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Negociaci贸n de paz con el ELN: una aproximaci贸n metodol贸gica Fernando Hern谩ndez Valencia Marzo de 2006

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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1. El ELN aprende a negociar En su VI Pleno de la Dirección Nacional (2004) el ELN abrió las puertas a un proceso de negociación política que le permita acceder a una nueva etapa de su compromiso histórico por las transformaciones políticas, económicas y sociales que Colombia requiere. Esta decisión ha sido precedida por una serie de acercamientos que empezaron por las conversaciones de Cravo Norte en 1991, Caracas y Tlaxcala como integrante de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (91-92) y posteriormente en el Preacuerdo de Viana (España 98), en el Encuentro de Puerta del Cielo (Maguncia 98), Río Verde (98), Costa Rica (2000) y, finalmente La Habana en 2001 y 2002. A través de todo este proceso el ELN ha recorrido un aprendizaje sobre la negociación que lo ha ido acercando, desde las iniciales posiciones maximalistas de carácter más ideológico, a posturas más flexibles y acordes con el desarrollo de las realidades políticas de su entorno. Inicialmente, en 1984, el ELN fue la única organización insurgente que rechazó la tregua y los diálogos de paz del período Betancur con los que las FARC, el M19 y el EPL saltaron a la arena de las propuestas políticas más allá de su sola acción armada contra el Estado. De aquel período son propuestas como la del Diálogo Nacional (M19), Asamblea Nacional Constituyente (EPL) y la apuesta de las FARC por la Unión Patriótica como un movimiento político legal que les permitiera aglutinar su influencia regional en torno a la experiencia electoral. El ELN respondió a su relativo aislamiento político posicionando, de la mano del Derecho Internacional Humanitario, su propuesta de Humanización de la Guerra (1986) que, en el marco de la reivindicación y reafirmación del conflicto armado colombiano, significaba la disposición a negociar acuerdos para la protección de la población frente a la acción de los ejércitos enfrentados. En su propuesta, que respondía a la agresión estatal (Estatuto de Seguridad) y paramilitar contra su base social, el ELN se colocaba conscientemente en la tradición Bolivariana del “Tratado de Regularización de la Guerra” (1820) y abría la puerta a negociaciones parciales de carácter humanitario. Esto significaba la negativa a cualquier otro tipo de diálogo y concretamente al diálogo de carácter táctico que como “negociación de paz” habían establecido las demás organizaciones insurgentes con el Gobierno Betancur1. Todavía en el Segundo Congreso de finales de 1989 cuando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) estaba rota por la decisión del M19, concentrado en Santo Domingo (Cauca), de establecer negociaciones de paz con el Gobierno de Barco, el ELN establece una política de negociación que llama “Convenio por la Vida” que pretende negociaciones parciales para la humanización de la guerra sin comprometer para nada la esencia de su estrategia de Guerra popular prolongada. La defensa de los recursos naturales, particularmente del petróleo, puede también ser objeto de negociaciones parciales, pero el centro del proyecto revolucionario del ELN de entonces sigue siendo la estrategia de lucha armada para la toma del poder, mucho más cuando las sucesivas negociaciones y desmovilizaciones del M19, EPL, PRT y Quintín Lame y el debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente lo han colocado a la defensiva en la protección de su “proyecto histórico”(1990).

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1 Hernández Valencia, Fernando. “La búsqueda del Socialismo democrático”, en “El Regreso de los Rebeldes”. Corporación Nuevo Arco Iris. Cerec. Bogotá. 2005

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Sin embargo esa política de negociación está ligada a lo que el ELN llama una “acumulación revolucionaria de fuerzas” que tiene como bases la unidad estratégica de las fuerzas guerrilleras en la CGSB y “la participación de las organizaciones políticas y sociales de las masas, lo mismo que de sectores democráticos del país en el proceso de negociación”. La negociación sirve, bien utilizada, “para conquistar legitimidad nacional e internacional, una mayor aceptación de la población y un mayor reconocimiento de los movimientos y de los gobiernos de otros países…ayuda también a conseguir nuevos aliados y a mejorar la correlación de fuerzas, a obtener conquistas parciales tanto para el pueblo como para las organizaciones revolucionarias”2 Cuando el ELN acude a las negociaciones de Caracas y Tlaxcala como integrante de la CGSB, entiende que llega a un espacio político abierto por la ofensiva militar guerrillera producto del ataque gubernamental a Casa Verde de Diciembre de 1990 pero viene atado a esa concepción táctica de la negociación como un modo de acumulación. Sin embargo, por primera vez en su historia, el ELN se va a sentar, como miembro de la CGSB a una mesa de negociación con el gobierno nacional, lo que lo llevará necesariamente a una inmersión en una nueva dinámica política en el marco de un contexto nacional e internacional que se transforma con el derrumbe del muro de Berlín y el fin de la Guerra fría y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que debe elaborar un nuevo consenso político para superar la vieja Carta de 1886. Ello va a significar para el ELN un lento proceso pedagógico y político sobre la negociación del conflicto armado. Contradictoriamente, al mismo tiempo que llega a los diálogos de paz de Caracas como miembro de la CGSB, el ELN acaba de sufrir la ruptura con la Corriente de Renovación Socialista CRS (mayo de 1991) que exigía un replanteamiento de la estrategia de guerra, una modernización de la táctica política en mayor sintonía con los cambios sociales y políticos que vivía el país, y una urbanización del lenguaje y las propuestas para una sociedad en transformación. Esta crisis del proyecto eleno de 1991 con la CRS, remite necesariamente a la presentada en 1976 con Replanteamiento y se salda con una nueva ruptura. La CRS negociará un acuerdo de paz con el gobierno Gaviria en 1994 mientras el ELN empieza a vivir su propio proceso de reflexión interna. En Caracas y Tlaxcala, a pesar de su fracaso en la búsqueda de acuerdos de paz, el país sigue afinando los instrumentos de la negociación política y los conceptos que se harán familiares en el proceso, como los de cese al fuego y de hostilidades, veeduría internacional, agenda sustantiva, etc. Precisamente la Agenda de Caracas constituye un primer acuerdo de diez puntos que empieza a delimitar, aún de forma poco diferenciada, elementos de contenido y de procedimiento de la negociación, pero intentan poner un orden para abordar, por primera vez en la historia de la última guerra en Colombia, los caminos de la paz y la reconciliación nacional en cuanto comprometían al conjunto de la CGSB, al Gobierno nacional, a delegados del Congreso de la República, de la misma Asamblea Constituyente y aún a miembros de organizaciones cívicas y sociales.

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Medina Gallego, Rodríguez. “ELN: Una Historia contada a dos voces”. Quito Editores. Bogotá 1996, p. 248


Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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Allí se combinan “las posibilidades de convenir…una fórmula del cese al fuego y a las hostilidades”, la “veeduría del proceso de paz”, la “metodología, procedimientos y reglamentaciones de las negociaciones y los acuerdos”, con las “medidas efectivas contra la impunidad”, “acciones contra los grupos paramilitares”, “derechos humanos y derechos de las minorías étnicas” y consideraciones sobre la “denominada Doctrina de la Seguridad Nacional” Igualmente liga el desarrollo de la soberanía nacional a elementos como “el manejo de los recursos naturales, tratados internacionales y la política económica exterior”, y plantea “El Estado, la democracia y la favorabilidad política” y “elementos para la democratización de la política económica y social” como puntos de discusión para el “diseño de un proceso que permita evolucionar a una fase en la que se concreten acuerdos y medidas prácticas que materialicen la superación definitiva del conflicto armado en Colombia y garanticen el ejercicio de la actividad política sin el recurso de las armas, dentro del marco de la vida civil y democrática del país, una vez satisfechos los requisitos necesarios para este propósito” 3 El lenguaje demasiado cuidadoso evidencia la dificultad para pasar del inicial tanteo entre las partes, mucho más cuando para el grueso de la CGSB, los acuerdos de paz con el M19, EPL, Quintín Lame y PRT realizados hasta entonces partían de una posición de debilidad de la insurgencia que no le permitía negociar más que las condiciones de su desmovilización y las garantías políticas y de seguridad para ello. Si para los grupos desmovilizados la participación en la Asamblea Nacional Constituyente era la oportunidad de contribuir en la elaboración de la nueva carta política, lo que la CGSB piensa es que tiene la fuerza para lograr negociar las transformaciones económicas y sociales profundas por las que ha luchado. Para el Gobierno, aún con la concesión de realizar negociaciones sin cese al fuego ni concentración de fuerzas como en los procesos de M19 y EPL, se trata de cobrarse la legitimación del régimen político por la Constituyente y la derrota estratégica de la insurgencia y de su proyecto socialista con el derrumbe del muro de Berlín y la disolución del “campo socialista”. Las “Doce Propuestas para Construir una Estrategia de Paz” del 25 de enero de 1992 son el documento programático de la CGSB para los diálogos con el Gobierno. Es significativo que comiencen atacando la “apertura económica” que ha sido la bandera del “revolcón” de Gaviria y que contemplen la negociación de temas que ya han sido tocados por la nueva Constitución promulgada el 4 de Julio de 1991. Se trata ahora de una negociación de poder a poder y para la CGSB la nueva Constitución, de la que fue excluida, no es suficiente como tratado de paz. En cambio aparecen temas como el de la Reforma Agraria, la política soberana de explotación y administración de los recursos naturales, la función social del Estado como garante de los servicios básicos y, otra vez, la vigencia de los Derechos Humanos, el desmonte de los grupos paramilitares y la desmilitarización de la vida nacional y de la Doctrina de Seguridad Nacional.4 Esta clara definición programática y el desacuerdo en los procedimientos de la negociación lleva al fracaso los diálogos en México, “En Tlaxcala se entierra el modelo de negociación que se había agotado en los procesos anteriores, pero que en las nuevas condiciones del país y dado el desarrollo que tuvieron esos mismos

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CGSB. “Agenda de diez puntos…”. Caracas.

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CGSB. “Doce propuestas..”. Caracas. 25 de enero de 1992.

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procesos era necesario transformar sustancialmente. Pensar en el proceso de negociaciones en términos de desarme, desmovilización y reinserción, ya no era posible”5. Como consecuencia, el Gobierno de Gaviria declara la “Guerra Integral” y la guerrilla continúa con sus planes de crecimiento y copamiento del territorio. Para el ELN en particular “lo que se colocaba al orden del día era la regulación de los conflictos armados en el marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los conflictos armados” (Id). Evaluando las rondas de negociación de Caracas y Tlaxcala, Manuel Pérez manifestaba a finales de 1992: “Lo que hasta ahora se ha dado es la confrontación de concepciones sobre lo que debe ser la negociación, eso ha generado una serie de obstáculos y escollos que reflejan las dificultades que existen en ese terreno….es necesario mirar el conflicto social y político, antes que entrar a mirar el conflicto armado. Ahora los diálogos son un momento de acercamiento para determinar la naturaleza de los conflictos y la posibilidad de entrar en negociaciones, y las negociaciones corresponden no a un proceso de firma de acuerdos sobre obras a realizarse, sino sobre la ejecución de esas obras….Por nuestra parte debe quedar claro que no es que estemos decididos a hacer la guerra, el problema es que estamos decididos a conseguir unos objetivos de los que estamos plenamente convencidos y a los cuales no vamos a renunciar. El primero de ellos es la paz, para nosotros la conquista de la paz está unida a la solución de los grandes problemas del país, por eso no hablamos sólo de diálogo sino también de negociación y eso incluye la solución de esos problemas”. 6 Así pues el diálogo debe, en primer lugar, caracterizar el conflicto y, en segundo lugar, estudiar la posibilidad de entrar en negociaciones. El primer acercamiento del ELN a una mesa de discusiones con el Estado, le descubre la negociación como un escenario político. En esa determinación de la naturaleza de los conflictos el ELN va a insistir, desde muy pronto, que el diálogo es también – y en primer lugar- con la sociedad. Ello será consecuencia de su concepción del “Poder Popular” que aprendió de las revoluciones centroamericanas y que sería la consigna fundamental de su Segundo Congreso de 1989: ”Poder Popular y Nuevo Gobierno”. La construcción de Poder Popular es al mismo tiempo la afirmación de la legitimidad del nuevo Estado que la insurgencia opone al Estado burgués. Desde mediados de 1987 con la campaña “el pueblo habla, el pueblo manda”, el ELN abandona el vanguardismo armado y se acerca a una nueva relación con la sociedad en la que “las masas” tienen la palabra. De esta manera, el carácter de Organización político-militar y su fuerte relación con las organizaciones sociales y comunitarias regionales, le permitirá al ELN evolucionar hacia una concepción más societal de la negociación.7 Sin embargo, rotas las negociaciones de Tlaxcala, el ELN tendrá que afrontar la declaratoria de la “Guerra integral” por parte del Estado con consecuencias muy profundas para su proyecto político-militar. En primer lugar sufriendo la ofensiva conjunta militar y paramilitar contra sus territorios lo que golpeará mediante la masacre y el desplazamiento a su base social y empezará a desplazarlo de zonas de tradicional

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Medina Gallego. o.c.. p.258 Medina Gallego. o.c.. p.228 En junio de 1987 se realiza la fusión entre el ELN y el MIR Patria Libre, de donde nace la Unión Camilista ELN que en 1991 sufrirá la ruptura de la CRS. El fuerte debate interno que llevó a la división de la UCELN, también contribuyó a la evolución política de la Organización que en el III Congreso de 1996 retomará el nombre histórico ELN. 6 7

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influencia elena. Dada la opción ética del ELN de no financiarse con el narcotráfico y reducida la CGSB a su relación, muy problemática en determinadas regiones, con las FARC, no pudo dar el salto militar de construir formas de ejército como se planteó desde 1986 en pleno auge de la CNG y de su financiación con los impuestos a las compañías petroleras. De allí que empiece a hablar de su fuerza militar como fuerzas de resistencia y a estimular la organización de milicias para defender los proyectos comunitarios de la ofensiva paramilitar. En su III Congreso de 1996 ésta es una tendencia consolidada, junto con la lectura que hace de la crisis del proyecto socialista y la evaluación de las negociaciones de paz hechas en Colombia y en Centroamérica. De su lenguaje desaparece lo que antes definía como el “eje estratégico” de la toma del poder; y el proyecto de sociedad, de Poder Popular que describe como su acumulado, acentúa los rasgos autogestionarios para la nueva economía, el control de la administración pública, el manejo soberano de los recursos naturales y las formas milicianas de defensa popular. En esa forma de construir la legitimidad del nuevo Estado, el ELN se va distanciando cada vez más de la estrategia de las FARC aunque se mantengan las viejas fórmulas de la hermandad guerrillera y revolucionaria. Es de este fermento de donde va a surgir la propuesta de la Convención Nacional, central en la estrategia de negociación del ELN desde 1998. En realidad el precedente de la Convención Nacional es la concepción de Asamblea Nacional Popular ANP que el ELN manejó a finales de la década del 80, pero entonces estaba inscrita en la estrategia de construcción de poder alternativo, sólo después del III Congreso de 1996 se va a presentar, expresada como Convención Nacional, como un espacio de concertación del ELN con la sociedad para, como decía Manuel Pérez, “mirar el conflicto social y político antes de entrar a mirar el conflicto armado”. Esta aparece por primera vez en el preacuerdo del Palacio de Viana con el Gobierno de Ernesto Samper del 9 de Febrero de 1998. Allí guerrilla y gobierno coinciden en afirmar que “la solución del conflicto político, social y armado de Colombia requiere un proceso amplio de diálogo y concertación que involucre a todos los sectores de la sociedad colombiana” y convocan a la “Convención Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia Social” cuyo horizonte puede ser una nueva Asamblea Nacional Constituyente o un referendo. Es significativo de este preacuerdo la presencia de la Comisión de Conciliación Nacional como facilitadora e incluso el papel que se le asigna en la Convención Nacional en cuanto representa un sector de la sociedad civil y a la Iglesia misma. Y la convocatoria al acompañamiento del proceso de diálogo que se inicia, “de la comunidad internacional, en principio a partir de España, México, Costa Rica y Venezuela” con los principios de neutralidad, imparcialidad y discreción. Aunque este preacuerdo no fue ratificado en vista del escándalo político que suscitó su filtración por un diario de la derecha española en el contexto de la campaña electoral colombiana, su publicación desató una dinámica de participación social en la concreción de la Convención Nacional durante todo 1998. Era un año de cambio de gobierno y la campaña política estuvo centrada en la búsqueda de la negociación del conflicto armado. La sociedad civil por su parte, fortalecida por el éxito del Mandato por la Paz de 1997, se volcó a acompañar el nuevo esfuerzo de reconciliación. En efecto en Mainz (Alemania) y sobre todo en el Acuerdo de Puerta del Cielo (Wuzburg, Alemania) de Junio y Julio del 98 se teje el acuerdo entre el ELN y sectores

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muy representativos de la Sociedad Civil Colombiana en torno a la Convención Nacional. Allí estaban representantes del Comité Nacional de Paz, de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, del Mandato por la Paz, de la Asamblea permanente de la Sociedad Civil por la Paz, de la Comisión Nacional de Conciliación, del Consejo Gremial, de la CUT, de la USO, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de los Partidos Políticos, de la Academia, de la Iglesia, todos bajo la facilitación de las Conferencias Episcopales de Colombia y Alemania. La amplísima participación es ya un triunfo político del ELN que, además, compromete a la Sociedad Civil en el diseño de la Convención Nacional. Los compromisos que la misma organización guerrillera asume aquí evidencian un claro propósito de caminar hacia la negociación del conflicto armado, en particular con respecto a la llamada “Humanización de la Guerra”: la suspensión de “la retención o privación de la libertad de personas con propósitos financieros, en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos para el ELN” y la decisión del cese inmediato de la “retención de menores de edad y de mayores de 65 años y en ningún caso se privará de la libertad a mujeres embarazadas”. Igualmente a la identificación y demarcación de los bienes protegidos por el DIH en coordinación con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Con respecto a los Recursos Naturales, el ELN se compromete a suspender el sabotaje a los oleoductos mientras se realiza en la Convención Nacional un foro amplio sobre su manejo soberano, particularmente del petróleo. En “Puerta del Cielo” se convoca la Convención Nacional para “antes del doce de octubre de 1998”, en territorio colombiano “en un área en la cual haya un cese al fuego bilateral y se darán las garantías necesarias para todos los participantes en la misma”, se conforman una Comisión Preparatoria y un Comité Operativo y se define la Convención Nacional como “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen. La Convención buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables, de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente”8 Evidentemente esta audacia del ELN de dar inicio al proceso de paz con fuerte acompañamiento de la Sociedad Civil ante la cual realiza los primeros compromisos de carácter humanitario y con la cual diseña en primera instancia la Convención Nacional, y de hacerlo en el momento de transición al nuevo Gobierno de Pastrana, elegido por su compromiso con las exigencias del Mandato Nacional por la Paz de desarrollar la negociación política del conflicto armado con la insurgencia, esta audacia representa un salto adelante con respecto a sus viejas posiciones maximalistas. Al mismo tiempo ha venido construyendo su propia metodología de negociación de acuerdo con la evolución de sus concepciones políticas y con la lenta asimilación de las nuevas realidades del mundo y del país y, finalmente, bajo el principio de realidad de su propia situación militar y política en un contexto de gran crecimiento de la confrontación militar en el país por el salto de las FARC a una guerra de movimientos y gran concentración de combatientes y, de otro lado, por la coordinación de los grupos paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

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Acuerdo de Puerta del Cielo en “Correo del Magdalena”. No. 85. 12 a 18 de julio 1998.


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Pero las prioridades del nuevo Gobierno que se posesionó el 7 de Agosto de 1998 eran otras. Pastrana debía en parte su elección al guiño de las FARC que lo consideraron interlocutor válido y uno de los objetivos de su “política de paz” era apaciguar el gran aparato militar que le había causado derrotas contundentes al maltrecho Ejército colombiano, mientras trabajaba en su reingeniería con el apoyo estadounidense. El ELN era un enemigo menor que ya había sido contenido y podía ser derrotado por la combinación de las fuerzas militares y paramilitares. Contradictoriamente, la ofensiva armada de las FARC llevaba al gobierno a la mesa de negociaciones, mientras la oferta de negociación del ELN rodeada por la sociedad civil y acompañada por la disposición de la comunidad internacional, era desechada por el equipo negociador gubernamental. Las fechas de la Convención Nacional previstas en el Acuerdo de Puerta del Cielo se fueron aplazando sine die y el 12 de octubre de 1998 en la Reunión de Río Verde el Gobierno “informa a la opinión pública “ que ha recibido la propuesta de Convención Nacional, recuerda “el papel que la Constitución y las leyes de la República le fijan al Gobierno en la conducción de todo proceso de diálogo con los grupos insurgentes” y finalmente “considera de vital importancia para el análisis de la propuesta presentada que exista un desarrollo de la propuesta de diálogo entre el Gobierno y el ELN”. Es decir, presionado por los sectores militaristas que garantizaban la derrota militar del ELN y obsesionado en su apuesta por la zona de distensión y el proceso de negociación con las FARC, el Gobierno de Pastrana congela el proceso con el ELN. Cuando, en Enero de 1999 en el encuentro de Caracas entre el Alto Comisionado de Paz y la Comandancia del grupo insurgente, empieza a hablarse de una Zona de Encuentro para la realización de la Convención Nacional, el paralelo con el proceso del Caguán asusta a los que un viejo Comisionado llamó en su tiempo los “enemigos agazapados de la paz” y empiezan las acciones de saboteo al proceso político de negociación mientras se extiende por todo el país la mancha paramilitar. Ignorada su propuesta de negociación el ELN cae en la contradicción de realizar acciones condenadas por el Derecho Internacional Humanitario como el secuestro de aeronaves (Bucaramanga) y de civiles (La María) para presionar la negociación de paz. Mientras tanto ha venido construyendo los instrumentos de su metodología de negociación, sobre todo los espacios de participación de la sociedad civil, el apoyo de la comunidad internacional y el papel que desde muy temprano empezaron a jugar sus vocerías desde la cárcel. Es así como el ELN se relaciona con el ascenso de los movimientos sociales de paz en la década del 90 y los asume como interlocutores de un diálogo, como la contraparte de una alianza por los nuevos valores y las transformaciones políticas, económicas y sociales que el país requiere. Es una forma nueva de relacionarse con el movimiento social en cuanto que esta vez no se trata, como en los años 70 y 80, de las “organizaciones políticas de masas”, formas de organización legal para la actividad política de la insurgencia clandestina, relación en la cual lo social estaba supeditado a la estrategia del aparato armado. Ahora, después de la Constitución de 1991, ha surgido un nuevo sujeto político, comprometido con la paz, con la defensa de los Derechos Humanos y con la necesidad de transformaciones sociales, pero igualmente crítico de la guerra y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los contendientes, e independiente de cualquier opción armada. Así surgen organizaciones como Redepaz (93), la Asamblea

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Permanente por la Paz (96), La Ruta Pacífica de Mujeres (96), La Red de Universidades por la Paz (97) y ligada a la búsqueda de la negociación con el ELN la “Comisión Facilitadora Civil” (98). La Comisión de Conciliación Nacional creada por la Conferencia Episcopal colombiana (95) va a jugar un papel determinante ya no sólo como acompañante del proceso sino como facilitadora y a veces como mediadora, todo gracias al gran respeto y reconocimiento por su misión en amplios sectores de la sociedad colombiana y ello tanto en relación con el ELN como con las FARC y aún con el actual proceso de negociación del Estado con las AUC. La creación del “Grupo de Países Amigos” de la negociación convenida con el Gobierno de Pastrana para el apoyo del proceso de paz con el ELN data de junio de 2000. En una reunión entre el Alto Comisionado Camilo Gómez y el Coce realizada en la Serranía de San Lucas se habla de un grupo inicial de cinco países “amigos y facilitadores” con un mandato referido a las Funciones de: a) acompañamiento y apoyo al proceso, b) de conciliación, c) de verificación, d) humanitaria, “sin perjuicio de contar con el apoyo de organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas”. Ya en el frustrado Preacuerdo de Viana de 1998 se hablaba del “acompañamiento de la comunidad internacional, en principio a partir de España, México, Costa Rica y Venezuela”, pero ahora el Grupo se va a constituir con mayor peso Europeo (España, Francia, Suiza, Noruega, Cuba). Es evidente el progreso de la metodología de negociación en lo referente a la presencia de la comunidad internacional que antes era vista como inconveniente y ahora, con la experiencia del Caguán se ha entendido como necesaria. Finalmente para el caso de los diálogos y la eventual negociación con el ELN ha sido fundamental el papel jugado por sus dos “voceros” desde la cárcel. Francisco Galán y Felipe Torres han ejercido en la práctica una labor diplomática y política de representación del ELN ante la sociedad, el mismo Gobierno colombiano y la comunidad internacional. En los momentos de ruptura de los acercamientos entre el Gobierno y el Comando Central - Coce -la referencia obligada y permanente de los “voceros” nombrados por su Organización y reconocidos por los sucesivos gobiernos (Samper, Pastrana, Uribe) ha sido un recurso de continuidad. Precedentes de esta acción política fueron la actividad política de los presos del M19 en los tempranos años 80, y contemporánea la encontramos en el papel jugado por algunos dirigentes presos del IRA en la negociación del proceso Irlandés. En el caso colombiano esta representación cautiva de la guerrilla ha realizado sus labores desde la cárcel de Itagüí y, en acuerdo con el Gobierno utilizando permisos especiales, desde Río Verde, Ginebra, Cuba, Costa Rica, Bogotá. La Casa de Paz del ELN en la que actualmente Francisco Galán realiza sus consultas con la sociedad colombiana sobre los “obstáculos para la paz”, es la continuidad de esta experiencia. También en el campo de lo humanitario en Marzo de 2002, con la participación de diferentes Ongs de Derechos Humanos y la Comisión de Diálogo del ELN, se estableció en Cuba una primera Agenda Humanitaria que delineaba los compromisos a que el ELN estaba dispuesto a llegar en el inicio de su estrategia de negociación. Allí se llegaba aún más lejos que en Puerta del Cielo en cuanto “se prevé un acuerdo global en derechos humanos y derecho humanitario como lo sugiere la ONU” y se propenderá “por la implementación de un mecanismo de veeduría con participación internacional y nacional”. En lo inmediato se esperan avances “a partir del contenido

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de las propuestas de tregua bilateral, de cese de hostilidades y de suscripción de acuerdos parciales y de acuerdos humanitarios de aplicación inmediata”9 El acuerdo sobre la “Zona de Encuentro” como un espacio de seguridad para la Convención Nacional y el diálogo entre el Gobierno y el ELN fue el detonante para la estrategia de bloqueo, tanto armada como social que utilizaron los paramilitares contra la negociación con los elenos. El Coce alcanzó a anunciar el Acuerdo (Abril de 2000) que delimitaba un territorio de 2.000 Kilómetros cuadrados en los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el departamento de Bolívar, y Yondó en el departamento de Antioquia, e incluso las partes, Gobierno y ELN, establecieron una detallada reglamentación que evitaba los vacíos de la zona de distensión del Caguán. Todo ello se quedó como papel mojado ante la imposición de la voluntad paramilitar y de las fuerzas guerreristas sobre la inicial voluntad negociadora del Gobierno Pastrana que anuncia en Mayo de 2002 la ruptura de los diálogos en consonancia con el nuevo ambiente de guerra que presagiaba la elección de Alvaro Uribe Vélez como Presidente para el periodo 2002- 2006. Con el gobierno de Uribe y su proyecto de Seguridad Democrática las relaciones de diálogo del ELN no superaron durante el primer año los contactos de exploración. En Diciembre de 2002 el Coce suspende estas conversaciones exploratorias cuando constata que “Uribe está empecinado en llevar al país a una guerra injusta de consecuencias imprevisibles y dolorosa para todos”. Sin embargo el ELN sintetiza entonces su propuesta de paz en cinco bloques temáticos y una metodología: “Un primer bloque es el derecho y respeto a los derechos humanos, entendidos en su integridad y en especial el de la vida. Un segundo bloque es el tipo de Estado de derecho, la justicia, las fuerzas armadas, la organización de la sociedad y la democracia participativa. Un tercer bloque es el modelo económico de esencia social, que genere desarrollo y produzca el bienestar y asegure el futuro a los colombianos. Un cuarto bloque es la propiedad, la utilización de los recursos naturales y la defensa de la soberanía como nación. Un quinto bloque recoge aspectos específicos del conflicto y políticas para superarlos tales como: reforma agraria, narcotráfico, educación y salud, defensa del medio ambiente y de la cultura, defensa e integración de los derechos de género y de las minorías nacionales. La propuesta está articulada a una metodología que vincule la sociedad colombiana, a través de dos instrumentos que hemos denominado CONVENCIÓN NACIONAL y GRAN ACUERDO NACIONAL POR LA PAZ, este último resultado del proceso de convención y donde deben estar presentes todas las expresiones políticas y sociales de los colombianos.

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9 Villarraga, Alvaro (comp..). “Propuestas para un Acuerdo Humanitario. Intercambio con el ELN. Mesas Ciudadanas por la Paz”, en “Exigencias Humanitarias de la Población Civil”. Fundación Cultura Democrática, Bogotá, 2005. p. 314 ss.

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El proceso de diálogo y posterior negociación con el gobierno es un tercer instrumento que debe fortalecer y viabilizar el desarrollo de este camino para convenir la paz y poner los mojones sobre los cuales construir un nuevo país, fruto del GRAN ACUERDO NACIONAL, que podría ser legitimado en un referendo o constituyente de todo el pueblo” 10. Pero la suspensión de los contactos con el Gobierno dio campo a otra serie de actividades caracterizadas como “diálogos regionales de carácter humanitario” como es el caso de los acercamientos con los alcaldes del Oriente antioqueño (Noviembre de 2002), con las comunidades del Sur de Bolívar para el desminado de Micoahumado (Junio de 2003) y con la Misión humanitaria sobre la Sierra Nevada a propósito de la liberación de varios extranjeros secuestrados (Diciembre de 2003). Solamente a mediados de 2004 empiezan a tenderse puentes de nuevos diálogos entre el ELN y el gobierno Uribe, circunscritos, eso sí, al aspecto humanitario. Aprovechando su presencia en el “Foro Internacional Minas antipersonales y Acuerdos Humanitarios” realizado en el recinto del Congreso de la República, Francisco Galán presenta una propuesta del Coce para “trabajar por un Acuerdo Humanitario, donde además de acordar con el Gobierno de Colombia la limitación sobre el uso de las minas y artefactos explosivos, también se logre una Amnistía General para los presos políticos y prisioneros de guerra, y un cese al fuego bilateral y temporal. Acuerdos que en su conjunto puedan abrirle paso a la tan anhelada solución política que todos los colombianos soñamos”. (Junio 4 de 2004) Para ello el ELN se define como “Fuerza beligerante” que comparte y cumple la normatividad internacional, especialmente el Protocolo II de los Convenios de Ginebra y recuerda que “varios años antes que el Gobierno colombiano suscribiera el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, el ELN presentó al país su propuesta de humanización de la guerra”. Ello es significativo en cuanto que el grupo insurgente reclama su reconocimiento como “fuerza beligerante claramente ANTI-ESTATAL” y como “OPOSICIÓN ARMADA, pues encarnamos un proyecto político que tiene grandes identidades con diversas organizaciones democráticas y sociales”, en contraposición con la política de paz del Presidente Uribe para quien los grupos guerrilleros colombianos son simplemente grupos terroristas e incluso como “actores armados no estatales” los equipara con los grupos paramilitares de autodefensa.11 La propuesta del ELN coincide con la iniciativa del Gobierno Mejicano de ofrecer sus buenos oficios, aceptada inmediatamente por las partes (Junio 2004), pero la facilitación del embajador Valencia fracasa en medio de un diálogo de sordos y de la mutua desconfianza. Su esfuerzo por sentar a la mesa de diálogo a la delegación gubernamental en cabeza del Alto Comisionado para la Paz y del Comando Central, está atravesada por gestos de confrontación como la inclusión del ELN, por petición del Gobierno Uribe, en la lista europea de grupos terroristas (2004) y las repetidas agresiones del ELN contra la población civil mediante secuestros, asesinatos e incluso la muerte de personas en cautiverio.

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“Nuestra propuesta de paz para un nuevo país”, en “Correo del Magdalena” No 136, 5 a 20 Diciembre de 2002. Comando Central ELN. “Foro Internacional Minas antipersonales y acuerdos humanitarios”. Junio 4 de 2004.


Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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Sólo ahora la iniciativa de la “Casa de Paz” parece encontrar un mejor terreno e iniciales concesiones de las partes aunque todavía estamos en la etapa de exploración. El punto de partida es una propuesta de sectores de la Sociedad Civil para que, en acuerdo con el Gobierno, el vocero Francisco Galán establezca un diálogo con la sociedad colombiana acerca de los llamados “cinco obstáculos” señalados por el Coce para un proceso de negociación con el gobierno del Presidente Uribe. Se supone que a esta consulta deben seguir contactos exploratorios Coce Gobierno en el exterior (punto al que proponía llegar el embajador Valencia) para establecer las condiciones de un cese al fuego, la discusión de una Agenda de Acuerdos Humanitarios y la apertura de negociaciones de paz mediante el establecimiento de una Agenda Temática, un diseño procedimental y un cronograma. 12

La coyuntura electoral del primer semestre del 2006, el desgaste de la política de Seguridad Democrática en la desmovilización de los grupos paramilitares mediante la cuestionada Ley de Justicia y Paz, el fracaso militar del Plan Patriota en su objetivo de la derrota de las FARC, el escepticismo de la sociedad con respecto al Intercambio Humanitario, pueden justificar el reciente interés del Gobierno Uribe en el diálogo con el ELN. Pero los “cinco obstáculos” pueden convertirse en un callejón sin salida para este proceso, en cuanto caracterizan los ejes de la política de negociación gubernamental: el desconocimiento de la existencia del conflicto político y social como base del conflicto armado, el desconocimiento de la guerrilla como interlocutor político y su identificación con los paramilitares como “grupos armados ilegales”, el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y de su misión de protección de la población civil como un actor neutral frente a los ejércitos enfrentados, la “falsa negociación” del gobierno con los paramilitares y la “mal llamada Ley de Justicia y Paz”, el cierre de espacios de participación de la sociedad en la solución política del conflicto.

2. De la negociación como estrategia contrainsurgente.

Cuando se analiza la experiencia de dos décadas de negociaciones de paz en Colombia desde la óptica de los Gobiernos, la conclusión a que se llega es que para la clase dirigente colombiana la negociación es una herramienta de la estrategia contrainsurgente que, por lo tanto, no incluye la Reconciliación como el horizonte de los acuerdos de paz. Su objetivo es la relegitimación del régimen político y la derrota de las fuerzas insurgentes y de sus propuestas alternativas de Estado y de Sociedad. Por lo tanto su apuesta es por la continuidad de una sociedad fragmentada, desigual y excluyente, de un régimen político cerrado y autoritario, y de un Estado patrimonial y premoderno. Para el análisis de la metodología de negociación de paz de los seis gobiernos que se han sucedido (1982-2006) es útil que los ubiquemos en su contexto geopolítico ya que éste ha sido determinante en sus concepciones sobre la guerra y la búsqueda de la paz. Así podemos hablar de tres períodos:

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“Acercamientos con el ELN”. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co


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1 - el de la Guerra Fría (Betancur, Barco) en el que el conflicto armado interno era analizado desde la óptica de la confrontación este - oeste, 2 - el del Nuevo Orden Mundial (Gaviria, Samper, Pastrana) cuyo contexto es el reordenamiento mundial después de la debacle del socialismo real y el fortalecimiento de la hegemonía imperial estadounidense, y 3 - el de la Cruzada mundial antiterrorista (Uribe), posterior al ataque contra las Torres Gemelas en Septiembre de 2001. En el plano interno, fenómenos como la aparición del paramilitarismo y el narcotráfico y la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1991 van a estar determinados por esos contextos. La propuesta de paz de Belisario Betancur se desarrolla en medio de la guerra en Centroamérica y al mismo tiempo de la participación de su gobierno en los esfuerzos de paz del Grupo de Contadora. El país salía del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala con una crisis de Derechos Humanos y de legitimidad del régimen político y confrontando su propia guerra interna con grandes déficit de democracia. Como dice Marco Palacios, “Betancur adelantó una política de paz sobre la base de relegitimar el Estado mediante una apertura política que diera cabida a las guerrillas como interlocutores válidos”13. Esta apertura política tuvo como fundamento el reconocimiento de la existencia de condiciones objetivas para el alzamiento armado y la oferta de una amplia amnistía para los armados y los presos, la instauración de un “dialogo nacional” sobre los problemas nacionales, la reforma política de la elección popular de Alcaldes que, junto con Plan Nacional de Rehabilitación PNR, constituyen la más importante aportación de su gobierno al tratamiento del conflicto interno. En adelante “el conflicto” se va a constituir en una categoría política y “el proceso de paz” en un referente de la vida nacional en medio de una cadena de ensayos, errores y algunos aciertos. Pero Betancur emprendió un proceso solitario que no contó con el respaldo de la clase política ni del establecimiento sino más bien con su oposición velada o abierta. La participación de la sociedad que intentaba representar la Comisión de Paz no era realmente más que la apuesta de personas de buena voluntad sin que tuvieran el respaldo de un movimiento social por la solución política negociada. La tregua pactada con el M19, las FARC y el EPL fue efímera y en la doble toma del Palacio de Justicia se combinaron el aventurerismo de la guerrilla y la reacción guerrerista e inconstitucional de las Fuerzas Armadas para sepultar la política de paz. La tragedia de este esfuerzo de relegitimación del Estado fue que terminó en mayor ilegitimidad porque desnudó su fragmentación, la tutela de las fuerzas militares sobre el poder civil y desató la reacción paramilitar que empezará a extender su mancha de violencia por el país y su geografía de masacres y desplazamiento que irán a agravar aún más la crisis de Derechos Humanos y, más adelante, a constituirse en un paraestado o estado paralelo.

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Palacios, Marco. “La solución política al conflicto armado, 1982-1997”, en “Armar la paz es desarmar la guerra”. Camacho Guizado, Leal Buitrago (comp.). Cerec. Fescol. Bogotá . 1999.

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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Barco tuvo que enfrentar la ofensiva de la CGSB al romperse la tregua de 1984 -1986, pero al mismo tiempo el acrecentamiento de la agresión paramilitar contra sectores políticos (UP) y sociales rurales y el reto de los carteles del narcotráfico en su lucha contra la extradición. Su inicial objetivo de quitarle a la guerrilla el protagonismo político que Betancur le había dado junto con el “Estatuto para la Defensa de la Democracia” que empezaba a tildarla de “terrorista”, cedió en la “Iniciativa para la Paz” de 1988 que supo tender puentes de negociación hacia sectores de la insurgencia que por diferentes razones empezaban a buscar salidas negociadas. La política de Paz de Barco se benefició de la coyuntura internacional de la debacle de los países del socialismo real que significó, en el contexto geopolítico mundial, una derrota estratégica para las guerrillas latinoamericanas. Con respecto a las iniciativas del período anterior, Barco mantuvo y desarrolló la experiencia del PNR como una manera de intervención social del Estado en las regiones tradicionalmente abandonadas con lo que se complementaba la política de descentralización que inauguró la elección popular de Alcaldes. Centralizó el manejo de la política de paz en la Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación pero inauguró un manejo aristocrático del proceso con la exclusión de la participación social. Estableció un cronograma de procedimientos para la concentración y desmovilización de los grupos armados y, sobre todo, abrió el espacio para las reformas políticas que el proceso demandaba retomando el reconocimiento desde el Estado de que la consolidación de la paz con la insurgencia requiere de reformas al sistema político. Por ello fue posible al acuerdo de Paz con el M19 aunque en realidad fue fundamental la voluntad política de esta Organización para superar todos los obstáculos que atravesaron la clase política y los sectores militaristas opuestos al proceso. Entre los pasivos de esta administración, además de la exclusión de los sectores sociales en la construcción de la paz, está la permisividad con el crecimiento del paramilitarismo y la colaboración de sectores de las Fuerzas Armadas con el desarrollo y fortalecimiento de esa estructura paraestatal. Por ello es contradictorio que al tiempo que empezaba la desmovilización de fuerzas guerrilleras, se siguiera extendiendo el fenómeno paramilitar y profundizando la agresión contra la población civil que fue señalando la crisis humanitaria colombiana como una de las más graves del mundo. Al comenzar los años noventa se van a vivir cambios trascendentales. El fin de la Guerra Fría con la derrota del socialismo real deja aparentemente sin horizonte a los proyectos guerrilleros latinoamericanos de las tres últimas décadas. En Colombia la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991 son presentadas por el establecimiento como “la carta de navegación para el siglo XXI” y pareciera que la apertura política a mayores grados de participación ciudadana y al reconocimiento constitucional de los derechos humanos y de los derechos de las minorías indígenas y afrocolombianas nos dieran la bienvenida al futuro de que hablaba el Presidente César Gaviria. Pero al mismo tiempo que la apertura política, el país sufre la “apertura económica” que profundiza la crisis de la economía agrícola, sobre todo de los pequeños productores y de la pequeña y mediana industria de las ciudades con los consecuentes empobrecimiento, expulsión económica de los campesinos sumada al desplazamiento violento, y el crecimiento del desempleo.

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Todo ello mientras, en el periodo Gaviria, a la desmovilización del M19 siguen las desmovilizaciones del EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS, todas ellas con el mismo esquema metodológico que aplicó la administración Barco al M19: cese al fuego unilateral, concentración, negociación de una agenda de seguridad y beneficios de reinserción para los combatientes desmovilizados, fondos de Desarrollo Regional para aplicar en las comunidades donde tuvo asiento y base social el grupo guerrillero. Se supone que la Constitución del 91 es la reforma política que justifica el acuerdo de paz y la desmovilización de 4.500 insurgentes entre 1990 y 1994. Sin embargo no es suficiente para las mayores organizaciones guerrilleras y las de más antigua tradición, las FARC y el ELN. Durante 1991 y 1992 el Gobierno de Gaviria inicia conversaciones de paz con la CGSB, primero en Caracas y luego en Tlaxcala. La metodología no puede ser la misma puesto que no existe un cese al fuego previo y unilateral por parte de las guerrillas, ni concentración en ningún campamento de paz, ni agenda cerrada a las condiciones de desmovilización y reinserción. Al aceptar negociaciones en el exterior sin las condiciones señaladas, el proceso de paz colombiano se asimila a los que tienen lugar en El Salvador y Guatemala con el FMLN y la URNG respectivamente: se trata de una negociación del Estado con contendientes no derrotados en el terreno militar, a los cuales reconoce interlocución política y con los que se acuerda una agenda abierta de temas sustantivos y procedimentales. Además empieza a hablarse de veeduría internacional del proceso lo que es un avance metodológico importante dada la tradicional desconfianza de la guerrilla colombiana hacia la comunidad internacional y la reticencia de los gobiernos colombianos a internacionalizar el proceso de paz. Desde el punto de vista instrumental el Gobierno Gaviria había querido enviar una señal institucional de civilidad al romper la tradición de ministros de defensa militares con el nombramiento de un civil en el cargo, además de quien había manejado el exitoso proceso de negociación con el M19. No obstante las conversaciones de Caracas se instalan después del ataque militar a Casa Verde en Diciembre del 90 y de la respuesta ofensiva de la CGSB en todo el país durante los primeros meses del 91. Así que se llegaba a la mesa para corresponder con un pulso político al pulso militar. De otro lado, en el enfrentamiento con los carteles del narcotráfico, el pragmatismo de Gaviria había llevado al Estado colombiano, primero a una negociación de las penas con el cartel de Medellín y luego, de la mano de la Dea, a una alianza con el Cartel de Cali para la derrota de Pablo Escobar.14 De esta manera la relegitimación del Estado colombiano por la Constitución del 91 como un Estado Social de Derecho se enfrentaba a la realidad de la existencia de contrapoderes que amenazaban la institucionalidad democrática. La historia inmediata demostraría hasta qué punto la corrupción de la clase política era funcional a estos contrapoderes. El fracaso de las negociaciones de Tlaxcala en 1992 demostraría que las condiciones del proceso no estaban dadas. A pesar de la mayor flexibilidad en el esquema planteado por el gobierno, ésta no llegaba hasta la disposición de abordar las reformas económicas, políticas y sociales que la guerrilla venía planteando desde sus

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Bowden, Mark . “Matar a Pablo Escobar”. RBA. Barcelona. 2001


Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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orígenes. La discusión sobre el cese del fuego fue la causa inmediata de la ruptura, pero era claro que la discrepancia estribaba en la diferente lectura sobre la correlación de fuerzas y en la propia concepción sobre los alcances de la negociación. La declaratoria de la “guerra integral”, cerró el ciclo de las negociaciones de paz vinculadas a la Constitución del 91, e inauguró un periodo de violenta confrontación militar y paramilitar con la insurgencia guerrillera, de profundización de la crisis humanitaria en medio del conflicto armado y de maduración de la crisis institucional que significaría el Proceso 8 mil. Esta crisis estalló durante el Gobierno Samper y puso de cara al país el profundo involucramiento del narcotráfico en la sociedad y las instituciones colombianas. A pesar de su política de “paz integral y diálogo útil” y del acento en el tema de los Derechos Humanos que lo llevó a la ratificación del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y al acuerdo con la ONU para la instalación de una oficina de Derechos Humanos en Colombia, este Gobierno por su debilidad institucional no pudo desarrollar una iniciativa propia de negociación con la insurgencia más allá de acuerdos puntuales para la liberación de militares y policías presos por las guerrillas en acciones de combate (1997). Al contrario, este fue un período de gran confrontación militar donde las FARC ensayaron grandes concentraciones de hombres para atacar destacamentos del Ejército nacional produciéndole graves derrotas (Las Delicias, Patascoy, El Billar). La estrategia contrainsurgente del Estado empezó a depender cada vez más de la acción paramilitar de las autodefensas que, centralizadas ahora en las AUC y con el respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas, ganaderos, políticos, narcotraficantes, medios de comunicación e incluso compañías transnacionales, extendieron su acción violenta contra la población civil mediante masacres y desplazamiento forzado. Así pues, a la crisis política creada por la financiación de las campañas presidencial y de congresistas por los carteles del narcotráfico, se suma la crisis institucional del Estado colombiano permeado por los dineros ilícitos de la droga y aliado con el paramilitarismo para combatir a la insurgencia guerrillera. Frente a tal grado de deslegitimación del Estado y frente a la degradación de la guerra, la aparición de la Sociedad Civil como un movimiento democrático comprometido con la exigencia de una solución política negociada del conflicto armado y con la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, crea un nuevo actor político, más allá de los partidos, que se desarrollará como movimiento social y de opinión, independiente del estado y de la insurgencia y cuyo peso e importancia va a ser cada vez mayor en la búsqueda de salidas al laberinto de la guerra. Pastrana aprovecha este clima de opinión para su iniciativa de paz y ensaya un esquema novedoso que, pese a su fracaso final, contiene elementos a considerar. El despeje de un área delimitada para la negociación (demasiado extensa en comparación con los procesos de los años 90), el contacto directo del Presidente con el comandante guerrillero, una Agenda temática de carácter sustantivo que abordaba los temas de reformas estructurales, una amplia participación de la Sociedad civil y las organizaciones sociales en las audiencias temáticas además con difusión nacional y un acompañamiento permanente de la comunidad internacional. El proceso del Caguán fue un suceso visible y público como pública debe ser la Agenda de la paz y como tal el Gobierno realizó, junto con la comandancia de las FARC, una gira internacional para promover el apoyo a las negociaciones de paz en el año 2000.

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Con todo ello la estrategia de paz de Pastrana partía del hecho de que el Estado colombiano se sentaba a negociar con la mayor de las guerrillas, la reconocía como interlocutor político e incluso en su priorización le restó importancia a la negociación con el ELN que desde la Reunión de Maguncia anunciaba su disposición a un proceso de paz. Ahora no se trata, como en Caracas o Tlaxcala, de negociar con la CGSB en conjunto, que además ya no existe, sino de establecer un diálogo directo, de poder a poder, con la misma fuerza insurgente con la que 15 años antes, el Estado colombiano había firmado una tregua que duró dos años y que no condujo a un acuerdo de paz sino a mayores escalamientos de la guerra. El problema es que tampoco ahora hay voluntad de reconciliación, y la negociación, sin tregua ni cese al fuego, es una estrategia, al servicio de la guerra, de acumulación política y militar de los contendientes, que mientras hablaban de paz, preparaban dentro y fuera de la zona de distensión sus ejércitos para las nuevas batallas. Para ello el gobierno contaba con el apoyo económico y la asesoría militar estadounidense y las FARC con la inyección financiera de la economía de la coca de las zonas bajo su control. Las contradicciones de la política de paz de Pastrana tuvieron que ver, en primer lugar, con la superposición de la agenda antinarcóticos del gobierno Clinton sobre la agenda de negociación política del gobierno colombiano. Por ello el Plan Colombia, que fue concebido inicialmente como una especie de “Plan Marshall” para la inversión de recursos en el “cambio para construir la paz”, terminó convertido en una estrategia para la guerra antinarcóticos con un componente fundamentalmente militar15 y la “diplomacia para la paz” degeneró, de su objetivo inicial de conseguir apoyo externo para resolver el conflicto interno, en una estrategia de deslegitimación de la insurgencia y legitimación del Estado, en una maniobra contrainsurgente.16 En segundo lugar la controvertida decisión de negociar sin cese al fuego y de hostilidades, es decir “en medio del conflicto”, se complementó con la creación de una “zona de distensión” en territorio nacional bajo control de la guerrilla de las FARC, lo que creó una situación contradictoria de enfrentamientos y acciones militares por fuera de la “zona de distensión”, mientras dentro de ella continuaban las conversaciones, se realizaban las audiencias públicas y se entrevistaba la comandancia guerrillera con delegaciones y personalidades nacionales e internacionales. La zona de despeje se utilizó a comienzos de los 90 para la concentración de todos los combatientes de una fuerza en proceso de negociación y desmovilización con el punto de partida de un cese al fuego unilateral. Posteriormente, para la negociación con la CGSB, sin cese al fuego ni perspectiva de desmovilización inmediata se utilizó el esquema de una mesa en el exterior, bien fuera Caracas o Tlaxcala. La zona de distensión del Caguán fue una combinación desafortunada de ambos esquemas. Este diálogo sin horizonte de negociación y reconciliación fue desgastando el proceso ante la opinión pública y enajenándole su respaldo. Además sobre la negociación del Caguán pesó siempre el fenómeno paramilitar. Las AUC tuvieron un crecimiento espectacular en la década del 90 y consolidaron su expansión territorial sobre la base de la economía del narcotráfico, el apoyo de

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Paz Colombia. “Colombia: construcción democrática de la paz”. Memorias del Encuentro Internacional sobre Paz, DH y DIH. San José de Costa Rica. Octubre de 2000. 16 Tokatlian, Juan Gabriel. “Las diplomacias por la paz” en “Armar la paz es desarmar la guerra”. Camacho Guizado, Leal Buitrago (comp..). Cerec. Fescol. Bogotá. 1999. p.299 ss.

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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sectores militares, políticos y económicos del establecimiento y la construcción de legitimidad social como ejército antisubversivo. Duncan ha señalado el fenómeno de los “Señores de la Guerra” que basándose en la violencia de la masacre y el desplazamiento han propiciado una verdadera contrarreforma agraria y un control social de regiones y ciudades con la pretensión de construir Estados locales.17 Lo que llama la atención es que ese desarrollo de un paraestado mafioso fue posible con la complacencia o por lo menos la omisión del Estado. Varias de las crisis del proceso del Caguán fueron motivadas por la ausencia de compromiso del Gobierno Pastrana con el combate al paramilitarismo y ya señalamos el papel de las AUC en el sabotaje a las negociaciones con el ELN. Pero lo que se evidencia aquí es la apuesta de sectores del establecimiento por una estrategia antisubversiva, en alianza con el narcotráfico y el paramilitarismo, que está poniendo en peligro el Estado de Derecho. Al final del proceso del Caguán, en Septiembre de 2001, la Comisión de Notables nombrada por el Gobierno y las FARC presentó unas recomendaciones que pueden ser el documento más importante de la Sociedad Civil en este periodo. Aquí se critica la metodología de negociación en medio del conflicto y se recomienda un acuerdo de cese al fuego para devolverle credibilidad a los diálogos de paz, se recoge la importancia de la Agenda Común para la negociación del conflicto armado interno y se propone el horizonte de una Asamblea Constituyente para consolidar las transformaciones institucionales que el país requiere. Pero sobre todo advierte contra la tentación de continuar la guerra “a riesgo de agudizar aún más el conflicto y generalizarlo, con posibles graves implicaciones de carácter internacional en el orden económico, político o militar, situación ésta que ningún colombiano verdaderamente patriota y amante de la paz puede desear para su país”. Además de reconocer las posibles dimensiones regionales de nuestra guerra interna, anuncia ya la nueva situación creada por el ataque terrorista contra Nueva York. El proyecto de la “Seguridad Democrática” del Presidente Uribe se inscribe claramente en el contexto de la cruzada mundial antiterrorista de la administración Bush posterior al 11 de Septiembre de 2001. Es el marco en que la propuesta de la derecha autoritaria que ya había empezado a diseñar desde la Gobernación de Antioquia, encuentra en el fracaso de las negociaciones del Caguán, y en el posicionamiento del paramilitarismo a escala nacional, el caldo de cultivo para su implantación. Uribe representa una ruptura con la tradición de dos décadas de negociaciones de paz en Colombia, pero interpreta el cansancio de muchos sectores con una guerra interminable, con un proceso de paz que no concluye y con la violencia multiforme que asola campos y ciudades con expresiones de terrorismo. Su apuesta por relegitimar el Estado parte de una visión muy simplista del problema que reduce el conflicto a una agresión terrorista contra el Estado y la sociedad y a la necesidad de recuperar la autoridad estatal contra los violentos mediante una estrategia de guerra sin cuartel que compromete, de acuerdo con su propuesta de Estado Comunitario, a la sociedad misma. Por ello la Constitución del 91 no es funcional al proyecto de Seguridad Democrática que requiere, ya no un Estado fuerte legitimado como Estado Social de Derecho, sino un Estado autoritario. De allí que no más posesionarse Uribe decreta la Conmoción Interior y crea las Zonas de

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Duncan, Gustavo. “Los señores de la guerra: del campo a la ciudad en Colombia”. Revista Foro. No. 54. Agosto de 2005.


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rehabilitación del orden público con preeminencia del poder militar sobre el civil (Arauca, Sucre, Bolívar) para proteger las explotaciones petroleras. Con la Red de informantes y los Soldados campesinos extiende su concepto de compromiso de la sociedad con el Estado en la guerra contrainsurgente y con el proyecto de Estatuto Antiterrorista restringe las libertades y criminaliza las luchas sociales y sus dirigentes. Cuando la Corte Constitucional declara inexequibles varias de estas medidas (zonas de rehabilitación, estatuto antiterrorista), el gobierno anuncia la pretensión de recortar las funciones que la Constitución le asignó a la Corte. El punto de toque de la estrategia de Paz del Presidente Uribe es la negación de la existencia de un conflicto interno en Colombia y por lo tanto la irrelevancia del Derecho Internacional Humanitario. Consecuentemente las guerrillas ya no son, como lo eran para los cinco anteriores gobiernos, interlocutores políticos, sino grupos terroristas que el Estado debe derrotar para obligarlos a negociar su desarme y desmovilización. Además los acuerdos de paz no consisten en la discusión del Estado con la insurgencia de reformas estructurales (como en Caracas y Tlaxcala, como en el Caguán), sino en las condiciones “para que aquellos que están en la ilegalidad y se muestran dispuestos a abandonar la violencia, se incorporen a la democracia para que debatan sin las armas los temas de su interés. La gran equivocación del proceso de negociación con las FARC fue la famosa agenda, una agenda interminable que parecía más bien un listado de temas para un seminario, que hubiera podido durar años en una universidad”18. Para conseguir la disposición a abandonar la violencia se requiere, por supuesto, la violencia legítima del Estado en forma del Plan Colombia que viene de la administración Pastrana, o del Plan Patriota que caracteriza la administración Uribe y que compromete 17 mil hombres en la ofensiva militar contra los “santuarios” de las FARC en el sur del país y con fuerte apoyo económico y logístico estadounidense. La opción por la guerra, a propósito, significa mayores niveles de involucramiento del Comando Sur del ejército estadounidense en nuestro conflicto interno (o en nuestra guerra contra el terrorismo según la visión Uribe-Bush) y por supuesto menores niveles de autonomía en la búsqueda de salidas políticas19. La agudización del conflicto armado produce mayores niveles de desplazamiento de comunidades y de refugiados en los países fronterizos Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela con repercusiones en la crisis humanitaria que ya coloca a nuestro país como un caso de emergencia humanitaria crónica que preocupa a los organismos internacionales. No en vano Colombia alberga oficinas de la Cruz Roja Internacional y de organismos de las Naciones Unidas como de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la ACNUR, el PNUD, UNICEF, la OIM, y el conflicto colombiano y su dimensión humanitaria está monitoreado desde Julio de 2003 por el “Acuerdo de Londres” que es un compromiso del Estado colombiano ante la Sociedad civil y la

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18 Restrepo, Luis Carlos. “El país anhela la paz..”. en “Colombia entre la guerra y la paz, alternativas a la guerra”. Accord. Documentos No. 20. Indepaz. 2004. p.35. 19 “En 2002, la administración Bush obtuvo la autorización del Congreso de Estados Unidos para utilizar equipos y armamento, antes proporcionados al ejército colombiano para combatir la droga ilegal, en operaciones cuyos objetivos fueran las guerrillas y los grupos paramilitares, aunque tales operaciones no tuvieran que ver con el tráfico de droga. El cambio de objetivos reflejaba los hechos sobre el terreno; aunque a la vez suponía dar un paso más en un conflicto que sigue siendo uno de los más complejos y peligrosos del hemisferio”. Robin Kirk. Más terrible que la muerte: masacres, drogas y la guerra de Estados Unidos en Colombia”. Piados. Barcelona. 2005. p.21.

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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comunidad internacional de cumplimiento de las Recomendaciones de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos relativas al respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Ante la militarización de la vida política y la reducción de la oferta de negociación con las guerrillas al cese al fuego unilateral, desarme y desmovilización, el proceso de diálogos con la insurgencia se ha reducido al tire y afloje con las FARC sobre el Intercambio Humanitario, sin resultados hasta ahora, o a la exploración de un posible acuerdo con el ELN. El proceso de negociación y desmovilización con los grupos paramilitares ha sido el principal cometido de la oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Uribe y su implementación la fuente de encendidos debates en la opinión pública colombiana. A pesar de que en varias ocasiones las AUC por boca de sus voceros habían condicionado su desmovilización a la previa desaparición de la guerrilla, el inesperado triunfo de Alvaro Uribe en las elecciones de 2002 las llevó a anunciar un cese al fuego unilateral en Noviembre de ese año y a comprometerse, en Junio de 2003, en una negociación con el gobierno para su desmovilización total a finales de 2005. De esta manera, mientras la guerra arreciaba en el sur del país contra las FARC, las Autodefensas ejemplificaban la política de paz de Uribe empezando por el cese al fuego unilateral que el Presidente siempre le ha exigido a las guerrillas para empezar negociaciones, aunque no lo hayan cumplido20. Igualmente la concentración de los comandantes paramilitares en Santa Fe de Ralito para asentar allí la mesa de negociación con el gobierno. El debate nacional e internacional ha girado en torno al marco jurídico de esta negociación y en concreto a los proyectos de Ley, primero de “Alternatividad Penal”, luego de “Justicia y Reparación” y finalmente de “Justicia y Paz”. Es cierto que después de muchos años de masacres y desplazamiento forzado, de asesinatos y desapariciones, de expansión territorial y de centralización como Ejército antisubversivo, de fortalecerse con el apoyo de militares, políticos regionales, terratenientes, ganaderos y narcotraficantes y con la omisión del Estado frente un para-estado en desarrollo, es cierto que Uribe tiene el mérito de enfrentarse a la tarea de desarmar y desmovilizar uno de los grupos armados ilegales responsables de la violencia y de las agresiones contra la población civil. Que era además una exigencia de los organismos internacionales de derechos humanos, de la sociedad colombiana y aún de las mismas guerrillas que los señalaron siempre como una creación del Estado para la guerra contrainsurgente. Pero hay que decir también que, a diferencia de las negociaciones de los años 90, los Acuerdos de Paz de conflictos internos en este inicio del Siglo XXI se desarrollan en un nuevo contexto internacional en lo referente a la extensión universal de la cultura de los Derechos Humanos, de las exigencias del Derecho Internacional Humanitario y de la creación del Tribunal Penal Internacional para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad21. El contexto político incluso de la guerra mundial contra el terrorismo ha sido aprovechado por los Estados y por políticos de derecha (y no pocos teóricos) para intentar borrar la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes, y desde los

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20 Hasta Octubre de 2005 las AUC en “cese unilateral de hostilidades”, habían asesinado en todo el país a más de 2.300 personas según los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos. Revista Foro, No 55, Octubre de 2005, p.5. 21 Springer, Natalia “ ¡Negociar ya!, Las razones jurídicas”. Fundación Ideas Para la Paz. Bogotá. Agosto de 2005.

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países desarrollados y las nuevas realidades geopolíticas de la globalización se empiezan a cuestionar conceptos y realidades como las de la soberanía nacional y el mismo Estado nación. En el debate sobre la Ley de Justicia y Paz nos hemos avocado a la discusión de nuevos conceptos como los de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa y la exigencia universal de verdad, justicia y reparación en la negociación de conflictos internos. Son los temas que la negociación del gobierno Uribe con los grupos paramilitares ha suscitado y que seguramente estarán presentes en las futuras negociaciones con el ELN y las FARC.22 Al término del actual gobierno de Alvaro Uribe se habrán desmovilizado la totalidad de los grupos paramilitares que conforman las AUC, pero la discusión sobre el desmonte de sus estructuras de apoyo, sobre la impunidad a crímenes de guerra y de lesa humanidad, sobre los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sobre la restitución de la tierra arrebatada a sangre y fuego, sobre la legalización de capitales y bienes acumulados con violencia y narcotráfico, sobre la instauración de un para-estado mafioso controlado por los nuevos “Señores de la guerra”, apenas empieza, porque en el fondo el debate es sobre el carácter de la paz que deseamos y el tipo de sociedad y de Estado que queremos los colombianos.23

3. Lecciones aprendidas en procesos de paz.

Después de 40 años de confrontación armada y de degradación humanitaria, el conflicto armado colombiano es una “guerra de perdedores”24. Y no sólo por la imposibilidad de victoria militar y por la crisis humanitaria, sino por la deslegitimación de las negociaciones en acuerdos de paz parcelados, por el proceso de deslegitimación del Estado en soberanías compartidas y por la incapacidad de encauzar un genuino proceso de reconciliación. Además, como lo reconoce Natalia Springer “el conflicto colombiano está llegando a un punto de quiebre. Una lectura de las dinámicas mundiales actuales y de los desarrollos locales sugiere que se trata de un conflicto que afecta de manera creciente la región y cuyas consecuencias causan cada vez más preocupación a la comunidad internacional. Muy pronto esa preocupación podría traducirse en acciones de impacto desconocido”25. Los colombianos llevamos casi un cuarto de siglo en negociaciones de paz (19822006) pero la guerra se alarga, se extiende, se profundiza y se degrada. Mientras tanto el mundo cambió y la visión de la comunidad internacional con respecto a las guerras y la forma de terminarlas se ha transformado. ”Después de la guerra fría, el desarme

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Uprimny, Rodrigo. Saffon, María Paula. “Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades” en “Entre el perdón y el paredón”. Angélica Rettberg (comp..). Universidad de los Andes, Bogotá, 2005. 23 Uprimny, Rodrigo. Saffon, María Paula “La ley de Justicia y Paz: una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades?”. En Revista Foro No. 55. Bogotá. Octubre de 2005. p. 49 ss. 24 PNUD. “El conflicto: callejón con salida” Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003. p.81 ss. 25 Springer, Natalia o.c. p.6

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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efectivo de facciones en conflicto armado, dentro de las fronteras nacionales o en Estados fallidos se ha convertido en un desafío preponderante en la agenda mundial de seguridad”26. Incluso el descongelamiento de las relaciones internacionales permitió un mayor papel de la ONU en las crisis debidas a conflictos internos27. La misma evolución del derecho humanitario en la justicia internacional contempla la creación de Tribunales especiales para crímenes de guerra y de lesa humanidad como en el caso de Bosnia-Herzegovina (1993), Ruanda (1994) y Sierra Leona (2002) y la misma Corte Penal Internacional con su Estatuto de Roma (Julio de 2002). Igualmente la teoría de negociación de conflictos ha evolucionado, desde la “paz positiva y paz negativa” de Galtung, a la “regulación de conflictos” de Paul Wher y la “transformación de conflictos” de Jhon Paul Lederach y los centros de resolución de conflictos como el PRIO de Oslo, el programa de Negociación de la Harvard Law School que se implicaron en las negociaciones de paz de Centroamérica en los años 90. 28 La guerra interna colombiana tiene de común con las “nuevas guerras” de las que habla Mary Kaldor, la ferocidad de los métodos de combate y la victimización de la población civil, e incluso el origen de los recursos que la financian, el tráfico de drogas y de esmeraldas, el secuestro, la extorsión y el control de las economías ilegales. Además la red de complicidades entre fuerzas armadas regulares e irregulares, entre sectores públicos y privados. Pero lo fundamental es que está asociada a la descomposición del Estado, a la crisis del Estado - nación.29 La gran contradicción de casi tres décadas de negociaciones de paz – y de “guerras integrales” y “antiterroristas”- es la progresiva deslegitimación del Estado colombiano en medio del autoritarismo y la corrupción pero además porque no ha logrado el monopolio de la fuerza, ni del control sobre el territorio, ni de la tributación, ni de la justicia, ni siquiera de la soberanía. El Estado en Colombia adolece de una política pública de inclusión social y se caracteriza cada vez más por representar los intereses de los grupos de mayor poder económico y de las compañías transnacionales. Hoy, con mayor razón que ayer, puede decirse que “la economía va bien pero el país va mal”. La reducción del papel del Estado a la “Seguridad Democrática” ha sacrificado la democracia a un concepto de seguridad que privilegia la fuerza sobre el consenso y la militarización de la sociedad a su politización mediante su acceso al derecho y a los derechos. Los costos de esta guerra crónica ya no sólo nos están conduciendo a un Estado inviable sino que la fragmentación de nuestra sociedad y la degradación del conflicto armado está derivando en disolución de los lazos de solidaridad y afectado el mismo proyecto de nación30.

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Springer, Natalia. “Desactivar la Guerra: alternativas audaces para consolidar la paz”. Aguilar. Bogotá. 2005. p. 217. Entre 1989 y 1999 la ONU desplegó 31 operaciones de mantenimiento de la paz. Al final de 2004 había 35 misiones de paz integradas por organizaciones regionales y por coaliciones ad hoc de Estados con la autorización de las Naciones Unidas. Natalia Springer. o.c. p. 214 p.78. 28 Fisas, Vicenç. “Procesos de Paz y Negociación en conflicto armados”. Piados. Barcelona. 2004. p.47 ss. 29 Kaldor, Mary. “La sociedad civil global: una respuesta a la guerra” Tusquets. Barcelona 2005. p.156 ss. 30 Un análisis crudo y actual de estas consecuencias se encuentra en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 del PNUD. “Colombia, Callejón con Salida”. Cap. 17: “Pactar la paz: implicaciones para una negociación”. 27

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Se impone por lo tanto un nuevo concepto de seguridad, la Seguridad Humana, propuesto por las Naciones Unidas cuyos índices comprenden desde el tratamiento de la crisis humanitaria hasta la reducción de la violencia estructural: “La seguridad humana significa proteger las libertades vitales. Significa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida…..la seguridad humana complementa a la seguridad estatal, promueve el desarrollo humano y realza los derechos humanos. Complementa la seguridad del Estado al centrar su foco de atención en las personas y haciendo frente a inseguridades que no han sido consideradas como amenazas para la seguridad estatal…El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección a la seguridad humana. El fomento de los principios democráticos constituye un paso hacia el logro de la seguridad humana y el desarrollo: permite a las personas participar en las estructuras de gobernabilidad y hacer que su voz sea escuchada. Para ello se requiere crear instituciones sólidas, que establezcan el Estado de Derecho y potencien a las personas”31. Llegó pues la hora de negociar el conflicto armado para reconstruir nuestro proyecto de nación, para conformar un Estado democrático moderno, para reconciliar a la sociedad colombiana. Este puede ser un propósito nacional, un Acuerdo nacional que recoja las lecciones aprendidas y las proyecte en una política nacional de paz. Si hacemos un balance de las “lecciones aprendidas” en 25 años de negociaciones de paz en Colombia que puedan ser útiles para el presente, tendríamos que señalar, entre otras, las siguientes: -

La necesidad del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, para abordar la solución política negociada. El Estado colombiano, durante la administración Betancur, reconoció la exclusión política y social como condiciones objetivas del conflicto armado en Colombia.

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Las organizaciones guerrilleras colombianas, FARC y ELN, son organizaciones de oposición política armada al Estado y como tal han sido por más de veinte años sujetos de interlocución política de diferentes gobiernos.

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Las guerrillas colombianas han realizado acciones terroristas, violatorias del DIH, y condenables por la opinión nacional e internacional, pero ello no las ubica como simples organizaciones terroristas.

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En el tratamiento del conflicto colombiano no se puede identificar el origen y carácter de las guerrillas con el de las fuerzas paramilitares. De allí la necesidad de distinguir la negociación política de un conflicto armado interno entre el Estado colombiano y la subversión, con el sometimiento a la justicia a que deben ser convocados los grupos paramilitares.

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La búsqueda de una solución soberana a la guerra en Colombia requiere una estrategia independiente de las guerras norteamericanas contra la droga o

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Citado por Natalia Springer en “Desactivar la Guerra”. p.412.


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contra el terrorismo. El compromiso del Estado y la sociedad colombiana de combatir el narcotráfico y el terrorismo no puede enmascarar las raíces de nuestro conflicto armado interno y la búsqueda de salidas propias y negociadas.

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La Constitución de 1991 fue resultado y causa de las negociaciones de paz de los años 90. Su carácter democrático, progresista y garantista están siendo desconocidos y desmontados progresivamente por la política de “Seguridad Democrática” del gobierno Uribe. Las negociaciones de paz pueden crear una coyuntura reformista que recupere y profundice el carácter avanzado de la Democracia colombiana.

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Los Acuerdos Humanitarios especiales pueden ser el inicio de un proceso de diálogo y negociación. Es urgente abordar el tema de los acuerdos parciales que prevé el DIH para la protección de la población civil.

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La participación de la sociedad civil en los procesos de paz de Colombia tiene un protagonismo y un programa propio, independiente del Estado y de la insurgencia.

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En el tratamiento de la solución política negociada y/o del sometimiento a la justicia debe contarse con formas de justicia transicional y con el papel de la Tribunal Penal Internacional. Igualmente con el papel de las víctimas en la exigencia de verdad, justicia y reparación.

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El proceso de desmovilización de los paramilitares no puede tener un horizonte de impunidad y de paramilitarización del país sino la construcción de la paz y del Estado Social de Derecho

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El narcotráfico atraviesa y alimenta el conflicto armado en Colombia pero no es el origen del conflicto. Una política concertada contra el narcotráfico con el respaldo de la comunidad internacional y el compromiso de los actores armados debe hacer parte de la búsqueda de la paz.

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Hace falta una política de Estado para la paz que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al refuerzo del Estado Social de Derecho.

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En el diseño de una política nacional de paz debe reconocerse la importancia de los procesos locales y regionales de la construcción de la paz con la participación de la sociedad civil y la posibilidad de Acuerdos humanitarios, que permitan explorar los caminos de la solución política.

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Es necesario empezar a diseñar el posconflicto. La firma de los acuerdos de desmovilización y desarme no es la paz. Esta requiere un largo proceso de reconciliación y construcción de alternativas políticas, económicas y sociales con amplia participación de la sociedad y de los nuevos actores políticos surgidos de los acuerdos. Por ello una Asamblea Nacional Constituyente que genere un nuevo Pacto nacional debe estar en el horizonte.


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En la experiencia de las negociaciones de paz en Colombia ha sido fundamental el papel de la comunidad internacional y los diferentes modelos de acompañamiento: bilateral, multilateral, universal, regional, con la utilización de diversos instrumentos de la negociación: buenos oficios, facilitación, mediación.

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Frente al unilateralismo de las relaciones internacionales del gobierno Uribe, es necesario fortalecer el papel de la Organización de Naciones Unidas en el proceso de paz en Colombia y la participación de la Comunidad Internacional en la promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la defensa y consolidación del Estado Social de Derecho en Colombia.

Estos elementos pueden ser el punto de partida de un Acuerdo nacional por la reconciliación de los colombianos que nos saque del pantano de la guerra y nos abra los caminos de la paz con desarrollo y justicia social: “La solución, a mi entender, jamás pasará por el aumento de la polarización o por agudizar la confrontación armada sino por devolver la palabra y la soberanía al pueblo, y en acertar con una “hoja de ruta” que comprometa a todas las partes con las reformas de profundidad que necesita este país. No será una victoria militar de nadie, ni una insurrección imposible, sino una concertación de compromisos estructurales, con verificación internacional, cesiones empresariales a favor del cambio y una dignificación de la vida de toda la ciudadanía y de todo el campesinado”32. Colombia está pues, avocada a resolver sin más dilaciones el problema de la guerra por la vía de la negociación política, y si ni el gobierno ni la insurgencia parecen decididos, enredados como están en una batalla sin solución, es a la sociedad colombiana a quien corresponde proponer soluciones y asumir iniciativas como ya lo hizo en 1990 con la Séptima papeleta para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, o en 1997 con el Mandato Nacional por la Paz. El factor más definitorio y dinámico de la democracia colombiana es la Sociedad Civil democrática con una agenda propia en la que la defensa del Estado Social de Derecho, la exigencia del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y el compromiso con la búsqueda de la solución política negociada al conflicto armado son prioritarios. Ello permitirá romper el bloqueo de la sociedad, de la nación y del Estado colombianos y colocarnos en condiciones de asumir los retos, ya no solo de la modernidad a la que llegamos con atraso sino de la globalización que es el reto del presente. La propuesta de un Acuerdo Nacional por la Reconciliación es una acción de emergencia de la Sociedad Civil, una iniciativa política para la construcción de una política de paz del Estado y de la sociedad civil colombiana. Está visto que la paz es un asunto demasiado serio en la vida de la nación para dejarla solo en la voluntad de los actores armados e incluso de los actores políticos en afán electoral. En una democracia, la política es la alternativa a la guerra, pero es, además, la esencia de la democracia. Finalmente, por el carácter del conflicto armado colombiano, su duración, y el hecho de ser un foco de conflictos para el área, por involucrar un tema tan sensible para la

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Fisas, Vicenç. o.c. p.86


Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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comunidad internacional como el narcotráfico, un caso permanente de crisis humanitaria, y una amenaza para nuestra propia soberanía como nación, Colombia debe solicitar a la ONU el establecimiento de una “Conferencia Internacional permanente sobre la paz de Colombia”, que acompañe el proceso de negociación y de acuerdos y que garantice la asistencia técnica, política y económica para consolidarlos. Y que le brinde al proceso de reconciliación un horizonte de valores en el marco de la Seguridad humana y de los mismos Objetivos del milenio.

4. Conclusiones.

Cómo Negociar con el ELN.

El ELN nació con un doble mesianismo: el de las guerrillas latinoamericanas de los años 60 con su discurso de revolución social antiimperialista y el del radicalismo liberador cristiano que veía en la revolución socialista la manera de realizar el imperativo evangélico del amor al prójimo, pero “amor eficaz” como decía Camilo Torres. Tanto Camilo como el Ché, figuras cimeras de ambos mesianismos, se constituyen por tanto en los santones de la Revolución, la encarnación a imitar del “hombre nuevo”, constructor de la nueva utopía y referentes de la mística elena de Nupalom (Ni un paso atrás, liberación o muerte). Ese doble mesianismo confluye en un proyecto político de Poder, que se va a expresar primero en una estrategia fundamentalmente armada e insurreccional y posteriormente, influido tanto por la experiencia centroamericana de los años 80 como por los cambios mundiales que significaron el derrumbe del campo socialista y la nueva correlación de fuerzas después de la guerra fría, en una concepción de Poder Popular que se construye con la comunidad, más cercano al concepto cristiano de construcción de comunidad que a la tradición revolucionaria de “toma del poder”. Ello lo diferencia de la guerrilla clásica en cuanto su distanciamiento del marxismo dogmático, su carácter de guerrilla societal y su ejercicio de una ética difusamente religiosa que lo protegió de la tentación del narcotráfico. Hasta cierto punto la impronta de Manuel Pérez sobre el ELN es responsable además de su conservadurismo táctico y de su rigidez frente a los cambios del escenario político y estratégico. Orgánicamente el ELN no se desarrolló como un partido ni como un ejército. Se definió a sí mismo como una Organización político-militar y su evolución lo ha llevado a ser una Organización política en armas más que una organización armada que hace política. Ya a mediados de los 90, después de la ruptura con la Corriente de Renovación Socialista, la estrategia armada pasó a ser una estrategia de Resistencia y defensa de las organizaciones sociales frente a la agresión militar y paramilitar. Y su discurso a coincidir progresivamente con el de la Sociedad civil democrática que en Colombia se ha desarrollado grandemente después de la Constitución de 1991. A pesar de sus vacilaciones, gravísimos errores, dudas y frecuentes contradicciones, el ELN asumió por lo menos desde 1998 la decisión de la negociación y empezó a

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diseñar sus instrumentos muy de acuerdo con su ethos: la Convención Nacional para construir en alianza con la sociedad civil la agenda de la negociación con el Estado, las comisiones “facilitadoras” para dotar su estrategia negociadora de un entorno académico y social, el “grupo de países amigos” para buscar legitimidad internacional para el proceso, y la construcción de unas vocerías públicas en las que han jugado un importante papel sus comandantes presos desde la cárcel de Itagüí. Hay que reconocer sin embargo que el propósito gubernamental de liquidar militarmente al ELN mientras ensayaba la negociación con la guerrilla mayor de las FARC y la obstrucción paramilitar al establecimiento de la Zona de Encuentro, frustraron esa oportunidad y aplazaron la hora del diálogo político. Al asumir la decisión largo rato aplazada de transitar mediante la negociación política con el Estado a movimiento político legal y civilista, el ELN con su implantación regional y su estructura federada, debe demostrar que está en condiciones de contribuir a desarrollar la implantación de fuertes movimientos sociales regionales en un proyecto para profundizar la descentralización mediante la construcción de poderes democráticos locales. Y, al mismo tiempo, de converger políticamente con la Izquierda Democrática en la utopía de una alternativa de poder frente al de la rancia oligarquía bipartidista, de un proyecto de nación reconciliada en su pluralismo, y del establecimiento de un Estado democrático y social. Sus reivindicaciones históricas de humanizar el conflicto colombiano y de defender los recursos naturales como patrimonio de todos los colombianos hacen parte ahora del Programa común de las fuerzas progresistas. Hay que decir, finalmente, que al emprender una negociación de paz con el ELN, una de las más tradicionales guerrillas colombianas nacidas de la reivindicación social y política contra la secular exclusión que profundizó la Violencia, el Estado que ahora reconoce la existencia del conflicto, debe asumir que su superación no consiste solamente en el desarme de los armados, sino en el tratamiento concertado con la sociedad de los conflictos sociales y políticos que reproducen la exclusión y la violencia. Por ello no es suficiente la “Seguridad Democrática”, se requiere de un proyecto radical de Democracia como una oferta del Estado a los armados y un propósito de empeño nacional para que otra vez la paz no sea solamente una tregua para nuevas guerras. Teniendo en cuenta lo anterior y las consideraciones aquí expresadas, la negociación que se reinicia a comienzos del 2006 en La Habana, puede abordarse con las siguientes etapas y contenidos: 1. Acuerdos Humanitarios, donde converjan la vieja propuesta de humanización del conflicto con la urgencia de aliviar la crisis humanitaria en el marco de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Se trata además de devolverle credibilidad a un proceso que requiere re-enamorar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional y de generar las condiciones de confianza para las siguientes etapas.. Desde Maguncia (1998) el ELN se había mostrado dispuesto a acuerdos parciales y en La Habana (2002) se había hablado de la propuesta de la ONU de Acuerdo global humanitario. Igualmente el Coce presentó en Junio de 2004 una propuesta de cese al

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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fuego bilateral vinculada al tema de las minas antipersonal y amnistía general “para los presos políticos y prisioneros de guerra”. En las condiciones actuales sería posible un acuerdo de Tregua bilateral y temporal para abordar el tema de los Acuerdos de carácter humanitario. A las propuestas del Defensor del Pueblo de Acuerdos en los temas de desvinculación de menores de la guerra y de programas de desminado en zonas concretas, se puede agregar en una primera etapa la de respeto a la misión médica. En el contexto de desmovilización paramilitar en curso, el Acuerdo debe, para la protección de la población civil, contemplar la creación de una veeduría internacional para el cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. Los mismos Acuerdos humanitarios y el cumplimiento de la tregua bilateral y temporal requieren de veeduría internacional. En un segundo momento, previa la resolución “por otros medios, de la suficiente disponibilidad de recursos para el ELN” (Maguncia), un Acuerdo bilateral de cese al fuego y de hostilidades puede acompañarse de un Acuerdo global humanitario que vincule el cese definitivo del secuestro, la liberación de todos los secuestrados, y la amnistía gubernamental para los presos políticos no incursos en crímenes de guerra ni de lesa humanidad. La firma de un Acuerdo global humanitario debe vincular temas como la protección de la población civil, el retorno de los desplazados y la protección de la infraestructura energética y de servicios públicos. La firma de un Acuerdo de cese al fuego y de hostilidades y del Acuerdo global humanitario, debe comprender, como gesto del gobierno nacional y de la comunidad internacional para la viabilidad del proceso de paz con el ELN, su exclusión de la lista de grupos terroristas. A lo largo de todas estas etapas la veeduría internacional es garante del cumplimiento y perfeccionamiento de los Acuerdos. 2. Convención Nacional. También prevista y diseñada desde los Acuerdos de Puerta del Cielo. El Acuerdo bilateral de cese al fuego y de hostilidades debe dar paso a las Zonas de Encuentro para la Convención Nacional. Su concreción, ubicación y condiciones deben ser fruto de un Acuerdo con mediación nacional e internacional. Para ello puede partirse del diseño de Zona de Encuentro ya elaborado y de los trabajos de la sociedad civil para la preparación de la Convención Nacional. Estamos hablando de varias zonas para la Convención, partiendo de la presencia histórica del ELN en regiones como el Sur de Bolívar, el Catatumbo, Arauca, Antioquia y Valle. La Convención, de acuerdo con la concepción del ELN, es el espacio de construir consensos con la sociedad acerca de las reformas que pueden consolidar un Acuerdo de paz. Este es el mecanismo para el despliegue del acompañamiento de las organizaciones sociales, gremiales, de paz y de derechos humanos y comisiones facilitadoras. Con su concurso, se deben elaborar cronogramas, agendas y procedimientos con un tiempo delimitado para construir lo que el ELN llama Gran Acuerdo Nacional por la Paz. Para la protección de los sitios definidos para la Convención Nacional debe hacerse un acuerdo ELN - Gobierno que garantice el acompañamiento y veeduría internacional. 3. Negociación Sustantiva.

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La ubicación de la fuerza armada del ELN en las zonas para la Convención Nacional, debe ser simultánea a la ubicación de la Comandancia y equipos negociadores del ELN en la Zona de Encuentro. Ello para garantizar la continuidad de la negociación y la seguridad de comandantes y negociadores. En esta zona se debe perfeccionar la concreción de los Acuerdos humanitarios, el diseño de procedimientos para la negociación sustantiva, la Agenda temática y el diálogo político permanente de los negociadores con la nación. La Agenda de temas sustantivos que esta negociación ELN - Gobierno puede abordar está referida a.: -

Acuerdos Humanitarios (perfeccionamiento). Constitución de 1991 y Reformas políticas. Protección y explotación de los recursos naturales y energéticos. Reordenamiento territorial y descentralización. Reformas económicas: Por una economía a escala humana. Reformas sociales: Los objetivos del Milenio de la ONU. Seguridad Humana: Por un concepto democrático de la seguridad.

Independientemente del “Gran Acuerdo Nacional por la Paz”, salido de la Convención Nacional, la Agenda de temas sustantivos para la negociación ELN - Gobierno se construye en la mesa de negociaciones en la cual se deben delimitar también los objetivos y alcance de los acuerdos sobre reformas a que aquí se llegue. Para la búsqueda de estos Acuerdos es conveniente la presencia en la mesa de negociaciones, como mediadores, de acompañamiento nacional (sociedad civil) e internacional (países amigos). La firma de los Acuerdos requiere también de una veeduría internacional para garantizar su cumplimiento. Para blindar el Acuerdo de paz y crear un mayor compromiso de la sociedad colombiana con los procesos de reconciliación, es conveniente un Referendo nacional ratificatorio del Acuerdo de paz, celebrado durante los seis meses posteriores a la firma del Acuerdo. 4. Acuerdos de DDR. (Desarme, desmovilización, reinserción). Hay ya suficiente experiencia nacional e internacional sobre los temas del DDR, pero aquí se debe contar con la participación directa de la ONU y sus agencias. No sólo por la complejidad del proceso sino porque va a coincidir en parte con la desmovilización y reintegración de las autodefensas. El necesario apoyo económico de la comunidad internacional al proceso puede ser canalizado por esos organismos. Un elemento necesario de abordar es el de las condiciones jurídicas de la desmovilización que no pueden ser las mismas de la Ley 975 negociada con los paramilitares. En el marco del Derecho Internacional Humanitario y de la necesidad de verdad, justicia y reparación, el proceso de paz con el ELN debe asumir los criterios de la Justicia transicional y de mecanismos que permitan la justicia posible

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

PM

para asentar un proceso de reconciliación con verdad suficiente y reparación restaurativa. Para ello es preciso el compromiso del poder legislativo. Los mecanismos de desarme deben contemplar no solo la recolección de las armas en poder de los combatientes que debe estar a cargo de organismos internacionales, sino la continuidad del proceso de desminado y la promoción de una cultura de negociación de conflictos comunitarios en la cual pueden especializarse los mismos desmovilizados. La desmovilización de los combatientes del ELN debe proyectarse teniendo en cuenta la implantación regional de la fuerza y la actividad política y social que seguirán desarrollando en sus comunidades. El esquema de condiciones de seguridad, condiciones jurídicas, reinserción social, participación política para los excombatientes, debe complementarse con programas de desarrollo regional como se hizo en las negociaciones de los 90, mucho más dado el carácter societal del ELN. Más allá de estos particulares Acuerdos de DDR con el ELN, el país debe prepararse para un proyecto nacional de reconciliación, cuando sea posible, ojalá muy pronto, que todas las espadas se conviertan en arados.

Posible Hoja de Ruta del Proceso de Negociación del ELN.

Concluida la etapa de la “ Casa de Paz” la pregunta es cómo continuar. Está Claro que eso depende de la voluntad del Coce para tomar la iniciativa en esta coyuntura. Se trata de diferenciar dos momentos. Uno de diálogo y otro de negociación. El primero retomando los acercamientos que había trabajado el embajador Valencia para sentar a una mesa al Gobierno y al Coce con el objeto de discutir los temas de tregua bilateral y Acuerdos Humanitarios, ocasión también para que el ELN haga su propia campaña política de propuestas al país en el marco del debate electoral. El segundo, el de la negociación, asumiendo con el Gobierno que se posesione el 7 de Agosto de 2006, cualquiera que sea, la discusión de una Agenda de temas sustantivos para el Acuerdo de Paz con el horizonte claro de la transición a la actividad política legal. Es de suma importancia acompañar el proceso de diálogo ELN - Gobierno con una dinámica de acuerdos políticos con los diferentes Partidos y fuerzas políticas, que permita blindar el diálogo y la negociación con el necesario consenso político que requieren. Igualmente el acompañamiento de la Sociedad Civil al proceso que debe tener su concreción en la realización de la Convención Nacional. Aún independientemente de la Convención, la sociedad civil debe desarrollar su propia Agenda, definida en el Encuentro de Iniciativas de paz de septiembre pasado, de tal forma que los diálogos con el ELN contribuyan a despejar los caminos de Acuerdo nacional por la reconciliación. El espacio de diálogo debe recuperar la credibilidad de la sociedad colombiana en el proceso de negociación con el ELN y recuperar igualmente el acompañamiento del

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Grupo de Países Amigos y el compromiso de la comunidad internacional con el proceso de negociación y paz que pueda traducirse, por ejemplo, en la revisión del tema de la lista de los grupos terroristas y en el apoyo político y económico. El tiempo político para el inicio de este proceso coincide con el término de la desmovilización de las Autodefensas y con la campaña política electoral del 2006. Esto va a marcar la Agenda jurídica de la negociación con los temas de la Verdad, la Justicia y la Reparación y la Agenda política con el debate sobre la Paz y el papel de la negociación en la campaña de reelección del Presidente Alvaro Uribe y en la redefinición del mapa político del país. Igualmente tiene incidencia en los desarrollos del conflicto político y armado con las Farc. Pero además esta negociación coincide con la celebración de los 15 años de la Constitución de 1991 que fue el resultado de las negociaciones de Paz de comienzos de los años 90 y el referente de las negociaciones posteriores, y cuyo espíritu de Pacto de Paz en torno a un Estado Social de Derecho pretende ser revertido por el proyecto de Seguridad Democrática del presente Gobierno. El tema de la Democracia debe ser preocupación central en la Agenda de negociación.

Etapas

1. Casa de Paz. El diálogo con la Sociedad Civil. (2005). Discusión con diferentes sectores de la Sociedad colombiana sobre cómo remover los cinco obstáculos que plantea el ELN para la negociación. Resultados Esperados: Llamamiento desde la sociedad civil al ELN y al Gobierno para asumir la etapa de diálogos directos. 2. Etapa inicial de diálogo directo ELN - Gobierno. (Dic. - Enero - Febrero 2006). -

Mesa de Acercamiento Coce - Gobierno en el exterior. Objetivo, convenir tregua bilateral (seis meses) y sus condiciones: Financiación, Veeduría Internacional. Discusión de Agenda humanitaria. (1) Campaña política del ELN hacia la sociedad colombiana en el marco del proceso electoral. Búsqueda de acuerdos con los diferentes Partidos y Fuerzas políticas que permitan un consenso político para la negociación.

3. Tregua Bilateral (Abril- Septiembre de 2006) -

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Concreción de Acuerdos Humanitarios Diseño de procedimientos para la negociación. Construcción de Agenda Temática. (2) Diálogo político del ELN con la nación.


Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

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4. Negociaciones de Paz ELN - Gobierno. En Colombia. (Sept. 2006 - Feb. 2007) -

Cese del fuego y de hostilidades. Discusión de Acuerdo sobre Fases de la Negociación, metodología y cronograma. Zonas de Encuentro para la Convención Nacional. Convención Nacional. (Compromiso por acuerdo final de Paz) Comisiones negociadoras. Acompañamiento y Veeduría Internacional. Abordaje de la Agenda Sustantiva: Reformas políticas, recursos naturales, reformas económico - sociales. Participación política. Acuerdo de Paz. Referendo ratificatorio del Acuerdo de Paz.

5. Reinserción y Reconciliación. -

Esquema de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR). Condiciones de Seguridad. Formas de participación política. Programas de Desarrollo regional. Agenda de Reconciliación (Hacia una Asamblea Nacional Constituyente)

6. El Posconflicto. -

Participación como fuerza política legal en las elecciones municipales y regionales de 2007.

(1) Agenda Humanitaria. -

Minas antipersonal, y armas de destrucción masiva indiscriminada. No vinculación de menores a la guerra. Prohibición del desplazamiento y confinamiento forzado. No utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Prevención y protección de la población civil. Protección y facilidades plenas a la misión médica. Liberación de las personas privadas de la libertad en medio del conflicto.

(2) Agenda Temática Sustantiva.

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Constitución del 91 y Reformas Políticas. Protección y explotación de los Recursos naturales y energéticos. Reordenamiento territorial y descentralización. Reforma Económica: por una economía a escala humana. Reformas sociales: los Objetivos del Milenio de la ONU. Seguridad Humana.

Fernando Hernández Valencia. Escuela de Cultura de Paz Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, Febrero de 2006. (Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor).

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Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodología

PQ

Bibliografía. -

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Corporación Nuevo Arco Iris. ”El Regreso de los Rebeldes”. Cerec, Bogotá. 2005. Medina Gallego Carlos. “ELN: Una historia contada a dos voces.” Rodríguez Quito. Bogotá. 1996. Kirk Robin. “Más terrible que la muerte: masacres, drogas y la guerra de Estados Unidos en Colombia”. Piados. Barcelona. 2005. Villarraga Alvaro (comp..). “Exigencias humanitarias de la Población Civil hacia el logro de compromisos y acuerdos humanitarios”. Fundación Cultura Democrática. Bogotá. 2005. Corporación Observatorio Para la Paz. “Las verdaderas intenciones del ELN. Intermedio. Bogotá. 2001. Camacho Guizado y Leal Buitrago (comp..). ”Armar la paz es desarmar la guerra”. Cerec. Fescol. Bogotá. 1999. Holmes Trujillo. Carlos (Editor) “Al oído de Uribe: Cómo Iniciar un nuevo Proceso de Paz en Colombia. Oveja Negra. Bogotá, 2002. Camacho G. y Leal Buitrago comp. “Armar la Paz es Desarmar la Guerra”. Iepri. 1999. Paz Colombia. “Colombia: construcción democrática de la paz”. Asociación Minga. Bogotá. 2001. Bowden Mark. “Matar a Pablo Escobar”. RBA. Barcelona. 2001. PNUD. “El conflicto, callejón con salida”. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003. Rettberg Angélica (comp..). “Entre el perdón y el paredón”. Universidad de los Andes. Bogotá. 2005. Gonzalez Fernán, e.a. “Violencia Política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción de Estado”. Cinep. Bogotá. 2003. Fisas Vicenç. “Procesos de paz y negociación en conflictos armados”. Piados. Barcelona. 2004. Kaldor Mary. “La sociedad civil global: una respuesta a la guerra”. Tusquets. Barcelona. 2005. Springer Natalia. “Desactivar la Guerra: alternativas audaces para consolidar la paz”. Aguilar. Bogotá. 2005. Springer Natalia. “!Negociar Ya! Las razones jurídicas”. Fundación Ideas Para la Paz. Bogotá. 2005. Pardo Rueda Rafael. “De Primera mano: Colombia 1986 –1994. entre conflictos y esperanzas”. Norma. Bogotá. 1996. Fernández de Soto Guillermo. “La Ilusión Posible: un testimonio sobre la política exterior colombiana”. Norma. Bogotá. 2004. Revista Foro. No. 54. Bogotá. Agosto de 2005. Revista Foro. No. 55. Bogotá. Octubre de 2005. Revista Accord.” Colombia entre la guerra y la paz, alternativas a la guerra”. Documentos No 20. Indepaz. 2004.


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PR

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Revista Controversia. Segunda Etapa No. 79. Diciembre de 2001. Revista Controversia. “Alternativas a la guerra, iniciativas y procesos de paz en Colombia”. Accord. Cinep. Londres - Bogotá. 2004. Revista “Hechos del Callejón”. No. 2. PNUD. Bogotá. Abril de 2005. Revista “Hechos del Callejón”. No. 5. PNUD. Bogotá. Junio de 2005. Revista “Alerta 2005: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz”. Escuela de Cultura de Paz. Universidad Autónoma de Barcelona. Icaria. Barcelona. 2005. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co www.eln-voces.com

Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodológica (Marzo de 2006)  

Autores: Fernando Hernández Valencia, Fescol, Corporación Nuevo Arco Iris.

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