Page 1

1

Memorias


Presentación El lunes 4 de abril de 2011 en el Auditorio Lleras, la Universidad de los Andes y la Corporación Nuevo Arco Iris conscientes de la trascendencia que para el país tendrá la aprobación del proyecto de ley “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”, generaron un espacio de debate en el cual desde el punto de vista académico y jurídico representantes de distintos sectores de la sociedad manifestaron su posición respecto de algunos de sus temas esenciales. El evento contó con la presencia en el panel de apertura de la doctora Helena Alviar García, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el doctor Eduardo Cifuentes ex Defensor del Pueblo y catedrático de la misma universidad, el señor León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y el señor Armando Benedetti presidente del Senado de la República quienes expresaron su visión general acerca tanto del proyecto de ley como del contexto nacional en que el mismo se da y las perspectivas de reconciliación que ofrece. Se pensaron dos paneles en los cuales se abordaran los temas que mayor polémica han generado en el proceso de construcción del proyecto de ley no solo al interior del Congreso sino también durante los diálogos regionales y en diversos espacios de discusión. En este orden de ideas el primer panel sobre los “aspectos polémicos del proceso judicial de restitución de tierras” buscó abarcar los temas de doble instancia y requisito de procedibilidad así como algunas referencias a los conceptos de derecho de superficie y de bien utilidad pública que se incluyeron en la ponencia para tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República y que por su complejidad solo fueron mencionados tangencialmente. Este primer panel contó con la presencia del representante a la Cámara Guillermo Rivera, el senador Roy Barreras y la ex senadora Cecilia López. El asesor del Ministerio de Agricultura, Alejandro Reyes, estuvo presente los momentos previos al comienzo del panel pero presento excusas y debió retirarse por solicitud directa del ministro de Agricultura quien solicitó su presencia a último momento. En el segundo panel denominado “Institucionalidad pertinente para la ejecución de las medidas de atención y reparación integral a las víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario” participaron el doctor Miguel Samper, director de Justicia transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, la Comisionada Patricia Buriticá de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la señora Luisa París, en representación de la directora de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo, doctora Patricia Luna, y el doctor Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado. A continuación se presentan las intervenciones de los panelistas con respeto de la posición desde la cual lo hicieron, así como sus respuestas a las preguntas hechas por el público asistente.

2


HELENA ALVIAR GARCÍA Decana, Facultad de Derecho Universidad de los Andes La intervención de la decana buscó hacer énfasis en que este proyecto de ley es un avance significativo en un largo camino que debe recorrer la sociedad colombiana en búsqueda de la garantía de los derechos de las víctimas, y que en este sentido deberían modificarse algunos temas del proyecto de ley que aún preocupan porque no buscan hacer efectivos estos derechos. Sobre los mismos hizo referencia principalmente a la fecha de retroactividad de la ley que establece un trato desigual entre las víctimas así como al concepto de víctima que trae el proyecto el cual aún presenta algunas deficiencias. Manifestó igualmente que el proyecto de ley habla de medidas a favor de las víctimas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, pero omite que las víctimas han sufrido vulneraciones y daños en todas las categorías de derechos por lo que debería atenderse esta situación dentro de la iniciativa. Finalizó su intervención haciendo un reconocimiento a la importancia de generar estos debates en la academia y de vincular al conjunto de la sociedad en este loable propósito. LEÓN VALENCIA Director Ejecutivo Corporación Nuevo Arco Iris Inició su intervención mencionando que antes de la década de los ochenta existían grupos armados pero la percepción de la sociedad era sentir la violencia como una cosa aislada, sin embargo fue a partir de esta época cuando todos los actores violentos del país estallaron y comenzaron a destruirlo. Por eso la ley de víctimas que ahora se discute debería estar dentro de un proyecto mas amplio de reconstrucción del país y a pesar de que en el Congreso no se le dio este nombre, con lo que esta planteando el gobierno si se siente o se da a entender que es un proyecto de reconstrucción en lo que se esta pensando, lo cual debiera igualmente reflejarse en hechos concretos y por eso este proceso debería estar en el centro del plan de desarrollo y además debe motivar una transformación del conjunto de la institucionalidad colombiana que debe empezar a girar también en torno a las víctimas. Por eso reiteró que en distintos espacios ha planteado su propuesta del Ministerio de la Reconciliación para reunir todas las iniciativas que se hagan en este sentido y

3


que igualmente agrupe todas las instituciones que tienen competencias en el tema de víctimas que hoy se encuentran dispersas, con el fin de obtener una coordinación mas efectivade las políticas a favor de esta población aún en medio del conflicto en que estamos. Continuó haciendo alusión a que este proceso es una tensión de fuerzas que implica una lucha contra la derecha indolente del país por parte de un sujeto político de la sociedad que debe estar conformado por todos los sectores que la conforman, esto en razón a que todo lo adquirido con violencia como las tierras despojadas se defiende con violencia, refiriéndose a una cita que de Gandhi había hecho en días pasados el Presidente de la República. Insistió en que a pesar del debate público que hay en el país, el tema de víctimas aún no moviliza al país como por ejemplo lo movilizó en torno a la seguridad democrática, y mostró la necesidad de quela gente movilice de la misma forma pero esta vez a favor de las víctimas y el proyecto de reconstrucción nacional porque hay temas en el Congreso que aún no están superados como la fecha de retroactividad de la ley, la definición de víctima y la sostenibilidad fiscal del proyecto que requieren de un apoyo de todos para sacarlos adelante. Sobre esto último señaló como algunos congresistas que han sido generosos con las decisiones tributarias y llenaron de exenciones tributarias a los ricos de este país ahora pretenden cambiar su discurso para ser muy rigurosos y juiciosos fiscalmente, expresó que a ellos es que la opinión pública y la sociedad colombiana deben enfrentarlos públicamente para decirles que el país se la esta jugando por el tema y su respuesta no debe ser inferior.

EDUARDO CIFUENTES Ex Defensor del Pueblo Comenzó diciendo que como en Colombia somos fanáticos de las efemérides, de las celebraciones, debemos tener en cuenta que en 25 años se cumplen cien años de la ley 100 de 1936, que es la ley de tierras fruto de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, un hito normativo en materia de búsqueda de la equidadla cual fue muy concebida para que la tierra fuera de quien la trabaje pero que desafortunadamente se quedo solo escrita. Continuó comentando que en la década de los setenta todas las iniciativas agrarias fracasaron y fue precisamente después de eso cuando los grupos armados y el narcotráfico emprendieron la labor sistemática de destrucción del remanente de equidad que podía tener la distribución de tierras en Colombia, que fueron mas de 600.000 familias despojadas de sus tierras, mas de 6.000.000 millones de hectáreas

4


arrebatadas a los campesinos quienes como clase hoy día se encuentran en vía de extinción en nuestro país. Dijo que por lo anterior es que este es un proyecto revolucionario pero finalmente minimalista y que el mismono es un acto de bondad ni del Congreso ni del Presidente sino de justicia, y de una justicia mínima que aún parece utópica, porque lo que debería cumplirse es la máxima de Ulpiano de Dar a cada quien lo suyo y de esta manera restituir integralmente lo que se perdió. Igualmente señalo que esto debería tener un mayor impacto público porque va a cambiar la economía política hacia el futuro, pues vamos a ensayar si podemos tener una verdadera clase campesina, si podemos tener justicia mínima en la distribución de las tierras, ysobre todo vamos a ensayar si podemos superar las causas originarias del surgimiento de las guerrillas. De la mano de lo anterior manifestó que esta es la última oportunidad que tiene el país de hacer justicia y por eso el país tiene que rodear este proyecto yno puede seguir siendo un país cínico, pues si dilapidamos esta oportunidad va a haber enormes consecuencias adversas en el futuro; además no podemos simplemente seguir incrementando el patrimonio de las buenas leyes escritas tal como sucedió con la ley 387 de 1997, modelo en el mundo que sin embargo la Corte Constitucional ha debido impulsar a través de la T-025 y sus autos de seguimiento por la incapacidad del Estado para ponerla en práctica. Dijo que estos actos mínimos de justicia tienen enemigos por doquier en la burocracia regional y en la clase política así como en los actuales poseedores, razón por la cual la iniciativa del gobierno necesita apoyo ciudadano también en los otros aspectos de la ley como las medidas de atención y de indemnización, sobre todo porque esta ley no puede seguir dilapidando la utilización de mecanismos propios de la justicia de transición que hoy ya se encuentran erosionados debidoa lo ocurrido con la mal denominada ley de justicia y paz. Finalizó su intervención diciendo que este y otros debates son necesarios porque estamos ante la posibilidad de darle a la sociedad otro sentido de justicia, instituir una nueva economía política que busque sanar de fondo las heridas y no simplemente promover de manera retórica la cohesión social, pues si estas leyes no se expiden, pero peor si no se cumplen, afectarían gravemente el Estado de Derecho y los mínimos de justicia de una manera que ya no sería soportable para las nuevas generaciones.

5


ARMANDO BENEDETTI Presidente Senado de la República Por su parte el presidente del Congreso comenzó su intervención destacando que con esta ley de víctimas el congreso nacional tiene una oportunidad inmejorable para demostrar que la ley en sentido formal es en si misma un mecanismo idóneo para promover el desarrollo de la inclusión social. Así mismo mencionó que esta es una oportunidad histórica para que las tres ramas del poder público de nuestro país y la sociedad en general reconozcan, formulen y ejecuten medidas reparadoras para las víctimas de la violencia puesto que para un país es necesario ser solidario con lo que le sucede a sus conciudadanos porque además la atención a las víctimas un elemento esencial del pacto social y vivir en un Estado donde solo importe el bienestar personal hace que el mismo sea inviable. Continuó su intervención mencionando que desde el 2008 viene exponiendo la necesidad de atención a las víctimas y de un proceso de reinserción real y efectivo que respete los derechos de las víctimas y que sobre todas las cosas cuente con fuertes elementos de verdad. En si sentir la ley de victimas debe ser prioritaria en la agenda nacional e implica reconocer los avances de la misma pero también reconocer que hay expectativas que no pueden ser satisfechas a través de la ley por si sola, por eso estadebe ser solo una de las muchas medidas o instrumentos para intentar reparar a las víctimas. Igualmente dijo que h ay ciertas estrategias que requieren un mayor compromiso por parte del Estado colombianoy enunció las siguientes: 1. Implementación de un programa de protección efectivo sobre todo en las zonas rurales. Allídonde hay dos millones de hectáreas despojadas y cuatro abandonadas deben detectarse las principales dificultades para que no pueda garantizarse de manera inmediata la no repetición de los hechos victimizantes, teniendo en cuenta que aún persisten los hechos violentos y que al Estado le tomará años garantizar las condiciones de seguridad a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho. 2. También se debe reconocer que aún falta mucho camino por recorrer en un proceso de reconciliación real y efectivo entre víctimas y victimarios que permita una verdadera cohesión social para un desarrollo mas incluyente. 3. Deben reconocerse las dificultades que aún hay para que las víctimas puedan ser restituidas en sus bienes muebles y semovientes porque su derecho no va solo a los bienes inmuebles sino sobre todo su patrimonio.

6


4. Lo que se esta haciendo a través del proyecto de ley no es un derecho nuevo para las víctimas, esto ya existe en nuestra constitución y es desarrollo de los compromisos internacionales asumidos por Colombia que ya hacen parte de nuestro ordenamiento jurídicoreiterando que la expedición de esta ley es solo un primer paso dentro del largo camino de la reconciliación nacional. 5. La sociedad en general y las víctimas en particular deben tener claro que es lo que pueden esperar de este proyecto de ley y que es lo que no pueden esperar del mismo. Los anteriores son los puntos en los que consideró se debe tener precaución porque son limitaciones que tiene el proyecto de ley,sin embargo dijo que así como se reconocen limitaciones también deben reconocerse sus avances, de los cuales destacólos siguientes: 1. En el texto se reconoce la calidad de víctima de toda persona que haya sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario independientemente del victimario. 2. En el capítulo donde en mayor medida se podrán realizar los propósitos del proyecto es en el de restitución de tierras donde de acuerdo con el Ministerio de Agricultura serán seis millones de hectáreas sobre los cuales mediante mecanismos expeditos se restituirán los predios a sus poseedores originales para lo cual se ha acudido a mecanismos innovadores como la inversión de la carga de la prueba. 3. Se debe contar con la colaboración armónica del estado, de las víctimas, de la sociedad y el sector privado este último que puede jugar un papel muy importante en este proceso de reconstrucción del Estado. 4. Habrá enfoque diferencial en el otorgamiento de las medidas de la ley. 5. En su sentir el proyecto de ley aclara que las medidas de asistencia no constituyen reparación y por eso se avanza en lo que ha venido demandando la Corte Constitucional. 6. Se crea un sistema de información y un mecanismo de seguimiento así como una institucionalidad que ejecute las medidas establecidas en la ley. Finalizó su intervención diciendo que con este mensaje que lleva el proyecto de ley el Estado visibiliza a las víctimas y les recuerda que no están solas, les dice que pueden tener la expectativa de que serán reparadas reconociendo que existen limitaciones fiscales pero con una voluntad política del aparato estatal para que esta ley sea una realidad.

7


PRIMER PANEL Aspectos polémicos del proceso judicial de restitución de tierras

8

ROY BARRERAS Senador de la República Comenzó su exposición diciendo que los hechos de violencia que ocurrieron nos siguen ocurriendo y en ese escenario de crímenes oprobiosos que la sociedad rechaza se esta tramitando y se aplicará la ley dijo igualmente que habrá ley, que será la mejor posible y que probablemente en un mes ya haya finalizado su trámite. Quiso hablar en este foro sobre los temas de la ley que particularmente generan mas debate y procedió a tocar los relacionados con el capitulo de tierras según le fue solicitado para el panel. De esta forma explicó que en el proyecto original se contemplaba un procedimiento expedito de restitución en cuatro meses con la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima pero en la ponencia para primer debate en Senado de la República se incluyeron temas que generan debate pero que sin duda mejoraron la ley. Dijo que este debate se puede explicar reduciéndolo al punto de justicia para los reclamantes de tierras contrala seguridad jurídica, esto porque es perfectamente posible que así como la mayoría de las víctimas lo son, también haya quienes quieran aprovecharse y sacar ventaja siendo falsos demandantes, demandantes temerarios y así como la mayoría de los jueces son probos hay algunos que puedan ser constreñidos y otros cobardes y por eso desde su partido se consideró necesario hacer ciertas previsiones. La primera de ellas consistente en incluir un recurso extraordinario de revisión que se decide en la Corte Suprema de Justicia en una sala de tierras porque en las regiones el magistrado de tribunal igualmente pude sufrir todo tipo de presiones.


Explicó que el segundo elemento de previsión es que ahora no son salas comunes sino salas especializadas para que dentro de ese gran mar de expedientes que ya congestionan los tribunales el de las víctimas reclamantes de tierras no sea uno mas. La tercera previsión es la inclusión del requisito de procedibilidad que implica un estudio técnico con expertos en sesenta días para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras le mande el proceso a la justicia y allí lleguen solo los casos que ameritan ser revisados, convirtiéndose en un filtro técnico para ordenar la restitución y que la misma se de por zonas determinadas que correspondan a las zonas focalizadas por el gobierno nacional. También mencionó que los cuatro meses son un tiempo muy corto que puede reñir con algunas garantías procesales como por ejemplo los seis meses para interponer el recurso de revisión, esto en razón a que las causales de procedencia no se alcanzan a configurar en este lapso, pero si se da mas tiempo se corre el riesgo que el proceso se asemeje mucho a uno ordinario contraviniendo la voluntad de celeridad con el que se creo. Hizo énfasis en que definir a quienes se les va aplicar la ley es otro debate que también debe darse en las facultades de derecho. Así, dijo que el proyecto no es para las víctimas de delitos comunes y las BACRIM son grupos meramente delincuenciales por lo que en su sentir allí hay una contradicción, estas bandas tienen mando, tienen jerarquía y tienen control de territorio,pero sin embargo este debate en el congreso decidió aplazarse para no entorpecer la ley de víctimas y trasladarlo a un próximo debate que se de sea en el escenario de una modificación de la ley de justicia y paz o de una nueva ley en la que se amplíe la construcción del marco jurídico para la paz. Mencionó que otro punto de debate es el que tiene que ver con que algunos defienden la creación de una institucionalidad específica para la atención a las víctimas y dijo que para defender esta idea tienen potísimas razones como que las víctimas lo merecen y la ley lo necesita, así como que se debe diferenciar la atención de víctimas y de población vulnerable; sin embargo dijo que estos se enfrentan a quienes dicen que esta debe ser una ley de inclusión social y que la mayoría de las víctimas son pobres por lo que no se deben construir ghettos para las víctimas sino hacer un esfuerzo estatal por promover la inclusión social. Dijo que se ha intentado acoger la propuesta de León Valencia sobre construir un Ministerio de la reconciliación pero con la creación de un nuevo Departamento Administrativo de la presidencia que se encuentra al mismo nivel de los ministerios el cual tenga mas fuerza y más carácter y se dedique a todos estos temas en perspectiva de reconciliación. Continuó diciendo que se debe ser muy cuidadoso para poder construir una ley justa y sensata sin caer en lo que las leyes que buscan la reconciliación precisamente buscan evitar que es la polarización,la estigmatización y la utilización política de las leyes porque acá lo que interesa son las víctimas, por eso en estas leyes se debe ser

9


sensato y tranquilo tratando de entender al otro, por eso hay que ser cuidadosos al usar algunas frases como “enemigos de la ley de víctimas”, pues si debe haber enemigos estos deben ser los victimarios y despojadores, pero no a cualquiera que haga una crítica sensata desde la academia o desde el Congreso se le puede catalogar como enemigo porque quienes desde el Congreso hacen observaciones a la ley han sentido que esta es intocable y no se le pueden hacer críticas. Expresó que los colombianos deben saber que esta ley los va a afectar fiscalmente a todos, y ellossin duda la van a pagar y la pagaran de buena gana, pero tienen derecho a saber cuanto les va a costar, igualmente dijo que es justo pagarla pero se atreve a cuestionarla fiscalmente en respuesta al llamado de León Valencia de enfrentar con argumentos a quienes ahora tienen preocupaciones por el costo de la ley y dijo que sentía que podía hacerlo porque también se ha atrevido a enfrentar a la extrema derecha y a los asesinos que se oponen a la ley,a quienes les dice que la ley se va a aprobar. También mencionó que el proceso que no acepta cuestionamientos tiende a producir errores por lo que esta ley que en su sentir no tiene precedentes en el mundo, en donde se hace un esfuerzo inmenso de reparación, debe aceptarlos para no cometerlos y finalizó diciendo que por eso también se propuso el mecanismo de conciliación para el contenido patrimonial de la reparación porque cuando la víctima reciba la indemnización administrativa que debe recibir no puede salir a demandar al Estado por la vía judicial este mismo contenido patrimonial aunque si las demás medidas, porque de lo contrario el país nunca va a terminar de pagar esta indemnización. GUILLERMO RIVERA Representante a la Cámara Para el representante a la Cámara fue necesario poner en contexto la totalidad de la ley para que se entendiera cual es el papel del capítulo de restitución de tierras. De esta forma contó que desde su perspectiva la ley tiene tres grandes partes, una referida a las medidas de ayuda humanitaria que hoy en Colombia ya existe toda vez que el Congreso desde 1993 ha venido cada cuatro años prorrogando la que es conocida como la ley de orden público que busca socorrer a la víctimas de manera inmediata a la ocurrencia de los hechos victimizantes, y este proyecto de ley lo que hace es ordenarlas de manera un poco más armónica pero reiteró que las mismas ya existen. El segundo gran capitulo es el referido a las medidas de asistencia que buscan la inclusión social de la población víctima porque en Colombia la inmensa mayoría de esta población es vulnerable también y por eso se busca priorizar a las víctimas en el marco de la política social del Estado Colombiano. Precisó que la gente comúnmente cree que a cinco millones de personas les van a entregar un cheque y eso no es así porque lo que mas cuesta de la ley son estas medidas que no se entregan en dinero y que entre otras cosas ya son una obligación del Estado

10


Colombiano porque como se dijo la inmensa mayoría de las víctimas son a su vez población vulnerable y lo que se busca es priorizar su atención frente al resto de la población vulnerable que es mucho mas numerosa. Continuó diciendo que la Corte constitucional ha venido exigiendo del Estado el cumplimiento de estas medidas de asistencia a la población víctima a través del seguimiento a la sentencia T 025 de 2004 y sus autos, todo lo cual reitera que la parte más onerosa de esta ley, aproximadamente 40 billones de pesos igual debe ser satisfecha con o sin la ley de víctimas. Dijo que el tercer gran bloque de la ley de víctimas corresponde a las medidas de reparación cuyo concepto es universal y buscan aproximar a la víctima al estado previo a los hechos victimizantes, y comprende varios mecanismos como la indemnización que en el proyecto como novedad se hace por vía administrativa, como las medidas de satisfacción que tienen que ver con el resarcimiento moral y redignificación de las víctimas, también las garantías de no repetición y para entrar en materia se refirió finalmente a las medidas de restitución patrimonial que no son solo los bienes inmuebles, sino de todo el patrimonio lo cual sin embargo es un debate que aún resta por ganar. Sobre el capitulo de tierras del proyecto de ley, explicó que este trae un procedimiento mixto que combina el procedimiento administrativo a cargo de la unidad administrativa especial de restitución de tierras, el cual busca consolidar un registro de tierras despojadas fruto del cruce de información de las bases de datos hoy existentes en Colombia que no son pocas, y de un trabajo de campo multidisciplinario que igualmente estaría a cargo de esta unidad para levantar el catastro real previo a las violaciones masivas de los Derechos Humanos, todo lo cual constituye el llamado requisito de procedibilidad. También explicó que una vez cumplido este trámite, el juez de restitución esta obligado a decretar la restitución, y el aspecto litigioso será saber si el tercero que tiene una relación con el bien sobre el cual ya fue decretada la restitución esta ejerciendo esta relación con el predio a título de buena fe exenta de culpa, porque si esto se da, el juez deberá ordenar la compensación a favor de este tercero, y es acá donde surge la figura de la inversión de la carga de la prueba porque a quien por orden judicial se le vaya despojar de esa tierra le corresponderá probar la buena fe exenta de culpa para obtener no la tierra sino la compensación en dinero. Ahondó en este punto y estableció que debe ser buena fe exenta de culpa, porque todos sabemos por distintas fuentes sean académicas, periodísticas, judiciales o por lo que ha surgido en el marco de la ley de justicia y paz, que mucha gente se aprovecho de la situación de violencia generalizada a sabiendas de ella, para comprar tierras a precios irrisorios y de esta forma sacar ventaja de que los campesinos estaban dispuestos a vender a cualquier precio para que con el dinero pudieran desplazarse con sus familias con el fin de salvar sus vidas.

11


De la misma forma se refirió a que en el Senado se dio el debate sobre la segunda instancia pero en la discusión de la Cámara no se hablo de la misma porque las decisiones de los tribunales de restitución de tierras pueden impugnarse ante la jurisdicción ordinaria y a esos que se aprovecharon de las condiciones de violencia generalizada les correspondería impugnar las decisiones a través de esta vía toda vez que la jurisdicción transicional expedita debe ser solo para las víctimas y no se debe ahora hacer que sean las mismas víctimas del despojo las que tengan que esperar años la restitución hasta que se decida la impugnación, razón por la cual este mecanismo de revisión sería aceptable únicamente si no se deba conceder por parte del juez en el efecto suspensivo cumpliendo la idea de que la decisión de instancia se ejecute mientras se decide la impugnación. También se manifestó el Representante a la Cámara en el sentido de que el estado poco haría realizando las restituciones pero dejando a los campesinos abandonados en ellas y por eso se recibe con buen ánimo la ley general de política de tierras que establecerá mecanismos de política pública para acompañar a los campesinos con subsidios, créditos y demás medidas que busquen su permanencia digna en los territorios restituidos. Sobre el fenómeno BACRIM expresó que este es un claro ejemplo de violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario porque hay control de territorio, jerarquía, organización delincuencial y cometen violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, y lo que pasa es que claro que son delincuencia común y no tienen ningún carácter político así como tampoco lo tenían los paramilitares pero este carácter de delincuentes comunes en nada impide que dados sus comportamientos puedan generar víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También aprovechó para referirse a lo dicho por Roy Barreras quien plantea su preocupación por desbordamiento de las demandas judiciales, sobre lo que manifestó que a este debate le ha faltado profundidad porque la caducidad de la acción de reparación directa es de dos años después de ocurridos los hechos y el reconocimiento como víctima en la ley no significa revivir los términos de caducidad de las acciones, por eso como ejemplo, se podrán reconocer víctimas de 1986 o de1990 para este proyecto de ley pero si esa víctima no presentó la demanda en tiempo ya la acción le caducó. Finalizó reiterando lo que planteó con anterioridad en la Universidad del Rosario asumiendo su parte de culpa en no haber sido capaz de seducir e involucrar a más sectores de la sociedad colombiana para que se movilicen en torno a esta iniciativa porque el tema debe ser una bandera de toda la sociedad lo cual ha hecho que estemos en mora de movilizarnos en torno a las víctimas que reclaman sus tierras y también ha llegado el momento en que el Estado debe mostrar medidas concretas en torno a la protección de los reclamantes de tierras solicitando una comisión de verificación internacional que se encargue de hacer seguimiento a las políticas que en materia de protección a estos líderes de restitución de tierras se están realizando en Colombia.

12


CECILIA LÓPEZ Ex senadora de la República La Ex Senadora buscó demostrar su argumento central según el cual en la restitución de tierras el debate no es solo jurídico, por lo que inició reiterando que este es un tema inaplazable por razones de justicia, de derechos y de democracia porque con lo maltratado que esta el sector agrario no se sabe como aún esta funcionando. Reiteró que la ley si debe salir lo mejor que se pueda pero no se puede hacer caso omiso de lo que esta sucediendo en el país ya que eso muestra que el debate no es solo jurídico para lo cual explicó tres grandes puntos. 1. El contexto rural: Explicó que desde 1975 y hasta 1990 el sector agrario reaccionaba ante la economía, así, si esta crecía el agro también lo hacía y si esta decrecía el agro se iban un poco mas abajo pero reaccionaba, sin embargo después de1990 con la denominada apertura económica se empieza a romper esta relación y es en el 2002 cuando definitivamente la relación se rompe por completo y cuando hubo crecimiento económico que no se daba en mucho tiempo el sector agrario no obstante se cayo. Manifestó que actualmente el agro es un sector estancado pero además se ha ampliado la brecha entre lo rural y lo urbano. Conforme a los resultados de un estudio elaborado en perspectiva de las mujeres desplazadas para el seguimiento que hace la Corte Constitucional a la sentencia T-025 se evidencia que la población rural esta en peores condiciones que la población urbana, así el hombre rural esta peor que la población urbana y la mujer rural esta peor que el hombre rural pero además la mujer desplazada esta peor que la mujer rural, peor que el hombre rural y por consiguiente peor que la población urbana, por eso la ley debe enfocar sus esfuerzos a la mujer desplazada que es la mas vulnerable de toda la población colombiana. Expresó que el modelo actual es un modelo minero que es el que se ha hecho crecer, pues la industria crece igual que siempre pero sin ser capaz de producir empleo decente y el sector agrario se encuentra estancado por eso la ley debe atender esta perspectiva. Siguió la exposición diciendo que hay una pregunta de fondo cuya respuesta arroja que solo el 5.8% de los desplazados quiere regresar a la tierra, esto porque nadie quiere regresar sin garantías de no repetición y sin apoyo productivo, y que aún a pesar de esto el gobierno no ha respondido que es lo que quiere poner a hacer a los desplazados y tiene un mensaje contradictorio pues por un lado dice que quieren retornar a la gente pero hasta el momento no hay apoyo ni seguridad y con los que se quedan en las ciudades aún no saben que van a hacer aún cuando saben que es en el campo donde son realmente productivos como lo demuestran los estudios de Ana María Ibáñez.

13


Finalizó este punto haciendo referencia a que no ha habido una política macro sobre el tema, y enfatizó en que este tipo de política no siempre requiere de ley, y poniendo presente que ya van siete meses de gobierno y los diez millones de campesinos todavía están esperando, porque puede que el gobierno tenga toda la intención pero aún no la ha materializado. 2. La razón de los homicidios de los líderes del campo: Al respecto señalo que en el campo están asesinando los líderes porque no se entiende el tema del agro y por el abandono al que se dejo hace quince años e identifico cuatro errores que se están cometiendo en la actualidad y que están desencadenando esta situación. El primero de ellos es que no se han tratado las causas profundas del problema entre las cuales se encuentra la desigualdad generada por las elites con avidez de renta y que mantienen gracias a que cuentan con representación política. El segundo es que el Estado no ha reconocido que actualmente estamos frente a un modelo feudal en lo rural y que existe un desprecio por el sector rural, por su cultura, donde las islas de modernidad son la excepción, donde el territorio y la cultura rural se mira desde una óptica urbana y donde la estructura de poder rural se mantiene y mantendrá intacta. El tercer error es creer que la seguridad democrática cambio la estructura rural de tipo feudal y violenta y explicó que el cuarto error es creer que al país urbano le interesa lo rural y peor aún que lo entiende. 3. Sugerencias sobre que hacer: Expresó que desde la experiencia acumulada en el tema se proponen algunos caminos sobre que hacer para reactivar el sector agrario, los cuales son los siguientes: 1. A pesar del gran trabajo que esto implica, se debe recomponer la sociedad rural, con una política integral clara que brinde seguridad real. 2. Manifestó que también se debe recomponer el gasto público de tal forma que se promueva el acceso a la propiedad para los pobres disminuyendo también los subsidios para los ricos y queel valor de la ley será reordenar el gasto para que los grandes empresarios no se queden explotando las tierras que en muchos casos despojaron a los campesinos. 3. Igualmente se debe enfrentar Informalidad rural que hoy alcanza el 70% Después de hacer la presentación general del tema la Ex Senadora manifestó sus conclusiones finales al afirmar que el problema del agro no se resuelve con una ley por perfecta que sea, que se requieren mensajes más claros del Gobierno porque el tiempo ya esta corriendo, que se necesita la decisión política de sacar a esta parte

14


agraria del país de esa vida oscura, violenta y sin futuro que no se resuelve solamente con asignarles tierra. También concluyó que urge un verdadero compromiso del país en cabeza del gobierno, para pagarle al campo la profunda deuda económica, social y de paz que le debemos a este sector para finalmente manifestar que este tema del agro no es otra locomotora más, es la que más necesita de todos a través del impulso de una verdadera estrategia de desarrollo rural con seguridad, para lo cual no necesariamente se necesita de ley, con inversión pública en institucionalidad para recomponer las instituciones que fueron capturadas, con investigación para la producción campesina y con nuevos interlocutores en el campo que no sean los mismos señores feudales de siempre y los mismos grandes empresarios. Cerró su intervención expresando que si no se reconoce la perversa estructura de poder que existe y si no va el paquete completo de intervención estatal así sea por regiones, seguirán matando líderes campesinos y con ello morirá la política que podría cambiar al país. RONDA DE PREGUNTAS 1. Fue seleccionada una pregunta que si bien no esta en relación directa con el tema propuesto para el panel revistió un gran interés por cuanto indagaba sobre si los contenidos del proyecto de ley suponen responsabilidad para el Estado en los términos de la resolución 60/147 de la ONU o demás instrumentos internacionales. A la misma respondió Roy Barreras en el sentido de que una de las consecuencias necesarias de la ley es que por supuesto el Estado asume responsabilidad y el mismo ya no ejerce una función solidaria sino una función responsable y así tiene que ser, lo cual va a tener consecuencias en tribunales internacionales por que hay obligación del Estado sea por acción o por omisión. En este momento aprovechó para complementar su intervención y responder a Guillermo Rivera sobre el tema de la segunda instancia, la cual dice no esta pensada para los victimarios y tampoco es la idea que se vayan a la jurisdicción ordinaria sino que en vista de que se consagran unos delitos pues estos victimarios vayan a la prisión, manifestó que igualmente esta pensada para corregir errores de demandas temerarias que pueden afectar los terceros de derechos de terceros de Buena Fe. También mencionó que en su sentir las víctimas de las BACRIM están incluidas dentro del proyecto no porque comentan infracciones al Derecho Internacional Humanitario sino porque cometen graves violaciones a los derechos humanos pues lo contrario sería graduar estos criminales con un status político que no poseen porque no tienen ninguna lucha por la construcción de una forma de país sino que se dedican solo a cometer actos delincuenciales comunes. 2. La segunda pregunta correspondió a Guillermo Rivera y tuvo relación con el status de las BACRIM y si deben considerarse responsables de infracciones al

15


Derecho Internacional Humanitario o de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. El representante Rivera manifestó que su tesis sobre las BACRIM parte de la misma base de la cual se partía en el debate que se tenía con el ex presidente Álvaro Uribe sobre el reconocimiento de las víctimas de los agentes del Estado, esto porque a las víctimas no se les debe hacer el reconocimiento con base en quien haya sido su victimario, sino con base en el hecho de que se hayan menoscabado sus derechos sea mediante una infracción al Derecho Internacional Humanitario o una Grave Violación a los Derechos Humanos. Complementó su respuesta manifestando que sobre las BACRIM hay numerosas evidencias que corroboran se carácter de organización delincuencial con jerarquía, y dominio territorial lo cual comparten con los paramilitares solo que estos últimos actuaban como un gran ejercito y las BACRIM como redes o franquicias delincuenciales. Señaló igualmente que muchas de las víctimas de las BACRIM han sido victimizadas a través de los mismos procedimientos utilizados por los paramilitares como por ejemplo la motosierra, que tienen las mismas rutas del narcotráfico,que también capturan las rentas territoriales y sin embargo no pueden tener un reconocimiento político por lo que se evidencia entonces que la ley reconoce las víctimas independientemente de su victimario y el conflicto se genera porque busca hacer una precisión con una redacción que resulta un poco desafortunada en la medida en que excluye a las víctimas de “la delincuencia común”, cuando la exclusión debe hacerse sobre las víctimas de delitos comunes,en razón a que nada obsta para que una organización criminal sin una motivación política pueda violar las normas del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. Finalizó respondiendo a Roy Barreras en el sentido de que por supuesto que los despojadores deben ir a la cárcel pero que en el marco de una justicia transicional expedita con mecanismos innovadores a favor de las víctimas no se deben establecer recursos que terminen por dilatar el proceso en beneficio de los victimarios, lo cual además no lesiona sus derechos porque hoy sin esos recursos aún pueden acudir a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo reiteró que aceptaría que este recurso se interpusiera siempre y cuando no se conceda en el efecto suspensivo y de esta manera la decisión de restituir la tierra se cumpla, esto porque el argumento del engaño a los jueces que justificaría revisar la decisión es relativo toda vez que la obligación del juez de decretar la restitución de la tierra surge única y exclusivamente después de la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de restitución después de hacer el registro. Complementó lo anterior al anotar que por esta razón no es la víctima quien eventualmente pueda engañar al juez, pues hasta ese momento procesal no ha intervenido en el trámite judicial y una vez la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras establece ese censo el juez no tiene otra alternativa que

16


decretar la restitución, siendo el aspecto litigioso posterior frente al tercero que se oponga a lo ya decretado por el juez, con el fin de determinar si este opositor se puede considerar con buena fe exenta de culpa o no. Además la ley consagra dos nuevos tipos penales para quienes de manera fraudulenta traten de favorecerse con las medidas de restitución por un lado y con el resto de medidas de la ley por el otro, previendo posibles abusos del derecho. Para dar cierre a este panel intervino Cecilia López para complementar su discurso sobre la crítica situación de las mujeres, pues en el proyecto de ley se establece el acompañamiento en los procesos de restitución de tierras por parte de la fuerza pública cuando el 85% de los abusos que son cometidos contra las mujeres desplazadas dentro del conflicto provienen precisamente de la fuerza pública según investigaciones serias que se han hecho sobre la materia.

SEGUNDO PANEL Institucionalidad pertinente para la ejecución de las medidas de atención y reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario

MIGUEL SAMPER Director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia Inició explicando que la idea de su intervención es poder hacer reflexiones sobre los aprendizajesque hasta el momento ha habido y los retos que se avecinan, todo en relación con el tema de la institucionalidad que fue solicitado para discutir en el panel.

17


1. De esta forma sobre los aprendizajes explicó que los mismos están dados por un marco de justicia de transición que se ha venido construyendo con distintos instrumentos como la ley 418 reconocía desde esa época la calidad de víctima de la confrontación armada así como también lo hicieron la ley 387 y luego la ley de justicia y paz que es la ley de transición por excelencia cuya reforma se estudia actualmente por parte del gobierno, en la Fiscalía y en el Congreso, y finalmente por laley 1424 expedida para sacar del limbo jurídico en el que quedaron las bases de los paramilitares después de la declaratoria de inexequibilidad de la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Corte Constitucional. Continuó explicando que con la ley 387 se creo el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada que en lo regional se articulaba con los comités y que buscaba coordinar las acciones de todas las entidades tanto en el diseño como en la ejecución de la política pública a favor de esta población. Manifestó que el proyecto de leyesta estructurado con base en los principios internacionales que rigen la materiay en esta medida si el acto de victimización es una Grave violación de Derechos Humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario la víctimas estará cobijada por las medidas de la ley, las cuales deben otorgarse dentro de un tiempo fijado por la ley, frente a lo que manifestó que la fecha es y será arbitraria porque el país dentro de toda la historia republicana ha estado en conflicto, pero es necesario establecer criterios y límites para saber quien es víctima y quien no en este marco transicional. Igualmente señaló que estos principios también son aplicables para las medidas de atención humanitaria de emergencia y las medidas de asistencia y de esta forma las mismas no serán descontadas de la indemnización como componente de la reparación integral y resultan aplicables también para las medidas de satisfacción y que buscan corregir errores cometidos en el pasado, fortaleciendo la construcción dinámica de la memoria histórica y creando mecanismos de rehabilitación que se materializarán a través del programa de atención psicosocial. 2. Continuó la intervención mostrando que habrá grandes los retos para esta institucionalidad que debe materializar todas las medidas de reparación que están incluidas en la ley, la cual deberá buscar que las treinta y tres entidades del Estado y los diez ministerios con competencias en el tema de víctimas trabajen armónicamente en la puesta en marcha de la ley. Explicó que originalmente en el proyecto de ley existía una Unidad Administrativa Especial que coordinaba el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que replicaba el modelo de atención de desplazados pero ampliado a víctimas y que después paso a convertirse en una agencia presidencial para la atención a víctimas. Dijo igualmente que en este momento se manejan tres posibilidades de institucionalidad: La primera una dependencia de Acción Social que ejecuta las medidas de la ley acompañada porun consejo de ministros que diseña la política

18


pública de atención; la segunda una Unidad Administrativa Especial acompañada por una Agencia Presidencial tal como estaba planteada hasta ese momento; y una tercera propuesta que va tomando mayor fuerza determinada por un Departamento Administrativo como ente coordinador con unidad administrativa especial adscrita a este Departamento Administrativo como entidad ejecutora. Precisó que la nueva entidad estará encargada de llevar el registro de víctimas y lo hará de una forma totalmente distinta al mecanismo que se venía manejando para el reconocimiento de la calidad de víctima en el marco del Decreto 1290 de 2008 puesto que ahora quien entre en el registro se puede beneficiar de todas las medidas de reparación y no solo de la indemnización como ha venido ocurriendo. Señaló también que la construcción de esta política pública si requiere de ley previa porque se crean nuevas entidades y se crea un procedimiento de restitución de carácter mixto. Finalizó su intervención aludiendo que como están reconocidos los principios internacionales en la materia, las víctimas de las BACRIM, estarán incluidas y reitera que el mensaje que se envía a los violentos, es que la iniciativa del gobierno no tiene marcha atrás. PATRICIA BURÍTICA Comisionada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Para la Comisionada, cualquier institucionalidad que se establezca debe cumplir con tres aspectos fundamentales que le permitirán ejecutar las medidas de asistencia y reparación establecidas en la ley de víctimas. Explicó que la primera condición es que se debe procurar por una verdadera colaboración armónica conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional que pase poruna reforma estructural del modelo actual. Esta nueva institucionalidad deberá igualmente recobrar la confianza de las víctimas en las instituciones para que no exista mas la percepción de que acercarse a la institución es revictimizante, experiencia que se ha dado porque hoy en día esta institucionalidad ha estado permeada por la corrupción y la politiquería y finalmente deberá garantizar seguridad física y material a las víctimas través de su accionar. De esta manera, si lo anterior no se cumple cualquier entidad responderá parcialmente a las expectativas. Procedió a describirel conjunto de la institucionalidad que esta en la ponencia para tercer debate compuesta por dos elementos nuevos cuales son: la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierrasy señalo que cada una cuenta con sus respectivos registros, también explicó que existen dos fondos, por un lado el de la Agencia Presidencial que viene de la ley 975 y el nuevo fondo creado para manejar lo relativo al tema de tierras, así como que hay una red nacional de

19


atención e información a las víctimas con un sistema nacional de atención a víctimas y las salas agrarias en los Tribunales. Manifestó su preocupación porque dentro del sistema las víctimas solo participan en los comités territoriales, lo cual no cumple con los mandatos de la Corte Constitucional en el sentido de que no participan del diseño de la política, relegando su participación que es de carácter residual a los órganosde concertación de la política y porque en lo relativo a la restitución de tierras solo participa una víctima en el consejo de doce integrantes. Así mismo reiteró que un proceso mixto de restitución con una Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras,las salas agrarias dentro de los tribunales de Distrito Judicial, el fondo y el registro son la totalidad de la institucionalidad en tierras y por su parte las otras medidas estarán a cargo de la Agencia Presidencial quien llevará registro, manejará el fondo, administrará la red de información, aplicará el modelo único de atención y creará los centros regionales de atención, concluyendo que hay toda una nueva institucionalidad que deberá decidir si arranca nuevamente desde cero o si conserva lo que se tiene actualmente. También hizo énfasis en que el consejo directivo de la Agencia Presidencial es quien direcciona la política y las víctimas solo tienen representaciónen los comités territoriales surgiendo como pregunta si esto elimina los sistemas de participación que ya existen con base en la ley 387 pues aún no esta claro como se van a coordinar las distintas instancias de participación que ya existen. Señaló que en el proyecto de ley se habla de creación de planes nacionales y territoriales de reparación, sin embargo mostró preocupación sobre el hecho de que primero sea monte toda una institucionalidad y luego si se cree la política lo cual debería por sí mismo debería plantear un debate. Continuando con la explicación de la institucionalidad hasta ahora presente en el proyecto mostró que también se crean tres programas: el de reparaciones colectivas, el de atención psicosocial a cargo del Ministerio de Protección Social y el de alivio de pasivos en el Ministerio de Agricultura. Insistió en la relevancia de una buena coordinación interinstitucional para ejercer todas estas funciones y se detuvo en la importancia del registro que ahora abre la puerta a todas las medidas de atención y reparación cuando el problema que actualmente se ha presentado es que la mayoría de los mismos son negados. La segunda parte de su exposición la dedicó a mostrar los que consideró son los principales retos que afrontará esta nueva institucionalidad que deberá superar entre otras cosas el actual diálogo sordo entre las víctimas, las instituciones y quienes finalmente toman las decisiones pues el proceso de construcción de la política debe darse entre estos tres actores con un enfoque reparador de lo contrario habrá grandes dificultades en la aplicación.

20


Argumentó que debe haber distancia entre quien registra, sea la Agencia Presidencial o la Unidad Administrativa Especial de tierras,quien toma la decisión sobre el registro y quien ejecuta las medidas, así como que debe haber coordinación entre la nación y el territorio, legitimidad y participación de las víctimas todo esto en cumplimiento de lo señalado por la Corte Constitucional. Continuó destacando la importancia del articulo 193 de la ponencia para tercer debate sobre seguimiento a la implementación de las medidas de la ley, pero cuestionó el verdadero control social y político frente a las responsabilidades de las instituciones que se ve mermado por los escasos espacios para la participación de la sociedad civil donde además hay una tendencia al desaparecimiento de la CNRRen virtud de un artículo expreso que hace que sus labores se subsuman en la nueva institucionalidad. Todo lo cual llevó a la reflexión de que no partimos de cero en la institucionalidad y no se puede desperdiciar el acumulado que hay en este momento pues existen importantes aportes como el Plan de Restitución de Bienes del cual el capítulo de tierras toma algunos elementos, el modelo de atención a víctimas, el programa de reparaciones colectivas así como todos los manuales y protocolos y toda la sistematización de procedimientos y además a la CNRR aún le quedan cuatro tareas pendientes para cumplir con su mandato y son: el informe del surgimiento y evolución de grupos armados organizados al margen de la ley, los informes periódicos, continuar con su labor de interpelar al Estado sobre garantía de derechos a las víctimas y la contribución a la construcción de programas. Acto seguido resaltó como la participación de las víctimas se ha limitado a escucharlos y en ocasiones incluir sus propuestas en la ley, pero sin que exista un espacio de verdadera negociación de propuestas y por eso el papel de la Agencia Presidencial en la creación de estrategias de participación deberá propender por cambiar esta situación. Para terminar su intervención realizó una serie de reflexiones finales, según las cuales invita a construir sobre lo construido, a aprovechar la experiencia ganada por las personas formadas en el proceso de construcción ya que no se puede improvisar con personas e instituciones, a trabajar por la rediginificación de las víctimas, a asumir la reparación como un proceso y no como medidas aisladas pues evidencia que no hay un hilo integrador de las medidas las cuales aún se encuentran muy distanciadas, a instar a la nueva institucionalidad a responder en tiempos cortos porque las víctimas han esperado ya más de 20 años y no se debe seguir y seguir anunciando sin entregar resultados a las victimas y a ir hacia las víctimas sin esperar que ellas lleguen a las instituciones, pues solo una reparación bien hecha es el camino de la reconciliación.

21


DOCTOR RODRIGO UPRIMNY Director Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado El profesor Uprimny aclaró que en su intervención se basaba en las reflexiones a las que ha llegado en discusiones principalmente con el equipo de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y dividió su intervención es cuatro partes a saber: 1. Importancia del tema Mencionó que este tema es estratégico para el país y que siempre que se piensa en una política pública como esta,que no es en estricto sentido una ley de víctimas y es más una ley de reparación a las víctimas que no toca todos sus derechos, se deben tener en cuenta algunas cosas importantes como ponerse de acuerdo en cuales son los principios que la orientan así como en los instrumentos para ponerla en práctica que son plata procedimientos e instituciones. Explicó que como antes no hubo acuerdo en principios básicos por eso no se discutió para nada el tema de la institucionalidad y que el tema de los recursostambién impidió el avance de la discusión hacia los procedimientos e institucionalidad porque sino se esta de acuerdo en los propósitos generales, pues para que discutir el resto. En la misma línea indicó que el hecho de que el gobierno muestre un nuevo ambiente político ha hecho avanzar en algunos de estos principios pero que la discusión sobre algunos de estos derechos aún no esta resuelta, como por ejemplo en relación con las víctimas de BACRIM, las cuales deben entenderse incluidas dentro del proyecto y que el senador Barreras confunde el otorgamiento de status político a una organización armada y sus características de que es un actor con control territorial que puede violar el Derecho Internacional Humanitario. Para vulnerar el Derecho Internacional Humanitario no se necesita tener una motivación política, sino tener control de territorio, un mando organizado y poder sostener acciones armadas durante un periodo de tiempo sostenido y la falta de entendimiento en esto demuestra que subsisten debates normativos aún cuando debe hacerse un reconocimiento al gobierno en que se ha avanzado significativamente porque ahora el tema de las víctimas es central. Continuó argumentando que no bastacon buenos propósitos porque se deben poner recursos, procedimientos e instituciones adecuadas y en este momento no se sabe de donde van a salir los recursos necesarios para la aplicación adecuada de la ley, además en el Plan Nacional de Desarrollo solo se han apropiado 800.000 millones para atención a víctimas cuando los cálculos demuestran que se va a necesitar mucho mas que eso. Pero a pesar de los costos dijo que no se puede restringir el derecho de las víctimas a partir de consideraciones fiscales y que el argumento debe ser a la inversa, primero debe constatarse el daño que fue causado a las víctimas y

22


después si se debe hacer el debate sobre de donde van salir los recursos para satisfacerlos y como priorizar la reparación. 2. Fuentes orientadoras de los criterios para construcción de institucionalidad. En este segundo punto buscó mostrar las fuentes de los criterios que guíen la formulación de una institucionalidad eficiente y argumentó que la Corte Constitucional ha venido señalando los problemas de la institucionalidad en atención a víctimas de desplazamiento forzado pero estos dan aprendizajes que son relevantes para la población víctima del conflicto en general y que se encuentran establecidos principalmente en la sentencia T-025 y los autos de seguimiento 383 y 385 de 2010. Explicó quelo primero que ha detectado la Corte Constitucional son falencias en articulación de niveles territoriales para la ejecución de competencias de la institucionalidad para víctimas del desplazamiento forzado y en el presente proyecto de ley la búsqueda de soluciones es escasa ya que hasta acá no se ha desarrollado la coordinación entre niveles con base en los principios de subsidiariedad, coordinación, concurrencia y complementariedad. Dijo que en materia de desplazamiento forzado el problema es que Acción Social que no tiene status ministerial tenía la labor de coordinación de entidades de nivel superior, lo que permite concluir que un rango mas elevado es necesario para fortalecer las posibilidades de coordinación. Señaló que la Corte Constitucional ha establecido la necesidad de ahondar en los conceptos de enfoques diferenciales así como la creación de sistemas adecuados de información en torno al goce efectivo de derechos de los cuales actualmente carece la ley y que la participación de las víctimas debe estar tanto en el diseño como en la ejecución de la ley. 3. Lo que hay sobre institucionalidad actualmente. Lo dicho por los panelistas que lo precedieron en el uso de la palabra sobre el punto hizo que la intervención en este sentido fuera corta y se limitara a señalar que lo existente en el proyecto de ley original era muy deficiente porque no había un organismo fuerte de coordinación interinstitucional y que lo establecido en la Comisión Primera de Senado tiene mejorías, pero advirtiendo que la Agencia o institucionalidad que se cree no puede replicar Acción Social con otro nombre respecto de sus reales facultades de Coordinación. 4. Propuestas. Finalizó su intervención haciendo referencia a que la discusión es política y técnica y por eso si en verdad hay compromiso político debe ser el presidente o un delegado suyo quien coordine la institucionalidad que tenga competencias derivadas del proyecto de ley, y que igualmente debe existir un órgano ejecutor fortalecidoy por eso la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado

23


propone un Consejo ministerial como institución del mas alto nivel y dejó abierta la discusión para establecer que tanta plata se le va a meter a esta iniciativa. LUISA PARIS Unidad de Justicia y Paz, Defensoría del Pueblo Los aportes fueron expuestos con base en las experiencias de la Defensoría en el desarrollo de sus competencias relacionadas con las víctimas en todos los niveles, nacional y territorial. Explicó que la Defensoría tiene dos documentos internos, uno que recoge la perspectiva de la Defensoría sobre el papel de las instituciones que atienden víctimas en los territorios (regionales y seccionales),y otro sobre la visión de las mismas víctimas en mas de diezDepartamentos de Colombia. El primer documento tiene varias preguntas orientadoras, pero son cuatro los temas que se tocaron a profundidad. La primera de ellas relacionada con los planes de desarrollo frente a programas para víctimas, donde se descubrió que existe un reconocimiento formal de atención a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en los planes de desarrollo pero sin expresiones concretas a través de programas específicos de restitución o restablecimiento de derechos relacionados con vida y paz, planes de derechos humanos, programas de desarrollo comunitario, justicia, convivencia y seguridad ciudadana donde los planes de desarrollo se quedan cortos frente a las expectativas que generan. Igualmente se encontró que se contempla la atención a la población desplazada desde la perspectiva de atención en general, operacional, aspectos de emergencia y ayuda, pero no de reparación integral y que existen programas generales de promoción de los derechos humanospero no se concretan. La segunda pregunta tuvo que ver con la priorización o diferenciación de los programas sociales frente a programas de atención a víctimas. En este punto la representante de la Defensoría explicó que hay carencia de rutas específicas o prioritarias para la atención a las víctimas pues en la remisión a servicios de salud, educación, menores, etc. la víctima ingresa como población vulnerable y no por su condición de víctimas. También se constató que hay recursos limitados y determinados cuyo enfoque no es de especificidad en su condición de víctimas sino de universalidad en el acceso lo cual redunda en que no se acojan enfoques diferenciales. Otra conclusión que fue socializada tiene que ver con que el peso de programas con alcance de prioridad en la atención a víctimas recae en la instituciones nacionales de carácter descentralizado como el SENA, ACCION SOCIAL o el ICBF así como que

24


los programas están mas encaminados a superar las necesidades básicas insatisfechas de la población víctima y a mitigar su vulnerabilidad socio- económica pero no están pensados en perspectiva de reparación y que se hacen esfuerzos por articular programas sectoriales con procesos de reparación en perspectiva de la atención psicosocial, pero solo en Medellín y en Bogotá. El tercer aspecto indagó por el papel que jugaban los actores locales y allí se constató que hay un gran involucramiento de los organismos de cooperación internacional en programas de víctimas sea en orientación, capacitación, difusión de derechos, fortalecimiento de capacidad instalada, o programas concretos a víctimas, también que los organismos locales desarrollan programas específicos a población víctima limitados en su cobertura, y con escasas posibilidad para ser mantenidos por la institucionalidad pública local, que hay un escaso apoyo de programas a favor de las víctimas por el sector empresarial, así como que hay una alta presencia de cooperación internacional en algunas regiones frente a otras en las que dicho apoyo es reducido o inexistente por no ser consideradas como objetivo fundamental de la cooperación y finalmente que existe una institucionalidad pública precaria en voluntad, recursos y acciones a favor de las víctimas. Así mismo dijo que el último punto de este primer documento entregó conclusiones respecto de las alianzas estratégicas interinstitucionales adelantadas en garantía de la realización de los derechos de las víctimas, donde se evidenció que hay múltiples y diversos espacios de interacción que operan desde la atención, orientación, capacitación, acciones de prevención, sin una definición o planeación sistemática y sostenible y que responden a situaciones más coyunturales que estratégicaspues las mesas, grupos, comités de víctimas no tienen hilos conductores que permitan que trasciendan las políticas públicas. Explicó que conforme a lo anterior se evidencia una necesidad de generar acciones concertadas y una mayor voluntad para actuar en jornadas interinstitucionalescon equipos multifuncionales y espacios conjuntos de trabajo pues La ley de justicia y paz evidencio que debe haber una necesaria interrelación entre las instituciones en la ejecución de sus competencias de atención a víctimas. Refiriéndose al segundo de los documentos internos de la Defensoría (la aplicación del programa administrativo: una mirada desde las víctimas) mencionó igualmente los hallazgos frente a las necesidades de las víctimas a la hora de establecer los programas de reparación y la institucionalidad, allí se encontró que más que beneficios económicos, las víctimas también consideran que parte de su reparación consiste en que el Estado reconozca la ocurrencia de los hechos, y restituya la dignidad y el buen nombre de sus familiares. También que las indemnizaciones económicas no tienen un efecto reparador en sí mismo y por eso es indispensable garantizar la complementariedad del programa buscando que se implementen otras medidas que tengan en cuenta las necesidades de las víctimas, y que les permitan utilizar los dineros recibidos, no para obtener las

25


prestaciones y servicios que debería ofrecer el programa de reparación a través de las otras medidas, sino para reconstruir sus proyectos de vida. Así mismo argumentó que la atención psicosocial no debe entenderse solo como labor de profesionales sino que el papel de las mismas organizaciones de víctimas puede ser muy importante. Su intervención hizo énfasis en que las víctimas no tienen claridad sobre el contenido de su derecho a la reparación, ni sobre los procedimientos administrativos establecidos para la realización del derecho y por eso l a mayoría de las víctimas creen que el derecho a la reparación se agota en las compensaciones económicas lo cual puede ser sintomático de fallas en los procesos de asesoría y acompañamiento que prestan las entidades que intervienen en la aplicación del programa de reparación individual por vía administrativa. Terminó su intervención mencionando que el uso dado al dinero recibido, indica que ha faltado acompañamiento y asesoría para optimizar la utilización de los mismos y para explorar alternativas que permitan a la víctima reconstruir su proyecto de vida, en perspectiva de reparación. RONDA DE PREGUNTAS Preguntas dirigidas a Miguel Samper ¿Cómo se va hacer articulación entre iniciativas locales en materia de garantía de derechos de las víctimas y el proyecto de ley, concretamente con instrumentos como por ejemplo el acuerdo 370 de 2009? El Doctor Miguel Samper responde que se ha venido trabajando con los entes territoriales en la reformulación de los PIU para que respondan al nuevo enfoque de la política del gobierno e involucre a las víctimas además dijo que el proyecto de ley establece la obligación de crear planes también a nivel territorial, los cuales deben contar con el acompañamiento del sector central para que los territorios no sean una isla suelta en materia de reparación y que se deben aprovechar todos los esfuerzos que ya se han venido haciendo y finalmente que en la actual ley se establece un artículo que regula la transición de estos esfuerzos hechos para que se lleve a cabo sin traumatismos. ¿Como va a ser la participación de las víctimas dentro del proyecto de ley? Respondió que actualmente participan en espacios de coordinación territorial, y que el concepto mismo de participación debe venir de abajo hacia arriba y ahora con todos los comentarios recibidos en los foros y en diálogos regionales, se piensa que también deben tener participación nacional pero se esta pensando en la manera mas adecuada de hacerlo.

26


¿Como se debe manejar el tema de las garantías de no repetición, advirtiéndose que es una respuesta muy compleja que ameritaría la realización de debates mucho mas profundos que los que acá se pueden dar en razón al tiempo corto.? Sobre garantías de no repetición dijo que hay un amplio margen de medidas y que se espera que año a año deba ir reduciendo el número de víctimas. Igualmente dijo que sobre medidas de protección para reclamantes ya hay un centro integral de inteligencia donde tienen asiento los ministros del Interior de Defensa, de Agricultura y el vicepresidente, donde se produjo un informe en el cual la policía determinó que estos asesinatos no tienen un carácter sistemático y por lo tantohay que distinguir entre líderes que reclaman las tierras y los reclamantes de tierras individuales puesto que si bien se deben proteger a todos las medidas deben ser distintas, unas colectivas y otras individuales. Pregunta dirigidas a Patricia Buriticá ¿Los cambios que se vienen dando en la CNRR se deben a un cambio de las metodologías internas de trabajo de la CNRR o responden a motivaciones del fuero interno del vicepresidente? La comisionada respondió que el vicepresidente manda un mensaje favorable de darle mayor respaldo a las víctimas, pero el problema se genera cuando no se entiende el carácter esencial de la comisión y su papel mixto y autónomo,pues se ha entendido por parte del vicepresidente que la CNRR es un programa de la vicepresidencia y como tal se ha venido desnaturalizando su función. Manifiesta su preocupación en el sentido en que la CNRR es un instrumento de justicia transicional que juega un papel autónomo y de interpelación al Estado por lo que con la tendencia a su desaparecimiento dentro del proyecto de ley se puede perder el rol importante que juegan este tipo de comisiones en los procesos transicionales. Pregunta dirigida a Rodrigo Uprimny ¿Cómo debe ser la relación entre la sociedad civil y la institucionalidad para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en el proyecto de ley con base en los reclamos de las víctimas? Al respecto el Doctor Rodrigo Uprimmy respondió que la garantía efectiva de derechos implica la combinación de movilización ciudadana y voluntad política estatal pero sin duda es un proceso complejo que sin embargo podría tener en cuenta tres elementos para avanzar. Lo primero es que desde una actitud ciudadana se debe dar una universalización de la solidaridad con las víctimas y condena por las actitudes de los victimarios, se debe lograr que el dolor de las víctimas nos importe, lo cual debe ir ligado a un pacto social liderado por el gobierno a favor de las víctimas y en contra de la exclusión,

27


que logre brindar políticas que diferencien a las víctimas de la población vulnerabley finalmente comprender que el tema de la memoria es indispensable, pues se necesita que se conozca la verdad pero que además se haga pública y visible. Pregunta dirigida a la Luisa Paris ¿Como es posible reparar en un contexto de conflicto armado? Sobre la misma respondió que no es una pregunta tanto para las instituciones del Estado como para el Gobierno y afirmó que sea cual sea la institución que asuma la coordinación debe ser fuerte para garantizar que los programas de protección funcionen y no se repitan los hechos victimizantes ya que no es posible concebir que después de todo el trabajo que implica la formulación y ejecución de los programas de satisfacción se puedan presentar hechos de revictimización.

28

Memorias Foro: Ley de Víctimas, realidades y alcances (Abril de 2011)  

Universidad de los Andes, Bogotá., D.C, abril 4 de 2011 Autores: programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, Corporación Nuevo Arco Iri...