Informe de Derechos Humanos 2009-2013

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Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2009-2013

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Las de personas y grupos de atención prioritaria se concentraron en personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, usuarios y consumidores, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes. Se registró una ausencia en jóvenes, personas privadas de la libertad y en situación de riesgo. Las de adultos mayores se limitaron a la población jubilada y las de niños, niñas y adolescentes se circunscribieron al derecho de alimentos. Las leyes sobre participación fueron institucionales enfatizando en los derechos políticos y de servicio público con un déficit en las múltiples formas de participación social que reconoce la CRE. Las leyes sobre los derechos de libertad igualmente fueron institucionales concentrándose en los aspectos de propiedad, libertad económica y de empresa. Las regulaciones que se introdujeron estuvieron orientadas a la limitación y restricción de estos derechos. Se incluyeron tres leyes sobre derechos no contemplados en los bloques generales: seguridad humana y no corrupción. Y solo una ley entró a regular los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, pese a que se contaban con más de cuatro proyectos específicos sobre pueblos afrodescendientes, justicia indígena, parto indígena y otros. Las principales leyes que contribuyeron al desarrollo de derechos en el período fueron: discapacidad; enfermedades catastróficas; donación y trasplante de órganos; eliminación del fuero militar y policial; tipificación de los delitos de genocidio, etnocidio y odio; reconocimiento de la inmunidad a la comisión de la verdad; ampliación de la licencia de maternidad, establecimiento de la licencia de paternidad; extensión de jornada de lactancia a 12 meses; reconocimiento del descanso obligatorio para el trabajo doméstico; acceso de jubilados a préstamos hipotecarios, mecanismos para el incremento de pensión jubilar para pensionistas y viudas; derechos de la cónyuge y los hijos/as de estos y los afiliados en general a recibir servicios gratuitos de salud hasta los 18 años; legalización de tierras baldías o de asentamientos; y del régimen de los gobiernos autónomos y descentralizados que determinó el funcionamiento de los Consejos cantonales de derechos. Una constante en la gran mayoría de leyes fue un amplio reconocimiento de los derechos a nivel de considerandos y principios; sin embargo, en su desarrollo orgánico presentaron contradicciones, limitaciones y restricciones. Entre las normas expedidas bajo esta lógica, se destacan las de: Educación superior; Educación intercultural; de reparación a víctimas de los casos de la Comisión de la Verdad; Control constitucional y garantías jurisdiccionales; Función judicial; Niñez y Adolescencia; de la Democracia; Participación Ciudadana; y Comunicación. La reforma al Código Penal y de Procedimiento Penal de 2010 fue la más restrictiva del período. La adecuación de las normas a la Constitución y a los estándares internacionales de protección fue limitada. De las 103 leyes aprobadas, únicamente once


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