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INFORME

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ECONOMÍA

Perspectivas de análisis sobre la economía, el trabajo y la inflación desde una mirada de Derechos Humanos.

Introducción Para comprender las consecuencias en materia de derechos humanos que generan las medidas implementadas dentro del marco de la economía, hay que empezar por destruir las miradas tecnificadas sobre la economía e ingresar dentro del debate de ideas con los aspectos doctrinarios que hacen a la defensa de los derechos humanos, no sólo una aspiración humanista, sino un cuerpo de derechos que contiene una clara mirada sobre el Estado, al ponerlo como violador, protector y garante de los derechos humanos.

Para el análisis del contexto histórico que se abre con la asunción nuevamente de un gobierno de derecha neoliberal, analizamos brevemente cuatro bloques: la relación capitaltrabajo (1), la reforma estructural del Estado (2), la política exterior (3). Luego, se brindará un análisis sobre la economía y cuestiones doctrinarias de derechos humanos (4).

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1. La relación capital-trabajo La relación capital-trabajo se muestra fundamental para comprender las bases económico-sociales orquestadas desde el Estado Nacional, porque es ahí donde se ve la correlación de fuerzas que sostiene el gobierno dentro de la puja distributiva. Según el informe anual 2016 del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A), “la lectura de las principales medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional a lo largo de su primer año permiten identificar a los sectores ganadores dentro de las distintas fracciones del capital: los productores de materias primas (fundamentalmente el agro pampeano, el sector minero y la industria del petróleo) y el sector financiero (local e internacional)”1.

Sumado a eso, se agregaron otras decisiones económicas al inicio del mandato de Mauricio Macri como el combo (inédito) de la devaluación del peso y la eliminación de las retenciones a las exportaciones al mismo tiempo, el retorno de Argentina a los mercados de capitales para tomar fondos mediante la emisión de títulos públicos (con el pago a los fondos buitre como medida inicial), la instalación de una estrategia de metas de inflación en el Banco Central y la elevación de la tasa de interés como principal herramienta de política monetaria, la eliminación de trabas al ingreso de capitales financieros y para la importación2.

Como consecuencia de ello, durante el primer año de gestión macrista, la participación de los asalariados en el PBI cayó 3 puntos3. El año 2016 se caracterizó por una destrucción masiva de puestos de trabajo, una fuerte caída del salario real y la utilización de un discurso 1

Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, “Disparen contra el trabajo (y contra los trabajadores). Conflictos laborales, negociación colectiva y mercado de trabajo”, Informe Anual 2016, p. 3. Disponible en http://www.obderechosocial.org.ar/ 2 Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 3. 3 José Nathanson resalta que “las estadísticas globales confirman que la relación se ha desbalanceado. Consecuencia de las transformaciones de las últimas tres décadas, el polo capital ha ido ganando cada vez más peso en comparación con el polo trabajo. Esta tendencia, que en Argentina comenzó a mediados de los 70 y se profundizó en los 90, fue parcialmente revertida durante los años del kirchnerismo, para retornar ahora, fortalecida por un gobierno que la estimula: la participación de los asalariados en el PBI, que había pasado de un piso del 24.5% en 2002 hasta tocar un 37.6% en 2013, cayó 3 puntos, al 34.3, durante el primer año de gestión macrista”. José Nathanson, “Capital y trabajo en tiempos de Macri”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, junio de 2017.

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anti-obrero para (intentar) legitimar el ataque del capital al trabajo y la creciente represión como herramienta de resolución de los conflictos laborales.

Hay que comprender que la imposición del neoliberalismo rompe con la sociedad asalariada clásica y que si bien el neoliberalismo es el capitalismo en sus ideas primigenias, es un nuevo estadio en el marco del modelo civilizatorio del capital, donde la plusvalía no sólo se genera entre el capital y trabajo, sino que encuentra nuevos mecanismos de apropiación y explotación sustentados en esta etapa de financiarización del capital.

En este pequeño apartado mostraremos algunas bases estadísticas del ataque al empleo, que muestran los antagonismos entre el capital y el trabajo. Luego, analizaremos brevemente la construcción de un discurso legitimador del ajuste a los trabajadores y la creciente represión.

1.1 Los despidos y las suspensiones de trabajadores

En materia de empleo, la mayor cantidad de pérdidas de puestos de trabajo se concentró en el primer semestre de 2016. Según los datos del Ministerio de Trabajo, entre noviembre 2015 y julio 20164, en dicho periodo hubo una caída de 131.764 trabajadores registrados en el sector privado. Además, a la destrucción de puestos de trabajo, se sumó un incremento sin precedentes en las suspensiones de trabajadores que permiten a las grandes empresas no despedir a trabajadores, en la mayoría de los casos trabajadores calificados, para tenerlos como reserva y a partir de ello, como método de control social, en consonancia con el ideario central dentro los conceptos del neoliberalismo con respecto al trabajo como lo es la flexibilización laboral. El promedio mensual en 2016 se ubico en 8.3 suspensiones por cada 1000 trabajadores, es decir muy superior al record anterior en 2014 (5.5 suspensiones por cada 1000 trabajadores).

Es de resaltar que la violación al derecho al trabajo es una continuidad, es decir todos los gobiernos han violado más o menos este derecho, por lo cual podemos hablar, no 4

Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 4.

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sin contradicciones, de retroceso, pero no de regresividad en estricta concordancia con la doctrina de derechos humanos.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre 2015 y enero 2017, hubo 245.466 despidos y suspensiones, 74.655 en el sector público y 170.811 en el sector privado5.

Despidos y suspensiones en los sectores público y privado (diciembre 2015 – enero 2017)

Fuente: CEPA, Documento de Trabajo N° 7, “100% producción nacional Análisis de los despidos en enero de 2017”.

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CEPA, Documento de Trabajo N° 7, “100% producción nacional Análisis de los despidos en enero de 2017”. Informe completo disponible en: http://www.centrocepa.com.ar/Informe%20laboral%20%20CEPA%20-%20Al%2031.01.2017.pdf

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1.2 La caída del salario real

Según el informe anual de la CTA-A, el salario real del sector privado registrado bajó en promedio un 6% a lo largo del año 2016. En el sector público, se estima que la caída fue del 8%. En cuanto a los ingresos de los jubilados y los pensionados, la caída de los haberes fue de 7.1% en promedio. Esa caída se debe a que los aumentos de salarios fueron muy inferiores a la fuerte inflación anual que fue de más del 40%.

Finalmente, según los cálculos de la CTA-A a partir de datos del INDEC, al tercer semestre de 2016 el 50% de los ocupados tenía ingresos inferiores a $9.000 mensuales y el 10% más rico superaba los $20.000 mensuales, teniendo en cuenta que el costo de una canasta básica de bienes y servicios para un familia de cuatro integrantes ascendía (al 31 de agosto de 2016) a $20.132,30 mensuales6. Según un informe del CEPA, la pérdida de poder adquisitivo para las remuneraciones promedio entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 alcanzó el 7%. En el caso de la jubilación mínima, la caída es aún mayor: 11%7.

Poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores registrados (junio 2015 – diciembre 2016)

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Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 6-7. CEPA, “Diálogo y consenso. El lado b del modelo”, Abril 2017, p. 11.

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Poder adquisitivo de la jubilación mínima (junio 2015-diciembre 2016)

1.3 La construcción de un discurso legitimador del ajuste a los trabajadores

El punto de partida de la construcción de este discurso comenzó con los despidos de trabajadores en el sector público. El gobierno se aprovechó del alto nivel de precariedad contractual del empleo público para poner fin a muchos contratos en la Administración Pública Nacional. En enero de 2016 el entonces Ministro de Economía Alfonso Prat Gay, en un intento de justificar estos despidos, declaró: "Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes"; "La basura no es nuestra, la dejó el kirchnerismo, pero no tenemos problemas en empezar a limpiarla"8.

En marzo del mismo año, el Presidente de la Nación sostuvo: "Hasta ahora van 6 mil y pico. En estos diez años, entre las tantas mentiras que hubieron, se ocultó el desempleo generando trabajo estatal innecesario. No es que son ñoquis cien por cien. Pero ellos 8

Diario Ámbito Financiero,14 de enero de 2016.

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saben que van a un lugar y se sientan en un escritorio a ver que pasen las horas." 9. Luego, la misma línea discursiva se trasladó al sector privado, haciendo hincapié en la necesidad de facilitar los mecanismos de contratación y despido de los trabajadores.

Esta traslación casi mecánica del sector público al privado muestra la alianza de clases que se encumbro con el gobierno de Macri, la apropiación discursiva en realidad es dinámica, puede surgir del sector privado o desde el propio gobierno, como consecuencia de la conformación del bloque de poder que sustenta a la alianza cambiemos y que popularmente se ha denominado “ceocracia”.

A ello, se le sumó el discurso sobre la pesada herencia y la inevitabilidad del ajuste, dentro del estadio premoderno que pregonan, e incluso se responsabilizó a los trabajadores por la crisis económica al sostener que su nivel de consumo durante la gestión anterior no correspondía a la realidad y que el ajuste era más bien un “sinceramiento” de la economía.

Uno de los ejemplos más brutal de ese discurso es la frase pronunciada por Javier González Fraga (presidente del Banco Nación desde enero de 2017) en mayo de 2016: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares y viajar al exterior”10. Otro ejemplo, no menos sínico, fue la famosa frase de la vice-presidenta de la Nación Gabriela Micheti: “El populismo le mentía a la gente diciéndole que se podía vivir de esa forma eternamente, porque sobraban los recursos”11. Al mismo tiempo, se culpó a la “irresponsabilidad” de los sindicatos por el desempleo y se hizo un chantaje con la idea que los trabajadores debían aceptar bajas de su salario para “cuidar el empleo”12. En la misma línea, se volvió a hablar de “industria del juicio” para deslegitimar los reclamos judiciales de los trabajadores, al pretender que se trata de una “lógica mafiosa”, que no beneficia a los trabajadores y que además no permite atraer

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Diario Infobae, 13 de marzo de 2016. Diario La Nación, 27 de mayo de 2016.

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Diario Infobae, 30 de mayo de 2016. Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 10-11.

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inversiones extranjeras13. Desde entonces, se siguió la estrategia de tal discurso, últimamente con el conflicto docente en el cual se culpa a los docentes por los días de clases perdidos y se llama “mafiosos” a los gremios.

1.4 El incremento de la represión para (intentar) acabar con la protesta social

La avanzada discursiva del Gobierno fue complementada por un incremento de la represión, como método para generar los mecanismos de control sobre la conflictividad social, mostrando algunos detalles de los dispositivos utilizados para la batalla sobre la hegemonía en la cuestión social y las relaciones laborales. Un reciente informe del CEPA14 registró 83 casos de represión en Argentina entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 durante 475 días del mandato de Mauricio Macri, es decir un promedio de 1 episodio represivo cada 5,7 días. Cantidad de conflictos con represión (diciembre 2015 – marzo 2017)

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Ibid. CEPA, “Diálogo y consenso. El lado b del modelo”, http://www.centrocepa.com.ar/El%20lado%20b%20del%20modelo.pdf 14

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Abril

2017.

Disponible

en:


Desde su asunción, el nuevo gobierno envió un mensaje claro a los trabajadores y al conjunto de la sociedad con la represión a los trabajadores del Frigorífico Cresta Roja en diciembre 2015, contra los empleados de la Municipalidad de La Plata en enero de 2016 y la detención arbitraria de Milagro Sala ese mismo mes. Esta política represiva se institucionalizó en febrero de 2016 con la adopción del “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, rechazado por las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos.

Los episodios represivos fueron aumentando hasta la reciente represión a los docentes en la Plaza del Congreso (C.A.B.A) mientras armaban la “Escuela Itinerante”. Es de resaltar que eso “los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial”15. Según el informe de la CEPA, “en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016”16. La represión de la protesta fue un componente esencial de la estrategia del oficialismo desde que asumió Mauricio Macri.

El objetivo del gobierno es claramente disciplinar a los trabajadores y acabar con la protesta social. El año 2016 permitió dar cuenta de un patrón sistemático de respuesta a la protesta consistiendo en la detención de dirigentes y activistas, represión violenta de las manifestaciones, limitación del derecho a huelga en varias provincias, despidos discriminatorios de militantes, ya sea de partidos políticos o sindicales etc.17. También es de resaltar el fallo “Orellano” de la Corte Suprema de junio de 2016 en el cual la Corte restringió fuertemente el derecho de huelga al exigir que una huelga sea convocada por una organización sindical formalmente reconocida por el Estado, lo que es una clara vulneración de los derechos de la clase trabajadora, desde una perspectiva de derechos humanos.

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Id. p. 1. Ibid. 17 Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 12-14. 16

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Resulta muy claro que todo ese discurso, planeado e hijo del genocidio argentino, así como la represión de la protesta social, sirven para legitimar (y en su defecto imponer por la fuerza) los objetivos a largo plazo del gobierno. Algunos de ellos ya se han llevado a cabo: la ley del primer empleo (que busca quitar cargas sociales al empleador en desmedro de trabajadores más antiguos o mejor calificados), el veto a la ley denominada en la jerga popular como ley anti-despidos, los despidos masivos en el Estado, la desfinanciación de los programas sociales y de memoria histórica, los aumentos de servicios de gas, luz y agua, la caída del salario real, los cambios a la ley de riesgos de trabajo y de manera general un conjunto de medidas que buscan instaurar una flexibilización laboral de hecho.

Como lo señala el Informe Anual de la CTA-A, el Gobierno nunca terminó de explicar cuáles son sus planes para los meses y años que vienen, pero el diario La Nación sí lo hizo en su editorial “Un cambio indispensable en las relaciones laborales” del 26 de julio de 2016. Ahí se enuncia una serie de medidas que probablemente formen parte de las reformas que el gobierno quiere hacer, entre ellas se encuentran las siguientes: “Reducción de las cargas patronales; Negociación de salarios y condiciones de trabajo en función de la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa; Preferencia a los acuerdos laborales de ámbito inferior (empresa o sector geográfico) por sobre las negociaciones por rama de actividad y a nivel nacional; Eliminación del requisito de homologación de los acuerdos colectivos por parte del Ministerio de Trabajo; Incentivar y facilitar la demanda de trabajo por medio de la flexibilización de los mecanismos de contratación (período de prueba, contratos a plazo fijo, otras modalidades contractuales); Extensión de la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible Reducción o diferimiento de las cargas sociales ante la creación de nuevos puestos de trabajo y cuando se contraten personas con discapacidades y dificultades para reinsertarse laboralmente; 10


Eliminación de la indemnización por despido y sustitución por un sistema contributivo con aportes del trabajador y contribuciones del empleador; Creación de entes autónomos a los fines de la administración de los fondos de desempleo”18.

La represión, el perfil de las medidas económicas, las leyes, el ataque al fuero laboral y la construcción de un discurso fuertemente anti-obrero fueron las herramientas utilizadas por el Gobierno Nacional para avanzar en la distribución regresiva entre el capital y el trabajo y de esta manera, intentar legitimar socialmente sus medidas regresivas en términos de derechos laborales, para generar la necesaria correlación de fuerzas a su favor, que les permita el avance neoliberal en la Argentina.

Esto muestra a las claras como la derecha tiene claro que el antagonismo principal dentro de la existencia de clases sociales se da entre el capital y el trabajo. Asimismo como obra en consecuencia generando una distribución regresiva que le permita continuar con la acumulación del capital necesario para su opresión de clase.

2. La reforma estructural del Estado Es muy claro cómo podemos asimilar los aspectos idiomáticos, culturales y simbólicos que desde la gestión del gobierno vienen sosteniendo, con la línea ideológica de la dictadura cívico-militar, por ejemplo la “pesada herencia”, el sinceramiento de la economía, la modernización del Estado, que son todas ellas formulas cuyos aspectos doctrinales se mojan en las fuentes ideológicas de la dictadura cívico-militar. Siguiendo a Adolfo Gilly, “Modernizar significa desorganizar y dividir por sectores a los asalariados, reducir la solidaridad y aumentar la competencia en el interior de la clase trabajadora (entre organizados y no organizados, ocupados y desocupados, hombre y mujeres, jóvenes y adultos, calificados y no calificados, de ramas dinámicas y de ramas no dinámicas y de ramas tradicionales o estancadas y así sucesivamente). Modernizar significa desmantelar 18

Citado en Observatorio de Derecho Social de la CTA-A, Informe Anual 2016, p. 11-12.

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contratos de trabajo, leyes sociales, organización sindical y fuerza política de los trabajadores, remodelando completamente a la clase de los asalariados conforme a las nuevas necesidades del capital nacional y trasnacional asociados según nuevas formas de dominación y subordinación”19.

Claro está que la idea de modernización que sostiene el gobierno macrista, que ha incluso creado un Ministerio de Modernización (que se ocupa más de los despidos de los empleados del Estado que de cualquier otra función), nos lleva a comprender por un lado que la idea de modernización significa para ellos que antes había un estadio pre-moderno (populismo), y que en realidad la idea de modernización conlleva adaptar a la Argentina al capitalismo de época, que es el neoliberalismo. Es de resaltar que la idea de modernización conlleva fuertemente la de dejar dentro del Estado la función central de la represión, dentro del marco del Estado Gendarme, como función excluyente para dominar y subordinar a la clase trabajadora.

De aquí también surge la línea sobre el sinceramiento de la economía, que no es más que una forma aggiornada de posicionar a la argentina dentro del panorama mundial, como el país que retorna a la “civilización” orquestada principalmente por Consenso de Washington. La visita del FMI después de 10 años es una clara muestra de esta orientación en la economía. Mediante la retracción del Estado han acaecido reformas estructurales del Estado que afectan la estructura y superestructura de la sociedad, con una fuerte operatoria cultural que da como resultado un fascismo social que atropella los derechos, mediante el consenso y la coerción del bloque social hegemónico, que actualmente se encuentra en el poder. En palabras de Arturo O’Connell, las reformas estructurales consisten en “la eliminación de una parte significativa de la legislación del trabajo acompañada de un recorte de los servicios sociales – del “estado de bienestar”- así como la privatización de

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Gilly Adolfo en Martinez Oscar, El terrorismo de Estado en la Argentina. Apuntes sobre su historia y consecuencias, Instituto Espacio para la Memoria, 1994, p. 27.

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empresas públicas y, más en general, el imperio del mercado y el retiro de la intervención pública en la economía”20.

Producto de la forma económica adquirida a lo largo de años en la Argentina, a saber: una concentración como remanente de la forma de acumulación capitalista en los principales medios de producción, una cadena de valor que insuflúa (infla) el precio final de lo producido, acordonado con el modelo agroexportador uninominal a través de la venta del poroto de soja y sus variantes, se

generó un proceso inflacionario,

que se vio

acrecentado principalmente a través de las últimas medidas económicas tomadas ya, desde la asunción del gobierno del Ingeniero Mauricio Macri: la quita del denominado cepo cambiario, la apertura al libre mercado y por ello el no cuidado de la poca industria nacional, la quita de retenciones al campo, etc.

Ahora bien, dado la reestructuración económica ocurrida como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal en la Argentina, se ha generado una concentración del capital en pocas manos y una redistribución regresiva entre el capital y el trabajo, esto generó que

grupos y empresas que “marcan” sus productos generen una inflación

consecuencia de los monopolios, aunque esta no es la única variante inflacionaria dentro de la economía. Para el pensamiento neoliberal el salario es, no sólo una variante de ajuste, sino que la disputa en paritarias tiene para esta visión conservadora un sesgo inflacionario, es por ello que se intento fijar un techo a las paritarias del 20% al 25%, como búsqueda de frenar la inflación. Asimismo, los tarifazos en los transportes, la luz y servicios en general, además de la inflación que han generado, han significado la licuación del reajuste del salario

conseguido

por

los

trabajadores

en

las

recientes

paritarias.

Claramente lo explicitado marca como al no intervenir el Estado en la cadena de valor, dentro de un pensamiento más amplio que es la no intervención del Estado en la economía y el libre mercado que se autoregula, degenera en un proceso inflacionario en los alimentos orquestado por los monopolios empresariales y la no creación por parte del 20

Arturo O’Connell, “La crisis europea: una visión desde la experiencia latinoamericana”, en “El gobierno de la economía: ideas, debates y prácticas en tiempos de crisis”, Puente @ Europa, año XI, n°1, junio de 2013, p. 81.

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Estado de infraestructura (vías de tren, fijación del precio de la nafta, caminos, etc.) que permita abaratar costos, sumando a esto la baja cantidad y calidad del programa de “precios cuidados” ha terminado de signar la poca preferencia del gobierno macrista por el cuidado de los que menos tienen.

Al hablar de inflación hay que hacer pie en la carta orgánica del Banco Central, la cual fue modificada durante el gobierno kirchnerista que había heredado una carta orgánica neoliberal. La función otorgada por el kirchnerismo al Banco Central, fue el cuidado de la industria y el empleo, como así la potestad de poder regular la banca extranjera. El artículo 3 de la carta orgánica del Banco Central modificado por el kirchnerismo disponía: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. De esta manera, se les pudo fijar a la banca extranjera comisiones racionales en los prestamos que ejecutaban como así la obligación de esta banca de generar mayor cantidad de préstamos a tazas accesibles.

Funciones estas que llevaban al Banco Central a tener otros mecanismos y funciones que le permitían influir en el sostenimiento del empleo y un desarrollo más justo, que han sido dados de baja desde la visión ortodoxa neoliberal que el gobierno macrista sostiene. Acá acude nuevamente esa visión que ve en la emisión de moneda la culpable de la inflación y que pregona la “independencia” del Banco Central. Por consiguiente se cambió en los hechos el rol del Banco Central otorgándole como funciones (casi excluyentes) el cuidado de la inflación, de la emisión monetaria y mantener un tipo de cambio bajo. Todo ello ha generado una significativa pérdida de reservas, en comparación con años anteriores, a pesar de la quita de las retenciones al agro. Dentro de estas reformas “estructurales”, cabe recordar que el ANSES emitió una serie de resoluciones de moratoria. Esta política le dio a millones de personas que trabajaban de manera informal, la oportunidad de jubilarse. Se trató de medidas correctivas por falta de políticas de seguridad social que está expresamente contemplada en el art. 14 14


bis de nuestra Constitución Nacional: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máxima instancia en la materia, define la protección social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos”21.

En el 2004 se creó el régimen de "jubilación anticipada" que permitía a aquellas mujeres mayores de 55 años y a los hombres mayores de 60, que reunieran 30 años de aportes (estos requisitos tenían que ser cumplidos antes del 31/12/2004), acceder a la jubilación a pesar de no cumplir con la edad mínima de 60 y 65 años. A finales de 2005, se posibilitó que todos los mayores de 60 y 65 años pudieran jubilarse, hayan realizado o no aportes durante su vida laboral. Se los jubilaba y se les descontaba de la jubilación mensual hasta 20% para cubrir los aportes no realizados con anterioridad. Como se puede ver, no se les “regalaba” nada. La gestión que estableció las moratorias no lo hizo por medio de una ley que garantice el derecho, por lo cual, era fácilmente revocable. Cuando llegó Macri, se derogó la resolución de moratoria que daba la oportunidad de jubilarse a quienes no habían hecho aportes. En reemplazo, se creó la nueva pensión por vejez con la ley de “reparación histórica”. Esta pensión empieza a cobrarse a los 65 años sin distinción entre varones y mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto equivale al 80% de la jubilación mínima. Concretamente, este cambio es un retroceso. En efecto, las resoluciones de moratorias permitieron a más de tres millones de personas saldar su deuda de aportes con el 21

OIT, Introducción a la seguridad social, Ginebra, 1984, p. 3.

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ANSES y percibir como piso el haber mínimo. La nueva pensión por vejez es de 5115 pesos, es decir 1200 pesos menos que la jubilación mínima. Además, como se puede apreciar, en el caso de las mujeres, ese regreso implica un aumento de 5 años de la edad a partir de la cual pueden cobrar algún ingreso, ya que con las moratorias podían jubilarse a los 60 años.

La reforma que prepara el gobierno en materia previsional es muy preocupante en cuanto desplazaría la edad jubilatoria y disminuiría las prestaciones por un lado, y crearía en la tercera edad una diferenciación entre ciudadanos de primera y de segunda, por otro lado22. Esa medida es un ejemplo del “ajuste estructural” que el FMI y los mercados internacionales le piden al gobierno macrista.

Como consecuencia de la implementación del neoliberalismo, la pobreza y la indigencia aumentaron en proporciones impresionantes en tan solo 100 días de gestión macrista. Según el informe de ODSA-UCA publicado en marzo 2017, “a principio de 2016, con el fin de estimar el impacto socio-económico de la devaluación y sus efectos inflacionarios durante el primer trimestre del año, el ODSA-UCA aplicó una serie de ejercicios de simulación sobre los microdatos captados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante el cuarto trimestre de 2015. Partiendo de tasas de 5,3% y 29% de personas por debajo de la línea de indigencia y de pobreza respectivamente (cuarto trimestre de 2015), se estimaron para abril de 2016 niveles de 6,2% y 32,6% para cada uno de esos indicadores”23. Dicho informe también calcula que “la indigencia alcanzó al 6,9% de la población a fines del período analizado, dando cuenta de un aumento de alrededor de 600 mil personas en situación de indigencia entre 2015 y 2016 (acumulando alrededor de 2,7 millones de personas indigentes al tercer trimestre de 2016). La tasa de pobreza, por su parte, ascendió de 29% -a fines de 2015- a 32,9% en el tercer trimestre de 2016, lo cual significaría un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres (cerca de 13

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David Cufré, “Reforma previsional”, Página12, 27/05/2017. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/40396-reforma-previsional 23 ODSA-UCA, “POBREZA Y DESIGUALDAD POR INGRESOS EN LA ARGENTINA URBANA 20102016”, marzo 2017, p. 1. Disponible en: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf

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millones de personas por debajo de la línea de pobreza). Estos niveles serían los más altos de los registrados desde 2010 a la fecha”24.

3. La política exterior Las alianzas internacionales que el gobierno macrista implementó han dejado paso a la identidad latinoamericana para dar fruto a una mirada nuevamente asimilada al imperialismo yankee. Como puntapié inicial está el ataque para utilizar la Carta Democrática Interamericana contra la República Bolivariana de Venezuela, que no tuvo éxito, pero que mostró un claro posicionamiento por parte del gobierno macrista, con los designios imperiales, así como el del beneplácito con que se recibió el golpe de Estado en Brasil. El mini DAVOS que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, sumado a la visita del FMI a la Argentina termina de consumar el posicionamiento internacional.

En efecto, el gobierno de Cambiemos decidió enfocarse en relaciones Sur-Norte, tomando distancia con los países del Sur, en particular los países latinoamericanos. Así, el gobierno de Mauricio Macri pretende ir hacia una “desideologización” de la política exterior y la “revinculacion” con todos los países de mundo, usando varios foros multilaterales para alcanzar estos objetivos. El nuevo gobierno trata de instalar la idea que Argentina es un país “confiable” para recibir inversiones extranjeras directas y firmar tratados de libre comercio. Esta política exterior tiene su correlato en la política interna con “políticas amistosas” para los mercados, cuyo contenido fue estudiado en los dos primeros bloques del presente trabajo, con el objetivo de atraer flujos de inversión extranjera.

En el marco de este nuevo esquema, el gobierno actual orienta su política exterior hacia Estados Unidos y Europa, en detrimento de los países BRICS, especialmente China. El gobierno de Cambiemos resaltó en varias oportunidades su voluntad de llegar a un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea y entre Argentina y Estados Unidos. El objetivo del gobierno es firmar el tratado con la UE durante la Reunión Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de este año. Es de resaltar 24

Id. p. 3.

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que estos tratados, siempre negociados en secreto, solo defienden los intereses del capital trasnacional, haciendo caso omiso de los derechos humanos, el empleo y el cuidado del medioambiente.

En estos tratados se incluyen muchas cuestiones como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas etc.), servicios (incluso en materia de salud y educación), inversiones extranjeras, compras públicas etc. Por supuesto, estos tratados también contienen clausulas que atribuyen competencia a un centro de arbitraje internacional como el CIADI donde el inversor puede demandar al Estado. Ya sabemos que estos tribunales arbitrales suelen priorizar los derechos de propiedad privada de los inversores extranjeros sobre todo lo demás, incluso cuando considera que una nueva regulación (por ejemplo en materia de salud pública o tributaria) afecta las “expectativas legitimas” de ganancias que tenía el inversor al momento de realizar su inversión. Obviamente, no se hizo ningún estudio de impacto sobre los supuestos efectos positivos de los TLC así como ninguna consulta a la sociedad civil. También sabemos que estos tratados generaron pobreza, desempleo y contaminación del medioambiente en los países de la región que los firmaron masivamente como Perú, Colombia, Chile y México. Además, la liberalización reduce a la nada el grado de autonomía de los pueblos para decidir sobre servicios públicos como el agua o la energía.

En lo que concierne el tratado entre la UE y el Mercosur, la situación es todavía peor debido a la voluntad de la UE de proteger a sus campesinos a través de la Política Agrícola Común. En abril de 2016, 13 países de la Unión Europea pidieron expresamente que se excluya de las negociaciones con el Mercosur los productos lácteos y las carnes, todos grandes productos de la exportación argentina. Entonces, el resultado de tal tratado, si se firma, seria ni más ni menos que regalar muchos sectores claves a las corporaciones transnacionales sin ninguna contraparte.

Sumado a ello, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, quien prometió “tirar a la basura” el tratado transpacífico, terminó de frustrar los planes iníciales del gobierno de Cambiemos. Como consecuencia de ello, Mauricio Macri tuvo que reanudar 18


los vínculos con China. En visita a China para el foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, Mauricio Macri confirmó su modelo de inserción internacional enfocado casi exclusivamente en un modelo agroexportador. Prometió que Argentina duplicaría su producción de alimentos en los próximos años25, lo que significa aumentar la dependencia de Argentina, posicionándola claramente dentro de la división internacional del trabajo como un productor de materias primas y proveedor de mano de obra barata. De todo lo dicho anteriormente surge una gran contradicción de la política exterior del gobierno macrista: “qué incentivo va a haber para generar inversiones externas diversificadas de un país que apuesta todo a la primerización?”26.

Conjuntamente, Argentina también solicitó adherir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fines de acceder a nuevos créditos externos y que el país sea considerado como “confiable” para recibir inversiones extranjeras. Esta adhesión requiere un monitoreo externo exhaustivo sobre la evolución de la economía argentina y el respeto de una “hoja de ruta” en una gran variedad de temas (agricultura, sistema tributario, transparencia etc.) asentada en los principios del libre comercio y de la democracia liberal. Para ser miembro pleno, Argentina deberá obtener una especie de certificado de que aplica políticas económicas “acertadas”, es decir basadas en una economía de mercado liberal. Si bien el objetivo es reunir las condiciones para recibir más inversiones extranjeras, es de resaltar que la calificación del riesgo del país depende más que nada de las políticas fiscales, monetarias y del nivel de deuda externa, no de la membresía a la OCDE. Por ejemplo, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que cuando México y Chile ingresaron al OCDE, las inversiones extranjeras directas aumentaron pero también subieron en Brasil, que no es miembro del organismo27.

También es alarmante el nivel de la deuda externa argentina. En 2002 la deuda externa equivalía a 166% del PBI, en junio de 2012 representaba 41% del PBI. Según

25

“Con el paquete de agronegocios bajo el brazo”, Página 12, 16 de mayo de 2017. Federico Vazquez, “La nostalgia por un mundo que ya no es”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, agosto de 2016. 27 Cecilia Pérez Llana, “Argentina en la OCDE”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, agosto de 2016. 26

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Noemí Brenta, investigadora y docente de la UBA y UTN, entre diciembre 2015 y marzo 2017, la deuda externa casi se duplicó y los servicios de deuda a pagar este año superan el 10% del gasto según la Ley de Presupuesto (247.000 millones de pesos)28. Es importante destacar que estas tomas de deuda sirven para pagar deudas, financiar la fuga de capitales, a la inversión especulativa y a cubrir gasto corriente29. Además, el gobierno incluyó la clausula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana en las emisiones internacionales30. Además, las acreencias fueron mayormente contraídas con privados externos y en moneda extranjera. Al mismo momento, se liberalizaron los movimientos de capitales y solo en 2016 la fuga de divisas aumentó un 118%31. Igualmente, la ola de endeudamiento también concierne las provincias y las empresas privadas.

La deuda tiene fuerte impacto sobre la vigencia de los derechos humanos ya que genera los mecanismos para la implementación del modelo neoliberal a través de la imposición de medidas orquestadas desde los organismos financieros internacionales. Sin embargo es de resaltar que la actual adaptación de Argentina al capitalismo de época que es el neoliberalismo, surge a destiempo de los acontecimientos que se dieron en los países centrales del capitalismo, que han matizado los aspectos más retardatarios del modelo neoliberal, con medidas protectorias de sus industrias.

28

Noemí Brenta, “Plata dulce, tercera parte”, Le Monde Diplomatique, mayo de 2017. Ibid. 30 Ibid. 31 Pablo Stancanelli, “La fiebre de la deuda”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, mayo de 2017. 29

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4. Economía y cuestiones doctrinarias en derechos humanos Los derechos humanos tienen una visión a partir de tomar a los Estados como los violadores, protectores y garantes de los derechos humanos, al sostener en dentro de diferentes pactos y tratados internacionales, tanto a nivel universal como regional, una visión sobre el rol que el Estado debe ejercer, dejando explicitado una visión de lo económico que pasamos a describir.

En primer lugar, cabe recordar que tanto el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) como el PSS (Protocolo de San Salvador) contienen una lista de DESC: derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, libertades sindicales, etc. Por ejemplo, el artículo 6 del PIDESC dispone que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. Asimismo en el inciso 2 suma: “Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”. Asimismo, el articulo 11.1 enuncia: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

Además, el PSS establece dos mecanismos de supervisión de cumplimento: un sistema de peticiones individuales por presuntas violaciones a los derechos de libertad sindical y al derecho a la educación; un sistema de informes periódicos a cargo de los Estados. Sobre el 21


último punto, el Estado argentino no ha presentado el informe sobre seguridad social, educación y salud que debía presentarse en 2014. Tampoco entregó el informe sobre derechos laborales y libertades sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente y derechos culturales que debía ser presentado en 2016.

En segundo lugar, es de suma importancia resaltar la indivisibilidad, interdependencia e integralidad de los derechos humanos. Las distinciones entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales no están fundadas en argumentos jurídicos sino que son el resultado de decisiones político-ideológicas en el contexto de polarización de la Guerra Fría. La teoría de las generaciones de los derechos humanos enseñada por mucho tiempo refleja la victoria ideológica de la visión sesgada liberal clásica en las primeras décadas del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Sobre este debate, en complemento a la argumentación que sigue, recomendamos la lectura del “Documento de formación política en derechos económicos, sociales y culturales” elaborado por la entonces Comisión DESC de la APDH. Cabe destacar que el preámbulo del PIDESC dice: “reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. El preámbulo del PSS dispone lo mismo en términos casi idénticos. Desde ese entonces se trató de superar esta división con la doctrina de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos iniciada en 1968 en la Proclamación de Teherán (párr. 13) y de manera decisiva en 1993 en la Declaración de Viena: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,

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económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Los defensores de la teoría de las generaciones de derechos humanos pretenden que los DCP son exigibles en si mismo porque conllevan una abstención del Estado mientras los DESC son programáticos y requieren el desarrollo de políticas públicas, es decir obligaciones positivas para el Estado. En realidad, el respeto de todos los derechos humanos requiere acciones y abstenciones del Estado. Por ejemplo, la interdicción de la tortura conlleva la obligación de no torturar (abstención) y de capacitar el personal policial a través de políticas públicas (acción positiva). De la misma manera, el respeto del debido proceso, del acceso a la justicia o el derecho de asociación necesita la creación y el mantenimiento de instituciones judiciales por parte del Estado. Estas obligaciones obviamente requieren el gasto de recursos. En cuanto a los DESC, si tomamos el ejemplo del derecho a la educación, el Estado tiene que realizar el derecho a la educación (acción positiva) y abstenerse de adoptar políticas regresivas en la materia o discriminatorias en el acceso a este derecho. También con frecuencia se sostuvo que los DESC faltan de justiciabilidad, es decir de la posibilidad de dirimir un caso ante un tribunal. El Comité DESC (órgano de control de PIDESC) consideró al contrario que: “la adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales [es] (…) arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”32. En realidad esta teoría es profundamente política y se basa en una visión sesgada del rol del Estado como Estado mínimo que garantiza exclusivamente la justicia, la seguridad y la defensa al mismo tiempo que oculta el costo derivado de las políticas públicas necesarias para la consecución de los DCP.

Asimismo, cabe resaltar que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Ejemplo de ello es la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 32

Observación General n°9, “La aplicación interna del Pacto”, 1998, párr. 10.

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respecto al derecho a la vida: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”33. En otras palabras, la Corte afirma que el respeto del derecho a la vida pasa por la garantía de una existencia digna, la cual implica la necesidad del respeto de los DESC. Así lo confirman el Presidente de la Corte Cançado Trindade y el juez Abreu Burelli en su voto concurrente: “El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en la calle. La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos”34.

Esto también aparece claramente en la posición adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La pobreza es en parte resultado de la insuficiente dedicación y organización del Estado para proteger y promover los derechos económicos, sociales y culturales. Como se señaló antes, cuando el Estado no garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, se está indicando también una falta de garantías civiles y políticas. La capacidad de participar en la sociedad conlleva derechos civiles y políticos, conjuntamente con derechos económicos, sociales y culturales. De ello se desprende que, sin progreso en el área de los derechos económicos y sociales, los derechos civiles y 33

Corte IDH, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, parr. 144. 34 Ibid. Voto concurrente conjunto de los jueces A.A Cancado Trindade y A. Abreu Burelli, párr. 4.

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políticos logrados con gran esfuerzo y sacrificio humano, siguen siendo una mera aspiración para los sectores de menos recursos y más bajo nivel de educación. (…) Cuando los sectores más vulnerables de la sociedad no tienen acceso a los elementos básicos para la supervivencia que les permitirían salir de su situación, se está contraviniendo voluntariamente o se está condonando la contravención del derecho a ser libre de toda discriminación y los consiguientes principios de igualdad de acceso y equidad en la distribución, y el compromiso general de proteger a los elementos vulnerables de la sociedad. Además, si no se satisfacen esas necesidades básicas, se ve amenazada directamente la propia supervivencia del individuo, lo que implica el derecho a la vida, la seguridad personal y, como se indicó antes, el derecho a participar en los procesos políticos y económicos”35. En tercer lugar, precisa aclarar que las medidas de ajuste36 como las que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos están estrictamente reguladas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente a través de las observaciones generales del Comité DESC de la ONU37 que determina el alcance de las obligaciones de los Estados contenidas en el PIDESC. Es de resaltar que en principio están prohibidas las medidas regresivas, es decir las medidas que directa o indirectamente conducen a un retroceso en el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto, tales como restringir los criterios de acceso a un derecho o el monto de un beneficio social. Por cierto, el primer ejemplo nos hace pensar al cambio de criterios para acceder a la pensión por discapacidad que redundó en la baja de más de 170 mil pensiones desde la asunción de Mauricio Macri. El segundo ejemplo nos hace pensar a la caída del poder adquisitivo de la jubilación mínima o de la Asignación Universal por Hijo por haberlas aumentado en menor medida que la inflación. Todas estas medidas violan el Pacto.

35

CIDH, Informe Anual 1993, Capítulo V, Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor Vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, I. La realización de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. 36 En adelante hablaremos de medidas de “austeridad” cuando traduciremos textos de la ONU que hablan en estos términos. 37 Disponibles en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20 Soc%20Cult.html#GEN7

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Cabe recordar que el Comité considera que “todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo (…) requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga”38. En numerosas otras Observaciones Generales39, el Comité aplicó este razonamiento a los derechos contenidos en el Pacto y concluyó que la adopción de medidas de carácter deliberadamente retroactivo constituye una violación prima facie40 del Pacto. Como consecuencia de ello, la carga de la prueba incumbe al Estado, este tiene que demostrar: 1) la existencia de un interés imperioso del Estado 2) la necesidad, razonabilidad, temporalidad y proporcionalidad de la medida 3) el agotamiento de medidas alternativas menos restrictivas 4) la naturaleza no discriminatoria de la medida 5) la protección de un contenidos mínimo esencial de los derechos del Pacto y 6) si hubo una verdadera participación de los grupos afectados y de los individuos en el proceso de toma de decisión. Claramente, el Estado argentino está muy lejos de cumplir con estos requisitos. Sobre el punto 6, es dable resaltar que las personas cuyas pensiones por discapacidad fueron suspendidas ni siquiera han sido avisadas. Sobre el punto 1, “el Estado no puede justificar medidas de austeridad simplemente refiriéndose a la disciplina fiscal o al ahorro: necesita demostrar por qué las medidas de austeridad eran necesarias para la protección de la totalidad de los derechos previstos en el Pacto”41. Finalmente, sobre el punto 4, el Comité DESC considera que la prohibición de la discriminación de las medidas conlleva la obligación positiva del Estado de “otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial” e insistió en que “las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás”42. En la misma Observación General, dijo lo siguiente: “El Comité tiene conciencia de que factores externos pueden 38

Observación General n°3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)”, 1990, párr. 9. 39 Ver todas las referencias en United Nations, Human Rights Office of the High Commissioner, “Report on austerity measures and economic and social rights”, 2013, p. 18, nota 25. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf 40 Es decir a primera vista o en principio. 41 United Nations, Human Rights Office of the High Commissioner, “Report on austerity measures and economic and social rights”, 2013, p. 12. 42 Observación General n°4, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”, 1991, párr. 11.

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afectar al derecho a una continua mejora de las condiciones de vida y que en muchos Estados Partes las condiciones generales de vida se han deteriorado durante el decenio de 1980. Sin embargo, como lo señala el Comité en su Observación general Nº 2 (1990) (E/1990/23, anexo III), a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones dimanantes del Pacto continúan aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de contracción económica. Por consiguiente, parece al Comité que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de los Estados Partes, y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto”43.

Todo ello nos muestra, como desde una mirada de la defensa de los derechos humanos, la existencia de un Gobierno que promueve un Estado neoliberal, la propia retracción del Estado o la idea del Estado mínimo, colisiona con la vigencia de los derechos humanos, ya que al irse el Estado y al jugar a favor de los sectores más concentrados de la economía, termina consumando, de forma sistematizada, la violación a los derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Timothée Fanget y Damián Ravenna Secretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

43

Ibid.

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Informe sobre la economía y los derechos humanos, bases doctrinales para su abordaje

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