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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN BOLIVIA Contenido Introducción .................................................................................................................................. 2 1.

Violencia contra la mujer y administración de justicia ......................................................... 4

2.

Problemas relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el sistema penal. .... 5 2.1. Ausencia de estadísticas judiciales con enfoque de género e información confiable sobre violencia contra la mujer ................................................................................................. 6 2.2.

Limitados recursos de las instituciones operadoras de justicia .................................... 7

2.3.

Excesiva duración de las etapas preliminar y preparatoria del proceso penal. ............ 7

2.4. Ausencia de fiscales y policías investigadores especializados en violencia contra la mujer……………. .......................................................................................................................... 8 2.5. 3.

Graves dificultades de producción de pruebas por parte del Ministerio Publico......... 8

Problemática relativa a la forma en la que el sistema judicial se relaciona con la víctima .. 9 3.1.

Estereotipos de género y discriminación ...................................................................... 9

3.2.

Excesiva dificultad en la obtención de certificados médicos forenses ......................... 9

3.3.

Falta de medidas de protección oportunas para las mujeres víctimas de violencia. . 10

3.4.

Reducidos servicios de acceso a la justicia para víctimas de violencia. ...................... 10

3.5.

Victimización secundaria ............................................................................................. 10

4.

Rezago judicial e impunidad................................................................................................ 11

5.

Conclusiones........................................................................................................................ 11

Bibliografía .................................................................................................................................. 13

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 ANEXOS. Cifras y datos de la VCM y la administración de justicia en Bolivia ............................. 15 1.

2.

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) .................................................... 15 1.1.

Cobertura en casos de violencia ............................................................................. 15

1.2.

Movimiento de causas sobre VCM.......................................................................... 15

1.3.

Características de las victimas ................................................................................. 18

Ministerio Publico ........................................................................................................... 18 2.1. Cobertura en casos de VCM ......................................................................................... 18 2.2. Movimiento de causas ................................................................................................. 19

3.

Órgano Judicial ................................................................................................................ 20 3.1. Cobertura en casos de VCM ......................................................................................... 20 3.3. Movimiento de causas ................................................................................................. 21

4.

Ministerio de Gobierno ................................................................................................... 24

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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN BOLIVIA Jennifer Guachalla Escobar1 Resumen: El presente artículo ofrece un análisis de la problemática relativa al procesamiento de casos de violencia contra la mujer en el sistema judicial boliviano. Describe la forma en la que los problemas estructurales del sistema judicial y el sistema penal bolivianos, impactan de manera drástica sobre el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia. Palabras clave: Violencia contra la mujer, justicia penal, víctima de violencia.

Introducción La violencia contra la mujer es un problema generalizado y grave que afecta a las vidas de innumerables mujeres y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en todos los continentes. Pone en peligro la vida de las mujeres y les impide alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades. Obsta al ejercicio de sus derechos como ciudadanas; causa daños a las familias y las comunidades y refuerza otras formas de violencia en todas las sociedades, frecuentemente con consecuencias letales (ONU, 2006). Definición de violencia contra la mujer Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993 (ONU, 1994)., la violencia contra la mujer es: Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida

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Abogada y docente universitaria, con estudios en población y desarrollo, ciencia política, derechos humanos, derecho constitucional y penal. Coordinó programas de desarrollo y gestión de políticas públicas para la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas Derechos Humanos y otros. Contacto: jguachalla26@gmail.com 2


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 privada. La violencia contra la mujer se entenderá que abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos el maltrato, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación en el matrimonio, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por la pareja, violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación; La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en lugares públicos y en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Es por esta razón, que la Agenda 2020 para el Desarrollo Sostenible se plantea como meta “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” (ONU, 2015, pág. 20) Según los datos de la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres, realizada por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia: De cada 100 mujeres encuestadas casadas o en unión libre, de 15 años o más, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación (…). De las mujeres casadas o en unión libre de 15 años o más, 44 de cada 100 mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja sentimental en los últimos 12 meses previos a la encuesta (INE, 2016, pág. 6)

Gran parte de los casos de violencia no son denunciados, pero contrariamente a lo que se pueda pensar, ello no ocurre por la falta de instituciones donde puedan hacerlo. (…) el motivo principal que constituye un obstáculo para acudir a las instituciones no tiene nada que ver con éstas ni con su desempeño, si no que hace referencia a las condiciones estructurales y simbólicas de la violencia: es la vergüenza que aún sienten las víctimas y que es reforzada por la estructura social e institucional en Bolivia (Alianza Libres Sin Violencia, 2017, pág. 13).

Según la mencionada encuesta, gran parte de las personas (46%) aún consideran que es un problema que debe mantenerse en la esfera privada (Alianza Libres Sin Violencia, 2017, pág. 8). Sin embargo, cuando las victimas deciden denunciar la violencia, deben sufrir las consecuencias de un sistema judicial poco sensible a la problemática de la violencia e ineficiente en el procesamiento de casos. 3


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 1. Violencia contra la mujer y administración de justicia La pregunta que guía el presente análisis sobre la problemática de la violencia contra la mujer y sistema de administración de justicia en Bolivia es: ¿qué grado de influencia tienen los problemas estructurales de la justicia y la justicia penal en Bolivia, sobre la forma en la que el sistema penal procesa los casos de violencia contra la mujer? Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la justicia en Bolivia adolece de los siguientes problemas estructurales: (…) escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso. El presupuesto de las instituciones del sector justicia es insuficiente. Además, el sector es susceptible de corrupción y de influencias políticas (OACNUDH, 2015).

De acuerdo a la misma fuente, en la justicia penal se presentan los mismos problemas estructurales de la justicia, pero de manera más exacerbada, “lo que repercute de forma más drástica en los derechos humanos de víctimas e imputados y, principalmente, en los derechos de quienes pertenecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad” (OACNUDH Bolivia, 2017a, pág. 287) En Bolivia, la problemática de la denuncia y procesamiento de casos de violencia en el sistema judicial, se puede graficar de la siguiente manera

Ilustración 1. Problemática relativa a la VCM y la administración de justicia

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Fuente. Elaboración propia Existen dos grupos de problemas estructurales de los que adolece la justicia en Bolivia, que afectan la manera en la que el sistema judicial y el sistema penal, procesan los casos de violencia contra la mujer, estos son: En primer lugar, los problemas relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el sistema penal, entre los que podemos citar: a) la ausencia de estadísticas judiciales con enfoque de género e información confiable sobre la violencia contra la mujer, b) limitados recursos de las instituciones operadoras de justicia, c) excesiva duración de las etapas preliminar y preparatoria del proceso penal, d) ausencia de fiscales y policías investigadores especializados en violencia contra la mujer, e) graves dificultades de producción de pruebas por parte del Ministerio Publico. Y en segundo lugar, los problemas relativos a la forma en la que el sistema judicial se relaciona con la víctima: a) estereotipos de género y discriminación, b) excesiva dificultad en la obtención de certificados médicos forenses, c) falta de medidas de protección oportunas para mujeres víctimas de violencia, d) reducidos servicios de acceso a la justicia para víctimas de violencia, e) victimización secundaria. 2. Problemas relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el sistema penal. El 9 de marzo de 2013 se promulgó la Ley Nº 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La legislación derogada preveía un sistema múltiple en el que la víctima podía denunciar en las vías familiar, de contravención o penal, mientras que la nueva ley sólo permite denunciar en la vía penal. De esta manera toda la problemática de la justicia penal, se trasladó al procesamiento de casos de violencia contra la mujer. 5


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 2.1. Ausencia de estadísticas judiciales con enfoque de género e información confiable sobre violencia contra la mujer En Bolivia el Órgano Judicial no cuenta con estadísticas sobre el número de mujeres (u otra población en situación de vulnerabilidad) que presentan demandas ante el Órgano Judicial, o la materia en la cual las presentan. Porque, la información sobre los usuarios del servicio de justicia no se desagrega por la condición de vulnerabilidad de las partes (OACNUDH Bolivia, 2017a, pág. 78). Respecto a las estadísticas que se producen sobre la violencia contra la mujer en el ámbito judicial, a pesar de los esfuerzos del Estado en la materia2, a la fecha el país no cuenta con un sistema centralizado de información estadística sobre violencia contra las mujeres que produzca información en el marco de indicadores consensuados. En este contexto no es posible conocer con certeza cuántos casos/denuncias de violencia presentados por mujeres ingresas al sistema judicial (a través del Ministerio Publico, Policía (FELCV, FELCC, etc.), cuántos se quedan en la instancia de la denuncia, cuántos de estos casos ingresan al Órgano Judicial, y cuántos llegan a sentencia. En consecuencia, el país cuenta con un conjunto de datos parciales, dispersos, en muchos casos contradictorios, y por lo tanto poco confiables. Esta situación, sumada a la cifra negra que existe en todos los países, ocasiona que la problemática de la violencia en Bolivia sea difícil de conocer a cabalidad y por lo tanto sea aún más dificultoso definir políticas publicas eficaces. Algunos datos  

Según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana durante el 2017 se reportaron un total de 37.959 casos de violencia contra la mujer en todo el país El departamento que más denuncias de violencia recibe es Santa Cruz (34%), seguido de La Paz (22%) y Cochabamba (17%). En conjunto estos tres departamentos reciben el 73% de las denuncias del país (FECCV, 2018).

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Por una parte se ha invertido en la definición de indicadores estructurales, de proceso y de resultado sobre el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Ver https://www.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/index.php?r=site/violencia), y por otra parte, la Ley N° 348 crea el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género - SIPPASE, al cual todas las instituciones operadoras de justicia tienen la obligación de reportar el ingreso y estado de casos, para generar información que pueda ser procesada por el Instituto Nacional de Estadística, sin embargo esto aun no ocurre.

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1  

Según la Fiscalía General del Estado en la gestión 2016, el Ministerio Publico registro un total de 31.713 causas (Ministerio Publico, 2017) En 2016 el Órgano Judicial reportó el ingreso de 30.731 causas nuevas por año (sólo en juzgados y tribunales de violencia) (Consejo Magistratura, 2017)

2.2. Limitados recursos de las instituciones operadoras de justicia Como señalamos con anterioridad, uno de los problemas estructurales de la justicia es su bajo presupuesto, que es uno de los más bajos de la región. Según el Ministerio de Hacienda, el total del presupuesto aprobado de las instituciones judiciales en 2015 solo alcanzó al 0,49% del presupuesto general consolidado del Estado (OACNUDH Bolivia, 2017a, pág. 249). Esto explica en parte, la baja cobertura del Órgano Judicial y Ministerio Publico en materia de violencia contra la mujer. Sólo existen 24 juzgados que conocen de violencia en ciudades capitales y El Alto, el Ministerio Publico cuenta con una Fiscalía Especializadas en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) con presencia únicamente en las nueve Fiscalías Departamentales. La FELCV cuenta con 100 unidades en 69 municipios para cubrir los 9 departamentos. Sin embargo “no cuenta con equipamiento, material e instrumentos para una adecuada investigación de los delitos vinculados a la violencia de género, (…) recargando el costo de la investigación en las personas que litigan, lo que genera también altos índices de corrupción” (Baptista & Mamani, 2014, pág. 44). No persiguen a los imputados prófugos. No cuentan con los medios ni el personal para esta tarea. No cuentan con recursos logísticos, por ejemplo, si deben notificar se encuentran en la necesidad de pedir a la víctima o gastar de su propio dinero para gastos de transporte. O por ejemplo luego de una Inspección Técnica Ocular, el revelado de fotografías es a cuenta del denunciante. Cambios de investigadores retrasan el proceso también porque los investigadores nuevos no conocen los antecedentes del caso (Baptista & Mamani, 2014, pág. 89)

2.3. Excesiva duración de las etapas preliminar y preparatoria del proceso penal. Según el Anuario Estadístico Judicial de 2016, el 64% de los casos radicados en juzgados de instrucción penal y el 69% de los casos radicados en juzgados de instrucción de violencia contra la mujer, quedaron pendientes de resolución para la gestión 2017 (Consejo Magistratura, 2017). En ese contexto, según la FEVAP en 2016 (Ministerio Publico, 2017) el 69% de los casos de violencia contra la mujer se encontraban en la etapa preliminar (previa a la imputación formal) y el 21% en la etapa preparatoria (previa al juicio) del proceso penal, es decir que el 90% de las denuncias permanecen estancadas en estas etapas del proceso. 7


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 De acuerdo a algunos estudios sobre el tema, la brecha que existe entre los plazos legales y los plazos reales es tan grande, que es una de las principales causas de la retardación de justicia y el abandono de los procesos por parte de las victimas (Baptista & Mamani, 2014, pág. 103). La fase de investigación del proceso penal “es para las mujeres tan desgastante, que muy pocas llegan con el ánimo de continuar con el proceso, pues hasta esta etapa han transcurrido entre 2 y 3 años” (Baptista & Mamani, 2014, pág. 106) En mi caso ya han dictado dos veces la imputación, pero cada vez el juez rechaza, porque hace mal, parece que fuera a propósito, ya estamos 2 años en la investigación y otra vez ha hecho una imputación, pero poniendo mal su nombre así que estamos seguros que otra vez van a rechazar, y así él sigue andando en la calle, no hay caso de seguir, parece que a propósito quieren cansarnos, tardan mucho (Familiar víctima feminicidio 3) (Baptista & Mamani, 2014, pág. 106)

Sin embargo, no sería justo decir que los únicos responsables de la retardación de justicia son los jueces y fiscales, ya que según el Órgano Judicial en el 15% de los casos los jueces pierden competencia por excusas y recusaciones (Consejo Magistratura, 2017, pág. 546), promovidas por los abogados litigantes. 2.4. Ausencia de fiscales y policías investigadores especializados en violencia contra la mujer Existe una altísima rotación de fiscales y policías investigadores, lo que dificulta sobremanera la especialización del personal, el mismo que carece de formación en género y violencia contra las mujeres. Sería bueno que se identifiquen más con las causas, lo ven como chacota, ya ni preparan, adivinan de qué es el caso, no hacen el seguimiento, en algunos [casos] puede justificarse por [la excesiva] carga procesal, dan más importancia a unos casos que a otros, justamente porque conocen toda clase de procesos, si tuvieran especialidad en cada área, pondrían más atención (Jueza 2). (Baptista & Mamani, 2014)

2.5. Graves dificultades de producción de pruebas por parte del Ministerio Publico Los servicios periciales adolecen de serias falencias de cobertura y de tiempos de procesamiento de las pericias (OACNUDH Bolivia, 2017a, pág. 299). Pero también se observa incumplimiento de fiscales y policías de su deber de investigar de manera diligente los hechos de violencia. Esta situación se agrava mucho más en el caso de las niñas, ya que son las que tardan más en romper el silencio (…) En casos como éstos, si bien no existen pruebas físicas, se puede contar, con la psicología forense, (…) pero en el país no hay muchas personas con esta especialidad, en La Paz solamente hay una profesional en el IDIF (Baptista & Mamani, 2014)

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 3. Problemática relativa a la forma en la que el sistema judicial se relaciona con la víctima Aunque existen algunas buenas prácticas como la elaboración y aprobación por parte del Ministerio de Justicia y el Ministerio Publico del “Protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección a víctimas, en el marco de la ley Nº 348: ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ministerio Público, 2014), los problemas por los que atraviesan las victimas a la hora de denunciar un caso de violencia persisten. 3.1. Estereotipos de género y discriminación Los operadores de justicia son un reflejo de la sociedad a la que representan, la sociedad boliviana es profundamente patriarcal, racista y discriminadora, situación que afecta principalmente mujeres indígenas, pobres, con discapacidad, adolescentes y jóvenes, extranjeras, entre otras. Muchas mujeres que denuncian violencia doméstica y sexual son más estigmatizadas que los perpetradores por los operadores del sistema de justicia además del rechazo que reciben de sus familiares y su comunidad (Baptista & Mamani, 2014). En Bolivia aún es posible identificar casos gravísimos de violación de derechos de las mujeres en el ámbito judicial, cuyo origen es la visión patriarcal y androcéntrica –uso de lenguaje y estereotipos sexistas- que prevalecen en la sociedad y en los administradores de justicia, y que se reflejan en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres. Solo a manera de ejemplo, un estudio de caso realizado en Sucre, por una organización de la sociedad civil, refleja los problemas identificados en el párrafo precedente. Distrito Judicial de Sucre, sentencia emitida el 12 de septiembre de 2005. (…) una menor de 13 años es violada, [el juez] libera al violador de toda culpa, basado en que la víctima era “una persona no tímida, sino coqueta”, ignorando que la normativa penal determina que las relaciones sexuales con una menor de 14 años, así sean consentidas, constituyen delito de violación. (…), el juzgador valora el comportamiento de la víctima para decidir si es merecedora o no de la protección jurídica; es decir, el bien jurídico tutelado que es la libertad sexual se ve anulado cuando ella rompe los estereotipos imaginarios del ser mujer. (Carrasco, Padilla, & Noya, 2014, pág. 78)

3.2. Excesiva dificultad en la obtención de certificados médicos forenses A pesar que la Ley 348 (artículo 20) prevé que los médicos del Sistema de Salud Público, pueden extender de oficio, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, que luego deben homologar los médicos forenses, en la práctica el Ministerio Publico sólo acepta como prueba “ofrecida por la víctima” 9


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 certificados extendidos por médicos forenses, cuyo número es bajísimo en proporción a la población. En Santiago II hacen cola desde las 4 am, atienden sólo a 20 personas, 10 en la mañana y 10 en la tarde. Llega su turno y si no tienen requerimiento no las atienden, vuelven a la Ceja [en la ciudad de El Alto] a sacar requerimiento fiscal y tienen que volver al médico forense, se ha burocratizado más el procedimiento. Si ha pasado su turno, tienen que volver con sus wawitas al día siguiente, dejan

de trabajar los días que están haciendo todo, solas, a veces con 2 o 3 hijas/os (Baptista & Mamani, 2014). 3.3. Falta de medidas de protección oportunas para las mujeres víctimas de violencia. Según estudios en la materia, en la mayor parte de los casos de feminicidio las víctimas sabían que estaban en riesgo “y, por tanto, decidieron denunciar los eventos de violencia que estaban sufriendo, en un desesperado intento por evitar el desenlace fatal, que por ineficacia del sistema, termina por ocurrir” (Baptista & Mamani, 2014, pág. 72) Como vimos en acápites anteriores la etapa preliminar y la de investigación se extienden tanto, que las mujeres se ven obligadas a vivir en la misma casa con el agresor. (…) no hay forma de sacarlo [de la casa] en tanto la investigación termine y no es prioridad para el fiscal dictar medidas de protección “son problemas de cocina”, dicen los fiscales, los médicos forenses no dan más de 5 días de impedimento para que se tipifique sólo como violencia intrafamiliar y no como lesiones graves. (Baptista & Mamani, 2014, pág. 72)

3.4. Reducidos servicios de acceso a la justicia para víctimas de violencia. Sin duda uno de los aspectos que dificulta la búsqueda de la justicia de parte de las víctimas es el lenguaje técnico que se utiliza en el sistema judicial en la sustentación jurídica de los argumentos, que más que comunicar genera excluir y diferenciar (Barragán, Soliz, Derpic, & Barragán, 2005). Existe poca disponibilidad de servicios de asistencia jurídica, adecuada a problemáticas específicas de las mujeres (ONU, 2011, pág. 9). Únicamente a manera de ejemplo, el Servicio Plurinacional de Atención a la Victima (SEPDAVI), sólo cuenta con 8 oficinas, en 5 departamentos y 17 defensores a nivel nacional (SEPDAVI, 2108) y sólo 200 de 340 municipios cuentan con Servicio Legal Integral Municipal (ERBOL, 2014).

3.5. Victimización secundaria Todo lo descrito con anterioridad contribuyen a la re-victimización y el abandono de los casos por parte de las mujeres víctimas de violencia.

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 (…) la humillación, malos tratos y preguntas acusatorias que están totalmente sesgadas y presumen la total culpabilidad de la víctima y la inocencia del agresor (Barragán, Soliz, Derpic, & Barragán, 2005): i) ¿de cómo te diste cuenta que fuiste violada?, ii) ¿de qué hablaron en el momento de acto?, iii) ¿antes de que haya sido violada por …., había tenido otras relaciones?, y hasta llegar al extremo que el juez en audiencia preguntará a la víctima: iv) ¿qué es lo que quiere y qué está buscando? (Baptista & Mamani, 2014, pág. 30)

Este problema también tiene relación con una situación señalada en los acápites precedentes, el personal de la Policía y Ministerio Publico no está calificado para la investigación de casos de violencia, la rotación es alta (en promedio, cada 3 meses), no ene especialidad en materia de género y derechos de las mujeres, ni tampoco tiene sensibilidad para proporcionar a las víctimas de violencia un trato acorde con el ejercicio de sus derechos (Baptista & Mamani, 2014, pág. 91). 4. Rezago judicial e impunidad Todos los problemas descritos en los acápites precedentes, explican en gran parte el elevado porcentaje de rechazo de casos de violencia contra la mujer por parte del Ministerio Publico (58%), la reducida proporción de casos que los fiscales lleva a juicio (5%) y el bajo porcentaje de condenas conseguidas (1%) (Ministerio Publico, 2017) Desde el punto de vista del Órgano Judicial el panorama es aún más desolador, el 70% de los casos de violencia contra la mujer atendidos durante la gestión 2016, quedaron pendientes para la gestión 2017 (Consejo Magistratura, 2017, pág. 1115). Por otra parte, según el Órgano Judicial, el 47% de las denuncias de violencia contra la mujer fueron rechazadas, y sólo el 7,07% de las causas fueron remitidas a un tribunal de sentencia con una acusación. 5. Conclusiones Los problemas en el procesamiento de casos de violencia contra la mujer en el sistema penal boliviano, derivan de los problemas estructurales que aquejan al sistema judicial en el país. Entre los más evidentes, podemos citar a: la escasa producción de información judicial con enfoque de género; los reducidos recursos (económicos, humanos y técnicos) con los que cuentan las instituciones operadoras de justicia penal; la excesiva movilidad de jueces y fiscales, que hace casi imposible su especialización; la escasa capacidad de investigación y producción de pruebas del Ministerio Publico; la corrupción; entre otros. Por otra parte, existen un conjunto de problemas –que también derivan de problemas estructurales de la justicia- pero que afectan principalmente a las víctimas de delitos de violencia contra la mujer, tales como: los estereotipos de género y la discriminación (por edad, condición étnica, económica, etc.); la excesiva dificultad en la obtención de certificados médicos forenses, la falta de medidas de protección oportunas; los reducidos servicios de asistencia jurídica gratuitos a los que pueden acudir las víctimas de escasos recursos; el 11


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 traspaso de la carga de la prueba y los costos económicos de la investigación a la víctima; la victimización secundaria; entre otros. Asimismo, todos los problemas descritos ocasionan retardación de justicia e impunidad, que afectan principalmente a mujeres víctimas de violencia sobre las que confluyen otros factores de vulnerabilidad (condición étnica, pobreza, desempleo, etc.). A más de cinco años de la aprobación de la Ley Nº 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es posible afirmar que -el enviar todos los casos de violencia contra la mujer a un sistema de justicia penal colapsado- no fue la mejor decisión de política criminal. Principalmente porque con esa decisión, todas las víctimas de violencia fueron enfrentadas al conjunto de problemas que actualmente aquejan al sistema penal. En ese contexto podemos afirmar que, si queremos mejorar los resultados del sistema de justicia penal en la lucha contra la violencia hacia la mujer, debemos dirigir nuestros esfuerzos a superar el conjunto de problemas estructurales que actualmente aquejan a la justicia en Bolivia y que repercuten de forma perversa sobre las víctimas de violencia.

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Bibliografía Alianza Libres Sin Violencia. (2017). Percepciones ciudadanas sobre las instituciones que prestan servicios a casos de violencia contra mujeres Datos comparativos 2015 - 2017. Cochabamba. Obtenido de https://alianzalibressinviolencia.org/2017/12/06/percepciones-ciudadanas-sobre-lasinstituciones-que-prestan-servicios-a-casos-de-violencia-contra-las-mujeres/ Baptista, R., & Mamani, R. (2014). Trayectorias e itinerarios en la búsqueda de justicia, recorrido de las mujeres en situación de violencia sexual y de familiares de víctimas de feminicidio un laberinto sin salida. La Paz: Fondo de Emancipacion. Carrasco, L., Padilla, M., & Noya, M. (2014). La sana crítica del juez en la aplicación de justicia a casos de violencia contra mujeres. La Paz. Obtenido de http://www.conexion.org.bo/uploads/La_sana_critica_del_juez.pdf CLADEM. (2016). Informe alternativo par ala tercera ronda de evaluacion multilateral. Mecanismo de seguimiento de la Convencion de Belem do Para. La Paz. Consejo Magistratura. (2017). Anuario Estadistico Judicial 2016. Sucre: Consejo de la Magistratura. INE. (2016). Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres 2016. Resultados. La Paz: elaborado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Obtenido de http://www.bivica.org/upload/violencia-mujeres-estadisticas.pdf Ministerio Público. (2014). Protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección a víctimas, en el marco de la ley nº 348: ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Paz. Obtenido de http://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/herramienta/f0da117d5444b7fcf32a3 196ca9324b1.pdf Ministerio Publico. (2017). Informe FEVAP. Sucre. OACNUDH. (2015). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2014. A/HRC/28/3/Add.2. OACNUDH Bolivia. (2017a). Sistema Judicial Boliviano. Estado de situacion, buenas practicas y recomendaciones para el trabajo en el sector, desde el enfoque de derechos humanos. La Paz. 13


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 ONU. (2011). Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela Knaul A/HRC/17/30. Obtenido de https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/18/PDF/G1113018.pdf?OpenElement ONU. (2013). Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul. A/HRC/23/43. Ginebra.

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ANEXOS. Cifras y datos de la VCM y la administración de justicia en Bolivia 1. Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) Cabe reconocer que la institución que produce mayor información sobre la violencia contra las mujeres es la Policía Boliviana. Y es la única institución que publica información desagregada por edad y genero de las víctimas. 1.1. Cobertura en casos de violencia La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de la Policía Boliviana cuenta con 100 oficinas a nivel nacional donde se realiza la recepción de denuncias sobre violencia contra la mujer. Tabla 1. Oficinas FELCV DEPARTAMENTOS DIR. NACIONAL DE LA FELCCV (La Paz) DIR. DPTAL. LA PAZ DIR. DPTAL. SANTA CRUZ DIR. DPTAL. COCHABAMBA DIR. DPTAL. TARIJA DIR. DPTAL. CHUQUISACA DIR. DPTAL. POTOSI DIR. DPTAL. ORURO DIR. DPTAL. BENI DIR. DPTAL. PANDO Total

CANTIDAD DE OFICINAS 1 21 14 21 14 10 9 7 2 1 100

Fuente. FELCV, 2018 1.2. Movimiento de causas sobre VCM La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reporta los siguientes datos sobre denuncias de violencia contra la mujer y feminicidios, entre 2013 y 2017. Tabla 2. Denuncias de violencia realizadas en la FELCV 2013 Violencia contra la mujer Feminicidios

2014

2015

41.256*

32.775*

80*

54*

34.016*

2017 37959** 91**

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 Fuente. *CLADEM Bolivia (CLADEM, 2016, pág. 15). ** FELCV, 2018 Según la FELCV durante el 2017 se reportaron un total de 37.959 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 91 casos fueron feminicidios. Tabla 3. Casos de VCM atendidos por la FELCV 2017

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 Delitos de Violencia contra la mujer denunciados a la Policia Boliviana Violencia familiar o domestica violencia patrimonial y economica violencia mediatica violencia en el ejercicio politico violencia contra la dignidad y la honra violencia contra los derechos reproductivos violencia laboral violencia contra derechos y libertades violencia simbolica y/o encubierta violencia psicologica abuso sexual violacion NNA violacion estupro substraccion de menor o incapaz acoso sexual feminicidio lesiones graves y leves aborto forzado homicidio suicidio infanticidio abandono de familia aborto abandono de mujer embarazada rapto corrupcion de NNA pornografia acoso laboral actos sexuales abusivos parricidio proxenetismo y trata y trafico de personas abuso deshonesto encubrimiento de violacion homicidio culposo incumplimiento de deberes de proteccion tentativa de infanticidio tentativa de aborto tentativa de aborto forzado tentativa de abuso sexual tentantiva de estupro tentativa de feminicidio tentativa de homicidio tentativa de homicidio suicidio tentantiva de infanticidio tentativa de rapto tentativa de violacion tentativa de violacion NNA Total

Beni

Sucre 842 6 5 0 0 0 2 0 0 0 10 24 5 4 9 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 6 13 947 2,5

1563 5 0 0 0 0 0 0 0 0 49 89 60 62 11 2 7 1 4 1 1 8 3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 14 25 1918 5,1

Cochabamba 5810 31 8 0 0 0 1 0 0 1 105 89 45 46 13 6 22 6 2 19 10 1 4 7 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 38 0 0 2 0 5 8 6290 16,6

La Paz 7376 81 20 4 7 3 0 0 2 0 191 185 192 124 5 24 30 6 4 0 3 4 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 24 0 0 1 0 13 12 8327 21,9

Oruro 1103 2 0 4 0 0 0 0 0 0 49 54 46 18 23 5 8 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 3 1331 3,5

Pando 510 7 3 0 0 0 0 0 0 0 29 22 11 5 3 4 0 15 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 10 637 1,7

Potosi 2236 34 1 0 0 0 0 0 0 0 74 43 52 20 10 12 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 4 2509 6,6

Santa Cruz 10581 103 8 0 0 0 1 1 0 0 602 513 291 385 196 108 16 36 21 5 9 3 9 0 11 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 24 0 2 1 6 51 77 13074 34,4

Tarija 2552 11 7 0 0 3 0 2 0 0 83 88 60 22 8 15 6 8 1 2 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 13 19 2926 7,7

TOTAL 32573 280 52 8 7 6 4 3 2 1 1192 1107 762 686 278 178 91 75 34 30 27 23 20 16 16 15 9 4 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 8 4 122 2 2 7 6 120 171 37959 100,0

% 85,81% 0,74% 0,14% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 3,14% 2,92% 2,01% 1,81% 0,73% 0,47% 0,24% 0,20% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,32% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,32% 0,45% 100,00%

Fuente. FELCV, 2018. Como se puede observar en la tabla que antecede, el departamento que más denuncias de violencia recibe es Santa Cruz (34%), seguido de La Paz (22%) y Cochabamba (17%). En conjunto estos tres departamentos reciben el 73% de las denuncias del país.

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 1.3. Características de las victimas Según la FELCV el 89% de las víctimas de violencia son mujeres Tabla 4. Sexo de las víctimas de violencia Mujer Varon No refiere Total

Beni 825 122 0 947

Sucre 1705 212 1 1918

Cochabamba 5986 304 0 6290

La Paz 7271 1027 29 8327

Oruro 1145 184 2 1331

Pando 572 62 3 637

Potosi 2219 290 0 2509

Santa Cruz 11657 1408 9 13074

Tarija 2719 205 2 2926

TOTAL 34099 3814 46 37959

% 89,83% 10,05% 0,12% 100,00%

Fuente. FELCV, 2018. Según la FELCV el 90% de las víctimas de violencia son mujeres y la mayoría tienen entre 19 y 30 años (37%). Tabla 5. Edad de las víctimas de violencia Edades

Beni

Sucre

Cochabamba

La Paz

Oruro

Pando

Potosi

Santa Cruz

Tarija

TOTAL

%

Dias, semanas, meses 01 a 08 09 a 12 13 a 18 19 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 adelante No refiere (en blanco) Total

6 31 28 77 377 229 80 40 15 3 1 0 59 1 947

1 29 36 200 727 415 166 74 36 12 8 0 208 6 1918

11 79 85 403 2572 1713 808 333 124 63 20 2 77 0 6290

2 88 118 568 2817 1980 892 476 201 87 33 2 1059 4 8327

0 29 18 97 439 305 107 32 18 3 5 1 243 34 1331

1 15 21 62 272 131 39 13 7 1 0 0 75 0 637

3 34 46 176 860 655 258 118 37 19 7 1 295 0 2509

17 492 421 1557 4904 3113 1403 566 261 148 36 6 145 5 13074

0 50 67 249 1115 887 319 135 45 24 9 0 25 1 2926

41 847 840 3389 14083 9428 4072 1787 744 360 119 12 2186 51 37959

0,11% 2,23% 2,21% 8,93% 37,10% 24,84% 10,73% 4,71% 1,96% 0,95% 0,31% 0,03% 5,76% 0,13% 100,00%

Fuente. FELCV, 2018. 2. Ministerio Publico 2.1. Cobertura en casos de VCM El Ministerio Publico cuenta con una Fiscalía Especializadas en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) con presencia en las nueve Fiscalías Departamentales, la misma que ejerce la acción penal pública, dirección funcional de la investigación y actuación policial, para delitos previstos en la Ley N° 263 “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas” y Ley N° 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ministerio Publico, 2015).

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 2.2. Movimiento de causas Según la FEVAP (Ministerio Publico, 2017) en la gestión 2016, el Ministerio Publico registro un total de 31.713 causas de las cuales 18.716 (59%) fueron cerradas. En cuanto a feminicidios, la Fiscalía desglosó las cifras de 2016 por departamentos: La Paz (28), Cochabamba (27), Santa Cruz (21), Potosí (8), Oruro (6), Chuquisaca (5), Tarija (5), Beni (3), Pando (1), haciendo un total de 104 muertes de mujeres en esa figura penal (El Diario, 2017). Respecto a la etapa del proceso penal en la que se encontraban las denuncias ingresadas en la gestión 2016, se puede observar que el 69% permanecía en la etapa preliminar, y solo el 9% se encontraba en etapa de juicio. Tabla 6. Etapa del proceso penal en la que se encuentran las denuncias ingresadas en la gestión 2016 por la ley 348 por departamento y en la ciudad de El Alto

DEPARTAMENTO Preliminar Preparatoria Beni 77 50 Chuquisaca 98 208 Cochabamba 663 312 Oruro 203 137 Pando 2 33 Potosí 554 245 Santa Cruz 2043 247 Tarija 60 970 La Paz 1936 502 El Alto (municipio) 3344 127 TOTAL 8980 2831 % 69,1 21,8

Juicio 40 107 282 28 55 74 113 367 85

Apelaciones 0 11 3 2 0 3 0 1 0

TOTAL 167 424 1260 370 90 876 2403 1398 2523

15 1166 9,0

0 20 0,2

3486 12997 100,0

Fuente. (Ministerio Publico, 2017) Según la misma fuente, las denuncias ingresadas en el Ministerio Publico la gestión 2016 por la Ley 348, el 58% fueron rechazadas, en el 27% de los casos el fiscal imputó formalmente al denunciado, pero solo el 5% fue acusado y llevado a juicio; y finalmente sólo el 1% de los acusados fue condenado (Ministerio Publico, 2017). Tabla 7. Estado de las denuncias ingresadas en la gestión 2016 por la Ley 348

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 DEPARTA MENTO Beni Chuquisaca Cochabamb Oruro Pando Potosi Santa Cruz Tarija La Paz

Criterio de Salidas Procedimi Recha Imputaci Sobresei Acusaci Conde Absolu oportuni alternati ento TOTALES zos on formal miento on nas ciones dad vas Abreviado 574 1251 2001 531 590 881 3758 1095 2528

301 811 1270 389 205 483 504 1936 810

2 435 2 1 0 69 4 625 33

0 0 5 1 1 1 7 7 4

24 71 186 111 6 23 22 87 55

52 111 172 17 19 17 69 54 24

52 125 350 35 71 79 143 429 125

14 51 95 11 19 6 19 42 0

0 1 0 0 1 0 0 2 0

1019 2856 4081 1096 912 1559 4526 4277 3579

El Alto (municipio) 1708 TOTAL 14917 % 57,67

204 6913 26,73

0 1171 4,53

2 28 0,11

15 600 2,32

13 548 2,12

17 1426 5,51

2 259 1,00

0 4 0,02

1961 25866 100,00

Fuente. (Ministerio Publico, 2017) 3. Órgano Judicial 3.1. Cobertura en casos de VCM En las ciudades capitales y El Alto, el Órgano Judicial ha creado Juzgados de Violencia contra la mujer, los mismos que además conocen casos de corrupción (juzgados y tribunales anticorrupción y violencia contra la mujer). Tabla 8. Juzgados y tribunales en ciudades capitales y El Alto, que conocen casos de violencia contra la mujer TIPO DE JUZGADO Instrucción Anticorrupcion y violencia CM Partido y Sentencia anticorrupcion y Tribunales violencia CM Tribunal de sentencia anticorrupcion y violencia CM Juzgados Norte y EPI sur mixtos EPI sur, Plan 3000 (civil y comercial, familia, niñez y adolescencia e instrucción penal) Centros integrados (civil y comercial, familia, niñez y adolescencia e instrucción penal) TOTAL

COCHA SANTA TRINI ORURO POTOSI TARIJA COBIJA BAMBA CRUZ DAD 2 1 1 1 1

SUCRE LA PAZ EL ALTO 4 1

1

1

6

10 2 1 2

2

1

TOTAL

2

3

6 24

20


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 Fuente. Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Judicial 2016 (Consejo Magistratura, 2017, pág. 97) Adicionalmente: a) En provincias existen Juzgados Públicos Mixtos e Instrucción Penal, los mismos que atienden causas en materias, civil y comercial, familiar, niñez y adolescencia, corrupción y violencia contra la mujer y penal. (Consejo Magistratura, 2017, pág. 16) b) En la ciudad de El Alto existen seis centros integrados de justicia, los mismos que poseen competencia mixta, y atienden causas en materias Civil y Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Anticorrupción, Violencia hacia la Mujer y Penal. (Consejo Magistratura, 2017, pág. 17) Sin embargo, el Órgano Judicial solo publica información desagregada sobre delitos de violencia contra la mujer procesados por los juzgados y tribunales de violencia. 3.3. Movimiento de causas En 2016 el Órgano Judicial reportó el ingreso de 30.731 causas nuevas por año (sólo en juzgados y tribunales de violencia). Es decir, un mayor número de casos a los reportados por el Ministerio Publico (27% más). (Consejo Magistratura, 2017)

Tabla 9. Causas de VCM ingresadas en el Órgano Judicial

MATERIA

Instrucción Violencia C.M. Sentencia Violencia C. M. Tribunales de Sentencia Violencia C.M.

% causas Pendientes total pendientes % causas pendientes de la Ingresadas atendidas para la resueltas para la gestion en la en la causas proxima en la proxima anterior gestion gestion resueltas gestion gestion gestion 29101 28818 57919 17710 40209 30,58 69,42 699 1181 1880 433 1447 23,03 76,97 811 732 1543 420 1123 27,22 72,78 30611 30731 61342 18563 42779 30,26 69,74

Fuente. Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Judicial de 2016 (Consejo Magistratura, 2017, pág. 1115) Como podemos observar en el cuadro que sigue, en 2016 el porcentaje de casos de violencia contra la mujer que se quedan pendientes de resolución para la siguiente gestión es muy 21


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 elevado (70%), y se ha incrementado notablemente en comparación con la gestión anterior (2015). Tabla 10. Relación de causas resueltas por gestiones - ciudades capitales y provincias. Por: materia

Instrucción Violencia C.M. Juzgados de Sentencia Violencia C. M. Tribunales de Sentencia Violencia C.M.

% CAUSAS PENDIENTES % CAUSAS PARA LA RESUELTAS SIGUIENTE GESTION 2015 2016 2015 2016 2015 2016 19293 17710 51 31 49 69 353 433 28 23 72 77 648 420 43 27 57 73

TOTAL CAUSAS RESUELTAS Violencia CM

20294

MATERIA

CAUSAS RESUELTAS EN EL PERIODO

18563

Fuente Anuario Estadístico Judicial 2016 (Consejo Magistratura, 2017, pág. 1119) Respecto a los mecanismos de “resolución de causas” en juzgados de instrucción penal, según la Tabla que sigue, del total de causas de violencia contra la mujer “resueltas” en juzgados de instrucción (15.140), el 47% de las denuncias fueron rechazadas, sólo el 7,07% de las causas fueron remitidas a un tribunal de sentencia con una acusación. Llama la atención: a) la escasa utilización del procedimiento abreviado (3%) y las salidas alternativas al proceso (11%), y b) el 15% de los casos en los que el juez se excusó o fue recusado.

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REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 Tabla 11. Juzgados instrucción violencia contra la mujer ciudades capitales y El Alto Remision a juzgado o tribunal de sentencia CIUDADES por conclusión audiencia conclusiva Sucre 18 La Paz 25 El Alto 0 Cochabamba 0 Oruro 1 Potosi 29 Tarija 0 Santa Cruz 8 Trinidad 3 Cobija 0 Totales 84 % 0,55

Fuente.

Remision a Juzgado o Tribunal de Procedimie Criterio de Suspension sentencia nto oportuni condicional Conciliacion con abreviado dad del proceso acusacion formal 108 87 29 57 115 121 225 112 32 101 987 6,52

140 59 8 56 13 16 7 89 31 7 426 2,81

(Consejo

368 41 1 2 3 76 438 2 11 0 942 6,22

111 27 12 8 117 26 14 59 15 48 437 2,89

Sobresei miento

8 57 3 86 4 2 0 30 109 49 348 2,30

Magistratura,

62 27 7 28 74 38 22 11 6 0 275 1,82

Conversion Otras de acciones Declinatoria formas de Rechazo de (art 26CPP e extincion la denuncia numeral inhibitoria de la accion 1,2,3) 89 120 6 69 7 529 20 19 1 0 860 5,68

1311 496 421 360 484 1538 427 1743 55 210 7045 46,53

2017,

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,01

333 18 2 0 2 5 32 54 14 0 460 3,04

Excusa

Recusa

946 10 0 0 3 0 0 1 1 0 961 6,35

pág.

1276 2 0 0 2 0 0 4 0 0 1284 8,48

Otras

942 0 0 1 0 1 83 2 0 0 1029 6,80

Total causas resueltas en la gestion

5712 969 490 668 825 2381 1268 2134 278 415 15140 100

546)

23


REVISTA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL BOLIVIA AÑO 1 NÚMERO 1 4. Ministerio de Gobierno El Ministerio de Gobierno, posee un Observatorio de Seguridad Ciudadana según el cual, entre 2011 y 2016 se han reportado un total de 2381 casos de trata y tráfico en el país, la mayoría de los cuales tienen como víctimas a mujeres. Tabla 12. Casos de TTP reportados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana

Trata tráfico personas

2011 y 243 de

2012 456

2013 428

2014 515

2015 506

2016 233

TOTAL 2381

Fuente. (CLADEM, 2016, pág. 15)

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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION  

Resumen: El presente artículo ofrece un análisis de la problemática relativa al procesamiento de casos de violencia contra la mujer en el si...

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ADMINISTRACION  

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