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MEMORIAS SEMINARIO INTERNACIONAL

ARCHIVOS, MEMORIA Y DERECHO A LA VERDAD Bogotรก D.C., noviembre 26, 27 y 28 de 2008


MEMORIAS SEMINARIO INTERNACIONAL

ARCHIVOS, MEMORIA Y DERECHO A LA VERDAD Bogotá D.C., noviembre 26, 27 y 28 de 2008

Secretaría

General


Secretaría

General

SAMUEL MORENO ROJAS Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

GERMÁN ROY YANCES Corrección de estilo

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación

JUAN SEBASTIÁN GUERRERO OTERO MÓNICA LILIANA REYES DUARTE Diagramación y armada electrónica

JOAQUÍN SÁNCHEZ GARCÍA S.J. Rector Pontificia Universidad Javeriana

AGENCIA EN CASA - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Diseño de carátula

YURI CHILLÁN REYES Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

ERNA VON DER WALDE HELENA URIBE MARIANA VILLAMIZAR VILLEGAS Traducción

MARIO GONZÁLEZ VARGAS Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL D.D.D.I. Impresión

ALBERTO MÚNERA S.J. Director Instituto PENSAR FRANCISCO JAVIER OSUNA CURREA Director Archivo de Bogotá

ISBN. 978-958-717-063-4 Primera edición 500 ejemplares © Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Impreso en Colombia

“Documento elaborado en el marco del Convenio 2215100-438 de 2008, suscrito entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Procuraduría General de la Nación, siendo Procurador General el Doctor Edgardo Maya Villazón, bajo la dirección de la Doctora Patricia Linares Prieto, Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y la coordinación de la Doctora Paula Cristina Aponte Urdaneta”.


Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN Samuel Moreno Rojas, alcalde Mayor de Bogotá D.C. Mario González Vargas, procurador Delegado para la Prevención en Materia

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INAUGURACIÓN DEL EVENTO Edgardo Maya Villazón, procurador General de la Nación Guillermo Hoyos Vásquez, director Instituto Pensar Samuel Moreno Rojas, alcalde Mayor de Bogotá D.C.

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de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

ARTÍCULOS La Función de los Archivos en el Fortalecimiento de la Democracia Trudy Huskamp Peterson

41

Desclasificación de archivos de Derechos Humanos Michael Evans

53

Derechos, Memoria, Verdad y Justicia, Archivos para los Derechos Humanos Ramón Alberch i Fugueras

63

Conformación del Patrimonio de los Derechos Humanos Óscar Acuña Poblete

72

Archivos, Centros de Memoria y Patrimonio de los Derechos Humanos en América Alicia Galeano

84

Los Archivos Españoles y la Localización de los Desaparecidos en la Represión Franquista Antonio González Quintana

91


Los Archivos y la Memoria Miguel Ángel Jaramillo Guerreira

97

Los Archivos de Derechos Humanos en Chile: una Experiencia de Memoria Patricia Huenuqueo Canales

106

Archivos, Centros de Memoria y Patrimonio de los Derechos Humanos en Perú Ruth Borja Santa Cruz

113

La Justicia Transicional y los Archivos Recalcitrantes. Solicitar, Hallar, Buscar: el Balance de un Cuarto de Siglo en América del Sur Anne Pérotin-Dumon

140

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DEL BICENTENARIO: MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN Clara López Obregón, secretaria Distrital de Gobierno Camilo González Posso

155 159

CLAUSURA Yuri Chillán Reyes, secretario General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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DECÁLOGO DE CONCLUSIONES

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Presentación


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

En una ciudad plural, diversa e incluyente, comprometida a la vez con el progreso y la equidad y, sobre todo, con la construcción de una nación viable, justa y en convivencia, el respeto al ciudadano tiene que ver desde la raíz con el reconocimiento efectivo de sus derechos. Por eso, la administración de la Bogotá Positiva adoptó el concepto de ciudad de derechos como un eje de desarrollo que articula las acciones públicas orientadas a promover, reconocer, garantizar y restituir los derechos fundamentales de todas y todos los habitantes, sin ninguna distinción. Con este propósito, el derecho a la verdad en todas sus dimensiones (individual, colectiva y estatal) constituye una prioridad para el restablecimiento del tejido social y una condición determinante para la administración de justicia, la reparación de las víctimas y las posibilidades de reconciliación efectiva de nuestra sociedad. El deber que tiene el Estado de recordar es asumido por la Administración Distrital, a conciencia y en toda su plenitud, como un elemento constitutivo del derecho a la verdad. La necesidad de implementar todas las medidas al alcance de la Administración Pública para conservar la memoria, divulgar la verdad y salvaguardar los archivos producidos en el marco del conflicto y la vulneración de los Derechos Humanos, reclama el fortalecimiento de acciones para la construcción de las memorias del conflicto en sus múltiples formas. Un primer peldaño de estas acciones lo constituye la iniciativa suscrita en el año 2008 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría General/Dirección Archivo de Bogotá, y la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Esta iniciativa busca aunar esfuerzos de las dos entidades y la cooperación mutua, con el objeto de adelantar proyectos y programas de fortalecimiento de la misión de custodia, preservación, divulgación y construcción de la memoria histórica del conflicto colombiano de carácter no judicial, en concordancia con el mandato constitucional y en el marco de los Derechos Humanos. Como resultado inicial de este vínculo, presentamos a continuación las memorias del Primer Seminario Internacional: Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad, llevado a cabo en el Archivo de Bogotá, del 26 al 28 de noviembre del 2008. Estas memorias incluyen los aportes, experiencias y reflexiones de un destacado grupo de expertos, nacionales e internacionales, provenientes de países tan diversos, como Perú, España, Paraguay, Estados Unidos, Chile y Francia, en torno a los desafíos, prácticas, políticas y estrategias aplicadas al servicio de archivos, centros y sistemas de memoria e información, relacionados con la defensa y el ejercicio de los Derechos Humanos. 11


Memorias Seminario Internacional

A partir de estos aportes, se advierte la necesaria integración y complementariedad institucional de quienes han producido o generan las fuentes de la memoria del conflicto, como pauta de efectividad del deber de recordación que deben asumir las sociedades respecto a conflictos armados, regímenes represivos y formas de violencia que atenten contra la dignidad humana. Como garantía de este deber, y gracias a los aportes y recomendaciones recibidos que se incorporan en estas memorias, la Administración Distrital, a través de la Dirección Archivo de Bogotá, ha diseñado su línea de base para construir una metodología que permita el acopio, la sistematización, la preservación y la custodia de las fuentes documentales que garanticen el ejercicio de los derechos a la información, la verdad y la memoria colectiva. Es así como tres dimensiones complementarias de la memoria son actualmente objeto de formulación metodológica e implementación de programas piloto para su acopio, salvaguarda, preservación y divulgación por parte de la Dirección Archivo de Bogotá y el Proyecto Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la misma: 1. Los archivos que conforman la memoria institucional del Distrito Capital, referida a la atención, prevención, divulgación y pedagogía de los Derechos Humanos en la ciudad; 2. La memoria oral de víctimas y agentes en torno a casos y fenómenos originados en la dinámica del conflicto armado con impacto en Bogotá; 3. La memoria documental producida por Organizaciones Sociales No Gubernamentales, cuya actuación se dirige al registro, atención e investigación de la vulneración de los Derechos Humanos y las causas, manifestaciones y efectos de la violencia. En el futuro, esperamos avanzar además hacia la investigación de modelos de utilización del registro audiovisual como mecanismos de documentación y divulgación de la memoria. Este proyecto será fortalecido con el aporte de las experiencias, análisis e investigaciones sobre la materia, en las que se tratará sobre los desafíos éticos que implican el estudio de las violencias y sus efectos, y otras consideraciones bajo la perspectiva de los Derechos Humanos. Agradecemos de manera especial a quienes apoyaron la iniciativa de realizar este seminario, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, GTZ-Proyecto Profis, la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, las Organizaciones Sociales No Gubernamentales que se vincularon, a las entidades distritales, la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Pensar. Presentamos hoy esta publicación, que significa un enorme esfuerzo de Bogotá, Distrito Capital, por consolidar los vínculos en favor de la verdad y consolidar la condición de ciudad de derechos trazada como norte de su Plan de Desarrollo. Samuel Moreno Rojas Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 12


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

ARCHIVOS DE LA MEMORIA:

TESTIMONIOS DE UN PASADO DE ABUSOS CUYA REPETICIÓN DEBEMOS EVITAR Mario González Vargas1

Diane Orentlicher2, experta independiente, encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, renueva los principios presentados por Louis Joinet en 1997 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como se recordará, la impunidad resultante de los procesos de paz desarrollados en la década de los 80, particularmente en Latinoamérica, generaron un movimiento internacional liderado por la Organización de Naciones Unidas, tendiente a proponer fórmulas de lucha contra la impunidad que admitieran, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la paz. En este orden de ideas, los principios actualizados para la protección y promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, se han convertido, gracias al desarrollo progresivo del derecho internacional, en el referente ineludible de los estados que, en busca de la reconciliación nacional, han implementado esquemas de justicia transicional. Retomando su contenido, el derecho a la verdad, en su dimensión individual, es el derecho de las víctimas a saber, y se justifica por cuanto “independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones. Y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima3”. Así las cosas, el Estado está en la obligación de garantizar la reconstrucción de la verdad procesal, pero sobre todo de la verdad histórica, esa verdad que reconstruye el tejido social, promueve la convivencia pacífica y mitiga el dolor de las miles de víctimas y la sociedad en general. El derecho de todos los colombianos a conocer la memoria viva de lo que ocurrió y continúa ocurriendo se encuentra descrito en lo que la doctrina internacional ha denominado “dimensión colectiva del derecho a la verdad”, en virtud de la cual “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el 1

Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Procuraduría General de la Nación.

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E/CN.4/2005/102/Add.1 (febrero 8 de 2005)

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Ídem. Principio 4º

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Memorias Seminario Internacional

pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones4”. Las dimensiones anteriormente descritas le imponen a los estados que han sido incapaces de hacer respetar los derechos contenidos en los tratados internacionales voluntariamente suscritos y de garantizar el goce pleno y efectivo de los mismos, la obligación de adoptar medidas para recordar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos violatorios de los derechos humanos y para preservar del olvido los daños inconmensurables que deberán ser reparados. La obligación de salvaguardar la memoria colectiva es un imperativo jurídico y ético que puede lograrse a través de mecanismos de archivo documental en los que se proteja la información relativa a las violaciones ocurridas, sin limitar sus esfuerzos a la verdad forense, y a través de la divulgación pública de la verdad histórica. Estas herramientas son por sí mismas reparadoras. Paradójicamente, Colombia, gracias a los esfuerzos de las víctimas, de las organizaciones que las representan, de la sociedad civil y del Estado, está contribuyendo de manera significativa para que los principios actualizados mencionados con anterioridad tengan fuerza vinculante y en un futuro sean exigibles y aplicados, independientemente de la voluntad de los Estados. En efecto, a través de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, el legislador incorpora el contenido de los mismos, condicionando la reducción de la pena efectiva a la observancia de una confesión completa y veraz de los crímenes de lesa humanidad cometidos o conocidos por quienes han decidido dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. No obstante, la Corte Constitucional indicó “que la ley demandada no incorpora mecanismos idóneos para que efectiva y realmente pueda satisfacerse el derecho a la verdad” decidiendo declarar inexequible un apartado del artículo 25 y condicionando el artículo 29. Dado que la construcción de la verdad histórica no puede limitarse a lo confesado por los ex combatientes, el compromiso del Estado con las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, ha de ser la complementariedad de las diferentes formas de búsqueda de la verdad, facilitando los espacios de reconstrucción de la memoria. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación, como representante de la sociedad y garante de los Derechos Humanos, reclamará de las entidades estatales la adopción de todas las medidas necesarias para lograr el goce efectivo del derecho de las víctimas a la verdad, a través de espacios de recordación que, concertados con ellas, logren la coherencia interna y externa que se impone a los procesos transicionales. 4

Ídem, Principio 2º

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Lo anterior, aunado a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 975 de 2005, que impone a la Procuraduría General de la Nación la obligación de “adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad”, permitirá que los documentos que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se conviertan en testimonios de un pasado de abusos cuya repetición debemos evitar, sembrando así las semillas de una democracia respetuosa de los Derechos Humanos que logre allanar el camino hacia la paz, haciendo justicia a las víctimas y promoviendo la reconciliación nacional.

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Inauguración del seminario


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Edgardo Maya Villazón

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad, ese es el nombre que la Alcaldía Mayor de Bogotá, concretamente su Secretaría General, a través del Archivo de Bogotá, y la Procuraduría General de la Nación quisimos darle a este seminario; un espacio que se gestó y se desarrolló en el marco de la dinámica de los conflictos armados internos, que, paradójicamente, fortalecen la esperanza de los pueblos que los sufren, sometidos a una violencia que se enquista de manera cruda en sociedades que, como la nuestra, después de décadas, clama por la paz y está dispuesta a avanzar en los procesos y mecanismos necesarios para alcanzarla, incluidos los sacrificios que ello supone, siempre y cuando se garantice a la sociedad colombiana el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hago esta reflexión porque es ineludible la pregunta de por qué preocuparse y dedicarle tantos esfuerzos al diseño e implementación de archivos del conflicto armado, archivos no judiciales que contendrán la verdad histórica de una confrontación violenta que aún no cesa, que es y será la causa de miles de víctimas del pasado lejano y del pasado reciente y del futuro próximo, sino logramos contenerla, y cuyo acopio, preservación y custodia nos encomienda la Constitución y la ley. La respuesta es compleja pero afirmativa. No es prematuro nuestro interés y nuestro esfuerzo, al contrario podrían ser tardíos, pues se trata de reconstruir, acopiar, preservar y custodiar la verdad histórica de nuestro conflicto; de nuestras violencias; de sus causas estructurales; amenazada por quienes tienen interés en destruir sus evidencias, en ocultarlas o cercenarlas; la verdad que incorpora nociones como verdad procesal, por definición parcial, sesgada e incompleta; aquella que incluye la memoria como deber y patrimonio de la sociedad, memoria histórica, memoria prohibida, memoria del horror y memoria del terror; y una que encontramos muy pertinente a nuestra realidad: la memoria viva, aquella de la que hacemos parte como protagonistas, como espectadores impotentes, como dolientes o como simples ciudadanos que queremos hacerla útil en perspectiva de futuro, excluyendo del presente la realidad de la confrontación armada y el dolor ilimitado que de ella se deriva.

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Procurador General de la Nación de la República de Colombia (enero 2001 - enero 2009)

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Memorias Seminario Internacional

Esa memoria viva que se nos impone como una construcción del día a día no excluye la vocación que le es inherente “…de recuperación y testimonio del pasado…”, pues han sido más de sesenta años en los que se han intercalado cortos períodos de pacífica convivencia, alterados por la incertidumbre y la ansiedad de ese Leviathan Hobbesiano que se niega a ser vencido, años que han dejado su rastro para ser reconstruidos como condición ineludible para superar la violencia, que algunos equivocadamente han querido que asumamos como característica singular e inherente a lo que somos como nación. Nuestro compromiso es entonces ético y jurídico, y vincula a Bogotá, a través de la Alcaldía Mayor y su Archivo, como la ciudad capital que le debe dar cabida digna a todo el que llega, incluido el equipaje de su individual historia, mucho más cuando arriba huyendo de la violencia; y vincula a la Procuraduría General de la Nación en tanto máximo órgano de control del Estado, que representa a la sociedad y debe garantizar la efectiva realización de los Derechos Humanos. Nos reta dicho compromiso a promover el deber de memoria desde el Estado, salvaguardándolo del soporte perverso que significa una visión hegemónica de la historia, plagada de tesis revisionistas, reduccionistas o que pretenden negar la crudeza de los hechos que a diario alimentan una violencia irracional en la que abundan las violaciones reiteradas a los Derechos Humanos, en un contexto que impone la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. “En el trasfondo de la necesidad de recuperar la memoria del pasado, lejano o reciente, -dice uno de nuestros ilustres invitados, el profesor catalán Ramón Alberch i Fugueras-, existe la convicción de que es una realidad íntimamente ligada a los valores de verdad y justicia, que devienen ineludibles en los procesos de restitución de los Derechos Humanos y la convivencia democrática. (…) la desmemoria y el olvido son frecuentemente aliados de la impunidad, a veces revestida con el indudable atractivo ciudadano que suponen los discursos que llaman a la reconciliación. Por esta razón, la memoria, en la medida en que deviene conocimiento, se convierte en una poderosa herramienta de recuperación de los derechos ciudadanos y, en este marco general, debe ligarse de manera inseparable a los conceptos de verdad y justicia”. Construir la memoria nos pone de frente a la verdad que hemos conocido, a través del relato de nuestras familias y nuestros paisanos, o que hemos vivido y sufrido de manera directa, y a la responsabilidad que implica el compromiso de no desvirtuarla o traicionarla si queremos contribuir a superar las causas estructurales del conflicto, ello supone “…acopiar, a partir de lo que yo denominaría diálogos subjetivos nutridos por el dolor y la esperanza, una versión colectiva de los hechos que sea aceptada por todos aquellos que sufrieron y sufren los avatares y secuelas de un conflicto que aún no nos abandona…” La práctica de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos son un fenómeno cultural que como tal debe arraigarse en nuestras conciencias para incorporarlos a nuestros proyectos de vida. Ese proceso no admite la contradicción que emana de la desigualdad, el abuso, la 20


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

exclusión y la discriminación; como tampoco admite la negación de una realidad signada por la inequidad, la injusticia social, la violencia y el dolor. Debemos reconstruirnos como sociedad a partir de la verdad histórica, de la verdad colectiva, patrimonio de nuestra nación que, como anoté antes, se nutre de la suma de subjetividades que dan espacio a la verdad de cada uno, la que surge de nuestra propia e individual historia, lo que supone superar prácticas autoritarias de marginación, que impiden una percepción crítica de la historia, promoviendo una cultura de la conformidad sustentada en la docilidad mental, en la disposición a que “otros” piensen por nosotros, actitud que se erige como obstáculo para apropiarnos y entender el pasado y el presente, de manera tal que los incluyamos en nuestras experiencias y decisiones individuales y colectivas orientadas a fortalecer nuestra débil democracia. Aprender de nuestra historia exige conservar y transmitir la memoria, y construir la memoria colectiva de un pueblo reclama aprender de otros pueblos que han enfrentado y superado el dolor de la guerra, interna o externa; aprender de experiencias como el diseño y puesta en marcha del Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, del Museo de la Memoria de Santiago de Chile, de los Centros de Memoria que encontramos en Europa Central; de las miles y miles de manifestaciones estéticas que no nos permiten olvidar el holocausto judío. La memoria, todos lo sabemos, no es única, por lo tanto requiere para descansar y extenderse, complementándose y completándose, de archivos que dignifiquen a las víctimas y que adviertan a la sociedad sobre la necesidad de aquello que conocemos como garantías de no repetición. Los expertos distinguen entre la verdad colectiva y la verdad histórica, atribuyéndole a la segunda un carácter científico que se presume garantizado por la frialdad del análisis que se rige por normas técnicas predeterminadas, las cuales se entienden bien aplicadas si se acredita suficiente distancia entre el analista y los hechos. Sin pretender incursionar en ámbitos que son del dominio de nuestros ilustres invitados, si quisiera provocarlos con la siguiente reflexión a manera de pregunta: ¿Cómo consolidar, sin desvirtuar, esos dos tipos de verdades, la colectiva que se nutre de la sabiduría que emana del dolor de las víctimas, de las madres que perdieron el rastro de sus hijos y luego se enfrentaron a la realidad irreversible de su asesinato, de los miles de desplazados que con el cansancio de quien es injustamente perseguido tienen que adaptarse a nuevos espacios, por lo general hostiles y excluyentes, silenciando a su entorno para protegerse, con la verdad científica que producen comunidades de expertos, que en nuestros países por lo general también han sido víctimas? Necesitamos memoria viva y ésta encuentra fundamento en todo tipo de verdades que, como alguien decía, al ser unidas nos muestran un espejo roto que siempre destacará las 21


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cicatrices que pondrán de presente a quien se refleje en él, que alguna vez fue uno distinto al que se observa y que es necesario recordarlo. Son muchas las preguntas que suscitan las responsabilidades que tenemos la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, las cuales asumimos entendiendo el compromiso político que en ellos subyace y su impacto en la construcción de un futuro sin guerra y sin violencia. Eso, además, fue el motivo que impulsó a las dos entidades para, en muy corto tiempo, diseñar y hacer realidad este seminario, que reúne once expertos internacionales en estas materias, los más acreditados, con quienes compartiremos estos tres días, buscando respuestas y alternativas en sus experiencias y conocimientos. A Ramón Alberch i Fugueras, subdirector General de Archivos y Gestión de Documentos de la Generalitat de Catalunya; Miguel Ángel Jaramillo Guerreira, director del Archivo de la Guerra Civil Española; Antonio González Quintana, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado de España; Anne Perotin, del Cuerpo Estatal de los Conservadores del Patrimonio en Francia; Michael Evans, coordinador del proyecto de documentación en Colombia del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos; Trudy Huskamp Peterson, autora de Actos Finales: una Guía para Preservar los Archivos de las Comisiones de Verdad de Estados Unidos; Patricia Huenuqueo Canales, subdirectora de Archivos Nacionales de Chile; Isabel Rojas Zepeda, del Archivo del Programa de Derechos Humanos de Chile; Oscar Acuña Poblete, consejero de Monumentos Nacionales de Chile; Alicia Galeano, del Archivo y Servicio de Documentación de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, y Ruth Borja, del Archivo de la Comisión de la Verdad del Perú; Muchas gracias. Paula Aponte, Rocío López, Diana Salcedo, Ángela Garzón, José Manuel Jaramillo, María Paola Suárez y Annabella Otero, son todos jóvenes funcionarios que le apuestan a la paz desde la institucionalidad y con las herramientas de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ellos, bajo la dirección de Patricia Linares Prieto y Francisco Osuna, y con el apoyo del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, cuyo director, el profesor Guillermo Hoyos, ha sido su profesor y guía, lograron en menos de seis meses reunirnos a todos aquí, para hablar y debatir sobre lo que representa el acopio y análisis crítico de un presente y un pasado doloroso en la reconstrucción de una sociedad signada por los efectos de una confrontación armada prolongada y compleja, que en nuestro caso aún no termina. A todos ellos, al señor alcalde, doctor Samuel Moreno Rojas, y al señor secretario General de la Alcaldía, doctor Yuri Chillán, mis sinceros agradecimientos, pues nos han permitido dar inicio a una experiencia que la Procuraduría deberá extender por todo el país, lo que reclama el apoyo de los archivos locales y la articulación con el Archivo Nacional, con cuyo director ya iniciamos conversaciones, pues el deber de memoria y los archivos como fundamentos de las garantías de no repetición nos comprometen a todos como servidores públicos y ciudadanos.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

También mis agradecimientos a la GTZ que se unió a este esfuerzo garantizando los recursos para la publicación de las memorias del evento y a la Agencia Catalana de Cooperación, con la que acabamos de suscribir un convenio que garantiza la continuación de un proyecto de fortalecimiento institucional para cumplir con nuestro mandato en materia de verdad y archivos. Quiero, para terminar, reafirmar el ineludible compromiso que tenemos los colombianos con la verdad histórica y su preservación, remitiéndome a una de las frases del discurso del poeta argentino Juan Gelman, víctima de la dictadura en Argentina, pronunciada el pasado 23 de abril en la Universidad Alcalá de Henares al recibir el Premio Cervantes de Literatura: “Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia delante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.

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Memorias Seminario Internacional

Guillermo Hoyos Vásquez

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El que se haya orientado, para la realización de este seminario, la reflexión sobre el sentido y la función de los archivos hacia el derecho a la verdad, me permite desarrollar brevemente algunos planteamientos íntimamente relacionados con la filosofía de la historia. El filósofo no podría resolver sólo el sentido y pertinencia de las relaciones entre la actividad del historiador y en general del científico social con la sociedad civil y el Estado en la búsqueda de la verdad. Pienso que el aporte de la filosofía en este caso es principalmente el de animar la comunicación desde el presente con un pasado que se nos escapa inexorablemente, pero que sabemos muy bien que seguirá influyendo en nuestro futuro inmediato y lejano. Si el tiempo es ante todo un proceso, una actividad, como el cultivo de archivo, que se relaciona con él al intentar conservarlo, hacerlo presente, comprenderlo, debe tener también la forma de proceso. Yo pienso que el científico social está en cierta manera al principio, está en el camino y está al final de ese proceso que consideramos el archivo, y por eso estoy de acuerdo con los historiadores que rechazan todo intento de convertir este tipo de dispositivos, como los documentos, museos, monumentos, archivos, en meros instrumentos de trabajo. La estructura comunicacional de estos procesos no se deja reducir a mera racionalidad estratégica. Para exponer el sentido de la filosofía de la historia en el que me inspiro para estas consideraciones, quiero apoyarme fundamentalmente en las Tesis sobre el Concepto de Historia, de Walter Benjamin7 y no voy a hacer, en una primera parte nada distinto a rescatar algunos párrafos de esas tesis sobre el sentido de la historia, planteamientos ciertamente pesimistas pero de una intuición fantástica8. 6

Director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.

7

Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte” en: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, 2, Hrgg. Von Rolf Tiedelmann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1991, p. 712 ss. Las traducciones las he tomado, citando la página en internet, de la magnífica edición y traducción de Bolívar Echeverría, Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, http://www.bolivare.unam.mx/traducciones/tesis.pdf (aquí p. 31).

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Para esta lectura de Benjamin me ayuda, en especial, Reyes Mate, Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el concepto de historia”, Madrid, Trotta, 2006.

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Son reflexiones sobre “el concepto de historia”, escritas entre 1939 y 1940, cuando la desesperanza ante la situación política de Europa en plena guerra lo lleva a quitarse la vida en la frontera con España. Mi lectura de Benjamin9 busca ante todo defender un sentido de filosofía de la historia con perfil crítico, humanista y político, frente al funcionalismo y a cierto historicismo propio de algunas escuelas que se precian de distanciarse de la filosofía. La crítica de Benjamin es certera: El historicismo se contenta con establecer un nexo causal entre distintos momentos de la historia. Pero ningún hecho es ya un hecho histórico solamente por ser una causa. Habrá de serlo, póstumamente, en virtud de acaecimientos que pueden estar separados de él por milenios10. Y aquí radica el problema de la comprensión de la historia para un historiador crítico, quien no simplemente va acumulando datos, héroes y eventos en actitud apologética. Debe penetrar en el sentido de épocas pasadas, en las que se dieron muchas luchas por el cultivo de la humanidad y por la construcción de un futuro mejor, que en la perspectiva de nuestros predecesores es nuestro presente y en relación con la cual se puede evaluar mejor qué pudo pasar para que no se cumplieran las esperanzas de generaciones anteriores. Continúa Benjamin: El historiador que parte de esta comprobación no permite ya que la sucesión de acaecimientos le corra entre los dedos como un rosario. Aprehende la constelación en la que ha entrado su propia época con una muy determinada época anterior. Funda de esta manera un concepto del presente como ese “tiempo del ahora” en el que están incrustadas astillas del tiempo mesiánico11. Este “tiempo del ahora”, “Jetztzeit”, en el que el historiador que piensa y no sólo recita como autómata las avemarías del rosario, le otorga no sólo la visión del pasado, en el sentido en que lo hemos dicho, sino el de un pasado detenido en el “tiempo del ahora”, para darle una nueva oportunidad, sin repetirlo, al proyectarlo a un futuro que es nuestro presente viviente, desde el cual como limitada respuesta a las angustias e ilusiones de generaciones anteriores, es posible decir algo de un futuro que no puede no responder a las frustraciones propias de la sociedad en el horizonte de la historia. El historiador no puede olvidar el sentido del pasado que se le da en las múltiples luchas sociales y políticas, no siempre no violentas. Para desarrollar esta idea, quizá nada mejor que la imagen bellamente propuesta por Benjamin del “ángel de la historia”; se trata de la muy conocida tesis XI que con epígrafe reza como sigue: 9

Me apoyo para lo que sigue, en gran parte textualmente, en mi “Prólogo” a: José Fernando Ocampo T. (editor), Historia de las ideas políticas en Colombia, Bogotá, Taurus/PENSAR, 2008, pp. 11-22.

10

Ibid., p. 704 (Apéndice A) (Trad. p.33).

11

Ibid.

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“Mi ala está pronta al vuelo. Retornar, lo haría con gusto, pues, aun fuera yo tiempo vivo, mi suerte sería escasa.” Gerhard Scholem, Saludo del Angelus. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso12. El ángel de la historia nos funda como comunidad con el pasado y con el futuro, para que en comunicación13 descubramos lo que ha sucedido a partir de las penurias que han desembocado en nuestro presente, para que, tenidas en cuenta, encuentren en el futuro respuestas menos dolorosas y más felices. Pero al ángel de la historia no se le dan hechos desencadenados, se le da el todo: una catástrofe única, en la que crece el cúmulo de ruinas hasta el cielo. Se trata pues de una historia de personas y colectividades, no de hechos, instituciones y resultados. Y esta relación con las personas es sobre todo una relación con las víctimas, con los perdedores, con aquellos cuya memoria nos reclama y anima a seguir luchando por una forma de hacer política sin violencia. La tensión en la que se encuentra el historiador y que es en última instancia su razón de ser entre un futuro que nos jala hacia el progreso y un pasado que nos retiene, si todavía somos capaces de sensibilidad moral, es la que lo lleva a comunicarse con las víctimas, sobre cuyas ruinas se ha construido el progreso. No es válida una evaluación de las acciones humanas orientada sólo por resultados. El progreso por sí mismo no explica la historia, más bien la desfigura, instalando el progreso y no el “principio esperanza” como su teleología, haciendo de ella el protagonismo de los vencedores. La razón por la cual Benjamin insiste en la necesidad de privilegiar a los perdedores y a las víctimas en la presentación de la historia no es sólo de índole moral y política. También hay razones epistemológicas para quienes la historia no es sólo motivo de apologética, sino fuente de información, si se quiere tener una auténtica visión de lo acontecido. Así lo formula la Tesis VII: 12

Ibid., ps. 697-8 (Trad. p. 24).

13

Insisto, a pesar de críticas de historiadores colombianos de profesión, en mi interpretación de este pasaje de las Tesis desde una teoría del actuar comunicacional, como lo hice en mi “Introducción: la historia es comunicación” a Varios Autores, Un mundo jamás imaginado 1492-1992. Ministerio de Educación Nacional, Santillana, Bogotá 1992, pp. 6-9.

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“Considerad lo oscuro y el gran frío de este valle que resuena de lamentos” Brecht, La ópera de tres centavos. Fustel de Coulanges le recomienda al historiador que quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sabe del curso ulterior de la historia. Mejor no se podría identificar al procedimiento con el que ha roto el materialismo histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la apatía del corazón, la acedia, que no se atreve a adueñarse de la imagen histórica auténtica, que relumbra fugazmente. Los teólogos medievales vieron en ella el origen profundo de la tristeza. Flaubert, que algo sabía de ella, escribió: “Pocos adivinarán cuán triste se ha necesitado ser para resucitar a Cartago“. La naturaleza de esta tristeza se esclarece cuando se pregunta con quién empatiza el historiador historicista. La respuesta resulta inevitable: con el vencedor. Y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento14. Es muy importante que el historiador logre reconstruir la relación entre las víctimas y el dominador en la época que pretende analizar. Pero para hacerse al punto de vista de los perdedores es necesaria sensibilidad moral, capacidad de sentir con las víctimas, empatía que rompe con ese desabrimiento moral, con la apatía e indiferencia de quienes siempre han estado del lado de los vencedores, del progreso a toda costa. Y por ello el veredicto contundente: el historiador historicista y funcionalista es funcionario del vencedor, su cómplice, no pocas veces adornado también de cientificidad, excelencia, neutralidad valorativa, actitud no política. Y entonces se deja todo sentido de solidaridad con los oprimidos a una pertenencia religiosa, que renunciando a la acción política, o haciendo política desde los máximos de sus creencias, desgasta su discurso en misericordia, no rencor, virtudes y moralismo edificante. Continúa Benjamin: El materialista histórico tiene suficiente con esto. Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre la costumbre, el botín de guerra es conducido también en el cortejo triunfal. El nombre que recibe habla de bienes culturales, los mismos que van a encontrar en el materialista histórico un observador que toma distancia. Porque todos los bienes culturales que abarca su mirada, sin excepción, tienen para él una procedencia en la cual no puede pensar sin horror. Todos deben su existencia no sólo a la fatiga de los grandes genios que los crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso el 14

Walter Benjamin, op. cit., p. 696 (Trad. 22-23).

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materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo15. Un archivo público como el que hoy celebramos podría muy bien tener a su entrada ese Angelus Novus de Klee y resumir su misión como la de cepillar la historia de Colombia a contrapelo. Lejos de dejarse seducir por quienes recientemente nos han dado “la bienvenida al futuro” a costa de mayor desempleo, menos igualdad, menos autonomía nacional, los historiadores deberían ser enfáticos en buscar las causas de la pobreza, las exclusiones y discriminaciones en una historia que va más allá de ser bicentenaria, pero que prometió en su momento emancipación, dignidad, justicia como equidad. Así lo plantearon los autores de Dialéctica de la Ilustración, cuando mostraron el rostro de Jano, la doble fase de la modernidad, devenida en mera modernización. Cepillar la historia a contrapelo significa comprometerse con un sentido de cultura y de progreso más complejo que el de los funcionalistas modernizadores. Es cuestionar radicalmente propuestas de desarrollo científico, técnico y tecnológico, en las que el criterio para la innovación y las políticas de investigación se reducen a la productividad y a la competitividad. Se ha olvidado el componente social, de la cual el historiador sabe mucho si se compromete, sin pusilanimidad y sin cobardía, con la memoria. Cepillar la historia de Colombia a contrapelo significa poder palpitar en cada momento de crisis, para poder constatar que después de guerras partidistas entre generales ansiosos de victoria, después de constituciones que parecerían ser los catálogos de lo no cumplido por el Estado de derecho, después de reformas radicales, conservadoras o liberales, que lo único que no tenían en cuenta es que las anteriores reformas se hicieron sin contar con la ciudadanía de carne y hueso, se volvió a prometer lo mismo, sin considerar que es necesario tener en cuenta también la razón de los vencidos16, a los que por ser perdedores se les niega toda razón, dado que por algo van perdiendo. La orientación de Benjamin, de acuerdo con Jürgen Habermas, es radicalmente diferente a la del historicismo: “La esperanza de lo nuevo en el futuro sólo puede cumplirse por la fuerza de la memoria de un pasado reprimido17” . Lo cual significa trascender la concepción de historia como simple espacio de experiencia o mero horizonte de esperanzas. No es el futuro en cuanto tal el que nos puede salvar, sino nuestra capacidad de responder en el futuro a un pasado que nos dona el tiempo y lo carga de tareas y nos lo conserva en la memoria (histórica). Habermas concluye sus reflexiones sobre las Tesis mostrando cómo ellas transforman radicalmente la actitud del historiador como ocupación con la historia: “La reparación anamnética de una injusticia, que ya no se deja considerar como no sucedida, pero que 15

Ibid., pp. 696-697 (Trad. p.23).

16

Éste es el título de uno de los primeros libros de Reyes Mate, inspirado en el pensamiento de Walter Benjamin, en Anthropos, Barcelona, 1991.

17

Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1985 (excurso sobre las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin), p. 21.

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sí puede ser reconciliada al menos virtualmente gracias a la memoria, ata el presente a un contexto comunicativo de una solidaridad histórica universal”18. Y esta visión es crítica a un narcisismo muy propio de la modernización que ha depositado todo el futuro en la responsabilidad de un presente, en perspectiva pragmática, que al no mirar hacia el pasado y motivarse por sus falencias, repite todos los errores cometidos desde antaño. Es también en estas Tesis sobre el concepto de historia en las que se inspira Jürgen Habermas al dar el famoso debate a los historiadores alemanes, que pretendían poder fortalecer la identidad alemana de la posguerra imponiendo un paréntesis al holocausto19. Si se quiere, archivando, en el sentido vulgar, ese período, pero no para hacerlo presente, sino para olvidarlo y desconectarlo de la temporalidad. Se trataba de tendencias apologéticas, que disculpaban de alguna forma el régimen nazi y en especial a colaboracionistas y a la población civil, como fenómeno anómalo y disfuncional de la historia de Alemania, y optaban por un uso público de la historia que fuera edificante para ciudadanas y ciudadanos que tenían que integrarse dignamente en el proyecto democrático de Occidente al terminar una guerra incomprensible, absurda. Se establecía una especie de continuo historicista entre la nación alemana de entreguerras y la liberada del régimen nazi, ansiosa de futuro, capaz de cumplir sus tareas en Occidente, como si la barbarie hubiera sido algo así como un vacío histórico, inexplicable por parte de los alemanes, producto de mentes enloquecidas, terroristas, enfermas, provocadas además por la intransigencia de dos enemigos en Oriente y Occidente, entre el comunismo soviético y materialista y el no menos materialista americanismo individualista y pragmático. Los historiadores neoconservadores y neoliberales miran la historia desde el futuro del progreso, no desde sus víctimas en los campos de batalla y en los otros campos, sin tener en cuenta los vecinos, traicionados, perseguidos y desplazados, porque había que ganarle al monstruo, que había interrumpido la historia de Europa. Culpabilidad, ninguna, y la que hubiere, había sido castigada por los vencedores en Nüremberg. Justo castigo, que cancelaba un error histórico. Responsabilidad de la población y sobre todo de sus políticos, muchos de ellos conniventes con el tirano, no conviene urgirla, porque la memoria amenaza con debilitar la unidad. Pero otro es el sentido de identidad de un pueblo y de una nación, quizá no tanto de aquella “Patria”, de la que más hablaba Hitler, cuanto más se aproximaba la hecatombe: das Vaterland! Pero si los historiadores comprenden la historia que ayuda a refundar identidad, explicando qué pudo pasar, precisamente desde la perspectiva de las víctimas, los mismos alemanes engañados, pero sobre todo, los judíos, polacos, checos, la población campesina rusa masacrada al final del holocausto, entonces sí parece tener sentido su oficio como pedagogos de una nueva ocupación con la historia en su uso público: sus museos, monumentos, archivos, escritos que hablan desde un pasado no resuelto con los vecinos y con los de otras razas. Y la identidad sólo puede consistir en la conciencia de un pueblo de ser capaz de avergonzarse y 18

Ibid., p. 26.

19

Ver: Jürgen Habermas, “Eine Art Schadensabwicklung“ en: J. Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI, Granfurt a.M., Suhrkamp, 1987, pp. 115-158.

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por tanto de reconocer culpa y hacerse digno del “perdón de lo imperdonable” (Derrida). Se trata del entonces Canciller de Alemania arrodillado a la entrada del campo de concentración de Varsovia, reconociendo que los vencedores también pueden pedir perdón a los vencidos. En Colombia esperaría uno, naturalmente en tono menor, pero por ello mismo no menos justo con nuestra identidad nacional, un discurso que la refunde desde la perspectiva de las víctimas20. De ahí todas las incongruencias patentes en nuestra política al discutirse la ley de víctimas. Lo importante de este archivo que queremos enriquecer y hacer paradigmático para Colombia, es que podemos contar con historiadores que se oponen a la fábula de que en estos últimos años de violencia en Colombia, por más despolitizada y desmoralizada que aparezca y por más criminalizada que se la sufra, no se ha tratado de confrontación armada, manifestación ella de parte de nuestra identidad nacional. Sólo si la asumimos como tal, -y a esto tendían quienes criticaron hasta último momento la ley de justicia y paz- lograremos integrar en nuestra identidad a los desplazados, las víctimas, las injusticias, discriminaciones y toda esa serie que se pierde en el infinito, hasta las vísperas de la independencia, de crímenes de exclusión, masacres, esclavitud, explotación. También esas víctimas, por cuanto han sido los “pacientes” en esta empresa bicentenaria de agentes del progreso, son parte de nuestra identidad, nos guste o no nos guste, quepan o no quepan en el sospechoso término nacionalista a ultranza de la “Patria”, tan propio de una seguridad democrática que ni siquiera está dispuesta a asumir todo lo destapado en esa barbaridad de los falsos positivos. Desde la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez el protofilósofo de la seguridad democrática, José Obdulio Gaviria Vélez se inventó, con aquella originalidad fantasiosa que lo caracteriza, el metarrelato de que en Colombia no hay conflicto21; lo que hay es una manada de bandidos, es decir terroristas que le tienen declarada una guerra al Estado colombiano, a la “Patria”. Este imaginario ha terminado por desplazar el auténtico sentido de la política, arte que se inventó para solución de los conflictos, comenzando por el de la “insociable sociabilidad” (Kant), y desplazó la política de su principal campo de acción en tiempos de crisis, entre la violencia política y la política democrática, precisamente en la solución de las causas de las luchas que inveteradamente se busca solucionar a bala, de suerte que puedan ser solucionadas con palabras. Se opta por la concepción de política a la Carl Schmitt, uno de los más cercanos al nacionalsocialismo, para plantear el campo de la política entre amigo/enemigo. Se hace necesario constitucionalizar la política, de suerte que no quede a disposición del más fuerte (Schmitt) o de una comprensión moralista nacionalista de la democracia (doctrina Bush). Esto se refleja en dos formas de entender hoy en día el problema del terrorismo y en dos modos de 20

Ver Guillermo Hoyos Vásquez (Editor y Prólogo), Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia, Bogotá, Goethe/PENSAR, 2007, pp. 9-21.

21

Ver. José Obdulio Gaviria Vélez, Sofismas del terrorismo en Colombia, Bogotá, Planeta, 2005. Esta tesis se repite en sus múltiples publicaciones e intervenciones, como si la verdad de las ideas dependiera del número de veces que se enuncian, así los argumentos y los hechos las vayan cuestionando.

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concebir la cooperación internacional. Un derecho hegemónico que exige represión inclusive violando derechos humanos y territorios ajenos y un sentido de pluralismo democrático que tiene ante todo en cuenta la soberanía de los Estados y los derechos de la personas como ciudadanos del mundo22. Y siguiendo con el Kant de La paz perpetua, habría que abrir los archivos para que la tarea de buscarla perpetuamente resultara de la crítica de un pasado que muchas veces parece perpetuarse en el presente. En la tarea del futuro abierto por el sentido de historicidad de la sociedad se puede comprender lo que auguraba Kant ya a fines del siglo XIX: un día en el que la política, si bien lentamente, brillara con todo su esplendor23. Para apostarle de esta forma decidida a la paz antes que a la guerra hay que compartir lo que el mismo Kant recoge de un pensador griego: “Lo malo de la guerra radica en que crea más personas malas que las que elimina”24. Por ello, si no se parte de un compromiso inconfundible con la paz antes que con la guerra, con ciudadanas y ciudadanos en frontera antes que con el protagonismo de los líderes y de los militares, el Estado de derecho pierde toda legitimidad que en vano quisiera recobrar con moralismos mojigatos, que llegan hasta lo más reaccionario en reediciones de maridaje entre la Iglesia y el Estado. Es lo que ocurre con la historia de Colombia cuando se lee desde los triunfadores, que no necesitan de memoria, sino de monumentos y de héroes. Como si todo sucediera por arte de birlibirloque, sin luchas sociales, sin exclusiones, masacres, genocidios de indígenas y afrocolombianos o simplemente de campesinos que estorban el desarrollo de la industrialización del campo y convierten cualquier intento de reforma agraria en campo de rastrojos. Y los falsos positivos, que cínicamente se atribuyen sólo a descuidos en el mando de turno y sólo a ciertos niveles. Y lo más grave, la masacre de la Unión Patriótica, auténtica solución política, resultado de los diálogos de paz del Presidente Betancur, si los colombianos hubiéramos estado preparados para la solución pacífica del conflicto25. Uno de los fenómenos más interesantes del desarrollo de lo público en la sociedad postsecular es la visibilidad que han cobrado las víctimas. En otras épocas era posible una justicia de transición teniendo a las víctimas solamente como objeto posible de reparación, si ésta no se entendía inclusive sólo como pena para evitar toda impunidad. La justicia restaurativa trata de responder a las víctimas. En cierta forma las víctimas son quienes mejor ponen de manifiesto los diversos sentidos complementarios de la tolerancia. Son ellas quienes efectivamente toleran el crimen, lo soportan, y son también ellas quienes ofrecen la clave fundamental para la reconciliación, dado que la víctima conserva en su existir, en su memoria como negación de la tolerancia, el imperativo de la política sin violencia26. 22

Ver mi ensayo: “Ethos mundial y justicia global en un enfoque discursivo” en: Francisco Cortés Rodas y Miguel Giusti, Justicia global, derechos humanos y responsabilidad, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007, pp. 333-359.

23

Ver: Immanuel Kant, La paz perpetua, Madrid, Aguilar, 1966, p. 113.

24

Ibid., p. 82.

25

El autor de este Prólogo estuvo como miembro de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Paz en la Fundación de la Unión Patriótica y recientemente asistió en 2006 como Presidente de la Comisión de “solución amistosa” a la ruptura de la misma.

26

Ver: Reyes Mate, Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco, Madrid, Fundación Alternativa, 2006

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Precisamente en estos días27 se ha reeditado en España el debate en torno a las víctimas y su derecho a la verdad. El manifiesto de protesta por la timidez de la sociedad española en afrontar críticamente este tema tan sensible y vergonzoso para el franquismo, documento apoyado entre otros por el premio Nobel José Saramago e intelectuales de la talla de Ernesto Sábato, responsable de investigar los crímenes de la dictadura argentina, y los escritores Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, sentó muy mal en el PP. Su Vicesecretaria de Organización, Ana Mato, se quejó de que estos intelectuales se dediquen a “dividir” con estos asuntos en lugar de hablar de la crisis económica, que es lo que en realidad, dijo, interesa a los españoles. “En estos momentos en los que los ciudadanos están atravesando una situación de crisis me parece un poquito chocante que el PSOE y las personas que le apoyan estén trabajando para dividir a los españoles, cuando además a la sociedad en su conjunto no le importa nada esa cuestión”, aseguró Mato. La dirigente popular señaló que tanto los políticos como las personas “que salen a la calle en el día de hoy” tienen la responsabilidad de aportar propuestas “que posibiliten que las familias puedan vivir mejor”. Por eso, mostró su “sorpresa” por qué estas personas, “que tienen una voz importante en la sociedad, no se dedican también a pedirle al Gobierno que adopte medidas para solucionar la situación económica… Yo pensé que la Constitución había acabado con todo eso. No digo que haya que olvidar, sino que hay que mirar al futuro y que ha sido la Constitución de la concordia la que nos ha permitido avanzar juntos sin mirar al pasado y sin echarnos nada en cara”, insistió. Mato mostró su “respeto” por los familiares que quieren desenterrar a sus víctimas. “Les animo a hacerlo a título individual, lo que no tiene sentido es que a título del Gobierno estemos intentando divisiones y enfrentamientos entre españoles”, aseguró. Buscando evitar este tipo de lectura para la historia reciente de Colombia, muy en consonancia con esta convocatoria del Archivo de Bogotá y de la Procuraduría General de la Nación, se realizó un Seminario Internacional sobre “La ley de justicia y paz en la perspectiva de las víctimas”, en Bogotá entre los días 8 y 10 de mayo de 2006, convocado por el Instituto Goethe de Bogotá, la Fundación Friedrich Ebert de Colombia FESCOL, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, la Asociación de Profesionales Colombianos con Estudios en Alemania ASPREA, y la Facultad de Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En la publicación que recoge las memorias de este importante evento28 se enfatiza como punto de partida de todo proceso de justicia, transicional y restaurativa, el derecho a la verdad por parte de las víctimas y también de la sociedad en su conjunto. Condición de posibilidad tanto material como hermenéutica de la verdad son los documentos de toda índole en el sentido más amplio posible de la palabra. 27

El seminario Internacional “Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad” tuvo lugar entre el 26 y el 28 de noviembre de 2008.

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Cfr. Guillermo Hoyos Vásquez (Ed.), Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia, Bogotá, Goethe/PENSAR, 2007.

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En ese espacio se puede establecer el diálogo entre víctimas, victimarios, Estado, intelectuales, políticos, en una palabra sociedad civil integrada por ciudadanas y ciudadanos. A nadie debería ser ajena esta memoria desde un imperativo por su conservación. Gracias a este diálogo eminentemente humano, moral, ético y político, se pueden estructurar procesos de justicia y paz, cuyos componentes fundamentales, en una especie de decálogo del derecho a la verdad, son: el recurso moral, la fenomenología del conflicto, la tolerancia moral y el pluralismo, la “compasión” como capacidad de “sentir con”, la comprensión de las situaciones conflictivas teniendo en cuenta el punto de vista del otro y de la otra; la “verdad” en el sentido genérico de la objetividad que podemos alcanzar comunicativamente; la justicia como equidad en toda su amplitud y extensión; el reconocimiento del otro como diferente en su diferencia y por tanto como interlocutor válido, como participante en igualdad de circunstancias y con igualdad de derechos en el ámbito de lo público; la reparación y el perdón y la reconciliación. Si se llegara a establecer un proceso con estas características la memoria estaría prestando todo su sentido a la comunicación y el diálogo en un horizonte marcado por el principio esperanza, que naturalmente no debería defraudarse con la presentación de falsos Mesías y no menos perversos mesianismos. Walter Benjamin termina sus Tesis sobre el concepto de historia con un apéndice B: Es seguro que los adivinos que inquirían al tiempo por los secretos que él guarda dentro de sí no lo experimentaban como homogéneo ni como vacío. Quien tiene esto a la vista puede llegar tal vez a hacerse una idea de la forma en que el pasado era aprehendido en la rememoración, es decir, precisamente como tal. Se sabe que a los judíos les estaba prohibido investigar el futuro. La Thorá y la plegaria los instruyen, en cambio, en la rememoración. Esto los liberaba del encantamiento del futuro, al que sucumben aquellos que buscan información en los adivinos. A pesar de esto, el futuro no se convirtió para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío. Porque en él cada segundo era la pequeña puerta por la que podía pasar el Mesías.

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Memorias Seminario Internacional

Samuel Moreno Rojas

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El Seminario Internacional Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad reviste la mayor importancia e interés para el gobierno de la ciudad, dada su directa relación con el fundamento de nuestra agenda gubernamental orientada a visibilizar, restaurar y garantizar los Derechos Humanos para construir una sociedad reconciliada y en paz. Desde la perspectiva del gobierno de la ciudad que presido, Bogotá es fundamentalmente una comunidad de derechos, lo que implica un esfuerzo por consolidar la capital de la República como la capital de los Derechos Humanos. En esa primera dimensión se entiende la realización por nuestra parte de este seminario como un ejercicio colectivo de reflexión, de escucha y de participación, en el marco de los derechos fundamentales a la información y a la verdad: a conocer la verdad, a no olvidar la verdad. El reconocimiento y la reconstrucción de esa verdad, su recuerdo y su resignificación en la conciencia ciudadana, la disposición del conocimiento y de los instrumentos técnicos con que contamos para rescatar los documentos y los relatos que hacen esa verdad, tienen ese primer sentido que es fundamental: la verdad debe saberse y guardarse, porque es una condición básica de ejercicio de los derechos fundamentales, y su garantía se convierte en un deber primordial del Estado. Es, en últimas, un deber que se cumple como condición para la construcción de esa ciudad de derechos. En segundo término, este seminario es el primer resultado de nuestra cooperación con la Procuraduría General de la Nación, en la misión legal que actualmente le corresponde de guardar la memoria histórica, aquella que no hace parte de los procesos judiciales. En este nuevo contexto, este seminario adquiere un sentido profundo. Bogotá aporta sus recursos y su experiencia como insumos para asegurar el conocimiento de lo sucedido en el conflicto colombiano y sus consecuencias en términos de la violación de los Derechos Humanos, porque su gobierno entiende que dentro del proceso de Justicia Transicional y de reconciliación que se quiere promover, es absolutamente indispensable e impostergable para la sociedad y las víctimas conocer la verdad. Sólo cuando esa verdad se conoce es posible dar 29

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

curso a la acción de la justicia. Sólo bajo esas condiciones se pueden definir acciones reales de reparación de los daños causados, en la medida de lo posible, y sólo allí es posible comenzar procesos serios de reconciliación, de perdón social y, por tanto, de construcción de futuros diferentes. Queda entonces claro cuál es aquí el valor de la memoria. Aún más, en ese marco de Justicia Transicional en el que, en aras de ese bien superior que es la paz, se acepta la imposición de penas alternativas, la verdad y la memoria, o la evidencia de los hechos reconocida social y públicamente, cobran mayor importancia, porque son recursos fundamentales para la reparación moral, muchas veces la más importante, y con ella la conciencia social y la solidaridad como pueblo. En ese marco, la verdad reconocida y pública es en mucho elemento fundante de la garantía de no repetición. Si lo sabemos, sino lo olvidamos, no permitimos que vuelva a pasar. Entonces, la definición de herramientas técnicas que permitan una ágil y adecuada gestión puesta al servicio de la memoria histórica del conflicto interno colombiano, es muy significativo para alcanzar una ciudadanía en el pleno sentido del término, que en el presente es, precisamente, el de la garantía y el ejercicio cierto de los derechos que se poseen. El reconocimiento de los hechos que vulneran los protocolos y normas reguladoras de los Derechos Humanos es, a su vez, un ejercicio ciudadano de participación conjunta de todas y todos. Se convierte en un compromiso de sociedad, también la recordación para la no repetición de hechos violentos, que debe ser asumida como una acción de reparación simbólica y real, lo que es también otro de nuestros propósitos en el Plan de Desarrollo, que esperamos ver cumplido a través del Centro de Memoria y Reconciliación que inauguraremos en la celebración del Bicentenario de la Independencia, proyecto que en este escenario daremos a conocer. Memoriales y obras conmemorativas, construidos alrededor del mundo en torno a la batalla contra del olvido, dan cuenta del cambio en los paradigmas de la memoria, pues, de constituir un medio de preservación y enaltecimiento de héroes y villanos que reproducían esquemas de confrontación entre los pueblos, así como verticales jerarquías sociales, pasan a identificar símbolos de conciencia y de reconciliación. La búsqueda de símbolos que nos permitan reconocernos adecuadamente y de manera participativa en el complejo entramado de las memorias es una acción en la cual, por ahora, se ha formulado la imprescindible recordación de las víctimas del conflicto. El monumento de las víctimas en Trujillo, Valle, es signo de estos nuevos medios. Reconocer el pluralismo y la diversidad de memorias es un ejercicio de aprendizaje social que deben estimular los archivos públicos. El diálogo entre las memorias de las víctimas permitirá, sin duda, la construcción de un vínculo que tenderá a reconocer los elementos y las fuerzas para la restitución de los tejidos sociales rotos, vulnerados y afectados en el marco del conflicto. 35


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Por ende, el fortalecimiento de espacios y métodos para el ejercicio de estas memorias es un acto democrático muy importante para la construcción de nuevas preguntas y respuestas acerca de la memoria que necesitamos como sociedad, golpeada reiteradamente por actos y procesos violentos. El desafío es grande, aunque el deber es claro. La actuación de los archivos públicos debe preservar el diálogo de las memorias de nuestro pasado y así prestar al ciudadano el servicio de garante del derecho a la verdad. Preservar las evidencias del sufrimiento, producto de la vulneración a la dignidad humana; garantizar su guarda y acceso público en el marco de los deberes estatales y garantías individuales, son pilares de la reparación que todos debemos a quienes han sufrido. Conozcamos nuestro pasado bajo modelos participativos y preguntémonos qué memorias necesitamos para construir procesos y mecanismos de reconciliación y aprendizaje social que impacten de forma favorable la cohesión social. Hacemos la memoria para construir el futuro. Qué guardar, cómo hacerlo, dónde y bajo qué reglas y niveles de acceso son preguntas básicas. Pero también cómo reconstruir las historias y versiones, y cómo analizar la información que se obtiene. El tamaño del drama colombiano de violación sistemática de los Derechos Humanos, la existencia de miles de víctimas de la violencia, el asesinato, el desplazamiento, el secuestro y la desaparición forzada, la violación y todos los horribles crímenes derivados del conflicto, hace que en términos técnicos tengamos al frente el enorme desafío de diseñar e implantar sistemas de información serios y eficientes que nos permitan reconstruir la historia, decir la verdad, reparar el daño y procurar la reconciliación. Por eso, mis agradecimientos para este grupo de 11 de expertos notables, que vienen de manera generosa para compartir la experiencia de los casos que, a lo largo y ancho del planeta, creemos que pueden servirnos para aprender y afrontar la tarea dura que nos corresponde y cuyo cumplimiento sabe el país que apoyaremos con todas decisión, con toda voluntad y con nuestros recursos. También, mis agradecimientos a la Procuraduría General de la Nación, que sabe que cuenta con la Alcaldía Mayor de Bogotá y, particularmente con el Archivo de Bogotá, para lograr estos propósitos. Al Instituto Pensar y a la Universidad Javeriana, nuestro reconocimiento por su apoyo decidido para el éxito de este seminario. A todos y todas los participantes, mi saludo. A los representantes del cuerpo diplomático y de los organismos multilaterales; a los funcionarios y funcionarias de las entidades del Gobierno Nacional y Distrital; a los delegados de los poderes legislativos y judicial, y de los órganos de control; a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía; a los académicos; a las Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil aquí presentes. 36


Esperamos que la reflexión y la experiencia compartidas en estos días resulte importante para el propósito común de construir la memoria histórica del conflicto colombiano, de garantizar la verdad, hacerla pública y accesible para que jamás se olvide; y con ello abrir puertas nuevas y distintas para la reconciliación y para el camino difícil de la paz que perseguimos incansablemente.


Artículos

• Trudy Huskamp Peterson

• Antonio González Quintana

• Michael Evans

• Miguel Ángel Jaramillo

• Ramón Alberch i Fugueras

• Patricia Huenuqueo

• Oscar Acuña Poblete

• Ruth Borja Santa Cruz

• Alicia Galeano

• Anne Pérotin-Dumon


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

LA FUNCIÓN DE LOS ARCHIVOS

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Trudy Huskamp Peterson30

El 10 de diciembre de 2008, la Declaración Universal de Derechos Humanos cumplió 60 años. Dictada a finales de la Segunda Guerra Mundial, es el documento fundador del movimiento de Derechos Humanos moderno. Está dirigida a todas las personas, en todos los países y en todos los regímenes políticos. Habla especialmente fuerte a aquellos dirigentes cuyos gobiernos enfrentan situaciones de agitación o de transición, bien sea de conflicto a tiempos de paz, de dictadura a un sistema democrático o de un régimen colonial a la independencia. La “más alta aspiración de la gente”, dice la declaración, es “el advenimiento de un mundo en el cual los seres humanos puedan gozar de libertad de expresión y de creencias, y libertad de temor y deseos”. Cuando un periodo caracterizado por un extendido o sistemático abuso de los derechos humanos llega a su fin, la gente que ha vivido en el temor puede expresarse. Si examinamos las transiciones políticas en muchos países en las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que surgen de la gente cuatro tipos de demandas para implantar los derechos y manejar el pasado. 1. Que las nuevas autoridades castiguen a los perpetradores responsables de las violaciones infringidas a los Derechos Humanos. 2. Que la estructura gubernamental del régimen anterior sea reformada para evitar una futura recurrencia de las prácticas represivas pasadas. 3. Poder conocer lo que realmente sucedió, tanto en términos personales (por ejemplo, saber el destino de un ser querido) como en términos de saber por qué la sociedad llegó a ser lo que fue.

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Presidente de la Sociedad de Archivistas Norteamericana; en 1998 fue consejera de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica; fue fundadora de la Sociedad Abierta de Archivos en Budapest, donde lidero esfuerzos para preservar y hacer posible los archivos originados en los países que conformaron el bloque Soviético. Autora del libro “Actos finales: una guía para preservar los archivos de las comisiones de verdad”.

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4. Derecho a la reparación, a la restitución de la propiedad y a la compensación moral y material por pérdidas sufridas durante el periodo de opresión. Los estados utilizan una gran variedad de enfoques para cumplir con estas cuatro demandas enfocadas a enmendar esas injusticias pasadas. Estos incluyen juicios para que los perpetradores se responsabilicen; reformas institucionales para reducir la posibilidad de que la represión pueda recurrir; actividades de búsqueda de la verdad, tales como las comisiones de verdad y los proyectos de exhumación; y las iniciativas de reparaciones y de restitución, incluyendo las actividades de recordatorios de carácter público. Cada uno de estos mecanismos de confianza reposa en los archivos. El reconocimiento de que los archivos y los encargados de los archivos juegan un papel central para respaldar los Derechos Humanos ha aumentado en las últimas décadas. Un evento clave fue la adopción en 1997, por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de un conjunto de principios contra la impunidad preparados por el jurista francés Louis Joinet. Joinet enfatizó que una persona tiene derecho a saber qué ha sucedido, tiene derecho a la verdad, pero también argumentó que la sociedad, como un todo, tiene tanto el derecho de saber como la responsabilidad de recordar. En efecto escribió: El derecho a saber es también un derecho colectivo, que se basa en la historia para evitar que las violaciones se presenten nuevamente en el futuro. Su corolario es el “deber de recordar”, que el Estado debe asumir, con el fin de prevenir contra las perversiones de la historia que circulan bajo los nombres de revisionismo o negacionismo, el conocimiento de la opresión que se ha vivido; es parte de la herencia nacional de las personas y como tal debe ser preservado31. Como parte de las medidas que un Estado debe tomar para proteger el derecho a saber, está el que “debe garantizar la preservación y el acceso a los archivos que se relacionen con las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario32.” Históricamente, los archivos existieron sobre todo para prestar un servicio a la institución de la cual hacen parte, bien sea un gobierno, una iglesia o una actividad comercial. Durante el curso del siglo XX, los archivos gubernamentales se dieron cuenta de que tenían la misma misión de servir a los ciudadanos del Estado que buscaba reafirmar sus derechos y obtener beneficios. Actualmente, en el siglo XXI, los encargados de los archivos han comprendido que son los encargados de preservar los Derechos Humanos, es decir que es función del encargado 31

“La Administración de Justicia y los Derechos Humanos de los Detenidos: Preguntas acerca de la impunidad de los perpetradores de las violaciones de derechos humanos (civiles y políticos).Informe Final revisado, preparado por el Señor Joinet, de conformidad con la decisión de la Subcomisión 1996/119”, Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1.1997-10-02; actualizada por Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102, 18 de Febrero 2005, y E/ CN.4/2005/102/Add.1, 8 Febrero 2005.

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Ibid, Principio 5.

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de los archivos seleccionar, proteger y poner a disposición los archivos de las instituciones, con la clara comprensión de que algunos de estos registros constituyen evidencia crucial para la protección de los derechos de los individuos. ¿Cómo pueden utilizarse los archivos para ayudar a la sociedad a impartir justicia y combatir la impunidad, promover la no recurrencia del conflicto y de la opresión, descubrir la verdad acerca del pasado y obtener reparación? Miremos los tipos de documentos que se conservan en los archivos y que pueden ser utilizados en todas las cuatro áreas de actividad..

Los juicios y el derecho a la justicia La necesidad de justicia bajo la norma de la ley se cumple a través de juicios (con programas de protección de testigos concomitantes) y protegidos a través de iniciativas de monitoreo del juicio. Los juicios pueden ser ante tribunales internacionales o locales, o tribunales híbridos que tienen tanto elementos nacionales como internacionales33. Los juicios se centran en los perpetradores individuales mientras que el monitoreo del juicio se enfoca en las estructuras institucionales y el sistema legal. Los dos utilizan los archivos de manera profusa.

Investigaciones y juicios Para enjuiciar de manera exitosa, los investigadores y los jueces deben comprender tres cosas acerca de la organización a la que pertenecen los funcionarios que están enjuiciando: la estructura de la organización, las funciones que cumplen y los registros creados a medida que desempeñan sus funciones. Esto es verdadero, bien sea porque el acusado es miembro de un gobierno, de un grupo de oposición o de un organismo paramilitar. Comprender las funciones y esferas de actividad de la entidad incluye comprender no sólo el territorio en el cual ha sido autorizado para operar, y sus relaciones con otras organizaciones y poderes, sino también la historia de la entidad y la forma cómo lleva a cabo sus asuntos en diferentes periodos de su existencia. Comprender la estructura y las funciones también ayuda al funcionario a juzgar la probable autenticidad y confiabilidad de los documentos de la organización que han sido obtenidos como evidencia. Si los registros de la organización ya se encuentran en los archivos, la descripción de los archivos puede suministrar la información básica acerca de la estructura y de las funciones sobre las cuales puede basarse el juicio.

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Los Tribunales internacionales son: la Corte Penal Internacional, los Tribunales Internacionales para la Antigua Yugoeslavia y Ruanda y la Corte Internacional de Justicia. Las cortes híbridas son aquellas que cuentan con una composición y jurisdicción mixtas que tienen que ver tanto con los aspectos nacionales como con los internacionales, usualmente operando dentro de la jurisdicción en donde ocurrieron los crimines. Éstos incluyen las cortes establecidas por las Naciones Unidas en Kosovo y en Timor del Este, la Cámara Especial para Crímenes de Guerra en Bosnia, la Corte Especial para Sierra Leona y las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya.

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Las investigaciones y los juicios utilizarán cualquier material documental que sea pertinente para el asunto que está siendo investigado: los registros gubernamentales (especialmente los registros militares y de policía, y de los servicios de seguridad, abiertos o encubiertos); los registros de organizaciones no gubernamentales e internacionales; los registros de iglesias y negocios, colegios y hospitales, así como de las morgues; copias de las transmisiones por radio y televisión, bien sea a través de los medios de propiedad del gobierno, tales como Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas en Ruanda o las transmisiones de periodistas investigativos, locales y extranjeros; y los documentos personales. Si los jueces están investigando crímenes “sistemáticos” (definidos como genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra si son cometidos a gran escala)34, es un aspecto crucial comprender el flujo de información hacia o desde los líderes. Esto exige un análisis serio de los registros a los más altos niveles de la institución; aquí los registros de documentos enviados y recibidos pueden ser especialmente útiles, tal como lo son los informes de las unidades subordinadas a los centros generales. Si la entidad bajo investigación utilizó sistemas electrónicos, es necesario localizar los correos electrónicos enviados y recibidos (especialmente si el sistema creó un acuse de recibo en el momento en que un correo electrónico es abierto), ya que éstos pueden brindar información significativa para los investigadores. Los jueces pueden obtener registros de las entidades no gubernamentales, las organizaciones internacionales y los grupos de iglesias que estuvieron presentes en la región en el momento en que ocurrieron los crímenes. Los registros pertinentes, creados por estas instituciones, pueden incluir, por ejemplo, informes regulares a la casa matriz de la entidad, entrevistas con las personas a las cuales están prestando asistencia, y la correspondencia con las autoridades locales como las organizaciones que luchan para obtener el permiso para traer o embarcar mercancías, trabajadores y refugiados. Debido a que muchas de estas organizaciones tienen experiencia sustancial por haber trabajado en países en crisis, los registros que reflejen un punto de vista neutral acerca de la escena sobre los eventos pueden tener un valor probatorio especial. Los jueces han tenido algún éxito en obtener registros de gobiernos que no hicieron parte del conflicto. La correspondencia entre una embajada y su sede principal puede contener informes detallados que son útiles para establecer el contexto de los crímenes; por ejemplo, los cables de la Embajada de los Estados Unidos en Lima (Perú) al Departamento de Estado en Washington fueron utilizados en el juicio contra Fujimori en el Perú35. Y los registros de los satélites sobre vuelos han sido utilizados en investigaciones del movimiento de cadáveres de 34

Crimen “sistemático” como término proviene del tribunal de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Es asumir que la escala de los actos es tan amplia que un “sistema” organizado, usualmente una fuerza de seguridad del Estado, es responsable del mismo. Ver Herramientas de las Normas de Ley para los Estados Post-Conflicto: Iniciativas para Procesos. HR/PUB/06/04 Ginebra : Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2006, p. 1117.

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«Experto en Archivos Testifica en Juicio contra Fujimori”. Actualización de los Archivos de Seguridad Nacional, 8 de septiembre de 2008.

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una tumba masiva a otra en Bosnia. Además de los registros de organizaciones, los jueces utilizan documentos personales. Los diarios han sido documentos importantes en varios casos. Una nueva fuente de información la constituyen los registros efectuados por individuos, participantes o no, con dispositivos de registro o de grabación personal. Una sensación en el juicio contra Slobodan Milosevic, en ICTY, fue el video grabado por un miembro de la Unidad Escorpiones que mostraba la ejecución, en julio de 1995, de 6 bosnios de Srebrenica36. Finalmente, los jueces pueden utilizar registros que han sido encontrados o decomisados, tal y como sucedió en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que estos tipos de registro se convirtieron en piezas clave de evidencia, en los juicios que se adelantaron contra los nazis.

Monitores de la Corte Los programas de monitoreo de la Corte son revisiones estructuradas de los procesos legales y la administración de justicia, usualmente conducidos por un equipo de personas independientes del sistema legal. Los monitores necesitan el acceso a los registros de casos anteriores a través del sistema de justicia. Además de los archivos de la Corte per se, también pueden buscar el acceso a los archivos que el juez y la policía llevan sobre el caso, los registros de las prisiones y los archivos del abogado de la defensa. Algunos monitores de la Corte tratan de establecer un patrón histórico de tendencias para manejar ciertos tipos particulares de casos, tales como la violencia doméstica. Estas investigaciones pueden requerir revisiones profundas de los archivos de casos anteriores o de los archivos de la Corte; también pueden utilizar registros de la policía para localizar la forma en que ésta manejó las quejas formuladas por el público.

Reforma institucional y la promoción de la no recurrencia La reforma institucional comprende la reconstrucción de las estructuras gubernamentales, desde los sistemas de justicia hasta las prácticas de archivos nacionales. Estos cambios estructurales incluyen la revisión y modificación de las leyes, las reformas regulatorias, la capacitación para introducir nuevos estándares y prácticas éticas, y la renovación de las estructuras físicas, entre otros. Junto con estos cambios estructurales formales, la reforma institucional puede también involucrar la evaluación de la conducta de los individuos que se encontraban en posición de autoridad en el régimen anterior. Este proceso, conocido como examen riguroso, evalúa 36

« Origen del Video de la Ejecución de Seis Bosnios de Srebrenica », publicación de prensa, Centro de Derecho Humanitario, 2007-12-17; Caso No. IT-02-54-T, Juicio contra Slobodan Milosevic, Decisión en Aplicación de una Reapertura Limitada”. http:///www.un.org/icty/cases-e/index-e.htm.

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la integridad de la persona para determinar si está en capacidad de desempeñar un cargo público. El proceso del examen tiene por objeto excluir del servicio público a aquellas personas cuyos cargos afectarían la confianza civil en las instituciones públicas legítimas. Los primeros registros utilizados en el proceso de examen exhaustivo son los registros personales, particularmente aquellos del gobierno o de algún partido político. Los registros de los funcionarios del gobierno pueden ser llevados de manera central o pueden ser llevados en cada entidad; pueden ser registros oficiales de personal así como los registros informales que son llevados por los supervisores. Es probable que los militares tengan sus propios registros personales y que la policía y otros servicios de seguridad quieran igualmente mantener archivos personales separados. Los registros personales usualmente tienen un índice (anteriormente eran tarjetas de archivo y hoy usualmente son en un sistema electrónico) que conduce al archivo de una persona37. Algunas veces el índice de tarjetas contiene suficiente información para fines de veto. Si bien es útil ser escéptico acerca de la veracidad de cualquier información en los registros de un régimen represivo, los registros personales que la organización misma utilizó para controlar a sus miembros son a menudo confiables. Más aún, debido a que los archivos personales se relacionan con los beneficios de los empleados, los años de documentación del servicio o los registros de lesiones en el cargo, los empleados solicitan que los registros sean llevados de manera correcta. Esta presión interna hace que los sistemas de registros personales operen con un alto grado de precisión. Las fuentes adicionales de información para el examen riguroso incluyen los registros policiales (naturalmente aquellos de la policía secreta); registros de los tribunales; registros de los partidos políticos; registros de elecciones; informes de organismos, tales como Naciones Unidas y sus agencias, las entidades no gubernamentales y las comisiones de la verdad; los informes de los medios, tanto locales como extranjeros; y los registros de investigaciones independientes38. Éstas son particularmente útiles si los registros de personal relevantes son parciales o su confiabilidad es cuestionable.

La búsqueda de la verdad y el derecho a saber La búsqueda de la verdad toma muchas formas. La más básica es la búsqueda del destino de las personas desaparecidas. Este puede ser un proceso de búsqueda en los registros, entrevistas a personas, exhumación de los sitios de entierros y realización de pruebas de ADN.

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Los gobiernos y los partidos políticos mantienen listas o índices de su personal pero también lo hacen las estructuras clandestinas. Por ejemplo cuando el gobierno de Colombia capturó un computador perteneciente a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el computador contenía la lista de miembros. De manera similar la captura de un computador perteneciente a Al-Qaeda en Irak contenía una lista de miembros.

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Herramientas legales para Estados Post-Conflicto: El examen riguroso: Un Marco Operativo, HR/PUB/06/05, Ginebra: Alto Comisionado de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, 2006. P. 17.

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Así como los individuos buscan información acerca de sus seres queridos, el público en general busca una respuesta relacionada con lo que sucedió dentro de la sociedad como un todo. Durante la última parte del siglo XX uno de los vehículos más populares para buscar verdades societales han sido las comisiones de la verdad.

Localización de las personas Las búsquedas de los archivos relacionados con las personas desaparecidas, particularmente después de un conflicto armado, deben utilizar la fuente más amplia posible de registros. Se requiere de imaginación lógica para pensar a través de aquellos registros que pueden ser relevantes. La estructura de búsqueda inicial, que puede ser de utilidad, es formular la hipótesis de lo que pudo suceder antes, durante y después de la desaparición. Si, por ejemplo, el supuesto es que el gobierno es responsable de la desaparición, el próximo paso es pensar cuáles estructuras gubernamentales estuvieron probablemente antes, durante y después de la desaparición, y cuáles fueron los archivos que se crearon en ese momento. Por ejemplo, en el caso de una persona que desapareció durante una protesta callejera, algunas de las preguntas que deben formularse acerca de las actividades antes de la demostración pueden ser: • • • • • • • •

¿La policía u otro organismo de seguridad estaba siguiendo a esa persona con anticipación? ¿Existe una tarjeta índice de esa persona en sus archivos? ¿Existe un archivo de documentación sobre esa persona? ¿Esa persona presentaba algún interés para los militares? ¿Esta persona había sido arrestada previamente? ¿Existen archivos separados de informantes y contienen copias de los archivos de los informantes? ¿Qué informantes presentaron informes antes de la protesta? ¿El reporte de algún informante menciona a la persona desaparecida?

Las preguntas que deben formularse acerca de las actividades en el momento de la protesta, pueden incluir: • • • • •

¿Cuáles fueron las órdenes impartidas a los servicios de seguridad el día de la protesta? ¿Qué unidades estuvieron involucradas para contener la protesta? ¿El servicio de seguridad elaboró grabaciones de audio o video acerca de la protesta? ¿Cuáles informes suministraron estas unidades a sus superiores después de la protesta? ¿Los superiores, a su vez, enviaron informes al jefe del servicio o al jefe del gobierno?

Finalmente, algunas preguntas que es necesario formular acerca de los archivos de las organizaciones que pueden haber estado involucradas en la protesta son:

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• • • • • • • • •

¿En dónde se encuentran los archivos de la reserva y detención inicial de las personas arrestadas? ¿Las personas afectadas fueron fotografiadas y estas fotografías se mantienen en un archivo separado? ¿A las personas arrestadas se les tomaron las huellas digitales? Y los archivos de huellas digitales existen de manera separada? ¿Existen archivos de la propiedad personal que fueron confiscados a la persona arrestada? ¿Existen registros de admisiones a un hospital de la policía o a un hospital militar? ¿Existen registros del traslado de un prisionero de una unidad a otra? ¿Existen archivos de cortes militares secretas? ¿Existen archivos de transporte, incluyendo vuelos sobre el mar en donde los cuerpos pueden haber sido lanzados? ¿Existe un conjunto de archivos de un operador de radio o de télex en una unidad que guardó una copia de todo lo que envió y recibió?

• Algunas búsquedas de desaparecido incluyen proyectos de exhumación. Los equipos forenses que excavan las tumbas colectivas pueden iniciar su trabajo utilizando información oral que les ha sido suministrada, pero el equipo puede también corroborar los datos utilizando los registros de las unidades militares o de seguridad que fueron asignadas para cavar las tumbas o transportar los cuerpos. La identificación de los restos hoy en día tiende a utilizar las pruebas de ADN, pero los registros médicos y dentales pueden ser de utilidad para confirmar una identidad si no hay ADN conocido de la persona desaparecida y si no hay un sobreviviente que pueda suministrar el ADN para comparación.

Comisiones de la Verdad Las comisiones de la verdad no están ligadas a las normas formales de evidencia requeridas por un proceso y por tanto utilizan un más amplio rango de archivos que otras instituciones de justicia transicional. Así como los jueces requieren comprender la estructura, las funciones y los archivos de una organización, también lo requieren las comisiones de la verdad. Los archivos del gobierno (especialmente militares, de policía, de los servicios de seguridad, los registros civiles, los instrumentos públicos, los registros de los tribunales y del juez), las difusiones de radio y televisión, los registros de las organizaciones internacionales, los registros de las ONGs, los documentos personales, todos ellos han sido utilizados por una comisión de la verdad. Muchas comisiones de la verdad han tenido dificultades para obtener archivos militares; algunos han tenido la capacidad de utilizar documentos desclasificados obtenidos de otros países que han proyectado luz acerca de las actividades militares. La mayoría de las comisiones de la verdad reciben extensos testimonios orales, cuyo registro puede ayudar a sustanciar, expandir o refutar. Mientras que la mayoría de las comisiones de la verdad han estado en América Latina y África, y han observado eventos en el pasado reciente, Canadá acaba de crear una –como parte de 48


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una conciliación por una demanda– para observar las prácticas en las Escuelas Residenciales Indias entre finales del siglo XIX y la década del 70 del siglo XX. En este caso, dado el rango de años, los archivos del gobierno, de las iglesias y de las instituciones educativas serán de gran importancia para la indagación.

El derecho a la reparación El objetivo de las actividades de reparación es ofrecer una compensación por el daño sufrido. Pueden tomar varias formas. Las disculpas oficiales, los memoriales y las conmemoraciones constituyen reparaciones por parte de la sociedad a las víctimas como un todo. La restitución de la propiedad (propiedad raíz o propiedad personal), compensación por pérdidas y rehabilitación son reparaciones a los individuos o a sus herederos, o en algunos casos a grupos definidos tales como un pueblo o una tribu. Las formas societales de reparación a menudo pueden hacerse sin necesidad de recurrir a los archivos, pero los archivos son cruciales cuando se trata de la reparación a los individuos. En diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución acerca de los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho a un Remedio y a una Reparación para las Víctimas de Evidentes Violaciones de la Ley Internacional sobre los Derechos Humanos y Serias Violaciones del Derecho Internacional Humanitario39”. Ésta agrupó las medidas de reparación en cinco categorías: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La restitución y la compensación son particularmente dependientes de la utilización de los archivos.

La restitución La restitución, tal y como se define en los Principios Básicos, se refiere a las medidas que “restauran a la víctima a su situación original antes de que ocurrieran las evidentes violaciones”. La búsqueda requerida en los casos de restitución relacionados con la propiedad es a menudo compleja y puede exigir el uso de muchos archivos gubernamentales y no gubernamentales. El primer punto es probar quién poseía qué y luego, si la persona ya no está viva, quiénes son los herederos de los bienes de dicha persona. Para probar la herencia se requiere probar que el propietario original ha muerto y luego probar las relaciones familiares y los patrones de herencia. Los registros civiles, los registros eclesiásticos, los registros hospitalarios y médicos, y los archivos de pruebas de los tribunales, son todas fuentes importantes en estos casos. Si de lo que se trata es de la restitución de tierras y el gobierno efectuó las confiscaciones, los registros de tierras del gobierno son los archivos críticos. Si el terreno no fue confiscado sino transferido bajo coacción, los registros notariales y otros registros locales y mapas pueden ser de particular utilidad. 39

Resolución de la Asamblea General 60/147 del 16 de Diciembre, 2005.

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Si el tema es la restitución de la propiedad personal mueble o de un negocio, puede utilizarse una amplia variedad de fuentes, desde los registros de seguros hasta los registros comerciales, pasando por los registros notariales de transferencias y ventas. Las amplias investigaciones después de la confiscación de propiedades efectuadas por los nazis, tales como las obras de arte, han utilizado todo tipo imaginable de archivos, desde registros de museos, archivos de seguros hasta las listas de transporte y más. La restauración de la ciudadanía, la restauración del derecho al voto y la restauración del empleo, exigen el uso de documentos que puedan probar la situación anterior de la persona, tal como su registro de nacimiento del hospital, el registro eclesiástico de matrimonio, una lista de registro de votantes, un archivo de casos de la Corte, o un registro laboral que muestre al empleado en un lugar especifico de trabajo.

Compensación La compensación es el pago efectuado por la sociedad como consecuencia de un daño infringido en el pasado40. Una pregunta clave en los casos de compensación es quién entra dentro de la categoría de personas que deben ser compensadas. Después de la decisión política acerca de los parámetros de la clase de los beneficiarios, los individuos deben demostrar que caen dentro de los límites. Los archivos aquí son esenciales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los ciudadanos de ancestro japonés fueron encerrados en campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1988, el gobierno pagó a cada individuo una compensación monetaria por el tiempo que tuvo que permanecer en el campo41. Para ayudar a determinar quién era elegible para recibir la compensación, el gobierno utilizó las tarjetas originales que se conservaron acerca de cada persona que fue enviada a un campo. Las tarjetas, preservadas en los archivos nacionales de los Estados Unidos, fueron una forma primitiva de tarjetas perforadas de computador que los archivos tuvieron capacidad de convertir a una base de datos de computador. Además, las entidades no gubernamentales japoneso-americanas poseían una lista completa de las personas que se encontraban en los campos. El uso de estas fuentes documentales complementarias permitió al gobierno verificar la validez de las reclamaciones y proceder al pago de la compensación respectiva.

Preservar los archivos de las instituciones de justicia transicional Las instituciones llevan a cabo todos los procesos de justicia transicional. Estas instituciones pueden ser internacionales o nacionales, permanentes o temporales. Las instituciones nacionales pueden constituir una parte especial de una institución existente 40

Los Principios Básicos determinan que la compensación “debe darse por cualquier daño que pueda ser evaluado económicamente”. Resolución Asamblea General 60/147, anexo paras, 19-23.

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Además, los sitios en donde estuvieron localizados los campos de internado, han sido designados como sitios históricos nacionales, una forma de reparación societal.

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(corte, jueces) o un organismo temporal totalmente nuevo (comités de examen riguroso, comisiones de la verdad, paneles de reparación). La mayoría de ellos son instituciones gubernamentales, con la excepción especial de los proyectos de monitoreo de la Corte y algunas comisiones de la verdad, tales como la comisión de la verdad patrocinada por la Iglesia Católica en Guatemala. Los archivos de las instituciones de justicia transicional deben ser manejados de manera competente, mientras que la institución esté activa. Luego, una vez la institución haya terminado su labor, sus registros deben ser evaluados, a fin de decidir cuáles son aquellos que deben ser trasladado a los archivos por su valor documental. Es crucial que el Estado decida cuáles archivos serán responsables de los registros de los organismos de justicia transicional del gobierno. Como mínimo, los registros deben permanecer dentro del sistema de archivo nacional. Si para una posterior acción gubernamental, un organismo sucesor requiere una porción de los archivos (por ejemplo si los archivos de una comisión de reparación son necesarios para la tesorería gubernamental con el fin de pagar las reclamaciones), esos registros deben ser copiados y entregados al organismo sucesor. Los archivos originales no deben dividirse. Solamente manteniendo los archivos de manera unida puede el gobierno garantizar que los futuros usuarios podrán conocer efectivamente todo cuanto realizó e hizo el organismo, así como aprender de los errores y aciertos del pasado.

Conclusión Así como los estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, también tienen la responsabilidad de preservar los archivos que la gente necesita para ejercer la plenitud de sus Derechos Humanos. El impulso de destruir o distorsionar los archivos debe ser incondicionalmente desestimulado. Los encargados de los archivos en todas las instituciones son responsables de algunos registros que tienen impacto sobre los Derechos Humanos. Este rango de los registros personales básicos es el más sensible de las cortes secretas para registrar la propiedad de tierras. Los encargados de los archivos deben reconocer el nexo que existe entre los registros y los Derechos Humanos, y tener la capacitación y la autoridad para seleccionar la preservación permanente de los archivos que tienen un valor significativo como evidencia o información para la protección de los Derechos Humanos. Los encargados de los archivos deben proteger estos documentos del deterioro accidental o intencional, y facilitar el acceso a ellos, primero preparando las ayudas para los hallazgos y luego poniéndolas a disposición para su uso, de acuerdo con la autorización legal. El acceso a los archivos es la clave para combatir la impunidad, para examinar rigurosamente a los funcionarios, para descubrir la verdad y otorgar las reparaciones. Pero así como existen 51


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presiones para abrir los archivos, también las hay para mantenerlos cerrados. El problema del acceso es una lucha en la esfera política y no desde los encargados de los archivos, y es particularmente polémica cuando la apertura de los archivos está unida a procesos de justicia transicional. Los encargados de los archivos pueden aconsejar, acerca de la importancia y las características de las buenas leyes de acceso, a quienes hacen las políticas. Pero en última instancia son los encargados de los archivos quienes deben administrar lo que la ley y la legislatura hayan determinado. En un período transicional, algunas personas pueden argumentar que la sociedad debe mirar hacia adelante y no hacia atrás, y sencillamente cerrar el libro del pasado. Pero cerrar el libro del pasado no significa cerrar los archivos: justamente es lo opuesto. Tal como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Suráfrica sabiamente decidió, “fue necesario voltear la página de la historia, pero primero necesitábamos leer esa página.42” En los archivos, estas páginas esperan a los lectores.

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Alex Boraine. A Country Unmasked. Oxford: Oxford University Press, 2000, p.5

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DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS

DE DERECHOS HUMANOS

Michael Evans43

Voy a explicar, en primer lugar, que es el Archivo de Seguridad Nacional. Nuestra institución es una organización no gubernamental ubicada en Washington y no, como muchos piensan por su nombre, una entidad de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, o un archivo nacional dependiente del mismo. El que nuestro nombre se preste para generar confusión se convierte, en ocasiones, en una ventaja. Por ejemplo, algunas veces llamamos al Pentágono para solicitar algo y al escuchar el término “seguridad nacional”, nos prestan atención. El Archivo de Seguridad Nacional fue fundado en 1985, por un grupo de periodistas, historiadores y otros profesionales que habían venido utilizando la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act FOIA) para recopilar la información contenida en documentos clasificados y que, cansados de guardarla en los sótanos de sus casas, decidieron constituir una organización sin ánimo de lucro que recopilara esta clase de información y la diera a conocer públicamente. En nuestro archivo reposa la mayor colección de documentos del gobierno de Estados Unidos a los que se ha levantado la reserva y se ha dado acceso al público, gracias a la solicitud realizada por estos historiadores y periodistas bajo los términos de la Ley de Libertad de Información. Así mismo, somos los usuarios más prolíficos de esta Ley, al enviar anualmente miles de solicitudes al gobierno de Estados Unidos para que nos envíen información que ha sido clasificada como secreta. Tenemos dos propósitos principales, el primero es documentar la historia de la política exterior norteamericana y el segundo es la defensa del derecho a la verdad y al conocimiento 43

Coordinador del Proyecto de documentación de Colombia del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Autor de varios textos sobre relaciones entre Estados Unidos y Colombia, política internacional antinarcóticos, la invasión de Timor del Este por las fuerzas indonesias y relaciones entre China y Estados Unidos.

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de la información, a través de la desclasificación, y el acceso a documentos que han sido vetados a los ciudadanos en general, por una u otra razón. En este sentido, parte de nuestro trabajo es ejercer presión para que el Congreso de los Estados Unidos mejore las leyes relativas al acceso a la documentación por parte del público. Y en algunos casos nuestro trabajo también se desarrolla en otros países, como es el caso de México. No somos archivistas en el sentido tradicional. Es más, ninguno de los documentos que tenemos es original, sino copias en las que, en algunos casos, hay apartes censurados bajo la restricción que permite, por seguridad nacional, la Ley de Información. No obstante contar con algunas excepciones a la libertad de información, la FOIA, que fue proclamada en el año 1966 y a la que se le han hecho varias enmiendas (1996, 2002, 2007) es la herramienta más importante que tenemos para trabajar, al punto que sin ella nuestra organización no existiría. Lo que nos permite básicamente la Ley es asegurar el acceso del público a los documentos oficiales que se encuentran en los registros del gobierno federal. Es decir, cubre todas las entidades, oficinas y corporaciones federales. Hay que decir, que esta la FOIA no cubre al Congreso de los Estados Unidos y, por lo tanto, los registros de esta institución no están disponibles bajo esta Ley. Hay que aclarar, además, que los registros presidenciales si están cubiertos por esta Ley, no obstante estar en un sistema especial, bajo el modelo de bibliotecas presidenciales que se rigen por otra serie de reglas y el acceso es distinto. Uno puede radicar una solicitud mediante una carta sencilla dirigida a la entidad respectiva, diciendo que bajo los parámetros de la FOIA requiere una determinada información, la cual, por ley, tiene que ser entregada al solicitante, una vez el gobierno determine que esta solicitud no cae bajo las excepciones de la Ley44. Al respecto, si uno no está satisfecho con la respuesta del gobierno puede apelar esa decisión ante la misma agencia, ante un panel destinado para esto, que, muchas veces, resulta ser una instancia muy útil. Incluso, en el caso de ser denegada la solicitud por segunda vez, se puede llevar esta petición ante un tribunal. Hay otra alternativa con respecto a la revisión obligatoria de desclasificación del levantamiento de la reserva, la cual se da mediante orden presidencial. No obstante ser una herramienta muy útil, existen dificultades y limitaciones en el uso de la Ley, sobre todo aquellas que tienen que ver con el tiempo real en que es entregada la 44

Seguridad Nacional; Reglas internas de personal y de prácticas de dependencias gubernamentales; Información específicamente protegida por una Ley; Secretos comerciales e información financiera privilegiada o confidencial recabada de una persona; Memorandos y oficios relacionados que están restringidos por ley, al hacer parte de un litigio; Información de individuos en registros personales, médicos o similares, cuya revelación atentaría contra derechos de privacidad; Información recabada para la procuración de justicia, que implique alguna de las excepciones antes mencionadas; Información en reportes elaborados por o en relación con regulación de instituciones financieras; Información geológica y mapas relacionados con pozos de gas y petróleo.

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información, ya que aunque pueden existir casos en que los documentos son entregados en uno o dos meses, hay otros en que la respuesta se puede tomar de tres a cuatro años. Una vez visto esto, quiero hablar ahora de cómo se procede para realizar una solicitud eficaz bajo la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos. En primera instancia, se debe hacer una investigación sobre la información que se requiere. Hay que determinar qué es lo que ya existe en los registros históricos disponibles antes de comenzar a pedir más información, a fin de evitar solicitar aquello a lo que ya de hecho se puede tener acceso. Así, se deben recopilar todas las fuentes secundarias posibles, establecer una cronología, redactar algunas biografías de funcionarios claves que han participado en lo que se ha tratado en la investigación de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, unidades secretas. Adicionalmente, para solicitar al gobierno información clasificada o secreta hay que ser sumamente claro y concreto. Por ejemplo, si estoy solicitando algo sobre Colombia debo dar el nombre de la entidad oficial en inglés y en español, porque uno nunca sabe cómo va a aparecer un nombre dentro de un registro oficial, y hay que asegurarse de dar todos los términos o todas las posibilidades de uso de estos nombres o palabras claves para motores de búsqueda. De igual manera, es muy importante conocer la ley y estar preparado para las demoras, teniendo en cuenta que el término de ley mínimo para dar una respuesta es de veinte días. Para hacer un uso efectivo de la Ley, entonces, debemos ser lo más concreto y claro posible, dándole a las agencias todos los nombres, fechas y lugares que conozcamos para que puedan tener datos que ayuden a encontrar los registros. En caso de que queramos solicitar unos documentos concretos, porque tenemos certeza de su existencia y del lugar dónde se encuentran, se puede hacer utilizando una desclasificación de la reserva por revisión obligatoria y no bajo la ley, teniendo en cuenta que, en este caso, se tiene un nivel adicional de apelación en caso de negación de la solicitud, pero se acepta renunciar a una revisión judicial. Se ha buscado previamente mucha información secreta a través de la Ley de Información desde el momento en que entró en vigencia. Voy a nombrar algunos de los más recientes e importantes casos. Después de más de diez años de espera, la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) entregó “las joyas de la corona”. Así llamaron nada más y nada menos que a un informe de 700 páginas, altamente secreto, en el que se encontró que la CIA había violado sus propias reglas durante 25 años. La mayoría de los casos tenían que ver con interceptación telefónica ilegal de periodistas extranjeros y complots para llevar a cabo asesinatos en el exterior durante los años 70. Esta información fue publicada en nuestro portal de Internet (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/), generando que miles de usuarios accedieran a nuestro sitio web.

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Otro documento importante que recibimos a principios de 2008 fue un informe interno del Pentágono, dirigido al presidente Bush y al secretario de la Defensa de EU, Ronald Rumsfeld, en el que se decía cómo el Pentágono veía la misión que tenía el gobierno frente a la Guerra de Irak. Lo significativo es que consideraban que sólo se requerirían cinco mil soldados de Estados Unidos en Irak, cuando sabemos que esto para nada es el caso. En ese informe se puede ver que la administración Bush tenía una visión supremamente optimista de los resultados que tendrían en Irak.

Un tercer caso es el de un memorando que en enero de 2001 escribió Richard A. Clarke, un profesional de la Agencia Nacional de Seguridad, a Condoleezza Rice, secretaria de Gobierno, diciéndole que Al Qaeda era un problema profundamente serio y que tocaba afrontar una estrategia integral contra este grupo. “De inmediato, es algo urgente, no se trata de un pequeño temita terrorista, no, urgentemente requerimos una estrategia contra Al Qaeda”.

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Por otra parte, en el Archivo de Seguridad Nacional también ejercemos un rol de defensores de principios, no sólo como investigadores que buscan documentos si no también en nuestro propósito de que el sistema funcione mejor. Un ejemplo de esto es el logro que conseguimos en noviembre 10 de 2008, cuando un tribunal federal sentenció que el Archivo de Seguridad Nacional podía seguir con sus esfuerzos de exigir a la Casa Blanca la recuperación de millones de registros de correos electrónicos aparentemente perdidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el correo electrónico es una nueva frontera en los documentos federales y en las leyes de desclasificación, que se ha convertido en un registro histórico de suma importancia, ya que mucha de la información que se cruza actualmente entre las agencias e instituciones, y al interior de las mismas, sólo se realiza por este medio. Así mismo, a raíz de una demanda nuestra un tribunal decidió que la CIA no tenía el derecho a determinar qué documentos correspondían a noticias de prensa, y esto significó que nuestra organización fuera exonerada de pagar altas tarifas de fotocopias, excepción que existe para los medios de comunicación que solicitan información. En octubre, un tribunal decidió que los archivos nacionales de los Estados Unidos debían levantar la reserva a la información sobre los juicios realizados contra personas acusadas de espionaje durante el periodo de la Guerra Fría, entre la cual se encuentran los testimonios rendidos y los nombres de cada uno de los jurados que participaron en los juicios. Como consecuencia de esta decisión se podrá conocer lo que realmente sucedió en cada uno de estos casos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el famoso caso de Julius y Ethel Rosenberg, una pareja estadounidense acusada de trabajar para el gobierno soviético, que fue sentenciada a muerte. De otra parte, y siguiendo con el trabajo que realiza el Archivo de Seguridad Nacional, cada año nuestra organización le hace una auditoría al “sistema FOIA”, a fin de revisar que se esté cumpliendo con los principios y objetivos de esta Ley. En una de estas auditorías, realizada en el año 2006, encontramos que había solicitudes que se remontaban al año 1989 y que no habían sido resueltas. Quisiera enfatizar el hecho de que uno puede utilizar la Ley de Información para toda clase de temas y no sólo para averiguar sobre los asuntos de política de seguridad nacional y su influencia en otros países, como es nuestro caso. La gente utiliza la FOIA para obtener información, por ejemplo, sobre por qué las tasas de salmonella son muy altas en las plantas estatales o sobre los cultivos ilícitos en una reserva natural, por sólo mencionar unos casos. Entonces, la pregunta real para este seminario es: ¿Por qué utilizar documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos para estudiar las violaciones a los Derechos Humanos en otros países? En primer lugar, para mi, la respuesta es la innegable intervención norteamericana en todos los conflictos que se han desatado en el mundo entero, tanto durante la Guerra Fría como después; y la existencia de una Ley que hace posible que parte de esa información, tarde o temprano, pueda ser entregada al público, aún contra todas las limitaciones que se puedan presentar. Y en segundo lugar, la existencia de organizaciones como el Archivo de 57


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Seguridad Nacional, que tienen tiempo para esperar que sus solicitudes sean respondidas y demostrar por qué pueden ser útiles para luchar contra las violaciones de Derechos Humanos, así como para los procesos de reparación que tienen lugar en varios países. Al respecto, me preguntan frecuentemente ¿por qué confiar en la información que entrega el gobierno de los Estados Unidos?, ¿por qué creer que esta no es falsa o está manipulada? La respuesta es que la información que encontramos es a menudo tan vergonzosa para los Estados Unidos que es difícil creer que sea falsa. Al contrario, la mayoría de la información que es desclasificada relata hechos que muchos quisieran que se mantuvieran en el anonimato e involucra, en ocasiones, a personas que han sido o son aliadas del gobierno norteamericano. Han existido momentos claves en el trabajo de nuestra organización, como la ayuda que le prestamos, en 1992, a la Comisión de Verdad de El Salvador, al conseguir desclasificar una innumerable cantidad de documentos que existían en los archivos de las agencias estadounidenses relativos al conflicto armado ocurrido en ese país. Por la presión que ejerció el Archivo de Seguridad Nacional, en 1999, el presidente Clinton le ordenó a las agencias americanas desclasificar registros sobre la dictadura chilena en los años 70 y 80, principalmente aquellos que contenían información sobre el golpe de estado realizado en 1973 y que llevó al poder a Augusto Pinochet. Adicionalmente, hemos trabajado con la Comisión de Verdad de Guatemala, cuando uno de nuestros analistas dio un testimonio clave en el caso contra dos ex oficiales de las Fuerzas Armadas de ese país que fueron acusados de secuestrar y asesinar a una antropóloga. También trabajamos con el Centro de Estudios Sociales de Argentina, para ayudar a que el Departamento de Estado entregara documentos sobre la Guerra Sucia. Y hemos colaborado en Paraguay para dar a conocer miles de registros sobre lo que se conoce como la Operación Cóndor, en la que los organismos de seguridad de todas las dictaduras de América del Sur colaboraron entre sí para pasarse información y poder detener a quienes consideraban contrarios al “régimen”. Estos registros tenían información sobre personas que fueron secuestradas, interrogadas, torturadas, asesinadas y llevadas de un país a otro. Es la memoria institucional de la Operación Cóndor. Por otra parte, se han dado casos en los que organizaciones de los países que han estado en conflicto nos han entregado documentos que han logrado rescatar, a fin de evitar que se pierda la memoria de lo que realmente sucedió. Uno de estos casos fue el de un grupo de defensores de los Derechos Humanos de Guatemala, que nos entregó, en 1999, un registro militar que fue sacado de contrabando de Guatemala, en el que se documentaba qué había pasado con docenas de personas que habían desaparecido a manos de los escuadrones de la muerte de ese país. Ese registro nos fue entregado, porque la organización consideró que éramos, por el trabajo que hemos venido realizando, la institución más apropiada no sólo para conservar el documento, si no para publicarlo y garantizar de esta forma el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. 58


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Quisiera hablar ahora del trabajo que adelantamos en Colombia, y por qué los documentos que se encuentran en los Estados Unidos y que tienen levantamiento de reserva pueden convertirse en una fuente importante para conocer lo que ha sucedido en este país. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los principales receptores de la ayuda norteamericana, por fuera del Oriente Medio, y que tres de los grupos que se encuentran en la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras son de origen colombiano. Este tipo de cosas generan que exista mucha información del país en los registros estadounidenses, así como informes de los organismos de vigilancia norteamericanos y cruce de información entre las autoridades de los dos países. Es así como mucha de la información a la que no se puede tener acceso en Colombia puede estar, de cierta manera, registrada también en los Estados Unidos, lo que puede ayudar a su desclasificación si se utilizan los mecanismos de los que he hablado anteriormente. En lugares donde operaron comisiones de paz, como El Salvador, Guatemala y Perú, se puso de manifiesto la necesidad de recopilar la información de lo que sucedió en el conflicto, y que al hacerlo mucho después de que ocurridos los hechos, como ha sucedido en casi todos los casos de dictaduras o conflicto armado, da lugar a que se pierda gran parte de la información y de la memoria histórica de las violaciones de los Derechos Humanos. Es importante, entonces, en el caso de Colombia, en el que el conflicto está presente, empezar a recopilar la información antes de que ésta se pierda. Yo he estado trabajando en este país por unos 8 o 9 años, de manera que ahora la idea es tomar lo que tenemos, focalizar las necesidades de hoy en día y seguir mirando materiales que van a ser útiles en el futuro. Lo que hemos hecho desde el comienzo es que cuando tenemos información importante tratamos de publicarla en diarios que tengan interés en hablar sobre lo que sucede en América Latina y sobre los conflictos sociales que allí tienen lugar, tales como el New York Times. Inclusive, hemos llegado a publicar en diarios de Colombia. La mayoría de la información que hemos dado a conocer tiene que ver con el crecimiento y auge de la violencia paramilitar, especialmente a mediados de los años 90. En el Departamento de Estado de los Estados Unidos reposan cientos de casos de actuaciones de las Fuerzas Armadas y grupos ilegales de Colombia, que han sido reportados tanto por la embajada como por las agencias e instituciones norteamericanas que han estado o han realizado trabajos en este país. Uno de los documentos que he visto habla acerca de un plan aprobado por un comandante del Ejército Colombiano para generar una unidad clandestina que adelantara acciones contra el Partido Comunista y otros agitadores “izquierdistas”, la cual era conocida como la Alianza Anticomunista Americana (AAA).

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Hemos encontrado, así mismo, documentos y registros que contienen información acerca de organizaciones y capos del narcotráfico. Por ejemplo, varios documentos que nosotros encontramos y a los cuales pudimos acceder ayudaron a escribir la historia que relata el libro Matando a Pablo. En esencia, lo que se puede ver en esos documentos es evidencia de que las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos conocían lo que estaba sucediendo, y tenían información de las decisiones que se estaban tomando a los más altos niveles del gobierno colombiano con relación al objetivo de capturar a Pablo Escobar. Y sobre las conexiones entre miembros de la Policía Nacional y el grupo Los Pepes tras el objetivo común de acabar con Escobar.

Por otro lado, quiero referirme a parte del trabajo inicial que hemos hecho con el Grupo de Memoria Histórica liderado por Gonzalo Sánchez, ayudándole con la investigación del caso de Trujillo (Valle del Cauca), en el que murieron, a manos de fuerzas paramilitares, más 240 personas entre 1986 y 1994. 60


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Algunos de los documentos encontrados sobre el caso de Trujillo muestran que hay una gran preocupación por lo que allí sucedió y que el oficial que fue destituido por el ministro de Defensa, por el papel que jugó en las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Trujillo, entre abril y mayo de 1990, recibió entrenamiento militar en los Estados Unidos en dos ocasiones.

El problema es que todo esto se está diciendo tras bambalinas. Sobre el terreno, de manera eficaz en materia de la ayuda norteamericana a la seguridad, nada cambia, y pareciera que esa fuera la manera como se ha manejado la relación. Los Estados Unidos se han quedado tranquilos con el proceso lento, gradual. Cuando se puede mostrar que algo ha sucedido ahí, sacan un par de coroneles. Pero pese a eso este tipo de fatalidades institucionales siguen existiendo. Finalmente, quiero mencionar de manera breve nuestra agenda para el Proyecto de Documentación de Derechos Humanos en Colombia: • •

• •

Promoción (Advocacy): Promover la transparencia y el derecho a conocer la información sobre violaciones a Derechos Humanos, corrupción, terrorismo de Estado, etc. “Responsabilización” (Accountability): Obtener, organizar y analizar documentos que permitan apoyar y dar sustento a las investigaciones que las comisiones de la verdad y las acciones nacionales e internacionales hacen en favor de los Derechos Humanos. Archivos (Archives): Apoyar a los investigadores sobre casos de Derechos Humanos para que puedan tener posibilidad de acceso a los registros oficiales de instituciones civiles, militares y de seguridad. Apoyo Técnico (Technical Support): Colaborar con expertos y personas que trabajan en el tema, a fin de encontrar vías innovadoras de utilizar y aprovechar información gubernamental para beneficio de la defensa de los Derechos Humanos. 61


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“Redes de Trabajo” (Networking): Traer expertos, practicantes y activistas en diversas áreas a fin de compartir experiencias y conocimientos sobre temas como transparencia, investigación, Derechos Humanos, archivos, estadísticas y software.

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DERECHOS, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, ARCHIVOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Ramón Alberch I Fugueras45

1. Archivos para los derechos humanos Deseo iniciar mi intervención aludiendo a una situación preocupante y que se refiere a la concepción que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre los archivos y los profesionales que trabajamos en ellos, en el sentido de que aún pervive una visión anclada en el pasado y que es deudora de la mítica del polvo, los anaqueles desordenados y la paz y el olvido milenario. Contrariamente a esta visión pesimista, cabe señalar que los archivos devienen en la actualidad no sólo en espacios donde resguardar la memoria, sino también en centros aliados de las políticas de transparencia y buen gobierno, en el marco de una creciente accesibilidad, tanto física como remota. Por lo que se refiere a la memoria es cierto que su utilización ha devenido excesiva, y rara es la publicación del ámbito de las ciencias sociales que no maneje los términos memoria con gran abundancia de adjetivaciones, las más comunes de las cuales son histórica y colectiva. En todo caso, señalar la correlación positiva que se establece entre los términos archivo, memoria y derechos humanos, en la medida que cada vez es más evidente que, para restablecer los derechos que han sido vulnerados y garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, la recuperación, organización y accesibilidad a los archivos, se convierte en un elemento clave y este clamor reivindicativo ha impregnado rápidamente a colectivos y asociaciones profesionales de archiveros que han captado la relevancia y trascendencia del tema.

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Subdirector General de Archivos y Gestión Documental de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña y autor de obras como “Archivos y derechos humanos” y “Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento”.

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Si bien hace unos años establecer un vínculo, ni que fuera conceptual, entre archivos y Derechos Humanos podía causar sorpresa, incluso en el mismo ámbito profesional, actualmente una consulta en Google relacionando ambos conceptos puede alcanzar cerca de tres millones de referencias, lo que demuestra el imparable cambio experimentado en pocos años. Esta dimensión democrática de los archivos se concreta en la capacidad de contribuir a la recuperación de la memoria histórica y a aportar, así mismo, documentos originales, auténticos y fiables para el ejercicio de los derechos ciudadanos que permitan la consecución de los valores de verdad y justicia, en un contexto presidido por la lucha contra la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. El punto de arranque formal de una iniciativa que consolidara las primeras experiencias prácticas de trabajos encaminados a utilizar los archivos para la causa de los derechos humanos se produce en el año 1995, cuando Unesco encargó a un grupo de archiveros, encabezado por el español Antonio González Quintana, un estudio sobre el tratamiento de los archivos de los regímenes represivos, en un momento en que las transiciones políticas de dictaduras a regímenes democráticos en la Europa del Este propiciaba múltiples interrogantes sobre el uso y destino de los documentos generados por las policías políticas de la seguridad rumana, la Stasi alemana o la KGB rusa. Posteriormente, la actualización de este estudio y su difusión a través del Consejo Internacional de Archivos ha permitido consolidar un conjunto de buenas prácticas, por lo que se refiere a la organización y acceso de los archivos de elevado interés para la defensa de los Derechos Humanos. De manera sintética, las recomendaciones a los poderes públicos se concretan en: • •

• • •

Los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben ser conservados. Los documentos que testimonian la violación de Derechos Humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos colectivos (libre elección del modelo de transición; derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos) e individuales (derecho a la exculpación y la rehabilitación; a conocer el paradero de familiares desaparecidos en el período represivo; al conocimiento de los datos existentes sobre cualquier persona en los archivos represivos; derecho a la investigación histórica y científica; libertad y amnistía para los presos políticos y de conciencia; derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por las víctimas de la represión; derecho a la restitución de bienes confiscados). Los archivos de los organismos propios del régimen represivo deben someterse a la legislación democrática. Los archivos de los desaparecidos servicios represivos deben quedar bajo control de las nuevas autoridades democráticas. Los archivos de las Comisiones de Verdad, y organismos similares, deben ser protegidos y su uso regulado por las leyes. 64


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• • • • • • •

Debe arbitrarse una solución para la custodia y conservación de los archivos de los Tribunales de Justicia creados con la finalidad de juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Los documentos que testimonian la pasada represión política deben ser custodiados en centros de archivo. Los archivos que custodian los documentos de la represión deben someterse a la protección legal de los bienes de interés cultural. Debe regularse el uso de los archivos de la represión. Se deben exigir, por los países en procesos de transición, las fuentes sobre la violación de derechos humanos y represión política que les afecte, en poder de los servicios de inteligencia de regímenes de tradición democrática. Se deben localizar y censar los archivos de los organismos públicos involucrados en la violación de los derechos humanos. Se deben arbitrar medidas de fomento para localizar, proteger y tratar archivísticamente los fondos documentales producidos por las organizaciones de derechos humanos y los organismos de oposición a los regímenes represivos. Se debe divulgar el conocimiento de los archivos represivos.

Este conjunto de recomendaciones permite actuar como guía en las numerosas intervenciones de localización y organización de acervos documentales que se están llevando a cabo en multitud de países, tanto en la Europa del Este como en Latinoamérica. En este sentido, cabe destacar los proyectos emprendidos para organizar los archivos de la policía guatemalteca, de la policía política de la época del dictador paraguayo Stroessner y, principalmente, el proyecto colectivo impulsado por la organización no gubernamental Archiveros sin Fronteras, denominado “Organización y acceso a los archivos y documentos de las dictaduras militares de Latinoamérica” (2007-2010). Por otra parte, la solvencia de la metodología archivística, que en los últimos decenios ha elaborado un conjunto de estándares internacionales que ha permitido superar una concepción eminentemente practicista de la profesión para alcanzar el estatus de ciencia, supone un valor añadido en la tarea de organizar de manera eficiente grandes y dispares volúmenes documentales. En la actualidad, la normalización de los instrumentos de clasificación uniforme; de descripción (ISAD-G e ISAAR-CPF); la evaluación funcional y todo el conjunto de normas ISO que inciden plenamente en la gestión, preservación y autenticidad de los documentos electrónicos, permite plantear actuaciones de carácter transversal e interdisciplinar con plenas garantías de éxito.

2. Las condiciones indispensables: accesibilidad, desclasificación y preservación Para que los archivos puedan aportar su valor testimonial e informativo en el marco de la defensa de los derechos humanos es necesario que cumplan una serie de condiciones 65


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ineludibles: que estén organizados y descritos correctamente, que se conserven en las condiciones adecuadas y, sobre todo, que sean accesibles. Cabe tener en cuenta que todas las proclamas que hagamos a favor de la accesibilidad quedan seriamente comprometidas si los documentos no están organizados, de manera que los postulados aperturistas de las leyes de libertad de información tropiezan con una realidad caracterizada por unos fondos documentales y archivos que no se encuentran en condiciones y que impiden la aplicación de esta legislación. La mayoría de instituciones públicas han ido asumiendo que el grado de accesibilidad a los archivos públicos constituye el termómetro de la salud democrática de un país y sin este requisito se impide a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos más elementales. Esta asunción debe relacionarse con el hecho de que avanzado el siglo XX arraiga la noción de derecho a la información, entendida como la cuarta ola de los Derechos Humanos, equivalente a los ya consolidados derechos civiles, políticos y sociales. Por lo que se refiere a la accesibilidad a los archivos de la represión y muy singularmente al de las policías políticas, la situación es desigual y los avances legislativos en raras ocasiones se traducen en mejoras evidentes para el ciudadano. En Europa del Este, excepto el caso ejemplar de Alemania, los organismos específicos creados para garantizar el acceso en el marco de los procesos de transición política han devenido más instrumentos partidistas que verdaderos centros de investigación y apoyo a las víctimas de los excesos de las dictaduras comunistas. En cuanto a América latina, la destrucción intencionada de archivos ha constituido un lastre que sólo se ha podido superar en parte gracias a la localización de acervos relevantes en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil o Guatemala, y por el formidable empuje de la sociedad civil, que ha generado conjuntos documentales de gran interés. En este sentido, debe considerarse el excepcional valor de los documentos derivados de las Comisiones para la Verdad y la Reconciliación en la medida que son un testimonio trascendental al constituir en algunos países, la única aportación documental –en base a testimonios personales- que han permitido reconstruir parte de la historia de la represión institucional. La insuficiencia de documentos que aporten pruebas irrebatibles de la represión, al encontrarse inaccesibles o haber sido destruidos de manera intencionada, sitúa la práctica de la desclasificación como un ejercicio de grandes posibilidades de futuro. En realidad, la desclasificación –tornar accesibles documentos que los gobiernos mantienen en estrictas condiciones de seguridad y secreto- puede complementar adecuadamente las aportaciones de los testimonios y suplir las deficiencias derivadas de la inaccesibilidad a los documentos en los países de origen. La presión para ejercer el derecho legal de solicitar la desclasificación de documentos constituye la esperanza más sólida para propiciar la obtención de pruebas procedentes de archivos sometidos a fuertes medidas de restricción o a plazos de reserva muy prolongados.

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Con el objetivo de vencer esta voluntad secretista y la discrecionalidad con que frecuentemente se administran las restricciones desde los gobiernos, abogados, defensores de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales aprovechan las posibilidades o lagunas de las leyes para reivindicar la desclasificación de documentos. Por ejemplo, es evidente que sin la desclasificación de documentos llevada a cabo por la administración del presidente Clinton y que afectaba en su mayor parte a documentos referidos a Argentina y Chile, muchos de los avances en el ámbito de la justicia universal no habrían alcanzado la fuerza y la dimensión actual. En este sentido, deviene un referente ineludible: las acciones dirigidas desde el Nacional Security Archive de la Universidad George Washington que, aprovechando las disposiciones de la Freedom of Information Act (FOIA) norteamericana, han sido capaces de propiciar la liberación de ingentes cantidades de información. En todo caso, debemos evaluar críticamente estas fuentes de información, ya que los datos suministrados por una agencia de investigación o una policía secreta, caso de la CIA americana, la Stasi alemana, la KGB rusa o la DINA chilena, tienen frecuentemente una clara intencionalidad política y pueden falsear la información, como parte de una estrategia gubernamental para luchar contra el enemigo. El análisis de algunos hechos históricos recientes certifica la práctica de la elaboración de información sesgada, e incluso calumniosa, con la finalidad de justificar actuaciones contra gobiernos legítimos. Así mismo, la información contenida en expedientes policiales que ha sido conseguida mediante torturas, extorsiones o espionaje debe utilizarse de manera sensata y manteniendo la privacidad de las personas afectadas, en la medida que ha sido obtenida con métodos claramente ilegítimos y contrarios a los Derechos Humanos. Es altamente ilustrativo el caso del escritor inglés Timothy Garton Ash, que vivió un tiempo en la República Democrática de Alemania-RDA y que fue objeto de espionaje y de elaboración de un notable expediente referido a sus supuestas actividades contrarias al régimen comunista. En su libro “El expediente. Una historia personal” contrapone su vida diaria con las anotaciones de la policía conservadas en el archivo de la Stasi y constituye una prueba irrefutable de la necesidad de valorar con mucho tino este tipo de información, dada la voluntaria manipulación de los hechos y las distorsiones derivadas de su necesidad de encontrar por doquier enemigos del régimen. En consecuencia, el trabajo conjunto de archiveros, juristas, antropólogos, historiadores y defensores de los Derechos Humanos debe permitir profundizar en conceptos tan relevantes como los de autenticidad y falsedad documental, entre otros, y contribuir a un uso ajustado y razonable de este tipo de informaciones. En definitiva, el acceso y uso de los documentos pertinentes adquiere una importancia trascendental, ya que permite exigir la siguiente tipología de responsabilidades: • •

Amnistía para los delitos de opinión; Indemnizaciones a las víctimas; 67


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• •

Depuración de responsabilidades (torturas, desaparición, asesinatos); Restitución de los bienes confiscados.

Esta recuperación de documentos debe permitir también superar la amnesia y el olvido de los hechos acaecidos, restituir la memoria histórica como instrumento de conciencia y civismo, y también como referente ético indispensable en toda sociedad democrática.

3. Archivos y centros de memoria La emergencia del impulso de políticas gubernamentales de memoria ha propiciado la eclosión de un sinnúmero de centros y servicios, que tienen la finalidad de recuperar documentos y proceder a su difusión, como una manera de recuperar la memoria histórica y hacer pedagogía para que los ciudadanos recuerden estos hechos y se pueda evitar, en lo posible, su repetición en el futuro. Muchos de estos centros pretenden constituirse, a la vez, en archivos, centros de documentación, museos y centros de la memoria, propiciando una cierta confusión que, en ocasiones, no ayuda a una percepción clara de su objetivo y conlleva una pérdida de información, al no ser ésta organizada adecuadamente. Una ojeada a la situación internacional permite vislumbrar la convivencia de diferentes modalidades: el comisionado para los archivos de la Stasi alemana, los Institutos de la Memoria de la Nación en la Europa del Este, el Archivo Nacional de la Memoria argentino, el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos en Asunción o el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. El caso alemán se concreta en un magnífico archivo que provee de información a las personas afectadas, como es el caso del Centro que cuida del Archivo del Terror en Asunción, mientras que los Institutos de los antiguos países del Este europeo entremezclan las funciones de centros de investigación con una vertiente de utilización partidista de la información por parte del Estado. Lo más preocupante, desde el punto de vista archivístico, es que en la mayoría de los casos hay un desprecio absoluto a la metodología archivística y una clamorosa ausencia de profesionales preparados, lo que redunda en una ineficiente organización de los documentos, una preservación poco adecuada y una explotación muy limitada de la rica información que atesoran. En este contexto, cabe señalar que las directrices internacionales en esta materia son muy claras: los archivos de los aparatos represivos del Estado deben vincularse a los sistemas archivísticos nacionales. En el caso de la creación de instituciones específicas para la organización, preservación y acceso a estos fondos documentales debe constar muy claramente su carácter transitorio y la obligación de transferir estos fondos y archivos a los sistemas archivísticos nacionales en plazos prefijados, tal como se ha acordado en el caso de una organización ejemplar como el comisionado alemán.

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Tal como hemos señalado en nuestro trabajo “Archivos y Derechos Humanos”, la opción de situar estos fondos documentales en instituciones archivísticas o en centros creados ad hoc, plantean las siguientes ventajas e inconvenientes: a) La integración de los archivos y los documentos relacionados con la violación de los derechos humanos en instituciones archivísticas del estado: • • • • •

Se integran con normalidad en el patrimonio documental y el sistema archivístico del Estado, sin superposiciones, solapamientos o casos de bicefalia en los órganos rectores de la política archivística. Se garantiza un tratamiento archivístico adecuado, con profesionales preparados (identificación de los fondos, organización y descripción, preservación e integridad). Usualmente se garantiza una preservación más adecuada, al contar con instalaciones específicas. Necesidad de formar expertos en el tratamiento de este tipo de acervos. Posibilidad de que el Estado interfiera en la imprescindible transparencia y accesibilidad a estos documentos. b) La integración de estos archivos en organismos especializados creados ex novo:

• • • • • • •

Potente visualización de la problemática de los derechos humanos. Posibilidad de recabar con una cierta rapidez los recursos humanos y financieros adecuados. Mayor eficacia temporal en atender a los afectados al tener muy claramente focalizado su objetivo prioritario. Posibilidad de instalarlos en edificios emblemáticos de la época de la dictadura. Coste económico relevante al tener que crear un organismo de nueva planta y proceder a su dotación en infraestructura y recursos materiales y humanos. Frecuente ausencia de profesionales de los archivos en sus cuadros directivos. A menudo se percibe únicamente como un tema de defensa de los derechos humanos y de difusión de la historia reciente, y se adolece de una visión archivística del tema. Tendencia a mezclar de manera indiscriminada los conceptos de archivo y centro de documentación y los materiales informativos (documentos, videos, fotografías, libros, folletos, testimonios personales, recortes de prensa, pancartas…).

En todo caso, entendemos que al tomar la decisión de recuperar, organizar y tornar accesibles los documentos que son testimonio de la represión deben valorarse ambas opciones, si bien asumiendo, sin dudas, que el destino final de estos archivos, más allá de los objetivos coyunturales, debe ser el sistema de archivos públicos del Estado.

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4. Las organizaciones no gubernamentales para los derechos humanos Es evidente que la causa de los Derechos Humanos precisa de sinergias entre los colectivos que pueden aportar metodología y principios básicos, como los abogados, los antropólogos, historiadores, archiveros y defensores de los Derechos Humanos. Al lado de organizaciones tan relevantes como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el grupo Nizkor o Derechos Chile, encontramos también las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, como la argentina Memoria Abierta (1999), el Open Society Archives (1995) o las numerosas asociaciones de recuperación de la memoria histórica creadas en España desde el año 2001. Entre las organizaciones no gubernamentales de tipo archivístico destaca Archiveros sin Fronteras, con sede en Barcelona, creada en 1998. Cuenta con órganos correspondientes en Francia, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. También actúan en el ámbito de los Derechos Humanos un grupo de trabajo (2004) auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos y la organización mexicana Adabi. Esta breve relación de entidades de diferente índole refuerza la necesidad de trabajar de manera cooperativa y transversal, y abandonar la tentación del aislacionismo, en la medida que cada sector aporta una serie de potencialidades que finalmente benefician a la causa común de los derechos humanos.

5. Bibliografía básica y recursos electrónicos •

ACKERMAN, John M.; Irma E. Sandoval: Leyes de acceso a la información en el mundo. México: Instituto Federal de Acceso a la Información, 2005, 2ª edición.

ALBERCH i Fugueras, Ramon: Archivos y derechos humanos. Gijón: editorial Trea, 2008.

DINGES, John: Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago de Chile: ediciones B, 2004.

GARTON Ash, Timothy: El expediente. Una historia personal. Barcelona: editorial Tusquets, 1999.

GONZÁLEZ Quintana, Antonio: Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Actualización y ampliación del informe elaborado por UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivos. París: Consejo Internacional de Archivos, 2008.

JELIN, Elisabeth; Luzmila da Silva Catela (comps.): Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI, 2002. 70


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

KORNBLUH, Peter: Pinochet: los archivos secretos. Barcelona: editorial Crítica, 2004.

MENDOZA, Aída Luz: Archivos y derechos humanos: Los documentos de la CVR. Lima: Centro estratégico para el Desarrollo Empresarial, serie archivística, 1, 2006. SILVA, Emilio: Las fosas de Franco. Crónica de un desagravio. Madrid: Temas de Hoy, 2006.

• •

Archiveros sin Fronteras www.archiveros.org

Apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México (Adabi) http://www.adabi.org.mx

Consejo Internacional de Archivos www.humanrightsarchives.org

Memoria Abierta http://memoriaabierta.org.ar

Open Society Archives http://www.osa.ceu.hu

National Security Archive http://www.gwu.edu/nsarchiv/

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CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oscar Acuña Poblete46

En primera instancia, quiero recordar un poco cuál fue la situación de Chile entre el 11 de septiembre del año 73 y el 11 de marzo del año 90, época en que el orden constitucional fue alterado, viviéndose una situación de anormalidad institucional. Durante este período, la separación de los poderes del Estado no fue real, porque existió un Ejecutivo, encabezado por el general Pinochet, y un Legislativo, que eran los cuatro comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en que los tribunales sufrieron limitaciones para pronunciarse sobre los casos de violaciones a los Derechos Humanos, siendo esto quizás lo más grave. Tal vez por esta razón, la mayoría de los expedientes correspondientes a esos años y que reposan en los tribunales no dieron un sustento claro de lo que se vivió en nuestro país, y es en otros lugares donde existe la información de lo que realmente sucedió, como es el caso de la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad es un ente ligado a la Iglesia Católica, que fue, en la época de la dictadura chilena, un valiente defensor de los Derechos Humanos, convirtiéndose en esperanza de aquellos que no tenían esperanza, y que guardó parte importante de los testimonios de las víctimas y de las investigaciones efectuadas, a pesar de los varios intentos realizados por el régimen de la dictadura de incautarlos o destruirlos. Esta institución era apoyada de manera resuelta por el cardenal y arzobispo de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez, sumamente criticado en su tiempo por los sectores que apoyaban al régimen de la época, ya que muchos aducían que quienes eran opositores por no profesar la fe católica o ser contrarios a ella, no eran merecedores de esta protección. Pero 46

Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile entidad que lleva gestiones con organizaciones sociales con el fin de promover la protección patrimonial a un conjunto de bienes inmuebles caracterizados por haber funcionado como escenarios de vulneración a los Derechos Humanos desde el golpe de estado de septiembre de 1973 hasta el fin de la dictadura militar.

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el postulado del cardenal fue sumamente claro: Cristo no distingue entre quienes tienen la fe y quienes no la tienen. En el fondo, el rol de protección es un rol que la iglesia, en su calidad de mensajera de Cristo, tiene que llevar más allá de sus fronteras. De otra parte, entonces, con esa situación constitucional tan atípica, después del 11 de marzo del 81, entra en vigor la Constitución del 80, sin que eso implicara un cambio, porque la Constitución en realidad no entra plenamente a regir y todas estas garantías constitucionales establecidas: el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a permanecer en el lugar en que uno quiera vivir, están suspendidas a través de estados constitucionales de excepción, que permiten el exilio, que permiten la relegación, esto es, el traslado de las personas “supuestamente peligrosas” de sus domicilios a otras áreas donde no tengan contacto con otros de su misma categoría; la desaparición forzada, la muerte, la tortura, todos elementos que se mantuvieron vigentes durante ese tiempo. La Constitución del 80 prácticamente entra a regir en plenitud recién el 11 de marzo del año 90, cuando retorna la democracia, con todos los problemas, fruto de su concepción que mantenían enclaves autoritarios en múltiples partes de su texto, que han sido modificados a lo largo de los años. Menciono esta situación, porque nos encontramos con que los grandes archivos que nos interesaría conocer son los de los organismos de seguridad de la época, que estaban encargados de la actividad represiva. Estos, en su gran mayoría, no existen o fueron destruidos, o simplemente están escondidos y nadie da testimonio de dónde se encuentran. Añadida la circunstancia de que al finalizar la época de los 80, la ley que regula el Archivo Nacional también sufrió una modificación en cuanto a que los archivos del Ministerio de Defensa Nacional no ingresaran al depósito del Archivo Nacional; todo un contexto que va acentuando cuál es el estado del arte en nuestra materia y que por cierto no contribuye a que exista una memoria desde el punto de vista oficial del Estado al respecto y tengamos que remitirnos, quizás, a los grandes hitos. Estos grandes hitos son: •

Los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en poder todavía de la Iglesia, que durante largos años la dictadura también trató de que pasaran a su control y que merced a la fuerza de ésta ello pudo evitarse.

Los archivos que se generaron a partir de la Comisión Rettig, en el retorno a la democracia; y los archivos de la Comisión Valech, que es posterior, que permiten en el fondo ilustrar testimonialmente qué sucedió en esa época.

Siguiendo en este ámbito, y también ligado con lo que exponía brevemente nuestra amiga norteamericana, en relación al derecho a reparación moral y material, es que uno encuentra muy vinculado el tema del patrimonio al de los Derechos Humanos en Chile. El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile es una entidad que protege el patrimonio 73


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monumental cultural y natural de Chile, la cual ha estado enfocada, tradicionalmente, a la preservación de grandes obras arquitectónicas y a los bienes arqueológicos. No obstante, en la actualidad el Consejo no está sólo enfocado hacia este fin sino que también ha comprendido la necesidad y pertinencia de proteger el patrimonio cultural indígena y el patrimonio en materia de Derechos Humanos, ambas áreas más complejas de abordar. El Consejo es, además, un organismo técnico que depende del Ministerio de Educación, el cual ha procurado tener siempre una visión amplia y multifacética acerca del tema patrimonial, gracias a que dentro de los diecinueve consejeros que lo conforman se encuentran personas que vienen de diferentes sectores de la ciudadanía, contando, inclusive, entre sus miembros con un representante del Ministerio de Defensa, a la sazón un coronel del Ejército. Las funciones básicas de nuestra entidad comprenden la declaración de Monumentos Nacionales, que contienen las categorías de Monumentos Históricos (con la que se trata de proteger la integridad) y la de Autenticidad. También encontramos una tercera categoría, la de Zonas Típicas, que abarca la protección de los bienes arqueológicos, así como la de autorización de instalaciones de monumentos públicos, que son los nexos que nos van a ir llevando al tema de los Derechos Humanos. Asimismo, la protección y las investigaciones de materias arqueológicas nos ofrecen tradicionalmente una situación vinculada con el área de Derechos Humanos, cuando, fruto de las mismas, se producen hallazgos de tumbas de distinto orden. Muchas veces pueden ser de raíz indígena, colonial, etc., pero también está implícita la posibilidad de que puedan corresponder a lugares de sepultación desconocida de detenidos desaparecidos, de tal suerte que ahí nosotros necesariamente tenemos que tener una interacción, porque junto con haber una supervisión arqueológica también hay una presencia del poder judicial en esta materia. Entonces, este es un tema que nos implica una actividad intensa que, asociada con nuestro rol en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por el componente patrimonial de los proyectos sometidos al sistema, nos genera una intensa agenda. Así las cosas, descritas nuestras principales tareas, es necesario señalar que en el marco de nuestra ley hemos asumido la tarea de vincular los Derechos Humanos a través de la declaratoria de monumentos nacionales, en la categoría de monumento histórico, de inmuebles o sitios vinculados a la violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar. Vamos a ver en el detalle de casos, cuáles son las complejidades que ello nos ofrece. Así como en materia de archivos nos encontramos con carencias, también en materia de bienes inmuebles (lugares de detención, centros de tortura) nos encontramos con una situación similar. Una visión estratégica del régimen de la época fue no dejar evidencia de esta situación. Nos encontramos con que en muchos casos los inmuebles utilizados fueron demolidos, destruidos, vendidos o enajenados, de manera que no hubiera posibilidad de transformarlo en un lugar de memoria y de dar cuenta de lo que allí ocurrió. Y finalmente, un tema que también es importante es no quedarnos sólo en la declaratoria. Es 74


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decir, no señalar sólo “este bien es importante y hay que protegerlo”, sino apuntar a la puesta en valor de esos sitios. Hay que generar las condiciones para que se encuentren, mejoren y permitan de verdad ser un mecanismo de memoria viva para que la gente pueda visualizar qué fue lo que ahí ocurrió.

Declaratoria de monumentos nacionales de categoría de monumentos históricos, inmuebles o sitios. Partamos por los sitios básicos, los Hornos de Lonquén. Los Hornos de Lonquén es un sitio histórico que está en la comunidad Talagante. Fue un lugar donde se encontraron los restos de quince campesinos y obreros en los hornos de una mina de cal de la época, que habían sido fusilados sin juicio previo. Este hecho fue conocido a través de la confesión de un particular a la Iglesia católica, y llevó a que se publicara una investigación en un libro por Don Máximo Pacheco, que es un importante jurista nacional, acerca de los Hornos de Lonquén. Estos campesinos fueron arrestados y asesinados el 7 de octubre de 1973, y sus cuerpos ocultados en estos antiguos hornos en desuso, que también quisieron hacer desaparecer. Ha habido una actuación sistemática para ir eliminando estos testimonios. José Domingo Cañas fue un ex centro de detención ubicado en una comuna muy central de Santiago, la comuna de Ñuñoa. Era propiedad de un ciudadano brasileño, fue sede de la embajada de Panamá, donde se refugió mucha gente después del golpe militar. A posteriori, fue asumido por la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), órgano de persecución política recién ocurrido el golpe, y se coinvirtió en un centro de detención y tortura. Era toda una casa ocupada como centro de operaciones de tortura. Allí mantuvieron a más de 40 personas prisioneras simultáneamente. Se tiene un registro de que existen 40 personas detenidas y desaparecidas en esta casa. Cuando la casa es recuperada por el propietario, él la vende a una empresa que se ubicaba en el sitio aledaño. Era una empresa de venta de juguetes, que se llamaba El Castillo del Juguete Rochet, y el nuevo dueño del inmueble buscó demolerlo para montar ahí un estacionamiento para su tienda, a pesar de que el colectivo José Domingo Cañas había declarado su voluntad de protegerlo. Este colectivo, carente de personalidad jurídica, pero con una connotación bastante dinámica, se moviliza para proteger este sitio y busca que se declare monumento nacional, completando la declaración el 21 de octubre del 2002. Pero antes de que se declare, de que esté firme ese proceso, el particular demuele la casa y entonces nos encontramos con que este centro de detención termina siendo simplemente un sitio baldío. Surgió la inquietud en el Consejo de Monumentos sobre si se seguía adelante con la declaratoria, dado que había desaparecido el principal testimonio que se había tenido en vista, que era la vivienda donde había sido detenida y torturada la gente o se abortaba el proceso. Con esto último, en el fondo obtenía un triunfo el propietario, que buscaba burlar esta voluntad de protección. 75


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El Consejo optó por seguir adelante en la declaratoria y quizás lo positivo de este lugar es que a partir de la gestión conjunta de diversas entidades públicas y también del colectivo en su momento, se obtuvo que fuera expropiada por el Estado. Con esto se ha buscado que este sitio sea puesto en valor y dé testimonio, a través de una nueva construcción que no busca ser un falso histórico, sino transformarlo en un centro de difusión de lo que fueron las violaciones a los Derechos Humanos que allí ocurrieron. Esa es una dinámica que apunta a restituir el valor del sitio. Fue un hecho público y notorio que, una vez producido el golpe, el Estadio Nacional fue transformado en un centro de detención y tortura, donde hubo muchos desaparecidos. Ese estadio es un ícono deportivo para Chile, ahí se celebró el Mundial de Fútbol de 1962 y se han efectuado grandes gestas deportivas. Desde el punto de vista arquitectónico, un inmueble que a nosotros nos merecía su protección, que da cuenta del potencial moderno o contemporáneo de Chile. También desde el punto de vista espiritual, lugar de encuentro de Su Santidad el Papa Juan Pablo II con los jóvenes chilenos en plena dictadura. Sin embargo, la declaratoria de monumento histórico no fue sencilla, porque eso implica que cualquier intervención que se realice allí requiere de la autorización del Consejo de Monumentos, y eso puede ser la quinta rueda de la carreta para una entidad que quiere gestionarlo con algún tipo de dinamismo y quiere darle el uso que corresponde. Entonces, amén de que esto se fuera declarando, nosotros trabajamos en mantener un plan de gestión que nos posibilitara que este recinto también pudiera cumplir sus fines propios, que es un tema que es necesario tener en cuenta. Fue muy complejo cuando por fin se declaró monumento histórico, porque nosotros nos basamos en tres criterios importantes. En primer término, la situación de ser un ícono arquitectónico de importancia en nuestro país, que cuando se construyó se creyó un elefante blanco que nunca se iba a llenar de público. En segundo término, el tema de lo intangible, desde el punto de vista de las gestas deportivas y el tema espiritual. Y en tercer término, el tema de los Derechos Humanos, que era un punto muy importante, fundamental, y eso buscamos reflejarlo en un libro que llamamos “Tres miradas al Estadio Nacional de Chile”, que da cuenta de estas tres miradas diferentes sobre un mismo recinto y que posibilitaba una protección del bien por conservar estas tres vertientes de su historia. Lo que esta declaratoria tiene desde el punto de vista de Derechos Humanos que nos ocupa es el reconocerlo como centro de operación de tortura, de ejecución por fusilamiento y desapariciones. Pasaron 40.000 personas detenidas por allí, un número importante de hombres, mujeres, ancianos, niños y fue el más grande centro de detención de la dictadura durante los dos meses posteriores al golpe de Estado. Otro de nuestros íconos es el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en el suroriente de Santiago, en la comuna de Peñalolén. El solicitante fue la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos, y existe una corporación cultural Villa Grimaldi que está a cargo del recinto y su gestión. Este inmueble también fue en la práctica arrasado sin que quedara piedra sobre piedra de la casa que se ocupaba como centro de detención, ni de las cajoneras donde metían a los detenidos para torturas, etc. El lugar, incluso la torre donde se realizaban torturas 76


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con electricidad, las ruinas que allí se encontraban, fueron destruidas y de hecho sólo queda parte del basamento de la casa principal. En ese lugar funcionó el Cuartel Terranova, que fue apodado así por los servicios represivos. Allí fueron detenidas ilegalmente más de cuatro mil quinientas personas, una cifra importante de hombres y mujeres, mantenidos en condiciones inhumanas, sometidos a brutales torturas. Es un episodio muy crudo de nuestra historia, y entre las personas que por ahí pasaron 226 fueron desaparecidas y/o ejecutadas. Nuestras gestiones por este Parque por la Paz han estado estrechamente vinculadas a apoyar a la corporación cultural que está a cargo del recinto, que ha buscado darle un enfoque educativo muy importante, porque su objetivo es que lo que allí sucedió sea un mecanismo de memoria traspasándolo a las generaciones actuales. Para quienes vivimos la dictadura militar la memoria es clara, pero desde el año 90 a esta fecha hay jóvenes de 18 o más años a los que tema de Pinochet les resulta tremendamente ajeno. Debemos preocuparnos por hacerles conocer a ellos esta realidad, para que no volvamos a caer en las mismas situaciones, pero sin quedar anclados en el pasado o con rencor. Desde ese punto de vista, la gestión del Parque por la Paz de Villa Grimaldi ha permitido llegar a sectores que no han estado involucrados directamente en el tránsito y sufrimiento que significó a muchos la violación a los Derechos Humanos. Es un recinto que se abre para el Día del Patrimonio Cultural de Chile, que es el último domingo de mayo, y que acoge a mucha gente que está interesada en recibir, de boca de quienes estuvieron detenidos y lograron sobrevivir, el testimonio acerca de lo que allí sucedió. Londres 38, un caso sumamente emblemático para el Consejo de Monumentos, se declaró como monumento histórico a pesar de que la voluntad del propietario era contraria a la declaratoria (esta voluntad no es vinculante). La historia de esta casa es que fue fiscal durante muchos años, sin embargo en el Gobierno Militar fue traspasada gratuitamente por el Estado al Instituto O’higginiano, un instituto cultural muy vinculado al mundo militar, destinado a estudiar la figura de nuestro prócer Bernardo O’Higgins. En esas condiciones se encontraba el inmueble cuando nosotros, en el año 2005, empezamos a ver la declaratoria y le consultamos al Instituto O’higginiano sobre la posibilidad de declarar monumento histórico a este inmueble. La respuesta fue negativa. Este inmueble está ubicado en un sector sumamente central de Santiago, al lado de la iglesia San Francisco, cerca a la Biblioteca Nacional y el Palacio de la Moneda, en dos barrios que tienen protección, como son los de Londres y París. Londres 38 fue uno de los principales centros de detención, en especial para quienes formaban parte del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), aunque también estuvieron detenidos allí algunos miembros del Partido Socialista y del Partido Comunista. Londres 38 funcionó como centro de tortura, secuestro y desapariciones. Allí fueron ejecutados y desaparecidos alrededor de 94 personas, 80 de ellas menores de 30 años. En ese ánimo de borrar la memoria, se llegó al extremo de cambiarle la nomenclatura a la casa y pasarla a Londres 40. Sin embargo, la gente, los familiares o sobrevivientes del recinto fueron luchadores permanentes en testimoniar esta circunstancia, lo que probablemente, para quienes ocupaban el Instituto, pudiera ser hostil y para nosotros era importante desde 77


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el punto de vista que no se borrara este testimonio. La gente hacía velatorios frente a la casa a efectos de que esto no pasara inadvertido, y de eso hay imágenes. Por su parte, Nido 20 también fue un centro de detenciones, ubicado en una comuna popular de Santiago, La Cisterna. No fue tan grande en cuanto a la cantidad de gente que pasó por ahí, pero su proceso de declaratoria de monumento histórico nos permitió una discusión más profunda. Fue una casa que perteneció a una familia militante del MIR, que huyó de Chile después del golpe y que se transformó en un centro de detención y tortura de la Fuerza Aérea de Chile, del Comando Conjunto. En esa área, la Fuerza Aérea de Chile tiene una base importante. El caso Nido 20 fue interesante, porque si bien no es un lugar tan emblemático como los otros, porque es un sitio periférico, la discusión sobre ella en el Consejo fue que aunque por allí no habían pasado muchos detenidos lo importante no era cuánta gente había sufrido en ese lugar, sino el hecho que hubiese habido gente allí que sufrió. O sea que no se lo trató como un tema cuantitativo sino cualitativo, y se concluyó con la declaración. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el Parque por la Paz Villa de Grimaldi, con el Estadio Nacional y con Londres 38, que tienen un futuro más expectante, Nido 20 tiene dificultades para la sustentabilidad. En la declaratoria cuenta que exista un mecanismo de gestión que posibilite conocer lo que allí sucedió y que las mismas agrupaciones lo gestionen. Eso, por la precariedad que tienen muchas organizaciones, ha llevado que sea compleja la gestión de este sitio. El Patio 29 del Cementerio General existe desde hace muchas décadas y es un sitio normalmente vinculado con sepulturas temporales. Durante la dictadura militar hubo testimonios que acreditaron que este patio había sido centro de inhumación ilegal de mucha gente que aparecía en las listas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, concretamente la zona de Paine, área rural de Santiago. Esta declaratoria fue, como muchas veces ocurre, reactiva: hubo un reportaje de televisión que dio cuenta de que el Patio 29 estaba en una condición de abandono terrible. El Cementerio General no se hacía cargo del cuidado de este recinto y se nos planteó la declaratoria por diversas organizaciones, principalmente por la organización de familiares de detenidos desaparecidos, pero además la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La tramitación del expediente, hasta que se concretó el decreto que lo protege, duró sólo un mes. Y tuvimos la precaución de dejar establecido en el decreto que esta declaratoria no podía constituirse en un obstáculo para las diligencias judiciales, porque existen muchos juicios pendientes respecto a este sitio y estamos claros que el Consejo de Monumentos no puede bloquear algunas de esas acciones por necesidad de investigación judicial. El Patio 29 en la actualidad está protegido, en mejores condiciones y en un trabajo de puesta en valor que ya lo vamos a señalar. 78


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En el norte de Chile, cerca de Iquique, en la localidad de Pisagua, existe un campamento de prisioneros utilizado durante la dictadura de Ibáñez, en los años 30. Inicialmente, un puerto a través del cual se trasladaba el salitre que se explotaba en la pampa calichera. A propósito del golpe, se conformó en un campo de concentración que ofrecía todas las garantías para efectos de cumplir con esa modalidad, a mando de quienes estaban en el régimen militar, porque garantizaba un gran nivel de impunidad, dada su lejanía del centro urbano y porque su infraestructura impedía la fuga. Allí hubo una gran cantidad de detenidos que posteriormente fueron asesinados. Por la naturaleza misma del suelo, se han encontrado muchos cadáveres en condiciones de conservación bastante notable, porque la salinidad y el caliche generan un proceso de conservación que no contemplaron quienes cometieron estos crímenes. Pero entonces, aparte de las declaratorias que les he mencionado, el segundo rol que le corresponde al Consejo de Monumentos, desde el punto de vista de la protección patrimonial, tiene que ver con la autorización de monumentos conmemorativos ubicados en espacios públicos. Monumentos públicos que tienen como objeto dar cuenta de estos valores que no queremos que pasen inadvertidos y que la gente sepa a qué corresponden. Dentro de estos se encuentran el memorial de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos en la Universidad Santiago de Chile, que fue un foco de resistencia y que perdió muchos alumnos durante ese proceso. El Parque de la Meditación en Chillán es un memorial también a las víctimas de la represión política. Ellos son algunos de los íconos que queremos señalar, no los únicos, porque tenemos un trabajo muy sistemático con el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Pero también existe un importante monumento a los profesores Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Miguel Parada, asesinados alrededor de 1985. Para ellos, existe también un monumento público a la vera del camino, donde fueron degollados. El tercer componente que desarrolla el Consejo es, entonces, una puesta en valor de los monumentos declarados. No se trata de que se queden así, estáticos, congelados, sino que sirvan para un propósito de testimonio. Quisiera destacar ese marco, pues en este ámbito convocamos un concurso de anteproyecto de intervención y puesta en valor del monumento histórico Patio 29 del Cementerio General, que ya les mencioné. Esta declaratoria vino aparejada con que tres entidades públicas: el Consejo de Monumentos, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, uniéramos recursos para financiar un concurso. Se recibieron quince proyectos para la puesta en valor de este recinto, con algunas limitaciones establecidas en las bases del concurso que buscaban mantener la integridad y autenticidad del sitio, como que se conservaran su trazado y las cruces, que son de metal, modestas, pero hacen parte de la iconografía trascendente del sitio. Se evaluaron doce proyectos y se premiaron los tres primeros lugares. Todos los proyectos tenían como denominador común que eran formulados por equipos de arquitectos jóvenes, 79


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sin una vinculación etaria al momento que se produjeron estos hechos, pero sí con la vinculación profunda de lo emocional con respecto a esto. Ellos plantearon intervenciones sumamente dignas, por lo que el debate para definir los ganadores no fuera fácil. La propuesta ganadora tiene por objetivo conservar el Patio 29 en su estado original, no ser un backstage de esto ni cambiar las cruces y las condiciones. Dejarlo a modo de testimonio, en su condición de abandono y dar cuenta de lo que implica la deshumanización de que estos ejecutados, desaparecidos, hayan sido enterrados de manera subrepticia, ilegal, en un lugar que no ofrecía ninguna manera de identificar. Todas las fosas dan cuenta de ser N.N. Entonces, la propuesta plantea enmarcar la zona borde del Patio 29, a partir de la construcción de un suelo urbano de alta calidad en materia constructiva, que contrasta con el fondo que es tierra. Este enmarcamiento posibilita que en esa zona, ese marco se transforme en un mobiliario urbano en que la gente pueda sentarse a reflexionar, ver los nombres, las identidades de las victimas que van a estar grabadas en nuestro marco programático, de quienes sabemos han sido enterrados ahí. En fin, ser espacio de reflexión y encuentro respecto de lo que allí sucedió. Esta propuesta generó, además, un diálogo interesante con una serie de sepulturas que están en nichos. En especial con una que a nosotros nos resulta muy valiosa, la de Víctor Jara, el cantautor nacional de la trova popular. Allí ellos instalan una plaza de la música que tiene unos fierros delgados, tentativamente de cobre, que buscan que con el viento se muevan y produzcan distintos sonidos. Son filamentos verticales o estructuras sonoras que reproducirían las notas musicales a través de su movimiento, partiendo de los sonidos graves hacia los más agudos hasta llegar al nicho de Víctor Jara. Un dialogo que a nosotros nos pareció que era importante, porque si nos centrábamos sólo y exclusivamente en el Patio 29, podía seguir un poco postergada la situación de una tumba tan importante como la de nuestro cantautor. También aplicamos idéntica modalidad con el memorial del ex centro de detención Londres 38, que tenía la limitación de seguir registrada su propiedad en el Instituto O’higginiano. Ahora ya volvió a ser del Estado, pero mientras era del Instituto no podíamos intervenir en nada, porque era propiedad privada. ¿Qué podíamos hacer para ponerle valor a un sitio que era importantísimo, sin intervenir en una casa donde no podíamos hacer nada? Entonces se buscó que la Zona Típica interviniera el pavimento frente a la casa, pero no de manera casual, sino teniendo en cuenta que los detenidos ingresaban a Londres 38 con sus ojos vendados y solo podían mirar hacia abajo, y lo que miraban cuando entraban a la casa era una suerte de tablero de ajedrez de blancos y negros, que eran las baldosas que tenia a la entrada la casa Londres 38. Así pues, en trabajo conjunto con un equipo de arquitectos y la agrupación de familiares de víctimas de ese recinto, elaboramos la propuesta de puesta en valor que apuntara a que ese tablero de ajedrez quedara reflejado en la calle. Era un tema complejo, porque se buscaba que fueran grabados los nombres en esas piezas, que iban a ser piso de adoquín, así que se buscaba intercalar los adoquines con estas piezas que eran 80


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fundamentalmente en granito blanco y negro, y también con placas de hierro, que llevaran los nombres grabados de quienes fueron detenidos desaparecidos allí. Si hubiera sido un trabajo sólo con los arquitectos y el Consejo de Monumentos el tema habría resultado fácil, pero tuvimos que involucrar al Municipio de Santiago, cuyo alcalde, pese a no ser de la coalición de Gobierno, se sumó a esta iniciativa al convencerse de que este sitio no era importante sólo para el Consejo, para la organizaciones de detenidos, sino también para el patrimonio cultural de Santiago. El tema cuajó y avanzamos, y pudimos trabajar en conjunto con el municipio. Se buscó que estas placas metálicas tengan grabado el nombre, la edad a la que desaparecieron y la filiación política de las víctimas. Ese no fue un tema fácil de zanjar en la reunión del Consejo de Monumentos, porque para nosotros era preferible que no se señalara la filiación política. Finalmente se optó porque sí se estableciera. El memorial, entonces, quedó reflejado en el remplazo de 94 adoquines por placas con los nombres, edad y militancia de cada una de las victimas de Londres 38. Ya esto se encuentra inaugurado, y creo que si Londres 38 pudo ser abierto en el 2008, el día del patrimonio cultural, por parte de las agrupaciones de familiares, para el próximo año va a ser más importante su visita, porque el guión que han presentado las organizaciones para facilitar acceso al edificio da la vuelta completa a esta “deshumanidad” que se da a quienes torturan y desaparecen gente por un tema político o de cualquier orden, y que no admite justificación alguna. En el fondo, esto nos permite relacionarnos con el habitante que transita por esa zona y buscamos que la intervención fuera digna. Además, para la sustentabilidad del sitio, en un principio se había pensado que fueran placas de cristal iluminadas desde abajo, pero el cristal no trabaja bien con la lluvia, con el polvo. A veces, un monumento público que esté en malas condiciones de conservación puede terminar siendo casi una ofensa para aquellos que queremos destacar. Entonces la materialidad fue un tema de discusión intenso. Amén de estas intervenciones, hemos realizado aportes a las discusiones de los bienes declarados a través de publicaciones como la que les mencionaba: “Tres miradas al Estadio Nacional de Chile: Historia, Deporte y Arquitectura” (2004), de un museo en Villa Grimaldi, de un seminario internacional donde participaron representantes de Sudáfrica que nos hablaron del apartheid y su relación con nuestra realidad; sobre el Patio 29 también, a través de una publicación que hemos efectuado y diversas postales. Además, cofinanciamos un documental en video para la casa de José Domingo Cañas, que da cuenta de todo el proceso declaratorio y la situación que allí se presentó. Aparte de esto, hemos intervenido en mesas de trabajo participativo, en una mesa interministerial, porque este no sólo es tema del Consejo de Monumentos sino más bien es un tema de Estado, que está integrado por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales, para formular lineamientos que permitan trazar una política pública 81


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sobre memoria histórica a partir de la violación a los Derechos Humanos. Porque existen muchos recintos que, habiendo sido espacios de detención, aún están vigentes y pueden ser dependencias de diversas entidades y han transformado su uso totalmente. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Si vamos a seguir un proceso de declaración, el catastro dice que son unos 1250 a lo largo del país, de acuerdo a los informes de las Comisiones Rettig y Valech, y hacer un catastro de los memoriales del país -porque hay un proceso de construcción de memoriales que da cuenta que esto no fue una situación que se vivió sólo en Santiago, sino que abarcó la totalidad de nuestro territorio. Obviamente, no podemos declarar todos estos bienes, ese es un tema de fondo de discusión. Además, estamos involucrados en la mesa técnica en Londres 38, en donde participamos junto con los familiares de los detenidos desparecidos allí y de los prisioneros políticos hoy existentes para determinar, entre otras cosas, qué va a pasar con ese bien, cuál va a hacer el uso y administración del inmueble. ¿Va ser un museo? ¿Una casa de la memoria?, ¿Va a tener un guión museográfico? ¿Qué se va hacer ahí? Eso es un tema pendiente. Hay el proyecto de hacer un museo en Santiago, en la zona poniente, en el Barrio de Matucana, en un recinto especialmente habilitado para eso. Pero también a los familiares de detenidos en Londres 38 les interesa que este lugar, tan central y emblemático en nuestra historia, tenga un diálogo con la comunidad. A nosotros nos motiva, porque tiene que ver con un asunto fundamental que es la sustentabilidad, la viabilidad, que no sea un sitio que no dé testimonio de nada, sino que esté vivo. ¿Cuáles son las dificultades por la puesta en valor de los inmuebles declarados? La verdad de las cosas es que no es fácil. Las organizaciones que representan a quienes estuvieron detenidos o fueron ejecutados muchas veces están solas y tienen diversas posturas frente al tema, y aunar criterios es un asunto complejo. Incluso entre las entidades del Estado nos pasa, porque las visiones que podemos tener desde el punto de vista patrimonial, versus las que tienen los ministerios sectoriales, pueden ser diversas frente a los usos que se puedan pensar para un determinado recinto. Estas son dificultades que inciden en el uso, administración y búsqueda de sustentabilidad. Pero al mismo tiempo esto genera un espacio de trabajo más abierto, más amplio, involucrante, de distintas entidades para definir entre todos qué hacer con estos recintos; para que no que sea un tema de definición cupular, que se nos ocurrió que podría ser esto bueno y simplemente aplicarlo. Quiero destacar las palabras de la presidenta de la República de Chile, S.E. la señora Michelle Bachelet, quien el 25 de mayo, en la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile --que permite acceder a una gran gama de bienes culturales que se abren ese día al acceso de la comunidad-- inauguró el memorial que conmemora a 70 víctimas de la localidad de Paine. Ella dijo en esa ocasión que “Chile hoy mira su pasado de frente, no como un acto de nostalgia sin sentido, sino que con sentido futuro. Porque el que construye desde la inexperiencia, desde la negación, simplemente no puede saber hacia dónde se dirige. Espero que muy prontamente --más temprano que tarde, como nos dijera otro gran hombre que también llevamos en la memoria--, aprobemos las leyes que permitan expandir aún más las reparaciones que todos 82


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deseamos”. Porque la reparación que se hace tiene un contenido moral, que es lo que hemos abordado desde el punto de vista del patrimonio y de otras áreas, pero también tiene otro punto de vista material, que es importante y, por cierto, asociado a la justicia que se necesita en estos casos.

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ARCHIVOS, CENTROS DE MEMORIA

Y PATRIMONIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

AMÉRICA.

Alicia Galeano47

Antecedentes La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay es un organismo oficial creado en el año 2003, mediante la Ley No 2225, que está integrado por nueve comisionados, representantes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Paraguay. Su misión es investigar las violaciones a los Derechos Humanos (persecución política, encarcelamiento, tortura física y psicológica, desaparición de personas y apropiación de bienes materiales) cometidas por agentes estatales y paraestatales durante los 35 años de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) y durante la transición democrática hasta 2003. La reconstrucción de la memoria de estos hechos aberrantes se realiza a partir de los testimonios de las víctimas, tomados en sesiones privadas y audiencias públicas, y la recopilación de documentación de archivos y hemerotecas. Para tal menester se crea, por un lado, la Unidad de Base de Datos, con la finalidad de recepcionar, compilar y archivar los testimonios tomados a las víctimas, y por el otro, la Unidad de Desgrabación, para llevar a cabo la desgrabación correspondiente hasta fines del año 2006. A partir de esta fecha, se vio la necesidad de integrar estas unidades para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 47

Miembro de Archivo y Servicio de Documentación de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay.

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Mediante la Resolución No. 16/06 del 06 de diciembre de 2006, se aprueba el Planeamiento Estratégico y Propuesta Organizacional, mediante el cual se definen los nuevos roles y funciones de las áreas que componen la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay (CVJ). En ese contexto, se crea el Centro de Documentación y Archivo, cuyo fin consiste en sistematizar, almacenar y resguardar la documentación relacionada con los hechos violatorios, identificados durante la época investigada (1954/2003), provenientes de fuentes primarias y secundarias, respectivamente. Con la creación del referido Centro se logró recopilar y organizar el patrimonio documental de la institución que sirvió como base para el inicio y término de las investigaciones llevadas a cabo por la CVJ.

Centro de Documentación y Archivo La Comisión de Verdad y Justicia constituyó un logro de la sociedad civil y del Estado paraguayo. Su creación respondió a una fuerza de voluntades que se inició con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional, en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de Derechos Humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y Archivos de la Represión, cuando cayó el dictador Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley 2225 de 2003. Dentro de las prerrogativas contempladas en la referida ley podemos citar el Artículo 2, que expresa textualmente cuanto sigue: 1. Analizar e investigar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que desde las distintas instituciones del Estado y otras organizaciones contribuyen a las grandes violaciones de los derechos humanos; 2. Colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos ejecutados por agentes estatales y paraestatales; 3. Preservar la memoria y testimonio de las víctimas, procurando determinar el paradero y situación de los afectados por estas violaciones e identificar en la medida de lo posible a los victimarios; 4. Preservar las pruebas de las violaciones a los derechos humanos; 5. Aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones; 6. Contribuir a esclarecer la verdad de manera oficial, lo que implica establecer moral y políticamente la responsabilidad del estado; 7. Contribuir a esclarecer la vinculación de violaciones de los derechos humanos con políticas autoritarias estatales, nacionales e internacionales.

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La Comisión pudo desarrollar su mandato gracias al respaldo del Estado paraguayo, al apoyo decisivo de la comunidad internacional y a la colaboración de algunas universidades y organismos de Derechos Humanos, pero sobre todo a la voz y el aliento de las víctimas, que con sus más de dos mil testimonios respaldaron nuestro trabajo. La Comisión buscó establecer la verdad y la justicia histórica sobre los hechos de violación de los Derechos Humanos ocurridos en nuestro país, básicamente durante el período 1954 - 1989. Para tal efecto, se creó el Centro de Documentación y Archivo, que se encargó de las tareas de sistematizar, almacenar, resguardar y difundir la documentación relacionada con los hechos violatorios, identificados durante la época investigada (1954/2003), provenientes de fuentes primarias y secundarias, respectivamente. Esta labor permitió recopilar y organizar el patrimonio documental de la Comisión como base para el inicio y término de las investigaciones llevadas a cabo por la CVJ, además de dotar al Archivo de la CVJ de un sistema de Información sobre los hechos violatorios de Derechos Humanos (Dd.hh) ocurridos en Paraguay y países limítrofes, durante los años 1954 - 2003, así como sus fuentes, que proveyeron la información primaria y secundaria necesarias para realizar las investigaciones respectivas. Además, se creó un canal de comunicación permanente de información que sirvió de apoyo a las investigaciones, brindando soporte técnico permanente entre el Centro y las diferentes áreas de investigación de la CVJ. Así mismo, se desarrollaron los métodos adecuados, incluida la digitalización de los archivos y la creación de una base de datos, para analizar, clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser consultados por toda persona interesada dentro de la CVJ o fuera de ella. A partir de los testimonios recabados de las víctimas y el acceso a los archivos de instituciones tales como: Fuerzas Armadas, Archivo del Terror, Policía Nacional, Cancillería Nacional, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación y otros, se obtuvieron las informaciones pertinentes para los fines y objetivos de la Comisión. En efecto, desde el año 2003 y hasta la actualidad, en esta tarea que se continúa haciendo día a día, la CVJ tomó la decisión de crear un archivo de testimonios que se refiera a la historia reciente, en donde los protagonistas, que son las propias víctimas, son invitados a dejar su testimonio. Este archivo se creó con el afán de conocer la verdad de lo sucedido en la época de la dictadura y de tomar acciones en búsqueda de justicia. A partir del testimonio y habeas data se formaron los expedientes de cada víctima que fueron ordenados de una determinada manera. En esta tarea –que continúa hasta la fecha– las personas se acercan a dejar su testimonio, en su condición de haber sido afectados de alguna manera por la dictadura, ya sea por haber tenido familiares detenidos, torturados 86


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y/o desaparecidos, haber estado detenidos en centros clandestinos de detención, haberse exiliado, etc. Los testimonios tomados son grabados y filmados, a partir de unos cuestionarios que contienen elementos que permiten recuperar la historia de vida de esa persona. Estos cuestionarios registran los datos específicos de la víctima, la violación perpetrada, el episodio, el año, lugar del hecho, militancia, las secuelas e incluso el nombre del presunto victimario, cuando era suministrado por la víctima. Este acto de toma de testimonio constituyó un reconocimiento a la dignidad y al valor de las víctimas. Cada testimonio demandaba un mínimo aproximado de hora y media de trabajo de un equipo organizado para el efecto, con profesionales calificados para la atención a las víctimas de la dictadura. Los trabajos, en general, se realizaron en las sedes de la CVJ, pero también los entrevistadores llegaron hasta las casas de las víctimas cuando éstas no podían llegar hasta la Comisión. El objetivo de este Archivo es servir a investigadores, estudiantes, personas interesadas en la historia de la dictadura paraguaya reciente y público en general, para que puedan conocer más sobre ese período, entendiendo que la palabra de los sujetos involucrados aporta elementos sustanciales para comprender lo que sucedió. Desde el primer momento, el Archivo se organizó para ser consultado por el público, buscando los medios adecuados que faciliten la consulta pública. No obstante, esta tarea no ha resultado fácil debido a ciertas restricciones en el alcance de los datos recabados, ya que si bien es la CVJ la encargada de resguardar el material que contiene el testimonio, es la víctima la que decide acerca del uso que ese testimonio puede tener. Por citar un ejemplo, hay personas que sólo permiten que sus nombres figuren dentro de la lista de víctimas y no sus relatos. En cambio, en otros casos existen personas que han brindado su testimonio sin ninguna restricción, permitiendo así la publicación de la totalidad de su testimonio, que puede ser utilizado para difusión en los medios de comunicación masiva, usos educativos, usos en exposiciones de carácter público, etc. Además, existe una cuestión muy importante que se tuvo en cuenta en el momento de la publicación o difusión del testimonio, y es la preservación de la privacidad de las personas. En especial en los casos de violaciones sexuales que sufrieron tanto mujeres como hombres, en los cuales sólo se utilizan las iniciales de sus nombres. Los testimonios recabados por la CVJ fueron entregados al Centro de Documentación en formato convencional (cuestionario) y audio (casete), los cuales, una vez codificados, en el caso de los cuestionarios, quedaban archivados; y en el caso de los casetes, pasaban a la Unidad de Procesamiento de Datos para la desgrabación, procedimiento que consiste en 87


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transcribir el relato grabado de la víctima, tipificando los hechos violatorios narrados en la entrevista. Esta información, una vez verificada es registrada en una base de datos para facilitar a los investigadores el acceso a la misma.

Registro en la Base de Datos de la Comisión de Verdad y Justicia Con la finalidad de optimizar el manejo de la información almacenada por diferentes medios, se procedió al diseño, desarrollo e implementación de una Base de Datos CVJ (BDR), de conformidad a los parámetros establecidos por los investigadores. Los testimonios son introducidos a la base de datos, que es alimentada con otras valiosas fuentes de información que existen en Paraguay, como son las provenientes del Archivo del Terror, de la Defensoría del Pueblo, del Comité de Iglesias para la Ayuda de Emergencias (Cipae) y del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (Cepag). Esta base de datos permitió la elaboración de los reportes estadísticos que acompaña el análisis de las violaciones. También se recibieron testimonios de integrantes del aparato represivo y se tuvieron en cuenta otras fuentes secundarias, como otros documentos militares y policiales, archivos de la Cancillería Nacional, informes de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, entre otros. En cuanto a los niveles de divulgación y de acceso a esta base de datos, Internet es un lugar de acceso absolutamente privilegiado, un lugar para dar a conocer y difundir la información. Al mismo tiempo, es un nivel de exposición y una vidriera muy abierta, si lo que queremos es preservar datos que son muy sensibles. Al respecto, se tomó la decisión de mantener la base de datos donde está toda la información disponible de cada entrevista, que puede ser consultada en la Comisión. Y se decidió que para la difusión en la página web se tengan disponibles solamente algunos datos que tienen que ver con: nombres y apellidos, fecha en que ocurrió el hecho, lugar, episodios, género, tipo de violación, si la víctima estuvo detenida o desaparecida, exiliada, etc. Con eso garantizamos la privacidad de la misma. La CVJ ha analizado el testimonio de 11.333 víctimas directas de la dictadura, según su base de datos, con informaciones que aparecen en otros archivos, como los de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Documentación y Archivo del Poder Judicial (Archivo del Terror), del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG). También tuvo en cuenta los archivos y documentaciones judiciales, policiales y militares. Las Fuerzas Armadas abrieron sus archivos, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y miles de documentos fueron compilados. 88


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La misión de la Comisión de Verdad y Justicia fue recuperar la memoria histórica, esclarecer la verdad, propiciar la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y proponer medidas para construir un Estado democrático con plena vigencia de los Derechos Humanos, sustentado en valores como el espíritu de justicia y verdad, compromiso y rectitud, prudencia y coherencia, respeto, lealtad institucional, autenticidad, responsabilidad, honestidad, solidaridad, creatividad y transparencia. Así, a través del informe realizado por la Comisión se contribuyó también a comprender aquellos aspectos políticos, nacionales e internacionales, que condicionaron los hechos de violación de los Derechos Humanos en Paraguay.

Conclusión El informe generado a partir de las tareas desarrolladas por el Centro de Documentación pretende ser un aporte para el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Paraguay en el período 1954 – 2003. De igual modo, aspira ser una contribución para las necesarias transformaciones del Estado, como un órgano encargado de prevenir las distintas formas de vejámenes y violaciones como las analizadas en este Informe y para generar una conciencia que permita desmantelar los mecanismos institucionales, políticos, militares, policiales y culturales que las hicieron posible, y consolidar un Estado democrático y social de derecho, con vigencia plena de los Derechos Humanos y fomentar una cultura de paz, solidaridad y concordia entre todos los habitantes de Paraguay. El pasado y su memoria no pueden ser revocados: sólo pueden ser aceptados o negados. Únicamente la aceptación oficial de los hechos pasados, realmente acontecidos –por dolorosos que sean– permite la convivencia ciudadana en concordia y la vinculación justa entre la ciudadanía y el Estado, en el presente y en el futuro. La verdad es el único saber que puede atribuir legitimidad y dignidad a nuestro Estado y restituírselas a la ciudadanía. Es lo único sobre el cual podemos llegar a un acuerdo para convivir como colectividad de ciudadanos libres, en forma estable y sincera. La falsedad ¬o el encubrimiento es, al contrario, motivo de permanente insatisfacción social y discordia. El informe privilegia la voz de las víctimas, ilustra y documenta las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas en los más de 2.000 testimonios que recibió directamente la CVJ. También se recibieron testimonios de integrantes del aparato represivo. Estos testimonios fueron introducidos a una base de datos que fue alimentada con otras valiosas fuentes de información que existen en Paraguay, como las que ya hemos mencionado anteriormente. La Comisión decidió incluir los nombres del declarante, así como el lugar y año del hecho, como prueba. Sólo en los casos de violencia sexual no se indica el nombre del declarante, sino sus iniciales, con el propósito de salvaguardar la privacidad de las víctimas. Con la inclusión 89


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del nombre se busca, además, dignificar a las víctimas de tan graves violaciones. Como recomendación, se sugiere que exista un acceso posterior sin trabas a todos los testimonios y a toda la información recopilada con el respeto debido a la dignidad y privacidad de las víctimas. El trabajo de la Comisión está dedicado a todas las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos, tanto a las que están vivas como a las que murieron o fueron desaparecidas; a quienes sufrieron en carne propia las violaciones como a sus familiares y allegados; a las que tienen un nombre y apellido, y a las anónimas. A todas ellas, sin ningún tipo de distinción. Todos los habitantes de Paraguay se merecen un nuevo país donde reinen la verdad y la justicia.

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LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES

Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Antonio González Quintana48

El caso español, en la búsqueda de la verdad sobre su pasado histórico, resulta paradigmático para explicar la trascendencia del archivo por encima de los límites generacionales que corresponderían a los años de la transición política. Las generaciones protagonistas de los grandes cambios vividos en España, entre 1977 y 1996, decidieron no hacer política de gestión del pasado en aras de una supuesta mayor eficacia en el avance democrático, y entonces los archivos, en unos casos, se silenciaron y en otros no se quisieron usar para la exigencia de responsabilidades. Pasados más de treinta años desde el inicio de la transición española, nuevas generaciones exigen conocer episodios nunca esclarecidos de nuestro pasado cercano, como la localización de los desaparecidos y las atrocidades cometidas en los años de la Guerra Civil y la postguerra. En esa reivindicación, a los archivos les corresponde una parte sustancial de responsabilidad. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidía, a finales del verano de 2008, abrir diligencias previas ante las demandas recibidas en su juzgado reclamando la localización de personas desaparecidas en España durante la Guerra Civil y la posguerra. A partir de esta decisión, y para dilucidar sobre la pertinencia de la admisión a trámite de las demandas, el juez consideró necesario elaborar un censo de desaparecidos. Para ello se dirigió a las administraciones públicas y a las entidades que, como la Iglesia, podían contar en sus respectivos archivos con los documentos que aportaran los datos esenciales para la elaboración de las relaciones particulares que, sumadas, condujeran al mencionado censo.

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Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado de España.

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Recibidas las respuestas pertinentes, en un primer auto (16 de octubre de 2008), el juez se declaraba competente para instruir el sumario. Se abría una de las mayores polémicas jurídicas vividas en los últimos años en España, que finalizaría (nuevo auto del juez Garzón, de fecha 18 de noviembre de 2008) con su inhibición desde la Audiencia Nacional en favor de los juzgados territoriales, correspondientes a los lugares en donde se denuncian las desapariciones. En todo caso, al margen del debate jurídico, la ya imparable judicialización de la búsqueda de los desaparecidos supone un paso más hacia la averiguación de la verdad sobre la represión que acompañó la construcción del denominado Nuevo Estado, a partir de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que condujo a la Guerra Civil. Al mismo tiempo, viene a constatar el fracaso de las administraciones públicas en su intento por superar, por cauces administrativos, esta asignatura pendiente de la transición política española. Aunque de sobra conocido, el fenómeno de los desaparecidos de la guerra y posguerra civil españolas no alcanzó, sin embargo, difusión generalizada hasta que Amnistía Internacional incluyó a España entre los países con desapariciones forzadas y se comenzó a hablar, a partir de 2003, del caso español en términos similares a los usados con los desaparecidos de las dictaduras de América Latina. Y es que, a pesar de haber transcurrido ya más de treinta años de la muerte del dictador Franco y casi setenta de la finalización de la Guerra Civil, todavía los españoles no sabemos con certeza el alcance real, en cifras de víctimas de la represión política, tanto la de los primeros momentos, sin juicio ni apariencia alguna de legalidad, como la sistemática y reglada, organizada en torno a los consejos de guerra. Mucho más grave es que miles de ciudadanos carecen de información veraz sobre la ubicación de los restos de sus padres, hermanos, abuelos o amigos, seguramente ejecutados y enterrados de forma anónima y clandestina en fosas comunes a la orilla de algún camino o junto a las tapias de los cementerios, sin proceso ni trámite alguno, lo que los convierte en desaparecidos, al menos formalmente. La política archivística, contagiada del pactismo que caracterizó la transición política española, asumió también el pacto de silencio implícitamente aceptado por los agentes políticos sobre las atrocidades cometidas en los años 30 y 40. A diferencia de otros países europeos, que salieron de regímenes dictatoriales en los mismos años, en España no hubo juicios ni exigencia de responsabilidades, mientras en Grecia se juzgaba a los “coroneles” y en Portugal se iniciaban los procesos de depuración del salazarismo en los organismos públicos. Así, el silencio de los archivos actuaría como refuerzo de la Ley de Amnistía del año 1977, el de las primeras elecciones democráticas, que sacaba de las cárceles a los opositores del franquismo y permitía el regreso de los exiliados, pero que a la vez dejaba libres de toda responsabilidad a los gobernantes, políticos, militares y altos funcionarios del régimen anterior que hubieran podido cometer cualquier tipo de delito. En efecto, muchos fondos documentales fueron destruidos o se perdieron; el acceso a otros quedó cerrado por décadas y aún hoy las principales fuentes sobre la represión franquista, 92


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al menos las de aquella que se documentó al amparo de ciertas formalidades legales y que se conservan en los archivos de juzgados y tribunales militares, continúan, si no legalmente excluidas de la consulta pública sí al menos en situación de uso casi imposible. Y ello debido tanto a su deplorable estado de conservación, provocado por un abandono de decenios -que alguien podría considerar doloso-, como a la falta de servicios públicos habilitados para su uso: infraestructura y personal principalmente. Lo más dramático es que ninguna administración, de ningún signo político, ha sido capaz de regular estos archivos de la justicia militar que han quedado en el limbo jurídico. A los archiveros nos gusta recalcar que hacer política archivística no sólo es regular el acceso a los documentos, sino también fijar normativamente las obligaciones de los organismos públicos en cuanto a la conservación de los documentos y a su disponibilidad, de acuerdo con sus valores. Y si nos referimos a los documentos que testimonian la represión política, éstos tienen pleno valor, tanto administrativo como informativo, por cuanto las leyes reparadoras que se han ido elaborando desde el comienzo de la transición democrática los hacen imprescindibles en el aporte de pruebas exigido para obtener indemnizaciones, restitución de bienes incautados o rehabilitaciones públicas; y los datos que suministran son fuente esencial para los trabajos de investigación histórica sobre ese período, lo que justifica su conservación permanente. España no podía quedar al margen del movimiento universal que los años 90 ha contemplado a favor del conocimiento de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad y genocidio, así como sobre otras atrocidades. Ese movimiento, encauzado a la recuperación de la memoria histórica, en lo cultural, y finalizado, en lo judicial, con la creación en 1998 de la Corte Penal Internacional, haría converger en un solo eje reivindicativo las exigencias de memoria, verdad y justicia. Tras la experiencia de las comisiones de la verdad iniciadas en Argentina y Chile, y cuyo cenit lo constituiría la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, encabezada por Desmond Tutu; después de la creación de organismos como la fundación Memorial en Rusia o la eclosión de los movimientos “Nunca Más” en América Latina; y la organización de comisiones y organismos de Memoria (Memoria Abierta, Archivos Centros e Institutos de Memoria en Argentina, Polonia, Hungría); todo esto siguiendo el ejemplo de las entidades comprometidas en mantener y difundir la Memoria del Holocausto nazi; en España surgirían, con enorme fuerza, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, prácticamente en todos los rincones del país. Las actuaciones del propio juez Garzón, en los casos contra Pinochet o contra los dictadores argentinos, seguidas en diferentes países por otros jueces y fiscales, invocando la competencia universal para intervenir en la persecución de criminales acusados de genocidio o de crímenes contra la humanidad, rompieron claramente los límites jurisdiccionales territoriales y temporales, al amparo de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio. Esas acciones convertían en papel mojado las leyes de amnistía, perdón o punto 93


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final y en países como Argentina, ante el riesgo de descrédito de una justicia local incapaz de juzgar a “sus” propios asesinos, acabarían declarando la nulidad de las leyes que amparaban la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos. ¿Cómo podía, en estas circunstancias, quedar España al margen de los movimientos por la gestión del pasado? Más aún si tenemos en cuenta la gran influencia del modelo de transición español, considerado por algunos teóricos como modelo de impunidad y amnesia, en las leyes argentinas o chilenas, y en cambio ambos países, bajo las presidencias de Kirchner y Lagos, respectivamente, asumían el reto de conocer la verdad sobre su pasado y desarrollaban no sólo políticas públicas de memoria de gran alcance, sino que iniciaban los juicios penales contra los acusados de violaciones de los derechos humanos, dando por finalizada la etapa impune. El año 2006 sería, en este contexto, declarado por el Congreso de los Diputados como Año de la Memoria Histórica, y el conocimiento del pasado fue planteado como una de las líneas de actuación del gobierno de Rodríguez Zapatero en su primera legislatura (2004-2008), a la finalización de la cual se promulgaría la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica (Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura). Sin embargo, todas las buenas intenciones declaradas por el nuevo gobierno no tuvieron su paralelo en el desarrollo de las políticas archivísticas, absolutamente esenciales en toda política de memoria o de gestión del pasado, como han dejado claro en sus informes respectivos los dos expertos comisionados por Naciones Unidas para estudiar y recomendar las actuaciones adecuadas para la lucha contra la impunidad: Louis Joinet (La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos) y Diane Orentlicher (Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad). Sólo la creación, cargada de polémica, en 2008 del Centro de la Memoria, cuya estructura, carácter y, sobre todo, cuyos futuros fondos documentales no son aún conocidos con claridad, se contabilizaría entre las medidas concretas tomadas por el gobierno español en este sentido. Más bien el nuevo centro parece situarse en una posición intermedia entre un mercado persa (de trueque de documentos sin otro fundamento que las compensaciones políticas entre territorios) y un parque temático en el que vale todo para ilustrar sobre el conocimiento del pasado, desde el documento original de archivo hasta el docudrama, en igualdad de condiciones, lo que inevitablemente hace perder al documento de archivo el valor añadido que le da la contextualización de su procedencia, entendiendo por tal el proceso de formación de los fondos documentales. Esta idea del parque temático memorialístico, mezcla de museo, biblioteca, centro de documentación y archivo, puede terminar, vistas algunas experiencias poco aleccionadoras, convirtiéndose en uno de los grandes males de los archivos contemporáneos. 94


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En cambio, los grandes fondos militares considerados secretos (en algún caso con documentos de 1905, pero principalmente con muy abundantes conjuntos de documentos del período 1936-1977), continúan esperando su lógica desclasificación y su posterior inmediata apertura a la consulta, y los archivos de tribunales y juzgados militares, como queda dicho, siguen siendo inutilizables, esperando una ubicación adecuada y una entidad u organismo que se haga responsable de ellos. Todos los grandes esfuerzos por la apertura real de los archivos y su correcta dotación han venido de la sociedad civil, contrario a lo que cabía esperar tras las expuestas declaraciones de intención de los gobernantes. En primer lugar estarían las citadas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, capaces, como en el caso de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, de construir, desde su proyecto “Todos los Nombres”, para su ámbito geográfico, ese censo que ahora reclama el juez Garzón, en el que han trabajado con fuentes públicas y privadas, y para el que han contado con muy escasos medios y con sólo modestas ayudas de la administración. También Amnistía Internacional ha sido una tenaz voz clamando por la apertura de los archivos y, de forma más amplia, la Coalición Pro Acceso, como plataforma aglutinante de decenas de asociaciones y particulares, se ha convertido, para todos aquellos que llevan años reclamándola, en el cauce fundamental de exigencia de una ley de acceso a la información de la que España carece, lo que la convierte en una de las rarísimas excepciones europeas en la regulación del acceso a los documentos de los organismos públicos. Algunas asociaciones de archiveros, como Archiveros Españoles en las Administraciones Públicas y Archiveros de Castilla y León, se han sumado también a la exigencia de medidas concretas para impulsar el uso de los archivos como herramienta esencial para acercarse al conocimiento de la verdad y ayudar a la localización de desaparecidos, así como a la rehabilitación y compensación de las víctimas de la represión. Porque no son necesarias tanto las grandes declaraciones políticas sobre el pasado, usadas muchas veces como arma oportunista de distanciamiento de los rivales políticos o como cortina de humo para distraer la atención de otros problemas económicos o sociales, sino políticas activas concretas. En primer lugar, en el terreno legislativo se hace imprescindible la Ley de Acceso a la Información que, a pesar del declarado afán del gobierno por conocer el pasado, fue uno de los puntos incumplidos del programa de gobierno del Partido Socialista en la legislatura 2004-2008. Del mismo modo, España no puede seguir careciendo de una Ley de Archivos que regule, de forma clara, el funcionamiento del Sistema Archivístico Español y concrete responsabilidades y competencias. En segundo lugar, en el terreno de las dotaciones, los grandes archivos generales, en teoría abiertos al ingreso de documentos de la Administración General del Estado que hayan finalizado su tramitación y hayan perdido su uso cotidiano, y se deban mantener temporal 95


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o definitivamente bajo custodia de los archivos públicos (fundamentalmente el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional) son incapaces de asumir nuevas transferencias debido a la saturación de sus depósitos. De ahí que sea urgente la ampliación de estas infraestructuras con nuevos depósitos de archivo.

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LOS ARCHIVOS

Y LA MEMORIA

Miguel Ángel Jaramillo Guerreira49

Realizar una reflexión sobre la relación de los archivos con la memoria pudiera parecer, en un primer análisis, algo superfluo e innecesario. Históricamente los archivos han venido jugando un papel fundamental para el conocimiento del pasado y, por lo tanto, para la configuración de la memoria que del mismo se tiene. Evidentemente se puede objetar que ese viejo uso está ligado al poder, a sus intereses y a la visión que él mismo ha venido queriendo hacer de la historia, y que ahora lo que pretendemos es otra cosa, que aspiramos a trascender esa visión, atender no a los intereses de la élites poderosas sino al de la comunidad de los ciudadanos y, sobre todo, a alcanzar un ideal, conocer la “verdad”. Este último deseo a veces nos sitúa en una misión imposible, pues bien sabemos que la verdad histórica es cambiante, que varía de acuerdo a los intereses y mentalidades, no sólo del historiador sino de la sociedad en que vive. Por lo tanto, lo que buscamos es nuestra verdad, la de los que estamos aquí en un momento determinado, la que nos interesa y no otra. Pretendemos también averiguar sobre unos hechos concretos e incluso entenderlos, unos acontecimientos que creemos pueden ser descritos objetivamente, en la línea de la historia positivista de antaño, que hoy no deja de tener un peso específico, a pesar de que fijar la mirada sobre ello y no sobre otros ya establece un perfil determinado al conocimiento. Y para llevar a cabo todo esto necesitamos datos, necesitamos informaciones, y parece claro que existe un consenso según el cual los documentos que tradicionalmente guardan los archivos no son suficientes, hay que buscar otros, y si no se encuentran hay que elaborarlos, es preciso contar con documentos que nos ofrezcan lo que necesitamos. Los viejos documentos de los archivos no bastan, precisamos más, y es por eso que recurrimos a los nuevos documentos, a los que no han sido producidos como consecuencia 49

Director del Archivo de la Guerra Civil Española.

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de una actividad administrativa o comercial sino intelectual, fruto del interés de una persona o grupo sobre un asunto, siendo muchas veces el que trabaja sobre ello el que crea un nuevo documento con el que cubrir los huecos o el vacío que dejan los documentos tradicionales, y así surgen, por ejemplo, las colecciones de entrevistas, las historias de vida, los relatos de memorias realizadas por los que vivieron cualquier acontecimiento con los que hacer la historia de eso, incluso dejando de lado los otros documentos, más fríos e incompletos aunque, no lo olvidemos, fruto de un momento concreto y realizados por personas y mentalidades de entonces, frente a estos otros elaborados hoy, fruto de nuestra sociedad actual, aunque referidos al pasado. Desde el siglo XX se viene haciendo uso, en este tipo de trabajos, de esos nuevos documentos que parecen plantear de nuevo la misma cuestión. Los documentos de archivo no son válidos o no nos hablan de lo que queremos, o no son suficientes o no son objetivos, y por lo tanto tenemos que cubrir esa necesidad y crear otros mejores, que nos ofrezcan todo lo que aquellos no nos dicen. Y aparecen esos nuevos documentos elaborados de forma aún más artificial, para obtener una información concreta en un contexto de investigación determinado, y pensados para hacer historia, frente a los otros, pensados para otra cosa, para el ejercicio del poder y luego utilizados para hacer historia. ¿Son por ello los nuevos mejores, más objetivos, más completos, tienen el mismo valor, son documentos de archivo? Los nuevos documentos son una realidad y son muchos los archivos que, sin plantearse si le son propios, los han acogido en su seno, y allí se utilizan y se dan a conocer de la misma manera que los tradicionales. Pero aún así, parece que esto no es suficiente, no vale con crear esos nuevos documentos que nos harán llegar a la verdad. Además, hay que crear también una nueva institución que los acoja y que los de a conocer, cuando no se ocupe de crearlos y/o generarlos, son los archivos temáticos o los centros de documentación que bajo diversas denominaciones vemos surgir por doquier. Parece que los archivos tradicionales, aquellos que reúnen los fondos documentales producidos por cualquier organización o persona, especialmente los que agrupan los correspondientes a la acción del Estado (archivos nacionales, generales, provinciales), ya no valen. Necesitan especializarse y modernizarse. Parece que en ellos no tuviera cabida la memoria que se quiere recuperar, la nueva verdad que se quiere sacar a la luz, que como viejos depósitos del poder son incapaces de acoger los nuevos documentos, las nuevas ideas, por lo que surge un nuevo tipo de institución que, al menos parcialmente, viene a sustituirlos, la que sólo contiene documentos referidos a un asunto y/o a una época determinada fruto de una selección artificial. Esos establecimientos tienden a la reunión no de fondos documentales sino de documentos e incluso objetos, por lo que malamente deberían denominarse archivos, pues entran en contradicción con el propio concepto, con la idea del conjunto, del valor informativo, testimonial y patrimonial que supone. En ellos adquieren un especial protagonismo los nuevos documentos, pero también acogen otros procedentes de los viejos archivos, en original y en 98


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copias, lo que plantea algunos graves problemas sobre los que sería conveniente reflexionar en profundidad: la suplantación de algunas de las funciones tradicionales de los archivos, la ruptura de los sistemas archivísticos nacionales, el encaje de estos entes excepcionales en los mismos, e incluso el fraccionamiento de algunos fondos documentales. No se trata de una defensa numantina de nuestros centros ni de nuestra profesión, se trata de hacer ver, a quien corresponda, que los archivos pueden responder adecuadamente a las demandas de la sociedad actual, a las políticas de memoria y de reparación de derechos, sin que sea necesario hacerlos desaparecer o mutilarlos. Es también esta una tarea ligada a la defensa del patrimonio de la nación, de la realidad histórica, del testimonio. Se trata de mostrar cómo desde los archivos nos podemos acercar mejor al conocimiento de la verdad histórica, lejos de interpretaciones simplistas, más allá del dirigismo que supone una concentración temática de documentos según no se sabe qué criterios. Y es que todos sabemos que es de todo punto imposible reunir todos los documentos de una determinada materia, porque a cualquier observador razonable se le ocurre que las fuentes para un mismo tema pueden ser muy diversas, que el uso de un documento no depende tanto de lo que tiene escrito como de lo que quiere sacar el que lo consulta. Estos nuevos centros tienen por tanto un objetivo fallido, y no digamos cuánto, si lo que se pretende es rescatar la memoria de un período largo de tiempo, incluso la de la represión de una dictadura que no se haya perpetuado demasiados años en el poder. ¿Es que esta se desarrolló ajena a la sociedad, es que los documentos de interés son sólo los de los organismos represivos? No, lo son todos los de estas organizaciones, los de quienes dictaban las políticas, los de las organizaciones opositoras, los de las embajadas que informaban a sus respectivos gobiernos, los de los juzgados, incluso los de los cementerios. Y seguiríamos así con una lista interminable. Y entonces, si no es posible reunirlo todo, siquiera acercarse a ello, si esto tampoco es conveniente, ¿por qué se hace? Los daños son múltiples, uno de los más grandes la fragmentación de fondos documentales, otro es la fragmentación de los archivos generales, y sobre todo es lo que esto conlleva de pérdida de información y de pérdida patrimonial, concepto este último que en el contexto de los derechos humanos puede parecer menor, pero no lo es. No tenemos derecho a destrozar nada so pretexto de algo que puede hacerse, y mejor, manteniendo los archivos como tales. Los centros temáticos responden, creo yo, a unos intereses muy concretos, a una coyuntura social y política de un momento histórico determinado. El poder o la sociedad demandan conocer mejor un acontecimiento histórico, lo ocurrido en el contexto de las dictaduras más o menos recientes y además quieren reparación para los que sufrieron daños, tanto económicos como morales, y también juzgar a los responsables. Bien, pero lo cierto es que cuando pase el tiempo este interés será modificado, habrá otra sociedad, otros gobiernos, que tendrán superado ese interés, que lo fijarán en otros asuntos. ¿Necesitarán entonces crear organismos específicos para ello, tendrán nuevos centros de esa otra memoria? Si empleamos el criterio 99


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que ahora se aplica en varios países, así será, y nos encontraremos de nuevo con la paradoja de que se volverá a prescindir de los archivos a cambio de unos centros que tienen fecha de caducidad más o menos lejana. Evidentemente no se niega el interés o incluso la conveniencia de crear determinado tipo de organismos que promuevan la investigación, reproduzcan documentos para facilitar el acceso a determinados trabajos, de tener oficinas que impulsen y agilicen los expedientes de reparación. Pero para eso no hay que destruir archivos, no hay que interferir en las funciones que le son propias. Simplemente debe establecerse una colaboración y cada uno cumplir su papel. Tampoco desde los archivos, por muchos documentos e información que tengamos, podemos pretender el protagonismo en la ejecución de las políticas de reparación y de memoria. Nos corresponde una parte muy importante, la de poner a disposición los documentos de los que obtener la información, de describir especialmente determinadas series para atender demandas concretas y coyunturales, y, por supuesto, la de preservar los documentos para el futuro, incluso la de guardar los nuevos documentos que se produzcan para conocer mejor lo que pasó, pero otras tareas no. Habría por tanto que diferenciar bien claro las funciones de esos archivos temáticos, de testimonios, de los centros de documentación sobre asuntos o períodos y las de los archivos. ¿Por qué ocurre esto?, ¿por qué son necesarios estos nuevos centros, por qué los archivos no pueden acoger determinados documentos, por qué deben prescindir de otros, claramente complementarios al resto de lo que guardan, por qué no se aprovechan las estructuras existentes?, ¿Será un problema de seguridad, de incapacidad profesional, será que los documentos seleccionados son especialmente importantes en relación con el resto de los existentes en los archivos y que si están juntos pierden valor o información? Son muchas preguntas y una sola la contestación. Los nuevos centros se crean por la necesidad política de dar una respuesta clara a una demanda concreta en un momento muy determinado, simplemente por una decisión política que necesita que se visualice claramente su intención, su deseo de conocer la verdad o de recuperar la memoria histórica, y para ello nada mejor que un nuevo organismo, si puede ser en un nuevo edificio mejor, con nuevos profesionales, que den una imagen más joven y moderna que la que, al parecer, los destartalados archivos no pueden ofrecer. Pero junto a ésta están las que yo considero son razones de fondo; la primera, la incapacidad de hacer funcionar adecuadamente el sistema de archivos del Estado, incluso la falta de voluntad para implantarlo, en los sitios donde no existe. La segunda, la necesidad de ofrecer una respuesta más o menos inmediata, aunque sólo sea muy parcial; la de dar la sensación de que se hace algo pero sin que esto suponga una política de fondo, un esfuerzo real por llegar al núcleo de la cuestión, una inversión seria. 100


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Porque parece muy difícil que podamos conocer bien nuestro pasado, que podamos saber cómo actuó el Estado sin contar con un control detallado de los documentos de éste. Y aquí no vale con seleccionar y trabajar con unos cuantos, los elegidos como fetén para preservar la memoria. Necesitamos conservarlos todos y tenerlos en condiciones adecuadas de uso. Esa sería la base sobre la que actuar para luego poder intentar crear, si es necesario, esos nuevos documentos. Pero esto no se hace por una razón bien sencilla, es menos vistoso, vende peor y exige mayores esfuerzos y recursos. No se trata sólo de estructurar un sistema de archivos, hay que dotarlo de medios, hay que legislar sobre la conservación y el acceso, sobre los secretos oficiales y los derechos de los ciudadanos, y hay que hacerla cumplir, soportar la presión que puede suponer un acceso libre a los archivos, el control del poder que eso supone y el esfuerzo de transparencia que conlleva. Y uno tiene la sensación de que los gobiernos no siempre están dispuestos a ello. Si situamos todo lo señalado en el contexto que aquí nos ocupa, el del derecho a la verdad, el del deber de memoria de los estados y el de la defensa y promoción de los Derechos Humanos, ¿qué papel tienen los archivos? Desde mi punto de vista mucho, pero siempre en la medida en que cumplan adecuadamente con su función. No podemos poner a los archivos en primera línea de la política de memoria, pero sí en un punto central, como un recurso que todos necesitan y que debe estar preparado para responder a esa demanda concreta, pero sin que por ello deje de cumplir con sus obligaciones habituales, esto es, se pueden primar determinadas tareas en un momento concreto, pero esto no debe suponer el deterioro del servicio general que el archivo debe prestar. La función de los archivos ha de ser clara y ligada a su propia razón de ser. El archivo debe reunir los documentos necesarios, los que su ámbito competencial le permiten, debe conservarlos y debe darlos a conocer. No tiene necesariamente que crear nuevos documentos, no es ese su papel. Tampoco ha de ocuparse prioritariamente de implantar programas de recogida de testimonios o similares, aunque sí puede, e incluso debe, acoger sus resultados, incluso favorecer su realización aprovechando recursos e informaciones que posee. Para cumplir adecuadamente su función en esas políticas de memoria, el archivo debe responder a lo que se le pide y para ello, en ocasiones de aplicación de políticas concretas, ha de contar con planes y recursos extraordinarios. El archivo tendrá necesidad de adaptarse a las necesidades que las leyes reparadoras exijan, aportando los medios personales necesarios para cumplir con lo que ellas establecen y adaptando sus planes de descripción y de atención al público, acorde con esas necesidades, elaborando, si es preciso, instrumentos de descripción específicos que respondan a una demanda determinada. Los archivos deberían estar preparados para responder a lo que de ellos la normativa relativa a las reparaciones pueda necesitar. Pero eso no siempre es fácil de articular, pues sería preciso contar con ellos en el momento de redacción de la misma, para saber hasta dónde pueden responder a los deseos del legislador y para asegurarse que lo que se le va a pedir puedan 101


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hacerlo, lo cual incluso la ley debería regularlo. Habrá al menos que responder de forma inmediata ante la nueva demanda. La experiencia que en el Archivo de la Guerra Civil hemos tenido nos lo muestra a las claras. La aprobación de legislación reparadora, a partir del año 1984, supuso que diariamente entraran en el archivo centenares de peticiones de personas que precisaban acreditar su actuación en territorio republicano, concretamente su pertenencia a las fuerzas de seguridad y la graduación detentada en el Ejército de la República, para obtener derecho a pensión y reconocimiento de grado. La publicación de la Ley 37/84 supuso un cambio trascendental en la vida del archivo. Yo no estaba allí en los primeros momentos, pero la realidad es que en el archivo hubo de abordarse la situación con los escasísimos medios personales de que se disponía, y sin haberse desarrollado siquiera modelos de trabajo diferentes a los existentes hasta ese momento. La respuesta vino dada por los empujones de la realidad. Las peticiones comenzaron a atenderse al modo tradicional, buscando en los viejos ficheros los nombres de las personas sobre las que se pedían datos, localizar el documento y pasarlo a la secretaría que certificaba lo que en el mismo figuraba, abriendo un expediente por cada solicitante, aquellos que denominamos como expedientes de republicanos, que, en la actualidad, contabilizan cerca de 100.000. De cada expediente se hacía una ficha que permitiera localizarlo fácilmente en caso de que se reiterase cualquier petición sobre la misma persona. De repente se plantearon dos graves problemas: 1. Incapacidad para contestar rápidamente a tal número de solicitudes, pues antes de haberse aprobado la ley los afectados habían comenzado a pedir sus datos (en octubre de 1980 había ya seis mil peticiones sin atender). 2. Dificultad de responder adecuadamente a las peticiones, pues el archivo no estaba preparado para tal avalancha. El primero se abordó parcialmente con una constante mejora de los procedimientos de trabajo, entre los que quiero destacar la sustitución de las transcripciones en las certificaciones por la fotocopia, algo que en buena parte fue obligado por la actitud del Ministerio de Hacienda. Igualmente, se intentó paliar, que no solucionar, empleando a la totalidad de la plantilla del archivo en ese trabajo, a pesar de que eso en determinados momentos supuso el descuidar otras necesidades. Más tarde llegarían contrataciones temporales de equipos dedicados exclusivamente a esta tarea de búsqueda y despacho de antecedentes. Pero eso no supuso solucionar el otro problema, y es que las respuestas no siempre eran satisfactorias y se tenía conciencia de que los resultados positivos podían ser mucho mayores de los que se estaban obteniendo, pues no había duda de que se tenían documentos no 102


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referenciados adecuadamente, que podían ser sumamente útiles para que el colectivo señalado por la ley pudiera ver satisfechas sus aspiraciones. Consecuencia de ello fueron los cambios en los trabajos de descripción, que intentaron compaginar el tratamiento de fondos que lo necesitaban con las necesidades que planteaban los ciudadanos que requerían los servicios del archivo. A partir de entonces, se impulsó una doble dirección en las tareas descriptivas, abordar en primer lugar las agrupaciones documentales en las que se tenía constancia de tener numerosos datos de personas afectados por la normativa reparadora y elaborar instrumentos de descripción dedicados exclusivamente a esa finalidad. Así, por ejemplo, se dio prioridad al tratamiento de las nóminas del Ejército del Norte o a las revistas de los carabineros y miembros del Cuerpo de Seguridad en Asturias, pasando a continuación a la realización de bases de datos onomásticas de algunos colectivos, pues describir completamente sus series resultaba demasiado lento. De esta manera se elaboraron bases de datos de miembros de los cuerpos de seguridad, de personal sanitario o de fallecidos. De todo esto sólo me interesa destacar una cosa, y es que, aun conscientes de la imperfección de nuestro trabajo, se ha realizado un programa que ha permitido, con muchos problemas, sobre todo al comienzo, responder adecuadamente a cerca de 100.000 personas, en un proceso que no se ha limitado a tener una actitud pasiva sino que constantemente se ha intentado abordar la situación tomando iniciativas, incluso intentando modificar comportamientos de otras administraciones muy poderosas. Son numerosos los oficios salidos del archivo hacia la Dirección General de Gastos de Personal del Ministerio de Hacienda, con sugerencias respecto a la validez de la documentación y el procedimiento de tramitación. Se han hallado y dado a conocer documentos que facilitaron el reconocimiento a colectivos, como los de enfermeras. Cada vez que se finalizaba un instrumento nuevo hemos procurado distribuirlo o darlo a conocer a los interesados para que, si era necesario, reiteraran su petición. Cuando no se podía abordar la descripción se generaban listados de unidades de instalación donde localizar determinados colectivos, y si se facilitaban datos precisos se buscaban o se daban a conocer a quien lo quisiera hacer (brigadas internacionales, enfermeras). Las dificultades no fueron pocas, y entre ellas quisiera destacar la falta de coordinación en los primeros momentos con el Ministerio de Hacienda que, en primer lugar, no aceptaba la validez de las certificaciones y cuestionaba constantemente la de la documentación compulsada por falta de determinados elementos formales. Para los responsables de la hacienda pública, un documento no era válido si no tenía fecha, sellos, firmas y membretes, pero en la época en que estos se produjeron, en plena guerra civil, muchos de los documentos que se conservan no tienen alguna de esas características, por lo cual, una y otra vez, en el archivo se recibían peticiones aclaratorias sobre el documento enviado, ya que para aprovechar mejor los escasos recursos existentes se había decidido responder a las peticiones con el primer documento hallado en el que constaran completos los datos de la persona, pero como no siempre se 103


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consideraban suficientemente válidos había que repetir la búsqueda para hallar otro mejor, en ocasiones hasta diez veces. Esta reiteración de las peticiones por parte de Hacienda hicieron que ya se decidiese buscar únicamente documentos con los elementos formales de validación pedidos y enviar no sólo la parte que contenía la información del individuo en cuestión, sino también el resto del documento o, al menos, el encabezamiento y el pie del mismo, con un sello de compulsa específico que señalaba la signatura y el número de fotocopias, además de las correspondientes fecha, firma y sello del archivo. Todos estos elementos habían de tenerse en cuenta a la hora de planificar los trabajos, pues ocupaban un tiempo muy valioso de los trabajadores del archivo y suponía una ralentización en las respuestas. Esto es algo que conviene señalar, pues estos expedientes han requerido un trabajo burocrático muy voluminoso, que llegó a complicarse más cuando se comenzó a exigir el pago de tasas por la emisión de los certificados, tanto positivos como negativos. De la misma manera, surgió de inmediato la necesidad de crear instrumentos de descripción específicos para atender la nueva demanda. Para ello, habían de identificarse previamente las series que servían mejor a nuestros propósitos, así como localizarlas físicamente: expedientes personales, fichas de filiación, de pensiones, nombramientos, nóminas, justificantes de revistas, listados diarios de prisioneros, etc., separando aquellas que ya estaban accesibles mediante un enorme fichero general que se había realizado a partir de 1937 con fines represivos, de las que no tenían nada. En nuestro caso se trataba sobre todo de localizar documentos asociados a un nombre, pero eso pasó por una identificación previa de las series y documentos que cumplían mejor estos propósitos: por lo que lo primero que se hizo, en colaboración con otras instituciones, fue crear una base de datos con todos los nombramientos aparecidos en los diarios oficiales (340.767 registros). De la misma manera, en los trabajos de descripción se incidió en los índices onomásticos, introduciendo listas enteras de miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército, siempre aquellos que tuvieran derecho a lo que la ley establecía, llegando mucho más allá de lo recomendable en este tipo de descripciones. Posteriormente se han tomado otros tipos de medidas extraordinarias, como las bases de datos de miembros de algunos cuerpos de seguridad o de personal de hospitales militares, cuando se les reconoció derechos a los mismos. Hoy todavía estamos creando un índice de presos, pues son muchas las demandas en relación con la estancia en prisión. Gran trascendencia ha tenido la puesta a disposición en Internet de algunas de estas bases de datos, concretamente las referidas a nombramientos del Ejército de la República y la de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra con su relación de muertos, desaparecidos e inútiles (59.110 registros). Todo esto se ha completado con el volcado en el portal Pares de las nuevas descripciones. En la actualidad, más del 80% de los instrumentos de descripción que cualquier usuario tiene en la sala de consulta puede verlo en su casa. La nueva herramienta nos ha permitido no sólo ofrecer los nuevos instrumentos en formato de base de datos, sino 104


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los antiguos mediante la descarga de ficheros, los cuales se mantienen en tanto se produce una nueva descripci贸n. Todos estos pasos no han tenido sino un solo objetivo: ofrecer la mejor informaci贸n de la manera m谩s directa posible, porque creemos que esa es nuestra mayor aportaci贸n al conocimiento de la verdad, al resarcimiento a quienes tienen derecho y a la sociedad en general, que debe poder conocer y disfrutar el patrimonio documental que reside en sus archivos.

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LOS ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE:

UNA EXPERIENCIA DE MEMORIA

Patricia Huenuqueo Canales50

1. Procedencia de los archivos de Derechos Humanos de Chile Como es sabido, los archivos se forman por la sedimentación natural de la documentación que las organizaciones, familias o personas, reciben, producen y usan en el desarrollo de sus funciones inherentes. Los archivos son huellas del pasado que dan fe tanto acerca de sus creadores como de la sociedad que ellos habitaron. Y aún más, su apariencia, funcionalidad y valor simbólico están determinados por esos contextos51. En el caso de Chile, la producción de este tipo de archivos está definida por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1973 – 1990 y cuyo proceso de investigación judicial y reparación social permanece abierto, es todavía una actividad en desarrollo. Desde esta perspectiva, es posible advertir que nuestros archivos de Derechos Humanos tienen una doble procedencia. Por una parte, están los documentos producidos por organismos del Estado en el desarrollo de funciones de control político y represivo -aún cuando todavía no se hayan localizado los archivos de los organismos de seguridad del régimen militar-, de control penal y administrativo, de investigación forense, policial y judicial, y de reparación de las víctimas y sus familiares. Por otra parte están los registros generados por personas o familias en calidad de víctimas, testigos o recopiladores, agrupaciones, colectivos, instituciones privadas y ONGs vinculadas a la protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos. 50

Jefa Oficina del Sistema Nacional de Archivos del Archivo Nacional de Chile.

51

Martine Cardin “Archives in 3D” p.115. [en línea] Dirección URL: < http: //journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/ article/viewFile/12796/13997>. [Consulta: 8 septiembre 2007].

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Como resultado de su doble procedencia, las voluntades que han actuado en su desaparición o persistencia son diferentes, y consecuentemente las trayectorias que unos y otros exhiben al día de hoy, también lo son. En este sentido, la voluntad del Estado por hacer desaparecer u ocultar su memoria, registrada en forma de documentos durante el período 1973-1990, alcanza su mayor expresión formal en 1989, cuando se promulga la Ley Nº 18.771, que establece que la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Amparados en esta norma, los organismos vinculados a este Ministerio, incluidos tribunales militares, al día de hoy pueden inclusive llegar a certificar haber eliminado los archivos vinculados a las violaciones de Derechos Humanos. La lectura es obvia. No obstante, este afán público de ocultar las huellas físicas de los hechos y con ello limitar sus posibilidades de reconstrucción posterior, ha colisionado con la voluntad de preservación de las víctimas y de los organismos que los representaron, los que a partir de 1990 no sólo han sido capaces de aportar a instancias oficiales –comisiones de verdad y reparación, instituciones judiciales, forenses y policiales-, las pruebas que han permitido avanzar en el esclarecimiento de la verdad, sino también, a partir del 2002, iniciar un proceso de elaboración de su memoria, del cual les quiero comentar hoy algunos detalles.

2. Los archivos como memoria En agosto de 2003, y como resultado del trabajo conjunto del Comité Nacional Memoria del Mundo52 y la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia y la Corporación Justicia y Democracia, Unesco incorpora al Registro Memoria del Mundo los archivos que testimonian las acciones de solidaridad y defensa de los Derechos Humanos de las personas perseguidas, arrestadas, torturadas, ejecutadas y desaparecidas por la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Una vez confirmado este reconocimiento internacional, y en atención a que durante el proceso de formación del expediente de postulación se había constatado que la escasez de 52

En agosto del 2003, el Comité era presidido por María Eugenia Barrientos, Conservadora del Archivo Nacional y estaba integrado por Ximena Cruzat, Directora de la Biblioteca Nacional; Alan Trampe, Director de Museos; Aldo Yávar, representante de las Universidades; Carlos Bascuñán, representante del Patrimonio Privado, y Ana María Maza y Gloria Elgueta, por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

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recursos económicos, técnicos y humanos eran un obstáculo importante para avanzar en la preservación de dichos archivos, algunos de los cuales se hallaban depositados con un mínimo de orden y en precarias condiciones físicas, a partir de ese año y hasta fines del 2007, el Archivo Nacional y dichas organizaciones, ejecutaron un plan de gestión que incluyó la realización de un censo de archivos de Derechos Humanos, la gestión de proyectos para su tratamiento técnico y el ingreso de documentos al Archivo Nacional. 2.1 Censo de Archivos de Derechos Humanos Teniendo como referencia el ámbito institucional del Movimiento de los Derechos Humanos en Chile53, se identificó la necesidad de realizar un catastro para recoger información acerca del volumen, contenido, estado de conservación y accesibilidad de los archivos producidos, recibidos, conservados y usados por ONGs, agrupaciones, colectivos e instituciones privadas de cualquier clase, vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Gracias al apoyo prestado por la Subdirección de los Archivos Estatales de España a esta iniciativa, el Archivo Nacional organizó un equipo de trabajo que durante los años 2005 y 2006 estuvo dedicado a buscar los archivos generados por las más de 40 organizaciones de este tipo que existían en el país a fines de la década de los 80. En una perspectiva general, los resultados de dicha labor permitieron constatar que a la fecha de realización del censo, gran parte de ellas había concluido o reciclado sus funciones y que sus archivos históricos no eran accesibles por destrucción o diseminación entre ex colaboradores. Mención especial para los organismos de carácter internacional con sede en Chile, como la Cruz Roja o Amnistía Internacional, que informaron que los archivos generados durante el período habían sido trasladados a sus sedes centrales de Suiza y Gran Bretaña, respectivamente. Al final, se localizaron y describieron 18 Archivos de Derechos Humanos, información que en la actualidad está disponible en el sitio web del Censo Iberoamericano de Archivos: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm El análisis de los datos muestra que en cuanto a su ubicación, once archivos se emplazaban en la Región Metropolitana de Santiago, seis en la Región de la Araucanía y uno en la Región de Los Lagos. En parte, esta concentración territorial se explica porque organismos como la Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, trasladaron a Santiago, parcial o totalmente, los archivos generados por algunas de las sedes regionales que funcionaron hasta 1990. En lo referido a la organización y procesos técnicos que se realizaban en los archivos, se confirmó un déficit en la disponibilidad de recursos humanos y físicos destinados a la administración de los documentos, factores que evidentemente incidían en sus condiciones de organización, conservación y recuperación. 53

Patricio Orellana y Elizabeth Quay Hutchiso: El Movimiento de Derechos Humanos en Chile 1973 - 1990, p.p.64-65.

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También, el levantamiento permitió establecer que el conjunto de archivos de Derechos Humanos alcanzaba un volumen de 1.163 metros lineales de documentación, generada entre 1973 y 2006, y que los archivos de mayor tamaño estaban radicados en la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En cuanto al medio físico en que se hallaba registrada la información, este correspondía, en orden decreciente, a soporte papel, magnético, óptico y algunos soportes especiales, como tela o vidrio. Por último, en lo concerniente a sus condiciones de acceso y reproducción, la mayor parte de las entidades estipulaba restricciones según el tipo de información contenida en los documentos, como la relativa a los expedientes de casos médico sociales, como por la carencia de condiciones materiales para localizar y servir los documentos. Principales tipos de documentos y condiciones de acceso

2.2 Gestión de proyectos Con el fin de mejorar las condiciones más críticas de organización, conservación y acceso a los fondos documentales, se promovió la participación de los Organismos de Derechos Humanos en instancias de financiamiento internacional, el Programa de Ayuda para el Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (Adai) y el Programa para Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Adicionalmente, durante el 2005 se suscribió entre el Archivo Nacional de Chile y la Subdirección General de los Archivos Estatales de España, un convenio de cooperación para abordar el tratamiento de los archivos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 109


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Para sustentar esta línea de trabajo, se realizaron reuniones y talleres de capacitación que permitieron a los profesionales del Archivo Nacional aprender a trabajar con parámetros diferentes a los que presentan los archivos públicos y que en los organismos de Derechos Humanos se constituyeran equipos internos para abordar el procesamiento técnico de los archivos. Desde una perspectiva cuantitativa, este trabajo conjunto significó que al año 2007 se hubiese concretado una subvención internacional de U$ 200.000, un aporte de los Organismos de Derechos Humanos en instalaciones, insumos y trabajo por U$ 22.740, y que por concepto de asesoría técnica para la gestión de los proyectos, capacitación, soporte tecnológico y administrativo, el Archivo Nacional hubiese contribuido con aproximadamente U$ 35.000; presupuesto que permitió avanzar en los procesos de organización, conservación y descripción de aproximadamente 200.000 documentos, equivalentes al 30% del patrimonio documental conservado. 2.3 Ingreso de Documentos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos al Archivo Nacional En atención al término formal de sus actividades y a los riesgos de pérdida a los que se hallaban expuestos los archivos54, en octubre del 2005, la Presidencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos formalizó la entrega de sus documentos al Archivo Nacional. Con el fin de evitar su desorganización, daño o extravío, su ingreso se verificó de forma gradual y según los avances producidos en proyecto de conservación, organización y descripción que se ejecutó durante el primer semestre del año 2006. Así, a mediados de ese año se había materializado el ingreso a dependencias del Archivo Nacional de 130 metros lineales, donde se encuentran disponibles para su acceso público. En una perspectiva de mayor alcance, dicha decisión también define una estrategia de preservación para archivos privados que representan un proceso relevante para comprender la historia reciente, ya que como señalara el director General de Unesco, Koîchiro Matsuura: “En países con antiguos regímenes represivos, en los cuales los archivos públicos han sido desaparecidos o han sido depurados, los archivos de las ONGs figuran entre las escasas fuentes de información que permiten a las víctimas comprender los mecanismos de opresión y reclamar un derecho a la verdad y a la reconciliación55”.

54

Durante el 2005-2006, las instalaciones de la Comisión fueron vulneradas por desconocidos en reiteradas ocasiones.

55

Consejo Internacional de Archivos: Los Archivos de ONGs, Una Memoria para Compartir. Guía práctica en 60 preguntas, p.1

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Testimonio de Carmen Gloria Quintana, después de haber sido quemada por Patrulla Militar

3. Conclusión Como consecuencia de que el proceso de reparación social de las víctimas y sus familiares permanece abierto, entendiendo por ello no sólo las compensaciones de tipo económico sino que principalmente la investigación judicial de los crímenes y su sentencia, el conjunto de estos archivos están en expansión. En expansión física, en tanto se siguen produciendo nuevos documentos; en expansión funcional, al sancionarse su autenticidad y su utilidad como medio de prueba judicial; y en expansión simbólica, al constituirse en objeto de gestión patrimonial y fuente de memoria. Aunque la alianza de cuatro años entre los Organismos de Derechos Humanos y el Archivo Nacional sólo permitió avanzar parcialmente en el tratamiento de dichos archivos, se estima que constituye un adelanto importante en cuanto permitió establecer los ejes sobre los cuales se organizará el trabajo por venir y que esperamos, alcance su mayor expresión en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Proyecto radicado en la Comisión Asesora de la presidenta Michelle Bachelet en materias de Derechos Humanos, esta iniciativa recoge una antigua aspiración de las Organizaciones de Derechos Humanos, cual era que el Estado asumiera un compromiso permanente con la preservación de las fuentes de información que permiten promover la reflexión y educación sobre el respeto a los Derechos Humanos y la democracia a través del conocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile, constituyéndose en un poderoso instrumento pedagógico que contribuya a hacer realidad el imperativo del “Nunca Más56”.

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Documento de trabajo “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Colecciones”. Octubre 2008, p.4.

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En una primera etapa, comprendida hasta la inauguración del Museo, en noviembre del año 2009, la base de sus colecciones será el Conjunto de Fondos Documentales declarados por Unesco como parte del Programa Memoria del Mundo, específicamente aquellos de los organismos reunidos en la Casa de la Memoria: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia y Teleanálisis. Así también, se han realizado gestiones para que el Ministerio del Interior transfiera los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Cnvr) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Cnppt), ámbito que con el tiempo se proyecta ampliar a otras instituciones públicas y privadas involucradas en este proceso. En suma, los archivos de Derechos Humanos de Chile hoy son, más que ayer, territorio de atención y conocimiento público, lo cual expresa que la historicidad de los archivos en cuanto su creación, ocultamiento, destrucción y preservación está determinada tanto por el contexto en el cual fueron originalmente producidos como por el contexto en el cual son hechos relevantes. Entonces, hoy parece más necesario que nunca ampliar la experiencia que permita conservarlos como representaciones orgánicas de una etapa de nuestra historia y que, consecuentemente, se preserve su utilidad como fuente fidedigna para la elaboración de las memorias sociales del futuro.

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ARCHIVOS, CENTROS DE MEMORIA Y PATRIMONIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ

Ruth Borja Santa Cruz57

Hablar sobre archivos, centros de Memoria y patrimonio de los Derechos Humanos en América nos lleva a ubicarnos en los últimos 70 años de nuestra historia latinoamericana, que se halla signada por sucesos cruentos de dictaduras y violencia política hasta ahora pendientes de procesar. Para los historiadores se presentan los retos del cómo investigar la historia reciente, teniendo como fuentes los archivos en una sociedad post conflicto. Desde el lado de los archiveros, el reto es cómo conjugar la teoría archivística con la realidad de la documentación de instituciones que tuvieron participación, directa e indirecta, en los hechos de violencia política de nuestros países. Mi exposición versará sobre el trabajo de organización y descripción de los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de los organismos de Derechos Humanos y el trabajo que vengo desarrollando en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Unidad de Documentación de la Comisión de Verdad y Reconciliación El 4 de junio del 2001, se crea en Perú La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)58, como un órgano de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con la finalidad de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia política y la violación de los Derechos Humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000. Su creación fue el resultado de un largo batallar de las organizaciones de Derechos 57

Responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

58

Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM

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Humanos y del reclamo de los miles de familiares y víctimas que, agrupados en asociaciones y comités, exigían al Estado peruano el esclarecimiento, justicia y sanción para los responsables de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de sus seres queridos. Una vez establecida la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se considera en su estructura orgánica la Unidad de Documentación (UD) que tiene, en un primer momento, la tarea de recabar y brindar información bibliográfica y de archivos a las diferentes áreas de la CVR. Para ello, la UD establece contactos y/o convenios con diferentes instituciones que conservan información (libros, periódicos, revistas y documentos en diferentes soportes) sobre el período de violencia vivido en Perú (1980 – 2000), así como bibliografía referente a experiencias de comisiones de la verdad de otros países. Mediante estos convenios se facilitó el acceso a la información y el fotocopiado de los documentos o publicaciones. Todo el material que se fue recabando pasó a ser administrado por la UD y fue formándose la biblioteca y archivo de la misma. Conforme avanzaba el trabajo de las diferentes áreas de la CVR, se hizo necesario que la UD elaborara el borrador del cuadro de clasificación de lo que sería el archivo central de la Comisión. Para ello, se tomó como referencia la estructura orgánica de la CVR. Una vez elaborado el borrador del cuadro de clasificación institucional, se visitaron las diferentes oficinas de Lima y de las cuatro sedes regionales, con el objetivo de trabajar con el personal secretarial la identificación de las principales actividades para elaborar el cuadro de clasificación de cada oficina. En el cuadro se identificaron las series documentales y se capacitó al personal secretarial para que trabajara la organización de la documentación desde su gestión, garantizando con ello el manejo ordenado de la misma y su posterior identificación en el cuadro de clasificación definitivo. Este trabajo previo sirvió para que la UD tuviera los cuadros de clasificación de las diferentes oficinas y sedes, y absolviera las dudas, vía correo electrónico, del personal encargado de la organización documental. Conforme se fueron cerrando las oficinas y áreas en la CVR, personal de la UD viajo a las sedes regionales para trabajar con el personal en la elaboración de los inventarios de transferencia con el cual la UD recibió la documentación. Por ello, se recibió la documentación identificada y con un grado de organización que fue la base para realizar la selección, organización y descripción de cada unidad orgánica de la CVR59. Para la formación de los archivos de audio, video y fotos se consideró importante elaborar una ficha de descripción por cada tipo de soporte, que fue explicada y entregada al personal de las diferentes oficinas para que registren los datos básicos de la actividad. Cuando la UD recibió los documentos audiovisuales, con sus respectivas fichas de descripción, realizó la escucha o visionado de los diferentes soportes para completar la descripción de la actividad registrada en las fotos, cintas de video y de audio. Posteriormente se elaboraron los cuadros 59

Véase anexo 01 Cuadro de Clasificación de la Sede Central de la CVR

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

de clasificación de cada uno de estos archivos y se organizaron, describieron y signaron las piezas documentales. Una vez avanzado el trabajo de organización y descripción del acervo de la CVR se procedió al ingreso de toda la información al catálogo de esta entidad, que fue elaborado por un informático, en base a los requerimientos y parámetros que los archiveros presentaron. El sistema de catálogo informatizado de la CVR fue el instrumento que permitió búsquedas globales y búsquedas específicas de información requeridas por las diferentes áreas. Además, sirvió para la elaboración de los inventarios de transferencia, con lo que se hizo la entrega del acervo de la CVR a la Defensoría del Pueblo. Desde el inicio del funcionamiento de la CVR, la UD fue implementando sus actividades archivísticas según el desarrollo y cambios que se daban en la institución. La CVR empezó con pocas áreas, luego fueron creándose otras o dividiéndose las existentes, según la complejidad de las actividades. Posteriormente, conforme se cerraban oficinas, la UD fue recibiendo la documentación para organizarla y describirla según el cuadro de clasificación elaborado. LA CVR presenta su informe final al país el 29 de agosto del 2003 y en la misma fecha se publica el D.S. Nº 078-2003-PCM, mediante el cual se dispuso la constitución de las comisiones de transferencia para la entrega del acervo documentario a la Defensoría del Pueblo, y de los bienes y la información y documentación administrativa, económica y financiera a la Presidencia del Consejo de Ministros. En noviembre de 2003 se realizó la transferencia del acervo CVR a la Defensoría del Pueblo, y en diciembre se formalizó la entrega mediante la firma del acta de transferencia, que tuvo como anexos los dispositivos legales y los inventarios de transferencia60. El total del acervo documental que entregó la CVR a la Defensoría del Pueblo está compuesto por lo siguiente: TIPO DE DOCUMENTO

FORMATO

Testimonios

16.917

carpetas

Fotos en papel

13.139

fotos

Fotos en negativo

3.810

tiras

Videos

1.109

piezas

428

piezas

18.696

casetes

Masters (BETA, HI8) Audios 78 casos investigados

60

CANTIDAD

453

carpetas

Sitios de entierro

1.055

carpetas

Biblioteca

1.150

libros, revistas

Véase anexo 02, primera página del Inventario de transferencia de la Sede Central CVR

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Archivos de las organizaciones de derechos humanos En el marco de un convenio firmado por la CVR y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), la UD se encargó de la organización y descripción de los expedientes legales que, sobre violaciones a los Derechos Humanos, conservaban las organizaciones de Derechos Humanos (ONGs) integrantes de la Cnddhh. Las ONGs, en el transcurrir del tiempo y en cumplimiento de sus funciones, fueron acumulando documentación sobre desaparecidos, detenciones arbitrarias, asesinatos colectivos y selectivos, amenazas a la misma institución, campañas y todo tipo de actividades relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos en el país. Esta documentación podía tener como soporte el papel, cintas de audio o de videos. Para organizar la documentación de una ONG de Derechos Humanos, lo primero que debemos saber es la historia de la institución, conocer su organigrama y cuáles fueron sus principales funciones, con el fin de tener una mirada global de la institución que nos servirá para organizar la documentación de manera total o parcial. Según mi experiencia, el trabajo de archivo realizado con los organismos de Derechos Humanos fue prioritariamente en el área legal, porque se tenía la urgencia de organizar la documentación donde estuvieran registrados los hechos violatorios cometidos por el Estado y los grupos alzados en armas. El trabajo fue realizado con alumnos de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una vez organizada y descrita la documentación, la CVR pudo contar con una información de primera mano referente a las denuncias presentadas por familiares de las víctimas de la violencia política ante las instancias judiciales, los medios de comunicación, las entidades internacionales, así como del seguimiento que le dio la ONG a estas denuncias. Toda esta documentación sirvió para crear la Base de Datos de Desaparecidos que la Cnddhh entregó a la CVR.

El Centro de Información y las investigaciones sobre memoria y derechos humanos El Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (en adelante CI) funciona desde el 19 de abril de 200461, en un local ubicado en el centro de Lima y depende administrativa y financieramente de la Defensoría del Pueblo, una institución autónoma cuya máxima autoridad, la defensora del Pueblo, fue nominada y ratificada por el Congreso de la República. Nuestro objetivo es poner todo el acervo documental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al servicio de las ex Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos 61

Dirección: Jirón Miró Quesada Nº 398, Cercado de Lima.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Humanos del Ministerio Público. De igual manera, poner la información sobre Derechos Humanos generada por la Defensoría del Pueblo al servicio de los familiares y víctimas de la violencia política, de las organizaciones de DDHH, de nuestros jóvenes estudiantes de universidades y colegios y de los investigadores nacionales e internacionales. Su funcionamiento es parte de las reparaciones que se vienen implementando desde el Estado. Se busca brindar información a los estudiantes de universidades y colegios para que reflexionen sobre este período de violencia, que se identifiquen las causas de la misma y se busque dar soluciones integrales para que en el país se desarrolle una democracia fuerte, una sociedad inclusiva, con ciudadanos respetuosos de sus diferencias y abiertos al diálogo. Con este propósito, el CI brinda los siguientes servicios: • • • • • •

Atención de consultas y pedidos de información presencial y virtual; Sala de lectura de expedientes, documentos, libros y revistas; Exhibición de videos y audición de casetes; Visitas guiadas por el Centro de Información; Préstamo de muestras fotográficas CVR; Visitas guiadas por la Muestra Fotográfica Yuyanapaq.

Entre abril de 2004 y agosto de 2008, el CI atendió un total de 14.035 personas, que formularon pedidos de información, realizaron consultas y visitaron sus instalaciones. ¿A cuántos usuarios atendió el CI? Abril 2004 - Agosto 2008

%

Investigadores/estudiantes

Tipo de usuario/a

6.699

47.73%

Victimas/familiares

1.720

12.26%

Público en general

1.512

10.77%

Colegios (visitas guiadas)

1.008

7.18%

ONGs

987

7.03%

Universidades/institutos (visitas guiadas)

770

5.49%

Jueces/fiscales

342

2.44%

Prensa

316

2.25%

Organismos públicos

210

1.50%

ONGs (visitas guiadas)

164

1.17%

Organizaciones sociales (visitas guiadas)

119

0.85%

FF.AA./ PNP

111

0.79%

Visitantes internacionales

56

0.40%

Visitas de organizaciones de familiares

21

0.15%

TOTAL

14.035 100% Fuente: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Elaboración: Defensoría del Pueblo

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Memorias Seminario Internacional

Del total de personas que atendió el CI, 6.699 (47,73%) fueron estudiantes universitarios e investigadores nacionales y extranjeros, que hicieron uso del centro por temas de investigación académica. Es necesario aclarar que un investigador puede venir por un período de un mes o dos meses y cada vez que hace uso de los servicios del CI se le registra como una “atención”. Los investigadores extranjeros vienen con temas de investigación financiados por la universidad. A la fecha, se han recibido investigadores norteamericanos, alemanes, franceses, japoneses, ingleses, canadienses y en menor medida de países latinoamericanos. Puedo afirmar, sin duda a equivocarme, que en los pocos años que lleva de funcionamiento el CI atendió más investigadores extranjeros que peruanos. El reto futuro es revertir esa tendencia y lograr que sean más nuestros jóvenes universitarios quienes realicen trabajos de investigación sobre la violencia política que ha vivido Perú. En un esfuerzo por llegar a un mayor número de estudiantes de institutos y universidades, durante el 2007 se organizó el Primer Concurso Nacional de Ensayo y Reportaje sobre Derechos Humanos, dirigido a periodistas y estudiantes universitarios y de los institutos armados, cuyas edades fluctuasen entre los 17 y los 25 años. Los concursantes debían hacer uso de materiales contenidos en el centro para escribir sus ensayos. Para esta primera versión del concurso se presentaron 30 trabajos, que abarcaban temas como la discriminación contra las poblaciones indígenas y afro-peruanas, la violencia política en distintas localidades del país, testimonio y subalternidad, violencia y memoria, reconciliación, entre otros. Si seguimos revisando el cuadro, tenemos como segundo grupo de usuarios a las víctimas o familiares de víctimas (15.4%), que generalmente vienen al CI en búsqueda de una copia del testimonio que brindaron ante la CVR para realizar gestiones ante los diferentes organismos del Estado peruano. También pueden ser personas que, sin haber dado testimonio ante la CVR, quieren saber si existe información sobre la muerte o desaparición de sus familiares. Se han dado casos en que el usuario se entera, mediante testimonios brindados por otros, que su familiar murió durante el conflicto. Se dio el caso singular de un usuario que, cuando buscaba en el CI información sobre sus familiares desaparecidos, se enteró de que él mismo se hallaba en la lista preliminar de desaparecidos que trabajó la CVR. Ese fue el inicio para que este usuario ubicara a sus demás hermanos y se reencontraran en una emotiva ceremonia organizada por la Defensoría del Pueblo.

Muestra Yuyanapaq Yuyanapaq, que en lengua quechua significa “para recordar”, es un espacio de conmemoración que, utilizando la fotografía como herramienta de conocimiento y recuerdo, muestra pruebas irrefutables del horror vivido durante el período 1980 – 2000. 118


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Este proyecto, desarrollado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), abrió sus puertas, por primera vez, en agosto del 2003 en la Casa Riva Agüero y fue visitada por miles de peruanos y extranjeros, incluyendo víctimas, sus familiares y perpetradores. Así se constituyó en la primera reparación simbólica que jugó un rol significativo en el largo camino a la reconciliación nacional Esta muestra está compuesta de 178 imágenes, las mismas que fueron seleccionadas luego de revisarse más de 90 archivos fotográficos de diversas fuentes, tales como prensa escrita, fotógrafos independientes, agencias de noticias internacionales, instituciones militares, instituciones de Derechos Humanos, ONGs, iglesias y álbumes familiares. Las imágenes incluidas en la muestra constituyen testimonios visuales, veraces y auténticos, sobre los sangrientos episodios de violencia que conmovieron nuestro país, provocando un número de víctimas todavía no precisado. Su objetivo es contribuir con el proceso de reconciliación nacional, conservando la memoria histórica y procurando que los hechos allí documentados no vuelvan a producirse jamás. ¿Cómo llegó a la Defensoría del Pueblo? La muestra Yuyanapaq se reabre el 20 de julio de 2006, en el sexto piso del Museo de la Nación y su reposición estuvo a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (Cman), contando para ello con el apoyo económico de la cooperación extranjera. Una vez montada e inaugurada, la Cman transfiere la muestra a la Defensoría del Pueblo y la tiene a su cargo el CI, que asume su difusión y mantenimiento. En el año 2008, entre el 10 de marzo y el 24 de junio, la muestra estuvo cerrada porque la reunión ALC-UE tuvo como una de sus sedes al Museo de la Nación. Fue un periodo en el que se realizaron mejoras y mantenimiento de la misma. ¿Cuántos la visitaron desde su inauguración? De martes a domingo abre sus puertas para la visita de numerosas personas y delegaciones, entre las que se encuentran escolares, universitarios/as y ciudadanos/as interesados/as en conocer y recordar, a través de las imágenes, la difícil situación que le tocó vivir al país. De julio de 2006 a agosto de 2008 se recibieron cerca de 50.000 visitantes, la mayoría de ellos jóvenes de colegios y universidades que la recorrieron acompañados de sus profesores. Los ciudadanos la visitan con sus familias o amigos, y otro grupo importante de visitantes son los extranjeros. Muestras Itinerantes Yuyanapaq El CI cuenta con muestras itinerantes, que solicitan instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. A la fecha, se tiene un registro de 120 préstamos realizados, 119


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Según el cuadro adjunto, el mayor número de solicitudes lo realizan las universidades e institutos culturales, nacionales y extranjeros. ¿Cuántos solicitaron en préstamo las muestras itinerantes? Tipo de usuario/a

Abril 2004 - Agosto 2008

Universidades/institutos

41

Organizaciones sociales

20

Oficinas defensoriales

14

ONGs

13

Parroquias / org. eclesiásticas

12

Municipalidades

9

Colegios

7

Museos

3

Organismos públicos (Ministerios)

1

TOTAL

120

Fuente: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Elaboración: Defensoría del Pueblo

Entre los países que han solicitado estas muestras podemos señalar a México, Francia, Alemania, España y Estados Unidos. Al respecto, la entidad solicitante asume los gastos de traslado, así como la seguridad de las muestras. En la actualidad, cuatro colecciones compuestas por grupos de 36 y 40 fotografías, están circulando dentro y fuera del país.

Conservación y preservación del documento digital (archivo audiovisual, testimonios) Uno de los logros visibles durante el período 2004 – 2008 es la digitalización de la mayor parte del acervo CVR. Con ello se ha garantizado la conservación y seguridad del mismo, sin dejar de brindar, de manera rápida y segura, la información que solicitan las víctimas de la violencia política, los investigadores académicos y las instituciones del Estado que vienen trabajando en las reparaciones y procesos judiciales en curso. En lo que respecta a la digitalización del acervo documental del Centro, durante el período comprendido entre abril de 2004 y agosto de 2008 se concluyó con la digitalización de 18.800 casetes de audio que se pasaron a formato MP3, con un total de 1.053 discos MP3. Las 16.917 carpetas de testimonios CVR fueron digitalizadas y se realizó la conversión de formato video digital a archivos de video digital MPG2 de los 295 DVDs. Además, se han digitalizado los 28 casetes de la Defensoría del Pueblo de la toma de testimonios a víctimas de la violencia, que fueron realizadas por el Equipo de Secuelas de la Violencia de la Adjuntía de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. 120


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Resultado de la digitalización de los archivos CVR Acervos

Abril 2006 - Agosto 2008

Testimonios CVR

16.917 carpetas de testimonios

Archivos de video

295 discos MPG2

Archivos de audio

1.053 discos MP3

Tomas de testimonios DP

28 discos de DVD

Fuente: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Elaboración: Defensoría del Pueblo

Difusión del Centro de Información como Memorial En la lógica de constituirse en un referente de memoria del período de violencia política y difusión de los derechos humanos, el CI participa en las actividades que desde la sociedad civil se organizan y para ello mantiene una coordinación actualizada con las instituciones que trabajan sobre memoria y derechos humanos. Se ha participado en ferias, conversatorios, seminarios, mesas redondas y charlas organizadas por las municipalidades, universidades y organizaciones sociales, tanto en Lima como en otras partes del país. Otra forma de llegar a la sociedad es a través de la promoción de las visitas guiadas de los estudiantes de colegios al CI. Previamente se envían las invitaciones a los directores de los centros educativos y se establece el contacto con los profesores de los cursos de personal social para programar las visitas. Lo mismo se hace con los institutos de estudios superiores. Con las universidades se establece el contacto con las escuelas y profesores de ciencias sociales, derecho y educación. ¿Quiénes visitaron el CI? Tipo de usuario/a

Abril 2004 - Agosto 2008

Colegios

35

Universidades / institutos

32

Visitantes internacionales

25

ONGs

15

Organizaciones sociales

12

Organizaciones de familias (visitas guiadas) TOTAL

3 122

Fuente: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Elaboración: Defensoría del Pueblo

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A través de las visitas guiadas al CI se busca promover en los estudiantes de secundaria y universitarios el interés por conocer su pasado reciente, para que reflexionen sobre la necesidad de desarrollar una cultura de paz con respeto a las diferencias. Contactos en el extranjero A fin de llegar a un mayor número de usuarios, desde 2007 se cuenta con una página web62, y diariamente se reciben consultas y pedidos de información que son absueltos por el personal del CI. De ser posible, se envía por correo electrónico la información que solicitan los usuarios o se establecen mecanismos para otras formas de entrega. En el año 2007 se estableció contacto con la archivera Rebecca Hatcher, del Departamento de Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale, quien en octubre, junto con el archivero Kevin Glick, visitó el CI y recabó información sobre el estado de digitalización del acervo de la CVR con la perspectiva de desarrollar a futuro actividades en el marco del Proyecto Artemis, que dentro de sus objetivos tiene el evaluar el tamaño y alcance de documentos escogidos de las comisiones de la Verdad y Reconciliación de diferentes países, para establecer en Yale un archivo de copias de documentos de las diversas CVR del mundo. Para hacer difusión de los servicios del CI en el extranjero, se ha participado en eventos internacionales como el taller Construyendo la Memoria de la Violencia en Colombia: El Rol de los Archivos, organizado por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) en Bogotá, del 15 al 16 de octubre del 2007. En este evento se presentó al CI, sus acervos y los servicios que brinda a la ciudadanía. De otra parte, se participó en el Primer Encuentro de Museos de la Memoria del Mercosur, realizado en la ciudad de Montevideo, del 1 al 4 de abril de 2008, en el que se acordó “la necesidad de formar una Red de Museos y Centros de Memoria, que permita el intercambio de experiencias, proyectos, documentación e información para potenciar nuestra lucha por la profundización de la democracia, como legado para las futuras generaciones”. Así mismo, los días 25 y 26 de septiembre de 2008 se participó en el II Encuentro de Archivos y Derechos Humanos: Usos Actuales, Posibilidades y Limitaciones, organizado por el Museo de la Memoria de Rosario y Memoria Abierta de Argentina.

62

www.memoriaparalosderechoshumanos.org

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ANEXOS Anexo 01 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACION UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN CUADRO DE CLASIFICACIÓN SEDE CENTRAL SC0 01. PLENO DE COMISIONADOS 010101. Sesiones del pleno 010102. Talleres 010103. Correspondencia 010104. Documentos de trabajo 02. PRESIDENCIA 0201. Normatividad 020101. Leyes, resoluciones, directivas 020102. Reglamentos, Manuales y organigramas 020103. Convenios 0202. Presidencia 020201. Plan institucional 020202. Informes de actividades 020203. Agenda de actividades 020204. Reuniones y entrevistas 020205. Viajes 020206. Discursos 020207. Correspondencia 020208. Materiales de trabajo 020209. Hoja de vida Salomón Lerner 0203. Sedes Regionales 020301. Regional Lima NOS 020302. Regional Sur Central 020303. Regional Centro 020304. Regional Nor Oriental 020305. Regional Sur Andino 0204. Áreas de la CVR 020401. Secretaría Ejecutiva 020402. Gerencia – Administración 020403. Grupo de Actoria Pública (GAP) 020404. Núcleo de Informe Final 123


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020405. Audiencias Públicas 020406. Iniciativa sobre personas desaparecidas 020407. Unidad de Investigaciones Especiales 020408. Salud Mental 020409. Género 020410. Educación 020411. Patrones de crímenes 020412. Esclarecimiento de Hechos 020413. Sistemas de Información 020414. Estudios en Profundidad e Historias Regionales 020415. Proceso Nacional 020416. Secuelas y Reparaciones 020417. Reconciliación 020418. Reformas Institucionales 0205. Instituciones Públicas 020501. Ministerio Público 020502. Ministerio de Justicia 020503. MIMDES 020504. Presidencia del Consejo de Ministros 020505. Presidencia de la República 020506. Congreso de la República 020507. Ministerio de Defensa 020508. Ministerio del Interior 020509. Defensoría de Pueblo 020510. Otros organismos públicos 0206. Instituciones Privadas 020601. ONG´s e instituciones 020602. Universidades 020603. Asociaciones de víctimas y familiares 020604. Partidos Políticos 020604. Organismos internacionales 020605. Iglesias 020606. PNUD 0207. Comisionados 020701. Alva Harth, Beatriz 020702. Ames Cobián, Rolando 020703. Antúnez de Mayolo, José 020704. Arias Grazziani, Luis 020705. Bernales Ballesteros, Enrique 020706. Degregori Caso, Iván 020707. Garatea Yori, Gastón 020708. Lay Sun, Humberto 020709. Macher Batanero, Sofía 020710. Morote Sánchez, Alberto 124


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020711. Tapia García, Carlos 020712. Bambaren Gastelumendi, Luis 0208. Comité Coordinador 020801. Reuniones 0209. Reconciliación 020901. Coordinación 020902. Gestión Administrativa 020903. Marco teórico 020904. Informe Final 020905. Talleres, encuentros y seminarios 03. SECRETARIA EJECUTIVA 0301. Secretaría 030101. Planes 030102. Proyectos Institucionales 030103. Presupuesto 030104. Pleno de comisionados 030105. Comité de Gestión 030106. Comité Coordinador (Actas) 030107. Reuniones 030108. Seminarios 030109. Viajes 030110. Procesos judiciales seguidos contra la CVR 030111. Legislación antiterrorista 030112. Consejo Nacional de Reparación 030113. Sesiones Institucionales 030114. Consultorías 030115. Documentación entregada como reservada 030116. Entrevistas con oficiales de las FFAA 030117. Informes 030118. Penales 030119. Declaraciones conjuntas 030120. Testimonios extemporáneos y denuncias 0302. Normatividad 030201. Leyes, Resoluciones, Decretos, etc. 030202. Organigramas, Reglamentos, Estatutos de la CVR 030203. Convenios Institucionales 0303. Gestión Administrativa 030301. Correspondencia 030302. Contratos de arrendamiento y servicios 030303. Personal 030304. Auditoría interna 0304. Cooperación internacional 030401. AECI 125


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030402. GTZ 030403. Bélgica 030404. Canadá 030405. Dinamarca 030406. Finlandia 030407. Fondo Italo Peruano 030408. Francia 030409. Fundación Ford 030410. Gran Bretaña 030411. Irlanda 030412. Holanda 030413. Noruega 030414. Open Society 030415. Oficina del Alto Comisionado para los DDHH UN 030416. Siembra y Democracia 030417. Suecia 030418. Suiza 030419. Unión Europea 030420. USAID 030421. USAID (Proyecto ACT), Taller 030422. Tinker Fundation 0305. Sedes Regionales 030501. Sede Regional Lima 030502. Sede Regional Sur Central 030503. Sede Regional Centro 030504. Sede Regional Nor Oriental 030505. Sede Regional Sur Andino 030506. Coordinación con Sedes Regionales 0306. Áreas de la CVR 030601. Núcleo de Informe Final 030602. Audiencias Públicas 030603. Unidad de Declaración de Víctimas de Crímenes y Violaciones a los Derechos Humanos 030604. Grupo de Actoria Pública 030605. Sistemas de Información 030606. Proceso Nacional de la Violencia Política 030607. Unidad de Investigaciones Especiales 030608. Salud Mental 030609. Administración 030610. Desaparecidos 030611. Estudios en profundidad 030612. Educación 030613. Género 030614. Reconciliación 126


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030615. Reformas Institucionales 030616. Protección a testigos 030617. Secuelas, Reparaciones y Salud Mental 030618. Grupo de Propuesta Integral de Reparaciones 030619. Líneas, grupos de trabajo y equipos especiales 0307. Instituciones Públicas 030701. Presidencia de la República 030702. Congreso de la República 030703. Poder Judicial 030704. Presidencia del Consejo de Ministros 030705. Ministerio de RREE 030706. Ministerio del Interior 030707. Ministerio de Economía y Finanzas 030708. Ministerio Público 030709. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano 030710. Ministerio de Justicia 030711. Ministerio de Defensa 030712. Ministerio de Educación 030713. Defensoría del Pueblo 030714. Consejo Supremo de Justicia Militar 030715. Instituto Nacional Penitenciario 030716. Programa de Apoyo al Repoblamiento 030717. RENIEC 030718. Agencia Peruana de Cooperación Internacional 030719. Policía Nacional del Perú 0308. Instituciones Privadas 030801. Asociaciones de víctimas y familiares 030802. Amnistía Internacional 030803. ONG´s y Redes de Apoyo 030804. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 0309. Organismos Internacionales 030901. International Center for Transitional Justice (ICTJ) 030902. Naciones Unidas para los Derechos Humanos 030903. National Securite Archive 030904. National Endowment for Democracy 030905. Comité Internacional de la Cruz Roja 030906. Embajadas 030907. Institute for Justice and Reconciliation 030908. Casa Blanca 030909. Organización de las Naciones Unidas 030910. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 030911. Otras Comisiones de la Verdad 0310.Unidad de Documentación 031001. Coordinación 127


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031002. Gestión Administrativa 031003. Servicios de Información 031004. Organización del patrimonio documental de la CVR 031005. Transferencia del patrimonio documental de la CVR 0311. Iniciativa sobre personas desaparecidas “Para que no te olvides” 031101. Coordinación 031102. Gestión administrativa 031103. Listados de personas desaparecidas 031104. Base de Datos de personas desaparecidas 031105. Expedientes de personas desaparecidas 031106. Materiales de trabajo 031107. Difusión 031108. Fichas sin procesar y listados 04. NÚCLEO DE INFORME FINAL 0401. Coordinación 040101. Planes de trabajo 040102. Informes de actividades 040103. Reuniones 0402. Gestión Administrativa 040201. Correspondencia 040202. Bienes y servicios 040203. Personal 0403. Informe Final 040301. Redacción Final 040302. Insumos y Borradores 040303. Consultorías 040304. Comité Editorial 040305. Fuentes de investigación 05. SALUD MENTAL 0501. Normatividad 050101. Convenios 0502. Coordinación 050201. Planes de trabajo 050202. Informes de actividades 050203. Proyectos 050204. Comité editorial 050205. Capacitación 050206. Reuniones y entrevistas 050207. Materiales de trabajo 050208. Propuestas de Salud Mental 0503. Gestión administrativa 050301. Bienes y servicios 050302. Personal 050303. Correspondencia 128


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0504. Soporte emocional 050401. Atención a testimoniantes de Audiencias Públicas 050402. Atención a familiares en exhumaciones de fosas. 050403. Atención a equipo técnico de la CVR 050404. Talleres 0505. Secuelas y reparación 050501. Secuelas y salud mental 050502. Reparación y salud mental 050503. Secuelas y reparación 0506. Redes de Apoyo 050601. Informes 050602. Talleres y seminarios 06. MEMORIA HISTÓRICA 0601. Coordinación 060101. Planes de Trabajo 060102. Informes de actividades 060103. Proyectos 060104. Consultorías63 060105. Seminarios, talleres y reuniones 060106. Herramientas de investigación 060107. Fuentes de investigación 0602. Gestión Administrativa 060201. Adelantos y rendiciones 060202. Bienes y Servicios 060203. Personal 060204. Correspondencia 0603. Estudios sobre Actores Centrales 060301. Sendero Luminoso 060302. Movimiento Tupac Amaru 060303. Fuerzas Armadas 060304. Fuerzas Policiales 060305. Partidos de Izquierda 060306. Acción Popular y Partido Popular Cristiano 060307. Partido Aprista Peruano 060308. Década del Noventa 0604. Estudios sobre temas relevantes del Proceso Nacional 060401. Medios de Comunicación y Violencia 060402. Iglesias 060403. Magisterio 060404. Mujer y Violencia 060405. Narcotráfico y violencia política 07. HISTORIAS REGIONALES 63

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0701. Coordinación 070101. Planes de Trabajo 070102. Informes de Actividades 0702. Gestión administrativa 070201. Bienes y servicios 070202. Personal 070203. Correspondencia 0703. Estudios de Historias Regionales 070301. Historia de la Violencia en la Región Lima 070302. Historia de la Violencia en la Región Sur Central 070303. Historia de la Violencia en la Región Central 070304. Historia de la Violencia en la Región Nor Oriental 070305. Historia de la Violencia en la Región Sur Andina 0704. Estudios de Ejes Complementarios 070401. Historia de la Violencia en La Libertad - Cajamarca 070402. Historia de la Violencia en Ancash – Lima 08 ESTUDIOS EN PROFUNDIDAD 0801 Coordinación 080101. Planes de trabajo 080102. Reuniones de coordinación 080103. Informe de Actividades 080104. Proyectos 080105. Talleres 080106. Presupuesto 080107. Convenio “Batallas por las Memorias” 080108. Fuentes de investigación 080109. Materiales de trabajo y fuentes de investigación 080110. Base de datos interpretativa 0802 Gestión administrativa 080201. Informes de Actividades 080202. Bienes y Servicios 080203. Requerimiento de Información 080204. Personal 080205. Adelantos y Rendiciones de Gastos 080206. Correspondencia 0803 Estudios de Casos 080301 Huaycán 080302 Raucana 080303 Villa el Salvador 080304 Sindicato de la Carretera Central 080305 Lucanamarca 080306 Frente Principal 080307 Molinos 080308 Universidad del Centro 130


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080309 MRTA en San Martín 080310 IER Waqrani 080311 Operativo ARIES 080312 Educación y Sendero Luminoso en Vilcashuaman 080313 Los Sindicatos y la Violencia Política,1977-1990 080314 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1990-2000. 080315. Uchuraccay 080316. Porfirio Suni Quispe 0804 Estudios Trasversales 080401 Narcotráfico 080402 Ashaninka 080403 SAIS Cahuide 080404 Universidades 080405 Comité de Autodefensa 0805 HISTORIAS REGIONALES 080501 Sede Regional Sur Central 080502 Sede Regional Central 080503 Sede Regional Sur Andino 080504 Sede Regional Lima 080505 Sede Regional Centro 09. PATRONES DE CRÍMENES Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 0901. Normatividad 090101. Leyes, resoluciones, decretos, etc. 090102. Reglamentos, manuales, directivas, organigramas, estatutos de la CVR 0902. Coordinación 090201. Planes de trabajo 090202. Informes de actividades 090203. Informes de consultorías 090204. Consultas legales y evaluación de casos 090205. Reuniones 090206. Informe Final 090207. Requerimiento de información 090208. Penales 0903. Gestión Administrativa 090301. Bienes y servicios 090302. Personal 090303. Correspondencia 0904. Investigaciones 090401. Metodología de trabajo 090402. Torturas 090403. Desaparición forzada 090404. Ejecuciones arbitrarias 090405. Violencia sexual contra la mujer 090406. Derechos colectivos 131


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090407. Violencia contra niños y niñas 090408. Sistema de Administración de Justicia en el contexto de la violencia política 090409. Asesinatos y masacres 090410. Toma de rehenes y secuestros realizados por el MRTA 0905. Género 090501. Coordinación 090502. Gestión administrativa 090503. Línea de género 090504. Sensibilización 090505. Capacitación 10. UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Y ANTROPOLOGÍCA FORENSES 1001. Coordinación 100101. Planes de Trabajo 100102. Informes de actividades 100103. Normatividad 100104. Convenios 100105. Consultorías 100106. Comité de gestión 100107. Materiales de trabajo y fuentes de investigación 1002. Gestión Administrativa 100201. Correspondencia 100202. Requerimiento de información 100203. Personal 100204. Adelantos y Rendiciones 100205. Bienes y Servicios 1003. Equipos de investigaciones 100301. Chuschi - Sillaccasa 100302. Huanta 100303. Totos (Ccarpaccasa y Sancaypata) 100304. Lucanamarca 100305. Soccos 100306. Lucmahuaycco 100307. Putis 100308. Los Cabitos 100309. BCS Manta y Vilca 100310. Bustios, Hugo y Rojas, Eduardo 100311. Uchiza 100312. Cayara 100313. Pomatambo y Parco Alto 100314. Comando Rodrigo Franco y asesinato de Rodrigo Franco 100315. Escobar Jurado, Angel y Saravia Castillo, Falconieri 100316. Haro, Pedro y Mautino Camones, César 100317. Accomarca 100318. Chumbivilcas 132


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100319. Frontón y Lurigancho 100320. Molinos 100321. BCS Santa Rosa 100322. BCS Capaya 100323. Colina (Universidad Nacional del Centro; Barrios Altos; Santa; Yauri, Pedro; Cantuta) 100324. Huallaga 100325. Comunidad Delta - Pichanaki 100326. Morales Ortega, Luis; familia Solier; Zamora, Leonor y otros 100327. Huancapi 100328. Monteza Benavides, María Magdalena 100329. Salgado Castilla, Rafael 100330. Pomatanta Albarrán, Indalecio 100331. Chuschi 100332. Castro Castro 100333. Santa Bárbara 100334. Chilcahuaycco 100335. Castillo Paez, Ernesto 100336. BCS Los Laureles 100337. Chavín de Huantar 100338 Acción Popular 100339. Arroyo Mio, Eriberto 100340. Azparrent Taipe, Fermín 100341. Ballón Vera, David e Hiraoka Torres, Raúl 100342. Cerrón Palomino, Jaime 100343. Churcampa 100344. Curo Quispe, Carmen 100345. D’Achille, Bárbara 100346. Dyer Ampudia, Samuel 100347. Gamboa García, Georgina 100348. García Rada, Domingo 100349. Huancaraylla 100350. Huillca Tecse, Pedro 100351. Húsares de Junín 100352. Li Ormeño, Pablo 100353. Lira Chupingahua, Ana 100354. Mallea Tomailla, Juan 100355. Mazamari 100356. Huamancusi Mitacc, Isaac 100357. Moyano, María Elena 100358. Núñez Conde, Bernabé y Ccayllahua Micuylla, Dámasa 100359. Ñuñunhuaycco 100360. Oropeza Chonta, Jesús 100361. Pativilca 133


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100362. Ponce Canessa, Carlos 100363. Quispe Huamaní, familia 100364. Red Global 100365. Rodríguez Campos, Orestes 100366. Rojas Prieto, Sonia 100367. Rosado Cornejo, Pascuala 100368. Sondor 100369. Tarata 100370. Tomaszek, Michael; Strzalkowski, Zbigniew Adan y Dordi Negroni, Alessandro Giusseppi 100371. Tumba Ortega, Manuel 100372. Uchuraccay 100373. Zúñiga Paz, Augusto 100374. López Silva, César 100375. San Ignacio 1004. Unidad de Investigación Forense 100401. Coordinación 100402. Gestión administrativa 100403. Exhumación de fosas en Chuschi 100404. Exhumaciones de fosas en Totos 100405. Exhumaciones de fosas en Lucanamarca 100406. Exhumaciones de fosas en Cruz Pata 100407. Exhumaciones de fosas en Nueva Arequipa y Tocache 100408. Exhumaciones del caso Frontón 100409. Registro Nacional de Sitios de Entierro 100410. Sitios de entierro referidos 100411. Materiales de trabajo y fuentes de investigación 1005. Unidad de Protección de Víctimas y Testigos 100501. Coordinación 100502. Expedientes de casos reservados, testigos protegidos 100503. Seguimientos de casos 100504. Gastos operativos de protección de víctimas y testigos 11. GRUPO DE PROPUESTA INTEGRAL DE REPARACIONES 1101. Coordinación 110101. Planes de trabajo 110102. Convenios 110103. Informes de actividades 110104. Voluntariado 110105. Comité de gestión 110106. Propuestas y demandas de reparación 1102. Gestión administrativa 110201. Bienes y servicios 110202. Personal 110203. Correspondencia 134


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110204. Adelantos y rendiciones 1103. Secuelas y Reparaciones 110301. Propuesta Integral de Reparaciones 110302. Económico-Productivo 110303. Psicosocial 110304. Simbólicas 110305. Materiales de trabajo 110306. Fuentes de investigación 110307. Talleres 12. GRUPO DE REFORMAS INSTITUCIONALES 1201. Coordinación 120101. Planes de trabajo 120102. Informe de actividades 120103. Taller 1202. Gestión Administrativa 120201. Bienes y servicios 120202. Personal 120203. Correspondencia 120204. Requerimiento de información 1203. Propuestas de reformas 120301. Propuesta General de Reformas Institucionales 120302. Justicia 120303. Fuerzas Armadas y Policía Nacional 120304. Participación ciudadana y participación política. 120305. Descentralización 120306. Sistema penitenciario 120307. Salud 120308. Educación 120309. Sistematización de Políticas Sociales 13. EDUCACIÓN 1301. Coordinación 130101. Normatividad 130102. Planes de trabajo 130103. Informes de actividades 130104. Convenio con el Ministerio de Educación 130105. Reuniones de trabajo 130106. Encuentros Ciudadanos 130107. Audiencia Pública Temática Violencia política y comunidad universitaria 130108. Audiencia Pública Temática Violencia política y comunidad educativa 130109. Reformas Institucionales 1302. Gestión administrativa 130201. Bienes y Servicios 130202. Personal 130203. Correspondencia 135


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1303. Educación Escolar 130301. Consejos Metodológicos 130302. Propuesta teórico metodológica en Desarrollo Social 130303. Formación Magisterial 130304. Prueba de Educación Cívica 130305. Escuela y reconciliación 1304. Educación Superior 130401. Programa de Educación en DD.HH para las FFAA/PNP 130402. Universidades y Derechos Humanos 14. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1401. Coordinación 140101. Informes de actividades 140102. Informes de Sedes Regionales 140103. Proyectos OTI – USAID 140104. Base de datos 140105. Casos presentados en el Informe Final 1402. Gestión Administrativa 140201. Informes de actividades 140202. Bienes y Servicios 140203. Pecosas 140204. Personal 140205. Correspondencia 140206. Rendiciones 1403. Unidad de Codificación y Procesamiento de Testimonios 140301. Carpetas de testimonios recibidos 140302. Correspondencia sobre testimonios 140303. Libro de códigos 140304. Manual para la entrevista en la toma de testimonios 140305. Fichas de entrevistas 140306. Procesamiento de Testimonio 140307. Carpetas de testimonios64 1404. Unidad de Servicios de Información 140401. Sistema de Almacenamiento y Distribución de Carpetas 140402. Procedimientos para el Acceso a la Base de Datos 140403. Usuarios Autorizados para acceder a la Base de Datos 140404. Servicios de la Unidad 140405. Hojas de control de digitalización de documentos 140406. Testimonios digitalizados 1405. Unidad de Calificación de Casos y Víctimas 140501. Procedimientos de Calificación e Informes de la Unidad 140502. Eventos calificados 140503. Resultados de la calificación de eventos 64

Debido al volumen de esta serie se entrega bajo inventario específico.

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140504. Unidad de Declaración de Víctimas 140505. Materiales de trabajo y fuentes de investigación 1406. Otras Áreas de la CVR 140601. Proyecto Institucional CVR – Reglamento de Organización 140602. Presidencia – Comisionados 140603. Secretaría Ejecutiva – Comité de Gestión 140604. Gerencia - Administración 15. GRUPO DE ACTORIA PÚBLICA 1501. Coordinación 150101. Convenios 150102. Proyectos 150103. Planes de Trabajo 150104. Presupuestos 150105. Reuniones 150106. Informes de actividades 150107. Áreas de la CVR 1502. Gestión administrativa 150201. Personal 150202. Proveedores 150203. Bienes y Servicios 150204. Adelantos y rendiciones 150205. Correspondencia 1503 Comunicaciones 150301. Prensa 150302. Difusión 150303. Actividades Públicas 150304. Monitoreo de Medios 150305. Proyecto fotográfico 1504. Programa de Voluntariado 150401. Proyectos - Reglamento 150402. Planes - Presupuestos 150403. Informes de actividades 150404. Voluntariado con universitarios 150405. Correspondencia 150406. Constancias, fichas y listas 16. AUDIENCIAS PÚBLICAS 1601. Normatividad 160101. Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones, Directivas 160102. Reglamentos y Manuales 1602. Coordinación 160201. Planes de trabajo 160202. Presupuesto 160203. Informes de actividades 137


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160204. Proyectos 160205. Ceremonia Lucanamarca 160206. Materiales de trabajo 1603. Gestión administrativa 160301. Bienes y servicios 160302. Rendiciones 160303. Personal 160304. Correspondencia 1604. Audiencias Públicas de Casos 160401. Huamanga – Huanta 160402. Huancayo - Huancavelica 160403. Lima 160404. Tingo María 160405. Abancay 160406. Trujillo 1605. Audiencias Públicas Temáticas 160501. Violencia política y crímenes contra la mujer 160502. Legislación antiterrorista y violación al debido proceso 160503. Violencia política y comunidad universitaria 160504. Violencia política y desplazamiento forzado 160505. Violencia política y comunidad educativa 160506. Violencia política en el Altiplano 160507. Dialogo ciudadano de Legislación antiterrorista y violación al debido proceso. 1606. Asambleas Públicas 160601. Chumbivilcas 160602. Cajatambo 160603. Tarapoto 160604. Huanuco 160605. Chungui

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Anexo 02 COMISIÓN DE TRANSFERENCIA D.S. 078-2003-PCM UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS Página 1 de 19

INFORMACIÓN GENERAL 1. Sector

Presidencia del Consejo de Ministros

2. Entidad

Comisión de la Verdad y Reconciliación

3. Unidad Orgánica

Sede Central (SC0)

4. Datos de remisión 4.1 Código

CVR

4.2 Año

2003

4.3 Remisión Nº.

01

5. Descripción general de los documentos a transferirse: Contiene toda la documentación generada o recibida por la Sede Central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el ejercicio de sus funciones. Esta documentación ha sido organizada considerando la estructura orgánica, funciones asignadas de las áreas, unidades y equipos, y a las actividades específicas desarrolladas por estos. 6. Metros lineales de documentos a transferirse: 206.55 7. Lugar y fecha de remisión

............................................................... Responsable de Unidad de Documentación CVR Firma y sello

8. Lugar y fecha de recepción

............................................................. Jefa de Tramite Documentario y Archivo DP Firma y sello

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LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y LOS ARCHIVOS RECALCITRANTES.

SOLICITAR, HALLAR, BUSCAR: EL BALANCE DE UN CUARTO DE SIGLO EN AMÉRICA DEL SUR

Anne Pérotin-Dumon65

Cuando la ley de reparaciones de Colombia advierte “el derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos”’, la respaldan unos 25 años de justicia transicional en América Latina, en los que, una y otra vez, los archivos han permitido conocer la verdad y hacer justicia66. Primero, los archivos han servido en las llamadas comisiones de verdad, a las cuales se pidió aportar una explicación global junto con el reconocimiento público de lo ocurrido por parte del Estado y crear los insumos para garantizar las medidas de reparación hacia las víctimas. Segundo, los archivos han servido en los procesos que se han seguido en los tribunales de justicia para investigar y juzgar las violaciones a los Derechos Humanos. Los Organismos de Derechos Humanos fueron los primeros en abrir sus archivos a la justicia transicional: aportaron los antecedentes necesarios a las comisiones de verdad para establecer lo que había sucedido con las víctimas; entregaron listados de víctimas por tipo de violación, por centros de detención, etc. Y gracias a los testimonios de sobrevivientes y familiares guardados por los organismos fue que gran parte de las instrucciones judiciales pudieron ser iniciadas. Pero, ¿qué de los archivos estatales? Tratándose de la responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, en los delitos investigados era razonable interesarse por ellos, especialmente por los “archivos sensibles” (aquella documentación generada por el ejército y la policía, y en general por las instituciones estatales cuyos agentes cometieron graves violaciones en el marco del terrorismo de Estado o de la contrainsurgencia). La responsabilidad de los Estados 65

Miembro del Cuerpo Estatal de los Conservadores del Patrimonio de Francia e integrante del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile.

66

Ley 975-05 del 25 de junio del 2005, denominada de Justicia y Paz, que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

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en la violencia política reciente implica aportar los testimonios de sus actos. Pero, señala la expositora, “los archivos del mal”, como dicen los españoles, tienden a esconderse. La solicitud hecha por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-Conadep, de Argentina, al Presidente Raúl Alfonsín, el 3 de mayo de 1984, resume lo que sería la experiencia más usual al reclamar por archivos generados por las fuerzas del orden y de la defensa: “Al pertinaz silencio asumido por quienes, sabiéndose responsables, colocan sus acciones en el anonimato bajo el recurso del secreto militar, se suma la incompleta, tardía o nula respuesta a nuestros requerimientos”67. Esta falta de colaboración ha sido un hecho general en los países latinoamericanos que han pasado por procesos de justicia transicional. Por ejemplo, a la Comisión Rettig68 la comandancia en jefe le escribió, acerca de la documentación que pudiera esclarecer varias ejecuciones ilegales cometidas en octubre de 197469: “(...) sobre el particular no es posible entregar información alguna, en razón de que por el tiempo transcurrido, todos los antecedentes de esa data (sic) han sido reglamentariamente destruidos”. Así mismo, el Informe de la Defensoría del Pueblo del Perú, realizado en 2006, señala: “Hasta ahora, la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas ha impedido un avance más rápido de estas investigaciones. Los pasados ministros de Defensa, consistentemente, han incumplido en brindar la información necesaria a los fiscales y jueces para identificar a los hombres que estaban estacionados en las bases rurales contrainsurgentes durante el conflicto y que son potenciales testigos claves. Tampoco han ayudado a identificar a los militares, conocidos solamente por sus alias, a la vez que han negado que existan registros oficiales de esta70”. En este sentido, y según el caso, las fuerzas de orden y defensa, por lo que ha mostrado la experiencia en países como Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, han dado tres tipos de respuestas a las reclamaciones hechas por la Justicia Transicional: a) No tenemos la documentación solicitada; b) La documentación solicitada se incineró de acuerdo con instructivos de la propia entidad; c) La documentación solicitada es reservada, ya que afectaría la seguridad del Estado. Estos archivos “recalcitrantes” serán el tema de mi exposición. Quiero abordarles a partir de tres situaciones concretas que se le han planteado y siguen planteándose a la justicia transicional: solicitar archivos, hallar archivos y buscar archivos.

67

Nota de la CONADEP al presidente de la República, 3 de mayo del 1984, Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 6a edición. 2003 [1985] p. 274.

68

Se le conoce como Comisión Rettig a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conformada en Chile en 1990, con el objeto de esclarecer la verdad de lo sucedido, en relación con las violaciones de Derechos Humanos, durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

69

Informe Comisión Rettig, p. 60.

70

“A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, Informe No. 97, Defensoría del Pueblo, cap. 3, “pedidos de información de jueces y fiscales al Ministerio de la Defensa”, p. 149-155.

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Centrando mi exposición en hechos ocurridos en América del Sur, buscaré repasar y analizar unas situaciones típicamente encontradas en cada uno de los países de la región que tuvieron regímenes represivos, no obstante la diferencia entre los procesos de violencia política vividos: guerra interna (Perú), dictadura militar (Chile, Uruguay, Argentina) o régimen autoritario (Perú, Paraguay).

Solicitar archivos. En virtud de su mandato, las comisiones de verdad solicitaron a las Fuerzas Armadas tener acceso a la documentación en su poder, o bien les pidieron entregarla. Los jueces harían lo mismo, librando exhortos al respecto. El ejemplo de la Comisión de la Verdad chilena, la llamada Comisión Rettig, ofrece una muestra de esta situación, así como de la reacción de las Fuerzas Armadas al respecto. Al poco tiempo de la creación de la Comisión de la Verdad de Chile, salieron grandes títulos en la prensa, específicamente el 11 de septiembre de 1990, en los que se daba a conocer a la sociedad chilena que esta Comisión estaba solicitando a la CNI71 sus archivos. El asunto asumía una dimensión jurídica al preguntarse a qué entidad pertenecían estos archivos, si al Ministerio de la Defensa o al Ministerio del Interior. Si era al del Interior, los archivos debían entregarse al ANH, de acuerdo con la normativa vigente de 1929; y no tendría lugar el fuero de las Fuerzas Armadas, que les permitía conservar su propio archivo. Luego de un debate sobre el asunto, llevado a cabo en el Congreso, la Contraloría dictaminó que las Fuerzas Armadas debían entregar los archivos. No obstante esta decisión, la Comisión Rettig no recuperó el archivo de la CNI y hasta el día de hoy no se ha podido lograr que éste sea devuelto, a pesar de los reclamos periódicos, el último de ellos en el año 2007 e interpuesto por el juez Solís72. Ni siquiera se ha podido establecer con certeza si el SIDE, actual servicio de inteligencia militar chilena, conserva todavía el archivo de la CNI o si lo incineró. El pedido por este archivo se hizo cuando se acababa de elegir democráticamente, por primera vez en mucho tiempo y después de haber pasado por una dictadura militar, quien encabezaría el gobierno chileno, y teniendo todavía como jefe de las Fuerzas Armadas a Augusto Pinochet, el ex-dictador. En esa coyuntura, solicitar archivos era pedir cuentas; los archivos se convirtieron en uno de los espacios en los cuales un gobierno democrático, todavía frágil, iniciaba la reconquista del poder civil por sobre los militares. El pedido era, por cierto, legítimo, tal como era inevitable el hecho que adquiriera una dimensión mediática. 71

Central Nacional de Informaciones, organismo que fue creado en el año de 1977, como reemplazo de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, después de que ésta fuera disuelta en el mismo año.

72

Sobre la última solicitud realizada por el juez Solís en la instrucción Prats (Contreras), y el proyecto de ley para traspasar al Ministerio del Interior los presuntos archivos de la DINA y de la CNI, véase La Nación (Chile), junio y julio 2007.

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Pero esas condiciones no constituyeron necesariamente una ventaja a la hora de recuperar concretamente los papeles. En cambio, cuando la segunda comisión de investigación, la llamada Comisión Valech, realizó su trabajó (2003-04), la democracia se había afianzado y esto permitió que esta comisión pudiera conseguir bastante documentación que se encontraba en poder de la Fuerzas Armadas. Esto mismo le sucedió a la Comisión de la Verdad y Justicia del Perú, en el año 2001, la cual logró recuperar bastante documentación de las Fuerzas Armadas73. El trabajo de esta comisión, además, no se enmarcó dentro de una transición del poder militar al poder civil, como en el caso de Chile, sino en el fin de un régimen autoritario y el pleno restablecimiento del orden constitucional74. Confrontada con reclamos tan generales, la institución militar se ha abrigado detrás del reflejo de cualquier institución, que es rehusarse a entregar –por decirlo así- la llave de su local de archivo. Y esta actitud está reforzada por el hecho de que los militares, en muchos países, incluso Francia, gozan de un fuero especial en cuanto al tema de acceso a sus archivos75. El mecanismo de defensa de los militares no es exclusivo de su institución: aún en países donde impera la paz y el orden constitucional, países que se han dotado de un buen sistema de archivo y normativa eficiente al respecto, defender celosamente el acceso a los archivos, por el uso indiscriminado que se pueda hacer de ellos, es una reacción común. Al examinar los factores que determinan la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas para entregar documentación, nos interesa aquí entender su reacción– lo que no significa justificarla. Pues se trata de evaluar los límites alcanzados por los pedidos sobre archivos –por legítimos y decididos que hayan sido- en contextos que les otorgan una dimensión política nacional. Se trata de evaluar, en estas situaciones, factores poderosos y pre-existentes que operan y son de orden político y cultural, junto con una postura generalmente débil de las instituciones patrimoniales, y con la tendencia de los servicios del Estado a desestimar sus propias normativas de archivo. Los que sí han resultado son los pedidos de documentos determinados, hechos, por lo general, en el marco de solicitudes de jueces en procesos de juzgamiento de violaciones a los Derechos Humanos. Así, la insistencia de jueces y fiscales en reclamar tal o cual documento, ha sido recompensada.

73

Para mayor información sobre este asunto, remitirse al informe presentado por la Comisión.

74

Tras la huida del presidente Fujimori, en 2001, a raíz de escándalos de corrupción que lo involucraban a él y a otros miembros de su gobierno, asumió la presidencia de la República el presidente del Senado, Paniagua, hasta que se dieron unas nuevas elecciones democráticas.

75

La situación de los Estados Unidos y por disposiciones recientes, de Brasil y España, es excepcional en donde una sola ley de archivos rige al acervo documental de todas las entidades del Estado, bien sean civiles o militares.

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Tal es el caso que se dio en Chile en el año 2005, en que la Armada tuvo que entregar a la justicia el cuaderno de bitácora del buque-escuela Esmeralda, anclado en Valparaíso en septiembre de 1973. El documento confirmó el traslado a bordo de un sacerdote, quien falleció poco después como consecuencia de la tortura a la que fue sometido76. Al requerir los documentos, casi uno por uno, se han conseguido hojas de vida, organigramas, listados de efectivos en operación en determinadas zonas en un momento especifico; es decir, documentos que informan acerca de quién estuvo en tal región, en tal momento, quién mandó a quiénes y para qué. Un ejemplo entre muchos: en el marco del proceso que indaga la muerte de un estudiante al momento del golpe de Estado, en 1973, la jueza del Tribunal Penal de Séptimo Turno del Uruguay, en abril de 2008, obtuvo “una lista de todos los soldados que trabajaban en el regimiento 6 de caballería entre el 1 y 3 de septiembre de 1973. (…) y la lista de todos los soldados que renunciaron a su cargo en los años 1973 y 1974, y las causas por las que esos efectivos militares solicitaron la baja”77. Estos documentos, que logran obtener los jueces, se constituyen en pruebas sólidas, ya que dan cuenta y reconstruyen varios hechos que pudieron tener que ver, directa o indirectamente, con violaciones a los Derechos Humanos. Estos documentos, además, por pertenecer al archivo de gestión de la propia institución, tienen que ser conservados, porque resultan indispensables para decisiones tales como ascensos, el derecho a la jubilación de determinados miembros, etc. Esta situación ha hecho que pese a la negativa de querer entregar estos documentos, las Fuerzas Armadas se hayan visto obligadas, por el poder judicial, a conceder el acceso a estos archivos, lo que ha redundado en el acceso a documentos que pueden llegar a convertirse en pruebas en el marco de un proceso judicial y en procesos de reparación a víctimas, así como en elementos que den cuenta de la verdad histórica de lo ocurrido en una dictadura, en un régimen de represión o en el marco de un conflicto armado.

Grandes hallazgos y continentes perdidos Acabo de hablar sobre lo que puede ocurrir al solicitar archivos. Otra cosa son los hallazgos de archivos. Tema sobre el que tratare describiendo algunos casos que han ocurrido desde 1992. En Paraguay, a partir de 1992, el 22 de diciembre es día de conmemoración nacional, pues se celebra que en esa fecha se realizó el allanamiento judicial de un local policial ubicado en las afueras de Asunción, en el cual se hallaron los archivos de la policía de investigaciones de Paraguay DIPC, conocidos también como los “Archivos del Terror”, los cuales en la actualidad están bajo la custodia del Palacio de Justicia78. 76

Jorge Escalante, “La Armada entregó a la justicia bitácora de la ‘Esmeralda’ en septiembre de 1973”, La Nación (Chile), 27 de marzo 2006.

77

“Exhorto a defensa por caso Hugo de los Santos”, La República (Uruguay), 19 de abril 2008.

78

Pérotin-Dumon Anne: “Los archivos secretos de la policía de Stroessner”.

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Otros hallazgos decisivos han seguido al de Paraguay, gracias a unos jueces valientes y -no hay que olvidarlo- a informantes, muchos de ellos anónimos (incluso integrantes de la propia institución allanada) y gracias, también, a periodistas de investigación que hicieron llegar la información a la justicia en muchos casos. Es así como se encontraron, en 1998, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) y, en 2005, los vastos archivos de la Policía Nacional de Guatemala (representan unos 10 kilómetros de archivos en total). En ambos casos -Argentina como Guatemala- archivos policiales de otras provincias o departamentos fueron ubicados e incautados luego del hallazgo inicial. Todos los fondos hallados han sido de la policía de investigaciones, vale decir, las unidades administrativas y no militares que se dedican a investigar en materia de seguridad y criminalidad. En los años de conflicto interno o de terrorismo de estado, en todos estos países -para unas regiones determinadas o en todo el territorio nacional- las tareas de investigación e inteligencia policial fueron reorientadas hacia la lucha ideológica y los “delitos políticos”. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú describe cómo, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló en las comunidades rurales e indias del centro y el sur de los Andes en los 80, “la policía preventiva y de vigilancia fue cambiada por las patrullas contrasubversivas entrenadas para destruir al enemigo y amedrentar a sus colaboradores, y no para proteger a la población”79. “Las habilidades de los policías de investigación, entrenados para la observación y la escucha clandestina, la infiltración de organizaciones criminales y la captación de colaboradores, se convirtieron paulatinamente en medios auxiliares de la acción militar contrasubversiva”80. En ese contexto, los efectivos policiales cometieron delitos de lesa humanidad, razón por la cual la Justicia Transicional pretende acceder a sus archivos. Ahora bien, los archivos policiales que se han encontrado los generaron efectivos policiales operando, en su mayor parte, en el medio urbano, un punto sobre el cual volveré al final de mi exposición. Y el paisaje de estos archivos policiales en América Latina, como en muchos otros países, antes de la informática, son cientos de metros lineales de documentación: carpetas patronímicas y temáticas; mega ficheros de centenares de cajas de madera, centenares de libros de investigaciones diarias, filas de “kardex” repletos con informes temáticos.

79

Sobre la reorientación ideológica del trabajo de la Policía Nacional del Perú que le fue impuesta por las FF AA, véase Informe CVR-P, Versión Abreviada, p. 244 et seq.

80

Informe, Versión abreviada, ídem, p. 274. Para el caso chileno, véase Entrevista con Nelson Mery, Crónica Digital. Mery, que alcanzó a ser director de la Policía de Investigaciones de Chile en los gobiernos de la Concertación, empezó su carrera policial en Linares, poco antes del golpe de Estado de 1973.

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Estos grandes volúmenes de papel fueron generados por labores de inteligencia, que incluían tareas de vigilancia, seguimiento e interrogatorios realizadas en todos los rincones de los países, como es el caso de la Policía de Asunción, a partir del “régimen de Stroessner”, en 1959. El volumen de papel se explica también por el hecho de que los archivos de la policía de investigación que han sido hallados no cubren sólo los años de violencia política investigados por la Justicia Transicional, sino que parten muchas décadas antes, desde los años 30, para la Dipba, como desde los años 40, en el caso de Guatemala y Paraguay. Además, la transición no significó la disolución de la policía de investigación, sino el regreso a un marco constitucional para llevar a cabo las mismas tareas de siempre. De otra parte, ningún hallazgo semejante, en el caso de archivos, se ha producido en el caso de la inteligencia militar, ni tampoco de las policías secretas. Sin embargo, sabemos por testimonios concordantes que la inteligencia militar y las policías políticas generaron documentación. Ésta derivaba, en algunos casos, de tareas de análisis de inteligencia, para la cual incluso se incursionó en la informática de la época81. Pero las acciones, que en ese período tal vez generaron más producción de documentos de los organismos de inteligencia militar fueron las que describían la información referente a detenidos desaparecidos y a los campos de detención clandestinos a los que se los llevaba, en países como Argentina, Chile y Uruguay. Los testimonios de sobrevivientes concuerdan en describir que el primer paso en el descenso al infierno era el ser fichado y fotografiado. A otros sobrevivientes, que eran fotógrafos, investigadores, etc., se les asignaron tareas de redacción y ordenamiento de los ficheros y carpetas individuales82, pues el recoger la información, de hasta centenas de personas detenidas en un centro en un mismo momento, requería actualizar constantemente las fichas de los secuestrados. En ese sentido, el sistema de procesamiento de la información relativa a cada detenido en la Esma es bien conocido83. En realidad, el abanico de documentos emanados de la inteligencia militar o de servicios secretos del gobierno es mucho más amplio: órdenes de trasladar a detenidos; órdenes de investigar; fichas de operativos indicando la orden impartida, la ejecución y resultado; boletines e informes sintéticos de inteligencia. Al respecto, en documentos de este tipo se encontraron testimonios que permitieron localizar la oficina donde se procesaba la inteligencia manejada por el Batallón 601, el más importante servicio secreto del ejército argentino84. 81

Véanse los listados informáticos de detenidos, prisioneros, “peligrosos”, “personas buscadas” reproducidos por Manuel Contreras, ex director de la DINA (Chile), en La Verdad histórica. El ejército guerrillero. Primer período de la guerra subversiva, abril de 1967 al 10 de septiembre 1973, Anexos 13 a16, pp. 305-597.

82

Luz Arce, El infierno, Santiago, Planeta, 1993, e Informe Valech, p. 504 sobre XII región.

83

Nunca Más, p. 140. Por un testimonio reciente en el archivo de la ESMA y su manejo, véase Diego Martínez, “Era insensible a cualquier ruego”, Página 12 (Argentina), 27 de junio de 2008.

84

Nunca Más, p. 258-259.

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La prensa de investigación ha logrado difundir un buen número de estos documentos a lo largo de estos años85. Adicionalmente, algunos han sido allegados a los jueces por fuentes anónimas, como es el caso con dos informes secretos de 1980, que provenían del Batallón 601, entregados en forma anónima a un juez en 2002. Los propios jueces han recuperado fragmentos de documentación militar en secuestros judiciales. Un caso espectacular fue el secuestro de documentos de la Dina en el Sur de Chile, en 200586. Pero las huellas más abundantes de los archivos militares se encuentran diseminadas en los archivos de la policía. Enseñan, precisamente, cómo la inteligencia militar utilizó esa institución para las tareas propias de su oficio87. El Centro de Estudios Legales y Sociales-Cels, de Argentina, organismo de defensa de los Derechos Humanos, llama a los archivos de la inteligencia militar y los servicios secretos del gobierno “los otros desaparecidos”, porque, contrario a los de la policía, desaparecieron en varios países. Como lo he hecho para la policía de investigaciones, conviene vincular los archivos de inteligencia militar con aspectos como el tipo de tareas que desempeñaban, el tiempo durante el cual funcionaron y el tamaño de la población que investigaban, ya que éstos permiten entender por qué estos archivos militares han “desaparecido”. Una de estas causas es que existieron varios decretos y órdenes, poco antes de la salida de los militares en Argentina (1982) y en Chile (1989), que ordenaron la destrucción de los archivos militares, fenómeno que no se dio respecto a archivos policiales88. En el caso de la inteligencia militar, además, se generó un volumen menor de documentos, al encomendar a la inteligencia policial las tareas que más representaban la producción de éstos, como hemos dicho, la descripción diaria de las actividades de los individuos a los que se ordenaba seguir para su vigilancia. Por otro lado, muchos de sus operativos –arrestos y desapariciones forzadas, ejecuciones ilegales, saqueos de viviendas y residencias- fueron llevados a cabo bajo el principio “Aquí no se registra, no se debe dejar constancia alguna”. Otro factor que facilitó la sustracción o destrucción de archivos militares de inteligencia fue la proliferación de las policías y unidades de inteligencia, una característica de los regímenes dictatoriales, y situaciones de excepción, ya que este fenómeno dio como resultado que el 85

Artículo Escalante, 3 informes seguidos de la DINA sobre “infiltración marxista” de la Iglesia, c. 1976.

86

Luis Narváez Almendras, “Abren archivos secretos de la Colonia Dignidad a jueces de derechos humanos”, La Nación, 29 de marzo de 2006; Jorge Molina, “Zepeda encontró archivo secreto de Dignidad”, ibídem, 16 de junio de 2005; Jorge Escalante, “La intervención del CDE acaba con Dignidad. La lista de Schäfer”, 28 de agosto de 2006.

87

Nelson Mery, Linares.

88

Chile: ley 18771 de 1989, ministerio de Defensa Nacional, crea una excepción a la normativa de 1929, ley 5200 (entrega al Archivo Nacional después de 5 años). Véase, Revista Archivo Nacional, 4. 2007, Patricia Huenuqueo Canales, 70-75, “Informe sobre los archivos judiciales del país”.

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volumen de archivos manejado por cada unidad fuera relativamente pequeño y, por lo tanto, más fácil de sustraer o destruir. Finalmente, la destrucción de documentación resultó más fácil en instituciones que disfrutaban, por encima de los demás, de los mejores equipos en todo, no sólo en informática, fotocopiadoras, microfilmes, sino también en máquinas trituradoras. La detenida desaparecida Luz Arce, que llegó a ser agente de la Dina, cuenta en sus memorias cómo las trituradoras de papel jugaron un papel preponderante en el año 1977, fecha en que ocurrió la disolución de la Dina89, al destruir los archivos de esa institución, bajo el lema “si podemos hacer desaparecer individuos porqué no nuestros archivos”. No pretendo ser profeta ni inferir aquí una teoría al respecto de lo que se conservó o destruyó, sino insistir en el hecho de que la función asignada (legal o ilegalmente) a un servicio del Estado, su modo de acción, espacio asignado, tiempo en que estuvo operando, los recursos a su disposición, se traduce en cantidades mayores o menores de archivos generados y, por ende, en probabilidades mayores o menores de que los documentos hayan sido preservados o destruidos. La realidad de muchos de estos archivos, pertenecientes a los organismos de inteligencia, es que han desaparecido para siempre. Así, de esos continentes de archivos sólo quedan unas pequeñas islas, algunas que sólo se logran descubrir a lo largo de los años. Esta es, entonces, una situación propia de los archivos sensibles. Aún en tiempos de paz y de orden constitucional, ¿cuántos legajos y registros no han sido subrepticiamente removidos de un archivo ya clasificado? Si la destrucción amenaza a cualquier documento, ya sea por el desorden, el descuido, la falta de espacio o las malas condiciones en que son conservados, ¿qué no decir de los archivos sensibles, cuyo contenido es sensible y compromete a muchos individuos?

Buscar Aun cuando historiadores y archiveros tuvieran que aceptar el hecho de nunca poder contar con los archivos de los órganos estatales más directamente responsables de violaciones a los Derechos Humanos, a causa de la destrucción de los mismos, la Justicia Transicional no puede quedarse satisfecha con ello. Requiere de pruebas documentales. Y si no las encuentra donde tendrían que estar en primer lugar, debe ampliar el espacio de búsqueda, extendiendo éste, si es necesario, al registro de actividades de todas las instituciones del país. Eso ha sido, desde el principio, el método de las comisiones de verdad y otras comisiones investigativas, las cuales rastrearon un amplio territorio, enviando oficios a todas las ramas del Estado -no sólo a las Fuerzas Armadas-, con el propósito de reunir documentación90. Los 89

La DINA fue disuelta en 1977, víctima de sus propios excesos por la indignación y reprobación que inspiraron a la comunidad internacional.

90

Investigación Histórica, Montevideo, 2007, del equipo de investigadores de la Universidad de la República en los archivos estatales.

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jueces y fiscales han seguido este camino, haciendo uso de sus facultades legales, ya sea para solicitar y requerir archivos o para tomarlos bajo su poder. En esta última parte, quiero hablar sobre la manera como jueces y fiscales, en las causas de Derechos Humanos que están siendo instruidas en muchos de los países considerados en mi exposición, han buscado otras pruebas, como resultado del ocultamiento o destrucción de los documentos, y cómo en estos procesos han llegado a desarrollar toda una reflexión sobre lo que son los archivos. Escribe la jueza Alicia Oliveira: “La virtud central de la burocracia es el registro sistemático de la información en documentos escritos y su conservación a través del tiempo. (…) La especificación precisa de tareas y la atribución de esferas de competencia delimitadas en virtud de reglas abstractas, propias de la organización burocrática del Estado, permite establecer claramente responsabilidades por los actos desarrollados”91. La jueza Oliveira fue una de las protagonistas en los llamados juicios por la verdad que tuvieron lugar en Argentina, hasta que las leyes de punto final y los indultos cerraron las causas de Derechos Humanos. En estos juicios se buscaba establecer la verdad de lo ocurrido, sin identificar a los autores ni castigarles. La gran cantidad de hechos que quedaron establecidos y los elementos probatorios que se encontraron servirían luego cuando volvieron a abrirse las causas92. Los ejemplos citados a continuación mostrarán cómo se ha logrado ampliar el registro de archivos susceptibles de brindar pruebas, en los que se encuentran documentos que se cruzan y corroboran con testimonios orales, así como pruebas documentales que permiten citar a otros testigos e interrogar a otros posibles autores de los delitos investigados. Al encontrar un vacío en la hoja de vida de uno de los autores presuntos del delito investigado, por el tiempo en que precisamente habría estado operando en la zona en la cual se cometió el delito (con la excepción de “anotaciones de mérito por acciones en la lucha contra la subversión”), un juez busca el Diario Oficial de la fecha correspondiente y allí se encuentra con la condecoración recibida por este militar y la acción donde demostró su valentía contra elementos “subversivos”. Es decir, otras fuentes estatales diferentes a las de las Fuerzas Armadas –en este caso el Diario Oficial– vienen a completar la información brindada por el archivo institucional del ejército. Las diligencias de los jueces de Derechos Humanos y sus equipos de investigadores, les han llevado también a los archivos ministeriales. Por ejemplo, en el archivo del Ministerio 91

Alicia B. Oliveira, “Las huellas del horror: Archivos. Dónde están los documentos del Terrorismo de Estado en la Argentina”, Puentes, 1:1, agosto 2000, p. 73-76.

92

Acerca de la recolección de pruebas para los llamados “juicios por la verdad” en Argentina (desde 1998 hasta la anulación de la ley de amnistía en 2005), ver Diego Martínez, Página 12, 24 julio, 2008. Fiscal federal Graciela López: “Logramos recolectar un material probatorio de lujo, mucho más del que la Cámara Federal tenía en los 1980 para juzgar a Menéndez”.

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de Relaciones Exteriores de Uruguay se encontraron datos sobre los muchos agentes de inteligencia militar que trabajaron en sus delegaciones en el extranjero. De otra parte, en el archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Argentina (Ministerio de la Defensa), el defensor del Pueblo de Buenos Aires encontró todas las causas que terminaron ante los consejos de guerra. Otro registro que se ha explorado es la documentación generada por los diversos servicios de la propia institución militar, más allá de los servicios de inteligencia y su accionar clandestino. Vale decir, los diversos servicios y unidades operando en un marco legal que brindaron la infraestructura a los órganos represivos: unidades regulares que participaron en los operativos ilegales; efectivos que por turno ingresaron las filas de los servicios secretos por cierto tiempo; unidades regulares a cargo de trasladar detenidos; hospitales militares en los que ingresaron víctimas moribundas o ya fallecidas, etc.93. En los registros de detenidos de las comisarías, los registros de vuelos en los aeropuertos militares, los registros de vehículos, los registros de los hospitales y maternidades, los libros de novedades diarias de las comisarías de policía, etc., se han encontrado las huellas de los organismos represivos y su accionar ilegal, en la medida que tuvieron que coordinarse con unidades regulares de las fuerzas del orden y de la defensa, y apelar a sus servicios. En esta medida, estos documentos se convierten en fuentes dónde buscar la información que ha sido destruida, que no se puede hallar o a la que no permiten acceder. Pero no sólo los archivos de las unidades regulares de las Fuerzas Armadas y del orden arrojaron documentación, sino también la de los tribunales legales. Estos archivos son una veta particularmente rica, ya que proporcionan información sobre detenidos desaparecidos a los que alguna vez se les abrió un expediente judicial para poder ser capturados. Al reintroducir a la víctima –por decirlo así– en el circuito legal de la justicia militar ordinaria, se introducen en la documentación oficial sumarios de declaraciones extraídas bajo tortura, hasta fotos de la víctima, documentación generada por los organismos represivos clandestinos. Un ejemplo de esto se encontró en un expediente del Supremo Tribunal Militar de Uruguay que llegó al diario La República, en el que aparecían fotografías oficiales de la muerte de la profesora Nibia Sabalsagaray en el Batallón de Transmisiones No. 1 en 197494. Datos sobre víctimas, recuperados de un expediente legal se han encontrado también en los registros de detenidos de las penitenciarías donde estuvieron encarceladas las víctimas ilegalmente, acusadas de delitos ideológicos junto con prisioneros de derecho común. El registro de pruebas ha sido ampliado, además, al revisar los archivos de los servicios del Estado que tienen a su cargo la salud y la muerte de los ciudadanos: los libros de ingresos y 93

Véase Diego Martínez, “Pruebas sobre un asesinato”, 28 de agosto de 2008.

94

Raúl Legnani, “Nuevas imágenes del horror: la muerte de Sabalsagaray”, La República, 16 de abril de 2008.

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salidas de los hospitales y maternidades; libros de entradas de las morgues judiciales; registros de cementerios, donde oficiales y chupatintas inscribían sin premeditación los hechos como acontecimientos burocráticos, sólo porque lo requería el reglamento. En el libro de entradas de la Morgue Judicial de la Capital Federal de la Argentina, en julio de 1976, se elevó en forma notoria el número de cadáveres NN ingresados cada día –46 entre el 3 y 7 de julio-, casi todos con la misma causa de muerte: “Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis que causaron hemorragia interna”95. Finalmente, están los archivos de muchas instituciones sociales, públicas o privadas, en todas las esferas de la actividad nacional, cuyos responsables colaboraron con la represión en redactar informes sobre “sospechosos” y “listas negras”: escuelas y universidades, hospitales, oficinas de todas las dependencias del Estado, fábricas, etc. Ejemplo de esto son los documentos hallados recientemente en el conocido Colegio Nacional de Buenos Aires, apilados en unas carpetas que se encontraban en una escalera interna que había sido tapiada, en los que habían datos sobre estudiantes y docentes96, y las listas de maestros proscritos por sus opiniones97, que se hallaron en las oficinas de la Inspección de Escuelas del Departamento de Cerro Largo en Uruguay. Ha sido ampliamente demostrado que son muchas las pruebas documentales que podemos encontrar para ejercer el derecho a la verdad, a pesar de las destrucciones operadas en los archivos. Pero eso remite a un interrogante: ¿qué pasa en las regiones donde este registro de pruebas burocráticas es escaso, por no decir, inexistente, debido a la ausencia del Estado o a la presencia de operaciones militares de contrainsurgencia, o de terrorismo de Estado, en zonas aisladas selváticas, fronterizas – en Guatemala, en Perú, por ejemplo?

95

Carlos Rodríguez, “La historia de Coordinación Federal”, Página 12 (Argentina), 16 de marzo del 2008. Numerosos ejemplos de semejantes indicios encontrados en este tipo de documentos por las CV (véase el informe de la Comisión Rettig por ej.), que empezaron a recoger este tipo de pruebas indirectas y sólidas.

96

Werner Pertot, “La patota del Nacional”, Página 12 (Argentina), 28 de septiembre del 2008.

97

“Aparecieron en Cerro Largo las ‘listas negras’ de la dictadura”, La República (Uruguay), 1 de agosto del 2008.

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Presentación del Centro del Bicentenario: MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN


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Clara López Obregón

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En el plan de desarrollo de la Bogotá Positiva hemos incorporado el objetivo de hacer de Bogotá la ciudad de los derechos y el programa de construcción de paz y reconciliación, dentro del cual vamos a construir lo que en nuestra opinión va a convertirse en uno de los monumentos más importantes de la ciudad: el Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación. Esta obra busca rememorar los 200 años de la Independencia y ser, a la vez, un homenaje a la memoria de todas las víctimas de la violencia que ha vivido el país, especialmente desde el año 1948. Lo importante de este Centro es que será un homenaje viviente, en el que se buscará reunir, de manera física y virtual, la memoria del conflicto, de cada uno de sus hitos dolorosos y de sus víctimas. Tenemos como objetivo juntar allí todos esos elementos para que contribuyan a decir que no vamos a olvidar, que no vamos a repetir lo sucedido y para sentar unas raíces, desde la capital de nuestro país, que sirvan de base para el proceso de reconciliación que necesita nuestra sociedad. Este proyecto sigue el camino que han recorrido otras capitales, donde han homenajeado a sus víctimas a través de estos símbolos, tal y como el museo del Judaísmo en Berlín, el museo del Apartheid en Johannesburgo o el museo de la Esma en Buenos Aires. Nuestra idea es contribuir, desde la celebración del Bicentenario, a proyectar, a futuro, una nueva visión de la memoria histórica. Los antecedentes de esto todos los conocemos. Bogotá no ha estado ausente de los problemas de violencia y de los conflictos armados más recientes; en ocasiones como protagonista, en ocasiones como ciudad receptora de personas desplazadas o reinsertadas. Hoy en día llegan diariamente a la capital de la República 52 familias huyendo de la violencia que existe en las regiones para recordarnos que Bogotá no está apartada del conflicto. A la fecha, hemos recibido en Bogotá a 600.000 mil desplazados desde 1985, según las cifras de la Pastoral Social, y en los registros realizados por Acción Social, de la Presidencia de la República, figuran 250.000 personas en situación de desplazamiento por la violencia. Además, existen por lo menos 17.000 mil víctimas en Bogotá que reclaman reparación dentro 98

Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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de la Ley 975 del 2003 o Ley de Justicia y Paz. En Bogotá viven familiares de cerca de 5.000 mil desaparecidos y 2.000 secuestrados. La capital de la República está llamada, y es además nuestro criterio como gobierno democrático y social, a abanderar los esfuerzos por la paz y la reconciliación de nuestro país. Ese es uno de los objetivos fundantes en que se sustenta nuestro Plan de Desarrollo, nuestro programa de gobierno, y encontramos imperiosa la necesidad de dotar a Bogotá de este Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El Bicentenario de la Independencia debe convertirse en la ocasión para renovar esos esfuerzos de construcción de una sociedad en paz y con justicia social, con especial énfasis en incorporar a las nuevas generaciones en este proyecto. Repito, para garantizar una memoria viva y para garantizar la no repetición; conmemorar el Bicentenario creando un centro de la memoria que ayude a la reparación simbólica de las víctimas, de más de medio siglo de violencia y conflictos armados, se constituye en un espacio físico y virtual de apoyo a la construcción de paz y reconciliación. En nuestro proyecto tenemos distintos elementos. Lo primero es promover un monumento a las víctimas y también a la reconciliación, realizar actividades conmemorativas del Bicentenario y garantizar un espacio de diálogo permanente de exhibición de esa memoria, para que a través de los colegios del Distrito y de los visitantes tengamos siempre una actividad que congregue y que no permita que jamás olvidemos ese holocausto que han vivido los colombianos. Tenemos en nuestro proyecto un grupo muy amplio de asesores. Un comité asesor que preside el doctor Camilo González Posso, en el cual están representadas víctimas de todo el espectro político. Quiero llamar la atención sobre ese aspecto, porque de no hacerlo no estaríamos hablando de reconciliación. Nosotros aspiramos a que nuestro Centro Bicentenario pueda sobrepasar esa gran brecha entre “nosotros” y “ellos”, para que todas las víctimas puedan reunirse y darse la mano, porque esa es la verdadera reconciliación que queremos construir a partir de nuestro centro. Por eso, una de las características principales de nuestro proyecto es el nacimiento de un proceso participativo en el que se ha tratado de incluir a toda la sociedad, especialmente, y en primer lugar, a las víctimas. Así mismo, buscamos realizar el deber de memoria del Estado, que es una manera de garantizar los derechos de las víctimas y el derecho colectivo a la paz. Buscamos fundamentar nuestro Centro en la restitución de los derechos a una paz integral, al diálogo, a la negociación, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, al desarrollo humano, a la no repetición, a la democracia y a la reconciliación. A través de nuestro Centro buscamos, en un proceso participativo y de diálogo, que se discutan y analicen las condiciones para la construcción de verdaderos criterios de paz en nuestro país, afincadas en la memoria y la reconciliación. 156


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

No obstante haber mencionado como un ejemplo varios monumentos que han sido construidos en otras ciudades, este Centro tiene unas características distintas a los mencionados porque se construye en medio del conflicto, buscando ser un instrumento para lograr la paz y no en una situación de postconflicto. Creo que en eso tenemos que aportar todos. ¿Cómo convertir este Centro en un instrumento real de la construcción de paz? Queremos hacer visibles en este Centro la memoria de todas y cada una de las víctimas, memorias colectivas, memorias vivas, memorias sociales y la memoria histórica; buscando construir la verdad histórica sin antagonismo entre memoria - historia – verdad. Ese es un reto que tenemos que resaltar siempre, porque tal vez desde que Montaña Cuéllar hablaba del ‘país real’ y del ‘país formal’, nos fuimos acostumbrando a que podíamos separar los distintos tipos de verdad y a mí me parece que si continuamos por ese camino no vamos a llegar a la paz y a un verdadero proceso de reconciliación, en el que podamos contar, además, con la garantía de no repetición. Tenemos que hacer una única verdad histórica, en la que la memoria, la historia y la verdad no se encuentren desligadas la una de la otra. ¿Cuáles son las características y funciones del Centro? Que sea un punto de encuentro para iniciativas de paz, para la pedagogía por el Derecho Internacional Humanitario; un Centro para la promoción de una cultura de paz; una cultura de no violencia activa; una cultura ciudadana por la verdad, la justicia y la reparación; y el apoyo a la formulación de propuestas y políticas de reparación moral, simbólica, psicológica, colectiva y de colectivos. Y queremos, como medida de satisfacción, cumplir con la necesidad del reconocimiento público del carácter de víctima de las víctimas, de su dignidad, de su honor ante la comunidad y ante el ofensor. Vamos a realizar ahí actos conmemorativos que sirvan para visibilizar la historia, los hechos violentos, las masacres, las desapariciones forzadas; y vamos a proveer el otorgamiento de condecoraciones y reconocimientos públicos, tanto individuales como colectivos; vamos a construir esos monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación, para contribuir a la reparación de hechos que nunca deben volver a ocurrir, tales como el genocidio de la Unión Patriótica. La reparación es una obligación del Estado y Bogotá es Estado, y es en este sentido que vamos a construir ese monumento de reparación a la Unión Patriótica, vamos a centrarnos en la difusión pública y completa de los relatos de las víctimas sobre los hechos, las causas y demás elementos de su victimización, y desde luego la difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hecha por los victimarios y por el Estado. Las actividades son muchas. Vamos a recopilar, a captar, a reunir y procesar información, testimonios de víctimas, archivos fotográficos, videos, etc. Vamos a recibir tanto donaciones como a llevar un archivo de los elementos que tengan en sus manos los familiares de las víctimas. Vamos a documentar y a archivar, vamos a tener un archivo de las iniciativas de paz. Todos estos archivos los vamos a depositar en el Archivo de Bogotá, según pautas y protocolos técnicos. Vamos a llevar a cabo eventos de satisfacción, de reparación simbólica. Va ser un punto de encuentro para iniciativas de organizaciones sociales, de grupos de análisis, de universidades, 157


Memorias Seminario Internacional

de colegios. Vamos a realizar actividades de promoción de paz, seminarios, talleres y tendremos también un centro virtual. O sea que todo esto se va a poder extender masivamente a través del Internet. Lo más importante es la pedagogía directa y en red de manera permanente. El Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación, en su componente virtual, busca que se pueda acceder al Centro desde cualquier parte del mundo. Entonces, complementando nuestra construcción física, va tener este componente virtual que esperamos se convierta en un punto de encuentro, pero también en un punto de apoyo a la investigación sobre la historia de la violencia en nuestro país. El Centro debe articularse, y se articulará, con todas las iniciativas de significación simbólica en la ciudad orientada a fines semejantes de reparación, para la celebración también del Bicentenario, incluyendo las que provengan de otras instancias administrativas o de la iniciativa privada; y también buscamos organizarnos en red con los demás centros de memoria que estamos seguros van a surgir en los distintos entes territoriales del país. En términos urbanísticos buscamos gran visibilidad. Vamos a posicionarnos como un ícono arquitectónico de la ciudad que va estar ubicado sobre una de las principales avenidas de la ciudad, la avenida El Dorado, en ese magnífico Parque de la Reconciliación que está ubicado enseguida del Cementerio Central, antes del Parque Renacimiento; en ese predio va a estar ubicado el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La idea es que este Centro tenga un auditorio para por lo menos 300 personas; allí va estar ubicada una oficina de atención a las víctimas y queremos que sea un homenaje viviente. Su proximidad con el cementerio nos da un acceso al oficio de los marmoleros y queremos, dentro de los elementos que van a hacer parte del paisaje y de la memoria de nuestro Centro Bicentenario, estandarizar una placa de mármol en la que cada persona pueda, con su criterio, conmemorar a la víctima, o el holocausto, o el evento que piense y adquiera especial significación; y todos esos recordatorios lo vamos a enchapar en distintos lugares del Centro para que todos los que lo visiten dejen allí su propia huella y la de su ser querido. Ese centro va a tener al frente una estación de Transmilenio que baja por la calle 26, la cual estamos tratando que se llame “La Reconciliación”, con el objeto que este término y el concepto que éste encierra empiece a ser parte del imaginario urbano. Finalmente, quiero recordarles que la persona que viene coordinando la comisión asesora del proyecto del Centro es Camilo González Posso, quien además ha venido perfilando tanto su concepción filosófica y política, como su concepción material. Este proyecto, que ha sido un gran sueño, será pronto una realidad que, esperamos, ayude a fortalecer el camino hacia la construcción de la paz y de un verdadero proceso de reconciliación. 158


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Camilo González Posso

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Más que hablar sobre los planes que tenemos para el proyecto del Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación, sobre el cual estamos avanzando rápidamente, con el apoyo decidido de la Secretaría de Gobierno y de todos los que participan en el equipo, quiero centrarme en los retos que tenemos para tratar de ir construyendo, entre todos, una respuesta a los mismos. Retos: 1. Decimos que este debe ser un proceso participativo. Lo hemos intentado, hay un proceso de consulta con las organizaciones y un gran comité asesor. ¿Hasta dónde debe ser incluyente el centro?, ¿Cuál debe ser el papel de un centro de memoria en medio del conflicto?, ¿Cómo se conjuga en el centro la presencia de víctimas, victimarios, la sociedad civil, las instituciones estatales, muchas veces pertenecientes a diferentes matices políticos e ideológicos? Sólo les pongo un ejemplo: en un seminario que hicimos en el Archivo de Bogotá, que ha sido nuestra sede de eventos, varias organizaciones de víctimas decían “ese centro no es para que nosotros vayamos a darnos la mano con nuestros victimarios. No queremos ver a los representantes de Mancuso ni de Macaco ni de la gente que cometió las masacres”. Incluso nos han dicho, “si ellos entran nosotros salimos”. ¿Cómo manejar eso? Así mismo, hay que tener en cuenta que también hacen parte de la mesa de trabajo organizaciones que han firmado la paz en Colombia: el M-19, la Corriente de Renovación Socialista, el Movimiento Indigenista Quintín Lame, las cuales tienen una actividad política en otros contextos, pero que también están haciendo trabajos de recopilación de documentos, de archivar memorias y dicen “concurrimos aquí, con nuestros archivos”. Incluso han llevado unos archivos extraordinarios, “pero no aceptamos venir aquí ni como víctimas ni como victimarios. Ahí tenemos problemas no resueltos: una cosa es la participación y el pluralismo en las funciones del Centro y otra el pluralismo en la conducción del Centro. 2. El otro interrogante es ¿cómo manejar el tema del perdón y la reconciliación? El Centro tiene un nombre, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y la ubicación del nombre en último término, pues no es casual. Pero ¿de qué reconciliación hablamos? Es tan complejo el tema de la reconciliación que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y creo que en el Grupo de Memoria Histórica, todavía están discutiendo cómo se ubica. 99

Director del proyecto del Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación

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Memorias Seminario Internacional

Conocemos de las elaboraciones teóricas. En España han pensado mucho cómo se aborda el tema de la reconciliación. Si el tema de la reconciliación, como el tema del perdón, se coloca en la esfera de lo privado; si la reconciliación desde lo público se asume desde el punto de vista de los derechos democráticos para la convivencia y para la participación, en sociedades de diversos y antiguos adversarios, antagonistas o enemigos. 3. ¿Cómo relacionar memoria y verdad en medio del conflicto? Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos el reto de poner la verdad como un instrumento de construcción de paz, y esto va muy en contravía de algunas ideas. Así como éstos, tenemos muchísimos asuntos que son parte de una construcción. Estamos avanzando en unas obras arquitectónicas, en una construcción virtual, pero al mismo tiempo en una construcción conceptual y de consensos mínimos para que el propio proceso sea parte de un camino de pluralismo y de elaboración. En Colombia se está discutiendo un estatuto que se conoce como ley de víctimas y es tal el peso del conflicto en el país que incluso hoy, a esta hora, no hay acuerdo sobre cómo definir las víctimas. No se aceptan las definiciones de los instrumentos internacionales acogidos en el escenario de Naciones Unidas. Un proyecto que inicialmente hablaba de las víctimas de una manera amplia, incluyendo también las víctimas de agentes del Estado, ahora se discute y de todas formas se trata de que no figuren algunos actores que han violentado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El propio nombre del estatuto, que en el Senado de la República se presentó como un estatuto sobre las violaciones en Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto colombiano, fue impugnado. En esta discusión no fue posible ponerse de acuerdo, no sólo en cuál es el ámbito de las víctimas si no en si en Colombia hay o no conflicto armado interno. Si hablamos en términos genéricos de las víctimas de la violencia armada, esas sensibilidades, esas discrepancias, forman parte de lo que es el contexto con el cual se construye un centro como el que nos compromete. He querido colocar aquí simplemente estas reflexiones, que se hacen como parte de la construcción del Centro, para indicar que un ejercicio como el de este seminario internacional nos aporta muchísimo al dialogo que hoy se inicia. No sólo es valioso por los días que vamos a estar acá, si no por lo que seguirá. Es una ocasión única el contar aquí con personas de diferentes países que han avanzado en este terreno y con personas que en Colombia están comprometidas en primera línea en esta tarea de dignificar a las víctimas, de hacer un ejercicio de memoria en función de la paz y la reconciliación. 160


Clausura


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Yuri Chillán Reyes

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Quiero sumar mi voz de manera enérgica a la de todos los colombianos y colombianas que hemos marchado y protestado, hoy 28 de noviembre, para exigir la libertad de todos los compatriotas secuestrados y señalar nuestra condena a este horrible crimen, y a todos los demás del mismo talante: las masacres, la desaparición forzosa, las torturas, las mutilaciones, el desplazamiento forzado y todos aquellos que constituyen el inventario del horror de nuestra tierra. No realizamos este seminario en una situación nacional de postconflicto, en la cual podamos dedicarnos a cerrar las cuentas de las violaciones a los Derechos Humanos casadas por la violencia endémica que vive este país; recrudecida, para muchos, a partir de 1948; datada, para otros, a partir de la Guerra de los Mil Días. Denunciada desde siempre en nuestra memoria histórica, baste con releer lo escrito por Fray Bartolomé de las Casas sobre cómo se conquistó esta tierra. Más que la Alcaldía Mayor de Bogotá o la Procuraduría General de la Nación, es la realidad del conflicto interno presente en nuestro país la que ha convocado este seminario. Son también estas primeras palabras las de reconocimiento a Trudy Peterson, Michael Evans, Ramón Alberch, Antonio González, Miguel Ángel Jaramillo, Anne Perotin, Oscar Acuña, Isabel Rojas, Patricia Huenuqueo, Alicia Galeano y Ruth Borja, que aceptaron venir a Bogotá para compartir su experiencia de guarda de la memoria de las violaciones a los Derechos Humanos en distintas naciones, desde Suráfrica y países de la Europa del Este hasta los países hermanos del Cono Sur y la región Andina. Algunos lejanos en la distancia, todos cercanos en el sufrimiento. Este reconocimiento se extiende a los profesores Guillermo Hoyos, Gonzalo Sánchez, María Victoria Uribe, Luz Angela Herrera y Julio César Gaitán, y a todos los moderadores y relatores cuyo conocimiento ha servido para situar la discusión en el marco correcto, aquel que precisa lo particular de nuestro momento histórico y la presencia de un conflicto actual, un conflicto 100

Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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Memorias Seminario Internacional

vivo. De nuestra parte, hemos impulsado este seminario porque estamos convencidos de la necesidad de abrir la discusión institucional sobre el funcionamiento de los archivos públicos, los centros de memoria y la orientación del patrimonio de los Derechos Humanos hacia el reconocimiento de las víctimas, como espacios de preservación y promoción de la defensa del derecho a la verdad. Con este evento también se fija una línea de base, desde las luces de los expertos, del modo de guardar la memoria de un conflicto de raíces muy profundas, similar, en algunos aspectos a lo ocurrido en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Perú, pero muy distinto en su escala, como ha bien han señalado. Su resultado es un gigantesco número de víctimas. Según las cifras oficiales, que son bastante menores a las de las Organizaciones No Gubernamentales o la Iglesia Católica, en Colombia hay casi tres millones de desplazados internos, más de la tercera parte son niños y niñas; mil quinientas diecisiete masacres perpetradas entre 1993 y 2006, y cerca de cincuenta mil personas piden reparación en procesos de Justicia y Paz. La primera conclusión que sugieren las reflexiones de estos días es que es hora de que la memoria de este conflicto pase de la memoria de las víctimas, la recopilada, por ejemplo, por víctimas, investigadores y organizaciones de víctimas, en ocasiones con apoyo de recursos multilaterales, a una política institucional de recuperación de la memoria como condición de garantía de los Derechos Humanos; una política que debe ejercerse aún desde los archivos, según sus competencias regionales, distritales o municipales, y, por supuesto, desde el Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, con quien nos alegra mucho saber que estamos en sintonía. Desde esta política, será necesario diseñar los medios más adecuados y sostenibles para institucionalizar la recuperación de la memoria en medio de la dinámica social del conflicto armado en el país, en lo que tiene que ver con nosotros, sus efectos en la ciudad de Bogotá. Se nos exige desde la realidad un esfuerzo serio de trabajo técnico y científico, pero al mismo tiempo de coordinación interinstitucional. La pregunta de fondo es ¿qué memoria guardamos?, pregunta que no se hace en el contexto del postconflicto. Es que aquí no podemos acercarnos siquiera a un número final de víctimas y considero, entonces, que la reflexiones de este evento sugieren una función social para los archivos, desde el concepto de memoria viva. Traer a los archivos lo que no existe en ellos, documentar por vía de relatos audiovisuales, sonoros, escritos o gráficos, lo que está inscrito en las vidas y los cuerpos de las víctimas. Eso que no aparece en los procesos judiciales, que es ignorado por las mayorías, pero que debe ser revelado, conocido, divulgado en una acción pedagógica contra el olvido, pero también como una expresión corresponsable de reparación moral respetuosa y clara. Esa me parece es una tarea urgente a acometer en el contexto actual, una memoria viva para un conflicto vivo. 164


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

De lo anterior se desprende, entonces, un doble compromiso: de un lado, diseñar estrategias creativas, dinámicas, que realmente funcionen para que, en un marco de confianza, los archivos sean verdaderos lugares de acopio de la memoria de las víctimas; y segundo, que desde la institucionalidad pueda preservarse la memoria recogida por académicos, productores, investigadores y organizaciones, en el marco democrático del Estado Social de Derecho que defiende los Derechos Humanos. En una segunda dimensión, no corresponde a los archivos la investigación de la memoria judicial que, en teoría, les será remitida en forma de expedientes ya fallados, con decisiones ejecutoriadas y con el valor histórico, muchos años después. Pero sí pueden ayudar, desde el principio constitucional de coordinación y cooperación interinstitucional, a definir técnicamente las reglas con las que se construye esta memoria, de modo que se fortalezcan los archivos judiciales, que se gestione la información adecuadamente y que se puedan dar a conocer de manera oportuna. Debo decir que desde ahora el Distrito Capital pone al servicio la experiencia de su Archivo, que estará atento a cooperar con todas las instituciones de la Rama Judicial o con los demás órganos de control, siempre que se le requiera, tal como venimos haciéndolo con la Procuraduría General de la Nación. Seguramente, en otro tiempo futuro, cuando en verdad entremos en una etapa de postconflicto sean otras las preguntas que nos surjan, por ahora, en el escenario actual, este parece ser el principio. En este sentido, en el presente, la pregunta por el sistema de información más adecuado para garantizar el funcionamiento de archivos dedicados a reconstruir y poner al servicio la memoria documental de los casos de vulneración de los Derechos Humanos ha permanecido a lo largo del seminario bajo diferentes perspectivas, como alerta que debemos advertirnos para tomar medidas a tiempo. La recomendación, desde las experiencias presentadas por nuestros conferencistas, es clara: ajustar el sistema de información de archivos de acuerdo con los protocolos internacionales de Derechos Humanos, en procura de la sostenibilidad de los medios de recuperación de acceso público de la memoria. Sus voces experimentadas nos han recordado, también, la importancia de recurrir a las instancias transnacionales de Derechos Humanos, no sólo para fortalecerlos, porque funcionan como garantes del sostenimiento de pautas de justicia y reparación, sino también por la importancia de revisar y construir instrumentos técnicos de registros de información bajo bases ya probadas. Desde nuestra perspectiva, estas líneas de acción, que en últimas pretenden fortalecer a través del acceso público de la memoria una cultura de promoción y ejercicio del derecho a la verdad, como instrumento de transformación de la conciencia social, sugieren, en el fondo, una mayor reflexión, que debería conducir a una reforma normativa, que ajuste las normas de gestión documental de archivo y de acceso a la información a la realidad en que vivimos, al conflicto que vivimos. Es importante y prioritario, entonces, el reconocimiento y la 165


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reformulación, o actualización, del marco jurídico pertinente. Me pregunto, cuál es el significado profundo de ese concepto renovado de memoria viva que ha venido apareciendo repetidamente en las reflexiones que se han dado a lo largo del seminario. Desde nuestra orilla, la de la ciudad de derechos que estamos empeñados en construir, no es otro que hacer que la verdad se reconozca públicamente, que la voz de los muertos en este conflicto absurdo de intereses encontrados y oscuros, de los desterrados, de los desaparecidos, de los secuestrados y de los millones de mujeres y niños violentados, se escuche más en alto. Hacer que se conozca, hacer que no se olvide, hacer que permanezca. Este es un esfuerzo democrático enorme, prioritario, un compromiso al que convocamos a todos y todas los que nos han acompañado en este evento, y a esta ciudad completa. Esta reflexión se inicia, pero no acaba aquí. Si no hay presente y si no hay memoria, es poco lo que puede hacerse de futuro. Desde esta perspectiva de la Bogotá Positiva, como ciudad de derechos, estos tres días que abren apenas un camino son un modo de aporte modesto, pero consciente a la construcción de la paz y de la esperanza. A nuestros aliados en este esfuerzo, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, nuestros agradecimientos, particularmente a la doctora Patricia Linares, Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, cuya claridad y entereza en estos temas apreciamos tanto, y a su equipo: Paula, Rocío y Diana, mil gracias por todo.

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Decálogo de conclusiones


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Convencidos del positivo papel que los archivos están llamados a jugar en favor de la búsqueda de la verdad sobre la violencia y la violación de los Derechos Humanos en Colombia y conscientes del protagonismo de tales archivos en la reparación de las víctimas y en las exigencias de responsabilidades, los participantes en el Seminario Internacional Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad, realizado en el Archivo de Bogotá del 26 al 28 de noviembre de 2008, animan a los poderes públicos colombianos a adoptar políticas archivísticas de desarrollo de los sistemas de archivos públicos, a partir de los siguientes principios: 1. Los poderes públicos tienen el deber de proteger los documentos que testimonian las violaciones de los Derechos Humanos. 2. En los procesos de recuperación de la memoria histórica o de búsqueda de la verdad, prestan sus consejos diversos profesionales pertenecientes a distintas ramas de actividad: archiveros, bibliotecarios, museólogos, historiadores, abogados, defensores de Derechos Humanos. En esa labor deben respetarse las específicas aportaciones profesionales de cada uno de ellos, de acuerdo con su propia metodología científica. 3. Los documentos de los organismos temporales, como las comisiones de la verdad, deben, una vez finalizadas su actuación y clausurada la institución, ser transferidos a los archivos y mantenidos íntegramente. Si existen organismos sucesores o herederos de tales entidades, en su actuación estos organismos herederos deben usar copia de los documentos y no originales de los organismos desaparecidos, para así mantener la integridad de los fondos. 4. Los archiveros, museólogos, historiadores, abogados, bibliotecarios, etc., en su actuación profesional deben tener siempre en cuenta la perspectiva de la protección de los Derechos Humanos, en sus tareas de valoración, descripción y difusión de los documentos. 5. Los archivos públicos deben ofrecer sus instituciones para la conservación de los archivos de las Organizaciones No Gubernamentales. Sí las ONG no tuvieran confianza en las instituciones públicas, pero tampoco cuentan con lugares apropiados de archivo, deberían buscar soluciones alternativas para garantizar en todo caso la conservación y uso de sus documentos. 6. la investigación de violaciones de Derechos Humanos se deben usar los documentos de archivos cuando éstos existan, y también crear aquellos que sean precisos cuando no existan las fuentes primarias de archivos; hablamos de los proyectos de historia oral o 169


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fuentes orales, reportajes audiovisuales, etc. 7. En los procesos de creación de instituciones o centros de memoria, los poderes públicos deben tomar en consideración los archivos y museos nacionales preexistentes y si lo consideran necesario reforzar estas instituciones con los medios y la capacitación profesional necesarios para afrontar la problemática de defensa de los Derechos Humanos. 8. Los poderes públicos promoverán la legislación adecuada para garantizar el acceso a las fuentes documentales que permitan conocer las violaciones de Derechos Humanos, y fomentarán la desclasificación de aquellos documentos que puedan arrojar luz sobre tales violaciones, mediante una política transparente y efectiva que cubra todas las esferas de la administración pública. En el caso de los documentos relativos a la violación de Derechos Humanos, la desclasificación debería ser automática. 9. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del habeas data, haciendo posible el conocimiento de la información existente sobre los individuos en los distintos archivos y facilitándoles el acceso a tales documentos, caso de existir. Del mismo modo procurarán proteger la privacidad de tales individuos. 10. Los poderes públicos desarrollarán estrategias documentales que permitan identificar qué documentos existen y están disponibles, y cuáles son las lagunas informativas esenciales, de modo que se pueda desarrollar una estrategia para cubrirlas en el futuro.

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ENGLISH VERSION  


Sumary

INTRODUCTION Samuel Moreno Rojas, Mayor of Bogotá. Mario González Vargas, Deputy Inspector

181 183

OPENING OF THE SEMINAR Edgardo Maya Villazón, Inspector General of Colombia Guillermo Hoyos Vásquez, Director of the “PENSAR” Institute Samuel Moreno Rojas, Mayor of Bogotá.

189 194 205

for the Prevention of Human Rights Violations and Ethnic Affairs, Inspector General’s Office of Colombia

ARTICLES The Role of the Archives in the Strengthening of the Democracy Trudy Huskamp Peterson

211

Declassification of Human Rights Archives Michael Evans

221

Rights, memory, truth and justice, archives for Human Rights Ramón Alberch i Fugueras

230

The Configuration of the Human Rights Patrimony Óscar Acuña Poblete

238

Archives, Centers for Memory, and the Patrimony of Human Rights in South America Alicia Galeano

249

The Spanish Archives and the Task of Finding the Persons Who Went Missing During the Franco Regime Antonio González Quintana

255


Archives and Memory Miguel Ángel Jaramillo Guerrerira

260

The Human Rights Archives of Chile: an Experience of Memory Patricia Huenuqueo Canales

268

Archives, Centers for Memory, and the Patrimony of Human Rights in Peru Ruth Borja Santa Cruz

275

Transitional justice and reluctant archives. Requesting, finding and seeking: Balance of a quarter of a century in Latin America. Anne Pérotin-Dumon

302

PRESENTATION FOR THE BICENTENNIAL CENTER: MEMORY, PEACE AND RECONCILIATION Clara López Obregón, Secretary of Government of the Mayoralty of Bogotá D.C. Camilo González Posso

317 322

CLOSING AT THE SEMINAR Yuri Chillán Reyes, General Secretary of the Mayoralty of Bogotá, D.C.

327

DECALOGUE OF CONCLUSIONS

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Introduction


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

In a diverse and inclusive city, committed to progress and equity, which is within the project of building a viable nation where justice and coexistence are possible, respect for citizens is crucial for the recognition of their rights. For this reason, the government of Bogotá Positiva (Positive Bogotá) has adopted the concept of city of rights as a core development principle that articulates public actions geared toward promoting, recognizing and guaranteeing the fundamental rights of all the inhabitants of this city without distinction. With this objective in mind, the right to the truth in all its aspects (individual, collective and official) becomes a priority in order to reconstruct the social fabric; it is also a defining condition for the administration of justice, to provide reparation to the victims and to create an environment for an effective reconciliation in our society. The State has a duty to remember, and the Administration of Bogotá has assumed this obligation in full awareness of its relevance as a constitutive element of the right to the truth. This Administration is committed to the implementation of all the necessary measures to preserve memory, disseminate the truth and safeguard the archives that have been created within the context of the conflict and the violations of human rights. This demands forceful actions addressing the reconstruction of the memory of the conflict in all its aspects. A first step in the implementation of these actions is the initiative proposed by the Mayor of Bogotá D.C. through the General Secretary and the Directorate of the Archive of Bogotá together with the Office of the Inspector General of the Nation through the Office of the Deputy Inspector for the Prevention of Human Rights Violations and Ethnic Affairs. This initiative seeks to join the efforts of these two entities and create cooperation in order to carry out projects and programs oriented toward strengthening the mission of safeguarding, disseminating and building the non-judicial historical memory of the Colombian conflict. This is done in compliance with the constitutional mandate regarding historical memory and is carried out in the framework of the defense of human rights. As the first outcome of this collaboration we are pleased to present here the Proceedings of the First International Symposium “Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad” (Archives, Memory and the Right to the Truth), which took place between November 26 and November 28, 2008. These proceedings include the contributions, expertise and reflections of a distinguished group of national and international experts from many different countries, including Chile, France, Paraguay, Peru, Spain and the United States. They have addressed the challenges, practices, policies and strategies relating to the conservation and maintenance of archives, memory centers and systems to preserve memory and information, especially those dedicated to the defense and the exercise of human rights. 181


Memorias Seminario Internacional

These contributions reveal the need to integrate and establish complementary relationships between the institutions that have produced the sources of memory relating to the conflict. This can lead to greater efficacy in fulfilling the duty to remember --an obligation that societies must assume when dealing with armed conflicts, repressive regimes and all forms of violence that offend human dignity. As a way of guaranteeing the fulfillment of this duty, and thanks to the contributions and recommendations that we received during this symposium (included in these proceedings), the Administration of Bogotá, through the Directorate of the Bogotá Archive, has designed the basic parameters to build a method to gather, systematize, preserve and safeguard documental sources. This will in turn provide the necessary framework to exercise the rights to information, to the truth and to collective memory. As a result of this valuable exchange, at present the Directorate of the Bogotá Archive and its Memory and Human Rights Unit are formulating the method for three complementary dimensions of the work on historical memory which will be implemented in a pilot program to gather, safeguard, preserve and disseminate it. The three dimensions to be covered are: the archives that constitute Bogotá’s institutional memory regarding the aspects of promotion, prevention, dissemination, and pedagogy of human rights; the oral memory of the victims and armed actors with reference to cases and phenomena that have their origin in the armed conflict and have had an impact on Bogotá; and the documental memory that has been generated by social NGOs whose activities are geared to recording, addressing and researching cases of violation of human rights and the causes, manifestations, and effects of violence. In the future, we want to look into the possible ways of using audiovisual recordings as a mechanism to document and disseminate memory. This project will be complemented and made stronger with the input of experiences, analysis and research on the ethical challenges posed by the study of violence and its effects, and other considerations that arise from the point of view of human rights. We would like to thank all those who supported the initiative of holding this symposium, in particular the Office of the Inspector General of Colombia, the GTZ and its Profis Project, the Catalan Agency for Cooperation, the Non-Governmental Organizations that joined this initiative, the different municipal entities, the Pontifical Universidad Javeriana, and the Institute Pensar. We are pleased to present this publication today, which represents the great effort that Bogotá, Capital District, is making to strengthen the search for truth and to consolidate the city of rights that has been envisioned as an objective in its Development Plan . Samuel Moreno Rojas Mayor of Bogotá

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

MEMORY ARCHIVES:

TESTIMONIES OF A PAST THAT WE MUST AVOID REPEATING Mario Gonzállez Vargas1

Diane Orentlicher2, independent expert in charge of updating the set of principles to combat impunity, has updated the principles submitted in 1997 to the United Nations Commission on Human Rights by Louis Joinet. As you may recall, the peace processes that took place in the 1980s concluded with extended impunity for the wrongdoers, especially in Latin America. This generated an international movement, led by United Nations, which sought formulas that would combat impunity while at the same time enable peace processes to continue. In this context, the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity has become, thanks to the wider developments in international law, a key referent for the states that have implemented transitional justice schemes in national reconciliation processes. In reference to its contents, a central point is the right to the truth in its personal dimension, that is, the right the victims have to know the truth of what has happened. This is stated in Principle 4: “Irrespective of any legal proceedings, victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims’ fate3”. The State has the duty to guarantee the reconstruction of the legal truth, but mainly of the historical truth –the truth that leads to rebuilding the social texture, promotes peaceful coexistence and relieves the pain of thousands of victims and of society at large. The right of all Colombians to know the living memory of what has happened and what is still happening is characterized in the international doctrine as “the collective dimension of the right to the truth”. This is defined as, “Every people has the inalienable right to know the truth 1

Deputy Inspector for the Prevention of Human Rights Violations and Ethnic Affairs, Inspector General’s Office of Colombia

2

UNCHR, “Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity”, E/CN.4/2005/102/Add.1 (February 8, 2005)

3

Idem, Principle 4

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about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led, through massive or systematic violations, to the perpetration of those crimes. Full and effective exercise of the right to the truth provides a vital safeguard against the recurrence of violations4.” The aforementioned dimensions impose on those States that have been unable to enforce the rights contained in the international treaties that they have voluntarily signed, or of guaranteeing their full and effective result, the duty to adopt measures to remember the circumstances, the time, manner and place, in which violations of human rights occurred and to preserve the memory of the incommensurable damage caused, which in turn must be subjected to reparations. The obligation to safeguard collective memory is a judicial and ethical imperative which can be accomplished by means of creating and safeguarding documental archives where the information relating to human rights violations can be protected, without limiting its task to establishing forensic truth, and thorough the public dissemination of the historical truth. These tools are in themselves already part of the reparation owed to the victims. Paradoxically, Colombia, thanks to the efforts of the victims, of the organization that represent them, of civil society and the State, has contributed significantly to make the aforementioned updated principles legally binding, hoping that in the future they shall be enforceable and applicable beyond the States’ will. In fact, through Law 975 of 2005, “Whereby provisions are enacted for the reincorporation of members of unlawful organized armed groups who contribute in an effective way to the attainment of the national peace and by which other provisions for humanitarian agreements are enacted”, the legislative body stipulates sentence reduction for those who have decided to surrender their arms and return to civilian life on the condition of a full and truthful confession of the crimes against humanity that they committed or crimes they know have been committed. Nonetheless, the Constitutional Court held that “the law under challenge does not clearly establish the adequate judicial mechanisms to satisfy the right to the truth” and ruled a paragraph of Article 25 as unconstitutional and set conditions for Article 29. Since reconstructing historical truth cannot depend on what ex-combatants confess, the duty of the State with regard to the victims, their families and society is that of complementing the different forms of searching for the truth, enabling the creation of opportunities for the reconstruction of memory. In this sense, the Office of the Inspector General of the Nation, as representative of society and as guarantor of human rights, will demand from state entities that they adopt all the necessary measures to achieve for the victims the effective enjoyment of their right to the truth through spaces of memory which, in agreement with the victims, achieve the internal and external coherence that is required for transitional processes. 4

Idem, Principle 2

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Additionally, as prescribed in article 57 of Law 975 of 2005, the Office of the Inspector General of the Nation has the obligation to â&#x20AC;&#x153;adopt all the measures required to prevent the removal, destruction or falsification of archives with the intention of upholding impunityâ&#x20AC;?. This, together with the above commitment, will enable the documents that provide evidence of severe human rights violations and breaches of international humanitarian law to become testimonies of past abuses, the repetition of which we must prevent. Thus we shall be able to sow the seeds for a democracy in which there is respect for human rights and also strengthen the path to peace by delivering justice to the victims and promoting national .

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Opening of the Seminar


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Edgardo Maya Villazรณn

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Archives, Memory and the Right to the Truth: this is the name that the Office of the Mayor of Bogotรก, and more concretely the office of the General Secretary through the Bogotรก Archive, and the office of the Inspector General of Colombia adopted for this symposium. This is a space that has been created and developed in the midst of an internal armed conflict. It is armed conflicts like this one, though, that paradoxically strengthen the hope of afflicted nations which, like ours, have suffered chronic violence. After decades and decades, Colombian society is calling for peace; and the country is prepared to carry out the necessary processes and adopt the mechanisms required to achieve it, including the sacrifices that it entails, provided of course that the right to the truth, to justice and reparation are guaranteed. I am referring to this situation because we inevitably must ask ourselves, and we have been asked, what is the reason and purpose of these efforts, of designing and building the facilities for the archives of the armed conflict, when the conflict has not ended. The Constitution and the law mandate that non judicial archives must be collected, preserved, and kept. These are the archives that will hold the historical truth of this violent confrontation, which we have not yet overcome and which has caused the suffering of thousands of victims in the past and will be the cause of much more in the future if we do not succeed in restraining it. The answer to the question of why we are creating these archives when there is an ongoing conflict is complex, but there are good reasons. Our interest is not premature, and in fact it may be overdue, for the task at hand is to reconstruct, collect, preserve and safeguard the historical truth of our conflict, of our manifestations of violence, to understand its structural causes. This truth is constantly under threat from those who want to destroy evidence, who want to hide or curtail it. This truth includes notions such as procedural truth, which is by definition partial, biased and incomplete, but it also includes memory as a social duty and patrimony historical memory, forbidden memory, memory of the terror and of the horror, and one that is most relevant for our situation: living memory, of which we are part as 5

Inspector General of Colombia (January 2001 - January 2009)

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protagonists, as helpless witnesses, as mourners, or as common citizens who want to make of it a useful foundation for the future, by putting an end in our present to the reality of the armed conflict and the endless pain that it causes. This living memory is present in our everyday life, but this does not preclude what is its natural inclination: “to contribute as witness to the recovery of the past”. We have had more than sixty years of conflict, with brief periods of peaceful coexistence disturbed by uncertainty and the anxiety caused by that apparently invincible Hobbesian Leviathan. These years have left a trace and they have to be reconstructed as the necessary condition to overcome this violence, which some have wrongly expected us to assume as a singular and inherent feature of who we are as a nation. Our commitment is of an ethical and of a judicial nature, and it is binding on Bogotá, through its General Mayoralty and the Archive, as the capital city, inasmuch as the city has a duty to integrate with dignity all those who arrive, including the baggage they carry of their own personal histories, more so when they have come here fleeing form violence. And this is binding also on the office of the Inspector General of the Nation as the highest control agency of the State representing society, an office which must guarantee the effective observance of Human Rights. This obligation compels us to enforce the duty of the State regarding memory, which is to protect it from the deceptive workings of a hegemonic vision of history, overloaded with revisionist and reductionist claims, even with outright denials of the facts that feed daily this irrational violence, characterized by systematic violations of Human Rights in a context that requires the implementation of International Humanitarian Law. “The need to recover the memory of the past, whether remote or recent”, says one of our illustrious guests, the Catalonian professor Ramón Alberch i Fugueras, “emerges from the conviction that this recovery is intimately related to values of truth and justice, which become compulsory in any process of restitution of Human Rights and democratic coexistence. (…) Lack of memory and outright forgetting are often the best allies of impunity, which at times is even wrapped in calls for reconciliation of sure civic appeal. This is the reason why memory, inasmuch as it becomes knowledge, turns into a powerful tool for the recovery of civil rights, and in this general framework it must be inseparably linked to the concepts of truth and justice.” To restore memory is to confront the truth that we know through the accounts of relatives, neighbors, fellow citizens or because we have had a direct and personal experience, and to assume the responsibility for the truth, which goes hand in hand with the commitment not to falsify or betray it, if we want to contribute to overcome the structural causes of the conflict. This also implies “gathering, from what I would call subjective dialogues, nourished by pain and hope, a collective version of events that is accepted by all those who suffered and still suffer the events and the consequences of a conflict that is still with us…” Democratic practices and the respect for human rights are a cultural phenomenon which must be ingrained in our consciousness in order to be incorporated also into our life projects. This process rejects the contradictions emanating from inequality, abuse, exclusion and 190


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discrimination, just as it finds the denial of a reality marked by inequity, social injustice, violence, and suffering unacceptable. We must reconstruct ourselves and our society on the basis of historical truth, of collective truth, which is part of our patrimony as a nation. This patrimony, as I already pointed out, is the sum of all individual experiences, of the many individual truths, emerging from each personal story. In order to reconstruct ourselves we must overcome authoritarian practices of marginalization. This hampers a critical perception of history and promote a culture of conformity that feeds on our mental compliance and the inclination to allow â&#x20AC;&#x153;othersâ&#x20AC;? to think for us. This attitude becomes a serious obstacle to our task of understanding and making the past and the present our own. This is a task that is fundamental if we are to incorporate them into the individual and collective experiences and projects geared towards strengthening our weakened democracy. Learning the lessons of our history demands that we preserve and hand down memory. Building the collective memory of a nation requires that we learn from other nations that have faced and overcome the horrors of war, both internal and external. We must learn from experiences such as the design and implementation of the National Memory Archive in Argentina, the Memory Museum in Santiago, Chile, the Memory Institutes in Eastern Europe and the many artistic manifestations that keep us from forgetting the Jewish Holocaust. Memory, as we know, is multiple and diverse. So that it can grow and expand, and for it to be completed and complemented, it requires these archives, committed to dignifying the victims and warning society about the need of guaranteeing non-repetition. Experts make a distinction between collective and historical truth, whereby the latter is considered to be of a more scientific character, purportedly sustained through an objective analysis that follows predetermined methods. The correct application of which is measured by the distance between the analyst and the facts under consideration. It is not my intention to bring up issues that do not concern our illustrious guests, but I would like nevertheless to put forward the following thoughts in the form of a question: How can you consolidate historical and collective truth, without falsifying any of them? Collective truth draws from the wisdom that stems from the pain of the victims, of the mothers who have lost trace of their children only to be confronted with the cruel reality of their assassination; of the thousands of displaced individuals who, defeated and frustrated by this most unfair persecution, have to adapt to new places and circumstances, usually hostile and discriminatory, and have to protect themselves by withdrawing from their surroundings. How can we consolidate this truth with the scientific truth produced by expert communities, which in our countries usually include a good number of victims? We need a living memory and this is founded on different types of truth, which, as someone once noted, when they come together they resemble a broken mirror where we will see the scars, a mirror which will reflect, when we stand in front of it, that we were once something 191


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different, something else, and that it is important to recall who we were. There are many more questions arising from the responsibilities that the Office of the Mayor of Bogotá and the Office of the Inspector General of the Nation have assumed. We have taken upon ourselves these responsibilities aware of the political commitment underlying them and their impact in the construction of a future without war and violence. This is what motivated these two entities to plan and put into effect, in a very short time, this Symposium, which gathers eleven international experts with the highest credentials in these issues and with whom we shall share these three days looking for answers and alternatives, learning from their experience and their knowledge. We want to thank Ramón Alberch i Fugueras, Deputy Director of Archives and Document Management at the Generalitat of Catalonia; Miguel Ángel Jaramillo Guerreira, Director of the General Archive on the Spanish Civil War; Antonio González Quintana, member of the Body of State Librarian, Archivists, and Museum Experts of Spain; Anne Perotin from the State Body of Experts on Heritage Conservation in France; Michael Evans, Coordinator of the Colombia Documentation Project at the US National Security Archives; Trudy Huskamp Peterson from the US, author of Final Acts: A Guide to preserving the Records of Truth Commissions; Patricia Huenuqueo Canales, Deputy Director of the National Archives of Chile; Isabel Rojas Zepeda, from the Archive of the Human Rights Program of Chile; Oscar Acuña Poblete, from the National Monuments Council of Chile; Alicia Galeano, from the Center of Documentation and Archives of the Truth and Justice Commission of Paraguay; and Ruth Borja, from the Archives of the Truth Commission of Peru. Paula Aponte, Rocío López, Diana Salcedo, Ángela Garzón, José Manuel Jaramillo, María Paola Suárez, and Annabella Otero are all young civil servants who are also committed to seeking peace through their work in public institutions and by applying the instruments provided by the Constitution and International Human Rights Law. Under the coordination of Patricia Linares Prieto and Francisco Osuna, and with the support of the Institute “Pensar” at the Javeriana University, whose Director, Professor Guillermo Hoyos, has been their teacher and mentor, these young professionals were able, in less than six months, to organize this meeting. Thanks to their effort we can talk and discuss what the collection and analysis of our painful past and present represent in the process of reconstructing a society that has been marked by the effects of a longstanding and complex armed conflict, which in our case is still ongoing. I want to thank them. I also want to thank the Mayor of Bogotá, Dr Samuel Moreno Rojas and the General Secretary of the Mayor, Dr Yuri Chillán. They have made it possible for us to initiate an experience which the Office of the Inspector General must take to all corners of the country. We shall need the support of local archives and their articulation to the National Archive, and we have already begun conversations with the Director of the latter. The duty that we have to preserve memory and hold archives as the foundations to guarantee non-repetition is a commitment we have to assume both as public officials and as private citizens. 192


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I would like to express my thanks to the GTZ, which supported us in this effort by providing the resources for the publication of the memoirs of this event; as well as to the Catalan Cooperation Agency for Development, with whom we have just entered an agreement to guarantee continuity for a project on institutional reinforcement so that we can fulfill our obligation regarding the truth and archives. Finally, I want to reiterate the ineluctable commitment that all Colombians must have to historical truth and its preservation by referring to a passage from the acceptance speech that Juan Gelman, a victim of the Argentine dictatorship, read in Alcalá de Henares on the past 23 of April upon the award of the Cervantes Prize for Literature: “Some pour scorn on this effort to keep memory alive. They say that we shouldn’t be raking over the past, that we should be looking forward not backwards, and that we should not insist on reopening old wounds. They are absolutely wrong. The wounds are not closed. They are latent in the underground, like a relentless cancer. And the only treatment is the truth. Memory is only memory if it is made present, and just as Don Quixote would clean his weapons, we have to clean the past so that it can rest in the past. And I suspect that many who preach that we should bury the past are more concerned about having their own individual past buried”.

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Guillermo Hoyos Vásquez

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The fact that on this occasion the reflection is oriented towards the purpose and function of archives in the context of the right to the truth enables me briefly to elaborate on some ideas intimately related to the philosophy of history. The philosopher is not in the position of establishing on his own the sense and relevance of the relationships between the work of the historian -and that of the social scientist in general- and civil society and the State in the pursuit of the truth. I believe that the contribution of philosophy in this case is mainly that of encouraging communication between the present and the past, which inevitably escapes us and yet we know that it will continue to have an effect on our near and distant future. If time is, above all, a process, then an activity such as keeping an archive, which is related to time in the effort of preserving it, of bringing it to the present, must also be a process. I believe that the social scientist is somehow at the beginning, throughout, and at the end of this process that we call the archive, and in this sense I agree with those historians who reject the attempts to turn dispositifs such as documents, museums, monuments, and archives into simple work tools. The communicational structure of these processes cannot be reduced to a simple strategic rationality. The notion of philosophy of history on which I rely for these reflections is drawn essentially from Walter Benjamin’s Theses on the Philosophy of History7. In order to present these ideas, at first I will simply refer to some passages from his theses on the concept of history, which are indeed pessimistic but at the same time reflect a remarkable intuition8. These are reflections on the “concept of history” written between 1939 and 1940, shortly before his despair 6

Director of the Institute for Social and Cultural Studies “PENSAR” at the Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

7

Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte” in Gesammelte Schriften, I, 2, eds. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991), p. 712 ss. Translations are from Walter Benjamin, “Thesis on the Philosophy of History” in Illuminations: Essays and Reflections, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1968), pp. 253-264.

8

For this Reading of Benjamin I rely in particular on Reyes Mate, Medianoche en la historia: Comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el concepto de historia” (Madrid: Trotta, 2006).

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regarding the political situation in Europe during the war would lead him to take his life on the frontier between France and Spain. My reading of Benjamin9 is geared towards a critical, humanist and political notion of history against the functionalism and a certain kind of historicism that is characteristic of some schools of thought which pride themselves on having taken distance from philosophy. Benjamin’s critique in this sense is straightforward: Historicism contents itself with establishing a causal connection between various moments in history. But no fact that is a cause is for that very reason historical. It became historical posthumously, as it were, through events that may be separated from it by thousands of years10. Herein lays the problem of understanding history for critical historians, who are not simply accumulating facts, heroes, and events for an apologetic history. Critical historians must search for the meaning of past ages, in which there was a fight for humanity and a fight for the construction of a future: A historian who takes this as a point of departure stops telling the sequence of events like the beads of a rosary. Instead, he grasps the constellation which his own era has formed with a definite earlier one. Thus he establishes a conception of the present as the “time of the now” which is shot through with chips of Messianic time.11 This “time of the now”, “Jetztzeit”, in which the historian thinks, and not just utters like an automaton the Hail Marys of a rosary, provides not only that vision of the past in the sense we have already noted, but also of a past arrested in the “time of the now” in order to grant it a second chance, without repeating it, by projecting it to the future, which is our living present, and from which, as a limited response to the anxieties and expectations of past generations, it is possible to say something of a future that cannot refuse to answer to society’s frustrations in the horizon of history. The historian cannot ignore the sense of the past that has been shaped by multiple social and political struggles, which are not always of a non-violent character. Perhaps nothing can contribute more effectively to develop this idea than the compelling image of the “angel of history” suggested by Benjamin; it figures in the well-known Thesis IX, which says thus: 9

The following paragraphs are taken mostly from my “Prólogo” to José Fernando Ocampo T., ed., Historia de las ideas políticas en Colombia (Bogotá, Taurus/PENSAR, 2008), pp. 11-22.

10

Op. cit., p. 704 (Appendix A) (Trans. p.263).

11

Ibid.

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My wing is ready for flight I would like to turn back. If I stayed timeless time, I would have had little luck. Gerhard Scholem, “Gruss vom Angelus” A Klee painting named “Angelus Novus” shows an angel looking as though he is about to move away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread. This is how one pictures the angel of history. His face is turned toward the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward. This storm is what we call progress12. The angel of history fuses us as a community with the past and with the future, so that in communication13 between them we may discover, from the suffering of past generations that have reached our present time, what could have happened, and thus, by taking this suffering into account, seek less painful and happier outcomes. But we cannot give the angel of history disconnected events; we have to give him the totality: a single catastrophe, the ruins of which rise up to the sky. It is thus a history of people and collectivities, not of facts, institutions, and results. And this connection to people is mostly a bond with the victims, with the defeated, with those whose memory claims something from us at the same time that it urges us to continue the struggle for non-violent forms of political action. The tension that historians face and which constitutes in essence their raison d’être between the future that pulls us towards progress and the past that holds us that is, if we are still capable of moral responsiveness, is what leads them to communicate with the victims, on whose ruins progress has been built. An evaluation of human action that only follows results is not valid. Progress in itself cannot explain history; rather, it disfigures history by placing progress, instead of the “principle of hope”, as its teleology, turning it into a story that only features the victorious. The reason why Benjamin insists on privileging the defeated and the victims in his vision of history is not only of a moral and political nature. There are also epistemological reasons for those who do not see history as an apologetic exercise, but as a source of information if we are to have an authentic vision of events of the past. This is what he says in Thesis VII:

12

Ibid., pp. 697-8 (Trans. pp. 257-58).

13

I insist, in spite of the critiques of some professional historians in Colombia, on my interpretation of this passage of the “Theses” from the perspective of communicative action, as stated in my ““Introducción: la historia es comunicación” in Rosario Jaramillo Holguín, coord., Un mundo jamás imaginado 1492-1992 (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Santillana, 1992), pp. 6-9.

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Consider the darkness and the great cold In this vale which resounds with misery. Brecht, Threepenny Opera To the historians who wish to relive an era, Fustel de Coulanges recommends that they blot out everything they know about the later course of history. There is no better way of characterizing the method with which historical materialism has broken. It is a process of empathy whose origin is the indolence of the heart, acedia, which despairs of grasping and holding the genuine historical image as it flares up briefly. Among medieval theologians it was regarded as the root cause of sadness. Flaubert, who was familiar with it, wrote: [‘Peu gens devineront combien il a fallu etre triste pour ressusciter Carthage.’ (“Few will be able to guess how sad one had to be in order to resuscitate Carthage)”] The nature of this melancholy becomes clearer, once one asks the question, with whom does the historical writer of historicism actually empathize. The answer is irrefutably with the victor. Those who currently rule are however the heirs of all those who have ever been victorious. Empathy with the victors thus comes to benefit the current rulers every time14. It is essential that the historian achieves a reconstruction of the relationship between the victims and the victorious during the period that is being studied. But to take the side of the defeated demands moral sensitivity, the ability to feel with the victims ‒an empathy that breaks up with the moral passivity, apathy and indifference of those who have always been on the side of the victorious, of progress by all means. And thus the implacable verdict: the historicist and functionalist historian is always an officer of the victorious, their accomplice, not infrequently appealing to scientificity, excellence, and neutrality in his valuations, just as he claims to maintain an apolitical stance. Thus all sense of solidarity with the oppressed is left in the hands of religious affiliation, which by renouncing political action or only intervening in politics from the maxims of its belief, exhausts its discourse in pleas for mercy and forgiveness, preaching edifying virtues and moralizing. Benjamin argues further: Historical materialists know what that means. Whoever has emerged victorious participates to this day in the triumphal procession in which the present rulers step over those who are lying prostrate. According to traditional practice, the spoils are carried along in the procession. They are called cultural treasures, and a historical materialist views them with cautious detachment. For without exception the cultural treasures he surveys have an origin which he cannot contemplate without horror. They owe their existence not only to the efforts of the great minds and talents who have created them, but also to the anonymous toil of their contemporaries. There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism. And just as such a document is not 14

Walter Benjamin, op. cit., p. 696 (Trans., 256).

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free of barbarism, barbarism taints also the manner in which it was transmitted from one owner to another. A historical materialist therefore dissociates himself from it as far as possible. He regards it as his task to brush history against the grain15. A public archive like the one we celebrate today could well place Klee’s Angelus Novus at the entrance and summarize its mission as that of brushing Colombian history against the grain. Rather than being seduced by those who have recently “welcomed us to the future” at the expense of higher unemployment, greater inequality, restricted national autonomy, historians should be adamant in their quest for the roots of poverty, exclusion, and discrimination in a history that is now almost two hundred years old, but which at a time opened up the promises of emancipation, dignity, and justice as equity. The authors of Dialectic of Enlightenment had already warned that modernity was double-faced, like Janus, and that it could turn into mere modernization. To brush history against the grain means to make a commitment to a more complex notion of culture and progress than the one championed by functionalist modernizers. It implies radically questioning those schemes for scientific, technical and technological development in which the criteria for innovation and the research policies that are being set are guided by notions of productivity and competitiveness. The social aspect has been neglected, an area that historians know extensively when they commit, without pusillanimity and cowardice, to the preservation of memory. To brush Colombian history against the grain is to be able to relate to each moment of crisis in order to realize that, after partisan conflicts between generals motivated by their desire of glory; after drafting constitutions which resembled much more a catalog of all the promises that the State founded on the rule of law was unable to fulfill; after liberal, radical, and conservative reforms in which the only thing that was not taken into account was that the previous set of reforms had been created without the participation and consent of the real existing citizens, the victorious party would promise once again the same things neglecting the fact that it is also necessary to consider the rationale of those who were defeated16, of those to whom, on account of their defeat, all rationale is denied, since this may in fact explain and justify their defeat. Benjamin’s orientation, as Jürgen Habermas notes, is radically different from that of historicism: “The anticipation of what is new in the future is realized only through remembering [Eingedenken] a past that has been suppressed.17” This implies transcending the concept of history as a simple space of experience or as a 15

Ibid, pp. 696-697 (Trans. p. 256).

16

I am alluding here to the title of one of Reyes Mate’s first books, La razón de los vencidos (Barcelona: Anthropos, 1991), inspired on the philosophy of Walter Benjamin.

17

Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985), p. 21. (Trans.: Jürgen Habermas, “Modernity’s Consciousness of Time”, in The Philosophical Discourse of Modernity (Oxford: Polity Press, 1990), p. 12. (Excursus on Benjamin’s Theses on the Philosophy of History)

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mere horizon of expectation. It is not the future as such that can redeem us, but our ability to respond in the future to the past, to the (historical memory) of the past that preserves the time of the past for us, a time burdened with tasks for us in the present and in the future. Habermas ends his excursus on the Theses showing how they radically transform the attitude of the historian as “The anamnestic redemption of an injustice, which cannot of course be undone but can at least be virtually reconciled through remembering, [and which] ties up the present with communicative context of a universal historical solidarity”18. This vision is a critique of a narcissism that is distinctive of modernization, which deposits the entire responsibility for the future in the present; that is, in a pragmatic perspective, which by refusing to take a look at the past and to reflect on its failures, it threatens to repeat all the errors of the past. It is also from the Theses on the Philosophy of History that Jürgen Habermas draws inspiration for his stance in the famous Historikerstreit (the “historians” debate) when he contested the position of those historians who pretended to strengthen national identity in post-war Germany by bracketing off the Holocaust19. They wanted, as it were, to put this period in the archive, in its most literal sense, not to make it relevant for the present, but to forget it and disconnect it from temporality. The positions Habermas criticized displayed apologetic tendencies which somehow justified the Nazi regime, and in particular the position of collaborators and of the German people, as an anomalous and dysfunctional phenomenon in German history. They vouched rather for an edifying civil use of history for citizens who, with restored dignity, could be integrated into the Western democratic project at the end of an incomprehensible and absurd war. A historicist continuum of sorts was created between the German nation in the interwar period and that nation liberated from the Nazi regime, eager for the future and prepared to fulfill its role in the West, as if barbarism had been something that had occurred in a historical vacuum; as if barbarism were inexplicable to Germans, a product of deranged, terrorist, sick minds, in a nation that had been, additionally, under provocation by enemies in the East and the West, trapped between a materialistic Soviet communism and a not less materialistic Americanization, pragmatic and individualistic. Neo-conservative and neo-liberal historians were looking at history from the future of progress not from the perspective of its victims in the battle fields and in other fields and were not taking into account those who had been defeated, betrayed, persecuted and displaced; any concern for them was outweighed by the urgency of defeating the monster who had interrupted European history. There was no blame, and should there be any, it had received fair punishment from the victorious in Nuremberg: a just punishment which cancelled a historical error. It was not convenient to look into the responsibility of the population, and 18

Ibid., p. 26. (Trans., p. 15)

19

See, Jürgen Habermas, “Eine Art Schadensabwicklung“, in: J. Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1987), pp. 115-158.

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in particular of politicians, many of whom were willing collaborators, because that memory threatened to weaken a much desired consensus. But the sense of identity of a people and a nation is something else; perhaps not so much when it refers to that “Fatherland” which Hitler would invoke the most as it was approaching its downfall: das Vaterland! If historians understand the kind of history that can rebuild identity, which entails explaining what actually happened precisely from the perspective of the victims, of those Germans who were betrayed, but mostly from the perspective of the Jews, the Polish, the Czechs, the massacred Russian peasantry in the final stages of the Holocaust, then their task as educators in a new engagement with history and its public use can make sense. Only then can museums, monuments, archives, and documents speak from a past which is still unresolved; they can speak with the victims and with other races. The identity of a people can only be their becoming aware that they are capable of feeling shame, of acknowledging their guilt, and thus make themselves worthy of receiving “forgiveness for the unforgivable” (to paraphrase Derrida). This awareness is embodied in the gesture of the German Chancellor dropping to his knees before the commemoration monument of the victims of the Warsaw Ghetto and thus acknowledging that the victorious also have to ask forgiveness from the defeated. Naturally, in Colombia one would expect something more subdued, but not necessarily less justified, regarding the quandaries of our national identity; we would require, to begin with, a discourse that re-invents it from the perspective of the victims20. The lack of such a discourse explains all the patent incongruities in our political debates when the Victims’ Law is being discussed. This archive that we want to improve and turn into a paradigm for Colombia is important because we can count on historians who oppose the fable that the violence that has afflicted Colombia in recent years cannot be defined as an armed conflict; who do not share this distorting view that denies the social and political roots of violence, even though they are aware that this conflict has become widely depoliticized and demoralized and that it is being endured by the population mostly as extreme criminality. The armed conflict is part of our national identity. Only if we assume it as such -and those who criticized until the very end the Justice and Peace Law tended toward this view- shall we manage to integrate into our identity the displaced, the victims, the lasting injustice and discrimination, and this long series of crimes of exclusion, massacres, slavery and exploitation, which we can trace back infinitely, to the eve of independence. These victims, inasmuch as they have been the “patients” in this two-century long enterprise led by the agents of progress, are part of our identity, whether we like it or not, whether they fit in or not in that dubious term of the “Fatherland” with its nationalist overtones so characteristic of this “democratic security” policy which is not even prepared to assume the 20

See, Guillermo Hoyos Vásquez, ed. and with a foreword, Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia (Bogotá: Goethe/PENSAR, 2007), pp. 9-21.

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responsibility for the uncovered atrocity of the execution of homeless young men to claim their bodies as fallen guerrilla fighters, the so-called “false positives”. From the first presidential campaign of Álvaro Uribe Vélez the proto-philosopher of the democratic security policy, José Obdulio Gaviria Vélez invented, with the conceited originality that characterizes him, the grand narrative that there is no conflict in Colombia21. According to him, there is a group of bandits who have declared war against the Colombian state, against the “Fatherland”. This imaginary has contributed to displace the true sense of politics, which emerged as an art for conflict resolution, not least that of an “unsociable sociability” (Kant); and, as the country struggles between political violence and democratic politics, this imaginary has also driven politics away from its main field of action in times of crisis, which would be precisely to seek solutions to the causes that are now being addressed through violence, so that conflicts can be solved with words. The conception of politics that has been opted for follows Carl Schmitt, one of the intellectuals closer to National Socialism, in framing the political field as the polarity between friend and foe. We need to make politics constitutional so that the field is not left in the hands of the strongest (Schmitt) or subjected to a national moralist understanding of democracy (Bush doctrine). At present, there are two ways of conceiving the problem of terrorism and two modalities of international cooperation. One appeals to a hegemonic right which demands repression, even if it requires the violation of human rights and invasion of alien territories; the other rests on a sense of democratic pluralism that takes into account, above all, the sovereignty of States and people’s rights as citizens of the world22. And to continue with the Kant of Perpetual Peace, we should open the archives so that the task of perpetually seeking such peace may entail a permanent critique of a past that often threatens to perpetuate itself in the present. In the task of envisioning a future as it is projected by society’s sense of historicity, we can understand what Kant already foresaw at the end of the 18th century: a day in which politics, albeit rather slowly, would shine in all its splendor23. In order to bid so decisively for peace rather than for war, we have to share what Kant takes from a Greek philosopher: “War is an evil, in so far as it makes more bad people than it takes away24”. Therefore, if the starting point is not an unwavering commitment to peace rather than to war, to the citizens at the margins rather than to the self-importance of political leaders and the military, then the State founded on the rule of law looses all the legitimacy it pretends vainly to recover with prudish moralizing, which often reaches extreme reactionary postures in the re-enactments of the marriage between Church and State.

21

See, José Obdulio Gaviria Vélez, Sofismas del terrorismo en Colombia (Bogotá: Planeta, 2005). This thesis is repeated in his numerous publications and public appearances, as if the truth of an idea rested on the number of times it is uttered, even if the arguments and the facts challenge it.

22

See my essay, “Ethos mundial y justicia global en un enfoque discursivo”, in Francisco Cortés Rodas y Miguel Giusti, Justicia global, derechos humanos y responsabilidad (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), pp. 333-359.

23

Immanuel Kant, Perpetual Peace, trans. Lewis White Beck in On History, ed. Lewis White Beck (Indianapolis: The BobbsMerrill Company, Inc., 1963), p. 139.

24

Ibid., p. 111.

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Memorias Seminario Internacional

This is what happens with Colombian history when it is read from the side of the victorious, who, instead of dwelling on memory, take pleasure in monuments and heroes. It is as if it all had occurred randomly, without social struggles, without exclusions, massacres, genocides of indigenous and Afro-Colombian populations or more generally of masses of peasants who have been deemed an obstacle in the crusade to industrialize the countryside, a process that has turned any attempt to introduce an agrarian reform into a disproportionate rampage of destruction. And the “false positives”, cynically attributed to some carelessness on the part of the commanders on duty and only to those of a certain rank. And what is even more momentous: the massacre of the Unión Patriótica, the political party that emerged from the peace negotiations led by President Belisario Bentancur [in the 1980s], an authentic political solution if Colombians had been ready for a peaceful resolution of the conflict25. One of the most interesting phenomena in the development of the public sphere in this “post-secular” age (Habermas) is the greater visibility granted to the victims. In earlier times, it was possible to conceive a transitional justice which would take the victims only as recipients of possible reparations; that is, whenever it was not conceived only as token punishment to avoid granting full impunity. Restorative justice tries to respond to the victims. In a singular way, it is from the perspective of the victims that we gain a sharper insight into the different and complementary meanings of tolerance. It is they who effectively endure the crime, who suffer it, and it is they who offer the fundamental key for reconciliation, in the sense that victims preserve in the very fact of their existence, in their memory as a negation of tolerance, the imperative of politics without violence26. Only recently27, the debate around the victims and their right to the truth was reopened in Spain. A manifesto protesting against the passivity of Spanish society regarding a critical revision of the crimes committed under the Franco dictatorship, signed among others by the Nobel Prize winner José Saramago, intellectuals such as Ernesto Sábato, who led the investigation on the crimes of the Argentine dictatorship, and the writers Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo, and José Manuel Caballero Bonald, was not well received by the right-wing Partido Popular. The Organization Deputy Secretary, Ana Mato, criticized these intellectuals for “dividing” Spanish society at a time when they should be addressing the economic crisis, which is what, according to her, really matters to the Spanish people. “At present, when our citizens are going through a crisis situation, I find it shocking that the PSOE and the people who support this party should be working towards dividing the Spanish people, more so when society as a whole is not interested at all in this matter,” said Mato. According to the PP representative, politicians as well as the people “who are out in 25

The author was a member of the Verification Commission of the Peace Agreements during the foundation of the Unión Patriótica, and attended in 2006 as the President of the Commission for a “peaceful solution” to the dissolution of this Commission.

26

See, Reyes Mate, Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco (Madrid, Fundación Alternativa, 2006) (Working Document).

27

The International Symposium “Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad” (Archives, Memory and the Right to the Truth) took place between November 26 and November 28, 2008.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

the streets today” should be contributing with suggestions “that enable families to have a better life”. For this reason, she expressed her “amazement” that these people “who have such a powerful voice in this society, should not be also pleading to the Government to adopt measures in order to solve the economic situation… I thought the Constitution had ended all this. I am not implying that we should forget, only that we have to look towards the future and that it has been the Constitution of harmonious coexistence what has enabled us to advance together, without looking back at the past or reproaching each other for anything,” insisted Mato. She expressed her “respect” for the families wanting to exhume the bodies of their victims. “I urge them to do it in a private capacity, but it makes no sense that as a government policy we should be trying to create divisions and animosity between the Spanish people,” she stressed. In our efforts to prevent that such reading should be applied to Colombia’s recent history, and very much in the same terms as this symposium, organized by the Bogotá Archive and the Office of the Inspector General, an International Conference was held in Bogotá between the 8th and the 10th of May, 2006 on “The Justice and Peace Law from the point of view of the victims”. It was organized by the Goethe Institute of Bogotá, The Friedrich Ebert Foundation in Colombia (FESCOL), the National Commission for Reparation and Reconciliation (CNRR), the Association of Colombian Alumni from German Universities (ASPREA), and the Faculty of Politics and the Institute for Social and Cultural Studies “PENSAR” of the Pontificia Universidad Javeriana. In the publication of the memoirs of this important event28, the relevance of the victims’ right to the truth, and that of society as a whole, as a starting point in any process of justice, transitional or restorative, is emphasized. All kinds of documents, in the most extensive sense of the word, are the condition of possibility both material and hermeneutic for reaching the truth. In this space a dialogue between the victims, the victimizers, the State, intellectuals, politicians, that is, the whole of civil society, all citizens, can take place. No-one should be indifferent to this memory form the sense of an imperative to preserve it. On the basis of this eminently human, moral, ethical and political dialogue, the processes of peace and justice can be structured around a set of fundamental points, a Decalogue of the right to the truth, as it were, which should include: moral responsiveness; the phenomenology of the conflict; moral tolerance and pluralism; “compassion” as the ability to “feel with” the other; an understanding of conflictive situations that takes into account the point of view of the other; “truth” in the generic sense of the objective knowledge we can obtain through communication; justice as equity in all its scope; recognition of the other as different in his/her difference and thus as a valid interlocutor, as a participant in equal conditions and with the same rights in the public sphere; reparation; and forgiveness and reconciliation. 28

Guillermo Hoyos Vásquez, ed., Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia (Bogotá, Goethe/PENSAR, 2007).

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If such a process should be established, then memory would be conferring all its sense to communication and dialogue in a horizon characterized by the hope principle, which should not be deceived with the promises of false Messiahs and a not less perverse messianism. Walter Benjamin closes his Theses on the Philosophy of History with an Appendix B that states the following: The soothsayers who found out from time what it had in store certainly did not experience time as either homogeneous or empty. Anyone who keeps this in mind will perhaps get an idea of how past times were experienced in remembrance--namely, in just the same way. We know that the Jews were prohibited from investigating the future. The Torah and the prayers instruct them in remembrance, however. This stripped the future of its magic, to which all those succumb who turn to the soothsayers for enlightenment. This does not imply, however, that for the Jews the future turned into homogeneous, empty time. For every second of time was the strait gate through which Messiah might enter29.

29

Op. cit., p. 704 (Appendix B) (Trans. p.263).

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Samuel Moreno Rojas

30

The International Symposium “Archives, Memory and the Right to the Truth” is of major importance for the government of this city, as this meeting is directly in keeping with the basic principle of our agenda to grant visibility, restore, and guarantee human rights, as a step towards reconciliation and peace in our society. From the perspective of the government that I preside, Bogotá is fundamentally a city of rights, which demands from us that we take it as our priority to consolidate the Capital City of the nation as the Capital of Human Rights. In this first sense, organizing this symposium represents for us a collective exercise of reflection, listening, and participation within the framework of respect for the fundamental rights to information and to truth to know the truth, to never forget the truth. To acknowledge and reconstruct that truth; to preserve its memory and to work on the new sense it must have in public awareness; to ensure that the existing knowledge and technical instruments needed to rescue evidential documents and stories that lead us to this truth are available; all this has a fundamental purpose: we need to know and preserve the truth, because this constitutes the basic condition for the exercise of fundamental rights. To guarantee them is a primary duty of the State. This is the duty we have to fulfill as the basic condition for the construction of the city of rights that we want. In a second sense, this symposium is the first outcome of our joint cooperation with the Office of the Inspector General of the Nation in the legal mission that currently assists him of preserving historical memory, the kind of memory that is not derived from judicial records. In this new context, this symposium acquires a deeper meaning. Bogotá contributes with its resources and experience to ensure the knowledge of what happened in the Colombian conflict and its consequences in terms of human rights violations. The government of the city understands that, within the process of transitional justice and reconciliation that is being sought, it is absolutely essential for society and for the victims to know the truth and this cannot be postponed. Only when that truth is known it is possible to initiate the action of justice. Only under those conditions can real actions be defined to repair, as much as possible, the damage that has already been done; and only then will it be possible to begin a real reconciliation process, of social forgiveness and thus of construction of a different future. It is 30

Mayor of Bogotá.

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Memorias Seminario Internacional

very clear, then, what is the value of memory. Moreover, within the framework of transitional justice in which the imposition of alternative punishment is accepted for the sake of the greater good that peace represents, truth and memory, that is, the social and public recognition of the evidence, become even more important: they are basic resources for moral reparation, which is often the most relevant, and with it, for strengthening social conscience and solidarity as a community. In this sense, the publicly acknowledged truth plays a crucial role in guaranteeing non-repetition. If we know it, if we do not forget it, we will not allow it to happen again. Therefore, the definition of technical tools that enable adequate and effective management of documents to serve the reconstruction of the historical memory of the internal conflict in Colombia is a significant step in the process of constructing citizenship in the full sense of the term, which at present implies, precisely, the guarantee and exercise of existing rights. The recognition of the facts that violate human rights protocols, rules, and regulations is at the same time a civic action of collective participation. It becomes a commitment for society as a whole. Also, in order to ensure non-repetition of the violent events, remembering has to be assumed as a real and symbolic reparation. This is one of the objectives of our development Plan which we hope to accomplish through the Center for Memory and Reconciliation that will be inaugurated as part of the commemoration events for the bicentennial of the Independence, a project we are launching right here. Memorials and commemorative works built worldwide in the battle against oblivion reveal that there has been a paradigm change regarding memory. We see a shift from them being a means to preserve and glorify the deeds of heroes and villains, reproducing confrontational situations between nations as well as vertical social hierarchies, to becoming symbols of awareness and reconciliation. The search for symbols in which we can recognize ourselves properly in a participatory way within the complex weave of memory represents, for the time being, one of the central actions to manifest our due remembrance of the victims of the conflict. The Monument to the Victims in Trujillo, Valle is a remarkable example of this effort. Archives can promote social recognition of pluralism and of the diversity of memories, which is an exercise of social learning. The memories of the victims can communicate with each other and this dialogue of memories can contribute to make commonalities visible. This, in turn, may enable us to recognize the elements and the forces that we require to restore the social links that have been broken, wounded and affected by the ongoing conflict. Therefore, investing in the creation of these spaces and methods for the exercise of memory is an important democratic act. This shall lead to the formulation of new questions and answers regarding memory, something that we as a society severely afflicted by violence urgently require. 206


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

It is a big challenge, but we are clear about our duty. Public archives must preserve the dialogue of memories of our past and thus guarantee our citizens the right to truth. To preserve evidence of the suffering resulting from the violation of human dignity and to guarantee that this evidence will be properly kept and can be easily accessed within the framework of the duties of the State and of individual rights is of crucial importance for the reparation that all of us owe to those who have suffered. We must learn about our past using participatory methods and we must ask ourselves which memories we require to create processes and mechanisms of reconciliation and of social learning that will have a favorable impact on our social cohesion. We must build our memory to build the future. There are basic questions regarding the preservation of memory: what to keep, how to do it, where and under what regulations and levels of access. But we must also think about how to reconstruct the stories and the different versions, and how to analyze the information obtained. The scale of the Colombian disaster, the systematic violations of human rights, the thousands of victims of violence, the assassinations, displacements, kidnappings and forced disappearances, the rapes and all the hideous crimes derived from the conflict, confront us, at least in technical terms, with the enormous challenge of designing and implementing reliable and efficient information systems that can help us in the task of reconstructing history, telling the truth, repairing the damage, and securing reconciliation. Thus my gratitude to this group of eleven experts who have so generously come to share their experience on cases that have occurred throughout the world; we believe they can help us to learn and face the hard task that we must undertake and that, as the whole country knows, we shall support with full determination, willpower, and with all our resources. I want to express also my gratitude to the Office of the Inspector General of the Nation. They know they can count on the Office of the Mayor of Bogotรก and especially on the Bogotรก Archive to achieve these purposes. Many thanks also to the Instituto Pensar and the Javeriana University for their support in ensuring the success of this symposium. I want to welcome all the participants: the representatives of the diplomatic corps and the multilateral organizations; the officials of the National and District Government; the delegates of the judicial and legislative branch, and of the control organs; the members of the Armed Forces and the Police; the academics; the representatives of Non Governmental Organizations and the Civil Society. We hope that the reflection and the shared experiences during this event will be an important contribution to the common purpose of reconstructing the historical memory of the Colombian conflict, of guaranteeing truth, making it public and accessible so that it is never forgotten. This can lead us to think of new and different ways of achieving reconciliation and building the difficult path towards the peace that we relentlessly seek. 207


Articles

• Trudy Huskamp Peterson

• Antonio González Quintana

• Michael Evans

• Miguel Ángel Jaramillo

• Ramón Alberch i Fugueras

• Patricia Huenuqueo

• Oscar Acuña Poblete

• Ruth Borja Santa Cruz

• Alicia Galeano

• Anne Pérotin-Dumon


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THE ROLE OF THE ARCHIVES

IN THE STRENGTHENING OF THE DEMOCRACY

Trudy Huskamp Peterson31

On December 10, 2008, the Universal Declaration of Human Rights turns 60. Created at the end of World War II, it is the founding document of the modern human rights movement. The Declaration speaks to all people in all countries in all political regimes. It speaks especially strongly to people whose governments are in turmoil or transition, whether from conflict to peacetime, from a dictatorship to a democratic system, or from a colonial regime to independence. The “highest aspiration of the common people,” says the Declaration, is “the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want.” When a period characterized by widespread or systematic human rights abuses comes to an end, people who have lived in fear speak out. If we examine the political transitions in many countries in the decades since World War II, we see that four types of demands for asserting rights and dealing with the past arise. First, people demand that the new authorities hold perpetrators accountable for past violations of human rights. Second, people insist that the governmental structure of the past regime be reformed to prevent a future recurrence of past repressive practices. Third, people want to know what really happened, both in personal terms (such as learning the fate of a loved one) and in terms of how the society came to be what it was. Finally, people insist on a right to reparation, to restitution of property and to moral and material compensation for loses suffered during the period of oppression. States use a variety of approaches to meet these four demands for reckoning with past injustices. These include prosecutions to hold perpetrators accountable, institutional reforms to reduce the possibility that repression will recur, truth-seeking activities such as truth 31

President of the Society of American Archivists. In 1998 she was counselor to the South African Truth and Justice Commission; she was also founder of the Open Society Archives at Budapest, where she worked to preserve and rescue the Soviet Repression Archives. She is the autor of the book “Final Acts: A Guide to Preserving the Records of Truth Commissions”.

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Memorias Seminario Internacional

commissions and exhumation projects, and reparations and restitution initiatives, including public memorial activities. Every one of these accountability mechanisms relies on records. The recognition that archives and archivists play a central role in undergirding human rights has grown over the last decade. A key event was the adoption in 1997 by the United Nations High Commission on Human Rights of a set of principles against impunity prepared by the French jurist Louis Joinet. Joinet emphasized that a person has a right to know what happened, a right to the truth, but he also argued that society as a whole has both a right to know and a responsibility to remember. He wrote: “The right to know is also a collective right, drawing upon history to prevent violations from recurring in the future. Its corollary is a “duty to remember,” which the State must assume, in order to guard against the perversions of history that go under the names of revisionism or denial; the knowledge of the oppression it has lived through is part of a people’s national heritage and as such must be preserved”32. As part of the measures a State must take to protect the right to know, the State “must ensure the preservation of, and access to, archives concerning violations of human rights and humanitarian law”33. Historically, archives existed to serve primarily the institution of which they were a part, whether a government or a church or a business. During the course of the 20th century, government archives came to realize that they had an equal duty to serve the citizens of the state who seek to assert their rights and obtain benefits. Now, in the 21st century, archivists understand that we are duty-bearers for human rights; that is, it is the duty of the archivist to select, protect and make available the records of institutions, with the clear understanding that some of these records are crucial evidence for the protection of the rights of individuals. How can archives be used to help society deliver justice and combat impunity, promote a non-recurrence of conflict and oppression, discover the truth about the past, and obtain reparation? Let us look at the types of documents held by archives that may be used in all four areas of activity.

Prosecution and the right to justice The demand for justice under the rule of law is met through prosecutions (with associated witness protection programs) and protected through trial monitoring initiatives. Prosecutions may be in international tribunals or domestic courts or “hybrid” courts that have 32

“The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees: Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119,” United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 1997-10-02; updated by Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102, 18 February 2005, and E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005.

33

Ibid., Principle 5.

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both national and international elements34. Prosecutions focus on individual perpetrators, while trial monitoring focuses on the institutional structures in the legal system. Both use records extensively.

Investigations and prosecutions To prosecute successfully, investigators and prosecutors need to understand three things about the organization whose officials they are prosecuting: the structure of the organization, the functions it performed and the records created as it carried out its functions. This is true whether the accused is a member of a government or an opposition group or a paramilitary body. Understanding the functions and sphere of activity of the entity includes understanding not only the territory in which it is authorized to operate and its relationships to other organizations and powers, but also the history of the entity and the way it carried out its affairs at various periods of its existence. Understanding the structure and functions also helps the prosecutor judge the probable authenticity and reliability of the documents from the organization that have been obtained as evidence. If the records of the organization are already in archives, the archival description of the records may provide the basic information about the structure and functions on which the prosecutor can build. Investigations and prosecutions will use whatever documentary materials are pertinent to the matter being investigated: records of government (especially records of the military and the police and security services, overt or covert); records of non-governmental and international organizations; records of churches and businesses, schools and hospitals and morgues; copies of radio and television broadcasts, whether of government-owned media such as Radio Television Libre des Mille Collines in Rwanda or the broadcasts of investigative journalists, domestic or foreign; and personal papers. If the prosecutors are trying “system” crimes (defined as genocide, crimes against humanity and war crimes if committed on a large scale)35, understanding the flow of information to or from the leaders, whether generals or presidents or leaders of rebel groups, is crucial. This requires a serious analysis of the records of the highest levels of the institution; here the registers of documents sent and received can be especially useful, as are reports from subordinate units to headquarters. If the entity under investigation used electronic systems, tracking the email sent and received, particularly if the system created a receipt at the time an email is opened, it can provide significant information for investigators.

34

International tribunals are the International Criminal Court, the International Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, and the International Court of Justice. Hybrid courts are courts of mixed composition and jurisdiction, encompassing both national and international aspects, usually operating within the jurisdiction where the crimes occurred; they include the UN-established courts in Kosovo and East Timor, the Special War Crimes Chamber in Bosnia, the Special Court for Sierra Leone, and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.

35

“System” crime as a term comes from the post-World War II tribunal in Tokyo. The assumption is that the scale of the acts is so large that an organized “system,” usually a State security force, is responsible for them. See Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Prosecution initiatives, HR/PUB/06/04, Geneva: United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006, p. 11-17.

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Prosecutors may obtain records from NGOs, international organizations, and church groups who were present in the region when the crimes occurred. Pertinent records created by these institutions may include, for example, regular reports back to the entity’s headquarters, interviews with persons they are assisting, and correspondence with the local authorities as the organizations struggle to get permission to bring in or ship out goods, aid workers, or refugees. Because many of these organizations have substantial experience in working in countries in crisis, their records providing an on-the-scene neutral’s point of view on events may have special probative value. Prosecutors have had some success in obtaining records from governments that were not part of the conflict. The correspondence between an embassy and its headquarters may contain detailed reports that are useful in establishing the context of crimes; cables from the U.S. Embassy in Lima, Peru, to the State Department in Washington were used in the Fujimori trial in Peru, for example.36 And records of satellite over flights have been used in investigations of the movement of bodies from one mass grave to another in Bosnia. In addition to records of organizations, prosecutors use personal papers. Diaries have been important in various cases. A new source of information is recordings made by individuals, participants or not, with personal recording devices. A sensation in the trial of Slobodan Milosevic at ICTY was the video made by a member of the Scorpions unit showing the July 1995 execution of six Bosniaks from Srebrenica37. Finally, prosecutors may use captured records. These were the key pieces of evidence in the post-World War II trials in Germany, for example.

Court monitors Court monitoring programs are structured reviews of legal processes and the administration of justice, usually conducted by a team of persons who are independent of the legal system. The monitors need access to records of cases proceeding through the justice system. In addition to the court files per se, they also may seek access to the files that the prosecutor and the police hold on the case, to prison records, and to defense counsel files. Some court monitors try to establish an historic pattern of trends in handling particular kinds of cases, such as domestic violence. These investigations can require extensive reviews of the older case files or court dockets; they may also use police records to track the way the police handled complaints made by the public.

36

“Archives Expert Testifies in Fujimori Trial,” National Security Archive Update, September 8, 2008, http://www.gwu. edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB256/index.htm

37

Origin of Video Footage of Execution of Six Bosniaks from Srebrenica,” press release, Humanitarian Law Center, 200712-17; Case No. IT-02-54-T, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Decision on Application for a Limited Reopening,” http:// www.un.org/icty/cases-e/index-e.htm.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Institutional reform and the promotion of non-recurrence Institutional reform includes the rebuilding of the government structures, from justice systems to national archival practices. These structural changes include reviews and amendments of laws, regulatory reform, training to introduce new standards and ethical practices and renovation of physical structures, among others. Along with these formal structural changes, institutional reform may also involve assessing the conduct of individuals who were in positions of authority in the former regime. This process, known as vetting or lustration, assesses a personâ&#x20AC;&#x2122;s integrity to determine whether he or she is suitable for further public employment. Vetting processes aim to exclude from public service those persons whose employment would impair civic trust in legitimate public institutions. The first records used in a vetting process are personnel records, particularly those of the government or a political party. Personnel records in a government may be held centrally or may be held in each agency; there may be official personnel records and informal ones held by supervisors. It is likely that the military holds its own personnel records, and the police and other security services may maintain separate personnel files as well. Personnel records usually have an index (in earlier times on file cards, today usually in an electronic system) that leads to a file on the person38. Sometimes the card index will contain sufficient information for vetting purposes. While it is useful to be skeptical about the veracity of any information in records of a repressive regime, personnel records, which the organization itself used to control its members, are often reliable. Furthermore, because personnel files relate to the benefits of employees, documenting years of service or recording on-the-job injuries, employees demand that the records be correct. This internal pressure makes personnel records systems operate with a fair degree of accuracy. Additional sources of information for vetting include police records (including those of secret police); court records; political party records; election registers; reports of bodies such as the United Nations and its agencies, NGOs, and truth commissions; media reports, both domestic and foreign; and independent investigation reports39. These are particularly useful if the relevant personnel records are partial or their reliability is suspect.

Truth-seeking and the right to know Truth seeking takes many forms. The most basic is the search for the fate of missing persons. This may be a process of searching through records, interviewing people, exhuming 38

Governments and political parties maintain lists or indexes of personnel, but so do clandestine structures. For example, when the Colombian government captured a computer belonging to the FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), the computer contained lists of members. Similarly, the capture of a computer belonging to Al-Qaeda in Iraq contained a list of members.

39

Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Vetting: An operational framework, HR/PUB/06/05, Geneva: United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006, p. 17.

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burial sites, and conducting DNA tests. Just as individuals seek information on loved ones, the wider public seeks an answer to what happened within the society as a whole. During the last quarter of the 20th century, one of the most popular vehicles for seeking societal truths has been the truth commission.

Locating missing persons Searches for records relating to missing persons, particularly after an armed conflict, must utilize the broadest possible sources of records. Logical imagination is required to think through what records might be relevant. A useful initial research structure is to hypothesize what likely happened before, during, and after the disappearance. If, for example, the assumption is that the government is responsible for the disappearance, the next step is to think about which government structures were probably involved before, during and after the disappearance and what records they created at the time. For example, in the case of a person who disappeared during a street demonstration, some of the questions to ask about activities before the demonstration might be: • • • • • • • •

¿Were the police or another security body tracking the person in advance? ¿Is there an index card on the person in their files? ¿Is there a case file on the person? ¿Was the person of interest to the military? ¿Was the person previously arrested? ¿Are there separate files on informers and do they contain copies of informers’ reports? ¿Which informers filed reports immediately prior to the demonstration? ¿Did the reports of any informer mention the missing person?

Questions to ask about activities at the time of the demonstration could include: • • • • •

¿What were the orders to the security service on the day of the demonstration? ¿What units were involved in containing the demonstration? ¿Did the security service make audio recordings or videotapes of the demonstration? ¿What reports did those units provide to their superiors after the demonstration? ¿Did the superiors in turn make reports to the head of the service or the head of the government?

Finally, some questions to ask about the records of organizations that might have been involved after the demonstration are: •

¿Where are the records of the initial booking and detention of persons arrested? 216


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• • • • • • •

¿Were the persons arrested photographed and are the photographs maintained in a separate file? ¿Were the persons arrested fingerprinted and do the fingerprint files exist separately? Are there records of personal property taken from the arrested person? ¿Are there records of admittances to the police or military hospital? ¿Are there records of the transfer of a prisoner from one unit to another? ¿Are there records of secret military courts? ¿Are there records of transport, including flights over an ocean where bodies may have been dropped? ¿Is there a set of records of the radio or telex operator in a unit, who retained a copy of everything he sent and received?

Some searches for missing persons include exhumation projects. Forensic teams excavating mass graves may begin work by using oral information provided to them, but the team may also corroborate leads by using the records of military or security units who were assigned to dig the graves or transport bodies. Identification of remains today tends to use DNA testing, but medical and dental records may be helpful in confirming an identity if there is no known DNA from the missing person and no living survivor to provide DNA for comparison.

Truth commissions Truth commissions are not bound by the formal rules of evidence required by a prosecution, and so they use a broader range of records than any other transitional justice institution. Just as prosecutors need to understand the structure, functions and records of an organization, so do truth commissions. Records of government (especially military, police, security services, civil registries, land records, courts and prosecutor records), records of non-government organizations, radio and television broadcasts, records of international organizations, NGO records, personal papers: all have been used by a truth commission. Many truth commissions have had difficulties obtaining military records; some have been able to use declassified documents obtained from other countries that shed light on military activities. Most truth commissions take extensive oral testimonies, which records can help substantiate, expand upon or disprove. While most truth commissions have been in Latin America and Africa and have looked at events in the recent past, Canada has just created one—in partial settlement of a class action lawsuit—to look at the practices in the Indian Residential Schools between the late 19th century and the 1970s. In this case, given the date span, archives in the government and churches and educational institutions will be central to the inquiry.

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Right to reparation The aim of reparation activities is to provide redress for harm suffered. They can take many forms. Official apologies, memorials, and commemorations are reparations by society to the victims as a whole. Restitution of property (real estate or personal property), compensation for losses, and rehabilitation are reparations to individuals or their heirs or, in a few cases, to defined groups such as a village or a tribe. The societal forms of reparations often can be made without recourse to records, but records are crucial to reparations to individuals. In December 2005, the United Nations General Assembly adopted a resolution on “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”40. It grouped reparations measures into five categories: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. Restitution and compensation are particularly dependent on the use of records.

Restitution Restitution, as defined in the Basic Principles, refers to measures which “restore the victim to the original situation before the gross violations” occurred. The research required in restitution cases relating to the ownership of property is often complex and may require the use of many government and non-government records. The question is, first, proving who owned what, and then, if the person is no longer alive, who are the heirs to that person’s estate. To prove inheritance requires proving that the original owner is dead and then proving familial relationships and the inheritance pattern. Civil registries, church records, hospital and medical records, and court probate files are all important sources in these cases. If the issue is land restitution and the government made the seizures, the government’s land records are critical archives. If the land was not seized but transferred under duress, notarial records and other local registries and maps may be particularly useful. If the issue is the restitution of movable personal property or a business, a wide variety of sources must be used, from insurance records to business registrations to notarial records of business transfers and sales. The large investigations into the Nazi seizure of property such as art works have used every imaginable type of records, from museum registrations to insurance files to transport lists and more. The restoration of citizenship, the restoration of the right to vote, and the restoration of employment requires the use of documents that can prove the person’s prior status, such as a 40

General Assembly Resolution 60/147 of 16 December 2005.

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birth register from a hospital, a church record of marriages performed, a voter registration list, a court case file, or a labor record showing the employees at a specific place of work.

Compensation Compensation is a payment by society for a wrong done in the past41. A key question in compensation cases is who falls within the category of persons to be compensated. After the political decision on the parameters of the class of beneficiaries, then individuals must demonstrate that they fall within the boundary. Records here are essential. For example, in the United States, citizens of Japanese ancestry were interned in prison camps during World War II. Starting in 1988, the government paid each individual a monetary compensation for the time he or she spent in the camp42. To help determine eligibility for compensation, the government used the original cards that were maintained on each person sent to a camp. The cards, preserved in the U.S. National Archives, were an early form of computer punch cards that the Archives were able to convert to a computer database. In addition, Japanese-American NGOs had very complete lists of persons who were in the camps. The use of these complementary documentary sources allowed the government to verify the validity of claims and pay compensation.

Preserving the records of transitional justice institutions Institutions carry out all transitional justice processes. These institutions may be international or national, permanent or temporary. The national institutions may be a special part of an existing institution (court, prosecutor) or wholly new temporary bodies (vetting committees, truth commissions, reparation panels). Most of them will be government institutions, with the special exception of court monitoring projects and some truth commissions, such as the truth commission sponsored by the Catholic Church in Guatemala. Records of transitional justice institutions must be managed competently while the institution is active. Then, when the institution completes its work, its records need to be appraised and the permanently valuable portion transferred directly to an archives. It is crucial that the state decide what archives will be responsible for the records of the government’s transitional justice bodies. At minimum, the records should remain within the national archival system. If, for further government action, a successor body needs a portion of the records (for example, the records of a reparations commission are needed by the government’s treasury to pay claims), those records should be copied and provided to the successor body. The original records should not be divided. Only by keeping the records 41

The Basic Principles state that compensation “should be provided for any economically assessable damage.” General Assembly resolution 60/147, annex paras. 19-23.

42

In addition, the sites where the internment camps had been located are designated as national historic sites, a form of societal reparation.

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together can the government ensure that an accurate picture of what the body learned and did will be available to future users.

Conclusion Just as states have the responsibility to protect their citizens, states have a responsibility to preserve the records people require to exercise their full human rights. The impulse to destroy or distort records must be staunchly resisted. Archivists in all institutions are responsible for some records that impact human rights; these range from basic personnel records to the most sensitive records of secret courts to registers of land ownership. Archivists must recognize the nexus between records and human rights and have the training and authority to select for permanent preservation those records that have significant value as evidence or information for protecting human rights. Archivists must protect these records from harm, accidental or intentional. And then archivists must provide access to the records, first by preparing finding aids and then making them available for use in accordance with legal authorization. Access to records is the key to combating impunity, to vetting officials, to discovering truth, and to providing reparations. But just as there are pressures to open records there are countervailing pressures to keep them closed. The question of access is fought in the political realm, not the archival, and is particularly contentious when the opening of records is linked to transitional justice processes. Archivists can advise policymakers on the importance and characteristics of good access laws, but ultimately archivists administer whatever law the legislature enacts. In a transitional period, some people will argue that society should look forward not back, just close the book on the past. But closing the book on the past does not mean closing the records: quite the opposite. As the South African Truth and Reconciliation Commission wisely decided, â&#x20AC;&#x153;It was necessary to turn the page of history but first we needed to read that pageâ&#x20AC;?.43 In the archives, the pages wait for the readers.

43

Alex Boraine, A Country Unmasked. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 5

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DECLASSIFICATION OF

HUMAN RIGHTS ARCHIVES

Michael Evans44

I want to begin by explaining what the National Security Archive is. Our institution is a non-governmental organization located in Washington D.C. and is not, as many think because of its name, a US government intelligence agency or a national archive that depends on the government. The fact that our name can generate some confusion can be, at times, an advantage. For example, when we call the Pentagon to request something, the moment they hear “national security” they take us seriously. The National Security Archive was founded in 1985 by a group of journalists, historians and other professionals who had been using the Freedom of Information Act (FOIA) to gather the information that was kept in classified documents. Weary of keeping it in the basements of their houses, they decided to create a non-profit organization to assemble this kind of information and distribute it publicly. Our archive holds the largest collection of declassified US government documents, which have been made accessible to the public thanks to the requests made by these historians and journalists under the Freedom of Information Act. Equally, we are the most prolific users of this Act, as we send thousands of requests to the US government every year demanding classified information to be released. We have two main objectives: the first is to document the history of US foreign policy; the second is the defense of the right to the truth and the right to know through declassification and access to documents that have been kept from the public for one reason or another.

44

Director of the National Security Archive’s Colombia Documentation Project at George Washington University. Author of several texts on US-Colombia relationships, international anti-narcotics policy, the invasion of East Timor by Indonesian forces, and US-China relationships.

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In this sense, part of our job is to put pressure on the US Congress to improve the legislation regarding public access to documentation. In some cases, we also carry out our work outside the US, such as in Mexico. We are not archivists in the traditional sense; moreover, the documents we hold are not originals, since they are copies and in some cases there are censured passages due to the restrictions that the Freedom of Information Act imposes for reasons of national security. In spite of including some exemptions to the freedom of information, the FOIA, which was enacted in 1966 and which has been subjected to several amendments (1996, 2002, 2007), is the most important tool we have to do our job, to the point that our organization would not exist without it. What this Act enables us to do is to ensure public access to official documents that are kept in the federal governmentâ&#x20AC;&#x2122;s records; that is, it covers all the federal entities, offices and corporations. We must clarify, though, that the FOIA does not cover the US Congress and, therefore, this institutionâ&#x20AC;&#x2122;s records are not available under this Act. It must be clarified also that presidential records do fall under this Act, albeit under a special regime --that of presidential libraries which are regulated by another set of rules and have different access. You can file a request via a simple letter addressed to the respective entity saying that under the FOIA parameters you require particular information, which, by law, has to be handed over to the person requesting it, once the government determines that the request does not fall under the exemptions to the Act45. In this regard, if you are not satisfied with the governmentâ&#x20AC;&#x2122;s response, you can appeal the decision within the same agency, before a panel specifically created for this purpose, which in many cases turns out to be a very useful instance. Furthermore, if the request is denied a second time, you can take the petition to court. A further alternative regarding the mandatory declassification review to release a document is a presidential order. Although it is a very useful tool, there are difficulties and limitations to the use of FOIA, especially regarding the real time in which the information is released, because, although there are cases in which the information may be delivered in one or two months, in some cases the response can take up to three or four years.

45

National security information; internal personnel rules and practices; information exempt under other laws; a trade secret or privileged or confidential commercial or financial information obtained from a person; inter- or intra-agency communication that is subject to deliberative process, litigation, and other privileges; a personnel, medical, or similar file the release of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy; records compiled for law enforcement purposes, that implicate one of 6 enumerated concerns; records contained in or related to examination, operating, or condition reports about financial institutions; documents containing exempt geological information about gas or oil wells.

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Having explained this, now I want to talk about the procedure to make a request under the US Freedom of Information Act. The first step is to research the kind of information you require. It is important to establish if it is readily available from existing historical records before requesting any additional information, in order to avoid demanding what you can, in fact, already access. Thus, you should compile all possible secondary sources, draw a chronology, and sketch biographies of some key officials that may have taken part in the events that have been subject of research already done on security forces, such as secret units. Additionally, in order to request classified or secret information from the government, you must be very clear and concise. For example, if I am requesting information on Colombia, I must provide the name of the official entity in English and Spanish. However, you never know how names figure in official records, so you must make sure that you provide all possible terms, or all the possible uses of these names, and keywords for search engines. In addition, it is very important to know how the legislation works and to be prepared for long waits, taking into account that the minimum term for a response according to the law is of twenty days. In order to make the most effective use of the law, then, we must be as concise and clear as possible, providing the agencies all the names, dates and places we know so that they can have enough data to find the records. We also have the case that we may want to request some specific documents, being certain that they exist and knowing where they can be found, which can be done using a release of records under the Mandatory Declassification Review instead of using the Act. In this case, it must be taken into account that there is an additional level of appeal in case the request is denied, but by using this method you accept renouncing a judicial review. Much secret information has been sought through the Freedom of Information Act since it came into force. I am going to mention some of the most recent and important cases. After waiting more than ten years, the Central Intelligence Agency (CIA) finally handed over the “crown jewels”. This is how they called a highly secret document, containing over 700 pages, in which it was found that the CIA had breached its own rules during 25 years. Most of these cases had to do with illegal phone tapping of foreign journalists and complots to carry out assassinations abroad in the 1970s. This information was published on our Internet portal (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/) and led thousands of users to access our website. Another important document, which we received at the beginning of 2008, was the Pentagon’s internal report addressed to President Bush and the US Secretary of Defense, Ronald Rumsfeld, presenting the Pentagon’s vision of the US government’s mission in Iraq. The most significant point is that they considered that only five thousand US troops would be required in Iraq, when we know that this has not been the case at all. This report shows that the Bush administration had a highly optimistic view of the results they would obtain in Iraq. 223


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A third case is the memorandum written in January 2001 by Richard A. Clarke, a professional from the National Security Council, to the Secretary of State Condoleezza Rice, informing her that Al Qaeda was a deeply serious problem and that a comprehensive strategy should be adopted “urgently” against this group. As he notes, “Al Qida (sic) is not some narrow, little terrorist issue” and there is “the need for a comprehensive multi-regional policy on al Qida (sic)”.

On the other hand, at the National Security Archive we also play the role of defenders of principles, not only as researchers in search of documents, but also pursuing our aim that the system should work better. An example of this is our achievement on November 10, 2008 when the federal court sentenced that the National Security Archive could continue with its efforts to demand from the White House the retrieval of millions of allegedly lost e-mail records. The latter, taking into account that e-mail is a new frontier in federal documents and declassification laws, which has become a highly important historical record since a good 224


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amount of the information exchanged nowadays among agencies and institutions, and within them, is done through this medium. Equally, as a result of a lawsuit on our part, a court ruled that the CIA was not entitled to determine which documents corresponded to press news, which implied that our organization was exempted from paying high fees for photocopies, an existing exemption for members of the media requesting information. In October, a court decided that the US national archives should declassify the information gathered in trials against individuals accused of espionage during the Cold War, amongst which one can find all the rendered testimonies and the names of each of the juries that took part. As a result of this decision, it will now be possible to learn what really happened in each of these cases, one of them being the notorious case of Julius and Ethel Rosenberg, an American couple accused of spying for the Soviet government and who were sentenced to death. On the other hand, and to continue with the job that the National Security Archive carries out, each year our organization audits the â&#x20AC;&#x153;FOIA systemâ&#x20AC;? to make sure that it complies with the principles and objectives of this Act. In the course of one of these audits, carried out in 2006, we found that there were requests that dated back to 1989 and that had not been resolved. I would like to highlight that anyone can use the Freedom of Information Act for all kinds of matters and themes, and not only to find out about national security issues and their effect on other countries, as is our case. People use FOIA to obtain information, for example, on why salmonella rates are so high in state facilities or on illicit crops in a natural reserve, to mention just two cases. Now, the real question for this Symposium is why use declassified documents of the US government to study human rights violations in other countries? The answer to this question is, in the first place, what I consider the undeniable American intervention in all conflicts that have taken place in the whole world, as much during the Cold War as after it ended, and the fact that we can count on legislation that makes it possible that some of this information, sooner or later, can be brought to the public, even against all restrictions and limitations that can arise. And in the second place, the existence of organizations such as the National Security Archive, which have the time to wait until these requests are attended to and to prove that they can be useful in the fight against human rights violations, as well as in the reparation processes that are taking place in several countries. People frequently ask me why they should trust information that has been handed over by the US government, why not suspect that it is false or that it has been manipulated. The answer to this question is that the information that we find is, quite often, so embarrassing to the United States that it is difficult to believe that they would intentionally release it; on the contrary, most of the information that is declassified informs about events that many people 225


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would like to keep concealed, and it involves, on many occasions, names of people who have been or still are allies of the US government. There have been key moments in the work we carry out from our organization, one of the most significant being the help that we were able to provide to the Truth Commission in El Salvador in 1992 by managing to declassify an enormous amount of documents resting in the archives of US agencies relating to the armed conflict in that country. Thanks to the pressure exerted by the National Security Archive, in 1991 President Clinton ordered all American agencies to declassify records related to the Chilean dictatorship in the 1970s and 80s, especially those containing information about the coup d’état that took place in 1973 and led Augusto Pinochet to power. Additionally, we have worked with the Truth Commission in Guatemala, where one of our analysts rendered a key testimony in a case against two former officers of the Armed Forces accused of kidnapping and murdering an anthropologist; with the Center of Legal and Social Studies in Argentina to help obtain from the State Department documents relating to the Dirty War; we have also collaborated with Paraguay to disclose thousands of records regarding what is known as “Plan Condor”, in which security forces of all South American dictatorships collaborated to pass information among themselves and arrest all those they considered to be “against the regime”. These records contained information on people who had been kidnapped, interrogated, tortured, murdered and taken from one country to another: they constitute the institutional memory of Plan Condor. On the other hand, there have been cases in which organizations in countries that have gone through a situation of armed conflict have handed over to us documents that they have managed to rescue in order to avoid losing the memory of what really happened. One of this cases is that of a group working on the defense of human rights in Guatemala, who gave us in 1999 a military record smuggled out of Guatemala which documented what had happened to dozens of people who had been disappeared by the death squads in that country. They gave us this document because the organization considered that, in view of the work we had been carrying out, we were the most adequate institution not only to preserve it but also to publish it and thus to guarantee the right to the truth of victims and their families. I would like to refer to the work we carry out in Colombia and why the documents that can be found in the United States, and that have been declassified, can become an important source to know what has really happened in this country. In the first place, it is important to take into account that Colombia is one of the main recipients of US aid, apart from the Middle East, and that three groups that figure in the State Department’s list of Designated Foreign Terrorist Organizations are Colombian. This generates a great deal of information which can be found in official records in the United States, as well as reports by the American surveillance agencies and information exchange between the authorities in both countries. 226


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Much of the information that cannot be accessed in Colombia may somehow be recorded in the United States, which can help to get it declassified using the mechanisms I have already described. In countries where peace commissions worked, such as El Salvador, Guatemala and Peru, the need to gather information about what had really happened became evident. However, it was also clear that, frequently, by doing so after the events had occurred, much of the information and of the historical memory of human rights violations had been lost, as has happened in most cases where there had been a dictatorship or an armed conflict. Therefore, it is very important to begin, in the case of Colombia, where the conflict is ongoing, to gather all the information before it is lost. I have been working on this country for eight or nine years, and now the idea is to take what we have, focus on present needs and continue looking for material that is going to be useful in the future. What we have done from the start is that, whenever we have important information, we try to publish it in newspapers interested in talking about what is going on in Latin America and the social conflicts that are taking place in the region, such as The New York Times, and we have even been able to publish it in Colombian newspapers. Most of the information we have disclosed has to do with the increasing and expanding paramilitary violence, especially in the mid-1990s. In the United States State Department, hundreds of cases can be found relating to operations carried out by the Colombian Armed Forces and illegal groups that have been reported both by the embassy and by American agencies and institutions that have been working in this country. One of the documents I have seen refers to a plan that was approved by a commander of the Colombian army to create a clandestine unit that would carry out actions against the Communist Party and other â&#x20AC;&#x153;leftistâ&#x20AC;? agitators, an organization known as the American Anticommunist Alliance (AAA).

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We have also found documents and records holding information on drug trafficking organizations and bosses. For example, many documents that we found and were able to access helped write the story told in the book Killing Pablo. Basically, what can be seen in those documents is evidence that the United States intelligence agencies knew what was going on and that they were somehow informed about the decisions that were being made at the highest levels of the Colombian government regarding the objective to capture Pablo Escobar and about the links between the National Police and the group Los Pepes on account of their common goal: to eliminate Pablo Escobar.

On the other hand, I would like to refer to some of the initial work we have carried out with the Grupo de Memoria Hist贸rica (Historical Memory Group), led by Gonzalo S谩nchez, helping them with the investigation on the case of Trujillo (Cauca Valley) where more than 240 people were killed by paramilitary groups between 1986 and 1994. Some of the documents found on the case of Trujillo show that there is a great preoccupation regarding what happened in this zone. They also reveal that an officer, who was discharged by the Ministry of Defense on account of his role in the human rights abuses that occurred in Trujillo during April and May 1990, had received military training sponsored by the United States government on two occasions. The problem is that all this is being said backstage, but on the ground actually nothing changes in terms of US aid for security, and this seems to be the way the relationship has been handled. The United States has not been disturbed by this slow gradual process; when it can be proven that something has happened here, they get rid of a couple of colonels, in spite of the fact that these institutional fatalities continue to happen.

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Finally, I would like to mention very briefly, what is our agenda for the Colombia Human Rights Documentation Project: • • • • •

Advocacy: to promote transparency and the right to know the information on human rights violations, corruption, state terrorism, etc. Accountability: to obtain, organize and analyze documents that allow us to help and support truth commissions and national and international initiatives in defense of human rights in their investigations on human rights violations. Archives: to support researchers of human rights cases so that they can have access to official records in civilian, military and security institutions. Technical Support: collaborate with experts and people working in these areas to find innovative ways to use and take advantage of this governmental information to benefit the defense of human rights. Networking: to bring experts, practitioners and activists in different areas and with different knowledge on issues such as transparency, research, human rights, archives, statistics, and software.

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RIGHTS, MEMORY, TRUTH AND JUSTICE,

ARCHIVES FOR HUMAN RIGHTS

Ramón Alberch I Fugueras46

1. Archives for the Human Rights I would like to begin my intervention referring to a troubling situation regarding the idea that most citizens have about archives and the professionals who work with them, in the sense that a vision still prevails anchored in the past, and which is linked to the myth of dusty and untidy shelves, a peaceful environment and millenary oblivion. To oppose this dark vision, we have to remark that in the present time archives have become not only a space to shelter memory, but also the allied centers of transparency and good government policies, supported by an increasing accessibility, both physical and remote. As for memory, it is true that the use of this notion has become extremely widespread, and it would be rare to find a publication in the social sciences in which this term does not figure, usually accompanied by several adjectives, the most common being historical and collective memory. In any case, let us point out the positive correlation established between the terms “archive”, “memory” and “human rights”, in the sense that it has become increasingly evident that in order to re-establish the rights that had been violated and in order to guarantee the rights to truth and justice, the recovery, organization and access to archives have become key elements, and that the claim for vindication has quickly taken hold of collectives as well as of professional bodies of archivists, which have understood the transcendence and relevance of this matter. A few years ago, the sole idea of establishing a link, even if only conceptual, between archives and human rights would have come as a surprise, even within the professional field; nowadays, a Google search for these two concepts can result in nearly three million references, reflecting the momentous change experienced in just a few years. 46

Deputy Director of Archives and Document Management at the Directorate of Cultural Patrimony of the Generalitat of Catalonia, and author of works such as “Archivos y derechos humanos” and “Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento”.

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The democratic dimension of archives takes a concrete form in their ability to contribute to the recovery of historical memory, and at the same time, to provide trustworthy and authentic original documents for the exercise of civil rights which will contribute to the pursuit of truth and justice, in the framework of the fight against impunity, oblivion and collective amnesia. The first formal initiative consolidating the initial practical experiences of using archives to further the cause of human rights dates back to 1995 when UNESCO entrusted a group of archivists, under the leadership of Antonio Gonzales Quintana from Spain, to carry out a study on the ways in which the archives of repressive regimes where being dealt with, at a time when the political transitions from dictatorships to democratic regimes in Eastern Europe raised a number of questions regarding the use and destination of the documents generated by the Romanian Political Police, the East German Stasi or the Russian KGB. Later on, this study was updated and disseminated by the International Council on Archives, and this enabled the consolidation of a set of standards and best practices regarding their organization and access, which are highly relevant to the defense of human rights. In brief, the basic recommendations to public administrations are: • •

• • • • • • •

Documents that bear witness to violations of human rights must be preserved. Documents that provide testimony of the violation of human rights must be available for the exercise of collective rights (the right of peoples and nations to choose their own path to transition; the right to memory, truth and justice, and to identify those responsible for crimes against human rights) and individual rights (the right to the exoneration and rehabilitation; to discover the fate of relatives who disappeared during the period of repression; to know what information on individuals is held in the archives of the repression; the right to historical and scholarly research; to freedom and amnesty for consciousness and political prisoners; the right to compensation and reparation for damage suffered by the victims of repression; the right to restitution of confiscated goods). Archives belonging to organisms of the repressive regime must be subjected to democratic legislation. The archives that belonged to the disappeared repressive intelligence services must be put under control of the new democratic authorities. The archives of Truth Commissions and similar organizations must be protected, and their use must be regulated by the law. A solution for custody and conservation of the archives belonging to the Courts of Justice created to judge war crimes or crimes against humanity has to be arbitrated. The documents that provide testimony about past political repression must be guarded in archive centers. The archives that hold the documents about repression have to be subjected to legal protection as goods of cultural interest. The use of the repression archives has to be regulated. 231


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• • • •

Countries undergoing transition must request from the intelligence services of democratic regimes the sources documenting human right violations and political repression that might affect them. Archives held by public organizations involved in the violation of human rights must be located and a census must be performed. Measures must be arbitrated to promote, locate, protect and process as an archive the holdings of the human rights organizations and opposition groups in repressive regimes. The knowledge acquired from the repression archives must be disclosed.

This set of recommendations can work as guidelines in the numerous interventions to locate and organize the body of knowledge that is being recovered in many countries, both in Eastern Europe and in Latin America. In this sense, it is worth highlighting those projects launched to organize the Guatemalan police archives, those of the Paraguayan political police during the dictatorship of Stroessner, and mainly, the collective project promoted by the non-government organization Archivists without Borders called “Organization and access to the archives and documents of the Latin American dictatorships” (2007-2010). On the other hand, the reliability of the archive methodology that has enabled in the last decades the creation of a set of international standards, which in turn have changed the status of the profession of archivist from an eminently practical conception to that of a science, implies also that there is an added value to the task of organizing in a very efficient way a big and uneven volume of documental material. Currently, the standardization of classification systems, description (ISAD-G and ISAAR-CPF), functional evaluation, as well as the entire ISO regulation, which greatly affect management, preservation and authenticity of the electronic documents, facilitate cross- and interdisciplinary projects with greater chances of success.

2. Essential conditions: access, declassification and preservation In order for archives to contribute with their testimonial and informative material to the defense of human rights, it is necessary that they comply with a number of indispensable conditions: they have to be correctly organized and described, but mostly, they have to be accessible. We must take under consideration that any statement on behalf of accessibility will be seriously compromised if the documents are not properly organized, for then all the postulates of the legislation on freedom of information will confront the crude reality of inadequate holdings and archives that are not in proper condition and will stall the enforcement of this legislation. Most public institutions have become gradually more aware that the degree of accessibility to public archives constitutes the thermometer to measure the democratic health of a country, and without this requirement the exercise of the most fundamental rights will be frustrated. This awareness has to be related to the fact that, towards the end of the 20th century, the notion of the right to information came to be understood as the fourth wave of human rights, 232


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equivalent to the now consolidated political, civil and social rights. As for accessibility to the archives of repressive regimes, and more specifically to those of the political police, the situation is very uneven and progress on legislation rarely translates into real improvements for citizens. In Eastern Europe, except for Germany’s exemplary case, the specific organizations created in order to guarantee access within the frame of political transition processes have rather become instruments of party politics instead of real centers for research and support for the victims of the abuse exercised by communist dictatorships. In the case of Latin America, the deliberate destruction of archives constitutes a burden, partially overcome thanks to the localization of relevant documental material in Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil or Guatemala and by the outstanding efforts of citizens who have unearthed a body of knowledge of great interest. In this sense, the exceptional value of those documents derived from the Truth and Reconciliation Commissions has to be considered, inasmuch as they represent a significant testimony which in some countries may actually be the only documental contribution – based on personal testimony – that has made possible a partial reconstruction of the dimensions of institutional repression. The lack of documents providing irrefutable evidence of repression, either because they are inaccessible or have been intentionally destroyed, suggests that declassification will be of great relevance in the future. Actually, declassification –the task of rendering documents that governments keep under strict security and secrecy conditions accessible- can properly complement testimonial contributions and fill in for the lacks derived from inaccessibility to the documents in native countries. The pressure to exercise the legal right of requesting document declassification constitutes the most solid hope towards obtaining evidence from archives subjected to strong restrictive measures or to very long waiting periods. In order to overcome the secretive policies and discretionary restrictions of governments, lawyers, human rights activists and NGOs take advantage of loopholes in legislation to obtain declassification of documents. For example, it is quite obvious that without the process of declassification of documents carried out by the Clinton administration, which involved mostly documents referring to Argentina and Chile, the progress in the area of universal justice could not have reached its current strength and scope. In this sense, we must by all means mention the work carried out by the National Security Archive at George Washington University, where, taking advantage of the US Freedom of Information Act (FOIA), they have been able to disclose enormous amounts of information. In any case, we have to subject these sources of information to critical evaluation, since the data provided by intelligence agencies or secret police forces such as the American CIA, the German Stasi, the Russian KGB, or the Chilean DINA, often have been collected with a clear political purpose and information may be distorted as part of a government strategy to fight the enemy. The analysis of some recent historic events confirms the existence of practices to elaborate biased and even slanderous information with the purpose of justifying actions against legitimate governments. Likewise, information registered in police dossiers which has 233


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been obtained by torture, extortion or espionage must be used with good sense and always respecting the privacy of those who have been affected, since this intelligence has clearly been obtained by illegitimate means, in violation of human rights. The case of English writer Timothy Garton Ash is highly illustrative. He lived for a while in the so-called German Democratic Republic where he became the object of an investigation by the secret police which rendered a large dossier documenting his alleged activities against the communist regime. In his book, The File: A Personal History, he contrasts his day to day activities with the notes kept by the police and filed by the Stasi. This account constitutes an irrefutable proof of the need to value with good sense this type of information, given the voluntary distortions and manipulation of the facts that derive from the need of those regimes to locate their purported enemies everywhere. Thus, the joint work of archivists, lawyers, anthropologists, historians and human rights activists must contribute to deepen relevant concepts such as those of documental authenticity and falsity, as well as to reinforce an adequate and reasonable use of this type of information. Accordingly, access and use of relevant documents gains a transcendental importance since it allows demanding the following typology of responsibilities: • • • •

Amnesty for crimes of dissent Victim compensation Clarification responsibility (for torture, disappearance, assassination) Restitution of confiscated goods.

The recovery of documents should also contribute to overcome amnesia and oblivion of the events, to restore historical memory as an instrument of awareness and civic duty and also as an ethical point of reference, essential in every democratic society.

3. Archives and memory centers The fact that governments have increasingly issued policies focused on memory has also contributed to the emergence of a great number of institutions and services geared toward recovering documents and facilitating their subsequent distribution as an effort to restitute historical memory and elaborate a pedagogy of memory so that citizens can remember these events and, as much as possible, try to prevent their ever occurring again in the future. Many of these institutions hope to become, at the same time, archives, documentation centers, museums and centers for the preservation of memory, which generates some confusion, at times impairing a clear perception of their purpose, and may even lead to loss of information due to lack of adequate organization. A quick look at the international situation reveals the coexistence of different modalities: the Federal Commissioner for the Files of the State Security Service of the Former German Democratic Republic, the National Memory Institutes in Eastern Europe, the National Memory 234


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Archive in Argentina, the Archive and Documentation Center for the Defense of Human Rights in Asuncion, or the Center for the Documentation of Historical Memory in Salamanca. The German case translates into a magnificent archive which provides information to those affected, as does the Archive of Terror in Asuncion, whereas the institutes of the former Eastern Bloc combine the function of research institutions with that of the political use of information on the part of the state. The most distressful situation, from the point of view of those who work with archives, is that in most cases there is an absolute disdain for archive methodology and a painful lack of adequately trained professionals. This situation leads to deficient document organization, very inadequate preservation and a very limited exploitation of the rich information that the archives hold. In this context we have to point out that the international guidelines in this regard are very clear: the archives of the repressive state apparatus must be integrated to the national archive system. In the event that individual institutions should be created to look after the organization, preservation, and access to these holdings, the temporary character of these bodies must be clearly established as well as their obligation to transfer the holdings and archives to the national archive system within a prearranged term, as has been agreed in the case of the German Commissioner, an exemplary organization in this sense. As we have previously pointed out in our work Archivos y derechos humanos, the option of placing these holdings either in existing archive institutions or in centers created ad hoc presents us with the following advantages and disadvantages: a) Integration of archives and documents related to human rights violations in state archive institutions: • • • • •

They are seamlessly integrated into the documental patrimony and the archive system of the state, without redundancy, overlaps or duplication among the bodies that govern archive policies. A correct archive handling, carried out by trained professionals is guaranteed (identification of the collection, organization and description, preservation and integrity). A much better preservation is usually assured when counting with specific premises. The need to train experts in handling this type of holdings. The possibility of state interference with the essential transparency and access to documents. b) Integration of these archives into a specialized organization created ex novo:

• • • •

A powerful visualization of the problem of Human Rights. The possibility of obtaining more swiftly the adequate financial and human resources. A more timely efficiency in attending those affected by clearly focusing on their primary objective. The possibility of placing the documents in emblematic buildings dating back to the period of the dictatorship. 235


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• • •

A significant economic cost due to the creation of a new organization from scratch and having to arrange for infrastructure, material and human resources. A frequent lack of archive professionals in the boards of directors. The task is frequently perceived as related to the defense of human rights and the diffusion of recent history, but a vision regarding the archival aspects is often lacking. There is a tendency to mix indiscriminately the concepts of archive, documentation centers, and informative material (documents, videos, photography, books, leaflets, personal testimonies, news bulletin, banners...).

In any case, we understand that once the decision is made to recover, organize and make these documents that are testimony of the repression accessible, we have to assess both options. But we must always keep in mind, that without a doubt the final destination of these archives, beyond any circumstantial purposes, needs to be the public archive system of the state.

4. Human rights NGOs It is clear that the defense of human right requires synergy between the different organizations that can contribute with methodology and basic principles, such as the collectives of lawyers, anthropologists, historians, archive professionals and human rights activists. Side by side with major organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, the Nizkor Project or Derechos Chile, we also find associations working for the recovery of historic memory, such as the Argentinean Memoria Abierta (1999), the Open Society Archives (1995) or the many associations for the recovery of historic memory created in Spain since 2001. Among the NGOs within the field of archives, Archiveros sin Fronteras, based in Barcelona and created in 1998, stands out. It has corresponding organizations in France, Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. Also, working in the field of human rights field is the task force (2004) sponsored by the International Council on Archives and the Mexican organization Adabi. This brief listing of entities of very different nature reinforces the need to work in cooperation and transversally abandon the temptation to work in isolation. Each sector contributes different sets of possibilities which in the end will benefit the common cause of human rights.

5. Basic Bibliography and electronic resources •

ACKERMAN, John M. and Irma E. Sandoval, Leyes de acceso a la información en el mundo (México: Instituto Federal de Acceso a la Información, 2005), 2nd edition.

ALBERCH i Fugueras, Ramon, Archivos y derechos humanos (Gijón: Editorial Trea, 2008). 236


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

DINGES, John, Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Santiago de Chile: Ediciones B, 2004).

GARTON Ash, Timothy: The File: A Personal History (London: Harper Collins, 1997).

GONZÁLEZ Quintana, Antonio, Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Actualización y ampliación del informe elaborado por UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivos (París: Consejo Internacional de Archivos, 2008).

JELIN, Elisabeth and Luzmila da Silva Catela (comps.), Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad (Madrid: Siglo XXI, 2002).

KORNBLUH, Peter, Pinochet: Los archivos secretos (Barcelona: Editorial Crítica, 2004).

MENDOZA, Aída Luz, Archivos y derechos humanos: Los documentos de la CVR (Lima: Centro estratégico para el Desarrollo Empresarial, serie archivística, 1, 2006).

SILVA, Emilio, Las fosas de Franco. Crónica de un desagravio (Madrid: Temas de Hoy, 2006).

Archiveros sin Fronteras www.archiveros.org

Apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México (Adabi) http://www.adabi.org.mx

International Council on Archives www.humanrightsarchives.org

Memoria Abierta http://memoriaabierta.org.ar

Open Society Archives http://www.osa.ceu.hu

National Security Archive http://www.gwu.edu/nsarchiv/

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THE CONFIGURATION OF THE

HUMAN RIGHTS PATRIMONY

Oscar Acuña Poblete47

First of all I would like to recall what the Chilean situation was like between September 11, 1973 and March 11, 1990, a period during which the constitutional order was altered and we were going through an abnormal situation in institutional terms. During these years, the separation of powers did not effectively exist as the executive office was occupied by General Pinochet and the legislative was headed by the four commanders in chief of the Armed Forces and the Police. Thus, courts faced many limitations when delivering verdicts in cases related to Human Rights violations, this being conceivably one of the most serious consequences of the situation. Perhaps this is the reason why most dossiers that were being held in the courts could not be used to provide clear support and evidence of what our country was going through; and this may also be the reason why the information about what really happened has to be sought in other places, such as the Vicaría de la Solidaridad (Vicaría of Solidarity). The Vicaría de la Solidaridad is an entity linked to the Catholic Church, and during the Chilean dictatorship it was a courageous defender of human rights. It became the only hope for those who had no hope. The Vicaría kept a significant part of the testimonies of victims and of the investigations carried out, in spite of the many efforts of the dictatorship to seize or destroy these materials. This institution had strong support from the Cardinal and Archbishop of Santiago, Monsignor Raúl Silva Henríquez, who was heavily criticized at the time by the sectors that supported the regime arguing that those who opposed it did not deserve such protection since they were not practicing Catholics or even were against religion. But the Cardinal’s position was very clear: Christ does not make a distinction between those who 47

Executive Secretary of the National Monuments Council of Chile, an entity that liaises with social organizations to promote patrimonial protection for a number of sites which share the common feature of having been the stage of Human Rights violations since the coup in September 1973 until the end of the military dictatorship.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

profess the faith and those who don’t; the basic function of the Church as protector is to carry the word of Christ beyond its own frontiers. On the other hand, within this anomalous constitutional situation, the 1980 Constitution came into force after March 11 1981. But this did not imply a change, because the Constitution was not fully enacted and all the constitutional guarantees that had been established, such as the right to property, the right to life, the right to freedom, or the right to remain in the place where one wanted to live, were lifted through constitutional states of exception that condoned exile, that condoned displacement, that is the transport of people “presumed to be dangerous” from their homes to zones where they would not be able to communicate with others presumed to be equally dangerous, that condoned forced disappearances, death, and torture. All these unconstitutional acts continued during this period. The 1980 Constitution practically came fully into force as late as March 11, 1990, with the return to democracy, but it was riddled with all the problems that followed from its conception, as it carried authoritarian principles embedded in many parts of the text. This has been gradually modified through the years. I refer to this situation because we confront now that the large archives that we would be interested to know are the archives of the security forces during that period, which were in charge of repressive actions. But most of these archives do not exist or were destroyed, or are simply hidden and no-one has revealed where they may be found. Additionally, towards the end of the 1980s the law that regulates the national archive was modified and as a result the archives of the Ministry of National Defense were not transferred to the repository of the National Archives. All this shapes the state of the art of our profession and it certainly contributes significantly to explain the lack of an official memory emanating from the State with regards to this period. Thus, we have to resort to the two big repositories, namely: •

The archives of the Vicaría de la Solidaridad, which are still held by the Church. During the dictatorship, the state tried to take control over them and it was only through strong and forceful resistance that this was prevented.

The archives that were generated by the Rettig Commission after the return to democracy and the archives of the Valech Commission, which was set up later. These archives basically contribute to reconstruct the events of the period through testimonies.

In this same sense, and also linked to what our American colleague was arguing on the subject of the right to moral and material reparation, we find that the question of patrimony in Chile is directly linked to the question of Human Rights. The National Monuments Council of Chile is an entity that protects the cultural and natural monuments of the Chilean patrimony and has been traditionally geared towards the conservation of great architectural and archaeological monuments. Nonetheless, at present the Council focuses not only on this aspect, but it has also understood the importance and 239


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relevance of protecting the indigenous cultural patrimony and the patrimony concerning Human Rights, two areas which are more difficult to approach. The Council is also a technical body under the auspices of the Ministry of Education and it has always tried to maintain a broad and comprehensive notion regarding the question of patrimony. Among its nineteen councilors we find representatives from different sectors of civil society, one of them being a representative of the Ministry of Defense, at present an Army Colonel. The basic functions of our entity are defined by the declaration of national monuments. Here we work with the category of historical monuments, which is the most rigid within the monuments legislation, geared towards protecting the integrity and authenticity of this patrimony. But we also have others, such as that of Typical Zones, a third one geared towards the protection of archaeological sites and findings, and one dealing with the authorization to erect public monuments. These are the aspects of our work that will gradually take us to the question of Human Rights. The protection of archaeological findings and the research undertaken in this sense is an area that has been traditionally linked for us with the area of Human Rights, since in the course of their work researchers may find graves of another kind. Many findings can be indigenous burials or interments dating back to the colonial period; but there is always a possibility that they also find the graves of disappeared detainees. This is the point where we must intervene because at the same time that there is the need of archaeological supervision, the judicial power must also be present. Thus, this is an area that requires intense activity from us, associated with our role in the Environmental Impact Evaluation System, due to the patrimonial aspect of the projects that are assessed by the System. Given these circumstances, and after having described our main activities, we must now add that, within our legal framework, we have assumed the task of linking Human Rights to our activities through the declaration of national monuments. We have included the buildings and sites linked to Human Rights violations during the military dictatorship into the category of historical monuments. We shall examine in detail some cases and the complex problems that they pose. Just as we face many lacks in the area of archives, regarding buildings and sites (detention and torture centers) we confront a similar situation. A strategic vision, as it were, of the regime at the time was not to leave any evidence of their actions. We find that in many cases the facilities that they used were demolished, destroyed, sold, or otherwise disposed of, so that they could not become sites of memory nor used to account for what happened within their walls. As for the authorization to erect commemorative public monuments on public areas, which is associated with the need that we have as a society to remember these violations and what occurred during that period, it is fundamental that we move beyond declarations of intention. 240


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

That is, we must not stop at the declaration that “this site is important and we must protect it”; we must also illustrate the value of these sites. That is, we have to create the conditions to find and improve these sites so that they can actually become mechanisms of living memory, so that people can actually visualize what happened there.

Declaration of buildings or sites as national monuments in the category of historical monuments. Let us begin by looking at the most fundamental sites, such as Hornos de Lonquén, a historical site in the community of Talagante. The remains of the bodies of fifteen peasants and workers were found on this site, in the furnaces of a limestone mine. They had been executed without trial. The events came to public notice thanks to a confession of a civilian who informed the Catholic Church. This led to an investigation which was later published in a book on the furnaces of Lonquén by Máximo Pacheco, a prominent national jurist. The peasants had been arrested on October 7, 1973 and the bodies had been hidden in the furnaces of this abandoned mine. The regime also wanted this site, the Hornos de Lonquén, to disappear. As you can see, they are in very poor condition. Basically, there was a policy of systematic elimination of these testimonies. José Domingo Cañas was a detention center located in a central area of Santiago, the neighborhood of Ñuñoa. The house was owned by a Brazilian and was rented out to the Embassy of Panama, where many of the persecuted sought refuge when the military junta took over. The DINA (National Intelligence Directorate), the organization dealing with political persecution, took hold of this building and set up a detention and torture center. The house was fully occupied as a torture facility where more than 40 prisoners were kept at any time; at least we have records showing that forty disappeared people were detained in this house. When the owner recovered the house, he sold it to a toy company called “El Castillo del Juguete ROCHET” which had a shop in the house next door. The new owner wanted to build a parking area for his shop and for this purpose he wanted to demolish the house, even though a neighborhood association called the Colectivo José Domingo Cañas was campaigning to protect it and have it declared a monument. This group did not have legal status, but had mobilized to protect the site and have it declared a national monument. Their dynamism paid off and the declaration was issued on October 21, 2002, but shortly before this had been secured, the owner demolished the house. Thus, we face now the situation that this detention center, which used to be a house, is nothing but a vacant lot. The question at that point for the Council of Monuments was whether to proceed with the declaration, considering that the main testimony that this act was meant to protect, i.e. the house where people had been detained and tortured, had disappeared, or to abort the process. The latter would have implied, though, that the owner would have succeeded in circumventing the intention of protection. Thus, the Council opted to go ahead and declared the site a monument. Perhaps the most positive aspect regarding this site is that, thanks to the joint action of different public entities and the activism of the collective, the State was able 241


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to expropriate it from the owner. This has led to the next task of designing how to represent its meaning and turn into a testimony through a new building that is not meant as a fake historical reproduction, but rather as a commemorative building that can become a center for dissemination about the Human Rights violations that took place there. The purpose of this is to recover the meaning of this site, of what it represents. You can see in the photographs the house that used to stand there, a much closed house – there are many like that in Santiago— and then that empty lot, as evidenced by the palm tree in the background. The Estadio Nacional (National Stadium), which I already mentioned, was the most public and notorious of places. A landmark in Chilean sports, it became a detention center the same day that the coup occurred and many of those detainees were also disappeared. Obviously, as you may know, this stadium was the main venue during the 1962 Football World Cup and thus it is associated with great sports events; but it must also carry the burden of having been a detention and torture center. From an architectural point of view, the stadium is a building that deserves protection as a symbol of Chile’s modern or contemporary potential. Also from a spiritual point of view, it is the place where John Paul II met with Chilean youth during the dictatorship. However, it was not an easy task to declare it a monument, because when a site is declared a monument it requires the authorization of the Monuments Council for any intervention. This can be cumbersome for an entity that wishes to manage the site with certain dynamism and wants to use it for the purposes for which it was created. In addition to the procedures to declare it a monument, we also worked on designing a management plan that would enable this site to continue being used for its own purposes, which is something that has to be kept in mind. Now, declaring the stadium a monument was also complicated, because we based the declaration on three important criteria. Firstly, the fact that it is an architectural landmark in our country, which was perceived as a white elephant when it was built because it was believed that it would never reach full capacity. Second, we have the aspect of it hosting an intangible heritage, both the sports events and the spiritual event. And a third aspect was that of Human Rights, a central point, which we underlined in a book that we called “Tres miradas al Estadio Nacional de Chile” (Three perspectives on the National Stadium of Chile). There we show the three different ways to look at the same site and how this multiple approach enables the preservation of its three historically significant dimensions. From the point of view of Human Rights, this declaration acknowledges that it was a torture center, that people were executed there and that many were disappeared from there. Forty thousand people were detained in the stadium –a significant number of men, women, old people and children– and it was the largest detention center of the dictatorship in the first two months immediately after the coup. Another landmark is the Parque por la Paz Villa Grimaldi (Villa Grimaldi Park for Peace). This park for peace is located in the southeast of Santiago, in the neighborhood of Peñalolén. The applicants in this case were the relatives of detainees and disappeared; the cultural association Villa Grimaldi is responsible for the management and preservation. This building was also demolished and not a single stone of the house that was used as a detention center 242


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was left in place, not a single cajonera (“chest of drawers” – one square meter cells) where they stuck prisoners to torture them, nothing. The whole place, including the tower where they applied electroshocks, even the ruins that were left there, everything was destroyed. The only thing left was the base of the main house. The Cuartel Terranova, as it was dubbed by the repressive forces, operated from here. Over four thousand five hundred people were illegally detained here, a significant number of men and women, who were kept in the most inhuman conditions and subjected to brutal torture. This is an extremely crude episode of our history. Of those who were detained there, 226 were forcibly disappeared or executed. Our work regarding this Park for Peace has been closely linked to supporting the cultural association that manages the site. The association has worked intensely on providing an educational approach, stating as their objective that the horrible events that took place there must become a memory to be transmitted to younger generations. For those of us who lived under the dictatorship, the significance of these events is clear. But form the 1990s to the present, we find young people entirely unaware of the subject of Pinochet and the dictatorship. We must ensure that they learn about this reality, so that we do not fall into similar situations, and so that we do not forget, fostering a memory that is not based on resentment or nostalgia for the past. In this sense, the approach adopted by Parque por la Paz de Villa Grimaldi has made it possible to reach out to those sectors that had no direct involvement or knowledge of the experience and the suffering caused by these violations of Human Rights. The park opens its doors on the Day of the Chilean Cultural Patrimony, which is celebrated every year on the last Sunday of May, and it is visited by many people interested in listening to the testimony of what happened at this site from those who were detained there and managed to survive. Londres 38 is an emblematic case for the Monuments Council. It was declared a historical monument in spite of the resistance of the owner of the location, who rejected the intention of declaration (this rejection is not legally binding). The house had been state-owned for many years, but during the Military Government the State handed it over as a donation to an institute called “Instituto O’Higginiano”, a cultural institution with ties to the military world and dedicated to the figure of the national independence hero Bernardo O’Higgins. This was the situation of the property when we began in 2005 to study the possibility of declaring it a historical monument and we consulted with the Instituto O’Higginiano. Their response was, of course, negative. This building is located in a very central sector of Santiago, next to the Church of San Francisco, for those of you who know the city. It is on the Alameda, very near the National Library and the Palacio de la Moneda, in a Typical Zone which is also protected --that of the localities of Londres and París. Londres 38 was one of the main detention centers, especially for those who were part of MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario – Revolutionary Left Movement), although members of the Communist and the Socialist parties were also detained there. It operated as a center for torture, kidnapping, disappearances and executions. Some 94 prisoners were executed and disappeared there, eighty of which were still under the age of 30. As I mentioned earlier, with the intention of erasing memory, they went as far as to change the numbering of 243


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the house and renamed it Londres 40. However, people â&#x20AC;&#x201C;the relatives of the disappeared and the survivorsâ&#x20AC;&#x201D; fought permanently to raise awareness about this situation, which must have been uncomfortable for the people of the Institute, but was very important to us from the perspective of preventing this testimony from being erased. You can see in the images how people held wakes in front of the house and there was permanent presence of people so that the situation could not be ignored. Nido 20, on the other hand, had also been a detention center located in a working-class area of Santiago called La Cisterna. It was not as big in terms of the number of people held there, but it enabled a deeper discussion regarding the process of declaration of monuments. It was a house that had belonged to a MIR militant who had escaped from Chile after the coup. It was then turned into a detention and torture center of the Joint Command of the Chilean Air Force. The Chilean Air Force has an important military base in this area. Now, why was this case so interesting? Considering that it is not such an emblematic place as the others, because it is in a peripheral location, the discussion in the Council was whether it was worth declaring it a monument since not many people had been detained there. The debate in the Council contributed to underline that it was not a question of how many people had been there, but the very fact that there had been people who suffered there; that is, the matter was not quantitative but qualitative, and we decided for the declaration. Nonetheless, unlike the Parque por la Paz Villa de Grimaldi, the National Stadium or Londres 38, Nido 20 poses the problem of sustainability. The second stage, once the declaration is in place, is that the site must have a management program so that it can communicate what happened there; ideally, the groups and associations themselves manage the monument. But, given the precarious means of many organizations, the future management of some of these sites is still an open question. Patio 29 has existed for many decades and, as you can see, it is located in a part of the General Cemetery of Santiago usually destined to hold short-term graves. During the military dictatorship there were testimonies indicating that some people who figured on the lists of disappeared detainees, victims of political executions, and more particularly those from the area of Paine, a rural zone of Santiago, may have been buried in the Patio. Declaring this site a monument was, as it has happened in many cases, a reaction, this time to a TV report that showed the dire condition of Patio 29. The General Cemetery did not look after these graves, and many organizations came forward requesting the declaration, especially the organization of relatives of the disappeared detainees, but also the Human Rights Commission of the Chamber of Deputies. It only took one month to process the dossier and obtain the decree that protects the Patio. We were careful to establish within the decree that the declaration could not be used as an obstacle for legal procedures, considering that there are many pending processes regarding the site and clearly the Monuments Council cannot be an impediment blocking the actions that are legally required. Patio 29 is currently protected, it is being looked after and a project to display its meaning is underway, as we shall presently see. 244


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In the north of Chile, near Iquique, in the locality of Pisagua, there is a prison camp that was used in the 1930s during the Ibáñez dictatorship. It used to be a harbor from where the saltpeter that was extracted from the Pampa Calichera was transported, but it was used as a concentration camp after the 1973 coup as it was suitably located for this purpose from the point of view of the military command. First of all, it was far away from urban centers. Secondly, the facilities were convenient and actually guaranteed a great degree of impunity; given the isolation of the camp, escaping was almost impossible, and large number of detainees was executed in this area. Many corpses of disappeared detainees have been found and in very good state of conservation. The nature of the soil, the high saline content of the caliche (sodium nitrate) contributes to the preservation of the bodies, an aspect that the perpetrators of these horrible crimes did not take into account. Aside from declaring monuments, as illustrated above, the other role of the Monuments Council from the point of view of patrimonial protection is that of authorizing commemorative public monuments in public spaces. These public monuments have the purpose of representing those values that we want people to notice and to learn what they stand for. Amongst them we can mention the monument to the disappeared detainees, victims of political executions, in the University of Santiago de Chile, which was a focus of resistance and lost many students during the process; and the Parque de la Meditación in Chillán (Meditation Park), which is also a memorial to the victims of political repression. These are some of the landmarks that we want to point out, but they are not the only ones, as we work closely with the Human Rights program of the Internal Affairs office. There is also a very important monument to professors Manuel Guerrero, Santiago Nattino and José Miguel Parada, who were assassinated in 1985. There is a public monument in their memory at the side of the road where they were beheaded. The third line of work that the Council develops is that of representing the meaning of the declared monuments. They must not remain static and frozen, but rather serve as testimonies. I would like to highlight this aspect of our work. In this sense, we ran an open competition for the submission of a preliminary project to display the meaning of the historical monument Patio 29 at the General Cemetery which I already mentioned. When we declared it a monument, we joined efforts and resources with two other public entities – the Libraries, Archives and Museums Directorate and the Human Rights program of the Internal Affairs office—to fund a contest. We received fifteen very interesting proposals for representing the meaning of this space, all of them within the basic conditions established in the brief, which emphasized preserving the integrity and authenticity of the site: we wanted to keep the layout and the modest metal crosses that are a substantial part of the site’s iconography. Twelve proposals were evaluated and the best three were awarded a prize. The winning proposal is the one shown in the photograph. A common trait of all the contestants was that they were young architects, who had no direct experience of the period in which the events occurred, but who nonetheless established a strong emotional link to them. All the proposals suggested greatly dignifying interventions on the site, which made the decision to choose the winner even more difficult. Although it is commonplace to say that it is hard to make such decisions, in this case it was extremely difficult. The winning proposal suggested the 245


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preservation of Patio 29 in its state of neglect. It should not be refurbished; the crosses should be kept as they were. The state of neglect should be a testimony of the dehumanization that the disappeared detainees were subjected to, the way they were illegally and surreptitiously buried without any markers to identify them as all the graves are marked as N.N. The project proposes surrounding the borders of Patio 29 with a frame, a high quality construction that contrasts with the graveyard’s ground. This construction shall be like urban furniture where people can sit. It will also bear information about the dead; visitors will be able to read the names of the victims and to learn about them, about those we know are buried there. It will be a place for meditation and reflection about what happened there. An interesting dialogue took place around this proposal, and more concretely regarding some niche graves, especially one that has a special meaning to us. I am referring to Victor Jara’s niche, the folk singer-songwriter. The architects proposed building a square dedicated to music where thin metal rods –perhaps made of copper— will be touched by the wind and produce different sounds. They are vertical metal threads which put together create a musical structure, and produce sounds when there is movement. Starting with threads for the deeper sounds, the musical structure progresses onto the more acute sounds, ending in front of Victor Jara’s grave. Thus, the design of Patio 29 created this dialogue which was very important, because if we concentrated only on Patio 29, the question of what to do with this very important grave, the grave of our singer, would be further postponed. We applied a similar modality for the memorial of the former detention center at Londres 38. The case of Londres 38 had a serious limitation, namely that the property continued to be registered under the Instituto O’Higginiano until 2008 −it has now been re-appropriated by the State− so we could not intervene at all as it was private property. How could we point towards the meaning of this site, which was of major importance, when we were unable to do anything with the house? We got the Typical Zone to intervene the pavement in front of the house, not randomly, but in a very specific way. The detainees who were taken to Londres 38 would enter the place blindfolded and they could only see what was at their feet. What they saw when they walked into the house was something similar to a chessboard, the black and white floor tiles at the entrance of Londres 38. So together with a group of architects and the association of relatives of the victims we worked on a proposal to display the meaning of this site by having it reflected on the street. It was a complicated matter because we wanted the names engraved on the stones, but they are cobblestones; so we inserted among the stones pieces of white and black granite which had an iron plaque on each of them with the name of each disappeared detainee. If this had only been a matter for the architects and the Monuments Council, it would have been easily solved, but here we also had to involve the Municipality of Santiago. Luckily for us, the mayor, although not a member of the government coalition, readily adopted the initiative when he realized that the importance of this site was not only a concern of the Monuments Council and the victims organizations, but also a matter that had to do with Santiago’s cultural patrimony. The idea was backed and we could work together with the municipality. We wanted these plaques to bear the names of the victims, their age when they were 246


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disappeared and also their political affiliation. This last point was the subject of a hefty discussion at the Council’s meeting. We insisted on this, because usually it is preferable not to show the political affiliation of the victims. But on this occasion we decided it was relevant to reveal it in order to give an accurate account of what had happened there. Thus, the memorial was built by replacing 94 cobblestones with the plaques bearing the name, age and militant affiliation of each of the victims of Londres 38. This monument has been already inaugurated and Londres 38 could open this year on Cultural Patrimony Day for the associations of relatives. If this is already momentous, it will be even more so next year, not as a mere curiosity, but because the script that the organizations have created for visitors who want to access the building is a script that engages thoroughly with the dehumanization of those who torture, those who disappear other people on the grounds of their political affiliation or for any other reason, actions that are unjustifiable and deplorable. This memorial allows us to engage with the people who walk through that area, and we wanted it to be a dignifying intervention. Additionally, we had to look into the sustainability of this solution. Initially we had thought of using crystal plaques that could be illuminated from below. But this material is not easy to maintain, it is affected by rain and dust. A public monument that is not well kept can become an insult to those it wants to commemorate. So the materials were also an important consideration and we discussed them intensely. Aside from these interventions, we have also contributed to the discussions about the sites that have been declared public monuments. We have issued publications such as the one I already mentioned: “Tres miradas al Estadio Nacional de Chile: historia deporte y arquitectura” (2004). We held an important seminar in the area of Peñalón on a museum for Villa Grimaldi. An international conference with representative from South Africa who talked about apartheid showed us the correlations with our situation. We have contributed to discussions on Patio 29 through a publication and we have issued some post-cards as well. We have also co-funded a video documentary on the José Domingo Cañas house which shows the whole process of declaring it a monument and the situation that was lived there. Additionally, we have been part of an inter-ministerial participatory working table, because these matters are not only the Monuments Council’s concerns. They are a matter of state and the competence of the Presidential Commission for Human Rights, the Human Rights program of the Internal Affairs office, the Ministry of Public Works, the Ministry of Housing and Urban Planning, the Ministry of National Assets, and the Monuments Council. Together they design the guidelines for public policy regarding the historical memory of Human Rights violations. There are many buildings that were used as detention centers and, having changed their purpose now, are in the hands of different governmental and private entities. What are we to do with them? The land registry office indicates that there are some 1,250 such sites spread out throughout the country, following the reports of the Rettig and Valech Commissions. And we would also have to make an inventory of the memorials that have been built, which are testimonies that this was not a situation that affected only Santiago, but the whole country. Yet it is clear that we cannot declare them all national monuments, so this is a crucial matter to be discussed. 247


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The Council is also involved in the technical table of Londres 38, working together with the relatives of the detainees who were disappeared from this center as well as with the surviving political prisoners to determine, amongst others, what this building should be used for and how it can be managed. Is it going to become a museum or a house of memory? Will it have a museographic script? What will be displayed there? This is still a pending discussion. There is a project to build a museum in Santiago, which will be located in the western part of the city, in the area of Matucana, in a building that has been specially enabled for this purpose. But the relatives of detainees from Londres 38 claim that they also want this central site, so emblematic for us, to be in dialogue with the community. The Council is also interested in pursuing this line, because it touches one of our concerns, namely that we want these sites to be sustainable and viable. We do not want the site to stand there without being able to communicate anything; we want it to be alive. Now, we also face problems regarding the significance of the sites that have been declared as monuments and how this is to be handled and displayed. This is quite a delicate matter. The organizations representing the detainees and the victims of political executions are on their own. They have different positions regarding these questions and it is not easy to reach a consensus. State entities also have different notions: the concerns we have from a patrimonial point of view may not be those that the different ministries have regarding the uses of a particular building. We believe that these differences can have an effect on the way the buildings are used, the way they are managed and the much desired sustainability of the projects. At the same time, though, having to discuss these matters with diverse stakeholders fosters a more open working space, and having to reach a consensus on the uses of these buildings guarantees a participatory process and greater commitment to the ideas. This ensures that the decisions are not arbitrarily determined from above, preventing situations where someone may have the notion that this or that should be the way and all others would have to follow suit. To conclude I would like to cite the words pronounced by the President of Chile, Her Excellency Michelle Bachelet during the inauguration of a memorial for 70 victims in Paine on the 25th of May, the Day of the Chilean Cultural Patrimony −a day when a great number of patrimonial sites are open to the community. In her speech that day, the President said: “Today Chile faces its past openly, not as a pointless act of nostalgia, but with a sense of the future. Because those who build something from inexperience, from the repression of an experience, cannot know where they are going. I hope that we may soon –rather sooner than later, as another great man, who we also remember, used to say− approve the laws that may extend even further the reparations that we all want.” As the speaker who preceded me noted, reparation has a moral content. This is what we have tried to approach from the perspective of preserving patrimonial goods as well as from other perspectives. But reparation also has a material side to it, which is equally crucial because it has to do with the justice that these cases claim. 248


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ARCHIVES, CENTERS FOR MEMORY, AND THE PATRIMONY OF HUMAN RIGHTS IN SOUTH AMERICA

Alicia Galeano48

Background

The Truth and Justice Commission of Paraguay is an official organ created in 2003 by means of Law 2225. It consists of nine commissioners representing victim organizations, civil society organizations, the Executive Power, and the Legislative Power of Paraguay. Its mission is to investigate Human Rights violations (political persecution, imprisonment, physical and psychological torture, enforced disappearance of persons and misappropriation of property) committed in Paraguay by state and para-state agents during the 35-year dictatorship of General Alfredo Stroessner (1954-1989) and well into the democratic transition, until 2003. The reconstruction of the memory of these monstrous acts is carried out by means of victim testimonies, taken both in private sessions and public hearings, as well as through the compilation of documentation in archives and specialized libraries for periodical publications. In order to process the information that was being collected, two Units were created: the Data Base Unit, to receive, gather and store the testimonies of the victims, and the Transcript Unit to carry out the required transcripts. In 2006 we saw the need to merge these two units to make better use of the available resources. By means of Resolution No. 16/06 of December 6, 2006 the Strategic Plan and the Organizational Proposal were approved, defining the new roles and functions of the different areas that constitute the Truth and Justice Commission of Paraguay (CVJ for its initials in Spanish). 48

Member of the Truth and Justice Commission’s Archive of Paraguay

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Within this context, the Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights was created with the purpose of systemizing, storing, and protecting the documentation regarding the violations identified during the period examined (1954-2003), whether obtained through primary or secondary sources. With the creation of the Center it was possible to gather and organize the documental patrimony of the institution, which served then as a base for the initiation and completion of the investigations carried out by the CVJ.

The Center of Documentation and the Archives The Truth and Justice Commission represents an achievement of the civil society and the Paraguayan state. Its creation was the product of a series of initiatives which gathered momentum, starting with a petition from civil society organizations to the National Parliament, and in particular from associations of victims of the dictatorship and human rights organizations, which came together at the Table for Memory and the Archives of the Repression when the dictator Stroessner was deposed, and it became a reality when it was approved by the National Parliament and the Executive, leading to the sanction by Law 2225/03. Among the prerogatives contemplated in the abovementioned law, we can quote those established in Article 2, which reads thus: 1. To analyze and investigate how the political, social and cultural conditions, as well as the behavior of different State institutions and other organizations, may have contributed to severe human rights violations; 2. To collaborate with the appropriate organs in the clarification of the violations perpetrated by state and para-state agents; 3. To preserve the memory and the testimonies of the victims and to determine the whereabouts and the situation of those affected by these violations, and, whenever possible, to identify the victimizers; 4. To preserve evidence of human rights violations; 5. To provide the Judicial Power with all the evidence so as to enable the justice system to take immediate precautionary action to protect the victimsâ&#x20AC;&#x2122; rights, and to prevent impunity for the perpetrators of these violations; 6. To contribute officially to clarify the truth, which entails determining the moral and political responsibility of the state; 7. To contribute to clarify the link between human rights violations and the authoritarian policies of the state, both in a national and an international framework. The commission was able to implement its mandate thanks to the support of the Paraguayan State, the decisive support of the international community and the cooperation of universities and human rights organizations, but mostly thanks to the voice and the efforts of the victims, 250


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who backed our work with more than two thousand testimonies. The commission aimed at establishing the historical truth and to seek justice for the victims of human rights violations perpetrated in our country, specifically during the period between 1954 and 1989. The Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights was created to support this task. It was in charge of systemizing, storing, protecting and disseminating the documentation regarding the violations identified during the period examined (1954-2003), whether obtained through primary or secondary sources. Thus it was possible to collect and organize the documental patrimony, which the Commission was able to use as a foundation to initiate and complete the investigations carried out by the CVJ. Additionally, the CVJ Archives set up an Information System on human rights violations in Paraguay and the neighboring countries through the years between 1954 and 2003. This system as well as the sources from the Archive provided the required primary and secondary information to carry out the corresponding investigations. Furthermore, permanent communication channels were created, which contributed to backup the investigations by providing permanent technical support for contact between the Center and the different areas of investigation of the CVJ. In addition, adequate methods were developed, including digitalization of the archive and the creation of a data base to analyze, classify, and store information, testimonials, and documents so that any interested parties, whether inside the CVJ or outside it, could access them. Based on the testimonies obtained from the victims and the access to institutional archives, including those from the Armed Forces, the National Police, the Ministry of Foreign Affairs, the Office of the Ombudsperson, those held by the media, and to the Archives of Terror, the relevant information was obtained to implement the purpose and achieve the objectives of the Commission. In fact, since 2003 the CVJ decided to create for this task, which continues to be carried out to this date, an archive containing testimonials referring to recent events, where the protagonists, i.e. the victims, are invited to render testimony. This archive was created in an effort to learn the truth about what happened during the dictatorship and to take action in the search for justice. The files on each victim are created from their testimonials and habeas data and they are organized in a particular way. For the collection of testimonials â&#x20AC;&#x201C;which continues to be carried out to this date â&#x20AC;&#x201C; people approach us to leave their testimony of how they were victimized by the dictatorship, either because family members were imprisoned, tortured and/or disappeared; because they themselves were held in clandestine detention centers; because they had to go into exile; etc. 251


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Testimonials are recorded on a tape recorder and filmed; they are taken using questionnaires that contain some elements which allow us to recover the personal life story of the witness. These questionnaires gather some personal information of the victim, the perpetrated violations, the episode, the year, the location, the political affiliation, the consequences, and even the name of the alleged victimizer whenever the victim could provide it. The act of taking testimony itself constitutes a form of recognition of the dignity and value of the victims. Each testimonial takes a minimum of an hour and a half and is taken by a team of specialists created for this purpose, which includes qualified professionals to attend the victims of the dictatorship. Most of the interviews are carried out in the offices of the CVJ, but at times the interviewers may visit the victims when the latter are unable to travel to the premises of the Commission. The purpose of this archive is to make it available to researchers; that is, the archive is intended for scholars and students interested in the history of the recent Paraguayan dictatorship. But it is also meant for the general public, so that people can learn more about that period, on the notion that the voices of those who were involved and affected contribute significant elements to our understanding of what happened. From the beginning, the archive was conceived as open to the general public and this included looking for the adequate means to facilitate public access to the information. However, it has not been easy to put this into practice due to certain restrictions imposed on the obtained information. Although the CVJ is in charge of holding and protecting the testimonial documents, it is for the victims to decide how their testimony is to be used. For example, some people will allow their names to figure on the list of victims, but not their personal stories. On the other hand, there are cases in which people have not imposed any restrictions on their testimony, thus allowing their complete statement to be published. This means that the material can be used in mass media broadcasts, for educational purposes, in public exhibitions, etc. An additional issue, of central importance at the moment of publishing or disseminating testimonies, was that of preserving peopleâ&#x20AC;&#x2122;s privacy, which became even more delicate in the cases of rape suffered both by women and men. For these cases, only the initials were used. The testimonies obtained by the CVJ were delivered to the Center of Documentation in a conventional format (questionnaire) and audio (tapes); once these were codified, questionnaires were filed in the archive and the tapes were sent to the Data Processing Unit to be transcribed, a procedure which involves writing down the recorded story of the victim, categorizing the violations mentioned during the interview. This information, once verified, is filed in a data base to facilitate access to it for investigators.

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Registration on CVJ Data Base In order to optimize the management of the information that had been stored using different methods, a Data Base (BDR) was designed, developed and implemented for the CVJ, based on the parameters established by the investigators. The testimonies are entered into the data base, which is also supplied with other valuable sources of information available in Paraguay, such as the data from the Archives of Terror, the Office of the Ombudsperson, the Committee of Churches for Emergency Aid (CIPAE), and the Antonio Guasch Center for Paraguayan Studies (CEPAG). Thanks to this data base it was possible to generate the statistical reports that go together with the analysis of the violations. Testimonies from members of the repressive apparatus of the state were also collected and other secondary sources were also taken into account, including documents from the armed forces and the police, the archives of the Ministry of Foreign Affairs, and reports from national and international Human Rights organizations. As for the scope of dissemination of this information and the access to the Data Base, Internet is by far the best means and the Web provides a space to present and disseminate this information. At the same time, though, it entails a high degree of visibility and an open public display which requires very delicate handling when trying to preserve sensitive data. Therefore, it was decided that the full data base containing all the available information from each interview should be kept and accessed at the premises of the Commission. Dissemination on the webpage, on the other hand, would contain only some limited information: name and surname, date of the event, place, some general account, gender, type of violation, whether the victim was detained or disappeared, whether he or she went into exile, etc. In this way, the privacy of the victims can be protected. According to the data base, the CVJ has analyzed the testimonies of 11,333 direct victims of the dictatorship, using also information that is stored in other archives, such as those from the Office of the Ombudsperson, the Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights under the custody of the Supreme Court of Justice of Paraguay (â&#x20AC;&#x153;Archives of Terrorâ&#x20AC;?), the Committee of Churches for Emergency Aid (CIPAE) and the Antonio Guasch Center for Paraguayan Studies (CEPAG). It also took into account judicial, military and police documents and archives. The Armed Forces opened their archives, as did the Ministry of Foreign Affairs, and thus thousands of documents could be collected. The mission of the Truth and Justice Commission was to recover historical memory and clarify the truth, to enable justice, to obtain reparation for the victims of human rights violations, and to put forward measures to build a democratic State with full enforcement of Human Rights, based on values such as the spirit of truth and justice, commitment and integrity, caution and consistency, respect, institutional loyalty, authenticity, responsibility, honesty, solidarity, creativity and transparency. Thus, the report issued by the Commission contributed 253


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to the analysis of those political aspects, both at a national and an international level, which may have had a role in the violation of human rights in Paraguay.

Conclusion The report generated from the work developed at the Center of Documentation is meant as a contribution to clarifying the truth about the severe human rights violations that occurred in Paraguay from 1954 and until 2003. It also aims at contributing to bring about the necessary transformations of the State as an organism in charge of preventing all forms of humiliation and violations such as those analyzed in this report; to generate an awareness that will help to dismantle the institutional, political, military, police, and cultural mechanisms that made these violations possible; to consolidate a social and democratic State based on the rule of law with full enforcement of human rights; and to promote a culture of peace, solidarity and full harmony among all Paraguayan citizens. The past and the memory of the past cannot be reversed: they can only be either accepted or denied. Only official acceptance of the real facts –painful as they may be – will enable peaceful civil coexistence and a fair relationship between citizens and the State, in our present time and in the future. Truth is the only form of knowledge that can confer legitimacy and dignity to the State and that can restore these same values to the citizens of the country. It is the only thing about which we can reach an agreement in order to coexist as a community of free citizens in a stable and sincere way. Falseness and cover up, on the other hand, are constant grounds for discord and social dissatisfaction. The report prioritizes the voices of the victims; it illustrates and documents the severe human rights violations reported in over 2000 testimonies taken directly by the CVJ. Testimonies from members of the repressive apparatus were also taken. These testimonies were also entered into the data base, which was complemented with information from other valuable sources in Paraguay, as previously mentioned. The Commission decided to include the names of the victims as well as the place and the year in which the events occurred as evidence. Only in cases of rape, the names of the victims are not indicated, just their initials with the sole purpose of safeguarding the victims’ privacy. The purpose of including the names is to dignify the victims of those serious violations. As a recommendation, we suggest that in the future there should be full access, without limitations, to all the testimonies and to all the information gathered, with the due respect to the victims’ privacy and dignity. The work of the Commission is geared to all the victims of human rights violations, to the living as much as to the dead or the disappeared; to the victims that suffered those violations first hand as well as to their families and relatives; to those whose name and surname can be retrieved; to the anonymous victims; to all of them, without distinction. All Paraguayan citizens deserve a new country where justice and truth prevail. 254


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THE SPANISH ARCHIVES

AND THE TASK OF FINDING THE PERSONS WHO WENT MISSING DURING THE FRANCO REGIME

Antonio González Quintana49

In the search for truth regarding the historical past, the Spanish case is paradigmatic to illustrate the enormous relevance of the archive beyond the needs of the generations that lived through the transition. The generations that went through the momentous transformation of Spain between 1977 and 1996 decided not to have any policies regarding the management of the past, on the grounds that this would ease the progress of democracy. Thus, archives were in some cases silenced and in many others not used at all in the process of establishing accountability and responsibility for deeds of the past. Now, more than thirty years since the beginning of the Spanish transition, younger generations are demanding elucidation about events of our recent past that were never clarified, such as locating the missing persons. In a more general way, they want to obtain certainty about the atrocities committed during the civil war and the post-war years. In the fulfillment of this request, archives play a substantial role. Towards the end of the summer of 2008, the National High Court judge Baltasar Garzón decided to open preliminary investigations regarding a number of lawsuits filed in his court demanding to locate persons missing during the Spanish Civil war and in the post-war period. Following this decision, and in order to determine whether it was relevant to admit processing these lawsuits, judge Garzón requested that a census of disappeared persons should be carried out. For this purpose he turned to the public administration and entities such as the Church whose archives could eventually hold documents from which to draw the basic information to create the individual dossiers, the sum of which would build up the census. 49

Member of the Truth and Justice Commission’s Archive

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Once the relevant responses were received, the judge accepted in a preliminary ruling (October 16, 2008) jurisdiction for the investigative phase of the proceedings. This triggered off one of the major judicial controversies known in Spain in recent years which would end with an inhibition for lack of jurisdiction, by means of another ruling on November 18, 2008 from the National High Court issued by Judge GarzĂłn himself, and the subsequent remittance of the cases to local courts, that is, to the jurisdictions corresponding to the places where the disappearances were reported. In any case, beyond the legal debate, the search for the disappeared has now become unquestionably a judicial matter and this represents a step forward in the investigation of the truth about the repression that accompanied the construction of the so-called New State, initiated with the military rebellion of July 18, 1936 which lead to the a Civil War. At the same time, this reveals the failure of the public administration in its intent to solve by administrative channels a pending issue of the political transition in Spain. Although widely known, the phenomenon of the disappeared during the Spanish civil war and the post-war was not generally acknowledged until Amnesty International included Spain among the countries with forced disappearances. Since 2003 the Spanish case has been addressed in terms that are not unlike those used to refer to the disappeared of the Latin American dictatorships. Despite the fact that more than thirty years have passed since the death of the dictator Franco and nearly seventy years since the end of the civil war, the Spanish people still have no real measure of the full impact, illustrated by a total number of victims, of political repression, of those at the beginning, which were conducted without trial nor any appearance of legality, or the more systematic and regulated, which were carried out through courts martial. What is even more disgraceful is the fact that thousands of citizens have no reliable information on where the remains of their parents, siblings, grandparents or friends are buried, many of which were most probably executed and buried secretly and anonymously in mass graves at the side of a road, or next to the walls of a cemetery, without paperwork, which turns them, at least formally, into missing persons. The policies regarding the archives are profoundly infected by the spirit of pactismo (negotiated pacts) which characterized the political transition in Spain. These policies rested on a pact of silence that was implicitly accepted by all political actors regarding the atrocities committed during the 1930s and 40s. Unlike other European countries that were also undergoing transitions from dictatorial regimes during that same period, in Spain there were no trials or accountability procedures. In Greece, for instance, the â&#x20AC;&#x153;colonelsâ&#x20AC;? were brought to trial and in Portugal a purge of the public administration was carried out to remove collaborators of the Salazar regime. In Spain, instead, the silence of the archives would help to reinforce the 1977 Amnesty Law, issued by the first democratically elected government, which secured the release of imprisoned Franco opponents and the return of those in exile, but, at the same time, relieved the military and high officials from the previous regime of any responsibility for suspected atrocities. In fact, numerous collections of documents were destroyed or lost; many others remained 256


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inaccessible for decades. Even today the main sources of evidence regarding the repression under Franco’s rule, such as the records filed following legal formalities and which are kept in the archives of judicial courts and military tribunals, continue to be either legally barred from public access or so badly kept that using them is almost impossible. This is due as much to the deplorable state of preservation after decades of neglect which some people might even consider as willful negligence as to the lack of public facilities to enable their use, especially regarding infrastructure and personnel. What is more distressing is that no government, irrespective of their political color, has managed to regulate the military justice archives, which exist in a legal void. We archivists like to emphasize that the purpose of archive policies is not only to regulate access to the documents, but also to set, by regulation, the duty of public institutions regarding document conservation and availability, according to their value. And when it pertains to the documents that serve as testimony of political repression, they are of the highest value, both in administrative and informative terms, because under the reparation laws that have been issued since the beginning of the political transition these documents provide essential evidence in procedures for damage compensation, restitution of property and public restoration. The data they supply serves also as an essential source for historical research about that period, which in itself justifies their permanent preservation. Spain could not ignore the universal movement witnessed in the 1990s in favor of seeking the truth about crimes against humanity and genocide, as well as many other atrocities. This movement, which started off as a cultural task of recovery of historical memory and culminated as a legal one with the creation in 1998 of the International Criminal Court, would make the vindications of memory, truth, and justice converge into a single core demand. After the experiences of the Truth Commissions, which were initially created in Argentina and Chile and would reach their highest point in the South African Truth and Reconciliation Commission led by Desmond Tutu; after the creation of organs such as the Memorial Foundation in Russia, or the emergence of the “Never Again” movements in Latin America; after the establishment of Memory Commissions and organizations dedicated to the recovery and preservation of memory (Open Memory, Archives, Centers and Institutes for Memory in Argentina, Poland, Hungary, etc.), all of which were following the example of the institutions dedicated to maintaining and disseminating the memory of the Nazi Holocaust; in keeping with this trend, associations for the Recovery of Historical Memory would spring up, with great force, in practically every corner of Spain. The intervention of Judge Garzón himself in the cases against Pinochet or the Argentine dictators, as well as that of judges and district attorneys in other countries, not only clearly challenged the territorial limits of jurisdictions, by appealing to the universal competence to intervene in the persecution of criminals accused of genocide or crimes against humanity, but also applied the norm on statute of limitations under the Convention on Imprescriptibility of Crimes of Genocide. These actions turned such amnesties and “Final Point” laws into worthless scraps of paper. In countries like Argentina, where local justice risked being discredited for its 257


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inability to bring to trial its “own” murderers, legal actions like the abovementioned would eventually lead to the nullification of the laws that prevented the most serious human rights violations to be prosecuted. How could Spain, under these circumstances, afford to remain outside the movements seeking to recover the past? More so if we take into consideration the important influence of the Spanish transition model, considered by some theoreticians as a model of impunity and amnesia, on the Argentinean and Chilean laws and how both countries under Kirchner and Lagos respectively, have assumed the challenge of confronting the truth about their past for which they not only developed wide-ranging official policies regarding memory but also initiated criminal proceedings against those accused of human right violations, bringing the era of impunity to an end. In this context, the year 2006 was declared the Year of Historical Memory by the congress of deputies (Congreso de los Diputados), and revealing the past became one of the main thrusts of Rodríguez Zapatero’s government in his first mandate (April 2004 – March 2008), after which the Law of Historical Memory was passed. This law recognizes and extends rights and it establishes measures in favor of those who suffered persecution or violence during the Civil War and the Dictatorship. Nonetheless, all the good intentions declared by the new government did not lead to an equally forceful design of policies for the archives, which are absolutely crucial for the policies regarding memory and management of the past, as has been clearly stated in the respective reports of the two experts commissioned by the United Nations to study and recommend the most suitable actions to fight against impunity, Louis Joinet’s “Final Report on the Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations” and Diane Orentlicher’s “Report of the Independent Expert to update the Set of Principles to combat Impunity”. Only the creation in 2008 of the Center for Historical Memory itself a controversial project, its structure, nature, and above all, future documental holdings still in need of clear definition could be counted as a concrete measure taken by the Spanish government in this sense. Yet, the center seems to be somewhere between a bazaar (for document exchange with no other basis than political compensations between territories) and a theme park where everything is equally valid to illustrate the knowledge about the past, from the original archival document to the docudrama, without distinctions. This unfortunately and unavoidably causes the document to lose the added value it acquires from its contextual origin, that is, from the process of establishing proper documental collections. This idea of a memory theme park, as a mix of museum, library, document center and archive, can end up becoming, as can be seen in similar discouraging experiences, one of the greatest evils for contemporary archives. In contrast, the large collections of military documents, considered secret (in some cases containing documents dating back to 1905, but mainly extensive documentation on the 258


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

1936-1977 period), are still waiting to be declassified and opened for consultation. As for the archives of the military tribunals, as already mentioned, they will only be useable when they are assigned an appropriate location and an entity or organization to manage them. Contrary to what could have been expected from the government’s declared intentions, all the significant efforts towards effectively opening archives and properly providing for them have come from the civil society. We find, firstly, the already mentioned associations for the recovery of historical memory which have been capable of creating the census that now judge Garzón is demanding, as has the association Memory and Justice in Andalusia through their project “All the names” for their own geographical area, using both public and private sources and with very limited resources and very few contributions from the administration. Also, Amnesty International has been a forceful voice demanding opening of archives and, more broadly, the Coalition Pro Access (Coalición Pro Acceso), as a uniting platform for tens of associations and individuals, has become, for all those who have been requesting it, a crucial channel to call for the adoption of a full access to information law in Spain, the lack of which makes the country one of the rare exceptions in Europe regarding regulation on access to public documents. Some archivists associations, such as the Spanish Archivists as civil servants and Archivists from Castile and Leon, have joined the demand for specific measures to promote the use of archives as an essential tool to obtain knowledge of the truth and to help locate de missing persons, and thus to attain rehabilitation and compensation for the victims of the repression. We need concrete effective measures, not grandiose political statements about the past, so often used as an opportunist weapon to gain distance from political opponents or as a smokescreen to distract attention from other social or economic problems. First of all, in terms of legislation, the Access to Information Law is an imperative, which was, in spite of the government’s declared eagerness to know the past, one of the main broken promises of the Socialist government in its 2004-2008 term. Equally, Spain cannot go on without an Archives Law to clearly regulate the structure of the Spanish Archive System, setting out responsibilities and duties. Secondly, on the side of the resources and capabilities, the large general archives, which are theoretically open to receive the documents that the State General Administration has fully processed and no longer uses but must be provisionally or permanently stored in public archives (usually the General Administration Archive and the National Historical Archive), are unable to process new materials due to saturation in their storage space; thus the pressing need to extend their infrastructure by creating new spaces for the archives.

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ARCHIVES

AND MEMORY

Miguel Ángel Jaramillo Guerreira50

At first sight, a reflection on the relationship between archives and memory may seem superfluous. Historically, archives have played a fundamental role in our knowledge of the past and thus in the configuration of the memory we have of it. Of course, one can always argue that this traditional role is linked to power groups, to their interests and to the vision of history that they have intended to shape from their position. We are now trying to create something different, we want to transcend that vision and respond not to the interests of power elites but to the community of citizens, and, what is more important, we want to achieve an ideal goal: to know the “truth”. This last point, this aim, has at times the character of an impossible mission. We know that historical truth is not constant, that it varies according to changing interests and attitudes, not only of the historian but of the society in which he lives. Thus, what we are seeking is our truth, that of those who are here at this specific moment; this is the truth we are interested in and no other. We also want to find out about some concrete events, and we want to understand them. We believe these events could just as well be described objectively along the lines of traditional positivist history, which in spite of everything continues to have relevance, even though concentrating our efforts on these matters and not on any other already impresses a certain bias to the knowledge we shall acquire. In any case, to carry out this task we need data, we need information, and there seems to be consensus about the insufficiency of the documents that are traditionally kept in archives. We must look for other documents, and if they do not exist, we must produce them; we must have documents that supply what we need. 50

Director of the General Archive on the Spanish Civil War.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

The old documents contained in archives are not enough. We need more, and for this reason we look for new documents, those that have been produced not as a result of administrative or commercial activities, but of intellectual ones, emerging from the interest of a person or a group about a particular subject. Quite often, the person who works on a particular issue produces new documentation that can fill in the gaps of traditional documents. It is thus that we can count on documentation such as interviews, life stories, and memoirs, provided by those who witnessed an event and which we can use to write history, even leaving aside the other kinds of documents, that are much colder and incomplete. We must not overlook however, that these older documents were created by people at another time, reflecting the attitudes of that moment, and thus they contrast with those of the present, which are a product of our present although they refer to the past. Since the 20th century we have been using these new documents in this type of work which seem to raise again the same issues. Archival documents are not suitable they do not tell us what we want to know; they are either insufficient, or not objective, and we must therefore produce better ones to supply what the others do not say. The new documents are produced in a much more artificial way, intended to provide some concrete information in a particular research framework, and they are designed from the start to be used to write history in contrast with the others that were intended for something else. They were created for the exercise of power, and used later to write history. Are the new documents thus better, more objective, more complete? Do they have the same value? Are they archival documents? These new documents are an existing reality, and many archives, without questioning whether they should be holding this type of document, have welcomed them into their collections, using and displaying them in the same way as the more traditional ones. However, this appears not to be enough; creating these documents is not enough to lead us to the truth. We also have to create a new institution to hold them and to display them, if not in fact to produce or generate these documents. I am referring to the new thematic archives or documentation centers that we now see springing up under different names and in many places. It is as if traditional archives, those that gather the collections of documents produced by some organization or person, especially those that hold the documents of State activities (national, general or provincial archives), could no longer be adequate. They would have to specialize and be updated. It is as if they would not be able to hold the memory we want to recover, the new truth that we want to disclose. It is as if the old storage places of the documents of power, would be incapable of receiving these new documents, these new ideas. Thus we would have to create new institutions to replace them, at least partially, where the documents that pertain to the event and/or the historical period in question, discretely and artificially selected, can be contained. These facilities usually gather documents and objects, rather than documental collections, which is why it is a misnomer to call them archives. They contradict the concept of archive, the idea of a collection that is meant to have informative, testimonial, and patrimonial value. In the newly established institutions, new documents have a protagonist role although they 261


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also include original versions and copies of old documents. This poses some serious problems which have to be carefully examined, as they take over some of the traditional functions of archives, break up the national archive systems, include these anomalous elements, and even take apart some established collections. The issue here is not to make a stubborn defense of our centers or of our profession; rather, it is about pointing out, to whom it may concern, that archives can adequately respond to societyâ&#x20AC;&#x2122;s present-day demands, to memory and reparations policies, without dissolving or fragmenting them. This task is also linked to the protection of national heritage, of historical facts and of testimonies. It is about showing how we can approach historical truth from the archives and obtain a better knowledge of it, taking distance from simplistic interpretations and transcending the bias that is embedded in a thematic concentration of randomly selected documents. We all know that it is impossible to assemble all the documents relating to a particular topic, and any reasonable observer can see that the sources can be extremely diverse, that the use of a document depends less on its content than on what the researcher wants to obtain from it. These new centers thus fail in their purpose, and we shall not go into saying how much they fail, if what they intend is to recover the memory of a long period of time, even if it is only that of a dictatorship that did not last too long. Could it have happened as something wholly unrelated to society? Are the only relevant documents those associated with the repressive apparatus? Of course not: all documents are relevant, those coming from these organizations as much as those stemming from those who dictated policy, from the opposition, the embassies that reported to their respective governments, judicial courts and even cemeteries. The list would indeed be endless. Naturally, one can ask if it is not possible to assemble everything, not even approximately, and if this is not convenient either, then why do it? There can be multiple damages. An obvious one is the fragmentation of the collections; another one is the breakup of the general archives and the loss of the heritage, but most of all, the way this can lead to loss of information and of common heritage, a concept which may seem of minor importance in a human rights framework, but which is not. We do not have the right to destroy anything using as a pretext something that can be done even better if we keep the archives as they are. I believe thematic centers respond to very concrete interests, to social and political circumstances at a specific historical time. The power structure or the society demand a deeper knowledge of a historical event, of what happened under the more or less recent dictatorships, and they also want reparations for those who suffered both moral and economic damages and to bring those responsible to trial. This is all fine, but the fact is that as time goes by interest in this concern will change, society will have changed, other governments will be in power, and they will consider that such concern has been overcome and will be interested in other matters. Will they require the creation of specific institutions to address them? Will they have new centers for that other memory? If we follow the criteria that are now being applied in many countries, this is exactly what will happen and we will be facing the paradox 262


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

that the archives will be once again sacrificed for the sake of centers that will be outdated sooner or later. Of course no one denies the convenience of creating specific organs that promote investigation and reproduce documents in order to enable access to certain works. No one denies how interesting it would be to have offices that encourage and propel the reparation expedients. But there is no need to break up archives, to interfere in the tasks that correspond to them. We should establish collaboration and each one should fulfill their own role. From the side of the archives, despite the number of documents and information we hold, we cannot pretend to play a major role in carrying out reparation and memory policies. We may play an important part by making the documents available from which the information will be gathered, by describing specific series to respond to concrete and contingent demands, and, of course, by preserving the documents for the future, even the new ones that are produced to learn more about what happened, but we have no further tasks. Therefore, it would be important to make a clear distinction between the functions of those thematic archives that hold testimonies, of the document centers dedicated to specific matters or historical periods, on the one hand, and the functions of archives, on the other. Why does this happen? Why are these new centers necessary? Why canâ&#x20AC;&#x2122;t archives hold certain documents? Why do they have to exclude some which clearly complement the others they keep? Why not take advantage of the existing structures? Is this a security problem? Does it have to do with professional capacity? Is it that the selected documents are especially important when compared to the rest of the holdings of the archives and that putting them together would diminish the value or the information of the former? There are many questions but one single answer. The new centers are created under the political necessity of providing a clear response to a concrete demand at a particular time; that is, they spring up from a political decision that requires that the intention of knowing or disclosing the truth or of recovering historical memory is made clearly visible. Nothing can achieve this as well as the creation of a new institution, and if it is housed in a new building even better, reflecting a younger and more modern image than the one that the old battered archives seem to project. But next to this, we find the reasons that I consider substantial. The first is the difficulty of making the state archival system work properly; even the will to set up the system is lacking. The second is the need to offer a more or less quick response, even if only partially. That is, to show that something is being done, but without a deep political purpose or a real effort to get to the core of the matter, without serious investment. It is unlikely that we can learn properly about our past, about the actions of the state, if we do not have detailed control of its documents. It is not enough to select some as the truth and just work with them to preserve the memories. We need to work with all of them and we must 263


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keep them in usable condition. This would be the sound basis on which to proceed in order to be able to create those new documents if needed. But this is not done for a very simple reason: it is not as flashy, it does not sell well, and it requires greater effort and resources. It is not just a matter of structuring an archival system; it needs resources; it needs legislation on conservation and access, on state secrets and citizen rights; and this legislation must be enforced. They have to take the pressure that free access to archives can entail, the empowerment that it brings about, and assuming the concomitant effort of keeping transparency. And one has the sense that governments are not always willing to do this. If we place what I have pointed out in the context of what we are discussing here, of the right to truth, of the duty of the state to restore and preserve memory and of the defense and promotion of human rights, what role do archives have? From my perspective, they have an important role, but always inasmuch as they fulfill their function. We cannot place archives in the frontline of memory policies, although they do occupy a central place as a resource that everyone needs and that has to be ready to respond to concrete demands, but without neglecting its traditional obligations. That is, certain tasks can be given priority at a certain moment, but without impairment to the general services that the archive is meant to offer. The function of archives has to be clear and linked to its own purpose. An archive must assemble the necessary documents, those that it can hold according to its scope and competence, and it must preserve them and disseminate them. It does not necessarily have to create new documents; that is not its function. The creation of programs to gather testimonies or the like does not have to be one of its priorities, although it can, and in fact it should welcome the result of these exercises and even support them with the resources and information it holds. In order to fulfill its functions regarding policies of memory, the archive must supply what is demanded from it and to do so it must have extraordinary programs and resources, especially when specific policies are being applied. The archive must adapt to the requirements put forward in reparations legislation by supplying the necessary personnel resources to fulfill what they demand and adjusting its description plans and customer service to fit these needs and creating specific description instruments that respond to a precise demand if necessary. Archives should be prepared to respond to the demands of the reparations legislation. But this is not always easy to articulate, for the archives would have to be already set up at the moment of drafting the legislation in order to ascertain to what extent they can respond to the needs of the legislator and to guarantee that they can carry out what is expected of them. This in turn should also be regulated by law. It should be possible at least to respond immediately to the new demands. The experience we have had in the Civil War Archive is a good example of this situation. With the approval of the reparations legislation in 1984 we began to receive daily hundreds of requests from people who needed certification of their actions in republican territories, more 264


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

concretely of their activities in the security forces and of their rank in the Republican Army to obtain their pension and an acknowledgment of rank. The issuance of Law 37/84 brought about a transcendental transformation to the life of the archive. I was not there when all this started, but it is well known that the archive had to face this situation with scarce personnel and without having developed working patterns other than those already there. The response was shaped by the force of reality. At first, requests were being served in a traditional way, looking up the names of the petitioners in old data files, locating the document and forwarding it to the office of the secretary where the contents were certified. A dossier was opened for each petitioner, the so-called expedients republicanos (republican dossiers), of which to this date we have nearly one hundred thousand. For each dossier a file card was created in order to be able to locate it in case a new petition regarding that same person should be made. Two serious problems arose from this situation: 1. The inability to provide a quick response to the number of requests, for even before the law had been approved those affected had approached us requesting their data; by October 1980 there was already a backlog of six thousand petitions. 2. The difficulty of providing an adequate response to the petitions, since the archive was not ready for such an overflow. The first one was partially solved with constant improvement of working procedures, including the substitution of photocopies for transcriptions of the certifications, something that to a large extent resulted from the pressure put by the Ministry of Finance. Equally, by employing the full personnel capacity of the archive for this purpose we managed to cope with, but not to solve, the increasing demands, although this implied neglecting other tasks. Eventually, additional temporary teams were hired to deal exclusively with searching and providing antecedents. However, this did not imply that the other problem was solved. The answers we obtained were not always satisfactory and we were aware that there were many more positive results than we were being able to find. Undoubtedly, there were many documents that were not properly referenced and they could be highly relevant to fulfill what the law aspired to attain. As a result, we had to change the description methods, in an attempt to coordinate the way the collections were handled with the needs of the citizens that required the services of the archive. From that moment onwards, descriptive tasks had a double purpose: firstly, we had to look into the documental collections that we knew contained data that pertained to those addressed by the reparations law and then we had to elaborate adequate description instruments to serve that particular function. Thus, the payrolls of the Northern Army, for 265


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example, or the magazines of the Cuerpo de Carabineros (the Border Patrol) and of the members of the Security Corps of Asturias took priority. We then created databases with just the names of members of some collectivities, because a full description of the whole series would have taken too long. Accordingly, we created databases for the members of the security corps, health personnel or the deceased. I want to highlight something in particular about this effort. Although we are well aware of how inadequate much of our work was, we nevertheless managed to create a program that enabled us to respond more adequately, while facing many difficulties, especially at the beginning, to the requests of about one hundred thousand petitioners. This process was not just a passive response; we have worked throughout trying to approach the situation by taking initiative and even modifying the behavior of other very powerful administrative units. The Archive sent numerous memos to the General Directorate of Personnel Costs of the Ministry of Finance with suggestions as to verification of the validity of the documentation and processing procedures. Documents were found and made known that facilitated recognition of certain collectives, such as nurses. Whenever we completed a new instrument, we would try to distribute it and make it known to the interested parties so that they could resubmit their petitions if necessary. Whenever we could not carry out full descriptions, we produced listings of the location units where specific collectives could be found, and whenever we came across more precise data we filed it and made it known also to those who were willing to make detailed descriptions (international brigades, nurses, etc.). We faced some difficulties, and among them I would like to highlight the lack of coordination in the first stages between us and the Ministry of Finance. Firstly, they would not accept the validity of the certifications we issued and constantly questioned the documentation because it lacked certain formal elements. For those responsible of public monies, a document was not valid if it did not have date, stamps, signatures and letterheads, but many of these preserved documents were created during the Civil War and they do not display any of these features. Consequently, the archive received time and again notices requesting clarification of a document, especially since, in order to make better use of the scarce resources, the Ministry had decided to respond to the petitions that could submit a document with complete personal information, but since not all documents were considered valid enough, the search had to be repeated, sometimes up to ten times, until a better one could be found. As a result of these repeated petitions from the Ministry of Finance only the documents that contained all the formal elements for validation were sought. Not only was the personal information of the respective person sent, but also the rest of the information contained in the document, or at least the header and footer, with a specific attesting stamp indicating the class mark, the number of photocopies as well as the corresponding date, signature and stamp of the archive. All these elements should be considered when planning tasks, for they took up valuable time from the archiveâ&#x20AC;&#x2122;s employees and slowed down the ability to respond. It is important to notice 266


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this, because these dossiers have required a high degree of bureaucratic work, which became somewhat more complicated when we started to charge for the work of issuing certificates, irrespective of whether it was for positive or negative search results. Equally, the need arose almost immediately to create specific descriptive instruments to answer to the new demand. For this purpose, we had to previously identify the series that best served our intentions and physically locate the personal dossiers, affiliation forms, pension forms, appointments, payrolls, proof of troop inspections, daily listings of prisoners, etc.--, separating those that were already available through a large general file that had been created in 1937 with repressive purposes from those that had nothing. In our case, we had to locate documents associated with a name, but this required previous identification of the series and the documents that could best serve this purpose. Therefore, what we did first, with help from other institutions, was to create a database with all the nominations that figured in official periodical publications (340,767 records). Equally, in the descriptive tasks the stress was on name indexes, introducing entire listings of members of the security forces or the army, which always included those entitled to that which legislation dictated, making a much more through job than what is usually recommended for this kind of description. Additionally, other extraordinary measures were taken, such as creating the database of the members of some security corps or of the personnel of military hospitals, when they were also granted rights. At present, we are still creating an index of prisoners because we receive a great number of demands associated with imprisonment. Posting some of these databases on the Internet has had a powerful effect, especially the one containing the appointment of officials in the Republican Army and the other holding the database of the Secondary Pay Office of the Infantry Division (PagadurĂ­a Secundaria del EjĂŠrcito de Tierra) which lists the dead, missing and disabled (59,110 records). All this has been enhanced by posting the new descriptions on the PARES portal (Portal of Spanish Archives). At present, over 80% of the descriptive instruments that an end user would have at the premises of the archive can be accessed from their home. This new tool has allowed us to offer not only the new instruments in database format, but also the old ones through the possibility of downloading files, which are maintained until the new descriptions are produced. All these steps have had a single objective: to offer the best information in the most direct way possible, because we believe that this is our greatest contribution to the knowledge of the truth, to the reparation for those who are entitled to it, and for society as a whole, which has the right to know and access the documental patrimony that is housed in its archives.

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THE HUMAN RIGHTS ARCHIVES OF CHILE:

AN EXPERIENCE OF MEMORY

Patricia Huenuqueo Canales51

1. Origin of the Human Rights Archives of Chile As is well known, archives develop thanks to the documentation contributed by organizations, families and individuals, as well as the documentation that is produced and the uses of this material. Archives are traces of the past, and they tell us something about the people who created them and the society in which they lived. Moreover, their functionality and symbolic value are determined by these contexts52. In the Chilean case, the production of this kind of archives is defined by the Human Rights violations in the period between 1973 and 1990, which are still open to judicial investigation and continue to be a matter of social reparation, a work in progress. In this sense, we can say that our human rights archives have a double origin. On the one hand, we have the documents that were produced by State institutions in the process of their repressive functions of political control –although the archives of the security organs of the military regime have not been found−, as well as the documents from the legal and administrative sectors, from forensic, police and legal investigations and from the process of reparation to the victims and their relatives. On the other hand, we have the records generated by victims or relatives of victims, witnesses or compilers, associations, collectives, private institutions and NGOs working on the protection, defense and promotion of human rights.

51

Head of the Office of the National Archive System - Chile

52

Martine Cardin “Archives in 3D” p.115. [online] URL: < http: //journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/ viewFile/12796/13997>. [8 September 2007].

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As a consequence of this double origin, the forces acting to make them disappear or to preserve them are very different and, naturally, their paths have been very different. In this sense, the intention of the State to disappear or conceal the memory recorded in documents during the 1973-1990 period reaches its clearest formal expression in 1989 with the enactment of Law No. 18.771, which establishes that the documentation of the Ministry of National Defense, of the Armed Forces, of the Order and Security Forces and other organs of this State Secretariat or bodies related to the Supreme Government through their intermediation, shall be filed and destroyed as per the regulations of the corresponding ministry or institution. Under this norm, the dependent bodies of this Ministry, including the military courts, may to this day certify that they have destroyed the archives pertaining to human rights violations. The implications of this are obvious. Nonetheless, this public intention to conceal the physical traces of the events, and consequently to hamper possible future reconstructions, has been confronted by the will to preserve evidence on the side of the victims and the organizations that have represented them. Since 1990, these groups have been able to contribute to official procedures carried out by truth and reparations commissions and judicial, forensic and police institutions with evidence that has helped to clarify the truth. Since 2002, they have also started to process their memory and this is what I want to comment in detail.

2. Archives as Memory As a result of the joint wok of the Memory of the World National Committee53 and the Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad (Documentation and Archive Foundation of the Vicaría of Solidarity), the Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Social Aid Foundation of the Christian Churches, FASIC), the Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Association of Relatives of the Disappeared) the Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Committee for the Promotion and Defense of the Rights of the People), the Comisión Chilena de Derechos Humanos (Chilean Human Rights Commission), the Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Foundation for the Protection of Children Injured by States of Emergency), and the Corporación Justicia y Democracia (Corporation for Justice and Democracy), in August 2003 UNESCO added to the Memory of the World Registry the archives that record the efforts to defend human rights and the solidarity actions for the people who were persecuted, arrested, tortured, executed and disappeared during the military dictatorship that ruled Chile from 1973 to 1990. 53

As of August 2003, the president of the Committee was María Eugenia Barrientos, Conservator of the National Archive and the members were Ximena Cruzat, Director of the National Library, Alan Trampe, Museums Director, Aldo Yávar, representative of the universities, Carlos Bascuñán, representative of private patrimony and Ana María Maza and Gloria Elgueta, representing the Libraries, Archives and Museums Directorate.

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During the nomination process for this international recognition, it became evident that the lack of economic, technical and human resources was a significant obstacle to the preservation of these archives, many of which were held without proper classification and in precarious conditions. Once the recognition was confirmed, that same year and until the end of 2007 the National Archive and the abovementioned institutions carried out a management plan which included a census of human rights archives, the design of projects dealing with the technical aspects of their management, and the incorporation of this documentation to the National Archive. 2.1 Census of Human Rights Archives Taking as an institutional point of reference the Chilean Human Rights Movement54, the need was identified to carry out a survey to gather information about the volume, content, state of conservation and accessibility of the archives produced, received, conserved and used by NGOs, associations, collectives and private institutions of any kind dedicated to the defense and promotion of human rights. Thanks to the support given by the Spanish State Archives the National Archive set up a working team that during 2005 and 2006 looked for the archives generated by more than forty organizations of this kind existing in the country at the end of the 1980s. Broadly speaking, it was possible to establish that by the time that the survey was carried out many of these organizations had discontinued their activities or converted their functions and that their historical archives were not accessible either because they had been destroyed or split among many former collaborators. Some international organizations working in Chile, such as the Red Cross and Amnesty International, deserve special mention because they could inform that the archives generated during the period in question had been transferred to their headquarters in Switzerland and the United Kingdom, respectively. Eighteen Human Rights Archives were located and described, and the information pertaining to them can be obtained from the website of the Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (Spanish and Ibero-American Archive Census / Guide): http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm. The data analysis indicates that, regarding their location, eleven of these archives were kept in the Metropolitan Area of Santiago, six in the region of Araucanía and one in Los Lagos. This territorial concentration is partially explained by the fact that organizations such as the Vicaría de la Solidaridad (Vicaría of Solidarity), the Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Social Aid Foundation of the Christian Churches, FASIC), the Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Committee for the Promotion and Defense of the Rights of the People) and the Comisión Chilena de Derechos Humanos (Chilean Human Rights Commission) moved to Santiago some part or all of the archives generated by the regional branches that functioned until 1990. 54

Patricio Orellana and Elizabeth Quay Hutchison: El Movimiento de Derechos Humanos en Chile 1973 - 1990, pp. 64-65.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

As for the organization and the technical procedures, the working team was able to verify that there was a deficit of available resources, both human and material, for managing the documentation. These factors clearly affected the organization, conservation and recovery of the archives. The survey indicated also that the human rights archives contained 1,163 lineal meters of documentation generated between 1973 and 2006 and that the largest archives were those held by the Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad (Documentation and Archive Foundation of the Vicaría of Solidarity), the Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Social Aid Foundation of the Christian Churches, FASIC) and the Comisión Chilena de Derechos Humanos (Chilean Human Rights Commission). As for the medium in which the information was recorded, they were mostly paper records, following, in descending order, magnetic tapes, optical records and some held in special materials, such as cloth or glass. Finally, regarding their accessibility and reproduction facilities, most organizations had established restrictions according to the type of information that the documents contained, as was the case of the socio-medical dossiers. There was a lack of material conditions to locate and reproduce documents. Main types of documents and conditions of accessibility

271


Memorias Seminario Internacional

2.2 Project Management In order to overcome some of the greatest limitations regarding the organization, conservation and access to the documental holdings, a fund-raising initiative was set in motion with the participation of human rights organizations linked to international funding organs, the Programa de Ayuda para el Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (Ibero-American Archive Development Support Program, ADAI) and the Program for Latin American Libraries and Archives based at Harvard University. Additionally, in 2005 a cooperation agreement was signed between the Chilean National Archive and the General Subdirectorate of the Spanish State Archives to deal with the future handling of the archives of Chilean Human Rights Commission. This line of work was complemented with training meetings and workshops that would enable the professionals working at the National Archive to acquire the required skills to work with parameters that differed from those of public archives. Additionally, the Human Rights organizations were encouraged to create internal working teams to handle the technical processing of the archives. From a quantitative perspective, this joint effort had secured, as of 2007, US$200,000 from international sources, a contribution of US$22,740 from Human Rights Organizations for facilities, supplies and labor, and approximately US$35,000 from the National Archive. This funding greatly contributed to the progress of organization, conservation and description process for approximately 200,000 documents, which are about 30% of the total patrimonial holdings. 2.3 Incorporation of the Documents of Chilean Human Rights Commission to the National Archive Considering that the Commission had formally closed its activities and that the archives were at risk of being lost55, in October 2005 the Presidency of the Chilean Human Rights Commission officially transferred the institutionâ&#x20AC;&#x2122;s documents to the National Archive. To avoid fragmentation, damage or loss, their incorporation was carried out gradually and in keeping with the progress of the conservation, organization and description project that was implemented in the first semester of 2006. Thus 130 lineal meters had been incorporated to the National Archive by mid-2006, and these documents are now available to the public. In a wider perspective, this decision also defines a strategy for private archives containing materials relevant to understanding recent history. As the General Director of UNESCO, KoĂŻchiro Matsuura notes, â&#x20AC;&#x153;In former repressive countries, where public archives have disappeared or been purged, the records of NGOs are among the rare sources of information 55

In 2005 and 2006, the offices of the Commission were repeatedly attacked by as of yet unidentified persons.

272


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

that allow the victims to understand better the mechanisms of repression and to claim a right to truth and reconciliation56â&#x20AC;?.

Testimony of Carmen Gloria Quintana after having been burned by a Military Patrol (July 1986).

3. Conclusion These archives as a whole are still growing since the process of social reparation to the victims and their relatives is still open, a process that is not only concerned with material reparation but involves mainly the judicial investigation of the crimes and the corresponding sentencing. They are still growing physically as new documents are being produced; functionally as their authenticity is being certified and they can be presented as evidence in judicial procedures; and symbolically as they become part of the patrimony and a source for memory. The four-year alliance between Human Rights organizations and the National Archive only enabled a partial development in handling these archives. Nonetheless, it is considered an important progress as it contributed to set the parameters for future projects which we expect will reach its greatest expression in the Memory and Human Rights Museum. The latter is a project headed by Michelle Bacheletâ&#x20AC;&#x2122;s Presidential Advisory Commission on Human Rights and it embodies an old aspiration of Human Rights organizations, that wanted the State to assume a permanent commitment to preserving the sources that promote the reflection and education on the respect for human rights and democracy through an awareness of the human rights violations occurred during the military dictatorship in Chile. 56

International Council of Archives: The Records of NGOs, a Memory to be Shared. A practical guide in 60 questions, p. 1.

273


Memorias Seminario Internacional

This can become a powerful pedagogical instrument to guarantee that this doesn’t happen again, to fulfill the “Nunca Más” imperative57. For the first stage of this project, which runs until the Museum is inaugurated in November 2009, the documental base will be the Assembly of Documental Funds declared as part of the UNESCO Memory of the World Program and more concretely those of the organizations assembled in the House of Memories: the Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Social Aid Foundation of the Christian Churches, FASIC), the Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Committee for the Promotion and Defense of the Rights of the People), the Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Foundation for the Protection of Children Injured by States of Emergency) and Teleanálisis. Additionally, the Internal Affairs office is in the process of transferring the Archives of the Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (National Commission for Truth and Reconciliation - CNVR) and of the Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (National Commission on Political Imprisonment and Torture - CNPPT). It is expected that this type of transfers can be obtained from other public and private institutions during this process. Summing everything up, Human Rights Archives in Chile are today more than ever receiving public attention. This reflects how the history of these archives, of their creation, the attempts to hide and destroy them, and their preservation, is determined by the context in which they were first produced and by the context in which they are now made relevant. Thus, today it seems even more necessary to preserve them as organic representations of a period in our history and, consequently, to maintain their function as a truthful source for the creation of future social memories.

57

Working document: “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Colecciones”. October 2008, p.4.

274


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

ARCHIVES, CENTERS FOR MEMORY,

AND THE PATRIMONY OF HUMAN RIGHTS IN PERU

Ruth Borja Santa Cruz58

Introduction When talking about archives, centers for memory and the patrimony of human rights in the Americas we must go back to the last seventy years of our Latin American history, marked by brutal events, dictatorships, and political violence which still need to be processed. Historians face the challenge of how to research recent history in a post-conflict society using archives as a source. From the point of view of the archivists, the challenge lies in coordinating archival theory with the reality of the documents from the institutions that participated, directly or indirectly, in the acts of violence in our countries. My presentation will deal with the archival organization and description work of the Truth and Reconciliation Commission, of human rights organizations and my own in the Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos of the Ombudsman’s Office of Peru.

The Documentation Unit of the Truth and Reconciliation Commission. The Peruvian Truth and Reconciliation Commission (TRC) was created on June 4, 200159 as a high-level organ of the Presidency of the Council of Ministers (PCM) and its purpose was to clarify the process and the facts of the political violence and the human rights violations that occurred between May 1980 and November 2000, as well as to determine criminal responsibility. The Commission was the result of a long battle fought by human rights organizations and the calls of thousands of victims and their relatives, collectively organized in associations and committees, who demanded from the Peruvian State clarification, justice and punishment to those responsible for the assassination, arbitrary detention, torture and forced disappearance of their loved ones. 58

Director of the Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (Information Center for Collective Memory and Human Rights) of the Ombudsman’s Office of Peru.

59

By Supreme Decree No. 065-2001-PCM

275


Memorias Seminario Internacional

Once the Truth and Reconciliation Commission was established, the Documentation Unit (DU) was conceived as part of its organic structure; at first, its function was that of obtaining and supplying bibliographic and archival information to the TRC. In order to do so, the DU contacted and/or signed agreements with several institutions that held information (books, newspapers, magazines and other documents kept in different forms) about the period of violence that afflicted Peru (1980-2000), as well as bibliographies related to the experiences of truth commissions in other countries. Through these agreements, it was easier to access the information and to photocopy the documents or publications. The material that was being assembled was handed over to the DU for its administration and thus the library and the archive were created. As the work of the TRC advanced in different areas, the DU had to create a draft classification chart of what eventually would become the central archive of the Commission. For this purpose, the organic structure of the TRC was taken as a reference point. Once the draft of the institutional classification chart was drawn, we visited the Lima office and the four regional offices to work with the secretarial personnel on identifying their main activities in order to draft the classification chart for each office. The charts showed the document series and the personnel was trained to work on the organization of the documentation in their locality, thus guaranteeing that it would be managed methodically and it would be easily identified in the final classification chart. This preliminary work supplied the DU with the classification charts for the different offices and branches, which eased the task of clarifying via e-mail any doubts that the personnel in charge of the document organization could have. As the TRC started to close offices and areas of investigation, personnel from the DU traveled to the regional offices to work with the local personnel on the inventories for the transfer of the documentation to the DU. Thanks to this procedure, the DU received the documentation already identified and highly organized, which served as the foundation to select, organize and describe each organic unit of the TRC60. To create the audio, video and photo archives we considered that it was important to create a description datasheet for each medium. The personnel at the different offices received the datasheet and instructions on how to record the basic data for each item. When the DU received the audiovisual documents with their respective datasheets, we listened to and watched the material to complete the description of the activity registered in photos, videotapes and audio recordings. Then we drew the classification charts for each archive, and each documental item was ordered, described and class marked. Having advanced in the work of organizing and describing the TRC archival collection, we went on to enter the information into the Catalogue of this entity. This task was carried out by an IT specialist, who followed the requirements and parameters presented by the archivists. The cataloguing system of the TRC was the instrument that enabled the different areas to 60

See Annex 01, Classification Chart of the Main Office of the TRC.

276


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

perform the required global and specific searches. It also helped to prepare the transfer inventories to hand over the TRC archival collection to the Ombudsman’s Office. From the creation of the TRC, the DU implemented its archival activities following the development and the changes in the institution. The TRC began by covering only some areas, others were added or some of the existing ones were sectioned, according to the complexity of the tasks. Later on, as they closed the offices, the DU received the documentation and ordered and described it according to the classification chart it had created. The TRC released its final report to the country on August 29, 2003, and on that same date the Supreme Decree No. 078-2003-PCM was issued whereby the transfer commissions were formed to hand over the Commission’s archival collection to the Ombudsman’s Office, and its assets, information, and administrative, economic and financial documentation to the Presidency of the Council of Ministers. In November 2003, the TRC collection was transferred to the Ombudsman’s Office, and in December it was formalized through the subscription of a transfer act which included the legal dispositions and the transfer inventories as annexes61. The archival collection that the TRC handed over to the Ombudsman’s Office contained the following items: Testimonies

16.917

files

Printed photos

13.139

photos

Photo negatives

3.810

strips

Videos

1.109

tapes

428

tapes

Masters (BETA, HI8) Audios 78 investigated cases

18.696

cassettes

453

files

Burial sites

1.055

files

Library

1.150

books, journals

The archives of human rights organizations. Within the framework of an agreement signed between the TRC and the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH - the National Coordinator for Human Rights), the DU was in charge of organizing and describing the legal dossiers regarding human rights violations that the non-governmental human rights organizations (NGOs) which were part of the CNDDHH had preserved. 61

See Annex 02, First Page of the Transfer Inventory of the Main Office of the TRC

277


Memorias Seminario Internacional

In their fulfillment of their functions over a long time, these NGOs had been gathering documentation on forcibly disappeared persons, arbitrary detention, collective and selective assassinations, threats to their organizations, campaigns and all kinds of activities associated with the defense of human rights in the country. This documentation was kept in different formats and media, such as print, audio, photos, and/or video. To organize the documentation of a human rights NGOs, the first step is to learn about the history of the institution. We also need to know its organizational chart and its main functions. Thus we obtain a global view of the institution as support for the task of organizing the documentation, whether partially or in its totality. According to my experience, the archival work carried out by human rights organizations referred mainly to legal matters, because they focused on the urgent need of organizing the documentation that recorded violations carried out by state agents and by the different armed groups. The work was carried out with students from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos’s School of History. Once the documentation was organized and described, the TRC could count on first hand information regarding the demands filed by the relatives of victims of political violence at judicial courts and international organizations or voiced in the media, as well as the follow-up activity of the NGOs on these demands. This documentation contributed to the creation of a Database for the Location of Disappeared Persons, which the CNDDHH handed over to the TRC.

The Information Center and the research on memory and human rights The Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (Information Center for Collective Memory and Human Rights, hereafter IC) has been in service since April 19, 2004 in a central location in Lima62, and it depends administratively and financially from the Ombudsman’s Office, an autonomous institution whose maximum authority, the Ombudsperson, is appointed and ratified by Congress. Our objective is to bring the full archival collection within reach of the victims of political violence and their relatives, human rights organizations, school and university students and national and international researchers, a collection which includes the holdings of the Truth and Reconciliation Commission (TRC), the former Special Prosecution Offices created by the Office of the Ombudsman and for the Defense of Human Rights (Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos) under the Constitutional Court (Ministerio Público), as well as the information generated by the Ombudsman’s Office.

62

Address: Jirón Miró Quesada Nº 398, Cercado de Lima.

278


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Its existence is part of the reparation process that the state has been implementing. The aim is to bring information to school and university students so that they reflect on that violent period; to enable research on the root causes of violence; and to look for comprehensive solutions so that we can strengthen democracy in Peru and create an inclusive society, with citizens who respect difference and are open to dialogue. With this in mind, the IC offers the following services: • • • • • •

Service desk to deal with on-site and remote enquiries and information requests; Reading room for the consultation of dossiers, documents, books, and periodicals; Audio visual room for viewing videos and listening to cassettes; Guided visits to the Information Center; Loan of photo exhibitions of the TRC; Guided visits to the Yuyanapaq Photo Exhibition.

By August 2008, the IC had received 14,035 visitors who were requesting information, consulting material, and/or visiting the premises. How many users did the IC assist? April 2004 - August 2008

%

Researchers/students

Kind of user

6.699

47.73%

Victims/relatives

1.720

12.26%

General public

1.512

10.77%

Schools (guided visits)

1.008

7.18%

NGOs

987

7.03%

Universities/institutes (guided visits)

770

5.49%

Judges/prosecutors

342

2.44%

Press

316

2.25%

Government officials

210

1.50%

NGOs (guided visits)

164

1.17%

Social organizations (guided visits)

119

0.85%

Armed Forces/National Police of Peru

111

0.79%

International visitors

56

0.40%

Visitors form organizations of relatives of the victims

21

0.15%

14.035

100%

TOTAL

Source: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Author of table: Ombudsman’s Office

279


Memorias Seminario Internacional

Of the total visitors that assisted to the IC, 6,699 (47.73%) were national and international university students and researchers who used the center for their academic research work. It must be clarified that researchers may visit the center regularly for a month or two, but each time they use the IC services is recorded as one “service assistance”. Researchers from other countries usually come to research topics funded by their university. To this date, we have received researchers from the US, Germany, France, Japan, UK, and Canada. Not so may come from other Latin American countries. I can even affirm, without a doubt, that more foreign investigators have visited the IC since its creation than Peruvian researchers. Thus we face the challenge of reversing this proportion, so that we may have more of our own university students carrying out research on the political violence that afflicted Peru. In an effort to reach a greater number of college and university students, we organized in 2007 the “First National Human Rights Essay and Reportage Competition” for journalists, university students, and trainees at military colleges between the ages of 17 and 25. The contestants had to use material from the IC in their submissions. For this first version of the competition we received thirty essays dealing with topics such as discrimination of indigenous and Afro-Peruvian populations, political violence in different regions of the country, testimony and subalternity, violence and memory, and reconciliation. If we continue looking at the user table we can see that the second biggest group is that of victims and relatives of victims (15.4%), who usually come to the IC to request a copy of the testimony they rendered before the TRC so that they can present it at different offices of the Peruvian State to claim their due reparations. They may also be persons who have not rendered testimony before the TRC, but want to know whether there is any information regarding the death or disappearance of their loved ones. We have seen cases in which the visitor to the IC finds out about the death of a relative during the conflict by reading other people’s testimonies. A very special case was that of a man who went to the IC to obtain information about his relatives and found out that he figured in the preliminary list of disappeared persons that the TRC had drafted. This was the first step to locate his siblings, which led to a moving reencounter ceremony organized by the Ombudsman’s Office.

The “Yuyanapaq-To Remember” Exhibition and travelling exhibitions. ¿What is Yuyanapaq? Yuyanapaq, which means “to remember” in Quechua, is a space for commemoration in which, using photos as a medium for knowledge and remembrance, the horror lived during the 1980-2000 period is shown with irrefutable evidence. The exhibition contains 178 images, 280


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

which were selected after revision of more than ninety photographic archives from different sources such as newspapers, free-lance photographers, international news agencies, military institutions, human rights organs, NGOs, the Church, and family albums. The images included in the exhibition are true and authentic visual testimonies of the bloody episodes of violence that shook our country, leaving a still undetermined number of victims. The purpose of this exhibition is to contribute to the national reconciliation process by preserving historical memory and working to ensure that the events documented in the photos never happen again. ¿How did the exhibition come to the Ombudsman’s Office? Yuyanapaq-to Remember, a project developed by the Truth and Reconciliation Commission, opened to the public for the first time in August 2003 in Riva Agüero House, and it was visited by thousands of Peruvians and foreigners, including many victims, their relatives and perpetrators. Thus it became the first symbolic reparation, playing a significant role in the long path of national reconciliation. Later, the exhibition was moved to the sixth floor of the Museum of the Nation, where it reopened on July 20, 2006. This reinstatement was carried out by a High-Level Multi-sector Commission (CMAN for its initials in Spanish), with support of foreign financial cooperation. Once it was installed and inaugurated, the CMAN transferred the exhibition to the Ombudsman’s Office and it is now under custody of the IC, which is in charge of maintenance and dissemination. Between March 10 and June 24, 2008, the exhibition was closed to the public because the EU/LAC summit was held in the Museum of the Nation. During this time, the exhibition received improvements and maintenance. ¿How many people have visited since its inauguration? The doors are open for visitors from Tuesday to Sunday. Many individuals, groups of schools and university students, and common citizens interested in knowing and remembering through images the difficult situation the country went through have visited the exhibition. Between July 2006 and August 2008, approximately 50,000 people have visited the exhibition. The majority of school and university students come with their teachers and professors. We also receive many family groups, groups of friends and an important number of foreigners. Yuyanapaq travelling exhibitions The IC has travelling exhibitions to respond to requests from public and private institutions, both domestic and abroad. To this date we have recorded having taken the exhibition to 120 different locations. As can be seen in the table below, the greatest number of requests comes from national and foreign universities and cultural centers. 281


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How many have requested the travelling exhibition? Requesting institutions

April 2004 - August 2008

Universities/institutes

41

Organizaciones sociiales

20

Regional Ombudsman’s Offices

14

NGOs

13

arishes /Church organizations

12

Municipalities

9

Schools

7

Museums

3

Public Organs (Ministries)

1

TOTAL

120

Source: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Author of table: Ombudsman’s Office

Among the countries that have requested the loan of the exhibition we can mention Mexico, France, Germany, Spain and the United States. The requesting institution assumes transport and insurance costs. At present, four collections containing 36 and 40 groups of photographs are being displayed in different parts of the country and abroad.

Conservation and preservation of digital documents (audiovisual archives, testimonies). One of the most visible achievements during the 2004-2008 period was the digitalization of a large portion of the TRC’s archival collection. This has ensured its conservation and safety, at the same time that it enables us to deliver in a fast and secure way the information requested by victims of political violence, academic researchers and the State institutions that are working on reparations and ongoing criminal processes. As for the digitalization of the Center’s archival collection during the period between April 2004 and August 2008, 18,800 audio cassettes were converted to MP3 format, yielding a total of 1,053 MP3 discs; the 16,917 files of TRC testimonies were digitalized and 295 DVDs in digital video format were converted to MPG2 digital video. Additionally, the 28 cassettes with testimonies of victims of violence, taken by the Sequels of Violence Team of the Section on Human Rights and the Disabled at the Ombudsman’s Office (OO), have been digitalized.

282


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Results of the digitalization of the TRC archives Collections TRC Testimonies

April 2006 - August 2008

16,917 files of testimonies

Video Archive

295 MPG2 discs

Audio Archive

1053 MP3 discs

Testimonies Taken by the OO

28 DVD discs

Source: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Author of table: Ombudsman’s Office

Diffusion of the Information Center as a Memorial. Within the stated purpose of becoming a point of reference for the preservation of memory regarding the period of political violence and for the promotion of human rights, the IC participates in the activities that are organized by different sectors of civil society. For this task, the center maintains a permanent liaison with institutions dealing with memory and human rights. We have participated in fairs, conferences, seminars, round tables and lectures organized by different municipalities, universities and social organizations in Lima and in other parts of the country. Another way of reaching out to society is through the promotion of guided visits of the IC for school children. We send invitations to the principals of educational institutions and through them we establish contact with Social Studies teachers to program the tours. We proceed in more or less the same manner with higher education institutions. At universities we contact professors at the Schools of Social Sciences, Law, and Education. Who visited the IC? Kind of user

April 2004 - August 2008

Schools

35

Universities / Institutes

32

International visitors

25

NGOs

15

Social Organizations

12

Organizations of victims relatives (guided visits)

3

TOTAL

122

Source: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos Author of table: Ombudsman’s Office

283


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Through the guided visits to the IC we want to promote interest for the recent past among school and university students so that they reflect on the need of developing a culture of peace and respect for differences.

Contacts abroad Aiming to reach a greater number of users, since 2007 we have a web page63. Consultations and information requests are attended daily by IC personnel. Whenever possible, the information is sent via e-mail; otherwise, mechanisms are established to send the requested information. In 2007 we contacted the archivist Rebecca Hatcher from Yale University’s Department of Manuscripts and Archives, who visited the archive in October together with archivist Kevin Glick and gathered information about the digitalization of the TRC collection. The aim in the future is to develop activities within the framework of the Artemis Project. One of its objectives is the evaluation of the size and scope of selected documents from truth and reconciliation commissions worldwide as a basis to create an archive with copies of documents from the different TRCs at the Department of Manuscripts and Archives of Yale University. In order to promote the services of the IC abroad, we have participated in international events such as the workshop “Building the Memory of Violence in Colombia: The role of Archives”, organized by the Historical Memory Group of the National Reparation and Reconciliation Commission (CNRR for its initials in Spanish), which took place in Bogotá on the 15th and 16th October 2007. At this event, we introduced the IC, its archival collections and the services it provides. We also participated in the “First Meeting of Memory Museums of MERCOSUR”, which took place in Montevideo from the 1st to the 4th of April 2008, where it was agreed that it was necessary to “create a Network of Museums and Memory Centers that enables exchange of experience, projects, documentation, and information in order to enhance our struggle to strengthen democracy, as a legacy for future generations”. Equally, on September 25 and 26 2008, we participated in the “Second Meeting of Archives and Human Rights: present use, possibilities and limitations”, organized by the memory Museum of Rosario and Open Memory of Argentina.

63

www.memoriaparalosderechoshumanos.org

284


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

ANNEXES Annex 01 TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION DOCUMENTATION UNIT CLASSIFICATION CHART MAIN OFFICE SC0 01. COMMISSIONERS’ PLENARY MEETINGS 010101. Plenary sessions 010102. Workshops 010103. Correspondence 010104. Working documents 02. PRESIDENCY 0201. Legislation 020101. Laws, resolutions, directives 020102. Regulations, Manuals and organization charts 020103. Agreements 0202. Presidency 020201. Institutional plan 020202. Activity report 020203. Activity agenda 020204. Meetings and interviews 020205. Travel 020206. Speeches 020207. Correspondence 020208. Work Material 020209. Salomón Lerner’s CV 0203. Regional Offices 020301. Lima NOS Region 020302. South Central Region 020303. Central Region 020304. North Eastern Region 020305. South Andean Region 0204. Sections of the TRC 020401. Office of the Executive Secretary 020402. Presidency – Administration 020403. Public Action Group (GAP) 020404. Final Report Team 020405. Public Hearings 285


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020406. Initiative on Disappeared Persons 020407. Special Investigations Unit 020408. Mental Health 020409. Gender 020410. Education 020411. Patterns of Crime 020412. Clarification of facts 020413. Information Systems 020414. In-depth studies and Regional Histories 020415. National Process 020416. Sequels and Reparations 020417. Reconciliation 020418. Institutional reforms 0205. Public Institutions 020501. Constitutional Court 020502. Ministry of Justice 020503. Ministry of Women and Social Development (MIMDES) 020504. Presidency of the Council of Ministers 020505. Presidency of the Republic 020506. Congress of the Republic 020507. Ministry de Defense 020508. Ministry of the Interior 020509. Ombudsman’s Office 020510. Other public organs 0206. Private Institutions 020601. NGO´s and Institutions 020602. Universities 020603. Associations of Victims and relatives of victims 020604. Political parties 020604. International organs 020605. Churches 020606. UNDP 0207. Commissioners 020701. Alva Harth, Beatriz 020702. Ames Cobián, Rolando 020703. Antúnez de Mayolo, José 020704. Arias Grazziani, Luis 020705. Bernales Ballesteros, Enrique 020706. Degregori Caso, Iván 020707. Garatea Yori, Gastón 020708. Lay Sun, Humberto 020709. Macher Batanero, Sofía 020710. Morote Sánchez, Alberto 020711. Tapia García, Carlos 286


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020712. Bambaren Gastelumendi, Luis 0208. Coordinating Committee 020801. Meetings 0209. Reconciliation 020901. Coordination 020902. Administrative management 020903. Theoretical framework 020904. Final Report 020905. Workshops, events, and seminars 03. EXECUTIVE SECRETARIAT 0301. Secretariat 030101. Plans 030102. Institutional projects 030103. Budget 030104. Plenary of Commissioners 030105. Management Committee 030106. Coordinating Committee (Memoirs) 030107. Meetings 030108. Seminars 030109. Travel 030110. Judicial processes filed against the TRC 030111. Anti-terrorism Legislation 030112. National Reparations Council 030113. Institutional Sessions 030114. Consultancy 030115. Documentation handed in as confidential 030116. Interviews with officers of the Armed Forces 030117. Reports 030118. Criminal matters 030119. Joint statements 030120. Extemporaneous testimonies and demands 0302. Legislation 030201. Laws, Resolutions, Decrees, etc. 030202. Organization charts, Regulations, Bylaws of the TRC 030203. Institutional Agreements 0303. Administrative Management 030301. Correspondence 030302. Lease contracts and services 030303. Personnel 030304. Internal auditing 0304. International Cooperation 030401. AECI 030402. GTZ 030403. Belgium 287


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030404. Canada 030405. Denmark 030406. Finland 030407. Italo-Peruvian Fund 030408. France 030409. Ford Foundation 030410. United Kingdom 030411. Ireland 030412. Holland 030413. Norway 030414. Open Society 030415. Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR 030416. Siembra y Democracia 030417. Sweden 030418. Switzerland 030419. European Union 030420. USAID 030421. USAID (ACT Project), Workshop 030422. Tinker Foundation 0305. Regional Offices 030501. Regional Lima Office 030502. Regional South Central Office 030503. Regional Central Office 030504. Regional North Eastern Office 030505. Regional South Andean Office 030506. Coordination of Regional Offices 0306. Areas of the TRC 030601. Final Report Team 030602. Public Hearings 030603. Statements of Victims of Crimes and Human Rights Violations Unit 030604. Public Action Group 030605. Information Systems 030606. National Process of Political violence 030607. Special Investigations Unit 030608. Mental Health 030609. Administration 030610. Disappeared Persons 030611. In-depth studies 030612. Education 030613. Gender 030614. Reconciliation 030615. Institutional reforms 030616. Witness Protection 288


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030617. Sequels and Reparations and Mental Health 030618. Comprehensive Plan for Reparations 030619. Programs, work groups, and special teams 0307. Public Institutions 030701. Presidency of the Republic 030702. Congress of the Republic 030703. Judicial Branch 030704. Presidency of the Council of Ministers 030705. Ministry of Foreign Affairs 030706. Ministry of the Interior 030707. Ministry of Economy and Finance 030708. Constitutional Court 030709. Ministry of Women and Social Development 030710. Ministry of Justice 030711. Ministry of Defense 030712. Ministry of Education 030713. Ombudsmanâ&#x20AC;&#x2122;s Office 030714. Supreme Council of Military Justice 030715. National Penitentiary Institute 030716. Repopulation Program 030717. RENIEC â&#x20AC;&#x201C; Registry Office 030718. Peruvian Agency for International Cooperation 030719. Peruvian national Police 0308. Private Institutions 030801. Associations of Victims and relatives of victims 030802. Amnesty International 030803. NGOs and Support Networks 030804. National Coordinator for Human Rights 0309. International organs 030901. International Center for Transitional Justice (ICTJ) 030902. UN Human Rights Council 030903. National Security Archive 030904. National Endowment for Democracy 030905. International Committee of the Red Cross 030906. Embassies 030907. Institute for Justice and Reconciliation 030908. The White House 030909. United Nations Organization 030910. United Nations Development Program 030911. Other Truth Commissions 0310. Documentation Unit 031001. Coordination 031002. Administrative Management 289


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031003. Information Services 031004. Organization of the documental patrimony of the TRC 031005. Transfer of the documental patrimony of the TRC 0311. Initiative on Disappeared Persons “Para que no te olvides” (So you don’t forget) 031101. Coordination 031102. Administrative Management 031103. Listings of disappeared persons 031104. Database for the Location of Disappeared Persons 031105. Dossiers of Disappeared Persons 031106. Work materials 031107. Diffusion 031108. Listings and unprocessed files 04. FINAL REPORT TEAM 0401. Coordination 040101. Work Plans 040102. Activity Reports 040103. Meetings 0402. Administrative Management 040201. Correspondence 040202. Goods and services 040203. Personnel 0403. Final Report 040301. Final Version 040302. Materials and Draft versions 040303. Consultancies 040304. Editorial Committee 040305. Research sources 05. MENTAL HEALTH 0501. Legislation 050101. Agreements 0502. Coordination 050201. Work Plans 050202. Activity Reports 050203. Projects 050204. Editorial Committee 050205. Training 050206. Meetings and interviews 050207. Work materials 050208. Mental Health Proposals 0503. Administrative Management 050301. Goods and services 050302. Personnel 050303. Correspondence 290


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0504. Emotional support 050401. Assistance for witnesses at Public Hearings 050402. Assistance for relatives during mass grave exhumations 050403. Assistance for the TRC technical team 050404. Workshops 0505. Sequels and reparations 050501. Sequels and mental health 050502. Reparations and mental health 050503. Sequels and reparations 0506. Support Networks 050601. Reports 050602. Workshops and seminars 06. HISTORICAL MEMORY 0601. Coordination 060101. Work plans 060102. Activity Reports 060103. Projects 060104. Consultancies64 060105. Seminars, workshops, and meetings 060106. Research Tools 060107. Research Sources 0602. Administrative Management 060201. Advance payments and Rendering of Accounts 060202. Goods and Services 060203. Personnel 060204. Correspondence 0603. Studies on Main Armed Actors 060301. Sendero Luminoso (Shining Path) 060302. Tupac Amaru Movement 060303. Armed Forces 060304. Police Forces 060305. Left-wing political parties 060306. Acci贸n Popular (Popular Action) and Partido Popular Cristiano (Popular Christian Party) 060307. Peruvian APRA Party 060308. Decade of the Nineties (Fujimori) 0604. Studies on themes associated with the National Process 060401. The Media and Violence 060402. Churches 060403. Teaching profession 060404. Women and Violence 060405. Drug trafficking and Political violence 64

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07. REGIONAL HISTORIES 0701. Coordination 070101. Work plans 070102. Activity Reports 0702. Administrative Management 070201. Goods and Services 070202. Personnel 070203. Correspondence 0703. Studies on Regional Histories 070301. History of Violence in the Lima Region 070302. History of Violence in the South Central Region 070303. History of Violence in the Central Region 070304. History of Violence in the North Eastern Region 070305. History of Violence in the South Andean Region 0704. Studies on complementaries axes 070401. History of Violence in La Libertad - Cajamarca 070402. History of Violence in Ancash – Lima 08 IN-DEPTH STUDIES 0801 Coordination 080101. Work plans 080102. Meetings de Coordination 080103. Activity Reports 080104. Projects 080105. Workshops 080106. Budget 080107. “Batallas por las Memorias” (Battles for Memories) Agreement 080108. Research Sources 080109. Work materials and Research Sources 080110. Base de datos interpretativa 0802 Administrative Management 080201. Activity Reports 080202. Goods and Services 080203. Information Request 080204. Personnel 080205. Advance payments and Rendering of Accounts 080206. Correspondence 0803 Case Studies 080301 Huaycán 080302 Raucana 080303 Villa El Salvador 080304 Sindicato de la Carretera Central (Central Highway Union) 080305 Lucanamarca 080306 Main Front 080307 Molinos 292


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080308 Universidad del Centro (Central University) 080309 MRTA in San MartĂ­n 080310 IER Waqrani 080311 ARIES Operative 080312 Education and Shining Path in Vilcashuaman 080313 Trade Unions and Political violence,1977-1990 080314 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1990-2000. 080315. Uchuraccay 080316. Porfirio Suni Quispe 0804 Transversal Studies 080401 Drug Trafficking 080402 Ashaninka 080403 SAIS Cahuide 080404 Universities 080405 Self-defense Committee 0805 Regional Histories 080501 South Central Regional Office 080502 Central Regional Office 080503 South Andean Regional Office 080504 Lima Regional Office 080505 Regional Office -Center 09. PATTERNS OF CRIME AND VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS 0901. Legislation 090101. Laws, resolutions, decrees, etc. 090102. TRC regulations, manuals, directives, organization charts, bylaws 0902. Coordination 090201. Work plans 090202. Activity Reports 090203. Consultancy Reports 090204. Legal consultation and case assessment 090205. Meetings 090206. Final Report 090207. Information Request 090208. Criminal matters 0903. Administrative Management 090301. Goods and Services 090302. Personnel 090303. Correspondence 0904. Investigations 090401. Methodology 090402. Torture 090403. Forced disappearance 090404. Arbitrary Executions 090405. Sexual violence against women 293


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090406. Collective rights 090407. Violence against children 090408. The Justice Administration System in the context of Political violence 090409. Assassinations and massacres 090410. Kidnapped and hostages taken by the MRTA 0905. Gender 090501. Coordination 090502. Administrative Management 090503. Gender Program 090504. Awareness campaign 090505. Training 10. SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT AND FORENSIC ANTHROPOLOGY 1001. Coordination 100101. Work plans 100102. Activity Reports 100103. Legislation 100104. Agreements 100105. Consultancies 100106. Management Committee 100107. Work materials and Research Sources 1002. Administrative Management 100201. Correspondence 100202. Information Request 100203. Personnel 100204. Advance payments and Rendering of Accounts 100205. Goods and Services 1003. Investigation teams 100301. Chuschi - Sillaccasa 100302. Huanta 100303. Totos (Ccarpaccasa and Sancaypata) 100304. Lucanamarca 100305. Soccos 100306. Lucmahuaycco 100307. Putis 100308. Los Cabitos 100309. Counter-Insurgency Battalions of Manta and Vilca 100310. Bustios, Hugo and Rojas, Eduardo 100311. Uchiza 100312. Cayara 100313. Pomatambo and Parco Alto 100314. Rodrigo Franco Command and murder of Rodrigo Franco 100315. Escobar Jurado, Angel and Saravia Castillo, Falconieri 100316. Haro, Pedro and Mautino Camones, CĂŠsar 100317. Accomarca 294


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100318. Chumbivilcas 100319. Frontón and Lurigancho 100320. Molinos 100321. Counter-Insurgency Battalions of Santa Rosa 100322. Counter-Insurgency Battalions of Capaya 100323. Colina (Universidad Nacional del Centro; Barrios Altos; Santa; Yauri, Pedro; Cantuta) 100324. Huallaga 100325. Delta Community - Pichanaki 100326. Morales Ortega, Luis; Solier family; Zamora, Leonor and others 100327. Huancapi 100328. Monteza Benavides, María Magdalena 100329. Salgado Castilla, Rafael 100330. Pomatanta Albarrán, Indalecio 100331. Chuschi 100332. Castro Castro 100333. Santa Bárbara 100334. Chilcahuaycco 100335. Castillo Paez, Ernesto 100336. Counter-Insurgency Battalions of Los Laureles 100337. Chavín de Huantar 100338 Acción Popular 100339. Arroyo Mio, Eriberto 100340. Azparrent Taipe, Fermín 100341. Ballón Vera, David e Hiraoka Torres, Raúl 100342. Cerrón Palomino, Jaime 100343. Churcampa 100344. Curo Quispe, Carmen 100345. D’Achille, Bárbara 100346. Dyer Ampudia, Samuel 100347. Gamboa García, Georgina 100348. García Rada, Domingo 100349. Huancaraylla 100350. Huillca Tecse, Pedro 100351. Húsares de Junín 100352. Li Ormeño, Pablo 100353. Lira Chupingahua, Ana 100354. Mallea Tomailla, Juan 100355. Mazamari 100356. Huamancusi Mitacc, Isaac 100357. Moyano, María Elena 100358. Núñez Conde, Bernabé and Ccayllahua Micuylla, Dámasa 100359. Ñuñunhuaycco 100360. Oropeza Chonta, Jesús 295


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100361. Pativilca 100362. Ponce Canessa, Carlos 100363. Quispe Huamaní, familia 100364. Red Global 100365. Rodríguez Campos, Orestes 100366. Rojas Prieto, Sonia 100367. Rosado Cornejo, Pascuala 100368. Sondor 100369. Tarata 100370. Tomaszek, Michael; Strzalkowski, Zbigniew Adan and Dordi Negroni, Alessandro Giusseppi 100371. Tumba Ortega, Manuel 100372. Uchuraccay 100373. Zúñiga Paz, Augusto 100374. López Silva, César 100375. San Ignacio 1004. Forensic Investigations Unit 100401. Coordination 100402. Administrative Management 100403. Mass grave exhumation in Chuschi 100404. Mass grave exhumations in Totos 100405. Mass grave exhumations in Lucanamarca 100406. Mass grave exhumations in Cruz Pata 100407. Mass grave exhumations in Nueva Arequipa and Tocache 100408. Exhumations in the Frontón case 100409. National registry of Burial Sites 100410. Referred Burial Sites 100411. Work materials and Research Sources 1005. Victim and Witness Protection Unit 100501. Coordination 100502. Dossiers of confidential cases, protected witnesses 100503. Follow-up of cases 100504. Operating costs of victim and witness protection 11. COMPREHENSIVE PLAN FOR REPARATIONS 1101. Coordination 110101. Work plans 110102. Agreements 110103. Activity Reports 110104. Volunteer work 110105. Management Committee 110106. Proposals and requests for reparations 1102. Administrative Management 110201. Goods and Services 110202. Personnel 296


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110203. Correspondence 110204. Advance payments and Rendering of Accounts 1103. Sequels and Reparations 110301. Comprehensive Plan for Reparations 110302. Economic â&#x20AC;&#x201C; Productive Reparations 110303. Psychosocial reparations 110304. Symbolic reparations 110305. Work materials 110306. Research Sources 110307. Workshops 12. INSTITUTIONAL REFORMS GROUP 1201. Coordination 120101. Work plans 120102. Activity Reports 120103. Taller 1202. Administrative Management 120201. Goods and Services 120202. Personnel 120203. Correspondence 120204. Information Request 1203. Reform proposals 120301. General Proposal for Institutional Reforms 120302. Justice 120303. Armed Forces and National Police 120304. Citizen participation and political participation 120305. Decentralization 120306. Penitentiary System 120307. Health 120308. Education 120309. Systematization of Social Policies 13. EDUCATION 1301. Coordination 130101. Legislation 130102. Work plans 130103. Activity Reports 130104. Agreement with the Ministry of Education 130105. Work Meetings 130106. Citizen Councils 130107. Thematic Public Hearings on Political violence and academic community 130108. Thematic Public Hearings Political violence and educational community 130109. Institutional Reforms 1302. Administrative Management 130201. Goods and Services 130202. Personnel 297


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130203. Correspondence 1303. School Education 130301. Methodological Councils 130302. Theoretical and methodological Proposal for Social Development 130303. Teacher Training 130304. Civic Education Examination 130305. School and reconciliation 1304. Higher Education 130401. Education in Human Rights for the Armed Forces and the National Police 130402. Universities and Human Rights 14. INFORMATION SYSTEMS 1401. Coordination 140101. Activity Reports 140102. Regional Offices Reports 140103. OTI â&#x20AC;&#x201C; USAID Projects 140104. Databases 140105. Cases included in the Final Report 1402. Administrative Management 140201. Activity Reports 140202. Goods and Services 140203. Pecosas 140204. Personnel 140205. Correspondence 140206. Rendering of Accounts 1403. Testimony Codification and Processing Unit 140301. Files with rendered testimonies 140302. Correspondence on testimonies 140303. Code book 140304. Manual on testimonial interviews 140305. Interview file cards 140306. Processing of Testimonies 140307. Files with testimonies65 1404. Information Services Unit 140401. File Storage and Distribution System 140402. Database Access Procedures 140403. Database Authorized Users 140404. Unit Services 140405. Document digitalization control sheets 140406. Digitalized testimonies 1405. Qualification of Cases and Victims Unit 140501. Qualification Procedures and Unit Reports 140502. Qualified events 65

Due to the size of this series, it is handed over with specific inventory

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140503. Results of event qualification 140504. Victims’ Statements Unit 140505. Work materials and Research Sources 1406. Other Areas of the TRC 140601. TRC Institutional Project – Organizational Regulations 140602. Presidency – Commissioners 140603. Executive Secretariat – Management Committee 140604. Management - Administration 15. PUBLIC ACTION GROUP 1501. Coordination 150101. Agreements 150102. Projects 150103. Work plans 150104. Budgets 150105. Meetings 150106. Activity Reports 150107. Areas de la CVR 1502. Administrative Management 150201. Personnel 150202. Providers 150203. Goods and Services 150204. Advance payments and Rendering of Accounts 150205. Correspondence 1503 Communications 150301. Press 150302. Diffusion 150303. Public Activities 150304. Media Monitoring 150305. Photographic Project 1504. Volunteering Program 150401. Projects - Regulations 150402. Planes - Budgets 150403. Activity Reports 150404. Volunteering for university students 150405. Correspondence 150406. Certifications, file cards, and lists 16. PUBLIC AUDIENCES 1601. Legislation 160101. Laws, Supreme Decrees, Resolutions, Directives 160102. Regulations and Manuals 1602. Coordination 160201. Work plans 160202. Budget 160203. Activity Reports 299


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160204. Projects 160205. Lucanamarca 160206. Work materials 1603. Administrative management 160301. Goods and services 160302. Rendering of Accounts 160303. Personnel 160304. Correspondence 1604. Public Hearings of Cases 160401. Huamanga â&#x20AC;&#x201C; Huanta 160402. Huancayo - Huancavelica 160403. Lima 160404. Tingo MarĂ­a 160405. Abancay 160406. Trujillo 1605. Thematic Public Hearings 160501. Political violence and crimes against women 160502. Anti-terrorist legislation and violation of due process 160503. Political violence and the academic community 160504. Political violence and forced displacement 160505. Political violence and the educational community 160506. Political violence in the Altiplano 160507. Citizens panel on Antiterrorism legislation and violations of due process 1606. Public Assemblies 160601. Chumbivilcas 160602. Cajatambo 160603. Tarapoto 160604. Huanuco 160605. Chungui

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Annex 02 TRANSFER COMMISSION D.S. 078-2003-PCM DOCUMENTATION UNIT DOCUMENT TRANSFER INVENTORY Page 1 of 19

GENERAL INFORMATION 1. Sector

Presidency of the Council of Ministers

2. Entity

Truth and Reconciliation Commission

3. Organic Unit

Main Office (SC0)

4. Transfer data 4.1 Code

CVR

4.2 Year

2003

4.3 Transfer NÂş.

01

5. General description of the documents to be transferred: This transfer contains all the documentation generated by or received at the main Office of the Truth and Reconciliation Commission while performing its duties. This documentation has been organized taking into consideration the organic structure, the assigned function to each section, unit, and team, and the specific activities carried out by each one of them. 6. Linear meters of documents to be transferred: 206.55 7. Place and date of the transfer

............................................................... Person in charge of the Documentation Unit â&#x20AC;&#x201C; TRC Signature and Stamp

8. Place and date of receipt of goods

............................................................. Head of Document Processing and ArchiveOO Signature and Stamp

301


Memorias Seminario Internacional

TRANSITIONAL JUSTICE AND RELUCTANT ARCHIVES.

REQUESTING, FINDING AND SEEKING: BALANCE OF A QUARTER OF A CENTURY IN LATIN AMERICA.

Anne Pérotin-Dumon66

The Colombian reparation law notes that “the right to learn the truth entails the preservation of archives”67. This statement is supported by some 25 years of transitional justice in Latin America, a period in which the archives have enabled us to know the truth and exercise justice. On the one hand, archives have been very valuable tools for the Truth Commissions, which received the mandate of providing a global explanation, revealing the role of the State in these actions, and designing the necessary measures to guarantee reparation for the victims. On the other hand, archives have been useful in trials for Human Right violations, both for the investigation and the subsequent ruling. Human Rights organizations were the first to open their archives for the transitional justice process. They contributed with the necessary background for the Truth Commissions to establish exactly what happened to the victims; they handed over lists of victims classified by type of violation, detention centers, etc. And it was thanks to the testimonies of survivors and relatives of victims that these organizations had kept, that an important number of judicial processes could be initiated. But, what about the state archives? Since one of the issues at stake was the responsibility of the state for its actions or omissions in the wrongful acts under investigation, it was reasonable to take an interest in these archives, especially the “sensitive archives”. These contained the documentation generate by the army and the police, and in general, all governmental agencies whose agents committed serious human rights violations in the context of state terrorism or counterinsurgency actions. The responsibility of states in recent political violence 66

Member of the State Body of Experts on Heritage Conservation in France and of the Ethics Center at Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.

67

Law 975-05 of 25 June 2005, the so-called Justice and Peace Law by which the National Commission for Reparation and Reconciliation (CNRR) is created.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

implies that testimonies of state agents should be included in legal proceedings. But, the “archives of evil” tend to be kept hidden. The request that the National Commission on the Disappearance of Persons (CONADEP) submitted on May 3, 1984 to the President of Argentina Raúl Alfonsín summarizes what was usually experienced when requesting the archives generated by law enforcement and defense agencies: “In addition to the stubborn silence of those who, being well aware of their responsibility, hide their actions by classifying them as military secret, we have to face delays and that the information we request be denied or that we receive only incomplete material.”68 This lack of collaboration has been the general attitude in the Latin American countries that have gone through a transitional justice process. The Rettig Commission69, for instance, received the following response from the Office of the Commander-in-chief when it requested documentation that could help clarify a series of illegal executions carried out in October 1974: “We are unable to hand over any information relating to that matter since, in view of the time passed since the events, all the information relating to that period has been destroyed.70” In a similar manner, the 2006 report from the Peruvian Human Rights Ombudsman states: “To date, the lack of cooperation from the Armed Forces has prevented a faster progress of the investigations. Former Defense ministers have consistently refused to provide prosecutors and judges with the necessary information to identify the men who were stationed in rural counterinsurgency bases during the conflict and could be potential key witnesses. They have also refused to help in identifying the military that are only known by their aliases just as they have denied the existence of official records holding this information.”71 The experience in countries such as Chile, Peru, Paraguay, Uruguay and Argentina has shown that there are three basic responses to be obtained from law enforcement and defense agencies when requesting sensitive information for the transitional justice processes, with variations from case to case: we do not have the requested documentation; or it was incinerated, pursuant to the respective institutions own regulations; or it is reserved information that cannot be released as this would compromise national security. These “reluctant” archives will be the subject of my presentation. I would like to approach them from three concrete situations that the process of transitional justice has had to face: requesting, finding and looking for archives.

68

Note sent by CONADEP to the President of the Republic on May 3, 1984, in Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 6th edition, 2003 [1985], p. 274.

69

The National Truth and Reconciliation Commission created in Chile in 1990 is known as the Rettig Commission. Its purpose was to clarify the truth about human rights violations during the dictatorship of General Augusto Pinochet.

70

Informe Comisión Rettig, p. 60.[Rettig Report]

71

“A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” [Two years after the Truth and Reconciliation Commission], Report No. 97, Human Rights Ombudsman, Chap. 3, “Pedidos de información de jueces y fiscales al Ministerio de la Defensa” [Judges and prosecutors’ requests to the Ministry of Defense], p. 149-155.

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Memorias Seminario Internacional

Focusing on the South American experience, I will review and discuss some typical situations as they occurred in each of the countries of the region that had repressive regimes, although the processes of political violence they went through were different: civil war (Peru), military dictatorship (Chile, Uruguay, Argentina) or authoritarian regime (Peru, Paraguay).

Requesting archives. In accordance with their mandate, the Truth Commissions requested from the Armed Forces that they submit or provide access to the documentation they held in their archives. Judges proceeded in the same way, issuing the corresponding court orders. The example of the Chilean Truth Commission, the so-called Rettig Commission, and the reaction of the Armed Forces is a good illustration of the situation. Shortly after the creation of the Chilean Truth Commission, the newspapers featured large headlines, particularly on September 11, 1990, informing Chileans that the Commission was requesting from the CNI the submission of its archives72. The issue had a judicial character since it raised the question of which institution actually owned these archives, whether the Ministry of Defense or the Internal Affairs office. If the latter, the archives had to be handed over to the NHA (the National Historical Archive), in compliance with a 1929 norm still in force. In that case, the Armed Forces could not claim the special privilege that enabled them to retain their own archives. After a debate in Congress on this matter, the General Comptroller ruled that the Armed Forces had to surrender their archives. Notwithstanding this decision, the Retting Commission did not receive the CHI archive and, to this date, it has been impossible to obtain it, despite regular requests, the most recent being in 2007, filed by Judge Solis73. It has not even been possible to determine whether the SIDE, the current military intelligence service of Chile, still has the CNI archive, or whether it has been incinerated. This archive was requested when the first democratically elected president after a long dictatorship had already assumed power, but the Commander of the Armed Forces was still General Augusto Pinochet, the former dictator. In this situation, requesting the archives was equivalent to demanding accountability. The archives became a battlefield in which a still fragile democratic government would gradually wrest civil power from the military. The request was, by the way, perfectly legitimate, and it was also logical that it should have had such resonance in the media. But this was not necessarily an advantage when it came to the concrete aim of recovering the documents.

72

The Central Nacional de Informaciones (National Information Center) was created in 1977 to replace the Dirección de Inteligencia Nacional DINA (National Intelligence Directorate), after the latter’s dissolution that same year.

73

On the matter of the last request filed by Judge Solis in the Prats (Contreras) proceedings and the bill proposing the transfer of the alleged DINA and CNI archives to the Ministry of Interior, see La Nación (Chile), June and July 2007.

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It was not until the second investigation Commission was formed, the so-called Valech Commission, which operated between 2003 and 2004, that it was possible to obtain a considerable amount of documentation from the Armed Forces. By then, Chilean democracy had become stronger, a decisive factor for the success of the second Commission in this respect. The case of what the Truth and Justice Commission in Peru had to face in 2001 is very similar. It also managed to recover a sizeable amount of documentation from the Armed Forces74. However, this Commission was not working in the framework of a transition from military to civilian rule, as was the Chilean one, but at the end of an authoritarian regime and the process of reestablishing the constitutional order75. When confronted with such general claims, the military have reacted as any institution would: they have refused to hand over the keynthat would unlock their local archive. This attitude is reinforced by the fact that in many countries, including France, for example, the military enjoy special privileges regarding their archives76. This defense mechanism of the military is not exclusive of that institution. Even in countries where peace and constitutional order rule, where there is a good and efficiently regulated archival system, it is common to try to keep archives from the general public for fear that they may be used indiscriminately. When examining the factors that impinge on the Armed Forces’ lack of collaboration regarding the submission of archives, we are interested in understanding their reaction, which is not the same as justifying it. Our aim is to evaluate the limitations met in the course of these requests –however legitimate they may have been— in contexts that confer a national political dimension on the refusals. We want to asses, in these situations, the powerful and preexisting factors, both political and cultural, that influence these decisions, as well as the usually weak attitude of patrimonial institutions and the tendency of state agencies to disregard their own regulations regarding archives. The requests that have met with some success are those regarding specific documents, usually in the framework of judicial proceedings for human rights abuses. Thus, judges and prosecutors asking for this or that document have usually been successful. Such was the case in Chile in 2005 when the Navy had to hand over to the courts the log book of the training ship Esmeralda, anchored in Valparaiso on September 1973. The document 74

For more information on this matter, see the Commission’s report.

75

After President Fujimori escaped the country in 2001, as a result of the corruption scandals that implicated him and other members of his government, the president of the Senate, Valentín Paniagua, assumed as interim president until the new elections later that year.

76

The situation in the United States and, thanks to recent regulation, in Brazil and Spain, is an exception. In these countries a single law rules de archival bodies of all state entities, whether civilian or military.

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confirmed that a priest had been taken on board and that he died soon after that as a result of the torture he had been subjected to77. With these documents, which have been requested almost one by one, valuable information has been gathered, such as résumés, organizational charts, listings of the men assigned to operations in specific areas, that is, documentation that informs about who was in a certain region at a certain moment, who gave the orders and what was the purpose. An example among many: in the framework of the proceedings investigating the death of a student at the moment of the coup d’état in 1973, the judge of the Appellate Criminal Court in Uruguay obtained in 2008 “a list of all the soldiers of the sixth cavalry regiment who were in service between the 1st and the 3rd of September 1973. […] And the list of all the soldiers that resigned in 1973 and 1974, and the causes why these military men asked to be discharged.78” The documents that judges obtain become solid evidence since they contribute to reconstruct and account for several events that may be linked, directly or indirectly, to human rights violations. Additionally, these documents have to be preserved, because they belong to the administrative archive of the institution and are decisive when it comes to decisions such as promotions, the right to retirement, etc. In spite of the Armed Forces’ reluctance to release the documents, they have been forced by the judiciary to grant access to their archives, which has implied access to documents that can be used as evidence in judicial proceedings and in the victims’ reparation process. This information may also contribute to reconstruct the historical truth of what happened under a dictatorship, an authoritarian regime or an armed conflict.

Great findings and lost continents I have just discussed what happens when you request archives. An entirely different thing is when you find something in the archives, a topic I shall deal with by describing some cases that have occurred since 1992. In Paraguay, the 22nd of December has been a national day of commemoration since 1992, because on that day a judicial raid was carried out on a police precinct in the outskirts of Asunción where the archives of the Paraguayan DIPC (Department of Police Investigations – the Paraguayan secret police) were found. These archives are also known as the “Archives of Terror”, now collected and organized in the Palace of Justice79. Other decisive findings followed those of Paraguay. This has been possible thanks to some brave judges and –let’s not forget– informants, many of them anonymous (some of them 77

Jorge Escalante, “La Armada entregó a la justicia bitácora de la ‘Esmeralda’ en septiembre de 1973”, [The Navy has handed over the logbook of Esmeralda for September 1973], La Nación (Chile), 27 March 2006.

78

Exhorto a defensa por caso Hugo de los Santos” [Court order in the Hugo de los Santos case], La República (Uruguay), 19 April 2008.

79

Anne Pérotin-Dumon, “Los archivos secretos de la policía de Stroessner”.

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even former members of the raided institution), and in many cases journalists who handed over information they had obtained to the judiciary. This is how the archives of the former Intelligence Direction of the Police of Buenos Aires Province (DIPBA) were found in 1998, as well as the extensive archives of the National Police of Guatemala (some ten kilometers of documentation) in 2005. In both the Argentine and the Guatemalan cases, it was possible to seize the police archives of other provinces or states after the first archive was found. The collections that have been found were from the police investigations agencies, that is, the administrative, and not the military units, in charge of investigating criminal and security matters. During the years that these countries suffered an armed conflict or state terrorism, whether in some regions or the whole national territory, police investigation and intelligence concentrated on the ideological struggle and “political crimes”. The report of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission describes how, in the context of the armed conflict that affected rural and indigenous communities of the south and central Andes in the 1980s, “preventive policing and surveillance were replaced by counterinsurgency patrols trained to destroy the enemy and intimidate collaborators, not to protect the population80”. “The skills of the investigation police, who are trained to observe and intercept, to infiltrate criminal organizations and to attract collaborators, gradually became auxiliary tools for the counterinsurgency operations of the military81”. In this context, police officers committed crimes against humanity, and for this reason Transitional Justice wants to have access to their archives. Now, the police archives that have been found were generated mostly by officers who were carrying out operations in urban areas. I will address this again at the end of my presentation. In Latin America, as in many other countries before computerization, these archives comprised hundreds of linear meters of documentation kept in thematic and patronymic files, hundreds of wooden file boxes, hundreds of logbooks where daily investigations were recorded, rows of kardex files full of reports classified by subject. These huge volumes of paper were a product of intelligence operations which included surveillance, follow-up, and interrogations. They were carried out in all areas of the country, as in the case of the Asunción Police during the Stroessner regime since 1959. 80

On the ideological re-orientation of the role of the Peruvian National Police as determined by the Armed Forces, see the Report of the TRC-Peru, Abridged Version, p. 244 et seq.

81

Report of the TRC-Peru, Abridged Version p. 274. For the Chilean case, see the interview with Nelson Mery, Crónica Digital. Mery, who became the director of the Chilean Investigation Police during the Concertation administrations (Concert of Parties for Democracy, which ruled during the transition to democracy), began his police career in Linares shortly before the 1973 military coup.

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Memorias Seminario Internacional

This massive volume of paper can also be explained by the fact that the archives of the investigation police that have been found cover not only the years of political violence under scrutiny in the Transitional Justice process, but date from earlier decades. They go back to the 1930s in the case of the DIPBA, to the 1940s in the case of the Guatemalan and Paraguayan agencies. Additionally, transition to democracy did not imply the dissolution of the investigation police, but the return to a constitutional framework, in which they continued to carry out their regular tasks. On the other hand, no military intelligence or secret police archives have been found. However, we know from testimonies that military intelligence and the secret police generated documentation. In some cases, the documents had to do with analysis of the gathered intelligence, for which they even used the IT available at the time82. But the actions that most probably generated the greatest production of documentation by the military intelligence organisms were those relating to the disappeared detainees and the clandestine detention camps in countries like Argentina, Chile and Uruguay. Survivor testimonies concur in their description of the first step towards the descent to hell: being booked and photographed. Other survivors, who were photographers, investigators, etc., were in charge of writing up the reports and organizing the files and individual folders83. Collecting the information of sometimes many hundreds of detainees in a center at a given time required permanent updating of their individual files. In this regard, the system used to process the information for each detainee at ESMA is well known84. In fact, the range of documents that have emerged from military intelligence or the secret services of the government is much larger: orders to transfer detainees; orders to investigate; file cards from operations indicating the imparted orders, the execution, the results; intelligence bulletins and summary reports. Documents of this kind contained testimonies that contributed to locate the office where the 106th Battalion, the most important secret service of the Argentine army, processed its intelligence85. Investigative journalism has disseminated a considerable amount of these documents over the years86.

82

See the computer listings of detainees, prisoners, “dangerous persons”, “persons of interest”, which were reproduced by Manuel Contreras, former head of DINA (Chile), in La Verdad Histórica. El ejército guerrillero. Primer período de la guerra subversiva, abril de 1967 al 10 de septiembre 1973,[The historical truth. The guerrilla army. First phase of the insurgent war, April 1967 to September 10, 1973], Annexes 13 to16, pp. 305-597.

83

Luz Arce, El infierno [Hell], Santiago, Planeta, 1993 and the Valech Report, p. 504.

84

Nunca Más, p. 140. For a recent testimony on the ESMA archive (Escuela de Mecánica de la Armada – The Navy School of Mechanics in Buenos Aires, the largest detention center during the Dirty War) and its management, see Diego Martínez, “Era insensible a cualquier ruego” [He would not listen to any plea], Página 12 (Argentina), 27 June, 2008.

85

See, Nunca Más, pp. 258-259.

86

Article by Jorge Escalante on three consecutive DINA reports informing on “Marxist infiltration” of the Catholic Church, ca. 1976.

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Additionally, some have been handed over to judges by anonymous sources, as was the case of two secret reports of 1980 from the 601th Battalion, given anonymously to a judge in 2002. The judges, in turn, have recovered fragments of military intelligence through judicial seizure warrants. A spectacular case was the seizure of the DINA documents in southern Chile in 200587. The largest traces of military archives, though, are to be found disseminated in the police archives. They reveal how military intelligence used the police to carry out tasks that fell under the domain of the military88. The Argentine Center for Legal and Social Studies, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), an organization for the defense of human rights, calls the military intelligence archives and those of other government secret services “the other disappeared”, because, unlike those of the police, in many countries they were made to disappear. As I have shown the investigation police, it is useful to link the military intelligence archives to the kind of tasks they carried out, the time spans of their activities, and the size of the population under surveillance, because this can help us understand why these military archives have “disappeared”. One of the explanations we have is that shortly before the end of the military regimes in Argentina (1982) and Chile (1989) a series of decrees and instructions were issued ordering the destruction of the military archives. This was not the case of the police archives, which were preserved89. Additionally, in the case of military intelligence, a smaller amount of documents was generated, since police intelligence was in charge of carrying out the tasks that produced the largest volume of documentation, namely, as we have already noted, the daily description of the activities of individuals under surveillance. On the other hand, many of the operations carried out by military intelligence, such as arrests and forced disappearances, illegal executions and house raids, were performed under the principle “We document nothing, we leave no records behind”. Another factor that contributed to the disappearance or destruction of the military intelligence archives was the extensive proliferation of police and intelligence units, typical of dictatorial regimes and states of exception. The archives that each unit managed were relatively small, and thus it was easier to remove or destroy them. 87

Luis Narváez Almendras, “Abren archivos secretos de la Colonia Dignidad a jueces de derechos humanos”, [Secret archives of Colonia Dignidad opened for human rights judges], La Nación, 29 March, 2006; Jorge Molina, “Zepeda encontró archivo secreto de Dignidad”, [Zepeda found secret archive of Colonia Dignidad], ibid, 16 June, 2005; Jorge Escalante, “La intervención del CDE acaba con Dignidad. La lista de Schäfer” [CDE intervention puts an end to Dignidad. Schäfer’s list], 28 August, 2006.

88

Nelson Mery, Linares.

89

Chile: Law 18771 of 1989, Ministry of National Defense, which introduces an exemption to the Law 5200 of 1929 (hand over documents to the national Archive after five years). See, Revista Archivo Nacional, 4. 2007, Patricia Huenuqueo Canales, 70-75, “Informe sobre los archivos judiciales del país” [Report on the country’s judicial archives].

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Memorias Seminario Internacional

Lastly, it was easier to destroy documentation in institutions that, compared to others, had the better technology, not only in terms of IT equipment, photocopying machines and microfilming, but also regarding shredders. The disappeared detainee Luz Arce, who became a DINA agent, tells in her memoirs about the fundamental role that shredders played in the destruction of the DINA archives in 1977, when the institution was dissolved90. They worked under the motto: “If we can make people disappear, why not our archives?” I do not pretend to be a prophet, or to construe a theory as to what was preserved and what was destroyed. My only purpose here is to insist that the function assumed by a service of the state (whether legal or illegal), its modus operandi, the space where it acted, the time during which it operated, the resources it had, tend to have an effect on the size of the archives that were produced, and consequently on the greater or smaller chances of the documents being preserved or destroyed. The fact is that many of the archives belonging to the intelligence services have disappeared for ever. That is, of those continents of archives, only some small islands are left, many of which are only discovered over the years. This is the distinctive feature of sensitive archives. Even in time of peace and constitutional order, can we actually know how many folders and records have been surreptitiously removed from a classified file? If any document is under risk of destruction, be it for lack of organization, neglect, lack of space or poor conservation, wouldn’t the risk be much higher for those sensitive archives, considering that their contents are highly compromising and involve many individuals?

Looking for archives Even if historians and archivists may have to come to terms with the fact that they will never be able to recover the archives from the state bodies more directly responsible for human rights abuses because they have been destroyed, the Transitional Justice process cannot accept this. It requires documental evidence. And if it does not find it where it should be in the first place, then it has to widen the scope of its search, if need be, to the records that all institution in the country have kept of their activities. This has been from the beginning the method followed by the Truth Commissions and other investigation commission, which have explored in a larger field, sending search orders to all branches of the State –not only the Armed Forces- in order to gather documentation91. Judges and prosecutors have followed this path appealing to their legal capacity, be it to request or demand archives to be handed over, or to seize them.

90

DINA was dissolved in 1977, a victim of its own excesses, due the indignation and rejection that it produced in the international community.

91

Investigación Histórica, Montevideo, 2007, by the research team of the Universidad de la República investigating the state archives.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

In this last part, I want to refer to how judges and prosecutors in the cases for human rights abuses that are being processed in many of the countries I have mentioned in this presentation have sought other evidence as a result of the reluctance to hand over documents or of their destruction and how this process has led to the development of an entirely new concept of what archives are. Judge Alicia Oliveira notes: “The central quality of bureaucracy is that it keeps systematic record of information in written documents and preserves them over time. […] The precise task specification and the limited sphere of competence defined by abstract laws, which is in the nature of the State’s bureaucratic organization, enable a clear attribution of responsibility for all actions”92. Judge Oliveira was one of the protagonists of the so-called truth trials (juicios por la verdad) in Argentina until the Punto Final law (Full stop) and the amnesties halted all human rights procedures. These trials were meant to establish the truth of what happened without identifying or punishing the perpetrators. But the great number of facts that were found and the evidence that was gathered would be very useful when the cases were opened again93. The examples I shall mention below will show how the range of archives that can yield evidence has been extended. The documents that are found are corroborated by checking them against oral testimonies, and the documental evidence leads to other witnesses and to the interrogation of other potential perpetrators of the crimes under investigation. When there is a gap in the résumé of an alleged perpetrator of a crime under investigation which corresponds exactly at the time when he would have been operating in the zone where the crime was committed (except “merit mentions for actions in the struggle against subversion”), the judge can look up in the Official Journal for the corresponding date and there she will find that this officer was decorated for an action where he proved his bravery in the struggle against “subversive” elements. That is, state sources other than the Armed Forces –in this case the Official Journal—can help to complete the information that has been obtained from the army’s institutional archive. The proceedings of human rights cases have also led judges and their investigation teams to the ministerial archives. For instance, the archive of the Uruguayan Ministry of Foreign Affairs yielded data on many of the military intelligence agents that were working at their delegations abroad.

92

Alicia B. Oliveira, “Las huellas del horror: Archivos. Dónde están los documentos del Terrorismo de Estado en la Argentina” [The traces of horror. Where are the documents of State Terrorism in Argentina?], Puentes, 1:1, August 2000, p. 73-76.

93

On the collection of evidence for the so-called truth trials in Argentina (from 1998 until the amnesty laws were revoked in 2005), see Diego Martínez, Página 12, 24 July, 2008. Federal prosecutor Graciela López: “We managed to gather fantastic evidence material, much more that the Federal Court had in the 1980s to prosecute Menéndez”.

311


Memorias Seminario Internacional

On the other hand, the Ombudsman of Buenos Aires S.A. found in the archive of the Supreme Council of the Armed Forces of Argentina (Ministry of Defense) all the cases that ended up prosecuted by court-martial. Another record that has been explored is the documentation generated by different services of the military institution other than the intelligence services and their clandestine actions. That is, the other services and units that were working within a legal framework but provided infrastructure to the repressive organs: regular units that participated in illegal operations, men who joined the ranks of the secret service for a specific period of time, regular units that were responsible for transporting detainees, military hospital where the moribund or dead victims were taken, etc.94 The records of detainees in police stations, flight records at military airports, vehicle registrations, hospital and maternity ward records, entries in the daily police log, etc. have yielded traces of the repressive organs and their illegal actions as they had to coordinate their operations with regular units of the law enforcement and defense agencies and make use of their services. Thus, these documents can be used as sources to find the information that has been destroyed, that cannot be found, or to which access is denied. Not only the archives of the regular units of the Armed Forces can produce documentation; this can also be obtained from legal courts. These archives are an especially rich source since they can provide information on the disappeared detainees, who had a dossier opened for them in order to be arrested. By reintroducing the victim, as it were, into the legal circuit of ordinary military justice, the declarations obtained under torture are introduced into the official documentation; even photos and documentation generated by the clandestine organizations of the repression can be found. As an example of this we could mention the dossier of the Supreme Military Court of Uruguay that was handed over to the newspaper La República, which contained official photographs of the death of Professor Nibia Sabalsagaray at the 1st Transmissions Battalion in 1974.95 Information on victims, recovered from a legal dossier, have also been found in the detainee records of the penitentiaries where victims were illegally imprisoned, accused of ideological crimes, and kept with common prisoners. The record of evidence has become larger also thanks to the revision of the state archives relating to health and deaths: the books recording hospital and maternity ward admissions and discharges, the logs at the forensic mortuary, cemetery records, where officers and bureaucrats innocently registered the facts as mere bureaucratic data, just because it was stated in the regulations. 94

See, Diego Martínez, “Pruebas sobre un asesinato” [Evidence of a murder], 28 August, 2008.

95

Raúl Legnani, “Nuevas imágenes del horror: la muerte de Sabalsagaray”, [New images of the horror: the death of Sabalsagaray] La República, 16 April, 2008.

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

The log recording the bodies taken to the Forensic Mortuary of the Federal Capital of Argentina for the month of July 1976 showed a notable increase in the number of unidentified bodies brought in each day -46 between the 3rd and the 7th of July. The cause of death was almost identical for all: “Bullet wounds in the head, thorax, abdomen, and pelvis causing internal bleeding”96. Lastly, we have the archives of many social institutions, both public and private, throughout the nation, where those responsible collaborated with the repression by writing up reports on the “suspects” and “black lists”, such as schools, universities, hospitals, the offices of all state agencies, factories, etc. Two examples of this are the documents found only recently in the renown Colegio Nacional de Buenos Aires (the National School) piled up in files and kept under an internal staircase that had been walled in, containing information about students and teachers97; and the lists of the teachers that were proscribed for their opinions98, which were found in the School Inspector’s offices of Cerro Largo in Uruguay. It has been widely proven that there is a large amount of documental evidence that can be found to enforce the right to the truth, in spite of the destruction of archives. But this leads to a question: What happens in the regions where bureaucratic records are also scarce, if not inexistent, due to the absence of the state or the presence of counterinsurgency military operations or state terrorism, in isolated jungle and frontier regions, as is the case of Guatemala and Peru?

96

Carlos Rodríguez, “La historia de Coordinación Federal” [The story of Federal Coordination], Página 12 (Argentina), 16 March, 2008. The Truth Commissions found many examples of similar evidence in documents of this kind (see, for example, the Rettig Report), as they began to gather this type of indirect solid evidence.

97

Werner Pertot, “La patota del Nacional” [The hooligans of the National School], Página 12 (Argentina), 28 September, 2008.

98

“Aparecieron en Cerro Largo las ‘listas negras’ de la dictadura”, [“Black lists” of the dictatorship turn up in Cerro Largo], La República (Uruguay), 1 August, 2008.

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Presentation for the Bicentennial Center: MEMORY, PEACE AND RECONCILIATION


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Clara López Obregón

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As part of the “Bogotá Positiva” Development Plan, we have established the objective of turning Bogotá into the City of Rights and in this framework we have included the program for peace building and reconciliation. It is within the latter that we are taking steps to create what we consider is going to become one of the most important monuments in the city: the Bicentennial Center: Memory, Peace and Reconciliation. This monument has been designed both to commemorate the 200 years of Independence and to pay tribute to the memory of the victims of the violence that has afflicted the country, especially since 1948. What is most important about this Center is that it will be a living tribute, where we shall bring together both virtual and material documentation of the memory of the conflict, of each of its painful milestones and of its victims. Our objective is to gather all these elements so that they contribute to make a statement: that we are not going to forget, that we will not repeat what has already happened. We also want to set the foundations, from the capital city of our country, that can serve as a platform for the reconciliation process that our society requires. This project follows the path that has been covered by other capital cities in the world, where they have paid tribute to the victims through these symbols, such as the Jewish Museum in Berlin, the Apartheid Museum in Johannesburg or ESMA in Buenos Aires. Our idea is to contribute, with the Bicentennial celebration, to project for the future a new vision of our historical memory. We all are familiar with the antecedents. The problem of violence and the more recent armed conflicts have not been absent from Bogota; sometimes the city has been a central stage; but it has also played a role by harboring displaced populations and many of the reinserted combatants. Currently, some 52 families arrive every day to Bogota, running away from the violence afflicting some regions, reminding us that the capital city is not isolated from the conflict. According to the Catholic organization Pastoral Social, Bogotá has received 600,000 displaced citizens since 1985; and in the records kept by Acción Social, the agency of the Presidency of 99

Secretary of Government of the Mayoralty of Bogotá D.C.

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the Republic, 250,000 citizens figure as having been displaced by violent actions. Additionally, in Bogotá there are at least 17,000 victims demanding compensation pursuant to Law 975 of 2003, also known as the Peace and Justice Law. Also living in the city are the relatives of nearly 5,000 disappeared and 2,000 kidnapped citizens. It is the responsibility of the Capital of the Republic to lead our country’s efforts towards peace and reconciliation keeping our principles as a democratic and social government,. This is one of the founding objectives of our Development Plan and of our government program, and we are compelled to provide Bogotá with this Center for Memory, Peace and Reconciliation. We must turn the Bicentennial of our Independence into an occasion for the renewal of those efforts to build social justice and peace, with a special emphasis on incorporating the new generations into this project, so that, as I previously stated, we can guarantee a living memory and non-repetition. To commemorate the Bicentennial by creating a center for memory that contributes to the symbolic reparation of the victims of more than half a century of violence and armed conflicts is also contributing with a physical and spiritual space to the efforts of building peace and reconciliation. We include different aspects in our project. The first element is to create a monument for the victims and for reconciliation; we will also organize commemorative events for the Bicentennial; at the same time, the Center will function as an open space where we can guarantee a permanent dialogue with the exhibition of this memory. Through activities in the District’s schools and through the presence and participation of visitors we shall always be able to congregate citizens to reflect and to continue the task of not allowing this holocaust that Colombian citizens have suffered to fall into oblivion. We have a wide group of consultants in our project; an advisory committee which is presided by Dr. Camilo González Posso, in which victims of all political factions are being represented. I would like to draw attention to this aspect, because if we were to neglect this, then we would not be talking about reconciliation. Our aspiration is that the Bicentennial Center can help us to bridge and overcome this huge gap that we have between “us” and “them”, so all the victims can come together and shake hands, because this is the real reconciliation that we want to build from our Center. For this reason, one of the main features of our project has been to create a new participatory process in which we have tried to include the society as a whole and most importantly all the victims. Likewise, we are looking to enforce the duty that the State has regarding memory, as this is one of the means of guaranteeing the rights of the victims and the collective right to peace. We are seeking to consolidate the mission of our Center around the restitution of the fundamental rights to peace, dialogue, negotiation, truth, justice, full reparation, human development, non-repetition, democracy, and reconciliation. Through our center, by setting up a participatory process and enabling dialogue, we are 318


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

seeking to contribute to the discussion and analysis of the conditions required to establish the parameters for peace in our country, guided by memory and reconciliation. Although I have mentioned as an example several monuments that have been built in other cities, this Center has some characteristic that make it different from them, because instead of being built in a post-conflict situation, it is being created in the midst of the conflict, with the intention of becoming a vehicle to achieve peace. I believe that in this sense we all have to collaborate. ¿How can we turn this Center into a real instrument for peace? In this Center we want the memory of each and every one of the victims to become visible, just as we want to ensure visibility for collective memories, living memories, social and historical memories; we aim at recovering historical truth without conflicts between memory, history, and truth. This is one of the challenges we must always highlight. At least since the 1960s when the left-wing politician Diego Montaña Cuellar drew attention to the difference between the “real country” and the “formal country”, we have become used to the idea that we could keep different types of truth separated from each other. But in my opinion, if we continue treading down that path, we shall not be able to achieve peace and a real process of reconciliation that can also guarantee non-repetition. We have to reach a single unified historical truth, one where memory, history and truth will not be dealt with separately. ¿Which are the functions and characteristics of this Center? To become a meeting point for peace initiatives and for the promotion of a pedagogy of International Humanitarian Law; a center for the promotion of a culture of peace and an active culture of non violence; a center to forge civic culture around the search for truth, justice and reparation; and a center to support the formulation of proposals and policies for reparation, for moral, symbolic, and psychological reparation, for collective reparation and that of different collectivities. As a measure of achievement, our aim is to raise public awareness of the victimhood of victims, of their right to dignity, to have their honor restored both regarding their community and the victimizer. We shall carry out commemorative events that will grant visibility to history, acts of violence, massacres, and forced disappearances; and we shall grant individual and collective awards and public recognition; we will build these public monuments emphasizing the need for reparation and reconciliation; we conceive these monuments as a contribution to reparation of those actions that must never happen again, such as the political genocide committed against the Unión Patriótica. Reparation is a duty of the state, and Bogotá is the State, and it is in this sense that we will build this reparation monument for the Unión Patriótica. We will focus on complete public disclosure of the victims’ testimonies about the events, on the causes and other factors of their victimization, and of course, on the public apology and the acknowledgement of responsibility by the victimizers and the State. There are many more activities to be carried out. We will gather, collect, and process information, victim testimonies, photographic archives, videos, etc. We will accept donations of the material that the families of victims may have and include this in the archive; we 319


Memorias Seminario Internacional

will document and archive information; we will keep an archive of peace initiatives. These archives will be placed in the Bogota Archive, following the appropriate technical regulations and procedures. We shall carry out events of victim satisfaction and symbolic reparation. It shall become a meeting point for the initiatives of social organizations, for analysis groups, for universities and schools; we shall organize activities to promote peace, such as seminars and workshops; we shall also have a virtual center; which means that this information can be disseminated to greater numbers of people through the Internet; and what is most important is that we shall keep, both directly and online, a permanent pedagogical activity. The virtual component of the Bicentennial Center: Memory, Peace and Reconciliation, is being designed so that the Center can be accessed from any place, worldwide. That is, this virtual component will complement the physical construction, and we expect it to become also a meeting point, as well as a support for the investigation on the history of the violence afflicting our country. The Center must and will be articulated with all other initiatives of symbolic significance that are being organized in the city in the framework of the bicentennial celebrations and that are geared towards similar objectives of reparation, including those put forward by other governmental offices or by the private sector. We also seek an online coordination with other centers for memory which we are sure will be created in the different regions of the country. In urbanistic terms, we are hoping for great visibility. We seek to be considered as a great architectural icon, located in one the most important avenues of the city, the El Dorado Avenue, in the magnificent Reconciliation Park, between the Central Cemetery and the Renaissance Park. This will be the location of the Center for Memory, Peace and Reconciliation. We also plan to have at the Center an auditorium that will hold at least 300 people. The Victim Assistance Office will be located there and we want it to be considered as a living tribute to the victims. By being so close to the cemetery, we have direct access to the artistic marble workers and we want, among the elements that will become part of the landscape and memory of our Bicentennial Center, to create a standard marble plaque in which every single person, in their own way, can commemorate a victim, or the entire holocaust, or any event that they consider to be most significant; and all of these tributes will be distributed around of the Center, so that all visitors can leave their mark and that of their loved ones. This center will be right in front of the 26th Street Transmilenio station, which we are hoping to name â&#x20AC;&#x153;Reconciliationâ&#x20AC;?, so that this term and the concept that it carries become part of the urban imaginary. Finally, I would like to remind you all that the person who has been in charge of coordinating 320


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

the advisory committee is Camilo Gonzรกlez Posso, who has been also behind much of the philosophical and political foundations, as well as the material conception of the project. This project has been a great dream that will soon come true and we hope that it will contribute to strengthen the path towards peace and a true process of reconciliation.

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Memorias Seminario Internacional

Camilo González

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More than talking about the plans that we have for this Center, a project that is progressing rapidly thanks to the support of the Secretary of Government of Bogotá and all the members of the task group, I would like to focus on the challenges we are facing so that we can try to device together how to best respond to them. The Challenges: 1. We have established that this Center must be a participatory project. We have worked in keeping with this conception. We have set up a consultation processes with the organizations and a great advisory committee. But to what extent must the Center be inclusive? What role must the Center for memory play in the framework of the ongoing conflict? How does the Center combine the presence of victims and victimizers, of civil society and state institutions, the different actors, which often belong to different political and ideological fronts? Let me give you just one example: in one of the seminars we organized at the Bogotá Archive, which has served as venue for our events, a number of victims organizations said: “that center is not for us to go and shake hands with our victimizers; we don’t want to meet up with the representatives of Mancuso or Macaco, nor with the people who committed the massacres”. We have even been told: “if they come, then we will leave”. How are we to handle this situation? We also have to take into consideration that as part of the working table there are organizations that have already signed peace agreements in Colombia: the M-19, the Socialist Renovation Movement, the Quintín Lame Indigenous Movement, which have moved on to pursue their political goals in other contexts. They are also engaged in the task of gathering documents and archiving memories, and they say: “we come here with our archives” and they have even brought extraordinary archives, “but we do not agree to come here either as victims or victimizers”. Here we face some unresolved issues: on the one hand, we have the question of participation and pluralism as part of the functions of the Center; but pluralism in the management of the Center is a different matter. 2. Another question we have is how to deal with the aspects of forgiveness and reconciliation. The Center has a name, Center for Memory, Peace and Reconciliation and obviously placing Reconciliation last cannot be just pure coincidence. For, what kind of reconciliation are we talking about? The reconciliation issue is so complex that I believe that not even the National Reparation and Reconciliation Commission, and within it the Historical Memory Group, are clear about where to place it.

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Director of the Project “Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación” (Bicentennial Center: Memory, Peace and Reconciliation)

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Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

We all know the theoretical reflection underlying this work. In Spain, the question of reconciliation and how to address it has been given a considerable amount of thought: whether the issues of reconciliation and forgiveness are to be placed in the private sphere, or, whether reconciliation from the point of view of the state has to be assumed from the perspective of rights, to foster democratic coexistence and participation, in a society defined by the persistence of old and diverse factionalisms, antagonisms or enmities. 3. How can we deal with memory and truth in the midst of the conflict? What we have said is that we have the challenge of placing the truth as an instrument to build peace, and this goes against some ideas defended by others. We confront many issues such as those I have just mentioned; this is part of the process. We are progressing in the completion of some architectural projects; we have advanced in setting up the virtual platform; and at the same time we are working on the conceptual framework and on reaching a minimal consensus, so the process itself can be part of a the goals towards pluralism and reflection. A statute, known as the Victimâ&#x20AC;&#x2122;s Law, is currently being debated in Colombia, but such is the weight of the conflict that so far it has not been possible to reach an agreement on how to define the victims. The definitions established by international instruments and integrated into the framework of the United Nations are not accepted. The project initially included all victims in a wide sense, also victims of state violence; but now this project is being questioned and, in any case, many attempts are being made to leave out of its scope some actors who have violated both Human Rights and International Humanitarian Law. Even the name of the statute, which was presented before the Senate as a statute on violations of Human Rights and International Humanitarian Law in the context of the Colombian conflict, has been challenged. It has been impossible to reach an agreement in this discussion, not only regarding the definition of the victims, but also on the question of whether there is an internal armed conflict in Colombia. If we are talking about the victims of armed violence in generic terms, those sensitivities, those discrepancies, are part of the context in which we have to think about this Center we are now committed to create. I simply wanted to present here these reflections, which I bring forward as part of the creation of this Center, in order to point out that this International Conference is a highly valuable contribution to the dialogue that we have initiated. It is going to be significant not only during these days when we will be meeting here, but also in terms of what will follow. This is a unique opportunity, as we can share our concerns with people from different countries who have worked and made progress in analogous situations and with the people in Colombia who are committed in first instance to confer dignity to the victims, to restitute memory as part of the process of peace and reconciliation.

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Closing at the Seminar


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Yuri Chillán Reyes

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I want to join in the most forceful manner all those Colombians who have been marching today, 28th of November 2008, to demand that all our fellow citizens who are still kept in captivity by kidnappers be released. I also want to object to this horrible crime and to all criminal acts of the same kind: massacres, forced disappearance, torture, mutilations, forced displacement and all those that constitute the inventory of horror in our country. This Symposium did not take place in a post-conflict situation. We are not in a position yet to find closure regarding the human rights violations that the endemic violence of this country has produced. Violence cuts across our history; for some, it became a more widespread phenomenon since 1948; others date this violence back to the Thousand Days War (18991902); either way, it has been denounced always in our historical memory – suffice it to read Fray Bartolome de las Casas’ account of how these lands were conquered. This Symposium has been summoned not so much by the Mayor of Bogotá or the Office of the Inspector General of the Nation as by the crude reality of internal conflict in our country. May these first words be of thanks to Trudy Peterson, Michael Evans, Ramón Alberch, Antonio González, Miguel Ángel Jaramillo, Anne Perotin, Oscar Acuña, Isabel Rojas, Patricia Huenuqueo, Alicia Galeano and Ruth Borja, who agreed to come to Bogotá and share with us their experiences regarding the preservation of the memory of human rights violations in different countries, from South Africa and Eastern Europe to the Southern Cone and the Andean Region. Some may be geographically distant, but all are close to us in the pain and suffering. We would also like to thank Professors Guillermo Hoyos, Gonzalo Sánchez, María Victoria Uribe, Luz Angela Herrera and Julio Cesar Gaitán, as well as all the moderators and respondents, whose knowledge has contributed to place the discussion in the right framework, the one that our particular historical moment and the ongoing existence of the present conflict requires. As for our own position, we have promoted this symposium because we are convinced of the need to open up institutional dialogue and debate about the way in which public archives and memory centers ought to function as spaces where the right to the truth is defended, preserved and promoted, and about the orientation of our human rights patrimony toward 101

General Secretary of the Mayoralty of Bogotá, D.C.

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Memorias Seminario Internacional

the recognition of the victims. Thanks to the insights of the experts, this event also contributes to establish a baseline on the ways to preserve the memory of a conflict that has very deep roots and that displays similarities with what happened in Argentina, Chile, Brazil, Paraguay and Peru, but is also very different in scale, as has been pointed out here. The result in our case has been an enormous number of victims. According to official figures, usually lower than those reported by Non-Governmental Organizations or the Catholic Church, in Colombia there are more than three million internally displaced people, over one third of which are children; between 1993 and 2006, one thousand five hundred and seventeen massacres were perpetrated and more than fifty thousand people are now demanding reparations in actions under the Justice and Peace Law. The first conclusion that the reflections of the last few days suggest is that we have reached a point in which we should go beyond the memory of this conflict, which has been so far the memory of the victims as gathered by the victims themselves, by researchers and victims’ organizations, sometimes with the support of multilateral resources, to establishing institutional policies to recover memory as a condition to guarantee human rights. This policies must be designed around the archives, according to their regional, municipal, and district jurisdictions, and of course, with the General National Archive (Archivo General de la Nación) as the coordinating entity of the National Archive System (Sistema Nacional de Archivos). In this regard, we are very pleased to know that we are all on the same page. Once we have such policies in place, then it will be necessary to design the most adequate and sustainable means to institutionalize memory in the midst of the social dynamics generated by the armed conflict in the country, and in our particular case, in view of its effects on Bogotá. This reality demands from us a very serious effort in terms of the required technical and scientific work, but also regarding inter-institutional coordination. The basic question is “which memory do we preserve?” This question is not being asked in a post-conflict situation, which means that we cannot even approach this matter in terms of a final count of victims. I believe the reflections from this event suggest a social function for the archives around the concept of living memory. We have to bring to the archives what is lacking in them, to document through audiovisual recordings, sound recordings, written and graphic testimonies what is inscribed in the lives and the bodies of the victims, what does not figure in judicial actions, what is unknown to most people but must be unveiled, made known, and disseminated in a pedagogical action against forgetfulness but also as a clear expression of recognition and respectful moral reparation. This seems to me to be an urgent task in the present context: to maintain a living memory of an ongoing conflict. This implies, therefore, a double commitment: on the one hand, we must device creative and dynamic strategies that are truly effective in generating the sense of confidence required 328


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

for the archives to become the spaces where the memory of the victims is gathered and preserved; secondly, state institutions must guarantee that the memory gathered by academics, producers, researchers, and organizations is duly preserved within a democratic framework of the rule of law and the defense of human rights. Another important aspect refers to the fact that it is not the competence of archives to investigate the judicial memory. In theory, this will be handed over to the archives many years later in the form of the dossiers of ruled cases along with the corresponding enforced decisions and their historical value. However, based on the constitutional principle of institutional coordination and cooperation, archives can help to define the rules under which this memory will be constructed so that judicial archives are strengthened and information is adequately managed and can be disclosed in a timely manner. I must add that right now that the Capital District is proud to make all the experience of its Archive available and that we shall be ready to cooperate with all the institutions of the Judicial Branch, as well as with all other control entities whenever required, in the same manner as we have been cooperating with the Inspector Generalâ&#x20AC;&#x2122;s Office. Most probably, in the future, when we actually enter a post-conflict phase, we shall be posing different questions. But now, under the present circumstances, this seems to be the way to begin. In this sense, right now the answer to the question for the most adequate system of information to guarantee the work of archives dedicated to the reconstruction of the documental memory of cases of human rights violations and to making it accessible seems to be that of remaining alert so we can take the necessary measures when required. This can be drawn from the contributions in this Symposium under different perspectives. The experiences that the participants have shared with us lead to one clear recommendation: the information systems of the archives must be set up in tune with international human rights protocols to ensure the sustainability of the publicly accessible means to recover memory. The experiences that they have communicated have equally reminded us of the importance of appealing to international human rights instances, not only for support in reinforcing these rights â&#x20AC;&#x201C;since they operate as guarantors of the standards for justice and reparationâ&#x20AC;&#x201D;, but also because it is very important to revise and build the technical tools to record information based on proven methods. These lines of action are geared toward reinforcing a culture of support and exercise of the right to the truth as a tool to transform social awareness. From our perspective, such actions indicate, upon deeper reflection, that we should carry out a reform to adjust the norms of archival document management and of access to information to the reality in which we live, to the conflict we are experiencing. It is important, then, and it is a priority that we acknowledge this and that we reformulate or update the relevant legal framework. I have been thinking about the deep significance of this renewed concept of living memory 329


Memorias Seminario Internacional

that has been cropping up repeatedly in the reflections that have taken place during this symposium. From our side of things, that of the city of rights that we are determined to build, this means that the truth must be publicly acknowledged; that the voice of the dead in this absurd conflict of dark and conflicting interests, of the exiled, of the disappeared, of the kidnapped, of the millions of women and children who have suffered the effects of violence, that all these voices be heard. We must make them known, we must ensure that they are not forgotten, that these voices are preserved. This implies an enormous democratic effort, which must be regarded as a priority. This entails a commitment which we ask all of those who were here with us in this event and the entire city to assume. These reflections begin but do not end at this point. If we do not consider our present and if we do not build our memory, there is very little we can do for our future These last three days have been a modest but deeply conscious effort to contribute toward building peace and hope on behalf of Bogota Positiva (Positive Bogota) as the city of rights. We want to thank all our allies in this effort, the Office of the Inspector General and the Instituto Pensar at the Universidad Javeriana, and very specially Doctor Patricia Linares, Deputy Inspector for the Prevention of Human Rights Violations and Ethnic Affairs, whose lucidity and integrity regarding these issues we so highly appreciate, and her team: Paula, RocĂ­o, and Diana, thank you very much.

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Decalogue of conclusions


Archivos, Memoria y Derecho a la Verdad

Convinced of the positive role that archives can have in the search for the truth about violence and human rights violations in Colombia; and aware of the protagonist role that archives have in victim reparation and in establishing responsibility, we, the participants of the â&#x20AC;&#x153;First International Symposium Archives, Memory and the Right to the Truthâ&#x20AC;?, which took place in the BogotĂĄ Archive between November 26 and November 28, 2008, call the Colombian public authorities to design archival policies and develop the public archive system on the basis of the following principles: 1. Public authorities have the obligation to protect all documents that provide evidence on human rights violations. 2. In the process of recovery of historical memory or of the search for truth, professionals from different areas provide advice and expertise: archivists, librarians, museologists, lawyers, human rights defenders. Their specific professional contributions must be respected and acknowledged according to their particular scientific method. 3. The documents of provisional entities, such as truth commissions, must be transferred to archives and maintained whole, once their mission has been achieved and the institution has been dissolved. Should there be any institutions acting as their successors, these entities must use copies of the documents instead of the original documents gathered by the dissolved entity, in order to preserve the integrity of the collections. 4. Archivists, museologists, historians, lawyers, librarians and other professionals must always take into consideration the protection of human rights when carrying out their tasks of evaluation, description and dissemination of documents. 5. Public archives can offer their facilities for the preservation of the archives of nongovernmental organizations. Should the NGO not trust the public institutions, nor have an adequate place for its archive, then it should look for alternative solutions to guarantee, in all cases, the preservation of and access to the documents. 6. While investigating human rights violations, documents from the archives must be used, whenever they are available. For documents that are not available because the primary sources do not exist, they must be created. This refers to oral history projects, oral sources, audiovisual records, etc. 333


Memorias Seminario Internacional

7. In the process of creating institutions or memory centers, public authorities should take into account the existing national archives and museums and, should they consider it necessary, they should reinforce these institutions by providing the necessary means and professional training to handle matters related to the defense of human rights. 8. Through an effective and transparent policy that covers all areas of public administration, public authorities shall furnish the appropriate legislation to guarantee access to documental sources that can provide information on human rights violations and they shall promote declassification of those documents that can throw a light on said violations. In the case of documents related to human rights violations, declassification shall be granted automatically. 9. All public authorities shall guarantee the exercise of Habeas Data, enabling knowledge of the existing information on individuals in the different archives and allowing access to documents, if available. At the same time, they shall protect the privacy of these individuals. 10. Public authorities shall develop strategies regarding documents in order to enable identification of existing and available documents and detection of substantial gaps so that a strategy can be developed to close these gaps in the future.

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