal y sin consultar a los ciudadanos y ciudadanas, ni al Consejo Local de Planificación Pública, le quitaron a los gobiernos locales las competencias de la convocatoria de elecciones de los jueces de paz, promoción, divulgación y de todo lo que se refiere al proceso de elección de estos y ahora quien tiene la competencia son los consejos comunales. Hoy la Justicia de Paz pasa del Municipio al Poder Judicial, con una nueva denominación, coexistiendo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, además deja un gran vacío en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento de la Justicia de Paz, ya que la Ley publicada el 2 de mayo 2012 señala expresamente que es el Tribunal Supremo de Justicia el responsable de definir los recursos financieros que son necesarios para el desarrollo de la Justicia de Paz Comunal, para que sean incorporados al Presupuesto Nacional. Ello es un diseño centralizado. Además de lo que tiene que ver con la formación y capacitación de los Jueces de Paz Comunales, la Ley delega tal responsabilidad al Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Magistratura. Por último, tiene que ver con las decisiones del Juez de Paz comunal, las cuales reciben el titulo de Sentencia y las mismas serán dictadas formalmente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Cuando el artículo 45 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal establece que uno de los requisitos de la sentencia es que se identifique el “juzgado” de la Justicia de Paz Comunal que dicta la sentencia, queda la sensación lógica del carácter judicial que ha adquirido este rol comunitario del Juez de Paz. Además aún no se ha elaborado y publicado el respectivo Reglamento de esta Ley.

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OPINIÒN CARLOS E. CASTILLO S.

La Justicia de Paz como instrumento para resolver los conflictos cotidianos que se generan en la vida en comunidad, es uno de los procedimientos alternativos que buscan superar la insuficiencia del sistema de administración de justicia, cuya importancia y utilidad tienen reconocimiento en las sociedades que han comprendido el efecto positivo que generan al mejorar el clima de armonía entre los miembros de la comunidad. Por la naturaleza de los objetivos de la Justicia de Paz, el funcionario encargado de ejercer estas funciones posee un perfil que no puede ser satisfecho con estudios profesionales. Tal cargo requiere de cualidades morales, culturales, intelectuales, psicológicas y sociales que sólo las poseen determinados líderes comunales, cuya respetabilidad ante la comunidad es evidente e inobjetable La justicia de paz se ve representada por el llamado Juez de Paz el cual debe poseer condiciones especiales para poder cumplir con las metas legales de la institución. Según el art. 3 LOJPC, los jueces de paz tratarán de resolver los conflictos que conozcan a través de la conciliación, y sólo si esto no fuera posible, acudirán a la decisión mediante la equidad. En cuanto a la conciliación, el juez de paz no tiene límites para conocer los asuntos que se le planteen, salvo los derivados del orden público o de la ley Con respecto a sus Competencias, los jueces de paz comunal ahora conocen sobre conflictos o controversias derivadas de la relación arrendaticia (articulo 8 N° 2), de los conflictos entre vecinos derivados de la aplicación de cartas comunales o reglamentos de convivencia, casos de medidas relativas a la convivencia familiar y la obligación de manutención como coadyuvante en el cumplimiento de las mismas (N° 5 ejusdem) o de declarar el divorcio cuando sea de mutuo acuerdo entre las partes (N° 7 del citado articulo) Ahora bien la manera de realizar la solicitud ante el juez de paz tenemos que recibida la solicitud ante el Juez de Paz, éste deberá proceder a notificar personalmente a los interesados. De no ser posible la notificación personal, el Juez de Paz dispondrá fijar en la morada, en la oficina o negocio de la persona, en las oficinas o local donde despache el Juez y en algún lugar público, un cartel o aviso de notificación A manera de conclusión podemos apuntar que la Justicia de Paz se diferencia de la administración de justicia ordinaria, en cuanto a los objetivos precisos perseguidos por ella. Es decir, trata de alcanzar la paz en la comunidad, el que las partes con intereses en disputa acepten de buena manera los resultados del procedimiento y la manera equitativa en que se ha producido una respuesta a su problemática concreta. Sin triunfador, ni perdedor. Es por ello que se habla de procedimiento alternativo, no sólo porque viene a resolver el problema de la ineficacia de los órganos judiciales, sino porque persigue objetivos diferentes que revelan aún más la necesidad de su creación y promoción en todo tipo de sociedad.

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Opinion Valery Z Nelo M La justicia de paz venezolana es, sin embargo, un proyecto que ofrece marcados contrastes con la justicia de paz en la mayoría de los países que cuentan con instituciones con ese nombre, tales como Estados Unidos, Honduras, Panamá, Guatemala y El Salvador, o que tienen otras instituciones que pueden cumplir funciones análogas, tales como los tribunales de pequeñas causas. Ello es así, por una parte, gracias a la visión de los promotores del proyecto inicial que se abstuvieron de calcar esos modelos. Es así, también, gracias a los críticos y adversarios del proyecto quienes, independientemente de sus muy diversas motivaciones, hicieron un gran favor a la justicia de paz al impulsar su transformación de un apéndice de la justicia ordinaria, con una probabilidad reducida de lograr sus propósitos, en un medio alternativo para la resolución de conflictos con un prometedor potencial para lograr esos propósitos y, además, promover el desarrollo de las personas y las comunidades en Venezuela. La misión de los jueces de paz es ayudar, con un mínimo de formalidades y sin costo alguno, en la resolución de los conflictos pequeños pero a menudo de enorme importancia para los involucrados que se presentan en las comunidades. Para ello, disponen de dos herramientas: la conciliación y la decisión conforme a la equidad. Según la LOJP, "el Juez de Paz procurará por todas las vías posibles y de manera obligatoria la conciliación entre los interesados, de modo que los mismos resuelvan consensualmente sus problemas" (Art. 36). De este modo, la orientación de la justicia de paz venezolana coincide con las recomendaciones de la mayoría de los analistas de los procedimientos alternativos para la resolución de conflictos a nivel mundial que otorgan la más alta prioridad a la mediación, es decir, la conciliación. Ello es así porque la mediación parte del supuesto básico que los participantes en un conflicto son los que mejor conocen sus necesidades, deseos y posibilidades y que, con la ayuda apropiada, son los más indicados para encontrar una solución mutuamente satisfactoria. De hecho, el procedimiento busca promover acuerdos que se ajusten a los intereses y las circunstancias particulares de las partes, más que determinar quién tiene la razón o la culpa. Para lograr ese propósito, las personas deben conservar la mayor libertad para encontrar una solución propia a su controversia; aunque el mediador puede hacer sugerencias, los afectados no están obligados a aceptarlas. Son ellos, y no el mediador, los actores principales de la conciliación.

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COMENTARIO FINAL ACTUALIDAD TSJ El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició una campaña nacional para dar a conocer la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, normativa que busca la generación de espacios de diálogo para la resolución de conflictos en las comunidades.

La magistrada suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Francia Coello, informó sobre la creación de una comisión para la divulgación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal a nivel nacional. Una de las primeras actividades fue el domingo, en el Centro de Formación Socialista Ezequiel Zamora, ubicado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, lugar donde se realizó el Encuentro del Sistema de Justicia con Consejos Comunales, Comunas y Movimientos Sociales. En la actividad estuvieron reunidos jueces, fiscales y defensores públicos con más de 250 representantes de consejos comunales, comunas, movimientos sociales y voluntarios de la Misión Justicia Socialista de la entidad, quienes compartieron temas importantes para la construcción del nuevo modelo de justicia y la participación social en el juzgamiento de delitos menos graves y la Justicia de Paz Comunal.

“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”. Anónimo 11


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