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de Hoyo de Manzanares

Informativo del Grupo Municipal y la Asamblea de Izquierda Unida. Año 14. Suplemnto al nº 6. Junio 2013

LA REFORMA DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL

Un profundo ataque a la autonomía de los Ayuntamientos Supone un cambio del modelo de Estado, supeditándolo a las consignas del mercado y de una concepción ideológica de marcado perfil liberal en lo económico y conservador en lo político Para empezar, señalar que los principios que inspiran este proyecto de Ley, ya en trámite parlamentario, son: 1.- Tutela y control de la administración que tutela (concebida ésta como administración superior - parece remitir, más que en los borradores anteriores, no tanto al Estado como a las CCAA) sobre la administración local, erigiéndose aquella como agente decisor e ingerente. 2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios, considerando a la administración un mero árbitro del tráfico jurídico, en términos exclusivos de eficiencia, equilibrio presupuestario y análisis de costes en términos empresariales (ingreso/gasto). 3.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único mecanismo de medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce por ende restructuración del sector público local, que favorece (y así se dice en la exposición de motivos) la iniciativa económica privada. 4.- Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo conductor de la fusión entre ayuntamientos: el convenio de fusión. 5.- Desapoderamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales. 6.- Subsidiariedad de la iniciativa pública empresarial. 7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste sobre el personal al servicio de las administraciones públicas.

Considerando la “localidad” como el espacio natural de una comunidad, conformándose como el primer pilar y origen de la democracia vinculada a ser el espacio privilegiado de implicación ciudadana con lo público, de gobierno de mayor cercanía y proximidad de la demanda ciudadana, así como base y motor de los servicios que definen la calidad de vida como presupuesto de la redistribución, del modelo del bienestar y del “hacer político”, creemos que la anunciada reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen local supone un claro ataque a la democracia local, un atentado a la calidad de los servicios públicos, una imposición ideológica del modelo de administración pública, que pasa a ser un mero árbitro del tráfico mercantil y una clara injerencia del estado respecto al ámbito material local.

Un profundo ataque a la autonomía de la administración local Se produce una recentralización de la administración, eliminando a las Entidades Locales de su papel representativo de la ciudadanía. Cercenando su independencia, su capacidad de obrar y

devolviendo a los Ayuntamientos a una situación jurídica preconstitucional. Se conforma un modelo vertical, dirigido y dependiente de la admón. central y autonómica.


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En términos generales no tiene en cuenta, en materia de competencias municipales, la garantía institucional de la autonomía, prevista constitucionalmente y en los tratados internaciones, así como el principio de descentralización en la gestión pública. Desde luego es una clara violación de la Carta Europea de Autonomía local. Hay una alusión permanente a “la tutela de la administración superior (Diputación, Comunidad Autónoma o Estado)”. La reforma de las estructuras básicas del Estado, comenzó ya con la alevosa modificación del artículo 135 de la Constitución, que ha constreñido el hacer político a parámetros de carácter mercantilista que obvian la capacidad de decisión ciudadana, a través de sus representantes, limitados ahora por el paradigma del “equilibrio presupuestario” Refuerza la injerencia del poder directo del Gobierno central, vía intervención a través fundamentalmente de la LPGE, sobre todo a partir de la competencia de hacer vincular y depender toda compendia y por ende, la

Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 calidad de los servicios de los municipios y mancomunidades; que pese a considerar tanto la Comunidad Autónoma, como la Diputación, ejes fundamentales, en el aspecto nominal y tutelador, debilita y menoscaba, por un lado, las competencias autonómicas (pues aunque formalmente las mantiene, materialmente las vacía) dejándoles un papel residual en la organización del territorio (sus opciones se limitan al establecimiento de “clusters” o demarcaciones de prestación de tales servicios; refuerza notablemente el papel de las diputaciones, aunque las “muta” sustancialmente de contenido (y abre serias incógnitas sobre su actual funcionalidad para dar respuesta a tales retos); y, por otro, en definitiva, castra la autonomía municipal, sustrayéndole por vía indirecta toda capacidad de decisión sobre servicios que se ofrecen a la ciudadanía y sobre cuya prestación ni el Alcalde ni los grupos políticos de la oposición nada van a poder decir a sus ciudadanos. Se vaciará a los ayuntamientos de poderes de gestión efectivos, otorgándoles estructuras políticas formales, pero sin capacidad política efectiva total o parcial.

La fusión de municipios Constituye, mediante el prolijo desarrollo del art. 13, un verdadero “maremágnum” de conceptos jurídicos de carácter competencial, normativa presupuestaria, confusión de límites territoriales, integración orgánica, financiera y patrimonial, estableciendo al mismo tiempo, con escaso rigor, el tratamiento de deuda con cambios en la masa salarial del personal adscrito a estas entidades. Así mismo, el planteamiento de un cambio tan complejo en la planta municipal, se deja al albur de la aprobación plenaria con la mera mayoría simple, así como a la “supervisión” de la Diputación y/o la CA. Peligroso resuena lo descrito en el apartado a), de dicho artículo respecto a la fusión: “La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados”. ¿Qué interpretación le otorgamos a este apartado? La posible fusión de municipios no supone pérdida de población, y entendemos que la estructura, bienes públicos y personal al frente de los servicios, tiene que ser analizado en aras de la estructura territorial y poblacional, desconocemos por qué parecen confundir dimensión administrativa con servicios a la ciudadanía, 2

así como, que este convenio resolverá, el problema, tal y como expresa el texto, de la “atomización municipal”. Nuestra planta municipal, efectivamente está muy fragmentada, razones históricas, como el desarrollo económico urbanizado, las migraciones campo /ciudad, etc., y por ende, el vaciamiento de las zonas rurales, ocurrido desde mediados del siglo XX, en beneficio de la diáspora rural hacia las ciudades, explican esta compleja situación, que ha favorecido y fomentado la existencia de núcleos de población pequeños y muy dispersos. Estos pequeños municipios y entidades locales menores, han venido a funcionar, a desarrollarse y a mejorar las condiciones de sus poblaciones, gracias precisamente, al desarrollo de las políticas locales y al esfuerzo y trabajo de miles de Alcaldes y Concejales, que han conseguido, a través de competencias propias e impropias, generar estructuras municipales capaces de ofrecer unos servicios dignos a poblaciones que al principio de la democracia, carecían de agua corriente, luz o alcantarillado. El tratamiento presupuestario del déficit, no puede resultar más confuso, pues introducen una figura mercantil como la del liquidador para generar un fondo, sin personalidad jurídica y contabilidad separada que responderá a los derechos de los acreedores. ¿Qué se liquida? Bienes públicos, patrimoniales? ¿Cómo da respuesta a ese fondo al acreedor? ¿Qué normativa es de aplicación o cómo es regulada esta contabilidad paralela? Puesto que el nuevo municipio fusionado, elaborará un nuevo presupuesto y redimensionará la organización en términos de persona,


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bienes y recursos económicos, cómo opera su presupuesto deficitario previo? Lo asumirá la suma de los vecinos de los dos territorios? Se producirá una verdadera “venta” para amortizar la deuda previa?

competencias muy básicas y obvias (alcantarilla, alumbrado...) carece de decisión o de posibilidad de aportar “un plus de calidad” en aquello que gestiona para la ciudadanía.

Esta supuesta fusión, que supuestamente ayudará a mejorar la atomización, no supone un beneficio evidente ya que ni las poblaciones no se reducen ni la dispersión poblacional, tampoco.

De esta manera, el borrador es incoherente en la modificación que pretende introducir en el art. 7 LBRL: los servicios municipales sólo pueden ser expresión 1) de las competencias propias o 2) de las competencias atribuidas por delegación. Y así se mantiene en la nueva redacción del párrafo primero de este artículo; sin embargo, se introduce un párrafo cuarto en el que se pretende crear una tercera categoría de "competencias impropias" para hacer referencia, en realidad, a lo que serían actividades o servicios municipales potestativos, subyugados a la sostenibilidad financiera y a la no duplicidad, que debe analizar la “administración que tutela”. La denominación es incorrecta porque las competencias nunca pueden ser impropias en el sentido de que su ejercicio no corresponda a los municipios pues, en tal caso, se trataría de una actividad ilegal o ilícita y, para prohibir su ejercicio al municipio, no sería necesario reformar la LBRL. Los servicios locales potestativos son en todo caso competencias propias de los municipios y, precisamente en la medida en que son potestativos y su puesta en funcionamiento depende de la voluntad política del gobierno local, tales competencias recaen en el núcleo de la autonomía política municipal, entendida como el margen del que dispone el gobierno local para adoptar la decisión política de actuar o no en un determinado sector en función de las preferencias de sus ciudadanos. Al pretender limitar este margen de actuación, el Anteproyecto esta socavando la autonomía política que protege la garantía constitucional de la autonomía local (art. 137 CE).

Según el artículo 124 LHL, la financiación mínima será la suma de la previa, incrementándose su ponderación en 0.10, así como un derecho de “preferencia” en la adopción de subvenciones, planes, etc., ¿y esto es todo el beneficio? Creemos que el verdadero efecto positivo para el legislador es que se establece la herramienta y el instrumento jurídico para la desposeer a la administración local de su patrimonio, así como la expulsión de numeroso personal al servicio de las administraciones locales, así como el correlativo recorte en servicios. La nueva Ley parece confundir conceptualmente “servicios mínimos obligatorios” con “competencias municipales”. En el enunciado de la Ley se habla de “Competencias municipales”, pero en el desarrollo de la misma se abordan esencialmente “servicios”. Esta concepción de “servicios” que impregna todo el texto de la reforma, opera contra las potencialidades políticas de la autonomía municipal y anula la potestad de decisión y gestión del gobierno municipal. Supone una concepción de las Entidades locales, puramente administrativizada o de mera gestión, donde el Ayuntamiento se convierte en un mero ente canalizador de servicios, cuya configuración, salvo para

Las nuevas competencias municipales Se anula prácticamente el ámbito material de la competencia municipal que se regula en el art. 25.2 LRBR, se estableen así las siguientes competencias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 3

e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (única que dejan a Servicios sociales a nivel municipal) f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios (Destaco en este punto que el concepto de policía Local, es más amplio que lo redactado en el apartado a) la Ley de Bases en este mismo artículo, pues se establecían competencias de “seguridad en lugares públicos”, teniendo que ir al Texto refundido a observar la definición de dicho apartado. Con la nueva redacción, fijando la competencia de “policía local”, se amplia y concreta las competencias municipales en esta materia: la naturaleza de policía local y sus funciones están claramente definidas en la Ley 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente en los 52 y 53. Es un claro “guiño” a asumir completamente los cuerpos de la BESCAM, en toda su integridad, pues


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ahora sus funciones de seguridad, son también propias de las entidades locales). g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j) Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial (este último apartado ha sido añadido en este último borrador, es decir, se anula cualquier participación en educación infantil y primaria, pero si será responsabilidad municipal aspectos meramente formales, sin ningún contenido social). Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. Este apartado que ha vuelto a ser modificado no hace más que “maquillar” lo que ya establecían los anteriores: incluye que la ley conllevará dotación

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Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 presupuestaria para el desarrollo de competencias por parte de los Ayuntamientos, pero a su vez, será la Ley quién establezca dichas competencias a tenor de una serie de principios, que reiteran, la confusión entre competencias y servicios mínimos obligatorios. Por ende, competencias tasadas y “controladas” vía injerencia evaluativa de coste a través de la admón. central. “La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública”(este apartado es tajante, y sobre este aspecto gira el espíritu de la reforma. Junto a la sostenibilidad económica, el control del cargo público, es la “excusa” de evitar duplicidades competenciales, en donde reside la gran argumentación teórica del Gobierno). Por tanto, se produce una absoluta minimización competencial (cultura, Deportes y Urbanismo), y condicionado por el “impacto que ello suponga a los recursos financieros”, el resto de posibilidades han sido cercenadas por esta Ley. Estas competencias básicas, están además encorsetadas y limitadas por una serie de principios de corte mercantilista (evaluación coste-beneficio), que se plasman en la obligatoriedad de presentación de “memoria económica” que refleje el impacto económico en los recursos financieros de la entidad. Del mismo modo, queremos destacar un aspecto, que denota la debilidad jurídica de este texto, y es que mientras se cercenan competencias, se plantean de manera preceptiva servicios a las entidades locales difíciles de comprender de acuerdo al espíritu de financiación sostenible que impregna el documento: “e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención INMEDIATA a personas en situación o riesgo de exclusión social” (art. 25. 2 e)) Esa atención inmediata ¿qué encaje económico tiene en los recursos financieros de las Entidades Locales? ¿Al menos a priori? La ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas, por tanto, como afrontamos situaciones sobrevenidas, o como podemos programar en estos aspectos? ¿Cuál es el marco competencial, y por ende presupuestario? Esto es una concesión claramente asistencialista, que acabará llevando el ámbito de los servicios sociales, a aquella gestión que “genere menos gasto”, como puede ser en este campo, la colaboración con entidades de voluntariado ¿o cómo evaluamos en términos de “menos gasto” el ámbito de los servicios sociales?


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El papel de las Diputaciones o Comunidades Autónoma uniprovinciales A) El apartado 2 del artículo 26, sufre una modificación importante, en su apartado 2: Desaparece lo relativo a la fijación del coste estándar de los servicios, que se fijaba mediante RD, pero aparece otro aspecto polémico, pues el artículo se dedica a reforzar el papel de las Diputaciones (o la CC.AA. en aquellas uniprovinciales como es el caso de Madrid), que coordinarán la prestación de una serie de servicios (residuos, limpieza, agua potable, acceso a núcleos de población, pavimentación), y decidirá sobre la prestación directa por ella misma o mediante la implantación de formulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades, u otras fórmulas, para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Para ello podrá o bien repercutir el coste al municipio, o bien, si sobre estos servicios existen tasas, será Diputación o CA quién la recaude En este sentido, lo cierto es que el artículo no atribuye por sí mismo competencias a los municipios, sino que se limita a contemplar una serie de materias respecto de las cuales será la legislación sectorial -estatal o autonómica, en función de la materia en cuestión- la que atribuya la competencia específica a los municipios. Como sostuvo el TC en la Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre de 1989 (FJ 3º), "la concreción última de las competencias locales queda remitida -y no podía ser de otra manera- a la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas". Por lo tanto, el Estado podría en todo caso alterar las competencias municipales que entra dentro de su ámbito competencial, pero no aquellas que son competencia de las Comunidades Autónomas (sanidad, enseñanza, etc.) y que, por tanto, sólo a estas últimas corresponde decidir respecto a los municipios comprendidos en su territorio. Por otra parte, en un sistema de autonomía local articulado en torno al principio democrático como el

español, tal como el TC enfatizó en sus Sentencias 233/1999 y 132/2001, la única valoración pertinente de la eficiencia de las actividades que desarrolla un gobierno local es de carácter político y, en consecuencia, tal valoración corresponde a su respectiva comunidad política, es decir, a la población del municipio en cuestión que constituye su electorado. Tratar de imponer una valoración diferente vulnera, por tanto, la autonomía local (art. 137 CE) en su vertiente de autonomía política. En este misma línea, resulta difícilmente aceptable la compatibilidad con el principio democrático consagrado en el art. 1.1 CE la atribución de un amplio espectro de competencias a una institución que, como las Diputaciones provinciales, únicamente ostenta una legitimidad democrática indirecta, a diferencia de la legitimidad democrática directa de los municipios (art. 140 CE). Así mismo, el nuevo papel ampliado y reforzado, que artificialmente se traspasa a las diputaciones o CC.AA. uniprovinciales, se fija en el art. 36, artículo que pasa a resumir las nuevas funciones de suplantación en la gestión municipal, así como su papel de control financiero (fiscalizador) y de coordinación respecto a la prestación unificada de servicios, recaudación tributaria, contratación centralizada, admón. electrónica, seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados, etc., Realmente, el nuevo papel de las diputaciones es “apabullante”, puesto que sobre ellas pende el coste efectivo (o estándar), que en anteriores borradores, se convertía vía RD en la injerencia directa del Estado. Por tanto, van a tener un doble cometido: el control competencial, presupuestario y de gestión, así como, las labores de coordinación y apoyo (administrativo e incluso en la selección de personal) de los municipios que comprenda dicha Diputación.

Competencias “impropias” En este sentido, sigue siendo especialmente importante la supresión del art. 28, que desarrollaba las “actividades complementarias”, no solo para la cartera de servicios municipal, sino y es lo más importante, para la organización, el régimen financiero, la gestión de infraestructuras o las plantillas de trabajadores existentes. En vez, de “cambiar el artículo 28”, se realiza una nueva redacción del art. 27 que realiza una completa subordinación de la autonomía local a la Comunidad Autónoma, que además pivota en un concepto jurídico bastante indeterminado como es “La delegación (de competencias a las Entidades locales) habrá de mejorar 5

la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Ante este postulado: ¿cómo se determina esa eficiencia e “impacto económico”? ¿Con qué indicadores? es una evaluación meramente cuantitativa y tuteladora, pues deja claro que no podrá suponer mayor gasto para la administración y la referencia económica será exclusivamente la que imponga la admón. delegante. ¿Cómo se evalúan aquí, por ejemplo, las políticas de servicios sociales (que por definición no pueden analizarse con criterios de rentabilidad puramente


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económica) o las de igualdad de género, o las de lucha contra la violencia machista? Estos criterios de evaluación de “rentabilidad empresarial” y además indeterminada no son homologables en el ámbito de lo público y mucho menos para materias concretas dentro del ámbito de la ayuda social y de los programas de incentivo, por decirlo de una manera genérica. Respecto al apartado 2 del mismo artículo, se establece en el mismo mecanismo “delegante”, una novedad en este borrador, y es que la delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. Pero el apartado que toma mayor relevancia, es el apartado nº 3, a saber: “ Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias (...)”. Este apartado es relevante, puesto que, en el casi “imposible” caso de ser receptor de delegación de competencias, estas, a su vez serian aquellas que se establecen como un numerus clausus. El apartado 4, no considerando suficiente la “delegación condicionada a estar prácticamente en situación de superávit”, establece que la administración delegante

Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 podrá dictar instrucciones técnicas... así como enviar comisionados y formular requerimientos... lo que podrá suponer (si no se cumplen) la revocación de las competencias”. Es decir, incluso en el caso de producirse una delegación, los Ayuntamientos no pueden gestionar u organizar dichos servicios como administración independiente. Se trata de utilizar a los Ayuntamientos como meras correas de transmisión, así como, conculcar desde mi punto de vista su capacidad de autoorganización como ya se ha comentado antes. Vuelve en los apartados 5 y 6 a establecer el concepto de “dotación presupuestaria”, lo que conlleva, de nuevo, un maquillaje del “coste estándar”, pues es evidente que tanto la delegación como su estructura presupuestaria, son plantadas a tenor de lo que establezca la LO de presupuestos generales, y pese a que el control y delegación se sustenta en la CA. Se establece, por tanto, una especie de doble remisión, que a nuestro juicio deja igualmente limitada a la propia Comunidad Autónoma. Dejan fuera de las posibilidades de intervención local, de poder implementar “modelos diferentes de gestión”, en espacios tan relevantes para la configuración de la ciudad como es la educación, la promoción de la mujer, el desarrollo económico, la sanidad, etc., lamentablemente no se van a poder producir iniciativas públicas de verdadera profundidad y calado que permitan establecer diferencias entre Ayuntamientos, en cuanto a plantear otras estructuras de la calidad de vida de las ciudades.

Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio En cuanto a las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, desarrolladas en un nuevo artículo, el 24 bis, parece que finalmente no son suprimidas, como se propuso en borradores anteriores, pero su creación estará realmente limitada (y en el fondo, recentralizada). En la Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre de 1989 (FJ 4º), en la que el TC sostuvo que se trata de "unas Entidades que sólo las Comunidades Autónomas pueden crear (STC 179/1985, de 19 de diciembre, fundamento jurídico 2.º). Estas Entidades, en efecto, entran en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas que dispongan de la correspondiente competencia. Sin embargo, el apartado 3 del nuevo artículo, limita su creación a lo dispuesto en la LO/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria. Se trata, en consecuencia, de unas Entidades con un fuerte grado de «interiorización» autonómica por lo que, en la determinación de sus niveles competenciales, el Estado no puede sino quedar al margen, y no lo hace indirectamente. Corresponde, pues, en exclusiva a las Comunidades Autónomas 6

determinar y fijar las competencias de las Entidades locales que procedan a crear en sus respectivos ámbitos territoriales". Por otra parte, la modificación del mapa municipal (segregación, fusión o agregación de municipios) es una competencia autonómica, por lo que sería razonable entender que la supresión de entidades inferiores al municipio entraría también dentro del ámbito competencial autonómico, pero como se decía anteriormente, esta competencia queda “dependiente” de lo dispuesto en la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria”. Esto es relevante, puesto que algunos Estatutos de autonomía contemplan la "organización territorial" (que incluiría a estas entidades) como competencia autonómica exclusiva: arts. 71.6 del Estatuto aragonés, 59 del Estatuto andaluz y 151.b) del Estatuto catalán. Se incrementan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar, con al menos, 5.000 habitantes. Estas entidades permiten la descentralización y son cauces de participación ciudadana, respondiendo al


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principio de eficacia, según reconoce el art. 6 de la Carta Europea de Autonomía Local. El ataque a estas entidades es evidente, y en ello se explaya la Disposición Transitoria cuarta y quinta: 1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica (incluyendo aquellos que iniciaron el procedimiento antes del 1 de enero de 2013). 2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución.

Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada. La disolución en todo caso conllevará que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada y que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones

Las grandes ciudades Por último, un comentario a la inexistencia de reforma, comentario o reformulación de todo el Titulo X de la actual Ley de Bases. Pese a que este Título responde las estipulaciones para las grandes ciudades, posteriormente reguladas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el anteproyecto no menciona absolutamente nada al respecto. Varias fueron y son las críticas respecto a la regulación de las grandes ciudades, pues su esquema pluriorganizativo, que permite una importante descentralización competencial y funcional, así como la suma de numerosos recursos de carácter económico y de personal eventual, que suponen la posibilidad de generar importantes estructuras en las grandes ciudades, y por ende un relevante gasto.

La Ley de Grandes ciudades fue creada a imagen y semejanza de “Ruíz Gallardón”, y llama poderosamente la atención, que el Anteproyecto cercene de manera importante las competencias de los pequeños y medianos municipios, dejando indemne cualquier cuestionamiento respecto a la estructura y posibilidades de los municipios de gran población. El único comentario al respecto proviene, en este último borrador, de la Disposición Adicional cuarta, que respeta dichas particularidades pero que exige “estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Redundamiento innecesario, e incluso increíble paradoja, dado que el Ayuntamiento de Madrid, es uno de los más endeudados de España.

La criminalización de los Ayuntamientos o cercenación de la democracia A) El papel de los habilitados nacionales. Se produce una importante deslegitimación de las instituciones, tachándolas de sospechosas, corruptas y necesitadas del control vigilante del Estado, revitalizando el papel inquisidor de los habilitados nacionales, que pasan a ser, sin tener ninguna vinculación representativa con los ciudadanos, las verdaderas figuras decisoras dentro del ámbito local (véase la nueva redacción del art. 92 LRBRL bis: se expone directamente que el interventor/a tendrán exclusivamente las funciones de “control y fiscalización” ...). Así mismo, se entiende que la gestión municipal no debe ser más que una mera ejecutora de las decisiones que se toman en otras instancias. La modificación que se introduce en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Leg 2/2004, de 5 marzo, otorga a los interventores un papel central y omnipresente y omnipotente dentro de los Ayuntamientos. A través de la figura del art. 218 referida a los “informes 7

sobre resolución de discrepancias”, el órgano interventor tiene la capacidad de elevar “directamente” a pleno “todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados”. La figura de “los reparos” no deja de generar problemas de interpretación. Ya era operante, y entraba dentro de su cometido, velar por el principio de legalidad operante en el tracto administrativo. Estos reparos serán elevados de manera unilateral por los interventores a los Plenos (órgano que por cierto es representativo y político), siendo un informe acusatorio que además deberá trasladarse al Tribunal de Cuentas. El último borrador, sigue recogiendo, en la exposición de motivos, una sorprendente aclaración, en cuanto al papel de la intervención, como pilar de la fiscalización y control, quedando el cargo electo con unas “funciones... basadas necesariamente en aspectos de oportunidad o conveniencia”.


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Aclaración misteriosa, puesto que viene a definir el papel del cargo electo en los términos absolutamente ajenos a lo que nuestra carta magna concibe implícitos en un representante de la ciudadanía, parece referirse más a las competencias de un “administrador de fincas”, que a un Alcalde o Concejal Delegado. Así mismo, la LRHL, desarrolla de manera prolija, el artículo 213 referido al control interno, extendiendo las funciones propias de la intervención, al desarrollo de una función auditora anual, que incluirá a las empresas públicas y que se remitirá a la Intervención general de la Admón del Estado. Se refuerza por tanto el concepto de la función de la intervención municipal, pues materialmente amplía su contenido, incluyendo la más amplia labor de auditar las cuentas, ya no es únicamente un control económicofinanciero, sino una competencia auditora, que implica una participación mucho más substancial, a nuestro juicio.

Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 En este ámbito, resulta tan sorprendente como inexplicable, que según la disposición adicional sexta, la intervención general de la admón. del Estado pueda intervenir para “reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito local”. Todo ello mediante la suscripción de un convenio. Misterioso asunto, porque el objetivo es indefinido, desconocemos quién incoa dicho convenio (parece que es el propio interventor), si es potestativo en todos los casos de la intervención o requiere aprobación en órgano colegiado... ¿Estamos hablando de una posible intervención estatal directa en un Ayuntamiento a través de la intervención general del estado y se dedica a ello una escueta disposición adicional, invertebrada, carente de desarrollo procedimental y ausente del mínimo rigor que exige la distribución competencial?

El personal directivo de las Diputaciones En este apartado, es importante destacar el chovinismo que se destila al establecer un art. 32. bis en el que el nombramiento del personal directivo de las

Diputaciones deberá funcionario A1.

encuadrarse

en

personal

La masa salarial de las corporaciones locales Aparece un nuevo artículo, el 103.bis, que establece básicamente, que la masa salarial del personal laboral estará a lo dispuesto en la LOPGE, así como al personal de la corporación, sus organismos y entidades empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles. Destacar, la Disposición adicional Duodécima, respecto a las retribuciones básicas y complementarias, así como los contratos mercantiles de las empresas públicas, en cuanto a los contratos de alta dirección, que habrán de homologarse a lo tipificado por ley. Asistimos a la demostración de cinismo político más escandalosa de la historia reciente de esta democracia: resulta que el mal de nuestra crisis de fundamenta en “ la maldad intrínseca” de las entidades locales. Resulta realmente peligroso observar cómo se reconduce el

discurso de la culpabilidad de la actual situación a las entidades locales, que no exculpamos, pero que ni son las únicas ni son el leit motiv de dicha situación. Mientras, la especulación bancaria, la burbuja financiera, la nula capacidad de estrategia económica en el trazado de políticas macroeconómicas de impulso en reconversión, investigación, formación o potenciación pública de sectores estratégicos, pasan desapercibidas, poniendo el foco del problema en los Ayuntamientos. No únicamente se trata de “ninguneo” a las administraciones locales, sino de una estrategia que vacía de contenido la democracia y que exculpa a quienes son los responsables del origen de esta profunda crisis.

Número y retribución de los cargos electos de las Entidades locales Otro hito importante en este descrédito de la democracia local, se inserta en la redacción respecto al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales, que viene “impuesto” desde la administración estatal (vía LO Presupuestos Generales del Estado), conculcando las competencias de los plenos de las corporaciones, en donde hasta ahora se determinaba esta cuestión. Se establece un baremo, con una nueva unidad de medida “el salario del Secretario de Estado”, a través del cual se establecen 8

los porcentajes del salario que deberán cobrar alcaldes y concejales, respecto de este cargo gubernamental. Estamos de acuerdo en la limitación de estos aspectos, pero no es esencial en la reforma de la Ley. De la misma manera, aunque este último borrador no limita el número de representantes en las administraciones locales en función de la población del municipio, sí que limita el número de cargos con dedicación exclusiva, así como el número de cargos


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de confianza, que no podrá ser superior al número de Concejales con dedicación exclusiva. Esta limitación no deja de ser absolutamente arbitraría, porque 10 concejales y no 11 o 13? En definitiva, la limitación no responde a ningún criterio explícito. El personal eventual no podrá existir en los municipios de menos de 5000 habitantes, así como tampoco será posible tener en organismos dependientes, personal eventual. ¿No sería más lógico establecer un criterio en función de una concreta distribución funcional y de una redistribución de competencias que realizara el propio Ayuntamiento, que es quién conoce la carga de trabajo real? Me refiero a generar herramientas de autolimitación en función de la evaluación interna del propio Ayuntamiento, y no mediante la “tutela” de otra administración. Este elemento es otro ejemplo más de esa criminalización de los representantes de los ciudadanos en las entidades locales.

Estructura o distribución político-administrativa en los municipios: Obviando la potestad autoorganizativa, se establece una distribución a priori, del Ayuntamiento, distinguiendo entre cargos superiores (visión profundamente conservadora por su verticalidad) y órganos directivos (que conlleva la distribución competencial en áreas, al frente de las cuales estará un funcionario de la administración con titulación A1). Supone imponer una visión concreta del funcionamiento de la administración, claramente verticalizado, burocratizado y si se nos permite, bastante alejado de cualquier análisis más cercano a las teorías de la organización administrativa que venían desarrollándose los últimos años, y que primaban, precisamente, la flexibilidad, la polivalencia, la horizontalidad y el paradigma más competencial, que los viejos enfoques funcionalistas y claramente autoritarios propios de una administración anquilosada y propia del siglo pasado.

Se propone un cambio del modelo de Estado Un cambio de estado que supedita a éste a las consignas del mercado y de una concepción ideológica de marcado perfil liberal en lo económico y conservador en lo político. Cuando un municipio sea evaluado y no pueda mantener sus servicios obligatorios, podrá privatizarlos. No se aclara si se refiere a la forma de gestión o a la titularidad. Si se trata de lo primero, con eso ya contábamos. Si se trata de lo segundo, que deje de ser un servicio público, entonces ya no hablamos de servicios públicos obligatorios (mínimo común de bienestar asegurado a la población con independencia de la ciudad en la que viva), sino de servicios públicos que los prestará quien pueda y, en caso contrario, lo hará la iniciativa privada, si le interesa. ¿O es que acaso se está pensando en excepcionar la iniciativa económica y de empresa para que estos mal llamados servicios obligatorios yo, ayuntamiento, no puedo prestarlos pero sólo yo digo quien los presta sin rendirme cuentas? esto parece “muy democrático”. Como decía, supone un modelo de cambio de Estado, que quiere socavar el modelo del bienestar desde la base, de una manera indirecta y sutil: A través de la nueva regulación de los servicios mínimos obligatorios según el umbral de población que tengan los municipios. Se establece una reserva a favor de Diputaciones y CCAA, que establecerán los estándares de calidad para los servicios públicos previstos en los artículos 25 y 26 LRBRL, así como de su “coste y eficiencia”. Se trata, prácticamente, de una “reserva en blanco” sin condicionamiento alguno de tipo material, pues únicamente se prevé que la finalidad de 9

la medida es servir de base para fijar los recursos financieros asignados por el Estado a las Entidades locales. Un sistema a través del cual “el legislador básico” habilita al Gobierno para que mediante esa sutil técnica (siempre la remisión a la LOGP) condicione directamente la actual planta municipal y active un procedimiento extraordinario de atribución expresa de la gestión de tales servicios mínimos obligatorios a las diputaciones y/o CCAA. Además, desde un punto de vista político-institucional el proceso puede tener profundas consecuencias: ¿qué ocurrirá en aquellos ayuntamientos que se vean “desapoderados” de todos los servicios mínimos obligatorios?; ¿tendremos ayuntamientos que no serán municipios (esto es, con órganos representativos sin facultades efectivas y sin “administración municipal”)?; ¿qué pasará si las mayorías del ayuntamiento “desapoderado” y las de la diputación no coinciden?; ¿quiénes y a través de qué vías responderán políticamente de la (mala) gestión de los servicios mínimos obligatorios encomendados?; ¿podrá haber municipios que sean “desapoderados” de un servicios o de varios y otros limítrofes no o si de otros distintos? ¿Cómo gestionar esa asimetría? ¿Se ahorrará realmente algo en todo este complejo proceso? ¿Se ha hecho algún estudio empírico de impacto en los costes de los servicios? ¿Cómo darán servicio los municipios fusionados? Un nuevo papel de las diputaciones provinciales que deberán sufrir un radical proceso de transformación institucional y de modernización de sus estructuras para ser capaces realmente de realizar ese cambio cualitativo de su papel en el sistema actual, pues su


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perfil de “asistencia técnica” a distancia se convierte en “prestación de servicios directa en el territorio”. En realidad su condición “existencial” se ve sustancialmente alterada para enfocarla a la “prestación de servicios”, en donde será central, la “asistencia técnica” (configurada como asesoramiento o apoyo a los gobiernos municipales) residual. Este relevante papel que se otorga a las Diputaciones (entidades decimonónicas, máxima expresión del conservadurismo y centralismo, sin realmente tradición en nuestra teoría constitucional), supone desde nuestro punto de vista un modelo generador de un gran déficit democrático, puesto que este proceso de recentralización se asienta en instituciones que carecen de legitimidad democrática directa. Se ha adoptado una reforma que claramente se inclina por situar a las diputaciones provinciales como instituciones dedicadas “preferente o exclusivamente” al pequeño y mediano municipio. Es verdad que no se impide (con carácter voluntario) que también presten los servicios de municipios de más de 20.000 habitantes, pero la “especialización” parece ser definitiva. Lejos, por tanto, de la atribución de competencias propias a las Diputaciones y de su vocación de servicio “a todo el territorio”, como se propuso en el Libro Verde de los gobiernos locales intermedios. Y bajo ese presupuesto surge de inmediato la falta de sintonía entre el sistema electoral y la forma de gobierno de las diputaciones y el papel de entidad prestadora directa de servicios a los ciudadanos de pequeños y medianos municipios que se le pretende dotar. Las diputaciones, cuya existencia se cuestionaba hace unos meses, ahora resultan el adalid para solventar los problemas de pequeños y medianos municipios, ¿qué ha impedido que hicieran lo que no han hecho y ahora qué me puede hacer creer que harán lo que se dice? El marco legal era más que suficiente. El modelo económico del nuevo reparto competencial: queda fuera de la reforma de esta Ley. No se establece un verdadero reparto competencial entre administraciones ni mucho menos un modelo que promueva la solvencia económica. Sus postulados económicos son los siguientes: a) Competencias taxativas y residuales, de mera gestión administrativa para las entidades locales, con un reforzamiento de la intervención directa y de la fiscalización permanente de Diputaciones y CCAA. b) Claro maquillaje del coste estándar, puesto que,

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Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 son las Diputaciones y las CCAA quienes establecerán los parámetros y a tenor de los cuales, “podrán” establecer convenios para las competencias delegadas (que también son taxativas) que se guiarán por los principios de eficiencia y eficacia, en claro guiño a la privatización de servicios. c) Las Entidades locales no podrán desarrollar actividades económicas o competencias, que no se ajunten a un sistema basado en la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, medida de acuerdo a los escasos ingresos que van a permitir las exiguas competencias que la ley les deja. Esta limitación competencial que se supedita a una serie de criterios económicos, supone un estrangulamiento e incluso una progresiva “muerte” de la autonomía como pilar de la administración de las Entidades Locales. Las haciendas locales se convierten en meros distribuidores sin capacidad de diferenciación cualitativa ninguna. Se elimina la autonomía municipal, que queda estipulada fundamentalmente en los art. 25, 26, 36, 86 y 116 LRBRL, siempre bajo la autoridad de Diputaciones y CCAA, así como por el superior criterio interno del “interventor municipal”.´ Así mismo, según dispone el art. 116 bis, se establece un régimen “sancionador” respecto del seguimiento y aplicación de los planes económico financieros que se imponen, cuyo incumplimiento en aras de la estabilidad presupuestaria, podría llegar a la imposición de gestión integrada de servicios, supresión de competencias delegadas, “racionalización administrativa”, supresión de entidades de ámbito inferior al municipio o propuesta de fusión. El artículo 116 ter, igualmente, es de especial importancia, puesto que establece taxativamente cómo ha de hallarse el coste efectivo de los servicios, es decir, cómo ha de realizarse su cálculo, que además vuelve a remitirse a una Orden del Ministerio de Hacienda para establecer específicamente dichos criterios de aplicación. Dichos costes efectivos se enviarán al Ministerio de Hacienda. Como referencia para la entidad local, se tomará la liquidación del ejercicio anterior. No hay que confundir este último artículo con otros anteriores, en donde el análisis del coste del servicio recae en la Diputación o CA, puesto que en estos casos, se refiere a competencias delegadas, mientras que en el art. 116 se está refiriendo a las competencias que efectivamente prestan los municipios.


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La gestión de los servicios públicos locales Los arts. 85 y 86, suponen otro ataque más a la iniciativa política y a la autonomía municipal de marcado carácter ideológico, pues incorpora al expediente acreditativo de la conveniencia de la medida, de nuevo, el criterio de sostenibilidad, convirtiendo de esta manera a la iniciativa pública en subsidiaria, en el sentido de que tienen que estar satisfechos todos los servicios locales obligatorios, mínimos o no; ha de justificarse además que la actividad local no es lesiva desde el punto de vista concurrencial. Se añade el control autonómico, que hasta ahora sólo estaba previsto para los monopolios locales, y consecuentemente con el artículo 7. 3 de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se permite a la administración estatal recurrir todos estos actos y acuerdos, conforme a los procedimientos de la propia ley de bases. Resulta realmente sospechosa la redacción del art. 86.2 puesto que abre la puerta a la privatización de los servicios de “abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, transporte... el régimen de monopolio de estas actividades requiere aprobación del pleno, y también, la aprobación por el órgano competente de la CA”. Vuelve a producirse, además, una remisión a la LPGE. Respecto a la disposición adicional novena, supone un verdadero cuestionamiento y elevado peligro de desaparición de las empresas y entidades públicas o de

participación pública, que en muchos casos han permitido a los Ayuntamientos generar un modelo de intervención económica y social en sus ciudades. Así en la nueva Ley se recorta cualquier capacidad mercantil o patrimonial que pueda producir modificaciones en estas entidades jurídicas que se atendrán también a un plan de ajuste, a tenor del principio de equilibro financiero, dando cuenta de su control, de nuevo el “todopoderoso/a interventor/a” (este supervisará y fiscalizará estas empresas que deberán formar parte del plan de ajuste y por ende, no encontrarse en una situación de desequilibrio financiero. Existen dos plazos para realizar dicha corrección, pasados los mismos, si dichas empresas no hubieran cumplido dicho plan, llegarán a quedar disueltas automáticamente el 1 de agosto de 2015). Esta disposición, muy estricta en sus plazos y límites, podría conllevar el desmantelamiento de la mayoría de las empresas públicas que han dado o gestionado servicio a las entidades locales en los últimos años. Es muy importante, que la leáis con detenimiento. Derechos pendientes de cobro: Se introduce un nuevo artículo (193 bis) que modifica la LRHL, y que pasa a regular la minoración de los derechos pendientes de cobro de los ejercicios anteriores, que van desde una minoración del 25% hasta el 100%

Ataque a la potestad autonómica La disposición Adicional segunda, establece un marco de homologación completo entre autonomías, obviando el rango normativo de los Estatutos de Autonomía, aprobados por la Cámara y con rango de Ley Orgánica. A pesar de reconocerles competencias exclusivas a

algunos de ellos (el caso de Andalucía, por ejemplo), contrapone la estricta sujeción a una serie de principios previstos en otra ley orgánica y a la normativa básica estatal.

Contra el “monopolio” Tanto lo expresado por los artículos 84 y 86, como en la Disposición Final Tercera, en aras de la supuesta bondad de no someter las actividades a la petición de licencia y “fomentar la actividad económica local”, cauterizan cualquier intervención en los territorios a través de la iniciativa pública. Ahora el art. 86 es redactado a la inversa: la conveniencia y oportunidad ha de demostrarse

previamente y supeditarse a la solvencia financiera. Este importante artículo (el 86) abre directamente la puerta a la completa mercantilización de los servicios y a un evidente concepto ideológico de entender la administración, a la que se le otorga un papel mínimo, residual y claramente peyorativo en cuanto a su intervención en la ciudad.

Traspaso de personal y material Por último, calificar de irreal y de absoluta ignorancia la propuesta de traspaso de personal y material, a tenor del cambio competencial de la entidad local a la administración autonómica. Entendemos que esta propuesta es inviable, y me temo, que lamentablemente va a suponer un importante incremento de los datos del INEM, así como en el mejor de los casos, una perfecta 11

pasarela a la privatización del personal de la admón. local y por ende, una precarización de las condiciones laborales de muchos trabajadores de nuestro país, como trabajadores sociales, conserjes de colegios, limpiadoras y demás personal de todas aquellas competencias que se extirpan a los Ayuntamientos.


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En este último borrador, es necesario destacar, la inmediata puesta en funcionamiento, en todo caso, de “medidas de racionalización” sobre dichas competencias, y destacar así mismo, respecto de borradores anteriores, que al menos elimina la penalización (o al menos no se menciona) de aquellos municipios que pudieran incumplir el traspaso, destacando las posibilidades de éstos en caso contrario. Sin embargo, aún siendo menos explícito el elemento punitivo de cualquier “rebeldía” en este sentido, no nos olvidemos de lo explicado en las páginas precedentes, pues y pese a la posibilidad de “delegación por parte de la CA”, los mecanismos de control económico y las limitaciones competenciales del articulado hacen prácticamente infranqueable cualquier delegación, e incluso se puntualiza, que el servicio, incluso para la CA “no podrá suponer un mayor gasto para la administración”. Como hemos visto, el “maquillaje” utilizado tanto en el famoso coste efectivo como en la asunción de competencias, hace que el análisis transversal del borrador, pese a una mayor mesura en las palabras, implique un mayor rigor en el desposeimiento de los municipios. Sanidad y Educación. La lectura de la Disposición Adicional decimoquinta y la Disposición transitoria primera, nos trasmite esa idílica propuesta de traspaso de competencias en materia de sanidad y educación, que fija en 5 años (a 20% anual) y que no va acompañada de ninguna propuesta o concreción económica. El cambio es substancial y trascendental, sin embargo, no se establece un análisis serio, resultando paradójico ya que todo el texto de la reforma legal se encuentra imbuido de un fuerte rigurosismo economicista. En la primera de las disposiciones, hay varios párrafos a destacar: 1.- En educación: Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias (...).”... para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales”. 2. En sanidad: “En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Estado y las Comunidades autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior”. (...) “A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los

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Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 servicios”. (...) “En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas”. Estos párrafos de la disposición son especialmente relevantes, pues vinculan el traspaso a la reestructuración de los servicios, es decir, que como hemos visto, ha de vincularse al concepto de eficiencia y se prescribe en términos de “precio del mercado”. Servicios Sociales. Respecto a las competencias en Servicios sociales, destacar lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda: 1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. 2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación (...) Inspección Sanitaria. Un elemento nuevo de este borrador, es también, a través de la Disposición Transitoria Tercera, la asunción de la competencia en los servicios de inspección sanitaria, en algo tan próximo y tradicionalmente ligado a la administración más cercana, como el control de mataderos, industrias alimentarias o bebidas. Es un contrasentido además, puesto que muchas de estas funciones se corresponden con labores de policía administrativa, que forman parte de las funciones de Policía Local, que si se estipulan como propias de los Ayuntamientos en el artículo 25. Por último, señalar el art. 57 como uno de los pocos artículos que tiene alguna connotación positiva, ya que, en aquellas competencias, a través de convenio, que se hayan delegado en las admón. locales, el Estado podrá aplicar retenciones a la Comunidad Autónoma para financiar las competencias que han sido delegadas. Pese a todo este artículo, permitirá atenuar la deuda que acumulan muchos Ayuntamientos respecto a su comunidad (por poner un ejemplo, a Rivas Vaciamadrid le debe la Comunidad de Madrid 15 millones de euros). En este último borrador, queda más regulado el proceso para llevar a cabo dicha retención, así como la necesidad expresa por parte de la CA, de firmar cláusulas de cumplimiento, que puedan, a posteriori practicar la retención por parte del Estado.


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La propuesta de Izquierda Unida de Reforma de la Administración Local Después de este breve análisis de la reforma de la Ley de Bases, la alternativa de IU es la siguiente: Una reforma de la LRBRL, que refuerce la capacidad de gobierno de los Ayuntamientos: - Definición competencial, acompañada de manera indisoluble de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita a las entidades locales tener financiación necesaria para desarrollar dichas competencias. En cumplimiento real del art. 142 CE.

Es por tanto una reforma “ideológica” que atenta contra el sistema democrático y que deja a la ciudadanía huérfana de decidir la mejor manera de gobernar la comunidad local, núcleo de referencia directa Desde mi punto de vista, esta Ley es óbice para el planteamiento de un Recurso ante el Tribunal Constitucional contra la violación de la autonomía local. Una reforma que reconozca a las entidades locales como el primer pilar del desarrollo económico:

- Participación en los tributos del Estado de hasta un 33%, de manera análoga, a los municipios de la mayoría de nuestros vecinos europeos. Los Ayuntamientos tienen a día de hoy, el mismo porcentaje de participación (13%) que tenían en el año 79.

- La localidad como germen de la economía de escala,

Exigimos capacidad política y económica para tener la posibilidad de incidir en la estructura de ciudad, a través de la posibilidad de implementar políticas redistributivas, dinamizadoras y nucleares para el equilibrio social, la igualdad de oportunidades y minimizadoras del impacto de clase. Es decir, exigimos competencias en materia educativa, sanitaria, de servicios sociales o en políticas de desarrollo económico.

a) Establecimiento, modernización y puesta en valor de la gestión a través de empresa pública.

No se trata de establecer duplicidades, lo que solicitamos precisamente es clarificación de competencias acorde con una mayor capacidad económica, perfilando ciertas competencias como propias de los Ayuntamientos. Seguimos exigiendo una segunda descentralización. Lo que esta nueva Ley establece, no es una reforma de las competencias municipales, sino la usurpación de las mismas, para recentralizar la toma de decisiones. Estamos ante una política regresiva, arbitraria y un concepto de la autonomía local anacrónico respecto a los postulados europeos, así como centrado en aspectos anecdóticos, como el número de Concejales o la limitación de sus salarios, que otorgan una concepción de sospecha hacia “representantes de la ciudadanía”, estableciendo postulados de supuesto control que enmarcan la Ley, dentro de un modelo autoritario hacia la administración más próxima al ciudadano y por ende, la que más puede incidir en la vida del ciudadano. Así difuminan la responsabilidad de quienes son elegidos más directamente que en otros ámbitos por los ciudadanos, alejando el posible centro de toma de decisiones que pudiera suponer un cuestionamiento del sistema, fagocitado en este momento, por la dictadura de los mercados. 13

- Espacio promotor del desarrollo económico “de abajo a arriba”, - Espacio generador de empleo:

b) Promoción y potenciación del emprendimiento empresarial. c) Estrategias de colaboración publico-privada, a través del impulso del cooperativismo y las entidades, empresariales y no empresariales del llamado tercer sector. d) Capacidad de impulso de estrategias de I+D+ i, a través de las cuales el efecto tutelador revierta en la puesta en marcha de nuevas iniciativas que supongan el germen de modelos alternativos de desarrollo (por ejemplo, el empleo verde). Exigimos por tanto, competencias exclusivas de gobierno, acompañadas por la necesaria financiación, priorizando su papel, como motores e impulsores de la economía y el empleo, pasando a resolverse de manera definitiva su “minoría de edad”, para acometer una reforma constitucional que clarifique y determine su relevante papel en la distribución de competencias dentro del Estado. Las políticas del gobierno de la economía han presentado unas redes tendencialmente estables, de acceso restringido y opaco, pobladas de actores desconocidos, que interaccionan por medio de sus respectivas cúpulas en arenas sectoriales generales. Este modelo opaco del desarrollo económico de este país, ha generado una crisis sin precedentes, basada en un monopolio institucional en la política fiscal, que descansa en altos burócratas negociando entre sí pautas de asignación de recursos, hasta una configuración de captura de las instituciones por intereses económicos espúreos, enormemente


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concentrados por otro lado, cuyo máximo ejemplo es la política energética y de telecomunicaciones. Precisamente nuestra alternativa de reforma del ámbito local pasa por romper esta histórica dinámica, basándonos en la horizontalidad de las políticas industriales, ambientales, de vivienda y de empleo. Buscando un desplazamiento del eje básico de interacción (ahora centrado en el Estado y las CCAA) hacia un patrón de interacciones más fragmentado y más pluralista que permita realmente a las admón. locales ser actores activos y fuertes dentro de la economía del Estado. Creemos en que los Ayuntamientos son básicos para implementar políticas que requieren de la articulación de escenarios de organización y gestión de recursos humanos, simbólicos y materiales, orientados a

Año 14. Suplemento al nº Agosto Septiembre 2013 convertir objetivos en resultados e impactos tangibles, generadores de valor y (re)distribuidores de oportunidades y beneficios sociales. Reforma del modelo de Estado: Como consecuencia de exigir mayor capacidad de gobierno y un papel claro y determinante en el desarrollo económico, creemos necesaria una reforma del modelo de Estado que de cabida a ese papel fundamental que han de desempeñar las Entidades Locales y que esta Ley no solo no resuelve, sino que refuerza aquellos aspectos que han llevado a este país a una crisis sin precedentes: concentración de poder, falta de transversalidad y transparencia, sumisión a la banca y los mercados, así como a un concepto de generación de riqueza sin política económica ni estrategia a largo plazo.

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