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HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

gentes –un número que coincide con el estimativo nacional del Banco Mundial-. Estas cifras difícilmente podrían ser más alarmantes. El citado estudio sobre la pobreza en Bogotá establece que la principal causa de pérdida de ingresos y deterioro de la calidad de vida en la capital es el desempleo, que subió del 7.5% en 1995 al 20.3% en 2000, y hoy en día se ubica en el 17.4% - el nivel más alto del país, de conformidad con este estudio. El ingreso de los habitantes de la capital, según la misma fuente, cayó en 11.8% entre 1996 y 1999, y no se ha recuperado. Los segmentos poblacionales mayormente afectados son los niños y los ancianos: casi doscientos cuarenta mil (240.000) niños menores de cinco años están en situación de pobreza, y cerca de veintisiete mil (27.000) en condiciones de miseria, y en total, novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y un (919.961) individuos menores de dieciocho años tienen sus necesidades básicas insatisfechas, mientras que ciento ochenta y un mil quinientos ochenta y cuatro (181.584) están en situación de indigencia; a su vez, más de cincuenta y cinco mil (55.000) personas de la tercera edad son pobres, y casi ocho mil quinientas (8.500) son indigentes”89. Teniendo en cuenta estas cifras, y los hechos presentados en el caso, la Corte consideró que los programas de recuperación del espacio público en la ciudad debían conciliarse con las alternativas de subsistencia económica para los vendedores informales (estacionarios, semiestacionarios y ambulantes): “No se puede pretender que, en un contexto de pobreza tan grave como el que aqueja a la capital, no haya docenas de miles de personas que opten por trabajar para subsistir y, en ausencia de oportunidades en el sector formal, deban utilizar las vías, plazas y parques públicos comercializando artículos de la más diversa índole, para así satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus familias”. De acuerdo con esto la Corte concluye: “las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición”. Por esta razón dentro de los programas Distritales de recuperación del espacio público, las autoridades debían incorporar alternativas económicas para las personas dedicadas a actividades de comercio informal en las calles, previas al emprendimiento de acciones policivas, teniendo en cuenta las difíciles condiciones sociales y económicas por las cuales debían atravesar.

89

Sentencia T-772 de 2003.

90

Archivo FVP, Acta 01 de 7 de mayo de 2003.

76

Los postulados que sostenían las políticas distritales para la recuperación del espacio público basados en el principio de que el interés general prevalecía sobre el interés particular fueron puestos en duda para este tipo de casos y revaluados por las sentencias SU 360 de 1999 y la T 772 de 2003. La protección del espacio público, no debía atentar contra los derechos fundamentales de los vendedores informales y la administración Distrital debía dar garantías para ello.

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