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La Revista del Sur | Año 05 | #46 - Edición Bicentenario de la República del Perú 2021

El bicentenario arrastra años de desigualdad, discriminación y corrupción.

Estado precario

Edición Especial


2 / Editorial

La última.

EDITORIAL EL LARGO CAMINO DE LA LIBERTAD La declaración de independencia del 28 de julio de 1821, en Lima, significó la ruptura política del Perú con España y su monarquía, después de casi 300 años de dominación. Los peruanos de entonces y los promotores foráneos lucharon por libertad estrechamente unida a los anhelos de justicia, igualdad, prosperidad e incluso, sostienen algunos historiadores, al reparto de tierras. La independencia llegó después de varias fases de un esfuerzo colectivo enorme que tuvo su punto de partida en una sucesión de estallidos rebeldes en varias provincias del Perú. Los primeros intentos de los patriotas de separarse de España, que podrían definirse como hitos de lucha por la independencia, se remontan al año 1811 en Tacna, con la rebelión de Francisco de Zela, y luego 1814 en Cusco, con la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. El alzamiento del Cusco de 1814 tuvo una fuerte influencia de la primera y gran rebelión de Túpac Amaru II de 1780, un movimiento de rebeldía que nació en los Andes en contra de la explotación colonial de la que era víctima la población indígena. Este movimiento instauró en la ciudad del Cusco una junta de gobierno dispuesta a seguir el ejemplo de la junta de Buenos Aires y a rebelarse contra el virrey y la corona española. Así comenzó la rebelión de 1814. Con el apoyo de los indígenas quechuas, aimaras y de otras etnias, se organizaron tres expediciones que llegaron a ocupar las ciudades de la Paz (Bolivia), Arequipa y Huamanga. Mientras que la rebelión del Cusco fue derrotada por los ejércitos realistas en 1815, la junta de Buenos Aires continuó su lucha hasta lograr la independencia. A 200 años de que el esfuerzo colectivo fuera logrado todavía quedan promesas y metas inconclusas. La libertad no se ha traducido en una sociedad con justicia, igualdad y prosperidad. Es cierto que hubo avances, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.

Nota al cierre de edición

Espinar denunciará a minera Antapaccay ante la CIDH

La población de Espinar tiene una relación de casi 40 años con la minería. La actividad -ahora en manos de Antapaccay Glencore- se ha desarrollado en medio de conflictos sociales y denuncias de contaminación de las fuentes de agua y suelos. El Estado peruano no atendió las demandas de las organizaciones sociales o lo hizo a medias. Están pendientes de solución, por ejemplo, la consulta previa para el proyecto de ampliación Integración Coroccohuayco, las indemnizaciones a las comunidades por las afectaciones a su salud por metales pesados y la implementación de un plan de atención integral en salud. Debido a esa desatención, las comunidades anunciaron que acudirán a organismos internacionales para demandar a la empresa minera Antapaccay para que responda por la desaparición de fuentes de agua, muerte de animales y contaminación con material

particulado (polvo) que generan problemas de salud, como consecuencia de las continuas explosiones realizadas en la etapa de exploración y explotación minera. Dicha demanda será presentada ante organismos defensores del medio ambiente del mundo e incluso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). El dirigente de Espinar, Cosme Tancayllo, falleció hace varios años defendiendo sus tierras y el derecho a la vida. Sus hijos decidieron continuar la lucha y fueron denunciados por delitos de disturbios. La demanda será acompañada con filmaciones y fotografías que aportan información de las enormes rajaduras en sus viviendas ubicadas a 80 metros de la zona de explotación, por cuanto cada vez que se busca oro, cobre o cualquier mineral se registran estruendosas explosiones de dinamita que generan movimientos sísmicos.

Muchas fuentes de agua se secaron, según los comuneros, a causa de la actividad minera.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

www.pulsoregional.pe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

FOTO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000


Informe / 3

Bicentenario y criminalización en el Corredor Minero del Sur Escribe: Helio Cruz (*)

ESTADO REPRESOR. Los sucesivos gobiernos buscaron limitar y perseguir a los representantes sociales por defender sus derechos y el medio ambiente. A la fecha en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro hay más de 60 personas investigadas o acusadas por diversos delitos. Desde un balcón en Lima, el general José de San Martin proclamó el 28 de julio de 1821: “… el Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”. Doscientos años después, la “libertad” y la “independencia” continúan siendo un privilegio casi inalcanzable para las lideresas, líderes, defensoras, defensores, dirigentas y dirigentes, quienes sienten que viven en un Estado aislado y opresor. Conmemorar el 28 de julio implica poner sobre la agenda del nuevo Gobierno y el país un primer acercamiento de cara al bicentenario en cuanto a la criminalización de derechos contra dirigentes en el Corredor Minero del Sur. Enfatizamos nuestra mirada en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro de la región Cusco. El denominado Corredor Minero del Sur no solo es vial sino toda una ruta de concesiones mineras, algunas de ellas en fase de explotación y en su mayoría en etapa de exploración. En esta ruta encontramos mineras como MMG Las Bambas (que hace uso de la vía para el transporte de mineral), Anabi SAC, Hudbay Perú, Compañía Minera Antapaccay, minería artesanal, minería ilegal y otras actividades. Todas ellas generan impactos y daños ambientales directos en territorios de comunidades campesinas. Las comunidades campesinas denuncian contaminación ambiental, despojo territorial, desplazamientos, interrupción de caminos ancestrales, vulneración de derechos como la consulta, consentimiento y participación ciudadana, pérdida de las deidades andinas –como los apus–, falta de socialización de estudios de impacto ambiental, afectación a la salud con metales tóxicos. Las poblaciones afectadas recurren al Estado (ministerios, Congreso de

la república, Ministerio Público, Policía) y reciben el silencio, por tanto, una directa desprotección. Ante este acontecimiento se convocaron a las movilizaciones y protestas sociales, cuya respuesta del Estado fue la represión sobre la población movilizada, dejando como resultado heridos y muertos porque los funcionarios estatales no reconocen la magnitud de la vulneración de derechos.

Sometidos a denuncias Las denuncias de contaminación y la protesta social dirigida por representantes de comunidades campesinas y organizaciones sociales son criminalizadas. Los defensores y defensoras son sometidos al sistema de justicia por defender el derecho a un medio ambiente de calidad y por exigir respeto de la autonomía en sus territorios ancestrales. Eso evidencia que la criminalización es usada como una herramienta por el Estado para limitar y perseguir a los representantes sociales, principalmente diri-

gentes. Debemos precisar que a la fecha en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro hay más de 60 personas (hombres y mujeres) con casos activos de investigación, acusadas por diversos delitos. Este es el escenario de criminalización a dirigentes sometidos a largos procesos de investigación y a la imposición de un juicio (hay casos desde el 2012). En todas ellas no hay una sola prueba que los vincule a delitos, por lo que termina siendo un mensaje de amedrentamiento para que nadie asuma la representación social y el liderazgo. Según los informes de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de los conflictos son derivados de asuntos socioambientales. Entonces es necesario tener una mirada crítica sobre esta situación e implementar políticas más efectivas de respeto a los derechos colectivos de las comunidades afectadas, un adecuado reconocimiento de daños y reparación. Sin olvidar que esos mismos territorios que denuncian contaminación ambiental y demandan un adecuado proceso de diálogo y reparador son quienes se expresaron en las elecciones otorgando más del 90% de sus votos válidos en favor de Pedro Castillo. La conmemoración de los 200 años de “libertad e independencia” del país debe estar enfocada en justicia, verdad y reparación integral para las comunidades campesinas que históricamente fueron excluidas y discriminadas. Son años de despojo en su propio territorio y ahora mismo hay personas con metales tóxicos en el cuerpo que necesitan calidad de vida. Ningún dirigente debe ser criminalizado o puesto en riesgo y, para ello, el Estado debe proveer garantías y protección. (*) Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)


4 / Informe

El nuevo gobierno y el curso constituyente Escribe: Eduardo Cáceres Valdivia (*) CRISIS DEL MODELO. La demanda de una nueva Constitución apareció en el marco de una crisis y el agotamiento de una forma de ejercicio del poder. Se ha profundizado la insatisfacción generalizada frente al sistema político y la desafección frente a los mecanismos vigentes de representación. Corresponderá a los movimientos sociales y políticos trabajar en este propósito. Con la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente del Perú se abre un nuevo momento en la crisis política que vivimos desde fines del 2017. Recordemos que, en diciembre de dicho

año, para sortear un voto de vacancia, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori quien cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos.

Lo que vino luego fue un intenso proceso de movilización ciudadana que llevó a la renuncia de PPK, su reemplazo por el vicepresidente Martín Vizcarra, la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, intentos fallidos de reforma política así como de adelanto de elecciones, la disolución del Congreso en septiembre de 2019, elección de un nuevo Congreso, nueva polarización de este con el Ejecutivo, vacancia de Vizcarra, masivas movilizaciones ciudadanas contra el golpe congresal, destitución del gobierno espurio de Manuel Merino en menos de una semana (noviembre del 2020), elección de Francisco Sagasti como presidente del Congreso e, inmediatamente, como Presidente de la Pepública. Todo esto en el marco de la pandemia global que a pesar de la rápida respuesta del Gobierno -decreta estado de emergencia desde el 16 de marzo del 2020- ha tenido efectos catastróficos sobre la salud, la vida, la economía y la educación. VANGUARDIA

Con las protestas de noviembre del 2020 volvió a surgir la demanda de un proceso constituyente en el Perú a fin de cambiar el actual modelo.


Informe / 5

La nueva Constitución La conjunción de la crisis sanitaria y sus secuelas económico-sociales con la crisis política desencadenó procesos subjetivos y sociales que han modificado el curso de la vida cotidiana y de la política peruana. No solo se ha profundizado la insatisfacción generalizada frente al sistema político y la desafección frente a los mecanismos vigentes de representación. Simultáneamente, se ha abierto espacio para preguntas más de fondo en torno a la relación entre la precariedad y las carencias experimentadas con las características fundamentales del modelo económico vigente. La brutal caída en la producción y el empleo, el rápido colapso de los sistemas públicos de salud, la generalizada precariedad y el incremento en los indicadores de pobreza, han puesto en cuestión la mayoritaria aceptación de que las políticas neoliberales son la única opción viable para lograr crecimiento económico y bienestar. Los cambios antes mencionados han llevado al centro de la agenda política nacional el tema constitucional. Es decir, el asunto de las reglas fundamentales para la convivencia entre peruanas y peruanos, por un lado; el asunto del proyecto de sociedad que compartimos para el mediano y largo plazo, por otro. A la base, subyace la percepción de que lo vivido en estos años de crisis tiene mucho que ver con la Constitución que se redactó y aprobó en 1993 para darle legitimidad al gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, tras el golpe del 5 de abril de 1992, evento que destruyó las instituciones de la Constitución de 1979. Si alguna consigna se generalizó en las movilizaciones de noviembre del 2020 fue la que apuntaba a reclamar una nueva Constitución. La importancia del tema en el proceso electoral que ha culminado ratifica el lugar central que ocupa el tema en la agenda política que se abrirá hoy. La coincidencia de esto con la celebración del bicentenario de la fundación de la República le añade fuerza simbólica.

El ejemplo chileno No es casual que la masificación de la demanda constituyente en el Perú coincida con una fase mucho más avanzada de un proceso similar en Chile. Allí, los días 15 y 16 de mayo de este año se eligió a 155 integrantes de la Convención Constituyente, y el 4 de julio se procedió a su instalación, presidida por una líder indígena. Tanto en Chile como en Perú los procesos constituyentes apuntan a saldar cuentas con las constituciones heredadas de regímenes autoritarios y neoliberales. Tardíamente, ambos países se suman a lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo latinoamerica-

no, es decir, a los procesos de cambio que se abrieron a inicios del nuevo siglo en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. En cada uno de ellos, procesos de movilización social y ciudadana pusieron en cuestión los fundamentos de regímenes en crisis que habían intentado resolverlas a través de fallidas políticas neoliberales y represivas. La diferencia entre estos países y esta dupla de “rezagados” en el proceso (Chile y Perú) es que aquí la implementación del neoliberalismo sí arraigó y produjo cambios estructurales. Por ello la salida está siendo más prolongada y compleja. Hay, sin embargo, lecciones que podemos extraer de las experiencias previas de procesos constituyentes en América Latina. El proceso constituyente no es un asunto legal, meramente formal o electoral. No es un asunto de expertos constitucionalistas o de negociación entre representantes de intereses corporativos. Un proceso constituyente está íntimamente vinculado con dos asuntos eminentemente políticos: la existencia de una nueva correlación de fuerzas en la sociedad y la presencia de una voluntad hegemónica capaz de articular una sólida mayoría en torno a una visión de país para el mediano y largo plazo.

La crisis de lo viejo En todos los casos mencionados, la demanda de nueva Constitución apareció en el marco de una crisis muy profunda de las respectivas sociedades. Es decir, en el marco del agotamiento de una forma de ejercicio del poder, de una correlación de fuerzas que pudo haber durado décadas pero que ya no daba más. Sin crisis de lo viejo no emerge lo nuevo. Hasta qué punto debe llegar la crisis para que se rompan las barreras legales y mentales que bloquean un proceso constituyente dependerá de las resistencias de los viejos poderes al cambio. Fue relativamente rápido en Bolivia: entre la guerra del agua (2000) y la constituyente (2006) pasaron seis años. En Chile la ruptura se inició con el movimiento de los estudiantes secundarios (los “pingüinos”) el 2006 y la constituyente se ha instalado 15 años después, a pesar de que fue una de las propuestas con las que Michel Bachelet ganó su segundo gobierno (2014-2018) el tema no avanzó en Chile sino hasta el desencadenamiento de las masivas movilizaciones a partir de octubre del 2019. En nuestro país si bien la demanda de cambio constitucional se planteó en el momento mismo de la caída de Fujimori (2000), esta se diluyó entre anteproyectos parlamentarios al ritmo del deterioro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Su presencia ha sido intermitente en el debate político y

en las propuestas de gobierno, corriendo la misma suerte que la “gran transformación” prometida y traicionada por Ollanta Humala (2011-2016). Es recién ahora que vuelve con fuerza y se masifica. Tampoco es suficiente la existencia de un amplio movimiento de rechazo al viejo régimen y un extendido anhelo de cambio. A la diversidad histórica de sociedades como la peruana se ha sumado, en las décadas recientes, un proceso de fragmentación social que se expresa en multiplicidad de identidades e intereses, muchas veces compitiendo entre ellos en los mismos espacios. En este contexto, la demanda constituyente tiende a identificarse con la demanda por tener una presencia directa de cada uno de los cientos de articulaciones específicas que existen en la sociedad. Una asamblea constituyente así conformada daría nacimiento a un texto constitucional incoherente y quizá hasta contradictorio. Hace algunos meses, el IEP preguntó en su encuesta mensual acerca de las propuestas a incluir en una nueva Constitución. Las respuestas no eran necesariamente progresistas, uno de los primeros lugares lo ocupó la propuesta de incluir la pena de muerte. Para evitar esto, se requiere que emerja una voluntad hegemónica capaz de articular diversas identidades e intereses. Es decir, una voluntad política capaz de proponer un destino común en el cual todos reconozcan el mejor espacio para desarrollar su proyecto particular o comunitario. En otros momentos de nuestra historia estos proyectos hegemónicos se plasmaron en partidos históricos, ahora no es así. Corresponderá a los movimientos sociales y políticos existentes hoy encontrar las vías para solucionar esta carencia. Sin hegemonía no hay transformación histórica; de la suma de plataformas particulares no sale un proyecto histórico de país. Lograr un texto constitucional que exprese un acuerdo histórico que refunde la República, que haya sido discutido y apropiado por millones de ciudadanos y ciudadanas, representados directamente en una asamblea constituyente que no esté restringida a la representación vía partidos políticos, implica construir una coalición política y social muy amplia. Se puede ganar una elección por algunos votos de diferencia. Una nueva Constitución que marque un nuevo rumbo para el país requiere una mayoría contundente. Tal fue el caso de los procesos constituyentes previos, incluyendo el chileno. Y, aun así, tal como también sucedió en aquellos países, se tendrá que confrontar maniobras y conspiraciones de fuerzas muy poderosas que no quieren el cambio en nuestro país. (*) Filósofo e integrante de APRODEH


6 / Informe ANDINA

En general, los electores acuden a votar por grupos políticos sin ideología ni doctrina ni programa de gobierno.

Los grandes males de la democracia Escribe: Alberto García Campana (*)

PARTIDOS DÉBILES. La crisis de representación y el sistema electoral desfasado afectan seriamente al sistema democrático peruano. En las últimas elecciones 18 partidos participaron en la contienda, pero casi todas carecían de doctrina, un ideario o principios ideológicos. Contrariamente, estos grupos son expresiones del espontaneísmo y de la improvisación. “Los partidos son como los hongos: aparecen masivamente después de la lluvia”. Esta frase común en los pasadizos del descrédito y la decepción generada por la actividad político-partidaria en el Perú, puede aplicarse con propiedad a los partidos, movimientos y alianzas que, a diferencia

de los hongos, no aparecen después del diluvio, sino que desaparecen con él. Surgen masivamente en vísperas de procesos electorales y se diluyen después de los comicios, cualquiera que sea el resultado. Si la victoria corona su participación, el “partido” reduce su presencia

al espacio ganado, sea este nacional, regional o local. Y si el resultado es adverso, con mayor razón aún, los “dirigentes” se esfuman. No es, desde luego, un fenómeno de estos tiempos, pues desde décadas pasadas se ha hecho una costumbre fundar organizaciones políticas con el exclusivo propósito electoral. No hay permanencia en el tiempo ni en el espacio, salvo contadas excepciones que, en este caso, solamente confirman la regla.

Sin ideología ni doctrina En la primera vuelta de las elecciones generales del presente año, el 11 de abril último, participaron candidatos agrupados en 18 organizaciones. Quizás decir “partidos” no es muy pertinente, pues de acuerdo al diccionario, partido político significa “asociación de interés público que se conduce de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental; y, 2) posibilitar la participación de la población”.


Informe / 7 Asimismo, diversos autores han señalado que los partidos políticos tienen otros elementos importantes de destacar más allá de la competencia electoral, como el tener una “organización formal, de carácter estable y permanente, y territorialmente extendida”, un “programa de gobierno con los objetivos a alcanzar, por mínimo y abstracto que sea” y el “objetivo de alcanzar y ejercer el poder político o de compartirlo, no conformándose con influir en el proceso de toma de decisiones”. Añadiendo al concepto señalado, otros autores sostienen que un partido político es “toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses sectoriales (…) y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él, mediante su presentación reiterada a los procesos electorales”. Si tomamos en cuenta solamente dos de los muchos requisitos que deben cumplir los partidos políticos para ser considerados tales –su “carácter estable y permanente” y su “presentación reiterada a los procesos electorales”- se podrá deducir con facilidad que de las 18 agrupaciones que intervinieron en los comicios del 11 de abril, un mínimo porcentaje de ellos cumple con tales exigencias.

Para todos los gustos En la primera vuelta de las elecciones generales 2021 intervinieron con candidatos las siguientes organizaciones: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Contigo, Democracia Directa, Frente Amplio, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano, Perú Libre, Perú Patria Segura, Perú Nación, Renacimiento Unido Nacional, Renovación Popular, Somos Perú, Unión por el Perú, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano y Victoria Nacional. Por diversas razones, otros partidos como el Partido Aprista y el

Frente Esperanza, quedaron fuera de la contienda. Si el Jurado Nacional de Elecciones no hubiera aplicado con rigor las normas, el 11 de abril hubiéramos tenido un total de 23 candidatos presidenciales. ¿Y cuántos candidatos presidenciales se presentan en países europeos o en los Estados Unidos, por ejemplo? En los comicios del año pasado de EE.UU. compitieron solamente 4 candidatos: Joe Biden (Partido Demócrata); Donald Trump (Partido Republicano), Jo Jorgensen (Partido Libertario) y Howie Hawkins (Partido Verde). Es conocido que entre los dos primeros obtuvieron más del 80% de la votación y el elegido fue Biden. Volviendo al Perú, de los 18 partidos que quedaron en contienda, muy pocos tienen doctrina, cuentan con un ideario o tienen sustento ideológico. Contrariamente, casi todos son expresiones del espontaneísmo y de la improvisación. No hay explicación de las razones por las que muchos de los candidatos postulan, aún a sabiendas que sus posibilidades de éxito son nulas.

Sin permanencia en el tiempo Las organizaciones políticas que asumieron el gobierno del Perú a partir de 1990, se extinguieron al poco tiempo de proclamarse los resultados. Así, Cambio 90 se esfumó y 5 años después fue reemplazado por Cambio 95. Un lustro más tarde, esas dos agrupaciones dieron paso a Perú 2000. Caído el régimen de Fujimori, irrumpió en el escenario electoral Perú Posible, con Alejandro Toledo a la cabeza. Hoy, casi 20 años después, nadie da razón del fin que corrió ese partido. En Cusco, al menos, nadie reclama su representación. Lo mismo sucedió años más tarde con Peruanos por el Kambio, agrupación que llevó a la presidencia del país a Pedro Pablo Kuczynski. Esa agrupación se transformó en “Contigo” y hoy ya no

El viejo slogan de “El Apra nunca muere” parece haber muerto. Este partido perdió su inscripción.

existe legalmente. Como se puede apreciar, los llamados “partidos políticos” en el Perú no tienen permanencia en el tiempo, no participan habitualmente en las elecciones y carecen de estructura y funcionamiento territorial. Se podría decir que son solamente estados de ánimo, que, como tales, se diluyen pronto. Esta es una de las razones de la fragilidad partidaria que ha generado una grave crisis política en el Perú.

La perversa cifra repartidora Otro de los aspectos que debilitan la representación ciudadana es la vigencia de la cifra repartidora, que consiste en adjudicar a los partidos y movimientos intervinientes en procesos electorales, un porcentaje de representación que no se condice con la voluntad popular. Por aplicación de la cifra repartidora, en los concejos municipales provinciales y distritales se constituyen mayorías irreales, debido a que la organización que gana, aún por una mínima diferencia, tiene mayoría absoluta de regidores. La figura de “la mitad más uno” en favor de la lista ganadora se expresa en la siguiente ecuación: en la Municipalidad Distrital de Saylla, provincia del Cusco, hay cinco escaños para los regidores. La lista ganadora debe tener “la mitad más uno” de los regidores. La mitad de 5 es 2 y medio, pero como no hay medio regidor, la cifra se redondea a 3. Entonces, a esa mitad, que es 3, se debe añadir ese “más uno”, entonces la representación de la lista ganadora asciende a 4. La lista que quedó en segundo lugar, así sea por una mínima diferencia, tiene derecho a colocar un solo regidor. Y así, no es posible vertebrar una oposición que fiscalice y controle.

La tarea pendiente Expresado así el escenario electoral, se impone como necesidad la reforma en materia de participación política y de representación. Los partidos políticos, para ser considerados como tales, deben garantizar una permanencia en el tiempo y no desaparecer inmediatamente después de las elecciones, tal como sucede hoy. Además, los partidos deben presentar regularmente candidatos a los procesos electorales, y deben contar con comités en todos los departamentos del país, e incluso en provincias y distritos. Y la voluntad popular debe ser pulcramente respetada, revisando la aplicación de la cifra repartidora para impedir que una magra victoria electoral se convierta en una aplastante mayoría en la gestión municipal, regional o nacional. Estas son algunas de las tareas pendientes para avanzar a paso firme hacia la consolidación del sistema de representación a partir del bicentenario. (*) Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco


8 / Informe

Los expresidentes están metidos en actos de corrupción. Alberto Fujimori está preso y Alan García se suicidó.

Historia de la corrupción en el Perú Escribe: Henry Delgado Urrutia (*) ANÁLISIS. Resulta complejo que en un artículo se pueda explicar 200 años de corrupción, ahora que se cumple el Bicentenario de Independencia del Perú. Sin embargo, intentamos precisar algunos escándalos de corrupción que han dejado honda huella en la memoria colectiva del país. En el Perú -a decir de Alfonso Quiroz- la corrupción no era algo esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en estructuras de la sociedad […] una limitación crucial que estorbaba el examen exhaustivo de cómo el abuso de la corrupción influyó en la evolución histórica de un país subdesarrollado. Desde la época de la independencia, la corrupción en la esfera pública tuvo que ver con las operaciones financieras del Estado. A partir del préstamo de Juan García del Río (1822, tiempos del general San Martín) se incurre en la mala práctica que consiste en que los banqueros londinenses

le ofrecen una comisión por cada punto de tasa de interés. Así se produce una repartija de minas, casas, haciendas, esclavos. Lastimosamente, la patria nace manchada de corrupción con esa gestión de bienes (Vadillo, 2020). Los problemas del último bastión de Sudamérica para consolidar la República, donde los libertadores José de San Martin y Simón Bolívar nunca pudieron consolidar nuestra independencia y orden en la gobernabilidad. Estos fueron reordenamientos y victorias en campos de batalla para remover los cimientos de la Colonia. Y, tal como hemos señalado, luego de San

Martín vino una primera ola de militarismos y dictaduras. Posteriormente, con la guerra con Chile apareció un segundo militarismo con los caudillos militares que participaron en la Guerra del Pacífico y, finalmente, en los inicios del siglo XX, el tercer militarismo con dictaduras que migraron hacia vacancias presidenciales. En resumen, un desorden en la continuidad de gobernabilidad, disputas de grupos de poder que aumentaron la pobreza y desigualdad de la población y sobre todo debilitaron la institucionalidad de los organismos constitucionales.

Los tentáculos de la corrupción Así, la corrupción deja sus tentáculos en las obras públicas: desde el primer ferrocarril Lima-Callao hasta los últimos “casos emblemáticos” referidos a la constructora brasileña Odebrecht en el caso Lava Jato y los “Cuellos Blancos”, solo por citar algunos de ellos. Podemos sumar los cohechos producidos por proyectos (obras públicas) de irrigación, carreteras, hospitales, centros educativos, malversación de fondos en tiempos de la pandemia del COVID-19, que han sido y son el “nido de la corrupción”. Hay hechos históricos que no podemos dejar de mencionar, porque muestran las malas artes que fueron y siguen


Informe / 9 siendo aliadas del financiamiento de los políticos. Antaño “La Casa Gibbs financió las aventuras políticas de Ramón Castilla como la Casa Dreyfus a Nicolás de Piérola. Y así llegamos hasta la actualidad. Los políticos se apoyaban y se apoyan en empresas a las que luego debían favorecer”, dice Contreras. Una mirada histórica nos permitirá –sin perjuicio de lo señalado líneas arribaestablecer cuáles han sido aquellos factores que han favorecido a la corrupción. En primer lugar, el contexto dictatorial o autoritario del régimen gubernamental correspondiente. Alfonso W. Quiroz evidencia los periodos del virreinato tardío (1800 a 1820), los primeros caudillos militares (1822 a 1839), la última fase de la era del guano (1869 a 1872), el militarismo de la posguerra del Pacífico (1885 a 1895), el oncenio de Leguía (1920 a 1930), el docenio militar de Velasco y Morales Bermúdez (1968 a 1980) y el fujimorismo (1990 a 2000). Todos estos períodos se caracterizan por las altas cuotas de concentración de poder (especialmente en el Poder Ejecutivo) político y patrimonial, el nulo o casi escaso sistema de control entre poderes del Estado, la debilidad estructural de las instituciones relacionadas con el control de la corrupción (como el Poder Judicial o el propio Congreso de la República) y cierto contexto de flujo económico de disponibilidad gubernamental. Estas condiciones se aproximan considerablemente a la fórmula tradicional sobre la corrupción planteada por Klitgaard (C=M+D-A), aunque en el

caso peruano explica sobre todo los picos de alta o muy alta corrupción en nuestra historia.

Un mal endémico El Perú celebra 200 años de independencia. A causa de los últimos conflictos políticos suscitados, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién proclamó al presidente el 19 de julio último, mientras persiste el problema sanitario del país, el desempleo y las restricciones educativas. No nos encontramos en la mejor forma y al parecer no hemos reflexionado y menos hemos aprendido sobre democracia y gobernanza en estos casi dos siglos. La corrupción es un mal endémico e histórico en el país. Se remonta al trágico recuerdo del violento mestizaje, la conquista cruenta que quedó grabada en el inconsciente imaginario del colectivo, trauma histórico que ha generado una cultura de crimen (PEÑA, 2003). Este hecho ha propiciado una cultura de impunidad, principalmente cuando se trataba de sancionar a los poderosos. Jorge Basadre, en su ensayo “La promesa de la vida peruana y otros ensayos”, señaló que serían tres los grandes enemigos del país: los congelados, los incendiarios y los podridos. Los congelados se encierran en sí mismos; los incendiarios se consumen en el pesimismo y los podridos, vale decir, los corruptos, prostituyen cualquier ideal en beneficio propio y buscan convertir al Perú en un fango, en una charca. A la luz de los antecedentes histó-

ricos e incluso los últimos casos de corrupción actuales parecería que los “podridos” han logrado su propósito. La corrupción en los 200 años de independencia no nos ha permitido alcanzar todavía una madurez en la democracia y la consiguiente consolidación de la República. Podríamos concluir que, a partir del periodo virreinal, pasando por el republicano y hasta nuestros días se constatan patrones más o menos comunes respecto de los factores que favorecieron las prácticas corruptas en los distintos cargos públicos. El actual descontento de la ciudadanía responde a la falta de gestión del gobierno en salud, política, economía y logística de vacunación. Los destapes de corrupción e inadecuada inversión pública exacerban los ánimos de la población. Nunca se utilizaron los recursos para que las reformas aseguren continuidad en la gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia. Solo queda ese derecho expectaticio de todos los peruanos para avizorar un mejor Perú, partiendo en la formación de valores de nuestros niños, cuya educación no solo depende del Estado sino de la familia, donde la honestidad, probidad, honradez y solidaridad y la necesidad de construir un Estado moderno tienen que ser el norte del Perú hacia el tricentenario. (*) Abogado, Magíster, docente Universitario y doctorando en Gobierno y Políticas Públicas. Ex procurador Anticorrupción del Cusco. LUM CULTURA

La historia de la corrupción elaborada por el Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura.


10 / Informe

Perú, un país primario exportador

Los minerales salen en grandes camiones encapsulados y vuelven al Perú convertidos en aparatos tecnológicos y otros productos con valor agregado.

EL MISMO RETO. El Estado peruano se ha conformado con exportar materias primas y ha apostado poco para impulsar la transformación de estos insumos para darle valor agregado. Los minerales son vendidos al exterior y regresan convertidos en productos a altos costos. Hace falta darle importancia a la ciencia y la tecnología. Casi todos los días, como un ritual, el campesino José Huamaní ve pasar a dos metros de su casa de adobe unos 400 camiones encapsulados cargados de minerales de las empresas mineras MMG Las Bambas y Hudbay Perú. El cobre, oro y otros minerales son extraídos por MMG en la beta Las Bambas de la provincia de Cotabambas (Apurímac) y por Hudbay en la mina Constancia que está situada en territorio de los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas (Cusco). El cargamento llega en los camiones al puerto de Matarani, en Arequipa, para ser embarcado con destino

a la China y otros países desarrollados, donde los minerales son transformados y vuelven al país convertidos en una variedad infinita de productos. El celular de baja gama que tiene el campesino José Huamaní, por ejemplo, fue hecho con cobre, así como los cables del sistema que lleva luz eléctrica a su casa tienen filamentos hechos de cobre. “Queremos que esto (los minerales) se procese aquí”, dice convencido el campesino cusqueño. Es un pedido que se repite casi en todos los conflictos sociales que existen en entornos mineros del interior del país. La población quiere que el Es-

tado peruano haga lo que la China o Europa hacen: transformar los insumos primarios en productos con valor agregado. Sin embargo, pasar de un modelo primario exportador a uno de transformación e industrialización toma tiempo y demanda inversión en tecnología e investigación científica. La pregunta del millón “¿Por qué no hay ciencia en el Perú?”, preguntó inquisitivo el investigador y divulgador científico Modesto Montoya, quien apoya al presidente Pedro Castillo Terrones. “La minoría gobernante se contenta con exportar materias primas, con lo que importa lo necesario para su propio bienestar: poco le importa la escasez que vive la mayoría. Se ha acostumbrado tanto a ello, que la horroriza un eventual cambio”, respondió Montoya a su propia pregunta. La principal dificultad para avanzar en el desarrollo de ciencia y tecnología, y en el cambio de la estructura productiva y económica, es la falta de


Informe / 11 MIGUEL GUTIÉRREZ

investigaciones rigurosas para impulsar el desarrollo tecnológico de nuestro país. “Estamos en la cola en la producción científica en comparación con Chile, Ecuador, etc.”, señaló Montoya en un conversatorio transmitido a través de YouTube. Asimismo, el investigador Adolfo Posadas dijo -en un conversatorio con Modesto Montoya sobre cómo mejorar el sector agrario- que se debe trabajar en el mejoramiento de la productividad y creación de organismos que ayuden a la micro y pequeña empresa. Cosa que no ocurre actualmente. Puso como ejemplo a Brasil, donde la capacidad productiva y de comercialización de productos agrarios aumentó sustancialmente gracias al impulso de proyectos de investigación en tecnología que lograron potenciar a este sector. Posadas refirió que en la sierra peruana debe haber una combinación de tecnología y respaldo financiero para lograr una sierra verdaderamente agroexportadora. “La agricultura de precisión con drones es una buena alternativa y no es muy costosa”, señaló Posadas. Para el político cusqueño Aarón Medina Cervantes, entre muchas otras cosas, dos tradiciones coloniales se mantienen en nuestra República: en lo político el uso del aparato público para intereses privados, o sea, el patrimonialismo, y, en lo económico, la explotación de los recursos naturales como columna vertebral de la economía nacional. “Ambas expresiones, política y económica, van de la mano: necesitan estar juntas para poder sobrevivir, por lo tanto, una de las discusiones fundamentales en la celebración del Bicentenario debe ser la modificación de la matriz productiva nacional. Cambiando las reglas y elementos productivos-económicos se puede transformar política y socialmente el país”, dijo Medina. Un nuevo pacto social ¿Cuál es el camino para cambiar el actual modelo? Aarón Medina dice que la construcción de un nuevo pacto social mediante la aprobación de una nueva Constitución Política. Desde su punto de vista, el neoliberalismo impreso en la Carta Magna de 1993 es una expresión de esa herencia colonial que impide la consolidación de proyectos y programas nacionales como la construcción de una sociedad más pareja socialmente, por ejemplo. Lo segundo -según Medina- es la aprobación de un plan nacional de diversificación productiva (en vista que el plan de diversificación productiva de Ollanta Humala fracasó) y la construcción de la segunda etapa de la reforma agraria que debe buscar la vinculación del campesino con el mercado de manera democrática, que implique precios justos

La agricultura en la sierra sigue siendo de autoconsumo, mientras que en la costa es de exportación, pero también de explotación del trabajador. ANDINA

El gobierno de Pedro Castillo debe al menos sentar las bases para el desarrollo científico y tecnológico en el país.

en los productos y que, en el intercambio comercial, ingrese la tecnología. El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), Eleazar Crucinta, sostiene que hubo una gran desatención a la ciencia y tecnología por parte del Estado y las universidades. “Debemos hacer una autocrítica desde la universidad, porque lamentablemente nos hemos aislado completamente de la sociedad, no hemos podido involucrarnos con esas labores y la necesidad de resolver los problemas con el fomento de la ciencia y la tecnología”. Crucinta anunció que desde la universidad impulsarán proyectos dirigidos a impulsar acciones que le den valor agregado a las materias primas y otros que contribuyan a resolver los problemas de la sociedad. “Hemos establecido que todos los proyectos de investigación (financiados con dinero del canon) deben estar dirigidos a solucionar los problemas sociales desde la universidad. Estos

200 años deben servir de una profunda reflexión para las universidades, sobre todo en la mejora de la calidad educativa, enfatizando en la formación de profesionales para afrontar y construir el Perú”. Superar la condición de país primario exportador requiere reformas profundas. “El abandono del tercermundismo productivo, implica, principalmente, la movilidad del ciclo del Estado frente a la economía, colocando por encima lo público”, enfatiza Medina Cervantes. Mientras que el rector de la Unsaac dice que “el compromiso de las universidades con el país en los próximos 20 o 30 años debe consistir en sentar las bases para que la ciencia y la tecnología ayuden al desarrollo del país”. Si estos cambios no empiezan ahora, el señor José Huamaní seguirá viendo salir la riqueza mineral en camiones y el Estado peruano reconfirmará su sello como país primario exportador.


12 / Central

En Huancasancos, Ayacucho, se celebra la Fiesta del Agua. Es practicada en las fiestas patronales de las comunidades campesinas de Huancasancos.

Celebración de las Fiestas del Cusco en la Plaza Mayor. Junio, 2011.

Danzante de la región Puno en la plaza Túpac A


. Agosto, 2016.

Amaru del Cusco. Junio, 2011.

Central / 13

El tradicional AA.HH. Saúl Cantoral en San Juan de Lurigancho, Lima. Febrero, 2014.

TODAS LAS SANGRES

“Mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce; mi país es una intensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial…” Sebastián Salazar Bondy

¿Qué es el Perú? ¿Cómo es el Perú? Imposible definirlo en unas palabras, menos en unas cuantas fotografías. Este es un breve relato de las emociones que puede producir un territorio tan diverso y tan maravilloso, lleno de colores y contradicciones, hecho de sueños y esperanzas. No, esto no es todo mi país, sino mucho más, pero quizás esta es una invitación a conocerlo más allá de las postales y de los mitos o prejuicios, una invitación a conocer a su gente y a sus culturas, a la vida que contagia cada sonrisa y la fuerza que esconden ciertas miradas. Estas fotos no son una respuesta, están más cerca de ser un conjunto de preguntas que pueden detonar diferentes formas de mirar. Las respuestas están en los ojos de todos ustedes. Fotos y texto: Miguel Gutiérrez Chero

Comunidad Asháninka de Cutivireni, Junín, una de las culturas amazónicas. Agosto, 2014.

Pobladores de Q´eros en el nevado de Ausangate, Cusco. Junio, 2012.


14 / Informe JUAN CARLOS TORO

La pandemia desnudó las deficiencias y desigualdades en el acceso a la educación pública de nuestro país. Muchos niños tenían que subir a los cerros para recibir las clases virtuales.

Un “homicida” ronda la escuela hace 200 años Escribe: Arturo Ferro Vásquez (*)

MODELO FALLIDO. La educación pública en el bicentenario es víctima de crímenes de lesa humanidad, traducidas en lesa educativa, curricular, didáctica y evaluativas. Esta se ha vestido de homogeneización, estandarización y colonización abusiva, obtusa y centralista. Necesitamos una educación sin papeles, sin escritorios ni pupitres administrativos, con posibilidades de sentir, pensar, conocer y hacer desde y para la interculturalidad. Se consideran crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos muchas veces desde el propio Estado, mediante la generación de artificios, políticas educativas

y programas presupuestales. También se utilizan mecanismos como currículos únicos y obligatorios, textos para estudiantes que mutilan la cultura o la lengua y guías adoctrinadores de lo ajeno que generan en las mentes de los maestros dependencia a lo tecnocrático y los convierte en autómatas, files eslavos y obedientes de sus inte-

reses, casi siempre opresores. Tenemos una educación más parecida al virreinato de antes de 1542 que una libre y próspera. Parecería que no hemos cambiado nada. En el 2021 somos libres sin libertad y somos pobres con una pobre educación. No tenemos independencia de acción y decisión, ni autonomías regionales y, lo que es peor, cada día nos arrebatan lo más preciado para nosotros: las oportunidades que son para todos y todas son entregadas a un grupo de privilegiados que deciden sobre la educación desde Lima, desde sus élites y desde su ignorancia pura y dura de la realidad, de las culturas y las racionalidades nuestras. En los discursos hemos avanzado bastante y en los hechos hemos retrocedido mucho. Este sistema educativo hipócrita reproduce injusticias, inequidades y miedos. Ha fracasado y sus seguidores merecen ser denunciados, juzgados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad en educación, además deben renunciar por la crisis en que nos han dejado la educación. Casi siempre son los mismos, haciendo lo mismo y cerrándole la puerta a los mismos críticos, a las mismas regiones


Informe / 15 EL COMERCIO

y a los mismísimos maestros, que curiosamente son los que más saben de educación. Uno de los errores fatales del sistema es confiar la educación a profesionales que de educación no saben nada o saben muy poco, esos tecnócratas deben dejar el timonel de la educación a profesionales de las provincias, porque es la única forma de regionalizar el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior.

Dos siglos de olvido Con 200 años de olvido, invisibilización y negación de nuestra existencia, se ha llevado a la educación de este país al colapso, y estoy seguro de que, si seguimos manteniendo el mismo sistema nefasto, en otros 200 años nos arrepentiremos. Pero es necesario considerar que los maestros y maestras merecen recibir un homenaje y deben ser declarados personajes ilustres del bicentenario. Ellos han sido capaces de soportar y someterse a este sistema, pero nunca se pusieron de rodillas, sino, por el contrario, afrontan de pie los cambios, antojos y caprichos de los burócratas. ¿Y cómo nos proyectamos en los 200 años siguientes? Quizá con una nueva Constitución, con estados federales y con la plena libertad de cátedra en la acción de la escuela y el aula. Aspiramos a tener una educación para la libertad, para la felicidad y para la justicia, libre de corrupción. Sin notas, sin exámenes, con aprobaciones automáticas y sobre todo sin tecnocratismos, ni burocratismos; fundamentalmente con pensamiento crítico y atención a todas las diversidades, incluso a esas que nos dan miedo. Una escuela sin uniformes, sin desfiles, sin abuso de poder de los maestros, sin privaciones y mordazas. Una educación sin UGEL, con inversiones públicas que vayan más allá del fierro y el cemento, con autoridades que se atrevan a hacer una auténtica revolución educativa con los maestros y maestras. Una educación sin papeles, sin escritorios ni pupitres administrativos, con posibilidades de sentir, pensar, conocer y hacer desde y para la interculturalidad. Una educación que jamás sea centralista, pero tampoco descentralizada sino federalizada. Una educación solo pública, pero de calidad, donde nuestros hijos e hijas sean los hijos del pueblo y no de un sistema mercantilista, consumista y superficial. O sea, una escuela del pueblo para el pueblo y con el pueblo.

El modelo fallido Por si algunas personas no lo han notado, el modelo educativo que tenemos hace 20 años no es tan diferente de los que teníamos al principio de la independencia, hace 200 años, donde solo algunas élites estudiaban y el resto tenía que vivir a su suerte el aprendizaje. En estos 20 años se han creado nuevos virreyes, nuevos opresores y nuevos personajes siniestros que nos han robado nuestra esperanza y el fu-

Los profesores siguen siendo la pieza clave para mejorar la educación peruana. ANDINA

El Minedu debe empezar a descentralizar las decisiones para construir un verdadero proceso inclusivo en la educación.

turo de nuestros niños, y los han convertido en programas presupuestales enlatados, añejos y petrificados para el pensar y el sentir. La educación de los próximos años debe formar buenas personas, capaces de pensar colectivamente y de sentir desde el nosotros, buscando siempre el bien común y que, en esta sociedad de todos y todas, podamos desarrollar nuestros talentos desde las oportunidades que brinda la escuela a todos y todas... y no solo para los unos o para los otros. LO QUE DEBERÍA SUCEDER PRONTO EN LA EDUCACIÓN PERUANA 1. Democracia sin autoritarismo, ni manipulación. 2. Solidaridad sin caridad, ni pena. 3. Fe sin fanatismo, ni servilismo. 4. Paz sin conflicto, ni enfrentamientos. 5. Lealtad sin sumisión, ni traiciones. 6. Identidad sin alienación, ni imitación. 7. Tolerancia sin miedo, ni pasividad. 8. Asertividad sin humillación, ni vio-

lencia. 9. Diálogo sin coacciones, ni condicionamientos. 10. Apertura sin manipulación, ni aprovechamientos 11. Humildad sin genuflexión, ni obediencia a ciegas. 12. Respeto sin sometimiento, ni chantajes. 13. Amor sin intereses, ni hipocresías. 14. Responsabilidad sin dominación, ni sobrecargas. 15. Magia sin improvisación, ni tecnicismos. 16. Orden sin meticulosidad, ni burocracia. 17. Armonía sin estructuralismos, ni complicidades 18. Honestidad sin corrupción, ni tráfico de influencias. 19. Resiliencia sin perder la sensibilidad, ni el orgullo. 20. Empatía sin condiciones, ni presiones. * Gerente Regional de Educación del Cusco


16 / Informe

Es necesario que el Estado garantice acceso a internet y otros servicios para asegurar la calidad de la enseñanza en las escuelas.

Educación en la pandemia y el bicentenario Escribe: Eulogio Tapia Deza (*) CRISIS EDUCATIVA. Quince meses después de la primera declaración de emergencia sanitaria se han dado aprendizajes, sobre todo en el sector salud y educación, pero también se han hecho más visibles las enormes brechas que existen entre lo público y lo privado, lo urbano y rural, el rico y el pobre. Hoy, el proceso educativo debe garantizar tres elementos: cobertura, acceso y calidad. Las situaciones adversas confrontan a las personas, a la sociedad y sus instituciones, y hacen más visibles sus debilidades y deficiencias. Hoy la pandemia funciona como un baremo de lo instituido, la emergencia evalúa a las personas, familias y Estado en sus capacidades, creatividad, recursos, fortalezas y convicciones.

Se ha constatado que las estructuras de nuestro país, en la mayoría de los casos, se hallan construidas sobre cajas de cartón, mal que bien funcionaban mientras ejecutaban lo que históricamente hacían. Cuando se incrementó la demanda y se requirió celeridad, eficiencia, transparencia y creatividad no dieron la talla.

Hoy, quince meses después de la primera declaración de emergencia sanitaria, se han dado aprendizajes, sobre todo en el sector salud, pero también se han hecho más visibles las enormes brechas que existen entre lo público y lo privado, lo urbano y rural, el rico y el pobre. El sector educación ha sido uno de los más golpeados. El proceso de enseñanza aprendizaje, que ya tenía muchas deficiencias pre pandemia, se vio afectado y en muchos casos interrumpido. La opinión general es que el proceso educativo requiere de la interacción presencial, sobre todo en los niveles básicos.

La educación pública Sin embargo, no todo es malo en el mundo virtual. Aquellos que pudieron rápidamente adaptar plataformas, implementar sesiones en tiempo real, conservando la interacción maestro-estudiante, en el marco de ambientes controlados, materiales previamente preparados y condiciones adecuadas (computadora, cámara web, exclusividad en el uso de las herramientas tecnológicas, soporte familiar, número limitado de estudiantes por maestro) lograron, por lo menos, no retroceder o en el mejor de los casos avanzar.


Informe / 17 Pero esto se dio fundamentalmente en la educación privada urbana. Para los niños de la educación pública, el maestro fue reemplazado por una imagen en la televisión, una voz en la radio, unos minutos en el celular vía WhatsApp, y la situación más dramática aún, en la zona rural, marcará nuestra memoria, la imagen del niño buscando señal en la cima de un cerro. En un país que se precia de su crecimiento, este retrato nos vuelve a la realidad, nos cuestiona y sobre todo debería subvertirnos por la injusticia que representa. Urge una evaluación de los impactos de la pandemia en los procesos de enseñanza aprendizaje. El proceso educativo debe garantizar tres elementos: cobertura, acceso y calidad. Cobertura significa la infraestructura básica necesaria, al decir infraestructura no sólo se refiere al espacio físico sino al conjunto de condiciones materiales (libros, cuadernos), currículo, docente en aula, equipamiento. Hoy parte de la cobertura debe

ser el acceso libre a internet y contar con el equipo necesario para hacerlo. Acceso es que el estudiante pueda hacer uso del servicio educativo y permanecer en él. Hoy se prevé que la deserción escolar se incremente (fundamentalmente por temas económicos), por lo que se deben generar mecanismos para impedir que el estudiante deje el aula. Calidad es que el proceso de enseñanza aprendizaje cumpla con estándares establecidos, no a nivel nacional sino internacional, pues vivimos en una aldea global que, nos guste o no, establece parámetros para el empleo, estudio y la comunicación en general.

El reto de volver a las aulas Se pone en agenda la vuelta a la escuela de manera presencial y, gracias a que la vacunación avanza, vemos una luz al final del túnel. Sin embargo, una pregunta surge: ¿volveremos a las mismas condiciones en las que estábamos antes?

Por la pandemia el gobierno entregó tabletas, pero muchas presentaban deficiencias.

A 17 meses de la pandemia, sigue el problema de la falta de acceso a internet.

Si es así, no hemos aprendido nada. Las crisis son destructivas, pero también nos empujan a actuar con convicción y sobre todo creatividad; nos permiten dar un paso adelante, superando el modelo que no pudo dar respuesta a la emergencia. Un ejemplo puede ayudar a graficar lo señalado: en el siglo pasado el acceso a la información era privativo de aquellos que tenían los recursos para comprar libros (sobre todo vigentes) o a la información que estaba resguardada en monumentos dedicados a ella: las bibliotecas. El maestro en esas condiciones apoyaba en la transmisión de información. Hoy la información está a un clic y treinta segundos de distancia. El maestro es alguien que debe ayudar al estudiante a entenderla, analizarla con visión crítica, descartar los hechos de las suposiciones. En este siglo, el rol del maestro, del currículo, de la escuela y de la comunidad es el de motivadores y facilitadores del aprendizaje. En la zona rural, que no tiene el castellano como lengua materna, todo esto se convierte en un reto para que la brecha no se agigante. El manejo de las redes sociales, el software y la comunicación digital son ya un commoditie. Tener estudiantes que viven y se educan en el siglo pasado y estudiantes que están preparados para el futuro no permitirá el desarrollo del país, nos configura escenarios de profundización de la desigualdad, caldo de cultivo para las crisis de gobernanza y gobernabilidad. El bicentenario y la vuelta a las aulas no deben permitir que las niñas y los niños, nuestro futuro, sigan estudiando en la precariedad de los módulos, en aulas con goteras, sin ventanas, con carpetas insuficientes, libros que llegan tarde o maestros contratados cuando todo ya empezó. Suficiente tiempo se ha tenido para superar todo esto. También se debe contar con que la cobertura, el acceso y la calidad deben garantizar el acceso gratuito a internet para maestros y estudiantes de todo nivel, dotarlos del equipamiento adecuado para hacer uso de él, modificar el currículo y capacitar a los docentes para que el proceso de enseñanza aprendizaje forje ciudadanos con las competencias para analizar la información, pensamiento crítico, que puedan adaptarse y dar respuestas asertivas en situaciones críticas, con creatividad y sobre todo mucho, pero mucho, sentido de solidaridad. Nadie puede estar bien si su hermano sufre. Celebraremos el bicentenario en educación no cuando volvamos a la presencialidad sino cuando demos un paso adelante de cara al nuevo centenario. (*) Licenciado en Educación, especialista en Políticas Educativas y Desarrollo Territorial. Estudiante de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la UNI, exgerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad del Cusco, consultor en el Gobierno Regional del Cusco, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Educación


18 / Informe

Bicentenario: oportunidad para retomar la descentralización Escribe: Carlos Herz (*) CONMEMORACIÓN. Este momento obliga a repensar qué proyecto nacional nos proponemos como país democrático e intercultural en un contexto andino amazónico, pero también globalizado, compartiendo lo que poseemos como potencialidades y riquezas culturales y naturales. Los doscientos años de vida republicana independiente en el Perú no han superado la herencia colonial; por el contrario, la han mantenido y reproducido bajo formas diversas. Si bien han existido periodos

democratizadores donde se lograron derechos y reconocimientos a los peruanos más excluidos, estos luego devinieron en situaciones casi permanentes de corrupción, mediocridad y frustración colectiva.

Buena parte de esta etapa republicana se ha caracterizado por las continuas confrontaciones violentas; la sucesión de golpes militares y de regímenes caudillistas; el centralismo agobiante, principalmente limeño; la escasa y débil presencia del Estado en la mayor parte de las zonas rurales, controlada hasta buena parte del siglo XX por el gamonalismo y sistemas feudales; y un precario sistema capitalista que combina componentes de modernidad provenientes del neocolonialismo y la globalización, con rezagos de estructuras socioeconómicas precedentes, aplicados disciplinadamente desde los noventa por los mandatos del llamado Consenso de Washington, incluso con prácticas económicas ilícitas y corruptas, entre otras particularidades. Sin embargo, lo central a remarcar es la continuidad de lógicas colonialistas que han trascendido la economía, la política, la cultura y la sociedad.

El Perú es un país centralista. Casi el 75% del presupuesto nacional lo manejan los ministerios y los gobiernos subnacionales apenas el 25%.


Informe / 19 La conmemoración del bicentenario obliga a repensar qué proyecto nacional nos proponemos como país democrático e intercultural en un contexto andino amazónico, pero también globalizado, compartiendo lo que poseemos como potencialidades y riquezas culturales y naturales desde un sentido de correspondencia, equidad, inclusión y tolerancia, componentes sustanciales para construir democracia y ciudadanía plenas. Se trata de garantizar el ejercicio cabal de los derechos de las personas y de cerrar las complejas brechas existentes. Debemos proponernos aportar con las capacidades institucionales de la sociedad civil para llevar a cabo iniciativas que permitan a los hombres y mujeres rurales y urbanas de esta parte importante del territorio nacional, participar del reconocimiento de las implicancias y complejidades de este bicentenario, y de las tareas que tenemos por delante para que podamos contribuir a la construcción de un Perú diferente y realmente democrático. Una nación diversa e inclusiva, capaz de reconocer sus múltiples manifestaciones culturales y sociales, con un territorio que aprovecha plena y sosteniblemente sus potencialidades naturales, y que acoge a sus habitantes en igualdad de condiciones y beneficios.

Estos desafíos vistos desde el contexto de la macrorregión sur requieren ser concretados con una perspectiva descentralista, que consensué las prioridades de una agenda capaz de articular y movilizar a las diversas institucionalidades públicas y de la sociedad civil, los emprendimientos privados, la academia y la Iglesia. Esto implica construir mensajes comunes y generar compromisos de acción para la construcción de condiciones políticas, económicas, productivas y sociales que hagan posible que, desde nuestro querido sur, mujeres y hombres seamos capaces de convertir las reflexiones de la conmemoración de dos siglos de República, en esa oportunidad de transformación hacia un país con desarrollo sostenible, equidad, inclusión y justicia social. Temas centrales como los de la revitalización de la agricultura familiar y la promoción de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, la gestión social del agua, la autonomía energética y el uso de recursos renovables, el turismo sostenible, la recuperación y protección de los ecosistemas de bosques andinos y tropicales, y el impacto, mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros, constituyen parte de esa agenda a consensuar y negociar con el Gobierno central. El bicentenario nos encuentra

con un nuevo gobierno, cuya gestión se presenta como esperanzadora para la mayoría del país, particularmente de la macrorregión Sur, cuya población votó largamente por el candidato ganador. Es una oportunidad para generar desde estos territorios un diálogo con las autoridades nacionales electas que permita, a manera de justa reivindicación y reciprocidad, retomar el camino de la descentralización con bases seguras, no solo desde la propuesta de agenda señalada sino exigiendo garantía de calidad en la gestión pública, la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y la consolidación de prácticas ciudadanas y democráticas, entre otros aspectos que permitan fortalecer la gobernanza territorial. Corresponde, igualmente, no solo un compromiso de cooperación sino una actitud vigilante y exigente para que el nuevo gobierno responda y cumpla con realismo, transparencia y probidad con las expectativas que millones de mujeres y hombres han cifrado en la nueva gestión. Más aún si el escenario político no se presenta muy halagüeño y, como es previsible, puede mostrarse hostil frente a los necesarios cambios que el pueblo reclama. (*) Director general del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Diálogo pendiente: inclusión de los pueblos originarios Escribe: Oracio Pacori (*) En el bicentenario, principalmente mirando el interior del país, no reflexionar sobre los acontecimientos más visibles de la segunda vuelta electoral, plasmado en altos niveles de discriminación, fluidos por mensajes de racismo y canalizados libremente por medios de comunicación de los que tienen concentrados el control de medios, sería un atropello más al largo y difícil desafío que ejercen los pueblos andinos y amazónicos en el ejercicio real de sus derechos. Debemos destacar que estos mensajes y discursos de racismo han llamado la atención de organismos internacionales como Amnistía Internacional, que ha rechazado cualquier acto de discriminación racial y por preferencia política; así como

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de organizaciones de pueblos originarios que demandaron respeto al valor de su voto. No obstante, estas reacciones no fueron suficientes para aliviar la fractura visibilizada. En una sociedad multicultural como la nuestra estos llamados de atención y voces poco difundidas de los pueblos originarios deben marcar las prioridades a seguir. En lo posible se debe evitar la marginación de algunos de estos grupos en los procesos de toma de decisiones para así garantizar que no se excluyan sus intereses y necesidades. El momento político y social actual es ideal para dejar de alimentar las

desigualdades históricas que hoy nos pasan factura. Así, en este bicentenario se traza como un asunto pendiente y prioritario la inclusión y reconocimiento real de los pueblos originarios, plasmado en el principio de igualdad y no discriminación. El Proyecto Especial Bicentenario reconoce como ejes fundamentales la integridad, la igualdad de oportunidades, el diálogo y reconciliación, la sostenibilidad, la integración y competitividad, y la identidad y diversidad. Debemos destacar que estos principios no pasan por una mera representación o cuota de representación política o derechos de minorías aún visibilizadas, sino por un proceso de tolerancia y reconocimiento de que estas poblaciones son parte de nuestra sociedad, con los que convivimos y con quienes debemos vernos como semejantes unos a otros. Es necesario un derecho real de reconocimiento y ejercicio de derechos de los pueblos originarios. (*) Director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)


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El largo y lento camino de la reconciliación MIGUEL GUTIÉRREZ

Después del desangramiento del país, la CVR entregó un informe que ayude a reencontrarnos entre peruanos. Sigue siendo una tarea pendiente.

TAREA INCONCLUSA. A dieciocho años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) poco hemos avanzado como país en la tarea de entender a “los otros”. Las cicatrices dejadas por los años de terror se abren cada cierto tiempo y muestran un país fragmentado y altamente intolerante. Un sábado 17 de mayo de 1980, con la quema de ánforas y padrones electorales en el distrito de Chuschi, provincia ayacuchana de Cangallo, empezó un triste periodo de derramamiento de sangre por la acción y reacción provocada por el Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso. Con ese acto de sabotaje a las elecciones generales, las primeras después de 14 años, el terrorismo le declaró su rechazo al sistema democrático que

estaba por reinstaurarse y bañó en sangre al Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estima que la cifra más probable de víctimas de todo el denominado conflicto armado interno -la época más violenta de nuestra historia republicana- es de 69.280 personas. Según la CVR, más del 90% de víctimas fallecieron en ocho de los departamentos más pobres de los Andes y

la Amazonia peruana, especialmente en Ayacucho, donde comenzó todo, y en Junín, lugar donde la población asháninka fue la más golpeada y devastada. El 28 de agosto se cumplirá dieciocho años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un documento de nueve tomos difíciles de leer y que siguen siendo objeto de debates desde agosto del 2003. “La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”, se lee en el documento. La Comisión de la Verdad se creó en el gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua, en junio del 2001. Después, el gobierno de Alejandro Toledo modificó el decreto de creación y añadió la función de “reconciliación”.


Informe / 21

El terrorismo en el sur andino La CVR reporta que entre los años 1988 y 1989 se alcanzó el pico más alto de los 20 años del conflicto armado interno en el sur andino, con 160 y 230 muertos, respectivamente. Este período está marcado por el inicio de una nueva estrategia por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, quienes establecen Bases Contrasubversivas y conforman Comités de Autodefensa en las comunidades campesinas de casi todas las provincias del departamento de Apurímac. Esta medida produce constantes enfrentamientos entre los comités y Sendero Luminoso. Uno de los más cruentos choques ocurrió en la comunidad de San Francisco (Abancay) el 28 de febrero de 1989, donde 30 ronderos

fueron asesinados. En los años siguientes los muertos disminuyen, pero los actos de violencia vuelven a incrementarse de 45 en 1990 a 90 en 1992. Cusco soportó acciones subversivas de propaganda y atentados con explosivos contra diversas instituciones públicas y privadas, así como sabotaje a las líneas del tren y hostigamiento como es el ataque al cuartel 27 de noviembre de la Ciudad Imperial, ocurrido el 24 de enero de 1981. En las provincias el hecho atroz fue la masacre en la provincia de Chumbivilcas, entre el 20 y el 30 de abril de 1990, donde el Ejército aplicaba una nueva estrategia contrasubversiva, con el resultado de 14 campesinos muertos, varias mujeres violadas, viviendas robadas y dos desaparecidos. MIGUEL GUTIÉRREZ

En Puno, pese a la presencia de sendero desde fines de la década de 1970, los dos primeros años se caracterizaron por acciones iniciales en Juli, en la provincia de Chucuito, zona aimara. Fueron atentados con dinamita contra instituciones y representantes del Estado, pero muy especialmente contra dependencias del Obispado de Juli en 1981. Sin embargo, para 1982, el centro de las acciones se traslada a la zona quechua, a las provincias de Melgar, Azángaro y, en mucho menor medida, Huancané. En Apurímac, el proceso del conflicto armado interno se concentra en la provincia de Andahuaylas, que limita con Ayacucho. Así, la provincia de Andahuaylas es declarada el 6 de agosto de 1982 como zona de emergencia. Luego el terror llegó a Chincheros y a las provincias altas con las primeras masacres de campesinos en Toraya, Lucre y Colcabamba, en la provincia de Aymaraes, entre febrero y abril de 1986.

El largo camino sin reconciliación

Familiares de víctimas continúan con las heridas abiertas y el mismo olvido de aquellos tiempos. MIGUEL GUTIÉRREZ

Vigilia de los familiares de las víctimas de los años de violencia terrorista en el Cusco.

Casi dos décadas después de la entrega de ese documento, “las heridas dejadas por la subversión son rápidamente reabiertas y se cierran filas frente a ellos”, escribió Sofia Macher en un artículo. El terruqueo, por ejemplo, se ha vuelto en una suerte de instrumento político para deslegitimar y destruir al contrincante en periodos electorales. A una postura o propuesta política discordante a la del establishment no se contraponen ideas sino la maniquea vinculación con el terrorismo. Esa misma narrativa del terruqueo fácil, sin base ni fundamento, se usa cuando algunas comunidades quechuas o indígenas protestan contra actividades mineras o petrolíferas, lo que alienta paralelamente una reacción represiva del Estado contra estas poblaciones. La reconciliación está lejos de llegar, porque todavía no estamos en condiciones de ponernos en el lugar del “otro” y tratar de entenderlo en vez de atacarlo como si fuera un enemigo. Seguimos siendo, pues, un país fragmentado. “Razones profundas deben existir, pero no está en la mesa Jorge Bruce para explicarnos esta dificultad de saber escuchar a ‘los otros’ y de que ellos sepan escucharnos. Y mucho menos para que nos entendamos. Es por ello que, hasta hoy, todo lo ocurrido durante aquellos años, está en cuestión. Es como si ni siquiera estuviéramos en la capacidad de encontrar una lengua franca en la que reconocernos o en esa cosa imposible que se ha dado en llamar “diálogo intercultural”, dijo el antropólogo Javier Torres cuando presentó el libro “Los rendidos”, de José Carlos Agüero.


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Los privilegios de la gran minería en plena pandemia Escribe: José Víctor Salcedo

SÚPERCICLO DE MINERALES. El 2021 empieza con un panorama auspicioso para la minería, luego de que la pandemia obligara a suspender la mayoría de actividades económicas. La gran minería reinicio con la Fase 1 de la reactivación económica dispuesta por el gobierno. Los precios altos del cobre y otros minerales permitieron a las mineras como Southern y Cerro Verde obtener ganancias al cierre del año pasado, según un estudio del investigador Esteban Valle-Riestra. En mayo, a un año y dos meses del inicio de la pandemia, empezó un periodo de recuperación para algunas empresas del sector minería. Aunque con las restricciones iniciales del gobierno, la actividad minera se vio afectada, poco a poco se fue recuperando, gracias al ascenso del precio del cobre y los metales industriales utilizados en infraestructura, su uso vinculado a energías renovables, así como la reactivación de la demanda desde China. En su trabajo titulado “Ganadores y perdedores de la pandemia. Análisis de los estados financieros de las empresas mineras en 2020”, Esteban Valle-Riestra, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, explica el impacto de la pandemia en el sector minero. El experto señala que en el caso del cobre -el principal mineral de exportación del país- su cotización marchó al alza y bordea los 4 dólares por libra. “La tendencia se mantuvo constante y actualmente la cotización promedia los 4 dólares por libra; marca que no había sido superada desde el 2011”, indica. El precio del cobre alcanzó su máximo histórico en junio de este año, alentado por compras especulativas y adquisiciones del sector industrial, ya que la economía de los países desarrollados se está recuperando. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) -que cita Valle-Riestra- el precio del cobre, plata

y zinc empezó a escalar a partir de julio del 2020 hasta que superó la caída en los primeros meses de este año. Así, la cotización del cobre en diciembre del año pasado fue 20% mayor en comparación con el mismo mes del año previo; 40% en el caso de la plata y 15% en el zinc. Y el oro -mineral que en tiempos de inestabilidad y crisis actúa como un activo de refugio- aumentó su cotización en forma sostenida hasta llegar a 26% al final del año.

Perdedores y ganadores El investigador Esteban Valle-Riestra eligió una muestra de seis empresas mineras y analizó los resultados que alcanzaron durante los dos primeros trimestres del 2020. Se trata de Atacocha, Buenaventura, Cerro Verde, Minsur, Southern y Volcan, que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y cuyos estados financieros son de dominio público. Volcan, Buenaventura y Atacocha reportaron pérdidas de US$ 56,138 y US$ 57 millones, respectivamente. No obstante, estas empresas, según Valle-Riestra, arrastraban resultados negativos desde el 2014, debido a que “no son empresas que manejan operaciones a gran escala, sino tienen varias operaciones y acciones en otras empresas mineras”. En el caso específico de Volcan, esta cerró el 2020 con pérdidas menores

en comparación al 2019. Sus operaciones están ubicadas en la sierra central del Perú donde posee cinco unidades operativas (Yauli, Chungar, Alpamarca, Cerro de Pasco y Óxidos de Pasco), nueve minas subterráneas, tres tajos abiertos y siete plantas concentradoras. Volcan señaló que las pérdidas se debieron a la disminución en el precio de los metales, ventas negativas y liquidaciones finales negativas. Por su parte, Atacocha explicó en su memoria anual del 2019 que las pérdidas estuvieron vinculadas al reconocimiento de una deuda contable explicada por la reducción en las reservas y recursos minerales en Cerro de Pasco. Esta empresa explota un yacimiento polimetálico principalmente de zinc, plomo, plata y cobre en Cerro de Pasco. Buenaventura alegó gastos para pagar multas e intereses de litigios por regalías mineras que mantiene Cerro Verde -en la que tiene participación- con la Sunat. Esta minera opera directamente nueve unidades productivas, tiene participación en dos que son operadas por terceros y cuenta con seis proyectos en diferentes etapas en las regiones Arequipa, Moquegua, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Lima, Cajamarca y Piura. En contraste, Southern Perú Copper Corporation, Cerro Verde y Minsur obtuvieron ganancias durante el primer año de la pandemia. Southern, del Grupo México, registró ganancias inclusive superiores a las declaradas en el 2019 y cerró el 2020 con utilidades netas de US$ 790 millones y ventas por US$ 3.153 millones. Estas cifras representan un 7,3% más de lo que facturó en 2019. “Este aumento fue el resultado de un mayor volumen de ventas de cobre y molibdeno, y a mejores precios de cobre y plata”, señala en su memoria anual. Además, según su reporte de resultados del primer trimestre del 2021,la utilidad neta fue de US$ 763.8 millones, 255.6% más que los $214.8 millones del año anterior. Dicho incremento, según la empresa, se explica por las mayores ventas (+47.3%) y a los costos operativos estables (-0.5%). En el caso de Cerro Verde, según su información financiera anual del 2020, consolidó ingresos por US$ 2.538 millones y una utilidad neta de US$ 274.5 millones al cierre del primer año de pandemia, que es menor a los US$ 390.3 millones obtenidos en 2019. Según el estudio del Grupo Propuesta Ciu-


Informe / 21 ANDINA

La gran minería no se detuvo casi nada durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Por eso algunas mineras registran más ganancias que antes.

dadana, sus utilidades cayeron en 26% en relación al año anterior de la pandemia. En tanto, Minsur, que es parte de Breca Grupo Empresarial, registró cifras positivas al cierre del primer año de pandemia, aunque sus ingresos cayeron 44% en comparación al 2019. Ello significó una reducción de US$ 54 millones respecto al año previo, “principalmente por el impacto de la menor producción de oro (-21%) y el menor precio de estaño promedio (-8%)”, según su memoria anual. Sus operaciones son la mina Pucamarca de oro, San Rafael de estaño y la Fundición de Pisco. En el primer trimestre de este año, los resultados financieros obtenidos por Minsur son superiores a los obtenidos el año pasado. Las ventas y el EBITDA (beneficio bruto de la operación) fueron mayores en 57% y 125%, respectivamente. Las mayores ventas se explican por el mayor precio del estaño (+56%) y el mayor volumen vendido de este metal (+3%).

Los proyectos frenados Esteban Valle-Riestra precisó que aunque hubo mejoras en el caso de algunas empresas mineras, los indicadores del sector minería aún no han superado los valores registrados antes de la pandemia. Asimismo, indicó que en el contexto actual las empresas de gran escala y las que producen cobre son las principales gana-

doras por el alto precio del cobre. Lo que no depende del contexto internacional es el proceso para destrabar aquellos proyectos mineros que están frenados por conflictos con las comunidades. Entre estas se encuentran los proyectos en construcción Quellaveco, de Anglo American Quellaveco S.A. (Moquegua); Ampliación Toromocho, de Minera Chinalco Perú S.A. (Junín); y Ampliación Santa María, de Compañía Minera Poderosa (La Libertad). Todos estos proyectos deberían iniciar su producción comercial entre el 2022 y 2024. Mientras que, en la etapa de ingeniería de detalle aparecen Yanacocha Sulfuros, de Minera Yanacocha (Cajamarca); Corani, de Bear Creek Mining S.A.C. (Puno); y Ampliación Shouxin, de Minera Shouxin S.A. (Ica). Epifanio Baca señaló que del 100% de unidades mineras en operación, el 10% tiene conflictos sociales. “También hay que señalar que territorios como el Corredor Minero del Sur sí tienen un peso importante en la producción nacional y están en conflicto”, añadió. En este corredor, Las Bambas de MMG, Antapaccay de Glencore y Constancia de Hudbay -esta última con menos frecuencia- deben lidiar con protestas cada cierto tiempo por demandas insatisfechas y mesas de diálogo que no consiguen atender los reclamos de las comunidades campesinas. Al respecto, Valle-Riestra se-

ñala que los conflictos sociales generan incertidumbre sobre el futuro de los proyectos. Efectivamente, según el Reporte de Conflictos Sociales de abril del 2021 de la Defensoría del Pueblo, en el país había 191 conflictos sociales, de los cuales 141 están activos y 50 latentes. Loreto, Cusco, Áncash, Puno y Apurímac son las regiones que concentran la mayor parte de ellos. Si se analiza la tipología de los conflictos, el 64.4% (123) son socioambientales, de los cuales 78 están vinculados a la minería. No hay que perder de vista tampoco que aquellos pueblos donde hay actividad minera las preferencias electorales se inclinan hacia el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien en la primera vuelta propuso nacionalizar las concesiones. Dicho respaldo se extiende en las provincias donde hay un fuerte rechazo a proyectos mineros como Conga (Cajamarca y Celendín), Río Blanco (Ayabaca y Huancabamba) y Tía María (Islay, Arequipa), así como aquellas localidades donde los conflictos sociales son frecuentes como en Las Bambas (Apurímac), Antapaccay y Constancia (Cusco), entre otros casos. Ahora que el precio del cobre se ha incrementado, el economista Epifanio Baca se pregunta: “¿Esta vez, nuestro sistema tributario está hecho como para captar algo de esas sobreganancias? Mi respuesta es que no. Y ese es otro tema indispensable para el debate”.


La danza de los pies

Mientras Neymar se tira al piso con un simple empujón, las mujeres de la comunidad de Hayumi no se quejan. Ni codazos ni patadas detienen su impulso para luchar por la pelota y llevarla hasta el arco rival, buscando el tan anhelado gol. Este campeonato femenino se realizó en el aniversario de dicha comunidad perteneciente al distritito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi (Cusco), que convocó a mujeres de todas las edades para correr partidos de 30 minutos a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Neymar ya estaría en el suelo de solo bajarse del carro. FOTOS: Miguel Gutiérrez / Ojo de Viento

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