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sentada por diversas organizaciones de vendedores y personas independientes, el Fondo de Ventas Populares inició en abril de 1998 una base de datos sistematizada y según la cual para el 28 de febrero de 1999 se registra un consolidado total de 8.523 personas entre trabajadores independientes y afiliados a diversas organizaciones como Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, ONG’s y Fundaciones71. Aunque las autoridades distritales habían entendido que el problema de los vendedores en las calles de la ciudad además de ser un problema de invasión del espacio público era un obstáculo originado por las Feria Temporal. Parque Santander. Archivo Fotográfico Fondo de Ventas Popudifíciles circunstancias políticas y sociales por lares, Oficina Asesora de Comunicaciones. Fotografía Tomada el 6 de octubre las que atravesaba el país en ese momende 2006. to, en múltiples ocasiones las autoridades policivas habían acudido al desalojo de estos vendedores y al decomiso de sus mercancías; esta circunstancia provocó la reacción de estas personas para la defensa de su actividad como la única forma de subsistencia con la que contaban y a lo largo de la década de 1990 los vendedores ambulantes acudieron a las acciones de tutela como mecanismo legal para la defensa de sus legítimos derechos consagrados por la recién instaurada Carta Constitucional. Producto de esa multiplicidad de reclamaciones ciudadanas, el 19 de mayo de 1999 la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia SU 360 y dentro de las acciones de tutela instauradas por 1.016 vendedores estacionarios y ambulantes de diversos puntos de la ciudad, se pronunció. Las demandas producidas que iban contra el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa y los Alcaldes Locales de Fontibón, Chapinero, Engativá, Santa Fe, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Suba, fueron instauradas principalmente por personas que venían ejerciendo el comercio informal en el espacio público en diversos puntos de la ciudad y en cuyos casos se evidenciaba el conflicto entre estos vendedores y las autoridades distritales por la recuperación del espacio público en las localidades. Las reclamaciones iban dirigidas principalmente en contra de las medidas policivas ejercidas para el desalojo de aquellos que a través de su trabajo en las calles venían invadiendo el espacio público.

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Archivo FVP, Las ventas ambulantes y estacionarias. De la formalidad a la informalidad. Acta 3 de 28 de abril de 1999.

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SENTENCIA SU 360 de 1999.

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Si bien la sentencia reconocía la prevalencia del interés colectivo frente a los intereses individuales, lo que más se criticó fue que dichos desalojos se practicaron sin que hubiese una reubicación previa de estos ocupantes o se concertara alguna otra opción que garantizara su sostenimiento: “pese a que, el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio público está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que se dispongan políticas que garanticen que los “ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado Social de Derecho” (Sentencia T-396 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell)”72.

HISTORIA INSTITUCIONAL

Historia del Fondo de Ventas Populares  
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