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2015

Coparticipación Federal de Impuestos Legislación, Jurisprudencia y Doctrina Sumaria recopilación de legislación, jurisprudencia y artículos de doctrina relacionados con los regímenes de coparticipación federal de impuestos y otros temas del federalismo fiscal de la República Argentina.

Volumen II JURISPRUDENCIA

ANÍBAL OSCAR BERTEA www.federalismofiscal.com


www.federalismofiscal.com

CONTENIDO L EGISLA CIÓN N ACIONAL          

Artículos de la Constitución Nacional (1994) Ley 20221 de coparticipación federal de impuestos (SIN VIGENCIA) Ley 22006 de modificación de la Ley 20221 (SIN VIGENCIA) Ley 23548 de coparticipación federal de impuestos (ACTUALMENTE VIGENTE) Pacto Fiscal I – 12-agosto-1992 Pacto Fiscal II – 12-agosto-1993 Decreto 720/1999 – coparticipación a Tierra del Fuego Decreto 705/2003 – coparticipación a la CABA Ley 25570 – Acuerdo federal del 27/02/2002 Decreto 206/2009 – Fondo Federal Solidario (soja)

P ROVINCIAL  

Ley 10077 – Córdoba – Denuncia Pacto Fiscal I Ley 10081 – Córdoba – Tasa Vial

C OMISIÓN F EDERAL DE I MPUESTOS 

Ordenanza Procesal

J UR ISP RUDE NC IA C ORTE S UPREMA            

DE

J USTICIA

DE LA

N ACIÓN

1927 – S.A. Mataldi Simón Ltda. vs. Provincia de Buenos Aires 1980 – S.A. Electrometalúrgica Andina 1986 – Aerolíneas Argentinas S.E. vs. Provincia de Buenos Aires 1989 – Compañía Química S.A. vs. Municipalidad de Tucumán 1994 – Transportes Automotores Chevallier S.A. vs. Resolución 21 Plenario CFI 1999 – AGUEERA vs. Provincia de Buenos Aires 2001 – El Cóndor Empresa de Transportes S.A. vs. Provincia de Buenos Aires 2003 – Banco Río de la Plata S.A. vs. Provincia de La Pampa 2003 – Gas Natural Ban S.A. vs. Municipalidad de Campana 2004 – Matadero y Frigorífico Merlo S.A. vs. Provincia de Buenos Aires 2005 – Salta, Provincia de vs. Estado Nacional 2005 – Unilever de Argentina S.A. vs. Municipalidad de Río Cuarto 1


www.federalismofiscal.com     

2007 – Capatti, Gustavo Jorge vs. Provincia de Buenos Aires 2009 – Papel Misionero S.A. vs. Provincia de Misiones 2011 – Argencard S.A vs. Provincia de Entre Ríos 2012 – Pan American Energy vs. Provincia del Chubut 2015 – Telecom Argentina S.A. vs. Provincia de Santa Fe

O TROS T RIBUNALES     

2004 – Municipalidad de la Ciudad de Córdoba vs. Provincia de Córdoba – TSJ Córdoba 2008 – Gasnor S.A. vs. Municipalidad de Tartagal – Juzgado Federal de Salta Nº 1 2011 – Valot S.A. – TSJ CABA 2013 – Giorno S.A. vs. Provincia de Buenos Aires – Cám. Apel. Contencioso Administrativo, Mar del Plata 2015 – Oeste Embotelladora S.A. vs. Provincia de Mendoza – SCJ Mendoza

C OMISIÓN F EDERAL DE I MPUESTOS      

Resolución de Comité Ejecutivo 138 – 1997 – Impuesto de Sellos Resolución de Comité Ejecutivo 174 – 1999 – Tasa Municipal Resolución General Interpretativa 30 – 2002 – Convenio Multilateral Resolución de Comité Ejecutivo 681 – 2013 – Centro Empleados de Comercio Resolución de Comité Ejecutivo 804 – 2014 – Telecom vs. Río Cuarto Resolución General Interpretativa 35 – 2014 – Pacto Fiscal II

A RT ÍCUL OS    

DE

D OCT RIN A

Balbo, Elvira H.; Obligaciones emergentes del régimen de coparticipación. Bertea, Aníbal Oscar; La Ciudad de Buenos Aires y la coparticipación. Bertea, Aníbal Oscar; Pacto Fiscal: Cumplimiento asimétrico; 2010. Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz; Coordinación y Colaboración Intergubernamental en Materia Fiscal. Anuario Jurídico VI – 1979. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México; primera edición, 1980.

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SOCIEDAD ANÓNIMA MATALDI SIMÓN LIMITADA C/ LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ("Fallos", t. 149, p. 260.)

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Y considerando: ...Que reconocidos como exactos por la representación de la provincia los hechos en que se funda la demanda, así como el monto de la suma a que ésta se refiere, es innecesario examinar el caso de autos bajo ese aspecto, y procede desde luego, su consideración del punto de vista de los fundamentos de orden legal y jurídico expuestos y controvertidos en el litigio. Que la impugnación de inconstitucionalidad formulada por la sociedad actora a la ley impositiva de que se trata, se funda, en primer término, y en general en la improcedencia de los impuestos internos provinciales cuando recaen sobre materias gravadas por un impuesto interno establecido por la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales; y. a su vez, la defensa de la demandada sostiene que en todo caso son los impuestos internos federales los que afectan el régimen constitucional impositivo de las provincias y que las cláusulas pertinentes de la Constitución no pueden interpretarse sino en el sentido de que las facultades que al respecto se atribuyan a la Nación dejen a salvo las que corresponden correlativamente a las provincias, planteándose así, una vez mas, la debatida cuestión consistente en determinar si los impuestos internos, nacionales y provinciales, se excluyen o pueden coexistir dentro del régimen impositivo de la Constitución. Que los antecedentes de doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión propuesta deciden que, en general, los atributos indirectos al consumo interno, o sean los impuestos aludidos, pueden ser constitucionalmente establecidos por la Nación y por las provincias, en ejercicio de facultades concurrentes y sin óbice alguno determinado por incompatibilidades de orden institucional. El poder impositivo del gobierno central a este respecto, así como la potestad concurrente de los estados para establecer los mismos gravámenes sobre la misma materia imponible se ha derivado de la inteligencia atribuida a la cláusula del artículo 4º de la Constitución que dice: "De las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General", interpretándose por consideraciones de orden jurídico y fundamentos de


carácter económico, que si bien dicha cláusula no encierra una delegación de poder expreso a favor de la Nación contiene la facultad implícita de crear y percibir los referidos impuestos federales al consuno (Fallos, t. 121:264), los que tiene ya, sobre la sanción legal, la consagración de los hechos en el largo período de su funcionamiento, en el que se han seguido como renta fiscal, el constante progreso del país en los diversos órdenes de su actividad económica y constituyen en la actualidad una fuente de recursos de que a la Nación acaso no le fuera dado prescindir sin afectar fundamentalmente su situación financiera. Que la facultad constitucional de la Nación relativa a estos impuestos, sea cual fuere la amplitud que se le asigne, no tiene sin embargo, los caracteres de exclusividad con que se le han acordado otros, tales como los referentes a la organización tributaria aduanera, derechos de importación y de exportación, renta de Correos, etc., con relación a los cuales existe la delegación expresa de poderes que no comprende el gravamen de los consumos internos, debiendo deducirse, en consecuencia, que las provincias conservan al respecto virtuales facultades impositivas y pueden ejercitarlas en concurrencia con las de la Nación, dentro del alcance y con las limitaciones determinadas por la ley fundamental. La extensión y el límite de tales facultades de jurisdicción local en la materia, han sido determinados con toda precisión en numerosas decisiones de esta Corte, estableciéndose en general, que los actos de legislatura de una provincia no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso (Fallos, t. 3: 131; t. 15: 47: t. 51: 349; t. 95: 327; t 106: 294 entre otros). Y en un caso en que se alegó incompatibilidad entre una ley nacional de protección aduanera y otra local de impuestos a la misma producción interna protegida, esta Corte dijo que la evidente disparidad existente entre las dos leyes en litigio, no Implicaba, sin embargo, que fuesen necesariamente antagónicas o inconciliables del punto de vista de su aplicación efectiva y su coexistencia legal. Para que resulte incompatible el ejercicio de los dos poderes, el nacional y el provincial, no es bastante, se agrega en aquel fallo, que el uno sea el de crear o proteger, y el otro sea el de imponer o destruir según la terminología jurídica de los tratadistas americanos, sino que es menester que haya "repugnancia" efectiva entre esas facultades al ejercitarse, en cuyo caso, y siempre que la atribución se haya ejercido por autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el precepto federal, por su carácter de ley suprema; pero, siendo tan indiscutible la facultad constitucional exclusiva del Congreso para sancionar el impuesto de protección, corno innegable la atribución constitucional de la provincia para establecer gravámenes impositivos sobre los productos de sus industrias locales, no cabe dudar que estas atribuciones o poderes han sido creados para que se ejerciten y desenvuelvan


en su respectiva esfera de acción, propendiendo armónicamente a la consecución de los fines de interés público que los origina y fundamenta, sin que nada obste a la convivencia legal y material de los principios, rigiendo en sus respectivos campos de acción, sin roces ni conflictos irreparables, que no los hay posibles dentro de la Constitución, como quiera que no se han instituido en ellas poderes discrepantes y facultades en discordias, sino al contrario, entidades legales armonizadas en la afinidad suprema de la organización social y del bien público, principio y fin de las instituciones políticas que nos rigen (Fallos, t. 137: 212). Que no obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente presupone el funcionamiento regular de las dos soberanías, nacional y provincial, en sus actuaciones respectivas dentro del sistema rentístico de la Constitución, no puede desconocerse que su régimen efectivo determina una doble imposición de gravámenes con la que se afectan en determinadas circunstancias importantes intereses económicos y se originan conflictos de jurisdicciones fiscales que no siempre es dado dirimir con la eficacia debida. De ahí la constante requisición colectiva traducida en múltiples estudios y proyectos tendientes a la modificación o mejor aplicación del sistema rentístico, iniciativas que abarcan desde la reforma de la Constitución hasta la nacionalización de los impuestos en cuanto a su percepción, a base de coparticipaciones proporcionales y equitativas entre la Nación y los Estados Federales. No se mantendría a esta Corte Suprema en la esfera legal de sus atribuciones jurisdiccionales, si apartándose de la cuestión concreta traída a su examen, se hiciera parte en el debate público de esta materia; pero no le está vedado generalizar sobre apreciaciones y conceptos relativos a dicha controversia para relacionarlos al caso de autos, y en ese sentido le es permitido establecer que los inconvenientes y defectos atribuidos al "sistema", le son acaso imputables en proporción mayor a la aplicación del mismo, a la subversión al respecto de principios y preceptos expresos de la ley fundamental, a la invasión recíproca de los poderes respectivos de sus facultades impositivas, a los impuestos de tránsito, a las aduanas interiores, a la multiplicidad y crecimiento de estos gravámenes sin sujeción, por regla general a criterio alguno jurídico, o económico, y a otras extralimitaciones que aparecen instituidas en leyes, ordenanzas y reglamentos destinados al acrecentamiento de la renta fiscal, con prescindencia sin duda, en muchos casos, de observaciones preliminares básicas sobre la capacidad y resistencia de los productos y de las industrias sometidas a la imposición tributaria. No parece, pues, ajustado a la verdad y a la lógica, que las consecuencias de estos hechos entre otros, el encarecimiento de la vida, puedan atribuirse a los aludidos defectos de la política económica de la Constitución y no precisamente a la inobservancia de la misma, a los falsos conceptos con que se la interpreta, y que es de esperar habrán de modelarse a su justo significado. merced al adelanto de nuestras prácticas gubernativas y de una más adecuada organización del país. Que las consideraciones del precedente considerando no sólo se refieren a los alegatos de las partes. sino que son de aplicación, en puntos esenciales, al sub judice.. En efecto, la ley de


impuestos de que se trata ha establecido en lo pertinente al caso: Artículo 5º.: La tasa del impuesto se percibirá sobre el monto total realizado durante los doce meses anteriores a la declaración que establece el articulo 7º en la siguiente forma... 4º Sobre el valor de venta de los productos elaborados y en las proporciones establecidas en los incisos precedentes, las industrias que no las realicen en la provincia (Folleto de fs. 62, pág. 29). La cláusula transcripta establece claramente, según se advierte, un impuesto al valor de toda venta que se realice fuera de la provincia sobre productos elaborados en ella, y así se ha entendido y aplicado en los casos que determinan la acción de repetición de la presente demanda. He ahí, pues, la transgresión precedentemente aludida principios y preceptos constitucionales intergiversables. Es en efecto, de consideración elemental que al legislar la provincia en los términos de la cláusula referida, gravando operaciones realizadas fuera de su territorio, actúa más allá de su potestad jurisdiccional, invade otras jurisdicciones, afecta la circulación territorial de sus productos, dicta reglas a su comercio interprovincial, y en fin, extiende su poder impositivo hasta superponer un gravamen local sobre un impuesto nacional incorporado a la renta fiscal de la Nación. Ni a ésta ni a los Estados puede serles permitido computar un impuesto como parte de precio de un producto para incidir sobre él un nuevo gravamen, no sólo por lo que esto significa como régimen económico. sino también como negación en cada caso del ejercicio legítimo de las facultades concurrentes de referencia. El actor ha podido, pues, corno lo ha hecho, fundamentar su demanda en las disposiciones constitucionales que invoca (Constitución nacional arts. 9º, 10, 11, 67, inc. 12, y 108), y la jurisprudencia de esta Corte ha consagrado en numerosos fallos que el impuesto establecido por una provincia sobre productos que son objeto de venta o negocio fuera de la jurisdicción de la misma es violatorio de la Constitución, agregando que el mismo impuesto establecido para gravar la venta o negociación como acto de comercio interno que sólo afecta a la circulación económica, es perfectamente legitimo (‘Fallos. t. 134:259 y 267 y los allí citados, entre otros). Que sostenido por la defensa de la provincia que el impuesto de que se trata no recae sobre la convención o venta, sino sobre la materia que ha sido objeto de dicho contrato, procede considerar que dicha afirmación no guarda concordancia con el texto de la ley ni con su aplicación efectiva en el caso toda vez que el gravamen ha recaído sobre el precio de venta, en el que se ha incluido el impuesto nacional de un peso por litro de alcohol para computar el capital en giro. Por lo demás la misma provincia demandada hace enmienda plausible de su error, al modificar algunos años después la cláusula de la ley de 1916, que estableció el impuesto "sobre el valor de ventas’’ por la disposición de la ley de 1923, que fija el impuesto "sobre el valor de costos de los productos" (fs. 63 vta. de autos), concepto que determina una modificación fundamental de la cuestión originaria de esta litis. Por estás fundamentos, oído el señor Procurador General, se declara que el impuesto cobrado a la sociedad anónima Mataldi Simón Limitada en las condiciones a que se refiere este litigio,


es violatorio de la Constitución Nacional, y en consecuencia la Provincia de Buenos Aires debe devolver en el término de treinta días a la sociedad actora, la suma demandada de sesenta y dos mil treinta pesos veintinueve centavos nacionales (fs. 17, 29. y 86 vta.) y sus intereses a estilo de los que cobra el Banco de la Nación contados desde la notificación de la demanda, sin especial condenación en costas, atenta la naturaleza de las- cuestiones debatidas. Notifíquese y repuesto el papel archívese. A. Bermejo - J.. Figueroa Alcorta .- Roberto Repetto.- R. Guido Lavalle.


T. 21. XXII. Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1994. Vistos los autos: "Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos". Considerando: Que son aplicables a la cuestión planteada en autos, los argumentos y conclusiones del dictamen del Procurador General en Fallos: 302:150, que esta Corte admitió y que, en su actual composición, también comparte. Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara inadmisible el recurso extraordinario. Costas por su orden en atención a las características de los planteos efectuados y a la forma en que han sido resueltos. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LEVENE (H) (en disidencia) - CARLOS S. FAYT (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) - GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia) - GUSTAVO A. BOSSERT. ES COPIA VO-//-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando: 1°) Que el plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos resolvió no hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la empresa "Transportes Automotores Chevallier S.A." y confirmó, en consecuencia, la resolución n° 43 dictada por el Comité Ejecutivo de dicho organismo que había desestimado la impugnación efectuada por la citada empresa contra el impuesto provincial a los ingresos brutos sobre el transporte terrestre interjurisdiccional de pasajeros. Contra aquella resolución, el representante de la empresa interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 213. 2°) Que por exigencia de los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional -texto 1853/1860-, constituye un principio fundamental que es de la "esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derechos" y que no compete a los jueces "Hacer declaraciones generales o abstractas" (Fallos: 2:253, entre muchos otros, y art. 2 de la ley 27). 3°) Que, en efecto, no incumbe al Poder Judicial el conocimiento de cualquier violación posible a la Constitución Nacional (Fallos: 156:318; 190:142, entre muchos otros), desde que únicamente aquel asunto "susceptible de ser llevado ante los tribunales de justicia mediante alguno de los procedimientos establecidos a ese efecto, constituye un caso... a los efectos del art. 14 de la ley 48" (Fallos: 193:79, entre muchos otros). 4°) Que, conforme a una larga y pacífica jurisprudencia, el Poder Judicial de la Nación conferido a la Corte -//-


-//- Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución Nacional -texto 1853/1860-, se define -aun en los supuestos en que se persigue el dictado de una sentencia meramente declarativa- como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2 de la ley 27; es decir, aquéllas en las que se persigue en concreto la determinación de un derecho o prerrogativa debatido en principio entre las partes adversas y en los que existe una lesión actual o, al menos, una amenaza inminente al derecho o prerrogativa invocados (confr. doctrina de Fallos: 308:2580, voto de la mayoría, considerando 3° y sus citas, y voto de los jueces Caballero y Belluscio, considerando 3° y sus citas; entre muchos otros). 5°) Que, empero, no es exigible para que se configure un "caso", que la disputa tenga carácter contencioso en el sentido técnico, pero a la vez limitativo, del derecho procesal como controversia contradictoria entre partes, de acuerdo a una de las interpretaciones posibles de los alcances del art. 2 de la ley 27. Ello es así, pues es suficiente que se esté frente a un conflicto en el cual el recurrente tenga un interés concreto, punto decisivo para que la cuestión merezca resolución judicial (Fallos: 308:2268, considerando 3°, del primer voto). Latu sensu caso, en definitiva, es lo que es susceptible de ser presentado ante un tribunal de justicia en procura de una pretensión concreta que es poder de aquél conceder o denegar. Este evento, vale decir que el caso sea llevado a conocimiento de la judicatura en forma de "juicio" o "pleito", es la condición de posibilidad de la actuación judicial de la Corte -y de los jueces nacionales en general-, lo que se contrapone a la actividad espon -//-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//-tánea que la Constitución permite a los restantes poderes, y aun a éste mismo en materias distintas a la de su actuación judicial propiamente dicha por mandato de su art. 99. Tradicionalmente la doctrina y esta Corte misma en sus precedentes, ante el inescindible vínculo que liga a los términos caso, causa, juicio, pleito, controversia, pudieron usarlos indistintamente. Empero la situación planteada en el sub lite obliga a efectuar algunos distingos que hasta el presente pudieron legítimamente ser irrelevantes, y a precisar su estricto sentido. Esto porque, aunque parezca obvio señalarlo, para que esta Corte pueda actuar en ejercicio de su competencia apelada, un conflicto entre partes o la alegación de un derecho de aquellos que incumbe a los jueces reconocer, ineludiblemente debe traducirse -con anterioridad a la intervención de este Tribunal- en un "juicio" o "pleito" entablado en sede judicial (confr. considerandos 11 a 16). 6°) Que el planteo del peticionante se fundó en el art. 11, inc. d, de la ley 20.221 (t.o. 1979), que faculta a la Comisión Federal de Impuestos a "decidir de oficio o a pedido del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y en su caso en qué medida, a las disposiciones de la presente ley. En igual sentido intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de la obligación de aquéllos de cumplir las disposiciones fiscales pertinentes". 7°) Que, por su parte, el art. 14 de la citada ley -//-


-//- determina que "los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados en pugna con el régimen de la presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que determine la legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto a partir de la vigencia de la presente ley, sin necesidad de recurrir previamente ante la Comisión Federal". 8°) Que los derechos que otorga al contribuyente el art. 14 aludido, bastan para conferir al sub lite el carácter de "caso", entendido este término en el sentido de que el apelante tiene un interés concreto en obtener la revisión de lo decidido por la comisión a fin de dar certeza a su pretensión de repetir los tributos que discute y cuya declaración de que se hallan en pugna con la ley sostiene, de modo tal que la decisión de la Comisión Federal de Impuestos no constituye entonces una resolución abstracta sin consecuencias jurídicas. Por lo demás, discusiones como la propuesta por el apelante -cuanto menos en lo que a la declaración de certeza del derecho concierne- fueron debatidas en la propia instancia originaria de esta Corte, como lo demuestra el precedente registrado en Fallos: 308:2153 y la sentencia recaída en la causa A.628.XVIII "Austral Líneas Aéreas S.A. c/ Mendoza, Provincia de" del 3 de febrero de 1987, entre otros pronunciamientos que trataron idéntica cuestión. Finalmente, la propia ley al establecer el recurso extraordinario contra las decisiones de la comisión constituye una clara manifestación del legislador en el sentido de que aquel órgano puede resolver cuestiones susceptibles de motivar "casos", y es bien sabido que la inconsecuencia de -//-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- las leyes no debe ser presumida de acuerdo a elementales reglas de hermenéutica jurídica. 9°) Que, sentado ello, a fin de determinar el adecuado alcance que corresponde otorgar al artículo 12 de la ley 20.221 en cuanto prevé el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 contra las decisiones de la comisión, cabe recordar nuevamente que en tanto se encuentra en discusión el alcance que debe asignarse a una norma de derecho federal el Tribunal no se halla limitado por circunstancia alguna, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (confr. Fallos: 308:647; considerando 5°, y sus citas). Por otra parte, el control de constitucionalidad de las leyes que compete genéricamente a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa judicial, no se limita a la función en cierta forma negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permita (confr. Fallos: 308:647, considerando 8° y sus citas), máxime cuando se trata de verificar si la reglamentación realizada por los otros poderes excede los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales de esta Corte (Fallos: 238:288, y sus citas). 10) Que, sobre la base expuesta, cabe preguntarse si es admisible el recurso extraordinario respecto de decisiones de órganos como el recurrido. 11) Que, a fin de responder ese interrogante,-//-


-//- liminarmente corresponde señalar que el art. 101 de la Constitución Nacional -texto 1853/1860- distingue dos modos de ejercicio de la jurisdicción de esta Corte: por apelación y de modo originario y exclusivo. La segunda forma, según surge con claridad del texto del artículo referido, y es pacíficamente aceptado por la jurisprudencia de esta Corte y la doctrina, tiene un alcance, en cuanto a los supuestos en que se suscita, limitado por la propia cláusula constitucional de una manera taxativa, que no puede ampliarse ni restringirse por disposiciones infraconstitucionales. 12) Que, efectivamente, vale señalar en apoyo de esta afirmación lo expuesto por este mismo Tribunal hace más de un siglo en el recordado precedente "Sojo" (Fallos: 32: 120). Allí se dijo que: "la misión que incumbe a la Suprema Corte de mantener a los diversos poderes tanto nacionales como provinciales en la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales", toda vez que"no es dado a persona o poder alguno, ampliar o extenderlos casos en que la Corte Suprema ejerce jurisdicción exclusiva y originaria por mandato imperativo de la Constitución Nacional". "La Constitución argentina y la de Estados Unidos, concuerdan en las disposiciones que fundan la jurisdicción de la Suprema Corte, y los fallos de la de los Estados Unidos, así como las opiniones de sus más reputados expositores están contestes en que no puede darse caso ni por ley del Congreso que altere la jurisdicción originaria de la Corte -//-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- extendiéndola a otros casos que a los que la Constitución imperativamente la ha limitado, de tal modo que la ley y el auto que en transgresión se dictase, no sería de efecto alguno". "La redacción de los textos de la Constitución Nacional y de la americana en los artículos de la referencia, que no difieren sino en el orden metódico de sus incisos, es en la argentina más clara respecto a la limitación de los casos en que ambas preceptúan que debe entender la Corte originariamente". "En estos casos (los de jurisdicción federal establecidos por el artículo anterior), dice el artículo ciento uno, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuera parte, la ejercerá originaria y exclusivamente". "De ambos textos resulta, si bien con mayor claridad en el texto argentino, que el Congreso puede establecer excepciones y dictar reglamentos a la jurisdicción de apelación, lo que importa decir distribuir la justicia entre los tribunales inferiores y la Corte que siempre es de apelación, con excepción de los casos en que la ley hubiese limitado el recurso o en que la jurisdicción es originaria y exclusiva, vocablo que no está en la Constitución americana y que hace más terminante el precepto si aún pudiera serlo más". "La jurisdicción originaria y exclusiva de la-//-


-//- Corte, no está sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso; limitada como lo está, no puede ser ampliada ni restringida; la que está sujeta a reglamentación, es la jurisdicción apelada, que puede ser ampliada y restringida por la ley, según la organización y reglamentación de los tribunales inferiores, tanto respecto de las cuestiones de hecho como de derecho". 13) Que el sentido del término "apelación" en la Constitución Nacional, debe establecerse de un modo coherente con restantes disposiciones suyas. Así, del juego de los arts. 100 y 101 -texto 1853/1860-, surge que la existencia de "tribunales inferiores de la Nación" es necesaria, pues sólo ellos pueden inicialmente conocer de las materias reservadas a la justicia federal no comprendidas en la competencia originaria de la Corte. Por otra parte la Constitución impone en su art. 5° a las provincias asegurar la administración de justicia, imposición que como debe realizarse respetando el sistema republicano de gobierno y los principios, declaraciones y garantías establecidas por aquélla, sólo puede cumplirse adecuadamente mediante tribunales de justicia; coincidiendo con lo expuesto, el art. 67, inc. 11, de la Constitución Nacional da por supuesta la existencia de "tribunales" provinciales. Análoga obligación cabe, por lógica derivación de lo expuesto, al Congreso Nacional como legislatura local de la Capital Federal, conforme al art. 67, inc. 27. En tal contexto, el alcance constitucional del término "apelación" puede determinarse por contraposición a la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte. Y si bien esa jurisdicción se ejerce de acuerdo a la primera parte del -//-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- art. 101 de la Constitución -texto 1853/1860- "según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso", este órgano se encuentra limitado por el mismo art. 101 -texto citado- en cuanto veda la posibilidad de que por ley se amplíe o limite la competencia originaria del Tribunal. 14) Que la Constitución, asimismo, establece una jerarquía de órganos judiciales, integrada por un Tribunal Supremo Federal, por tribunales inferiores en el orden nacional y por tribunales de provincia, sometidos al control de esta Corte Suprema con el alcance que surge de su art. 31. Tal jerarquía sólo puede asegurarse, precisamente, por la apelación a que ella misma se refiere. Coherentemente, es sólo respecto de decisiones de tales tribunales de justicia que cabe emplear el término "apelación". 15) Que, por lo tanto, el art. 101 de la Ley Fundamental -texto 1853/1860- exige que la revisión judicial de decisiones del tipo de la impugnada deba hacerse previamente por los "tribunales inferiores de la Nación", los locales nacionales, o provinciales mentados. Si la hiciera directamente la Corte misma, actuaría como el órgano judicial que primero conoce en la cuestión, esto es, realizaría una actividad que como judicial sería originaria, al no tener como antecedente otra decisión de esa índole para rever "por apelación". 16) Que, en resumen, si es condición de posibilidad -ya examinada- de la actuación de la justicia nacional en general -y por ende de esta Corte Suprema- la existencia de un "caso", el recurso extraordinario reclama, además,que tal caso haya seguido el trámite de un juicio, pues no es dable pretender por su medio zanjar cualquier disputa -//-


-//- ni atender a cualquier petición, si previamente no se ha transitado por un procedimiento judicial encaminado a resolverlo. Este requerimiento expresado en los términos iniciales del art. 14 de la ley 48 se corresponde, precisamente, con el de la anterior intervención de un tribunal de justicia que exige la "jurisdicción por apelación" de la Corte Suprema; ello impide a este Tribunal ejercer su jurisdicción por apelación, en tanto que contemporáneamente resulta impensable, por disposición del art. 101 de la Constitución Nacional -texto 1853/1860-, que el sub examine dé lugar al ejercicio de su jurisdicción originaria, pues contrariamente a lo acontecido en los precedentes referidos en el considerando 8°, aquí no concurren los requisitos de su procedencia. 17) Que esta Corte admitió que se detrajera del conocimiento de los jueces el tratamiento de algunas causas propias de ellos, producido por la necesidad de dar respuesta eficaz a determinadas cuestiones planteadas por la evolución y complejidad de ciertos problemas (Fallos: 193:408 y sus citas), pero también aclaró que no es compatible con nuestro sistema constitucional que tales decisiones puedan quedar al margen de una revisión judicial suficiente (Fallos: 244:548; 245:530; 247:646; 249:715). Esa revisión judicial suficiente, en rigor, resulta imprescindible por imposición del art. 101 de la Constitución Nacional -texto 1853/1860-, conforme se ha señalado precedentemente en los considerandos 11 a 16. 18) Que, concluyendo, en relación al sub lite la interpretación constitucional que corresponde asignar al recurso extraordinario contemplado en el art. 12 de la ley 20.221 indica que previamente la cuestión traída a conoci //-


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Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//-miento de esta Corte deberá ser ventilada ante los tribunales nacionales inferiores -en extensión que comprende, en su caso, los de la Capital Federal- o provinciales, contra cuyas decisiones, eventualmente, deberá interponerse el remedio federal. Asimismo, también indica que la vía del recurso extraordinario allí prevista resulta inaplicable para el supuesto de que la cuestión requisitos de procedencia mediante- corresponda que sea dilucidada por este tribunal por medio de su intervención originaria prevista en el artículo 101 de la Constitución texto 1853/1860-, habida cuenta de que tampoco ésta puede ser limitada por ley (conf. considerandos 11 y sgtes.). Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario interpuesto; con costas por su orden en atención a las características de los planteos formulados y a la forma en que han sido resueltos (art. 68, 2da. parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. CARLOS S. FAYT. ES COPIA DISI-//-


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T. 21. XXII. Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//-DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LEVENE (H) Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando: 1°) Que el Plenario de la Comisión Federal de Impuestos (C.F.I.) resolvió no hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la empresa "Transportes Automotores Chevallier S.A." y confirmó, en consecuencia, la resolución N° 43 dictada por el Comité Ejecutivo de dicho organismo que había desestimado la impugnación efectuada por la citada empresa contra el impuesto provincial a los ingresos brutos sobre el transporte terrestre interjurisdiccional de pasajeros. Contra aquella resolución, el representante de la empresa interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 213. 2°) Que el planteo del peticionante se funda en los arts. 11, inc. d) y 12 de la ley 20.221 (t.o. 1979). El primero, faculta a la C.F.I. a decidir a pedido de los contribuyentes si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones de la ley-convenio de coparticipación de impuestos nacionales. El segundo, declara irrecurribles las decisiones plenarias sin perjuicio del recurso extraordinario ante esta Corte. 3°) Que posee significativa importancia discernir si el asunto traído ante esta Corte es un caso o controversia ya que por exigencia de los arts. 116 y 117 de la arts. no compete a los jueces "hacer declaraciones generales y abstractas" (Fallos: 2:253, entre muchos otros). 4°) Que tal discernimiento debe ser hecho a la luz -//-


-//- de la doctrina de esta Corte que impide a los particulares, alcanzados por un tributo que reputan contrario al régimen de unificación de impuestos, sostener su invalidez con apoyo en esta única circunstancia (Fallos: 183:160; 185:140; 186:64; 201:202; 255:207; 303:2069). Esta limitación se justificaba frente a la letra de las primeras leyes de unificación que sólo reconocían capacidad -para demandar la nulidad de un impuesto contrario al régimen- a la Nación y a las provincias. 5°) Que al sancionarse la ley 20.221 el legislador otorgó a los contribuyentes la posibilidad de reclamar la devolución de los montos pagados por impuestos "declarados en pugna" con el sistema de coparticipación. 6°) Que, frente a la doctrina de Fallos: 201:202 y a a la letra del propio art. 14 de la ley 20.221, tal declaración debe ser obligatoriamente obtenida por el contribuyente como condición de posibilidad para reclamar la devolución de lo pagado indebidamente. Resulta claro que el apelante tiene un interés concreto y actual en obtener la revisión de lo decidido por la C.F.I. Esto es suficiente para conferir al sub lite el carácter de caso o controversia (Fallos: 303:2069, considerando 7°). 7°) Que, cualquiera que sea la naturaleza del tribunal a quo, el recurso extraordinario es procedente, por cuanto en la especie ha ejercido facultades jurisdiccionales, que no son revisables por vía de acción ni de ningún otro recurso (art. 12 de la ley 20.221 y Fallos: 313:1472 -voto de los jueces Petracchi, Oyhanarte y Moliné O'Connorconsiderando 2° y sus citas). 8°) Que aun cuando el apelante afirma que ataca el -//-


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T. 21. XXII. Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- pronunciamiento por arbitrariedad, ello tampoco obsta a la procedencia del recuso intentado pues los argumentos que utiliza para fundar la tacha que formula se refieren a la inteligencia otorgada por el a quo a normas de carácter federal (Fallos: 312:303) -tal la ley 20.221- y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en aquélla. 9°) Que, en cuanto al fondo, resulta aplicable la doctrina que emana de lo decidido en las causas: L.338.XXI "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición" y L.118.XXI. "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" -disidencias de los jueces Boggiano, Fayt y Levene (h)- ambas sentencias del 30 de septiembre de 1993, cuya argumentación conduce en el sub lite a rechazar la interpretación que pretende la actora. En efecto, de aquellos argumentos, a los que cabe remitirse por razón de brevedad, se infiere que la alegada imposibilidad de traslación del impuesto provincial a los ingresos brutos no determina su exclusión del supuesto contemplado en el art. 9°, inciso b, párrafo cuarto, de la ley 20.221 (t.o. 1979). Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma el pronunciamiento apelado. Costas por su orden en atención a la existencia de precedentes que pudieron inducir al recurrente a creer ajustada su petición (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO. ES COPIA DISI-//-


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T. 21. XXII. Transportes Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando: 1°) Que el Plenario de la Comisión Federal de Impuestos (C.F.I.) resolvió no hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la empresa "Transportes Automotores Chevallier S.A." y confirmó, en consecuencia, la resolución N° 43 dictada por el Comité Ejecutivo de dicho organismo que había desestimado la impugnación efectuada por la citada empresa contra el impuesto provincial a los ingresos brutos sobre el transporte terrestre interjurisdiccional de pasajeros. Contra aquella resolución, el representante de la empresa interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 213. 2°) Que el planteo del peticionante se funda en los arts. 11, inc. d, y 12 de la ley 20.221 (t.o. 1979). El primero, faculta a la Comisión Federal de Impuestos a decidir a pedido de los contribuyentes si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones de la ley-convenio de coparticipación de impuestos nacionales. El segundo, declara irrecurribles las decisiones plenarias sin perjuicio del recurso extraordinario ante esta Corte. 3°) Que posee significativa importancia establecer si el asunto traído ante esta Corte es un caso o controversia, ya que por exigencia de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional no compete a los jueces "hacer declaraciones generales y abstractas" (Fallos: 2:253, entre muchos otros). -//-


-//-

4°) Que tal discernimiento debe ser hecho a la luz

de la doctrina de esta Corte que impide a los particulares alcanzados por un tributo que reputan contrario al régimen de unificación de impuestos, sostener su invalidez con apoyo en esta única circunstancia (Fallos: 183:160; 185:140; 186:64; 201:202; 255:207; 303:2069). Esta limitación se justificaba frente a la letra de las primeras leyes de unificación que sólo reconocían capacidad a la Nación y a las provincias para demandar la nulidad de un impuesto contrario a ese régimen. A la sazón la ley 20.221 (t.o. 1979) previó que la Comisión Federal de Impuestos intervendrá a pedido de los contribuyentes, sin perjuicio claro está, del cumplimiento de las obligaciones fiscales (art. 11, inc. d). 5°) Que por su parte, el art. 14 de la ley 20.221 (t.o. 1979) establece que: "Los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados en pugna con el régimen de la presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que determine la legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto a partir de la vigencia de la presente ley, sin necesidad de recurrir previamente ante la Comisión Federal". 6°) Que, frente a la doctrina de Fallos: 201:202 y a la letra del aludido art. 14 de la ley 20.221 (t.o. según decreto 3451/79), tal declaración debe preceder al reclamo de devolución de lo pagado indebidamente. Siendo ello así, resulta claro que el apelante tiene un interés concreto y actual en obtener la revisión de lo decidido por la Comisión Federal de Impuestos; siendo ello suficiente para conferir -//-


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T. 21. XXII. Transportes Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- al sub lite el carácter de caso o controversia. En tales condiciones, la conclusión a la que se arriba -cuadra puntualizarlo- deviene compatible con la doctrina que surge de Fallos: 204:474; 205:17; 242:353 y 542 y lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de las decisiones emanadas de organismos administrativos. 7°) Que sobre la base de lo expuesto el recurso extraordinario es procedente, atento a lo expresamente preceptuado por el art. 12 in fine de la ley 20.221; disposición ésta de la que no resulta posible sustraerse si no media debate y declaración de inconstitucionalidad (Fallos: 307:2153) y que cuadra concebirse como una ampliación de los presupuestos reglados en la ley 48, como una definición legislativa del Congreso de la Nación en cuanto a que las resoluciones plenarias de la Comisión Federal de Impuestos son susceptibles de dirimir casos derivados del régimen de coparticipación con el alcance requerido por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Máxime teniendo en cuenta que en la especie el traslado de la apelación extraordinaria ordenada por la Corte a fs. 158/159 importó una genérica admisión de la vía escogida. 8°) Que aun cuando el apelante afirma que ataca el pronunciamiento por arbitrariedad, ello tampoco obsta a la procedencia del recurso intentado pues los argumentos que utiliza para fundar la tacha que formula se refieren a la inteligencia otorgada por el a quo a normas de carácter -//-


-//- federal (Fallos: 312:303) -tal la ley 20.221- y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en aquélla. 9°) Que en cuanto al fondo del asunto, el Tribunal reitera la opinión mayoritaria expresada en Fallos: 308:2153 y comparte los fundamentos del dictamen citado, a cuyas conclusiones cabe remitir en razón de brevedad. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar al recurso interpuesto y se revoca la decisión apelada, debiendo volver los autos al organismo de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. No corresponde la imposición de costas en virtud de las particularidades del caso. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLINÉ O' CONNOR. ES COPIA DISI -//-


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T. 21. XXII. Transportes Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando: 1°) Que el Plenario de la Comisión Federal de Impuestos (C.F.I.) resolvió no hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la empresa "Transportes Automotores Chevallier S.A." y confirmó, en consecuencia, la resolución N° 43 dictada por el Comité Ejecutivo de dicho organismo que había desestimado la impugnación efectuada por la citada empresa contra el impuesto provincial a los ingresos brutos sobre el transporte terrestre interjurisdiccional de pasajeros. Contra aquella resolución, el representante de la empresa interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 213. 2°) Que el planteo del peticionante se funda en los arts. 11, inc. d, y 12 de la ley 20.221 (t.o. 1979). El primero, faculta a la Comisión Federal de Impuestos a decidir a pedido de los contribuyentes si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones de la ley-convenio de coparticipación de impuestos nacionales. El segundo, declara irrecurribles las decisiones plenarias sin perjuicio del recurso extraordinario ante esta Corte. 3°) Que posee significativa importancia establecer si el asunto traído ante esta Corte es un caso o controversia, ya que por exigencia de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional no compete a los jueces "hacer declaraciones generales y abstractas" (Fallos: 2:253, entre muchos otros). -//-


-//-

4°) Que tal discernimiento debe ser hecho a la luz

de la doctrina de esta Corte que impide a los particulares alcanzados por un tributo que reputan contrario al régimen de unificación de impuestos, sostener su invalidez con apoyo en esta única circunstancia (Fallos: 183:160; 185:140; 186:64; 201:202; 255:207; 303:2069). Esta limitación se justificaba frente a la letra de las primeras leyes de unificación que sólo reconocían capacidad a la Nación y a las provincias para demandar la nulidad de un impuesto contrario a ese régimen-. A la sazón la ley 20.221 (t.o. 1979) previó que la Comisión Federal de Impuestos intervendrá a pedido de los contribuyentes, sin perjuicio claro está, del cumplimiento de las obligaciones fiscales (art. 11, inc. d). 5°) Que por su parte, el art. 14 de la ley 20.221 (t.o. 1979) establece que: "Los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados en pugna con el régimen de la presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que determine la legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto a partir de la vigencia de la presente ley, sin necesidad de recurrir previamente ante la Comisión Federal". 6°) Que, frente a la doctrina de Fallos: 201:202 y a la letra del aludido art. 14 de la ley 20.221 (t.o. según decreto 3451/79), tal declaración debe preceder al reclamo de devolución de lo pagado indebidamente. Siendo ello así, resulta claro que el apelante tiene un interés concreto y actual en obtener la revisión de lo decidido por la Comisión Federal de Impuestos; siendo ello suficiente para conferir -//-


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T. 21. XXII. Transportes Chevallier S.A. c/ resolución N° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos.

-//- al sub lite el carácter de caso o controversia. En tales condiciones, la conclusión a la que se arriba -cuadra puntualizarlo- deviene compatible con la doctrina que surge de Fallos: 204:474; 205:17; 242:353 y 542 y lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de las decisiones emanadas de organismos administrativos. 7°) Que sobre la base de lo expuesto el recurso extraordinario es procedente, atento a lo expresamente preceptuado por el art. 12 in fine de la ley 20.221; disposición ésta de la que no resulta posible sustraerse si no media debate y declaración de inconstitucionalidad (Fallos: 307:2153) y que cuadra concebirse como una ampliación de los presupuestos reglados en la ley 48, como una definición legislativa del Congreso de la Nación en cuanto a que las resoluciones plenarias de la Comisión Federal de Impuestos son susceptibles de dirimir casos derivados del régimen de coparticipación con el alcance requerido por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Máxime teniendo en cuenta que en la especie el traslado de la apelación extraordinaria ordenada por la Corte a fs. 158/159 importó una genérica admisión de la vía escogida. 8°) Que aun cuando el apelante afirma que ataca el pronunciamiento por arbitrariedad, ello tampoco obsta a la procedencia del recurso intentado pues los argumentos que utiliza para fundar la tacha que formula se refieren a la inteligencia otorgada por el a quo a normas de carácter -//-


-//- federal (Fallos: 312:303) -tal la ley 20.221- y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en aquélla. 9°) Que, en cuanto al fondo del asunto, es de aplicación al caso la doctrina que resulta de los votos del señor juez doctor don Augusto César Belluscio en las causas S.205.XXII "Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo)" y L.338.XXI "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición", ambas sentencias del 30 de setiembre de 1993, cuyas conclusiones son de plena aplicación al caso. Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la decisión apelada. Costas por su orden en atención a la existencia de precedentes que pudieron inducir a la recurrente a creer ajustada su petición (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase. GUILLERMO A. F. LOPEZ. ES COPIA


A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 19 de agosto de 1999. Vistos los autos: "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa", de los que Resulta: A fs. 73/102 la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad de los decretos-leyes 7290/67 y 9038/78, y del decreto 1160/92 por ser violatorios de la Constitución

Nacional,

del

orden

normativo

federal

(ley

24.065) y de las normas que lo reglamentan y complementan. Tras fundamentar su legitimación para promover este juicio, cuestiona la constitucionalidad del régimen tributario de la provincia demandada que, al dejar subsistente el sistema impositivo en materia eléctrica representado por los decretos leyes 7290/67 y 9038/78 y al instituir una norma discriminatoria, la del decreto 1160/92, vulnera el marco legal representado por la ley 24.065, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, aprobado por la ley de la Nación (art. 33 de la ley 24.037) y ratificado por el decreto N° 14 del 6 de enero de 1994. Es decir, concluye, quebranta el orden jerárquico del art. 31 de la Constitución Nacional. Expone las razones que justifican la vía procesal utilizada y menciona los antecedentes del caso. Dice que -//-


-//- el Ente Provincial Regulador notificó a CAMMESA la intimación que efectuó a cada generador de energía eléctrica acerca de las obligaciones emergentes de su carácter de agentes de recepción de los gravámenes establecidos por los decretos-leyes 7290/67 y 9038/78 en los contratos celebrados con grandes usuarios de jurisdicción provincial. En la carta documento respectiva se describe lo que constituye

la

base

del

régimen

tributario

impugnado.

El

primero de los decretos leyes citados crea un impuesto a todo usuario de energía eléctrica destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico Provincial fijado en el 20% para servicios comerciales y en el 13% para los industriales, y el segundo, fija un adicional del 5,5% sobre el total facturado a usuarios finales destinado al Fondo de Grandes Obras provinciales. Por otro lado, un decreto provincial (1160/92) dispuso "eximir transitoriamente" del pago de los mencionados impuestos a los usuarios industriales y comerciales de la provincia sujetos a su jurisdicción (abastecidos por ESEBA S.A.

cooperativas

eléctricas,

entes

mixtos

municipales

y

prestadoras privadas). Estas normas regulatorias son -reiterainconstitucionales por las razones que pasa a exponer. Así, por ejemplo, existe una violación a la igualdad por cuanto el decreto 1160/92 establece una situación de discriminación en favor de los usuarios industriales y comerciales que vulnera aquella garantía constitucional. En efecto, se ven excluidos de un gravamen sumamente oneroso que deben sufragar los grandes usuarios que, amparados por el régimen federal de la ley 24.065, han suscripto contratos o pueden suscribirlos, con generadores o distribuidoras que fueron privatizadas después del decreto "transitorio" y -//-


2A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//- que se ven enfrentados por la intimación cursada a pagar un gravamen que no alcanza a aquéllos. Se quiebra así la esencia de un sistema que alienta la competitividad y el trato igualitario porque será difícil competir con ESEBA cuando se la exime de un impuesto cuya alícuota excede largamente lo que puede reputarse como una equitativa tasa de retorno. Funciona así el gravamen como una aduana interior que afecta el tráfico interprovincial. Asimismo, se vulnera el marco federal regulatorio eléctrico, formado básicamente por la ley 24.065, que fija la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de energía en el ejercicio de las facultades de los arts. 9, 10, 11, 14, 75 (incs. 13 y 18) y 126 de la Constitución. Para cumplir los objetivos propuestos en el art. 2 de ese texto legal se creó el Ente Nacional Regulador que tiende a "prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios", como las que generan las normas provinciales cuestionadas. Ese estado de cosas -continúa- fue denunciado por la actora ante las

autoridades

nacionales

y

contraría

la

formación

del

"Mercado Eléctrico Mayorista" que, al decir de la resolución 187/94 del Ente Regulador de la Energía, permite liberar mercados en los que tradicionalmente han imperado el monopolio y la cautividad incrementando "la coherencia de la ley con los principios de libertad consagrados en el art. 14 constitucional, tendiendo a asegurar la máxima libertad posi-//-


-//-ble y compatible con los intereses públicos que es deber del Estado resguardar". El Mercado Eléctrico -agrega la resolución- funciona "como un típico establecimiento de utilidad nacional de los previstos en el art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional". El marco regulatorio que ha fijado normas y ha establecido mecanismos federales consecuentes con el nuevo rol del Estado ha hallado una nueva expresión en el Pacto Federal que en modo coherente con la ley 24.065 impone a las provincias la derogación inmediata del impuesto a la electricidad, salvo la utilizada con fines domiciliarios. Dicho Pacto posee la misma naturaleza federal que aquella ley. Dictado, a estar a sus fundamentos, con "la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales", fue ratificado por el gobierno nacional, que lo consideró el "instrumento con que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional en su carácter de administrador general del país para llevar a cabo los objetivos de bien común de la Nación" y por la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 11.463. Esta norma -aclara- no supedita la vigencia del Pacto toda vez que los proyectos que allí se prevén lo son al solo fin de cumplir las obligaciones contraídas y algunas de ellas pueden bien ser consideradas inmediatamente operativas; tal, la de derogar de inmediato los tributos sobre la energía eléctrica. Sostiene que el Pacto es claramente un instrumento de la política económica nacional que integra un conjunto de medidas económicas coherentes y con una finalidad común: el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales. Se trata, entonces, de una norma federal comple-//-


3A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-ja, generada por la voluntad concordante del Estado Federal y las provincias para cumplir fines federales. Posee efectos obligatorios y compromete jurídicamente a sus firmantes. Dentro de sus disposiciones, existen obligaciones asumidas por las provincias que tienen plazo para su cumplimiento, también contiene disposiciones programáticas, como las previstas en el art. 9, y otras son de aplicación inmediata, como la de derogar los impuestos que gravan la energía. En algunos casos -afirma- la Provincia de Buenos Aires procedió a implementar los medios para la vigencia de lo acordado y así dictó decretos de necesidad y urgencia para eximir a ciertos actos jurídicos del impuesto de sellos y del impuesto a los ingresos brutos a numerosas actividades. Agrega que la adhesión de las provincias mediante leyes locales no desvirtúa el carácter nacional del objetivo y fin del Pacto Federal, el que, en lo que se refiere a sus cláusulas sobre las pautas fiscales de la regulación eléctrica, debe ser considerado como un instrumento o medio de cumplir los fines de la ley 24.065. En tales condiciones, la subsistencia de los impuestos establecidos por los decretosleyes 7290/67 y 9038/78, y el decreto 1160/92 están en pugna con el régimen federal de la energía previsto en la ley 24.065 y con las disposiciones del Pacto. Por lo demás, la propia ley provincial 11.463, que ratificó legislativamente el acuerdo, impuso al Poder Ejecutivo el deber de elaborar los proyectos que correspondan a -//-


-//- fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos y la demandada no puede aducir que la derogación de sus

normas

impositivas

depende

de

un

acto

de

impulsión

legislativa pues su propia conducta discrecional no puede ser el fundamento de la inobservancia de obligaciones precisas y las

disposiciones

perentorias

del

Pacto

Federal.

Habría

entonces una obligación incumplida de medios: no propiciar la ley derogatoria ni emplear los mecanismos para que la derogación acaezca. Más adelante sostiene que la adhesión por medio de normas provinciales implica la recepción del derecho intrafederal que el pacto genera en cuanto a la eliminación de gravámenes locales a la electricidad. Concluye, finalmente, que las disposiciones de los decretos-leyes 7290/67 y 9038/78, y del decreto 1160/92 son inconstitucionales por cuanto: a) configuran un régimen discriminatorio, que viola la igualdad constitucional, afecta el derecho de propiedad, interfiere y obstaculiza el tráfico interprovincial y menoscaba el derecho de comerciar libremente: b) quebrantan el marco regulatorio eléctrico representado por la ley federal 24.065 y sus normas reglamentarias; c) violan el orden normativo del art. 31 de la Constitución al no cumplir los objetivos federales de la citada ley 24.065 y del Pacto Federal. II) A fs. 160/87 se presenta el Estado Nacional citado como tercero y se adhiere a los términos de la demanda. Hace

consideraciones

sobre

los

alcances

de

la

potestad

tributaria de las provincias y su relación con las actividades de interés nacional, se refiere a la cláusula comer -//-


4A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-cial de la Constitución y en ese sentido cita jurisprudencia del Tribunal. Destaca, asimismo, la importancia del art. 75 inc. 30 del texto constitucional reformado. Se refiere luego a la legislación federal eléctrica y en particular a las leyes 15.336 y 24.065, destacando los principales aspectos de esta última. Finalmente, plantea la inconstitucionalidad

de

los

gravámenes

que

la

provincia

pretende aplicar. III) A fs. 199/200 se presenta la provincia demandada y opone la falta de legitimación pasiva de la actora la que es resuelta a fs. 228/229. IV) A fs. 213/222 contesta la demanda. Sostiene, en primer término, que si bien el art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional otorga al Congreso Nacional la facultad de dictar la legislación destinada a planificar, establecer las pautas generales y ordenar la política energética nacional, las provincias conservan las atribuciones necesarias para regular los aspectos inherentes al servicio público de electricidad en virtud de lo dispuesto por los arts. 121, 122, 124 y 125 del texto constitucional. Afirma, por otro lado, que el marco regulatorio contenido en la ley 24.065 no rige en el ámbito provincial mientras no esté incorporado por una ley al derecho local y que la adhesión de la provincia lo fue en medida

de

"mínima",

esto

es,

limitada

a

los

principios

tarifarios, razón por la cual continuaron vigentes en su territorio las normas locales que regulan la organización y el funcionamiento del sector energético. -//-


-//-

Respecto del Pacto Federal para el Empleo, la Pro-

ducción y el Crecimiento, aclara que la ley 11.463 dictada por el gobierno provincial no implicó por sí misma la derogación de las normas de la materia vigentes en la provincia. Hace referencia a las circunstancias que motivaron la creación de los impuestos al consumo de energía eléctrica, los que permitieron ejecutar importantes obras, disminuir las diferencias

de

costos

con

los

servicios

de

jurisdicción

nacional y posibilitar a sus habitantes el acceso a los servicios eléctricos como claro principio de distribución de la riqueza por medio del impuesto. La ley 24.065, al crear la figura del "gran usuario" y permitirle contratar la compra directa de energía con los generadores, produjo la deserción de coprestadores cooperativos y de usuarios singulares que utilizaban los servicios de ESEBA en detrimento de su situación económico financiera. Todo

ello

-afirma-

determinó

su

adhesión

limitada

a

los

principios tarifarios de la ley citada. Afirma que los decretos-ley 7290 y 9038, así como el decreto 1160/92, son constitucionales ya que el hecho imponible es el consumo de energía en territorio provincial, y sostiene que el único cambio introducido por la ley 24.065 es, a raíz del proceso técnico de la prestación, "la desagregación" del valor de la energía. Rechaza que la política de la provincia provoque los efectos de una aduana interior que obstaculice el comercio interprovincial si se considera que el impuesto no grava la trasferencia o circulación de energía, sino su consumo por usuarios radicados en su territorio. Agrega que la po -//-


5A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-lítica instrumentada por la Secretaría de Energía de la Nación, por medio de la resolución 159/94, que induce a los grandes usuarios de las provincias a comprar energía directamente de los generadores, significa el avasallamiento de las autonomías provinciales pues persigue el propósito de captar en favor de las generadoras a los grandes usuarios del comercio y la industria. V) A fs. 233 vta. se declara la causa de puro derecho. Considerando: 1°)

Que este juicio es de la competencia originaria

de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional). 2°) Que, como lo destaca el dictamen del señor Procurador General, la cuestión debatida es sustancialmente análoga a la resuelta por el Tribunal en la causa "Hidroeléctrica El

Chocón

S.A."

(Fallos:

320:1302).

Allí

se

declaró

la

inconstitucionalidad del régimen mediante el cual la Provincia de Buenos Aires y el ente regulador provincial aplican y persiguen el cobro de los impuestos previstos en los decretosleyes 7290/67 y 9038/78 a quienes contrataban con la actora, en tanto se exima del cumplimiento de dichos tributos a los usuarios industriales y comerciales comprendidos en el art. 1° del

decreto

provincial

1160/92.

Si

bien

tal

antecedente

bastaría para resolver el litigio, la petición de la actora expresada en los términos de su escrito de demanda -//-


-//- (fs. 73, 86 y 101) y ratificada a fs. 292 impone la necesidad de decidir sobre la validez constitucional de los gravámenes cuestionados en su integridad a la luz de su compatibilidad con los alcances del Pacto Federal al que la provincia se adhirió por ley 11.463. 3°) Que ese pacto fue suscripto entre el presidente de la república y los gobernadores de provincias el 12 de agosto de 1993 con "el objetivo de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones". A ese fin, los "señores gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales". "Las políticas acordadas"

-se

expone-

"se

concretarán

por

los

Poderes

Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas en lo que es materia de su competencia según las constituciones locales". Este recaudo se cumplió, respecto de la provincia demandada, mediante la ley 11.463. 4°) Que el Pacto comporta por sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a -según se expresa- establecer mediante la participación concurrente del Estado Nacional y las provincias un programa, destinado como en el caso, a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite "la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales". Tal aspiración recogería la vocación

de

la

Constitución

Nacional

creadora

expresó esta Corte en Fallos: 178:9 de "una unidad -//-

-según

lo


6A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//- no por supresión de las provincias...sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los catorce

estados y la creación de un órgano

para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma". Se trataba, recordaba la sentencia, de consagrar el principio de "hacer un solo país para un solo pueblo". Ese pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal (Fallos: 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Horacio Zorraquín Becú: El Federalismo Argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194). 5) Que el universo legal sobre el que actúa el tratado presenta diferentes matices tanto en lo que se refiere a su vigencia, inmediata o subordinada a determinados efectos, cuanto a la materia sobre la que actúa. En algunos casos, se acuerda la derogación inmediata de ciertas normas -//-


-//- como en el supuesto de autos (punto 2 del art. I°), en otros se alude a la implementación progresiva de algún régimen fiscal (exenciones a los ingresos brutos puntos 4 in fine y 7) y también se fijan políticas futuras como "propender a la privatización total o parcial..." a la que alude el punto 9. Existen materias de claro contenido federal sobre las que se elimina toda pretensión tributaria local (tal el caso de la energía cuyo régimen regulan las leyes nacionales 15.336 y 24.065; Fallos: 307:613, causa "Hidroeléctrica El Chocón S.A." ya citada), y en otros casos el mandato de "dejar sin efecto restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados" involucra ámbitos de competencia

local

o

propuestas

de

"adherir

a

políticas

federales en materia de medicamentos" reconociendo por ejemplo "los controles y registros federales" en ese rubro (punto 10 del art. I°)". En el supuesto de autos el Pacto viene a integrar conjuntamente con las leyes 15.336 y 24.065 el régimen federal de la energía. Habida cuenta de que al suscribirlo la provincia asumió la obligación de derogar de manera inmediata los impuestos provinciales específicos que graven la transferencia de energía eléctrica (art. I, ap. 2), la subsistencia de los aquí impugnados entra en colisión con aquellas disposiciones, frustra el objeto y fin del tratado y deviene inconstitucional (art. 31 de la Constitución Nacional). Por ello se decide: Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los decretos leyes 7290/67 y 9038/78, y del decreto 1160/92 de la Pro -//-


7A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-vincia de Buenos Aires. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. b, c y d; 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del Dr. Guillermo Roberto Moncayo, por la dirección letrada y representación de la parte actora en la suma de sesenta y seis mil pesos ($ 66.000) y los del Dr. Jorge Carlos Ibarborde, por la dirección letrada y representación del Estado Nacional en la de treinta y tres mil pesos ($ 33.000). Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs.228/229, se fija la retribución del Dr. Guillermo Roberto Moncayo en la suma cuatro mil novecientos pesos ($ 4.900) (arts. 33, 39 y concordantes de la ley citada). Notifíquese y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (según su voto) - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ. ES COPIA

VO-//-


8A. 95. XXX. ORIGINARIO Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando: Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoría con exclusión de la regulación de honorarios, que expresa en los términos: Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. b, c y d; 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, se regulan los honorarios del Dr. Guillermo Roberto Moncayo, por la dirección letrada y representación de la parte actora en la suma de sesenta y seis mil pesos ($ 66.000) y los del Dr. Jorge Carlos Ibarborde, por la dirección letrada y representación del Estado Nacional en la de treinta y tres mil pesos ($ 33.000). Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs.228/229, se fija la retribución del Dr. Guillermo Roberto Moncayo en la suma cuatro mil novecientos pesos ($ 4.900) (arts. 33, 39 y concordantes de la ley citada). Notifíquese y, oportunamente, archívese. ANTONIO BOGGIANO. ES COPIA


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Suprema Corte:

-I-

El Cóndor Empresa de Transportes S.A. -quien invoca su condición de permisionaria para la prestación del servicio público de transporte interjurisdiccional de pasajeros y afines, otorgada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación conforme a la ley nacional 12.346-, promueve la presente acción declarativa, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Impuesto a los Ingresos Brutos que dicho Estado local pretende aplicarle por la actividad que desarrolla, con fundamento en el Código Tributario de esa jurisdicción. Manifiesta que la acción intentada tiene su origen en el reclamo que le ha formulado la Dirección General de Rentas provincial para que abone el referido tributo, respec to de períodos fiscales ya vencidos (v. resolución 215/98 a fs.


Coparticipación Federal de Impuestos estatuido en la ley nacional 20.221 y sus modificatorias, pues constituye -a su entender- un supuesto de doble imposición tributaria. Arguye que, las tarifas vigentes en el transporte interjurisdiccional que presta, fueron fijadas, desde su origen, por la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, organismo que no contempló la incidencia que sobre ellas tendría la aplicación del impuesto provincial a los ingresos brutos que aquí se impugna. De lo anterior resulta que su aplicación conduce a que dicho gravamen deba ser soportado exclusivamente por las permisionarias, con lo que, al quitarle rentabilidad a la explotación del transporte interjurisdiccional, no sólo se ocasiona un daño a su patrimonio -lo que motiva su interés particular en el pleito-, sino también un perjuicio al propio servicio público. Indica asimismo que, debiendo tributar por la actividad que desarrolla impuesto a las ganancias (leyes nacionales 20.628 y 22.016 y sus modificatorias), la determinación a


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Atento a que la actora pretende que el Tribunal conozca en instancia originaria de esta causa, con fundamento en precedentes que señala a fs. 29 vta./30, estimo convenien te recordar la doctrina sentada por V.E. para los casos en que se efectúan

planteamientos

de

inconstitucionalidad

de

leyes,

decretos o actos provinciales. Ya en Fallos: 176:315 (considerando 3 ?), V.E. señaló que "contra las leyes y decretos provinciales que se cali fican de ilegítimos, caben tres procedimientos y jurisdiccio nes según la calidad del vicio imputado: a) si son violato rios de la

Constitución

Nacional,

tratados

con

las

naciones

extranjeras, o leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional; b) si se arguye que una ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la justicia provincial y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc. son violatorios de las

instituciones

provinciales

y

nacionales,

debe

irse

primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a esta Corte por el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48. En esas condiciones se guardan los


numerosas oportunidades, de tal doctrina. Sentó así los siguientes criterios: Primero: cuando la acción entablada se fundó en el argumento de que los gravámenes locales violaban directa y exclusivamente prescripciones constitucionales de carácter nacional y lo medular de la disputa remitió necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de uno o más preceptos de esa naturaleza, la Corte declaró la procedencia de su instancia originaria (confr. Fallos: 303:928; 304:995, 1075 y 1129; y sentencia in re "American Express Argentina S.A. c/ Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires",

del

18

de

octubre

de

1988,

publicada

en

Fallos:

311:2104). Segundo: cuando la tacha planteó la ilegalidad, por cuanto los tributos violaban exclusivamente la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, sin efectuar impugnaciones concretas de carácter constitucional, el Tribunal declaró que tal argumento no es suficiente para surtir su competencia originaria, en virtud de que las leyes-convenio, esto es, normas como la citada, de derecho intrafederal, hacen parte


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tercero: cuando, para fundar la pretensión del actor, confluyeron los planteamientos de inconstitucionalidad federal y de ilegalidad del acto, por presunto desconocimien to de lo dispuesto en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos -que obliga, a las provincias adheridas a su régimen, a no aplicar gravámenes locales análogos a los naciona les coparticipados- la Corte declaró que la alegada violación de la Ley Convenio no abre su competencia originaria, pues para habilitar dicha instancia es preciso que en la demanda no se planteen,

además

de

las

cuestiones

federales,

otras

que

resultan ajenas a su competencia, ya que la eventual necesi dad de hacer mérito de ellas obsta a su radicación ante el Tribunal (confr. doctrina de Fallos: 316:324 y 327

in re

E.88.XXIV. Originario "Expreso Cañuelas Sociedad Anónima c/ Buenos

Aires,

Provincia

de

s/

acción

declarativa"

y

L.90.XXIII. Originario "Lorentor S.A.I.C. e I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", ambos pronunciamientos del 16 de marzo de 1993; entre muchos otros no publicados en Fallos: M.683.XXIV. Originario "Micro Omnibus Norte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" y


Provincia de s/ acción declarativa"; T.345.XXVI. Originario "Transportes

Automotores

La

Estrella

S.A.

c/

Río

Negro,

Provincia de s/ acción declarativa" y T.346.XXVI. Ori ginario "Transportes

Automotores

La

Estrella

S.A.

c/

San

Luis,

Provincia de s/ acción declarativa", del 22 de febrero de 1994 y

T.18.XXVIII.

Originario.

"Transportes

Escalada

S.A.

c/

Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", del 9 de agosto de 1994). Cabe señalar que, en esta última línea de precedentes, quedan comprendidas también varias causas en las que la Corte declaró su competencia originaria, con carácter de excepción, a pesar de haberse efectuado el doble cuestionamien to de inconstitucionalidad y de ilegalidad. En esas oportuni dades V.E. expresó que "si bien el artículo 15 de la ley 20.221 dispone que incumbe a la Comisión Federal de Impuestos decidir acerca de los reclamos que formulen los contribuyen tes ante los respectivos fiscos, tendientes a obtener la de volución de las sumas abonadas por tributos cuya exigencia contravenga las obligaciones asumidas por las provincias ad heridas al régimen de

coparticipación

federal,

ello

no

obsta

-en

las


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

c/ Y.P.F.", del 17 de diciembre de 1991. De todos modos, es menester poner de resalto que las dos causas recién citadas correspondían a la jurisdicción originaria del Tribunal ratione personae ya que tramitaron con anterioridad a la privatización de "Aerolíneas Argenti nas" y de "Yacimientos Petrolíferos Fiscales", por lo que la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asistía a tales entes nacionales al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el art. 116 de la Ley Fundamental, era sustanciando la acción en esa instancia (Fallos: 305:441; 308:2054; 311:489; 312:389 y 313:551, entre otros). Cuarto:

Se

advierte

un

cambio jurisprudencial de

la Cor te

-aunque no explícitamente declarado en las decisiones de la mayoría- a partir de dos sentencias del 30 de septiembre de 1993 in re "Satecna, Costa Afuera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 316:2206) e in re L.34.XXIII. Origina rio "La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A.C.I.I.F. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa".


razones expuestas, los principios sobre los que reposa la jurisdicción originaria de V.E. ratione materiae. Se agregó, en el mismo parecer citado, que "El derecho invocado por la actora (se sostenía que el tributo cuestionado violaba el art. 9, inc. b, segundo párrafo, de la Ley de Coparticipación Federal) es así un derecho sujeto a los límites

fijados

por

el

propio

régimen

convencional

de

coparticipación impositiva y debe hacerse valer ante el organismo específico del sistema, donde puede obtener satisfac ción su pretensión declarativa con un alcance que trasciende incluso a

las

partes

y

beneficia

a

todos

los

contribuyentes

comprendidos en la hipótesis contemplada por la decisión. El resultado de esa instancia obligatoria estatuida en el siste ma legal, puede tornar inoficioso el pronunciamiento de inconstitucionalidad que pretende la accionante, ultima ratio del orden jurídico, al que sólo cabe acudir -ha declarado V.E.cuando no existe otro modo de salvaguardar algún dere cho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover

el

jerarquía".

obstáculo

que

representan

normas

de

inferior


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Tribunal se apartó de la solución propiciada por el Ministerio Público. En la decisión de la mayoría declaró que, pese a fundarse la pretensión tanto en la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos por resultar violatorio de los incs. 9, 12 y 27 del art. 67 de la Constitu ción Nacional; como en la ilegalidad por contrariar el prin cipio del régimen de coparticipación federal en cuanto éste veda la doble imposición,

"...nada

obsta

a

que

el

Tribunal

entienda

íntegramente en las cuestiones suscitadas tal como lo decidió ante una situación análoga en el precedente citado (Fallos: 308:2153) y, con su actual composición, en la causa D.279.XXI., 'Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Santa Cruz c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ ejecu ción fiscal', sentencia del 17 de diciembre de 1991" (consi derando 3?). Sin embargo, en los dos precedentes análogos a los que alude la Corte, esto es, "Aerolíneas Argentinas" y "Dirección Provincial de Rentas de Santa Cruz", la admisión de la jurisdicción originaria se había justificado en

razones de

economía procesal. Por otra parte -aun cuando el Tribunal no lo declara expresamente- ambas causas le correspondían ratione


de Impuestos (art. 15 de la ley 20.221), y al crite rio adoptado por el Tribunal en Fallos: 303:2069 y en "Aus tral Líneas Aéreas S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ repeti ción" "nada obsta en las circunstancias del caso al trata miento íntegro de los planteos de la actora pues /.../ en el sub judice la demanda declarativa tiene

sustento

pretensión

principal

impositiva

constitucionales.

en

la

incompatibilidad

provincial

Además,

tal

con

solución

los es

la

de

la

preceptos que

mejor

satisface indudables razones de economía procesal vinculadas con la pronta terminación del proceso y con la claridad de las obligaciones

tributarias

de

una

empresa

prestataria

de

servicios públicos" (énfasis, agregado al origi nal). En la segunda de las causas citadas, "La Internacional", la Corte se remitió a la solución adoptada en "Aerolíneas Argentinas" (Fallos: 308:2153) y en "Satecna Costa Afuera S.A." y decidió tratar integralmente los agravios (de inconstitucionalidad y de ilegalidad) en instancia origina ria. El señor ministro doctor Augusto C. Belluscio, en su voto en disidencia, reiteró el concepto vertido en la causa anterior, fallada

en

el

mismo

día,

en

el

sentido

que

la

de manda


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

de la configuración de las mismas circunstancias procesales de excepción

contempladas

en

Fallos:

308:

2153,

es

decir,

"Aerolíneas Argentinas". Por último, más recientemente, en la sentencia del 8 de septiembre de 1998 in re C.130.XXIX. Originario "Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Limitada c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa", V.E. admitió su jurisdicción originaria, sin más fundamentación que la referencia a los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Sólo en el considerando 3 ? del voto concurrente de los ministros doctores López y Vázquez, se reitera la inexistencia de óbice alguno para que el Tribunal entienda en la causa, de conformidad con la doctrina de Fallos: 308:2153 (considerandos 3? y 4?) es decir, las razones de economía procesal y la claridad de las obligaciones tributarias de una empresa prestataria de servicios públicos.

III


terjurisdiccional, tutelado por la cláusula comercial de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 13), por sobre la naturaleza local de las normas de la ley-convenio presuntamente desconocidas por el tributo cuestionado. En un área de la actividad económica nacional de enorme impacto social, como lo es el

servicio público de

transporte interjurisdiccional, estima esta Procuración Gene ral que deben preservarse los valores de seguridad jurídica y de certeza en las obligaciones tributarias de los prestado res, que sirvan de sustento a la calidad y eficiencia de los servicios públicos (art. 42, Constitución Nacional). Para el logro de ese objetivo, nada mejor que ventilar

-ante

el

Tribunal

Supremo

Federal,

en

instancia

originaria- las alegaciones de los prestadores de tales servicios públicos, respecto de la presunta incompatibilidad de las pretensiones impositivas de las distintas provincias con los preceptos constitucionales federales. La solución que ahora propicia este Ministerio Público -en consonancia con el nuevo criterio jurisprudencial de la Corte, insinuado en la reseña de fallos del acápite II- no


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cรณndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acciรณn declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Naciรณn

para obtener satisfacciรณn a sus pretensiones de clarativas por presuntos incumplimientos a las obligaciones emergentes de la ley-convenio, cuando sus agravios no tienen sustento principal en la incompatibilidad de la pretensiรณn impositiva provincial con los preceptos constitucionales fe derales.

IV

Habida cuenta de lo expuesto y, toda vez que en la causa sub examine, se cuestiona principalmente la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires sobre la actividad de transporte interjurisdiccional que presta la actora, opino que corresponde decla rar la competencia originaria del Tribunal para conocer de ella. Buenos Aires, 26 de mayo de 1999. ES COPIA

NICOLAS EDUARDO BECERRA


Buenos Aires, 7 de diciembre de 2001. Autos y Vistos; Considerando: 1?) Que la parte actora, en su carácter de permisionaria para la prestación del servicio público de transpor te interjurisdiccional, inicia acción declarativa para que se declare la inconstitucionalidad del gravamen sobre ingresos brutos que la Provincia de Buenos Aires pretende aplicar so bre esa actividad. El fundamento de la petición radica en que la conducta fiscal de la demandada viola "los arts. 31 y 67 inc. 12 (al tiempo de la demanda, actualmente art. 75 inc. 13) de la Constitución Nacional y el régimen de coparticipa ción federal estatuido en la ley nacional n ? 20.221 y modificatorias...". Invoca la competencia originaria del Tribunal "dado que en la causa es parte una provincia y la cuestión en deba te -distribución de competencias entre la Nación y los esta dos locales para gravar materias imponibles y el alcance asignado a la ley de coparticipación de impuestos - tiene manifiesto contenido federal". 2?) Que de lo expuesto se desprende que el reclamo


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

civil, por ser una carga impuesta a personas o co sas con un fin

de

interés

público,

y

su

percepción,

un

acto

administrativo, y sólo cabe discutir en instancia originaria la validez de un tributo cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución Nacional (confr. Fallos: 314:862, entre otros). Igualmente se sostuvo que para habilitar la instancia originaria de esta Corte es preciso que en la demanda no se planteen, además de las cuestiones federales, otras que resultarían ajenas a su competencia, ya que la eventual necesidad de hacer mérito de ellas obsta a su radicación ante este Tribunal (Fallos: 249:165; 314:620 y 810). 3?) Que, en algunos supuestos y a partir del caso de Fallos: 308:2153, no se declinó la competencia originaria, con fundamento en circunstancias por cierto excepcionales y que respondían a importantes razones de economía procesal, como aconteció en Fallos: 316:2206 donde, tanto en el voto de la mayoría como en el de la minoría, se invocaron tales razo nes (considerandos 2? y 3?, respectivamente; en igual sentido causa L.34.XXIII. "La Internacional Empresa de Transportes SACIF c/


que la demanda tenía como fundamento exclusivo la tacha de inconstitucionalidad. 4?) Que, no obstante lo expuesto, y sin perjuicio de las razones por las que el señor Procurador General propi cia que se mantenga la competencia originaria de esta Corte en materias que involucran el transporte interjurisdiccional y rigen las obligaciones tributarias que deben afrontar quie nes prestan ese servicio público -sobre las que se volverá infra-, la reforma constitucional de 1994 exige un nuevo exa men de los fundamentos

en

los

que

radica

la

asunción

de

dicha

competencia. 5?) Que el art. 75 de la Constitución Nacional -antes art. 67- introdujo modificaciones sustanciales en el tratamiento de la coparticipación federal de impuestos, entre las que

adquiere

la

mayor

relevancia

la

asignación

de

rango

constitucional a dicha materia. En efecto, el mencionado art. 75, en su inciso segundo, establece que son coparticipables los impuestos indirectos internos y los directos creados por el Estado Nacio nal. Prevé que debe dictarse una ley convenio, sobre la base de


E. 115. XXXIV. ORIGINARIO El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

establecidos antes de la finalización del año 1996. 6?) Que, como surge de lo expuesto, la Ley Fundamental regula actualmente tanto los aspectos sustanciales como los instrumentales de la coparticipación federal de im puestos, a

la

vez

que

delega

en

el

Congreso

de

la

Nación

la

determinación de las pautas para su distribución. 7?) Que, según lo afirma el convencional Masnatta, existió consenso en la incorporación del tema en la Constitución Nacional, hasta entonces reservado al ámbito normativo federal y de derecho público local, mediante el sistema de las leyes convenio. Esa incorporación es calificada por el citado convencional como "constitucionalización" de la mate ria en examen ("Inserción solicitada por el convencional Mas natta sobre

'Régimen

Federal

y

Régimen

de

Coparticipación',

entregada en Secretaría Parlamentaria en la Sesión Plenaria n ? 28, tomo VI, página 5618", que obra en fs. 7109 y sgtes. del tomo VII de la "Obra de la Convención Nacional Constitu yente, 1994", La Ley S.A., 1998). 8?) Que el nuevo rango asignado al tema por la Con-


por

las

provincias,

la

que

"no

podrá

ser

modificada

unilateralmente ni reglamentada", de modo que una hipotética transgresión a la ley local de adhesión -y, por ende, a dicha norma federal-, se proyecta como una afectación de las nuevas cláusulas constitucionales, sin que en ello incida el carác ter local de la norma mediante la cual pudiera efectivizarse la alteración del sistema vigente en el orden nacional. 10) Que esta Corte hizo mérito, en diversas oportunidades, de los pactos que constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, tendiente a establecer, mediante la participación concurrente del Estado Nacional y de las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme en beneficio de los intereses naciona les y locales. Así, en Fallos: 322:1781 -con cita de Fallos: 178:9- ponderó la vocación de la Constitución Nacional creadora de "una unidad no por supresión de las provincias...sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los catorce estados y la creación de un órgano para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde


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Corte Suprema de Justicia de la Nación

tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible

su

derogación

unilateral

por

cualquiera

de

las

partes..." (considerando cuarto). 12) Que a las especiales características de esos pactos, como actos complejos dentro del sistema normativo federal, se suma la expresa regulación constitucional en materia de coparticipación federal de impuestos a que se hizo referencia supra y que resulta determinante para el tratamiento de cuestiones como la introducida en el sub lite. Así, en el caso se plantea un conflicto entre nor mas locales -la que crea el tributo y la que adhirió al régi men de coparticipación federal-, que se traduciría en la afectación de

la

ley

convenio

en

la

materia,

por

invocarse

la

superposición entre un tributo local y otro sujeto al mencionado régimen de distribución de recursos. La cuestión ha sido presentada de manera que confronta con el actual complejo normativo constitucional, en tanto supone la violación del compromiso provincial de abstenerse de legislar en materia


transporte interjurisdiccional por efecto de la superposición de los tributos coparticipados con los locales. 14) Que, por otra parte, no cabe desatender las razones expuestas por el señor Procurador General de la Na ción en apoyo de una solución que concurre con la aquí adop tada, que hacen mérito de la necesidad de preservar los valo res de seguridad jurídica y de certeza en la determinación de las obligaciones tributarias de quienes prestan servicios públicos interjurisdiccionales, materia esencialmente fede ral. En tal sentido, como se señala en el dictamen aludido, no existe afectación de las autonomías provinciales, toda vez que la Corte

constituye

el

fuero

natural

de

las

provincias

argentinas, a la vez que se mantiene el organismo federal de fiscalización y control -ahora con rango constitucional- en la ejecución del régimen de coparticipación federal, cuando los reclamos no tienen sustento principal en la incompatibi lidad de la pretensión impositiva provincial con los precep tos constitucionales federales. Por ello, y lo dictaminado -en lo pertinente- por el señor Procurador General de la Nación, se declara procedente


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Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando: 1?) Que la parte actora, en su carácter de permisionaria para la prestación del servicio público de transpor te interjurisdiccional, inicia acción declarativa para que se declare la inconstitucionalidad del gravamen sobre ingresos brutos que la Provincia de Buenos Aires pretende aplicar so bre esa actividad. El fundamento de la petición radica en que la conducta fiscal de la demandada viola "los arts. 31 y 67 inc. 12 (al tiempo de la demanda ya art. 75 inc. 13) de la Constitución Nacional y el régimen de coparticipación fede ral, estatuido en la ley nacional n ? 20.221 y modificato rias...". Invoca la competencia originaria del Tribunal "dado que en la causa es parte una provincia y la cuestión en deba te -distribución de competencias entre la Nación y los esta dos locales para gravar materias imponibles y el alcance asignado a la ley de coparticipación de impuestos - tiene manifiesto contenido federal". 2?) Que de lo expuesto se desprende que el reclamo


lo que su alegada violación no abre la instancia originaria de esta Corte" y asimismo que se "ha sostenido que la argumentación de que el impuesto gravita sobre la rentabilidad y se superpone con la materia imponible del impuesto coparticipado de las ganancias no es suficiente para surtir la competencia originaria de la Corte. En efecto, el cobro de impues to no constituye una causa civil, por ser una carga impuesta a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción, un acto administrativo (Fallos: 304:408), y sólo cabe discutir en instancia originaria la validez de un tribu to cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución Nacional (confr. causas: T.151.XXIII. 'Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción

declarativa'

del

20

de

agosto

de

1991

[Fallos:

314:862]; T.146.XVII. 'Tomatti, Armando H. c/ Poder Ejecutivo s/ demanda contenciosoadministrativa' del 25 de abril de 1978 [Fallos: 300:450])". Igualmente, se dijo que "para habilitar la instan cia prevista en los artículos 100 y 101 [hoy arts. 116 y 117] de la Constitución Nacional -cuando en la causa es p arte una


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respondían a importantes razones de economía procesal como aconteció en Fallos: 316:2206; donde, tanto en el voto de la mayoría como en el de la minoría, se invocaron tales razones (considerandos 2? y 3? respectivamente; en igual sentido cau sa L.34.XXIII. "La Internacional Empresa de Transportes SACIF c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa", de la misma fecha). Más adelante en la causa "El Libertador S.A.C.I. C/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" (Fallos: 321:2517), en la cual la propia Procuración General de la Nación justificó por iguales motivos la radicación del caso en esta instancia, los votos de los jueces Levene (h), Fayt, Boggiano, Nazareno, Moline O'Connor y Petracchi mantuvieron, desde sus posturas diversas en la materia de fondo, igual criterio por entender que concurrían aquellas antedichas circunstancias, sin que pueda extraerse de los restantes votos el abandono de la doctrina recordada en el considerando 2 ? de esta resolución

por

cuanto

ello

no

podría

inferirse,

como

se

sugiere en el dictamen del señor Procurador General, de un modo implícito. 4?) Que la prueba más concluyente de que en casos


c/

Buenos

Aires,

Provincia

de

s/

acción

declarati va",

pronunciamiento del 22 de junio de 1999, entre muchos otros). Por ello, y oído el señor Procurador General, se resuelve: Declarar que la presente causa no pertenece a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRAC CHI - GUSTAVO A. BOSSERT. ES COPIA


B. 1087. XXXVI. RECURSO DE HECHO Banco Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte: -IA fs. 141/153 de los autos principales (a los que se referirán

las

siguientes

citas),

la

Sala

A

del

Superior

Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó la demanda conten cioso administrativa interpuesta por el Banco Río de La Plata S.A. Csucursal General AchaC contra dicha provincia y confir mó la sentencia 02/98 del Tribunal Administrativo de Apela ción y las resoluciones internas 2086/96 y 4587/96 de la Di rección General de Rentas, por medio de las cuales se había denegado la

repetición

del

impuesto

de

sel los

abonado

por

las

solicitudes de crédito de sus clientes durante los períodos fiscales diciembre de 1989 a diciembre de 1993. Para así decidir, consideró que los hechos cuyo encuadre jurídico se controvierte se rigen por lo dispuesto en los arts. 198 y 199 del Código Fiscal de la provincia (t.o. en 1993, con las modificaciones de las leyes 1129, 1200, 1423 y 1447), que gravan los actos, contratos u opera ciones "por el sólo hecho de su instrumentación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia jurídica o verificación de sus efectos". Destacó que, para adecuar las normas provinciales a los preceptos del art. 9, inc. b, ap. II de la Ley de Copar ticipación Federal de Impuestos, se introdujeron reformas al citado código local, recién en e nero de 1994, mediante la ley 1532, con lo cual los actos que antes resultaban gravados por su mera existencia material quedaron gravados expresamente como "operaciones monetarias que representen entregas de di nero que devenguen interés, efectuadas por en tidades financieras", de acuerdo con la citada ley 23.548. Entendió que, mediante la aplicación del criterio de la realidad económica, contemplado en el art. 6 º del Código -1-


Fiscal,

quedó

demostrada

la

existencia

material

de

las

operaciones de mutuo entre la actora y sus clientes. Por último, rechazó el argumento vinculado con la existencia de un supuesto de doble tributación al estar gra vado tanto el contrato de mutuo como el pagaré firmado acce soriamente en garantía. -IILa actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 160/183, cuyo rechazo por el a quo a fs. 196/203 dio ori gen a la presente queja. Destacó, en sustancia, que se hallan en juego el principio constitucional de reserva de la ley tributaria y su derecho de propie dad, ya que las operaciones de mutuo no se encontraban gravadas al momento de realizarse las operaciones en crisis, con independencia de su instrumentación, ni las solicitudes de tales créditos podían ser consideradas como un "instrumento" gravado a la luz

de las normas aplicables.

Agregó que, al apartarse del derecho en vigor, el decisorio posee un fundamento sólo aparente, por lo que constituye una sentencia arbitraria. -IIISi bien lo decidido conduce al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas, como regla, a esta instan cia extraordinaria (Fallos: 275:133), en virtud del debido respeto a las facultades de las provincias para darse sus propias instituciones y reg irse por ellas (art. 5 º de la Constitución Nacional), bastante

opino para

que

en

el

apartarse

de

caso

existe

dicho

cuestión

principio,

federal

porque

la

resolución cuestionada ha incurrido, a mi juicio, en arbitra riedad, al apartarse palmariamente de lo e statuido por las normas aplicables, en violación al principio de reserva de ley tributaria (art. 17 de la Carta Magna), tal como expongo -2-


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Procuración General de la Nación

infra. -IVLa ley federal de coparticipación 23.548 Cal igual que la anterior 20.221, reformada por la 22.006 C estableció una serie de obligaciones a la que deben sujetarse las pro vincias Cy la Nación en lo pertinente C con el fin de obtener el armónico funcionamiento del sistema de distribución de competencias tributarias y lograr un reparto equitativo del producido de los impuestos nacionales que integran dicho me canismo. En lo relativo al impuesto de sellos, en el art. 9 º, inc. b, ap. II, la citada ley preceptúa que las provin cias que adhieran a ella, si establecen ese tributo, deberán hacerlo recaer sólo sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso

instrumentados,

formalizados

por

sobre

contratos

correspondencia

y

a

título

sobre

oneroso

operaciones

monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por las entidad es financieras reguladas por la ley 21.526. Al respecto, ha señalado el Tribunal, en Fallos: 321:358, que la inclusión de esta norma en el capítulo de la ley 23.548 titulado "Obligaciones emergentes del régimen de esta ley", tiene la finalidad autónoma de evitar la regula ción dispar del impuesto en las diversas jurisdicciones. Y agregó que la ratio legis inspiradora de la fijación original de las pautas caracterizadoras de los gravámenes estuvo orientada a restringir dentro de cau ces uniformes el ejerci cio del poder tributario local, para obtener un mínimo de homogeneidad en la imposición autorizada, y que también se tuvo en miras evitar anticipadamente, por medio de dicho mar co regulatorio, la eventual

superposición

del

impuesto

de

-3-

sellos

con

otros


tributos nacionales coparticipados. Es preciso poner de relieve, asimismo, que la Corte ha dicho que la ley de coparticipación, en tanto es una ley convenio, hace parte, aunque con diversa jerarquía, del dere cho público local (Fallos: 314:862, entre otros) y se incor pora a dicho ordenamiento una vez ratificado por la legisla tura, aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condi ción de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitu cional: Nación y provincias (Fallos: 322:1781). Además, su gestación institu cional ubica a los tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal y su categoría sin gular se traduce en que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes. Cabe destacar que La Pampa adhirió a los términos de la ley nacional 23.548 mediante su ley 1060, del 5 de mayo de 1988, publicada en el Boletín Oficial de dicha p rovincia el 3 de junio de ese año. Dentro del marco regulatorio brindado por la refe rida ley de coparticipación federal, la Provincia de La Pampa comenzó a gravar las operaciones monetarias antes mencionadas recién a partir del 4 de enero de 1994, con la ley 1532, mo dificatoria de su Código Fiscal. Ello está fuera de discu sión, pues así lo reconoce la propia demandada a fs. 94 vta., cuando menciona que sólo a partir de ese año comenzaron a gravarse las operaciones monetarias no i nstrumentadas. Por otro lado, la especificidad de este hecho impo nible queda de manifiesto no sólo con la redacción dada a partir de entonces al art. 196, inc. b del Código Fiscal (t.o. en 1993) sino, sobre todo, con el establecimiento de una base de medición especial para este particular gravamen, fijada en

-4-


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su art. 233, que da cuenta de que la base imponible "...será el monto de dichas operaciones liquidándose el im puesto en proporción al tiempo de utilización de los fondos, calculado sobre la base de lo s mismos numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en el momento en que éstos se debiten de la cuenta". Como los períodos comprendidos en el sub lite son anteriores a 1994, queda en claro con lo hasta aquí dicho que las operaciones de qu e se trata no estaban alcanzadas por el gravamen local por su mera existencia o comprobación y que sólo podrían ser objeto de éste si, a la vez, reunieran el requisito de la instrumentalidad, aspecto al cual me refiero seguidamente. El art. 181 del Código Fiscal (t.o. en 1983) esta blecía la gravabilidad de los actos, contratos y operaciones celebrados en la provincia, o que tuvieran efectos en ella cuando fueran celebrados en otra jurisdicción, por el sólo hecho de su instrumentación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia jurídica o verificación de sus efectos. El concepto de "instrumento" a los fines de este impuesto, queda definido en la ley 23.548 en el ap. II, del inc. b del art. 9 º, al señalar que "Se entenderá por instru mento toda escritura, papel o documento del que surja el per feccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencio nados en la primera parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurí dico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes". Sin perjuicio de que, como se dijo, esta definición quedó incorporada al derecho local desde el momento en que la -5-


provincia adhirió al régimen de coparticipación (ley 1060), posteriormente, a través de la referida ley 1532, este con cepto fue incorporado en el articulado de su Código Fiscal (art. 198, t.o. en 1993). En mi opinión, no es ocioso recordar aquí que V.E. sostuvo, en el precedente de Fallos: 321:358, que la norma, del reiteradamente citado art. 9 º, inc. b, ap. II, de la ley de coparticipación impide, dada la inequívoca claridad de su redacción, sustraerse de su vigen cia so pretexto de que se trata tan sólo de una pauta orientadora. Es decir, que es una norma plenamente eficaz, que integra plenamente cada uno de los ordenamientos locales que han adherido a ella. En este orden de ideas, queda en claro que, contrariamente a lo pretendido por la Dirección General de Rentas y a lo afirmado por el a quo, el documento denominado "solici tud de préstamo" no reúne los requisitos y caracteres exigi dos por las

normas

reguladoras

en

cuanto

a

la

configura ción del

"instrumento" que resulta gravable por el impuesto de sellos. Ello es evidente, ya que de su sola consideración no surge el perfeccionamiento

del

mutuo

ni

la

virtualidad

de

poder

exigirse el cumplimiento de las obligaciones sin nece sidad de recurrir a otro documento. El a quo yerra en el análisis pues, apartándose de las reglas aplicables, se ve necesitado de invocar el princi pio de la realidad económica para construir, mediante la su matoria de diversos elementos, un conjunto instrumental que demuestra, sí, la existencia de un contrato de mutuo Clo cual, valga aclararlo, nunca estuvo en discusión C pero que no conduce a demostrar el acaecimiento del hecho imponible sino, por el contrario, prueba la carencia de un instrumento único que resulte gravable por el impuesto de sellos en los térmi nos expuestos. -6-


B. 1087. XXXVI. RECURSO DE HECHO Banco Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable.

Procuración General de la Nación

En tales condiciones, es mi parecer que resulta claro que la operatoria discutida en el sub examine no resultó un hecho imponible para la ley del impuesto de sellos pro vincial entonces en vigor y, por lo tanto, la sentencia recu rrida no está ajustada a derecho, en los términos de la cono cida doctrina de V.E. sobre arbitrariedad, ya que significa apartarse en el caso de la letra de las normas que lo rigen Crespecto del criterio de instrumentalidad C, o bien pretender una inaceptable aplicación retroactiva de normas vigentes recién a partir de 1994 Cen cuanto a la gravabilidad de cier tas operaciones monetarias con independencia de su instrumen taciónC. Ello importa, en am bos supuestos, violar tanto el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 4 º y 17 de la Carta Magna) como asimismo el derecho de propiedad privada (conf. doctrina de Fallos: 248:482; 312:912; 316:2329; 323:2256, entre otros). -VPor lo expuesto, opino que debe hacerse lugar al presente recurso de hecho, revocar la sentencia de fs. 141/153 de los autos principales y devolver las actuaciones para que, por quien corresponda se dicte una nueva acorde con lo aq uí dictaminado. Buenos Aires, 3 de julio de 2002

ES COPIA

NICOLAS EDUARDO BECERRA.

-7-


Buenos Aires, 4 de julio de 2003. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la ac tora en la causa Banco Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable", para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamen tos del dictamen del señor Procurador General de la Nación que antecede, a los cuales corresponde remitir por razones de brevedad. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo ape lado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 1. Notifíquese y, oportunamen te, remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA. ES COPIA

-8-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

A fs. 38/64, Gas Natural Ban S.A. Cen su carácter de licenciataria para la prestación del servicio de distribu ción de gasC interpuso acción meramente declarativa contra la Municipalidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 322 d el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, requiriendo que se declare improcedente la pre tensión fiscal de la comuna por "derechos de ocupación o uso de espacios públicos". Destacó que brinda el servicio de distribución de gas, conforme a las prev isiones de la ley federal 24.076 y demás normas reglamentarias de la actividad y, por ello, goza de un régimen especial, establecido en el art. 22 de la cita da ley, así como en los arts. 66 y 67 de la ley 17.319 y 42 y concs. del Código de Minería, normas en virtud de las cuales Ca su entenderC tiene derecho a utilizar los bienes del domi nio público en forma gratuita. Adujo que lo pretendido por la demandada entorpece el desarrollo de sus tareas, afecta su capital de trabajo y puede paralizar la realizaci ón de obras colaterales a las que se ha comprometido en virtud de la licencia obtenida. Planteó, en subsidio, para el supuesto hipotético de resultar condenada por sentencia firme al pago de la gabe la, que se le autorice a traslada rla a la tarifa que cobra a los consumidores radicados en el municipio demandado, en su exacta incidencia, conforme al derecho que le reconocen las reglas básicas aprobadas por los decretos 2255/92 y 2460/92, que le otorgó la licencia para la prestación de l servicio.

-1-


-II-

A fs. 89/93, la Municipalidad de Campana contestó la demanda y pidió su rechazo. En lo que actualmente importa, negó que exista cho que entre las normas impositivas comunales y las leyes fede rales aplicables al servicio de distribució n de gas o que se haya entorpecido la actividad de la actora. Señaló que las leyes nacionales no contienen exención alguna sobre tributos municipales y que, por otra parte, de existir, implicaría un avasallamiento de sus potestades, ya que la Nación no pue de eximir de impuestos que sean del resorte propio de las auto ridades locales. En este sentido, dijo que ha ejercido su poder tributario de acuerdo con las normas superiores del ordenamiento.

-III-

A fs. 133/140, el juez federal de San Nicolás re chazó la demanda. Para así decidir indicó que, si bien el Estado Na cional puede establecer exenciones impositivas respecto de actividades vinculadas con la prosperidad del país, inclusive en la órbita tributaria local (confr. art. 75, i nc. 18 de la Constitución Nacional), debe hacerlo mediante ley formal y, en el sub examine, la pretensión de la demandante se afirma, en cambio, en el decreto 2460/92 del Poder Ejecutivo Nacio nal, quien resulta incompetente para disponer tales benefi cios. Destacó que el citado decreto regula los derechos y obligaciones de las partes Cconcedente y concesionario C y, por lo tanto, las normas del art. 6.1 que otorgarían la gra tuidad pretendida se limitan a los espacios públicos que ce dería la

-2-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación

concedente, es decir, a los de jurisdicción nacio nal. Señaló que la falta de atribución era tan evidente que el propio decreto previó que, ante una resolución judi cial firme que estableciera la procedencia del impuesto pro vincial o municipal, podía el licenciatario s olicitar el traslado de ese mayor costo a la tarifa del servicio. En tal sentido, del argumento de la actora con base en el art. 22 de la ley 24.076, que remite a la Ley de Hidrocarburos y al Có digo de Minería, no se infiere la gratuidad del uso y ocupa ción de espacios de dominio público comunal, pues esas normas solo establecen

tal

gratuidad

para

la

cesión

de

inmuebles

de

propiedad fiscal al concesionario, sin referencia alguna a las facultades tributarias locales. A su vez, entendió que la accionante no había acreditado que la pretensión fiscal obstaculizara el servicio de la jurisdicción y que, si bien podía pensarse que es inconve niente que un municipio cobre un tributo que implicará un aumento de las tarifas de los usuarios de su órbita, la deci sión escapa al escrutinio judicial, por tratarse de faculta des discrecionales de la administración municipal.

-IV-

A fs. 214/216, la Sala B Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó parcialmente la sentencia, pues la revocó en cuanto a las costas, al imponérselas a la actora, en ambas instancias, por entender que no existe moti vo para apartarse del principio objetivo de la derrota. Expresó que las disposiciones legales que citó la accionante se refieren al derec ho real de servidumbre de que gozan los concesionarios y licenciatarios sobre "los inmue bles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de -3-


los límites del área afectada por sus trabajos" (art. 66, ley 17.319).

En

ese

marco

normativo

deben

in terpretarse

las

previsiones de las reglas básicas aprobadas por el decreto 2460/92, que le otorgó la licencia, las que establecen el uso gratuito de espacios públicos para la colocación de las ins talaciones necesarias destinadas a la prestación del servic io licenciado. En este orden de ideas, concluyó que tal gratuidad no se relaciona con el ejercicio del poder tributario propio de los municipios y que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene atribución para establecer exenciones sobre tributos locales.

-V-

Disconforme, la actora interpuso el recurso ex traordinario de fs. 259/301, que fue concedido a fs. 309. Sostuvo que está en juego la interpretación de le yes federales y que el

a quo no tuvo en cuenta el verdadero

alcance de las normas aplicables, al circ unscribir sus argu mentos a una cuestión que involucra solamente derechos rea les, sin inmiscuirse en las aristas tributarias comprendidas. Arguyó la inconsistencia del decisorio apelado, en tanto so pretexto de un grado total de a utonomía de las comunas, omitió referirse a los precedentes de V.E. donde se de limitan claramente las atribuciones municipales. De igual modo, sostuvo que la demandada no presta servicio alguno a cambio de la tasa que pretende cobrar

Cen violación de lo

estipulado por el pacto federal del 12 de agosto de 1993 C y que, además, el monto del tributo es irrazonable. Adujo que el anexo III de los modelos de licencias de trasporte y distribución, aprobados por decreto 2255/92, texto según la circular 4 del Comit é de Privatización de Gas -4-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación

del Estado Sociedad del Estado, preceptúa, en el punto 21, que las tarifas no incluyen, entre otros, los impuestos pro vinciales o municipales. Distinguió el caso de autos del sentenciado por el Tribunal respecto de "Distribuidora de Gas Pampeana S.A.", al sostener que allí se pretendió directamente el traslado del gravamen a la tarifa, por vía administrativa, en vez de cues tionar previamente la procedencia de aquél, tal como se hizo en el sub lite. En otro orden, argumentó que V.E. ha establecido, como requisito de los tributos, la modicidad de la carga y que no produzcan un entorpecimiento en el desarrollo de la activad gravada.

Añadió

que

si

tuviera

que

pagar

la

gabela

en

cuestión, sin poder trasladarla a la tarifa, resul taría inconstitucional y violatoria de la garantía de intangibilidad del precio del contrato y de la estabilidad de su ecuación económico-financiera. En subsidio, hizo reserva de su derecho a repercutir el gravamen, en la medida en que no se admitiera la exención establecida en las reglas básicas. Por último, cuestionó la condena en costas, al sos tener que, contrariamente a lo argüido por la cámara, no re sultaba preciso el agotamiento de la vía administrativa lo cal.

-VI-

En cuanto al agravio relacionado con la alegada exención del tributo local sobre el uso del subsuelo, estimo que el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues to que se halla en tela de juicio la inteligencia que corres ponde atribuir a normas de nat uraleza federal y la sentencia del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que la recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3 º, ley 48). -5-


-VII-

Con respecto al fondo del asunto, debe tenerse pre sente que, en la tarea de establecer la correct a interpretación de las normas federales, la Corte no se encuentra limi tada por las posiciones del tribunal apelado y del recurren te, sino que le incumbe realizar "una declaratoria sobre el punto disputado" (art. 16 de la ley 48), según la inteligen cia que ella

rectamente

les

otorgue

(arg.

Fallos:

307:1457

y

320:1915). A la luz de tal principio, cabe señalar que, según ha sostenido el Tribunal, "es indudable la facultad de las provincias de <darse leyes y ordenanzas de impuestos

loca-

les...y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enume radas en el artículo 108 (actual 126) de la Constitución Na cional' (Fallos: 7:373, entre muchos otros), toda vez que, <entre los derechos que constituyen la autonomía de las pro vincias, es primordial el de imponer contribuciones y perci birlas sin intervención alguna de autoridad extraña' (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308, entre muchos otros)", y agregó que "es lógico concluir, como lo ha hecho esta Corte desde sus orígenes mismos y de modo reiterado, que

<los actos de las

legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacio nal, en

términos

expresos,

un

poder

exclusiv o,

o

en

que

el

ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay absoluta y directa incompati bilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas' (Fallos: 3:131; 302:1181, entre muchos otros)" (Fallos: 320:619). Asimismo, V.E. ha remarcado que la "jurisdicción

-6-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación nacional Ca menos que contenga alguna exención acordada en virtud del art. 75, inc. 18, de la Constitución Nacional C es compatible con el ejercicio del poder de policía y de la po testad fiscal por parte de l as provincias y de sus municipa lidades, ya que es la regla Cy no la excepciónC la existencia de jurisdicciones compartidas entre el Estado Nacional y los estados locales (Fallos: 186:170; 271:186; 296:432)" y aña dió, respecto del desarrollo de servicios públicos nacionales que "uno y otro ejercicio (del poder de policía y de la po testad fiscal

por

parte

de

las

autoridades

locales)

no

deben

condicionar de tal modo la prestación del servicio que puedan obstruirlo o perturbarlo, directa o indirectamente (.. .)" (Fallos: 322:2331). Pienso que el citado marco jurisprudencial resulta aplicable al servicio público de transporte y distribuición de gas natural ya que, según lo dispuesto por el art. 1 º de la ley 24.076 y el punto 3 del art. 1º de su reglamentación (decreto 1738/92), tales actividades constituyen un servicio público nacional y, por ende, están sujetas a su jurisdicción en todo el territorio de la República. Sin embargo, cabe poner de relieve que el legisla dor no consideró contraria, a esa afirmación, la subsistencia de las facultades impositivas locales, en tanto y en cuanto no eximió de gravamen alguno a la actividad, a diferencia de lo que expresamente hizo con otros servicios (vgr. telecomu nicaciones, art. 39, ley 19.798 Cver Fallos: 320:162, "Tele fónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pico s/ acción meramente declarativa" C; transporte y distribución de energía eléctrica, art. 12, ley 15.336; arts. 20 a 22, decre to 714/92 Cver Fallos: 322:2624, "Empresa Dist ribuidora Sur S.A. Edesur S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción mera mente

-7-


declarativa"C). Más aún, en el caso del gas incluyó Ccomo una de las variables de ajuste de la tarifa C a los impuestos (art. 41, primer párrafo, in fine, ley 24.076) y determinó que aquélla, como contrapartida del servicio prestado, debía sa tisfacer un ingreso suficiente al licenciatario previa deduc ción, entre otros costos, de los impuestos (art. 38, inc. a), sin realizar discriminación alguna entre gr avámenes nacionales y locales. Por otra parte, estimo que resulta fundamental to mar en cuenta que el decreto 2255/92, en su anexo B, sub -anexo I, capítulo XIII, dispuso que "La licenciataria estará sujeta al pago

de

todos

los

tr ibutos

establecidos

por

las

leyes

aplicables y no regirá a su respecto ninguna excepción que le garantice exenciones ni estabilidad tributaria de im puestos, tasas o gravámenes nacionales, provinciales o muni cipales. Sin perjuicio de ello, si con posterio ridad a la fecha de vigencia se produjere una modificación de su carga fiscal, originada como consecuencia de la sanción, modifica ción, derogación o exención

de

impuestos,

tasas

o

gravámenes

nacionales,

provinciales o municipales que recaigan (i) sobre la s tarifas, o

(ii)

sobre

licenciatario

la

actividad

(excepto

de

aquellas

prestación tasas

del que

ser vicio respondan

estrictamente al costo de prestación de servicios) la licen ciataria podrá requerir a la Autoridad Regulatoria, o ésta disponer de oficio, la correspondiente variación de la Tari fa". Además, en el capítulo V Creferido al régimen de los activos afectados al servicio C punto 5.9 ("Impuestos"), dis puso que todos los impuestos, tasas y contribuciones naciona les, provinciales y municipales que g raven los activos esen ciales, los otros bienes y todo otro activo o la actividad de la licenciataria, estarán a cargo de ésta, quien los deberá abonar puntualmente, sin perjuicio de lo regulado por la úl -8-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación

tima frase del primer parágrafo del art. 41 de la l ey, es decir, de la posibilidad que exista un reajuste tarifario. Y, por último, el punto 9.6.2 del mismo decreto y anexo (capítu lo IX "Reglamento del Servicio y Tarifas"), estableció que las variaciones de costos que se originen en cambios en las normas tributarias (excepto en el impuesto a las ganancias o el que lo sustituya) serán trasladadas a las tarifas de acuerdo con lo dispuesto por el art. 41 de la ley, incidencia que deberá ser demostrada por la licenciataria. Como se desprende de las normas indicadas, ha sido la intención de las autoridades nacionales permitir Cen principioC todo gravamen y contemplar, como contrapartida, su traslado a la tarifa que deben abonar los consumidores.

-VIII-

Cabe destacar, además, que la in terpretación realizada por la actora en torno al punto 6.1 del capítulo VI, del anexo I, decreto 2255/92 del Régimen de Ocupación del Dominio Público, para pretender la exención que reclama no condice con el régimen supra referido. En efecto, el punto 6.1 del citado decreto se re fiere a la ocupación y uso gratuitos de los bienes dominica les de la autoridad concedente, es decir, del Estado Nacio nal. No se refiere Cy tampoco podría haberlo hecho sin violar las atribuciones locales C a los espacios públicos de juris dicción provincial o municipal. Al respecto, advierto que, en el punto 4.3.2 del mismo decreto, referido a las obligaciones del otorgante de la licencia, se incluye la de " Facilitar, por intermedio de los órganos competente s, la prestación por la Licenciataria del Servicio

Licenciado,

apoyando

asimismo -9-

las

gestiones

que


fueren necesarias ante las autoridades provinciales y municipales para que faciliten en sus respectivos territorios dicha prestación y la efectividad del us o y ocupación del dominio público que por esta Licencia se concede a la Licenciataria" (énfasis, agregado). Esto explica, a su vez, que el indicado punto 6.1, in fine, luego de la declaración de gratuidad agregue "Ello no obstante, si por sentencia judicial firme se admitiera la validez de normas provinciales o municipales que impongan a la Licenciataria un cargo por dicha ocupación o uso, la Li cenciataria podrá trasladarlo, en su exacta incidencia, a las tarifas de los usuarios re sidentes en la jurisdicción que impuso dicho cargo, (...)" (énfasis agregado). Por otra parte, estimo que mal podría sustentarse una exención tributaria en las previsiones de un decreto Cen este caso las citadas reglas básicas C, pues sólo puede ser establecida por ley. Sobre este punto dable es tener presente que rige, en materia tributaria, el principio de reserva de ley, que impide que se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley, como también reconocer benefi cios que no resulten de ella o de la indudable intención del legislador

o

de

su

necesaria

implicancia

(arg.

Fallos:

314:1842; 316:1115; 321:2683, entre otros). En este orden de ideas, la Corte tiene dicho que, para admitir la procedencia de exenciones de gravámenes locales di spuestas por el Gobierno Nacional, es indispensable, dado su carácter excepcional, que resulten

de

modo

inequívoco

de

la

expresión

de

voluntad

legislativa (Fallos: 316:1115).

-IX-

No corre mejor suerte el razonamiento de la licen -10-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Procuración General de la Nación

ciataria fundado en la incidencia, respecto de las potestades tributarias municipales, del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento Cdenominado "Pacto Fiscal II" C, celebrado entre la Nación y las provincias el 12 de agosto de 1993 y ratificado por el art. 33 de la ley 24.307 y el decre to 14/94 y Cen lo que aquí interesa C por ley 11.463 de la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal ha dicho, respecto de esta norma, en los precedentes registrados en Fallos: 322:1781 y 2624 que, al igual que las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal y se incorpo ra, una vez ratificado por la legislatura, al derecho público interno de cada Estado provincial, ubicándose con un rango normativo

específico

d entro

del

derecho

federal

(Fallos:

314:862). Expresó asimismo que ese tratado presenta diferen tes matices, tanto en punto a la materia sobre la que actúa como a su vigencia, inmediata o subordinada a determinados efectos. Así, el art. 1º, punto 2 del menc ionado pacto, textualmente estableció:

"Derogar de inmediato los Impuestos

Provinciales específicos que graven la Transferencia de Com bustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen so bre la autogenerada, y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo

se

derogarán de inmediato los que graven directa o indirecta mente, a través de controles, la circulación interjurisdic cional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo" (énfasis agregado). Pero, por el contrario, respecto de los gravámenes municipales, dispuso que "se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los

impuestos

provinciales

detal lados

-11-

en

los

párrafos


anteriores, sea a través de la remisión del respectivo pro yecto de

ley

a

la

Legislatura

Provincial

o

a

través

de

la

recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos

que

no

constituyan

la

retribución

de

un

servicio

efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan

el

costo

que

derive

de

su

prestación"

(énfa sis

agregado). De esta forma, queda claro que el compromiso asumi do por las partes en dicho tratado, respecto de tributos como el involucrado en el sub examine, no implicó una derogación o supresión inmediata, sino una obligación de medios tendiente a instar a sus respect ivas jurisdicciones municipales a dero gar las tasas que no se vinculen con una efectiva contrapres tación por su parte.

-X-

También agravia a la actora la interpretación dada por el a quo al art. 22 de la ley 24.076, en cuanto remite a los arts. 66 y 67 de la ley 17.319, los cuales, a su vez, reenvían a lo dispuesto en los arts. 42, 48 y concs. del Có digo de Minería. Es mi parecer que, en este punto, el recurso ex traordinario es formalmente inadmisible, toda vez que se re laciona con la interpretación de normas de derecho común CCódigo de Minería, incluido en el art. 75, inc. 12, de la Cons titución Nacional C sin que se aprecie arbitrariedad en el decisorio de la cámara. Tiene dicho el Tribunal al respecto que la circuns tancia de que las leyes federal es remitan al régimen de dere cho -12-


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Procuración General de la Nación

común, no priva a los preceptos que lo integran del ca rácter de ley común (confr. doctrina de Fallos: 256:256 y sus citas; 302:159). Asimismo y, a mi juicio, no existe arbitrariedad en la sentencia recurrida, en tanto concluye que a la situación de la actora no le es aplicable el régimen del art. 44 y concs. del citado Código de Minería. En efecto, es menester destacar que el art. 22 de la ley 24.076 establece que los transportistas y distribuido res gozarán de los derechos de servidumbre previstos en los arts. 66 y 67 de la ley 17.319. Así, los artículos remitidos determinan que los concesionarios tendrán los derechos acor dados por ese código "en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular...". En tales condiciones, es ostensible, desde mi punto de vista, que el reenvió del art. 22 de la ley 24.076 al código minero debe considerarse realizado a las disposiciones de su art. 48 y concs. Centre ellos el art. 404C, regulatorias de la constitución de servi dumbres, y no a los arts. 42, 44 y concs. Ccomo lo pretende la actora C que se refieren a la adquisición del dominio de bienes de particulares (art. 42) y a la cesión de tierras fiscales del Estado o municipios (art. 44).

-XI-

Estimo que la solución a la que se arriba no se halla en colisión con lo dispuesto por V.E. en el precedente de Fallos: 320:1915 in re "Distribuidora d e Gas Pampeana S.A. y otro c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Cresol 1680/93C", pues allí no se puso en crisis el reconoci miento de la facultad de las municipalidades de imponer tasas -13-


por ocupación y uso de tierras de dominio público n i la exención de su pago con fundamento en las normas del marco regu latorio. Sólo se accionó judicialmente a fin de conseguir el traslado, del costo de la tasa aplicada a la actora, a las tarifas de la jurisdicción V.E., en esa oportunidad, se limi tó a rechazar la solicitud de autorización de traslado a la tarifa, toda vez que se trataba de gravámenes con vigencia anterior a la fecha de toma de posesión, que debieron haber sido tenidos en cuenta y, por ende, reflejados en el cuadro tarifario inicial, vin culado con la oferta que realizó Cen definitivaC la adjudicataria del servicio público. La Corte sostuvo que el procedimiento especial para dicho ajuste, es decir, el traslado de la tasa a la tarifa, operaba para el futuro "esto es, con posterioridad a la toma de posesión". En el caso de autos, el agravio de la actora, ex presado en su demanda, se centra en el desconocimiento de toda potestad impositiva local respecto de la ocupación y uso del subsuelo de espacios públicos y la supuesta exención otorgada por el Estado Nacional. Por otra parte, entiendo que la traslación del gra vamen a la tarifa, planteo en subsidio que ha llevado a cabo la accionante, ha de ser requerido Ccomo V.E. dijo en el pre cedente recién citado C de estimar que le corresponde, ante el ente nacional regulador del gas, conforme se determina en el punto

9.6.2

de

las

reglas

básicas

aprobadas

por

decreto

2255/92.

-XII-

El último agravio sobre el fondo, fundado en la supuesta falta de "modicidad" de la tasa cuestio nada, no puede ser atendido, toda vez que se introdujo recién en la ins tancia -14-


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acciรณn meramente declarativa.

Procuraciรณn General de la Naciรณn

extraordinaria

(arg.

Fallos:

308:1775;

310:1593),

mรก xime

tratรกndose de aspectos que deben ser objeto de la debida prueba.

-XIII-

Con relaciรณn al agravio sobre la forma en qu e el a quo impuso las costas, estimo que el recurso interpuesto es formalmente inadmisible. Tiene reiteradamente dicho el Tribunal que, por tratarse la imposiciรณn de costas de una cuestiรณn fรกctica y procesal, propia de los jueces de la causa, es insuscepti ble de tratamiento

por

la

vรญa

del

recurso

extraordinario,

con

excepciรณn de que exista un supuesto de arbitrariedad, extremo que, a mi entender, no se verifica en el sub judice (Fallos: 308:1917; 313:248, entre muchos otros), toda vez que no ad vierto que el juzgador se haya apartado de lo dispuesto por las normas procesales que rigen la materia en funciรณn del resultado de la causa.

-XIV-

Por lo expuesto, estimo que cabe confirmar la sen tencia de fs. 133/140 en cuanto ha sido materia de apelaciรณn extraordinaria. Buenos Aires, 24 de abril de 2001. ES COPIA

MARIA GRACIELA REIRIZ

-15-


Buenos Aires, 12 de agosto de 2003. Vistos los autos: "Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de

Campana

(Pcia.

de

Buenos

Aires)

s/

acción

meramente

decltv.". Considerando: 1º) Que el Tribunal comparte las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, con excepción del alcance que le asigna al punto 6.1. del Modelo de Licencia de Distribución (subanexo I, "Re glas Básicas") aprobado por el art. 5 º del decreto nacional 2255/92. 2º) Que el precepto mencionado establece: "Mientras esté a su cargo el Ser vicio Licenciado, la Licenciataria ten drá derecho a la ocupación y uso gratuitos de todas las ca lles, avenidas, plazas, puentes, caminos y demás lugares del dominio público, incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fueren necesarios para la colocación de

las instalaciones

destinadas a la prestación del Servicio Licenciado incluyendo las líneas de comunicación y las interconexiones con terce ros. Ello no obstante, si por sentencia judicial firme se admitiera la validez de normas provinciales o municipales que impongan a la Licenciataria un cargo por dicha ocupación o uso, la Licenciataria podrá trasladarlo, en su exacta inci dencia, a las tarifas de los Usuarios residentes en la juris dicción que impuso

dicho

cargo,

debiendo

intervenir

la

Auto ridad

Regulatoria de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto

9.6.2.

y

sin

derecho

a

reclamo

alguno

contra

el

Otorgante o Gas del Estado". 3º) Que del texto transcripto se desprende que el "derecho a la ocupación y uso gratuitos" que e n él se reconoce, alcanza a todos los bienes del dominio público, cualquie ra que sea el ámbito al que pertenezcan, esto es, comprende a los - 16 -


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

espacios

públicos

de

jurisdicción

nacional,

provincial

o

municipal. Ello es así, no sólo por el sentido amplio con el cual se alude al "dominio público", que no permite restrin girlo a los bienes dominicales de la autoridad concedente CEstado NacionalC, sino también por lo establecido en la se gunda parte del mencionado punto 6.1., en cuanto prevé la posibilidad de qu e se trasladen a las tarifas las gabelas que pudiesen imponer normas provinciales o municipales por dicha ocupación o uso, si por sentencia judicial firme se admitiese la validez de tales normas. Esta última previsión

Ccomo se

advierteC carecería de sentid o si el propósito de la regla mentación en examen hubiera sido la de declarar la gratuidad sólo de los espacios pertenecientes al Estado Nacional. 4º) Que el uso gratuito antes mencionado, en tanto constituye una exención de índole tributaria sólo prevista en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (el 2255/92), vulnera el principio de legalidad que gobierna esta materia (conf. punto VIII del dictamen y Fallos: 314:1842; 316:1115, y 2329 y sus citas; 319:3400 y 321:2683, entre otros ). Ello es así, pues la ley 24.076 no contiene precepto alguno que prevea una exención de tal naturaleza; a lo que debe añadirse que si bien esta Corte, ha reconocido la facultad del Congreso Na cional de consagrar Cdentro del ámbito de su competencia cons titucionalC excepciones fiscales en el orden provincial o municipal, ha exigido, sin embargo, que aquéllas "deban ser dispuestas de modo inequívoco, porque las excepciones revis ten carácter excepcional, requieren de una manifestación cierta de voluntad legislativa y no pueden ser resueltas so bre la base de meras inferencias" (doctrina de Fallos: 248:736 y 324:933). Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal sobre las restantes cuestiones, dictamen que se da por reproduc ido por razones de brevedad, se - 17 -


confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, remítase. CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BE LLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia) - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUE DA. ES COPIA

DISI-//-

- 18 -


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acci贸n meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n

- 19 -


-//-DENCIA

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DOCTOR

DON

EDUARDO

MOLINE

O=CONNOR Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando: 1º) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelacio nes de Rosario confirmó la sentencia de primera instancia, que Cen lo

que

al

caso

interesa C

rechazó

la

acción

meramente

declarativa planteada por Gas Natural Ban S.A. para que se determinase si ésta se enco ntraba obligada a pagar el "dere cho de ocupación de espacios públicos" Ccorrespondiente al año 1993C, previsto en los arts. 28, inc. g, 155 y 156 de las ordenanzas impositiva y fiscal locales, a cuyo cumplimiento había sido intimada por el departamento ej ecutivo de la Municipalidad de Campana. 2º) Que para resolver del modo indicado, el a quo consideró que las normas invocadas por la actora y con arre glo a las cuales fundó su reclamo (arts. 22 de la ley 24.076, sus remisiones y punto 6.1 de las "Reglas Básicas" de los "Modelos de Licencia" de transporte y distribución, aprobados por el art. 5º del decreto nacional 2255/92), se refieren "al derecho real

de

servidumbre"

relativo

a

"la

instalación

de

las

estructuras destinadas a la pr estación del servicio" de gas. De ahí que CañadióC dicho privilegio carece de vínculo con la Ordenanza Municipal objeto de agravio, pues ésta fue dictada en ejercicio del poder tributario local (art. 123 de la Constitución Nacional) "y en relación a la dis tribución del gas por las redes instaladas en espacios de dominio pú blico, con

la

cual

[la

actora]

lucra".

Asimismo,

consideró

que

tampoco corresponde la alegada exención si se pondera que ésta tiene su origen en un decreto del Poder Ejecutivo y que éste no tiene facultades para establecer privilegios sobre tributos municipales, máxime después de la reforma constitu cional de 1994. - 20 -


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

3º) Que contra lo así decidido, la actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 259/301 que, contestado por el municipio, fue concedido a fs. 309 y es formalmente admisible por cuanto se ha puesto en tela de juicio la exégesis de nor mas federales (la mencionada ley 24.076 y las disposiciones dictadas en su consecuencia) y lo resuelto por el a quo es contrario al derecho que en ellas fundó la apelante (art. 14, inc. 3º de la ley 48). 4º) Que de conformidad con el esquema de distribu ción de competencias previsto por la Constitución Nacional respecto de los gobiernos provinciales (y, por ende, munici pales) y el federal, una inva riable jurisprudencia de esta Corte tiene dicho

que

es

competencias

la sean

Cy

no

la

ejercidas

de

modo

regla

excepción C

que

concurrente

dichas

(Fa llos:

186:170: 293:287; 304:1186 y muchos otros), salvo que los primeros hubieran delegado, de modo expreso e

inequívoco,

determinadas potestades en favor de la Nación o que el ejer cicio de las facultades correspondientes a esta última resul taran de imposible realización o se vieran sensiblemente di ficultadas (Fallos: 3:131; 302:1181; 320:619 y muchos otros), en cuyo caso, y como consecuencia del principio de prelación normativa fijado por el art. 31 de la Carta Magna, debe es tarse en favor del pleno ejercicio de las facultades proce dentes de la autoridad nacional (Fallos: 137:212; 302:1588; 305:1847 y muchos otros). 5º) Que sentado lo anterior, cabe expresar que el servicio público de gas se halla sujeto a la jurisdicción nacional, pues constituye el ejercicio del comercio interpro vincial y tiende a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país (Preámbulo y arts. 75, incs. 13 y 18 y 32 de la Constitución Nacional). Tal fue la regla estable cida por la ley 17.319 de hidrocarburos líquidos y gaseosos y dicho - 21 -


temperamento se ha reiterado con la sanción de la ley 24.076, por la que se fijó "el marco regulatorio de la acti vidad" gasífera en el contexto de la privatización del ante rior prestador del servicio, Gas del Estado Sociedad del Es tado [confr. arts. 1º de dicha ley y 1 º (3) de su reglamenta ción mediante decreto 1738/92, Anexo I]. 6º) Que en cuanto interesa a la resolución del sub examine, la ley mencionada en último término encomendó al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de las "modalidades" que debía reunir el servicio a cargo de las nuevas prestadoras (confr. art. 4) y, en tal contexto, se incluyeron "reglas" relativas, entre otros, al "régimen de ocupación del dominio público" y al "régimen impositivo" (confr. los citados "mode los"). Mediante ella s, además de fijarse la obligación de las prestadoras de pagar las tasas municipales vigentes al tiempo de la privatización y de preverse la posibilidad de trasladar a las tarifas las alteraciones impositivas que se produjesen a partir de la toma de posesi ón por parte de aquéllas (confr. arts. 38 a 41 de la ley 24.076; arts. 5.9; 9.6.2 y capítulo XIII de los "modelos"), se autorizó "la ocupación y uso gra tuitos de todas las calles, avenidas, plazas, puentes, cami nos y demás lugares del dominio público, in cluso su subsuelo y espacio aéreo, que fueren necesarios para la colocación de las instalaciones

destinadas

a

la

prestación

del

servicio

licenciado incluyendo las líneas de comunicación y las inter conexiones con terceros" (punto 6.1 del Modelo de Licencia de Distribución, subanexo I, "Reglas Básicas", aprobadas por el art. 5º del decreto nacional 2255/92). 7º) Que, de igual modo, en el art. 22 de la ley se establece que los prestadores del servicio "gozarán de los derechos de servidumbre previstos en los a rtículos 66 y 67 de la ley 17.319", y en el art. 91 se prevé que el Poder Ejecu - 22 -


G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

tivo Nacional "...deberá determinar, y podrá dejar sin efec to, los privilegios (...) aun cuando derivaran de normas le gales, cuyo mantenimiento obste al proceso de privatizac ión y al plan de reestructuración que se aprueba por esta ley". Por último, los arts. 95 y 96 disponen, respectivamente, que la ley bajo examen es "de orden público" y que prevalece en caso de conflicto normativo con otras leyes. 8º) Que en tal contexto se observa que tanto el tendido de las redes, como la interconexión con terceros y la distribución del servicio público de gas gozan de un conjunto de facilidades y de privilegios (exenciones tributarias, res tricciones administrativas y prelaciones normativ as), cuyo fundamento se encuentra en la realización de las tareas y funciones que fuesen necesarias para proveer el aludido ser vicio, las cuales, por lo demás, y dada su índole eminente mente técnica, no han previsto la intervención de los entes municipales, de modo de justificar por parte de éstos el co bro de

determinados

servicios

a

los

que

tendrían

derecho

de

conformidad con las facultades concurrentes de que aquéllos, en principio, gozan, de conformidad y con el alcance que se ha mencionado en el cons iderando 4º. 9º) Que tal régimen no constituye una novedad den tro del ámbito de prestación del servicio público de gas. Por el contrario,

aquél

emerge

como

coherente

continuación

del

criterio oportunamente establecido al crearse l a empresa estatal que, hasta el traspaso a las actuales licenciatarias, se ocupó de la prestación del servicio bajo estudio. En efec to, tanto el art. 7º de la ley 14.773 de 1948 (de nacionali zación de

los

yacimientos

de

hidrocarburos

sólidos,

líquidos

y

gaseosos), cuanto el 1 º de la ley 17.320 de 1967 (Ley de Hidrocarburos), preveían que los bienes y/o las actividades de

- 23 -


la empresa quedan exentos de toda clase de gravámenes e impuestos de carácter municipal, presentes o futuros, pero no de las tasas de a lumbramiento, barrido y limpieza u otras que sean retributivas de servicios municipales realmente presta dos por el municipio a dependencias de la empresa. 10) Que esta Corte, al interpretar los arts. 6.1. y 9.6.2. de los contratos de licencia Cy 11.1.1. del contrato de transferenciaC,

sostuvo

que

"las

licenciatarias

están

obligadas a abonar los tributos con vigencia anterior a la fecha de toma de posesión sin poder transferirlos a las tari fas". Agregó que "se trata de un costo que se entiende que debió ser oportunamente evaluado y, por ende, incluido en el cuadro tarifario"; razón por la cual únicamente "se prevé la variación de la tarifa, si con posterioridad a la fecha antes indicada se produjere una modificación en las cargas im positivas de las licenciatarias, ya sea por el incremento de las alícuotas existentes o por la aparición de nuevos gravámenes" (Fallos: 320:1915). Por su parte, en la sentencia dictada en la causa M.84.XXXII. "Municipalidad de Ensenada c/ Empresa Distribuidora de Gas Pampeana S.A. (Hoy Camuzzi Gas Pampeana S.A.)" (voto de los jueces Moliné O'Connor, López y Vázquez), tras reafirmarse dicho criterio, se desestimó la pretensión fiscal de un municipio porque no se había demostrado que al momento de la toma de posesión del servicio, los derechos de utilización del espacio público por las empresas suministra doras de gas natural se hallaran gravados por las disposicio nes locales pertinentes. 11) Que, en tales condiciones, se advierte que el régimen aplicable es tableció la gratuidad de la ocupación y uso del espacio público local en favor de las prestadoras, salvo que se tratara de gabelas con vigencia anterior a la fecha de toma de posesión. Se consagró así una exención tri -

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G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acción meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

butaria respecto de las tasas o cargos que entrasen a regir después de tal fecha; y como un mecanismo complementario ten diente a garantizar dicha gratuidad, se previó la posibilidad de trasladar a las tarifas Cen su exacta incidencia y con intervención de la autoridad administrativa de aplica ciónC el costo de aquellas gabelas impuestas por normas provinciales o municipales, que, no obstante la exención, se declarasen vá lidas por sentencia judicial firme. 12) Que en tales condiciones, las normas tributa rias locales

que

desconozcan

dicha

exenc ión

contradicen

abiertamente el ejercicio de potestades delegadas por las provincias a la Nación (art. 75, incs. 13, 18 y 32 de la Constitución Nacional), menoscaban el ámbito de protección que la ley federal otorga a dicho servicio público (art. 1 º de la ley

24.076)

y

lesionan,

en

definitiva,

el

principio

de

supremacía legal previsto en el art. 31 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 137:212, entre otros). 13) Que por otra parte, no se trata, como incorrec tamente expresa el a quo (confr. fs. 215 vta.), de una tasa que tiene por objeto gravar "la distribución del gas por las redes instaladas en espacios de dominio público, con la cual [la actora] lucra"; no solamente porque dicha aserción con traría las referencias norma tivas invocadas por la demandada, sino porque, además, el municipio carece, según se ha adelan tado, de toda potestad para imponer un tributo de esas carac terísticas. En efecto, en lo que concierne a este último aspec to, no se halla habilitado a cobrar u na tasa en concepto de "distribución" del gas por redes, pues, además de no realizar dicha distribución, ésta cae bajo la exclusiva incumbencia de las licenciatarias en tanto forma parte de sus tareas especí ficas (conf. arts. 1 y 22 de la ley 24.076; 1, i ncs. 1 y 3 del - 25 -


decreto 1738/92; especial capítulos II y IV de los "mode los" y demás concordantes). 14) Que en razón de lo expuesto, y dado que en el sub examine se pretende esclarecer la situación de la actora ante el reclamo municipal, cabe estar a los criterios sentados precedentemente (confr. considerandos 10, 11 y 12). De ahí que, dada la ausencia (pues ella no ha sido alegada ni probada en la causa) de sentencia firme que autorice el cobro de la gabela en discusión, debe discernirse si se está

ante el

reclamo de un tributo vigente con anterioridad a la toma de posesión (en cuyo caso no existe exención tributaria algu na), o si, por el contrario, aquél comenzó a regir después de ese momento, supuesto en el cual la licenciataria se hallaría amparada por la exención prevista en el citado art. 6.1. 15) Que, por último, no escapa a esta Corte que el criterio establecido a los efectos de determinar la proceden cia o improcedencia de la exención bajo examen puede dar lu gar a complejas instancias probatorias. Empero, ellas son la necesaria conclusión que se sigue del régimen federal previs to en la Ley Fundamental, de conformidad con el cual no exis te impedimento

alguno

para

que,

mientras

ciertas

entidades

estatales opten por llevar adelante una determinada política (obsérvese, v gr., que la Provincia de Mendoza mediante ley 5916 decretó la gratuidad de gabelas análogas a las de este caso), otras, por el contrario, sigan una decisión contraria. Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal se declara formalmente procedente el recurso extraor dinario, se deja sin efecto la sentencia y se ordena el dic tado de una nueva de conformidad con los términos de la pre sente. Costas por su orden en todas las instancias en razón de la complejidad y novedad de la cuestión debatida (art. 68, 2 0 parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Na ción).

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G. 501. XXXV. Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires) s/ acci贸n meramente declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n

Notif铆quese y rem铆tase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - GUILLERMO A. F. LOPEZ. ES COPIA

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M. 903. XXXIX. ORIGINARIO Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 27 de mayo de 2004. Autos y Vistos; Considerando: 1°) Que Matadero y Frigorífico Merlo S.A., empresa que se dedica a la preparación y elaboración de carnes, inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 32 y 35 de la ley local 13.003. Cuestiona la legislación en cuanto dispone la suspensión de la exención de pagar el impuesto a los ingresos brutos previsto en el código fiscal del Estado provincial de la cual gozaba la industria frigorífica en virtud de las leyes locales 11.490 (sus arts. 38 y 39) y 11.518 (art. 1°), lo que a su

entender

viola

el

"Pacto

Federal

para

el

Empleo,

la

Producción y el Crecimiento", celebrado el 12 de agosto de 1993 entre la Nación y varias provincias (entre las que se encuentra la demandada), incorporado en el plexo normativo nacional por el decreto del P.E.N. 1807/93 anexo I, y ratificado por la ley provincial 11.463. Dicho apartamiento de lo establecido en ese pacto viola, según expone, los arts. 31, y los incs. 2° y 3° del 75 de la Constitución Nacional. 2°) Que para que surja la competencia originaria del Tribunal en razón de la materia resulta necesario, al no tratarse de una causa civil, que el contenido del tema que se somete a la decisión del Tribunal sea predominantemente de carácter federal, de modo que no se planteen también cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas, pues tal extremo importaría un obstáculo insalvable a la competencia en examen (Fallos: 314: 620). No obsta a lo expuesto el hecho de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional, toda vez que dicha circunstancia o -1-


alegación no justifica el fuero federal cuando la solución del caso depende, esencialmente, de la aplicación e interpretación de normas que forman parte del derecho provincial. En todo caso, el tratamiento oportuno por la Corte de los aspectos federales que el litigio pueda abarcar, y su consiguiente tutela, deberá procurarse por vía del recurso extraordinario (Fallos: 306:1310; 311:1588, entre otros). 3°) Que la presunta colisión de la ley provincial 13.003 con las previsiones contenidas en el pacto recordado es el fundamento de esta acción. De ella se desprenderían, a juicio de la actora, dos afectaciones constitucionales: la del art.

31

Cen

tanto

dicha

ley

modificaría

disposiciones

normativas de superior jerarquíaC, y la de los incs. 2° y 3° del art. 75, en tanto con su sanción y promulgación se violentarían unilateralmente los acuerdos que, según sostiene la actora, están previstos en esta última disposición constitucional. De ahí que, según la postura esgrimida, el Tribunal sólo debe examinar la adecuación o inadecuación de las disposiciones provinciales cuestionadas frente al Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento, al que considera incluido en la Constitución Nacional. De tal manera, le atribuye al sub lite un exclusivo contenido federal, y justifica así la competencia originaria de la Corte en razón de la materia. 4°) Que tal como lo ha puesto de resalto este Tribunal en Fallos: 318:2551 y causa C.1781.XXXI. "Cámara Argentina de Supermercados y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", del 8 de agosto de 1996, donde se trató específicamente el mencionado pacto, las leyes-convenio entre la Nación y las provincias hacen parte del derecho local. Esa condición asumen en el campo del derecho público, de modo que

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M. 903. XXXIX. ORIGINARIO Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación su

violación

colisiona,

en

primer

término,

con

el plexo

normativo provincial, y tal circunstancia excluye la cuestión de la materia exclusivamente federal. 5°) Que como la propia interesada lo afirma en el capítulo "Competencia", en el caso se pretende que la Corte declare la (in)aplicabilidad, (in)validez e inconstitucionalidad a su respecto, de la disposición contenida en los arts. 32 y 35 de la ley de la Provincia de Buenos Aires 13.003. El restablecimiento de este orden legal local no puede resultar de ninguna manera thema decidendi de este Tribunal por la vía intentada, a riesgo de alterar el orden jurisdiccional correspondiente. Es el propio Estado provincial, mediante la intervención de sus jueces el que debe evaluar si han sido violadas las leyes transcriptas en el párrafo anterior. Ello es así en atención a que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender este tipo de procesos sean susceptibles

de

adecuada

tutela

por

vía

del

recurso ex-

traordinario (Fallos: 308:2057, 2467 y 2564; 310:295, 1074, 2308 y 2841; 311:1791; 312:282, 943 y 1297; 314:94 y su citas). 6°) Que, en consecuencia, al encontrarse la materia del pleito directa e inmediatamente relacionada, de manera sustancial, con la aplicación e interpretación de normas de derecho provincial, la causa sub examine queda excluida de la competencia originaria del Tribunal. En efecto, como lo puso de resalto esta Corte en la doctrina desarrollada en Fallos: 176:315; 289:144; 292:625, y sus citas, "...para los pleitos en que se cuestionan leyes y decretos provinciales que se -3-


califican de ilegítimos...caben tres procedimientos y jurisdicciones según la calidad del vicio imputado: a) si son violatorios de la Constitución Nacional, tratados con las naciones extranjeras o leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional; b) si se arguye que una ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la justicia provincial; y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc., son violatorios de las instituciones provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial, y en su caso, llegar a la Corte por el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48. En esas condiciones se guardan los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía; pues carece de objeto llevar a la justicia nacional una ley o un decreto que, en sus efectos,

pudieron

ser

rectificados

por

la

magistratura

local..." (Fallos: 289:144; 292:625; 311: 1588, entre otros). En estos autos, la ley local ha sido atacada tanto por ser contraria a otras leyes provinciales como a la Constitución Nacional, de tal manera que el caso encuadra en el último de los supuestos contemplados en los precedentes citados. 7°) Que no empece a lo expuesto el argumento esgrimido por la actora, según el cual la reforma constitucional del año 1994 otorgó al convenio en cuestión status normativo, incorporando este tópico al plexo constitucional en los incs. 2° y 3° del art. 75 (ver fs. 10 vta., 15 vta. y 17 vta.), ya que el pacto no aparece expresamente incluido en dicha previsión constitucional, y no necesariamente debe ser uno de los acuerdos bases de la ley de coparticipación federal de impuestos. 8°) Que la Constitución determine que la ley convenio -4-


M. 903. XXXIX. ORIGINARIO Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación de coparticipación federal instituirá regímenes de coparticipación de las contribuciones sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, no implica que al pacto Cya tantas veces citadoC se le haya asignado el rango constitucional que se pretende. Esta Corte sólo le ha reconocido esa jerarquía a la ley de coparticipación federal misma (Fallos: 324:4226), y no cabe extender esa interpretación a supuestos no contemplados expresamente por la Carta Magna. Si bien el instrumento en examen, y los demás que se hayan suscripto entre la Nación y las provincias, podrán ser objeto de consideración y valoración al momento de discutirse y sancionarse la ley prevista en el art. 75, inc. 2°, de la Constitución

Nacional,

ello

no

determina

que

la

reforma

constitucional los haya incorporado, y así extraído del ámbito normativo de derecho público local e intrafederal, en el que se enmarca el sistema de las leyes convenio. 9°) Que, en mérito al dictamen del señor Procurador General obrante en el expediente A.746 XXXIX "Amancay S.A. I.C.A.F.I. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", es preciso señalar que en la causa Y.91.XXXVIII. "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Río Negro, Provincia

de

s/

acción

declarativa

inconstitucionalidad",

pronunciamiento del 20 de marzo de 2003, esta Corte admitió la competencia originaria que se invocaba y la radicación del proceso por la vía prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional

porque

la

cuestión

propuesta

era

exclusivamente

federal en tanto estaba regida por leyes de ese orden. 10) Que establecido lo expuesto, y dado que la actora funda también la competencia en la distinta vecindad que tienen con la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 21), debe precisarse que el objeto de la jurisdicción originaria de la Corte en esos supuestos, no es otro que darles a los particu-5-


lares

garantías

para

sus

reclamaciones,

proporcionándoles

jueces que se encuentren al abrigo de toda influencia y parcialidad. Mas ello encuentra su límite en el respeto al principio constitucional que consagra la autonomía de los estados provinciales, de manera de no perturbar su administración interna (Fallos: 14:425). 11) Que por tal circunstancia se le reconoce el carácter de exclusiva e insusceptible de extenderse, tal como lo ha establecido una constante jurisprudencia del Tribunal (Fallos:

271:145;

280:176;

285:209;

302:63;

entre

muchos

otros), y sólo procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio asume el carácter de "causa civil"; el que ha sido atribuido a los supuestos en los que la decisión a adoptar torna sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional. Por el contrario, quedan excluidos de tal jurisdicción los casos que requieren para su solución la aplicación de normas de derecho público local, o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, o legislativos de carácter local (Fallos: 301: 661; 310:1074; 322:2444, entre muchos otros). 12) Que tal situación es la que se configura en el

sub examine en la medida en que al ponerse en tela de juicio la facultad de cobro del impuesto a los ingresos brutos por parte de la Provincia de Buenos Aires, la cuestión no puede ser considerada una causa civil, por ser el impuesto una carga establecida con relación a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción un acto administrativo (Fallos: 184:30; 304:408; 314:862; 318:1837; Competencia N° 279. -6-


M. 903. XXXIX. ORIGINARIO Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación XXXII. "Provincia de Buenos Aires c/ Galapesca S.A. s/ ejecución fiscal", sentencia del 18 de julio de 1996; E.163. XXXIX. "Empresa de Combustibles Zona Común S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 22 de junio de 1999, Fallos: 323:15; 323:3279). Por ello, y oído el señor Procurador General, se resuelve: Declarar que la presente causa es ajena a la competencia originaria de esta Corte. Notifíquese y archívese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI. ES COPIA

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S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

S u p r e m a

C o r t e

:

- I A fs. 21/28, la Provincia de Salta interpuso acción de amparo contra el Estado Nacional, a fin de hacer cesar la arbitraria e ilegítima omisión en que éste ha incurrido -a su entender- respecto de la remisión de los fondos que mandan proveer los arts. 14 y 15 de la ley 24.049, desde marzo hasta agosto de 2002. Explicó que el demandado giró solo el setenta por ciento (70%) de las partidas que estaba obligado a pagar durante esos períodos y que dicho incumplimiento se convirtió en absoluto a partir de agosto de 2002. Puesto que los fondos se destinan al mantenimiento de los comedores escolares e infantiles, aclaró que la acción pretende proteger, en forma directa, los derechos del Estado Provincial a contar con los recursos que legítimamente le corresponden y, además, indirectamente, defender el derecho a la vida y a la salud de los niños salteños. Por último, solicitó que, en forma cautelar, se ordene a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación el envío de los fondos en cuestión, a partir de agosto de 2002 y hasta tanto recaiga sentencia en este proceso. - II A fs. 31/33, V.E., con remisión al dictamen de este Ministerio Público de fs. 29/30, declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y, en el mismo acto, hizo lugar a la medida cautelar peticionada. - III A fs. 46/47, el Estado Nacional produjo el informe previsto en el art. 81 de la ley 16.986. Manifestó que, desde la suscripción del "Acuerdo -1-


Nación-Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos" (del 27 de febrero de 2002), han quedado sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad, sobre niveles a transferir por el Gobierno Nacional, correspondientes a los regímenes de distribución de recursos coparticipables comprendidos en sus arts. 11, 21 y 31. Las cifras de recaudación de abril, mayo y agosto de 2002,

agregó,

no

resultaron

suficientes

para

aplicar

el

procedimiento establecido en el art. 14 de la ley 24.049, pues, en ese lapso, los impuestos fueron cancelados -en una proporción significativa- mediante títulos públicos nacionales, lo cual ocasionó un defasaje entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del régimen de coparticipación federal. Sin embargo, especificó que -ante esta situación- el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1686/02, mediante el cual transfirió al conjunto de provincias doscientos sesenta millones de pesos ($260.000.000) en concepto de "adelantos transitorios de fondos coparticipables", hasta tanto se instrumentaran los mecanismos de distribución de lo recaudado en títulos públicos. Esta cifra, finalizó, equivale a la distribución teórica de los regímenes coparticipables financiados con la recaudación de impuestos nacionales cancelados a través de títulos públicos durante agosto de 2002, incluida la correspondiente a la ley 24.049 aquí discutida. Por todo ello, negó que exista una arbitraria e ilegítima omisión imputable al Gobierno Nacional respecto de su obligación de remitir los fondos que manda proveer la ley 24.049, así como la afectación de derechos y garantías de la actora y/o sus habitantes a través de su conducta. -2-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

- IV Ante todo, cabe señalar que V.E. sigue teniendo competencia para entender en el presente, a tenor de lo dictaminado a fs. 29/30. Respecto del fondo de la cuestión debatida, cabe recordar que, por medio de la ley 24.049, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos. A fin de asegurar el financiamiento de lo cedido -así como la cobertura del costo de los servicios de hospitales e institutos nacionales, y de los programas "Políticas Sociales Comunitarias" (PRO.SO.CU) y "Programa Social Nutricional" (PRO.SO.NU)- el art. 14 de la ley dispuso -a partir del 11 de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la ley de coparticipación (23.548)- que la Secretaría de Hacienda de la Nación retendría, de la participación correspondiente a las provincias en el régimen de la citada ley y en forma previa a la distribución secundaria, un importe equivalente al monto total especificado en la planilla anexa identificada como "1 A". Efectivizada la transferencia de los servicios, cada provincia

recibiría

su

proporción

de

lo

detraído,

según

especifica la citada planilla anexa "1 A". El mismo precepto establece, a continuación, que esta retención sería operativa en la medida que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la ley de coparticipación

para

1992,

respecto

del

promedio

mensual

anualizado del período abril-diciembre de 1991, fuera superior -3-


-en su redacción original, luego modificada- a novecientos cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos ($958.200.000). Y su art. 15 estableció una doble garantía, que funciona en la siguiente forma: a.

cuando el monto mensual recaudado no alcanza a

cubrir el nivel promedio mensual del período abril-diciembre de 1991, el Estado Nacional cubre totalmente y en forma automática el costo mensual de los servicios transferidos; b.

cuando al cierre de cada mes lo recaudado es

superior al nivel promedio abril-diciembre de 1991, pero no alcanza a cubrir el costo de los servicios, el Estado Nacional financia automáticamente la diferencia. Según informa el demandado (cfr. 21 párrafo, fs. 47 y fs. 69), sin que la actora lo haya controvertido, las cifras de recaudación de abril, mayo y agosto de 2002 no resultaron suficientes para aplicar el procedimiento establecido en el art. 14 de la ley 24.049, pues, en ese lapso, los impuestos fueron cancelados -en una proporción significativa- mediante títulos públicos nacionales, lo cual ocasionó un defasaje entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del régimen de coparticipación federal. En consecuencia, frente a la insuficiencia de lo recaudado, el Estado Nacional debió efectivizar la garantía del art. 15 citado, y cubrir el faltante. Sin embargo, el accionado se resiste a ello pues considera

que,

desde

la

suscripción

del

"Acuerdo

Na-

ción-Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos" (del 27 de febrero de 2002), han quedado sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad, sobre niveles a transferir por el Gobierno Nacional, correspondientes a los regímenes de distribución de recursos coparticipables comprendidos en sus -4-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

arts. 11, 21 y 31 (fs. 47, 11 párrafo). No comparto esta postura y, para fundar mi afirmación, creo conveniente remitirme al origen de las garantías a las que hace referencia el citado acuerdo, las cuales son diversas -como se verá- a las contenidas en el art. 15 de la ley 24.049. - V El 6 de diciembre de 1999 se suscribió, entre el Estado Nacional y las Provincias, el denominado "Compromiso Federal", ratificado por ley 25.235. Su cláusula 31 dispuso que, durante el ejercicio fiscal 2000, las transferencias por todo concepto (coparticipación de impuestos y fondos específicos) a las Provincias, emergentes de la ley 23.548 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las de las leyes 23.966, 24.130, 24.699, 25.082 y toda otra norma que disponga asignación y/o distribución específica de impuestos, se fija en una suma única y global mensual equivalente a 1.350 millones de pesos, que la Nación garantizó con el doble carácter de límite inferior y superior, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse en el futuro. Para el año 2001, la Nación garantizó una transferencia mínima mensual de 1364 millones de pesos (cfr. cláusula 41). Entre el 17 y el 20 de noviembre de 2000, las mismas partes firmaron el "Compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal", ratificado por ley 25.400. Esta vez, en su cláusula 61 se fijó que, durante los ejercicios fiscales 2001

y

2002,

las

transferencias

por

todo

concepto

(coparticipación de impuestos y fondos específicos) a las Provincias, emergentes de la ley 23.548 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las de las leyes 23.966, 24.130, 24.699, 24.464, 25.082 y toda otra norma que -5-


disponga asignación y/o distribución específica de impuestos, sería una suma única y global mensual de 1.364 millones de pesos, que la Nación nuevamente garantizó con el doble carácter de límite inferior y superior, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse en el futuro. Asimismo, acordaron que los recursos a transferir a las Provincias durante los años 2003, 2004 y 2005 resultarían del promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno de ellos, sin perjuicio de lo cual el Estado Nacional garantizó una transferencia mínima mensual de 1.400 millones de pesos para el año 2003, de 1.440 millones de pesos para el 2004 y de 1.480 millones de pesos para el 2005. De lo expuesto se deduce que, en los años 2000 a 2002, el sistema de coparticipación sufrió una profunda modificación, al sustituirse la masa de fondos a distribuir (art. 21, ley 23.548) por una suma fija que la Nación garantizaba a las provincias, independientemente de lo recaudado. A partir del 2003 también se mantenía la independencia entre lo recaudado y lo transferido, pues la participación de las provincias se calcularía sobre el promedio de lo coparticipable en los tres años anteriores, pero con un piso mínimo de transferencia garantizado por el Estado Nacional. En este marco, el 27 de febrero de 2002 se suscribió el "Acuerdo Nación- Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos", ratificado por ley 25.570. Su cláusula 41 establecía: "Las partes acuerdan dejar sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el Gobierno Nacional correspondientes a los regímenes comprendidos en los artículos precedentes". Sin embargo, al momento de su ratificación por la -6-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

Cámara de Senadores, el contenido de este precepto fue aclarado a propuesta del miembro informante, senador Gioja, y del senador Moro, mediante la inclusión de un art. 21 al entonces proyecto de ley, el cual dispuso: "Déjanse sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre los niveles a transferir por el Gobierno Nacional correspondientes a los regímenes de distribución de recursos nacionales coparticipables comprendidos en los artículos 1, 2 y 3 del >Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos'" (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 04/04/02, subrayado agregado). Con la posterior aprobación de la Cámara de Diputados, este texto se transformó definitivamente en ley. La inclusión de los párrafos "establecidas con anterioridad" y "de distribución de recursos nacionales coparticipables" indican, desde mi punto de vista, que la derogación sólo alcanzó a las garantías -sobre niveles máximos y mínimos de transferencia- asumidas por la Nación en el "Compromiso Federal" del 6 de diciembre de 1999 y en el "Compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal" del 17 y el 20 de noviembre de 2000, a los que ya hice referencia. Ellas se refieren -como expliqué- a niveles de transferencia "de recursos nacionales coparticipables" a las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la concurrencia a la masa recaudada, conforme lo establece el art. 21 de la ley de coparticipación. Por el contrario, las garantías del art. 15 de la ley 24.049 poseen una naturaleza sustancialmente distinta: buscan asegurar el financiamiento de los servicios transferidos, que son solventados mediante una detracción previa a la distribución secundaria (art. 31, ley 23.548), la cual se -7-


reparte entre las jurisdicciones adheridas con independencia de los porcentajes de distribución fijados por el art. 41 de la ley de coparticipación vigente. Las garantías fijadas por la ley 24.049, desde mi óptica, resultan entonces extrañas a los mecanismos transitorios estipulados en el "Compromiso Federal" del 6 de diciembre de 1999 y en el "Compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal" del 17 y el 20 de noviembre de 2000, a los cuales se refirieron las partes al suscribir el "Acuerdo Nación- Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos" del 27 de febrero de 2002. Corrobora este aserto los debates originados con motivo de sanción de la ley 25.570, ratificatoria del "Acuerdo" del 27 de febrero de 2002, en especial, las manifestaciones de los senadores Gómez Diez e Ibarra, y de los diputados Conca y Ostropolsky. El primero de ellos expresó su rechazo al proyecto en los siguientes términos: "La característica principal de este nuevo acuerdo está dada por la cláusula 4° que establece que queda sin efecto la garantía de una suma fija que se distribuía entre las provincias" (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 04/04/02). A su turno, la senadora Ibarra agregó: ")Cuáles son las previsiones principales de este acuerdo? En principio, se deja sin efecto el piso de la distribución por coparticipación;Y" (Diario de Sesiones, 04/04/02). El diputado Conca, por su parte, manifestó: "Tampoco me parece oportuno eliminar la garantía sobre los niveles de transferencia a los gobiernos provinciales. Como consecuencia de la caída de la recaudación, ello sujeta a las provincias a la suerte y verdad de los ingresos." (Diario de Sesiones de la -8-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 10/04/02). Cierto es que las palabras o conceptos vertidos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de una ley son, en general, simples manifestaciones de opinión individual de las personas que las pronuncian (Fallos: 77:319), pero no puede decirse lo mismo de las explicaciones brindadas por los miembros

informantes

de

los

proyectos,

pues

tales

explicaciones o informes constituyen una fuente propia de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 141:254). Y

precisamente

el

miembro

informante,

diputado

Matzkin, disipó toda duda sobre los alcances del proyecto, cuando aseveró: "Por otro lado, cambia el criterio por el cual se distribuyen los recursos de la coparticipación federal de impuestos. A partir del año 2000 se había establecido una suma fija en las provincias; era como si estuvieran a sueldo y recibieran una cantidad de dinero por mes. Ese criterio duró muy poco tiempo porque a partir de ahora las provincias, al igual que la Nación, irán a suerte y verdad sobre lo que se recauda a través de un porcentaje preestablecido en la propia ley de coparticipación. Por lo tanto, en lugar de contar con una suma fija que a veces representaba un piso, un techo o ambas cosas, y a veces funcionaba con o sin garantía -casi sin excepción fueron base de conflicto permanente entre la Nación y las provincias-, se vuelve al sistema de suerte y verdad. Es decir que si entran cien pesos se distribuyen aproximadamente 57 a las provincias y 43 a la Nación. Esto es lo que se acordó entre el conjunto de gobernadores y el presidente de la Nación y ya tuvo sanción de la Cámara de Senadores" (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 10/04/02). En el mismo sentido se pronunció el miembro informante en la Cámara Alta, senador Gioja. -9-


Todo ello revela, en mi entender, que la posición del Estado Nacional, al sostener la derogación de las garantías establecidas en el art. 15 de la ley 24.049, no resulta del texto del "Acuerdo" del 27 de febrero de 2002, ni del indudable propósito perseguido por el legislador al ratificarlo (Fallos: 296:253 y 312:529), motivo por el cual su negativa a cumplir con aquel precepto resulta infundada. - VI Al mismo tiempo, la demandada negó que exista una arbitraria e ilegítima omisión imputable a su parte pues -ante la falta de recursos- el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1686/02, mediante el cual transfirió al conjunto de provincias doscientos

sesenta

millones

de

pesos

($260.000.000)

en

concepto de "adelantos transitorios de fondos coparticipables", hasta tanto se instrumentaran los mecanismos de distribución de lo recaudado en títulos públicos. Afirmó -sin merecer negativa de la actora, notificada a fs. 48 vta.- que ese monto equivale a la distribución teórica de los regímenes coparticipables financiados con la recaudación de impuestos nacionales cancelados a través de títulos públicos durante agosto de 2002, incluida la correspondiente a la ley 24.049 aquí discutida. Por otra parte, citó el decreto 2737/02, por medio del cual el Poder Ejecutivo estableció que los impuestos nacionales recaudados en títulos públicos serían reconocidos como pasivos del Estado Nacional a favor de las jurisdicciones (art. 21), desistió del cobro de los intereses previstos en el art. 20 de la ley N1 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto,

t.o.

1999)

por

los

"anticipos

financieros"

realizados a las provincias (art. 21, inc. b), y facultó al Ministerio de Economía a condonar y diferir las deudas generadas por estos "anticipos financieros" (art. 31), así como -10-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Procuración General de la Nación

suspender transitoriamente y refinanciar los servicios de la deuda de las jurisdicciones cancelados por la Nación durante el ejercicio 2002. El análisis de la defensa esgrimida -basada en el real empleo de estos medios por parte del Estado Nacional, como demostración de su voluntad de cumplimiento y falta de arbitrariedad en su conducta- implica valorar cuestiones de hecho y prueba, ajenas a la materia de este dictamen, el cual ha de ceñirse -en consecuencia- a la cuestión federal examinada en los puntos anteriores. - VII Por lo expuesto, y con la salvedad del punto VI, pienso que corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida. Buenos Aires, 26 de noviembre de 2003. NICOLAS EDUARDO BECERRA ES COPIA

-11-


-12-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005. Vistos los autos: ASalta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo@, de los que Resulta: I) Que a fs. 21/28 el gobernador de la Provincia de Salta inicia la presente acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de hacer cesar la arbitraria e ilegítima omisión en que habría incurrido respecto de su obligación de remitir los fondos previstos en la ley 24.049, desde marzo hasta agosto de 2002, los que resultan necesarios para que el Estado provincial mantenga los comedores escolares e infantiles que funcionan en su territorio. Explica que la alimentación que se provee a los menores en las escuelas públicas se enmarca en el "Programa Social Nutricional" y en el "Programa de Políticas Sociales Comunitarias" y se financia con la obligación asumida por el Gobierno Nacional en los arts. 14 y 15 de la ley 24.049. Agrega que dichas disposiciones dictadas a fin de transferir a las provincias los servicios educativos administrados hasta su sanción,

previeron

la

asignación

de

un

fondo

que

debía

retenerse de las sumas coparticipables en forma previa a la distribución secundaria, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transferían y los correspondientes al costo de los programas asistenciales a los que se ha hecho referencia. Señala que el demandado sólo giró el setenta por ciento de las partidas que estaba obligado a pagar entre marzo y julio de 2002 y que dicho incumplimiento se convirtió en absoluto a partir del mes de agosto del mismo año (fs. 22/23).

En tales condiciones, dice, se viola el principio de legalidad y la cláusula transitoria sexta de la Constitu-13-


ción Nacional y, específicamente, la garantía establecida a favor de las provincias en el art. 75, inc. 21, quinto párrafo, de ese cuerpo legal. Expone además que la presente demanda pretende proteger en forma directa los derechos del Estado provincial a contar con los recursos que legítimamente le corresponden, e, indirectamente, defender el derecho a la vida y a la salud de los niños salteños. Por otra parte, requiere que para el caso de que el Tribunal considere que la provincia se encuentra impedida de ocurrir por esta vía, se tenga por interpuesta, subsidiariamente, la acción meramente declarativa en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de que se declare si se encuentra vigente la obligación de financiamiento que tiene el Estado Nacional respecto de la Provincia de Salta en relación a los programas y servicios indicados en los arts. 14 y 15 de la ley 24.049, y si dicha obligación subsiste, aunque no se alcance a recaudar determinado monto en los impuestos coparticipables (fs. 26). Por último, solicita que se dicte una medida cautelar, hasta tanto el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a decisión judicial, por medio de la cual se ordene a la Subsecretaría de Relación con las Provincias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación que cumpla con la remisión de los fondos en cuestión a partir de agosto de 2002 y hasta tanto se dicte sentencia en este proceso. II) Que a fs. 46/47 el Estado Nacional acompaña el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986. Sostiene que desde que se firmó el "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" del 27 de febrero -14-


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de 2002, quedaron sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre niveles a transferir por el gobierno nacional correspondientes a los regímenes de distribución de recursos coparticipables comprendidos en sus arts. 1, 2 y 3.

Indica que las cifras de recaudación de los meses de mayo, abril y agosto de 2002 no resultaron suficientes para aplicar el procedimiento establecido en el art. 14 de la ley 24.049, pues en esos períodos los impuestos fueron cancelados Cen una proporción significativaC mediante títulos públicos nacionales, lo cual ocasionó un desfase entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del régimen de coparticipación federal. Relata que, ante esa situación, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1686/02 mediante el cual transfirió al conjunto de provincias doscientos sesenta millones de pesos ($ 260.000.000) en concepto de "adelantos transitorios de fondos coparticipables", hasta tanto se instrumentaran los mecanismos de distribución de lo recaudado en títulos públicos. Concluye que ese monto equivale a la distribución teórica de los regímenes coparticipables financiados con la recaudación de impuestos nacionales cancelados a través de títulos públicos durante el mes de agosto de 2002, incluida la correspondiente a la ley 24.049 cuestionada en esta litis. En razón de ello, niega que exista una arbitraria e ilegítima omisión imputable al gobierno nacional respecto de su obligación de remitir fondos que manda a proveer la ley antes citada, así como la afectación de derechos y garantías de la actora a través de su conducta. III) A

fs. 31/33 se declaró la competencia origi-

naria de este Tribunal para intervenir en el reclamo por vía de su instancia originaria y se hizo lugar a la cautelar so-15-


licitada. Considerando: 11) Que en primer término resulta necesario analizar si la garantía de financiamiento del art. 15 de la 24.049, se encuentra

o

no

vigente,

en

el

marco

del

"Acuerdo

Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" del 27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570 (art. 2), de los decretos nacionales 1682/02, 2026/02, 2253/02, 2737/02, entre otros, demás antecedentes, y en la recta interpretación de sus términos. 21) Que la ley 24.049 facultó al Estado Nacional a transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1° de enero de 1992, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos (art. 1). En

esa

ocasión

se

previó

que

las

transferencias

se

establecerían mediante convenios a firmarse con cada una de las provincias en los que se debía acordar "...toda otra cuestión no prevista en la presente ley...según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones..." (art. 2). Asimismo se dispuso que las transferencias que se convinieran se efectuarían "...sin otro cargo que los que establece la presente ley, e importarán la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones" (art. 4) a cargo hasta entonces del Estado Nacional. 31) Que el art. 14 de la citada ley estableció que a partir del 1° de enero de 1992 y hasta tanto se modificase la ley 23.548, la Secretaría de Hacienda de la Nación retendría de la participación correspondiente a las provincias en el -16-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

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régimen de la citada ley y en forma previa a la distribución secundaria, "un importe equivalente al monto total incluido en la planilla anexa >1.A=, con detalle para cada jurisdicción, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los correspondientes al costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional a

transferir

a

las

provincias

según

se

convenga

oportunamente". Asimismo aclaró que esa retención sería operativa en la medida en que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la ley 23.548 para 1992 respecto del promedio mensual anualizado del período abril-diciembre de 1991, fuera superior Cen su redacción original, luego modificadaC a novecientos cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos ($ 958.200.000). 41) Que el art. 15 dispuso que en los casos en que el monto

mensual

recaudado

no

alcanzara

a

cubrir

el

nivel

promedio mensual del período abril-diciembre de 1991, el gobierno nacional cubriría totalmente y en forma automática el costo mensual de los servicios transferidos. También determinó que

si

lo

recaudado

era

superior

al

nivel

promedio

abril-diciembre de 1991, pero no alcanzaba para cubrir el costo antedicho, el Estado Nacional asumía idéntica obligación. 51) Que en los debates parlamentarios de la ley 24.049, se señaló que el referido art. 15 es "la garantía que tienen las provincias de que ante el supuesto de cualquier alteración de ingresos en los impuestos coparticipables, sea cubierta por el Tesoro Nacional" (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación del 28 de noviembre de 1991, pág. 4551). -17-


En este orden de ideas, resulta claro que el Estado Nacional no sólo tiene la carga de transferir los fondos en cuestión antes de la distribución de fondos coparticipables, sino también que se trata de una obligación independiente de la masa recaudada en materia impositiva, que debe ser financiada por el demandado en el caso de que no alcance para afrontar los costos de los servicios referidos. 61) Que de las constancias de autos surge que el demandado reconoció a fs. 47 y 69 que las cifras de recaudación de abril, mayo y agosto de 2002 no resultaron suficientes para aplicar el procedimiento establecido en el art. 14 de la ley 24.049, pues en ese lapso los impuestos fueron cancelados en una proporción significativa mediante títulos públicos nacionales, lo cual ocasionó un desfase entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del régimen de coparticipación federal. En relación al mes de septiembre, la distribución de impuestos permitió financiar sólo una parte de la transferencia de servicios para el conjunto de jurisdicciones (excepto la Provincia de Tierra del Fuego). En tales condiciones, frente a la insuficiencia de lo recaudado, el demandado debió efectivizar la garantía del art. 15 citado y cubrir el faltante, lo que no hizo. 71) Que no es óbice a lo expuesto el argumento del Estado Nacional de fs. 47 respecto a que desde la suscripción Cel 27 de febrero de 2002C del "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" ratificado por la ley 25.570, quedaron sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional correspondientes a los regímenes de distribución de recursos nacionales coparticipables comprendidos en sus ar-18-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

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tículos uno, dos y tres (art. 2 de la citada ley); ello es así, pues las garantías allí mencionadas son distintas de las del art. 15 de la ley 24.049. 81) Que, en este sentido, cabe recordar que el 6 de diciembre de 1999 se suscribió entre el Estado Nacional y las provincias el "Compromiso Federal", ratificado por la ley 25.235. En su art. 3 previó que durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (coparticipación de impuestos y fondos específicos) a las provincias, emergentes de la ley 23.548 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las de las leyes 23.966, 24.130, 24.699, 25.082 y toda otra norma que dispusiera asignación o distribución específica de impuestos, se fijaba en una suma única y global anual equivalente a mil trescientos cincuenta millones de pesos ($ 1.350.000.000), que la Nación garantizaba con el doble carácter de límite inferior y superior de dichas transferencias, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse en el futuro. 91) Que con posterioridad, el 17 de noviembre de 2000, las mismas partes firmaron el "Compromiso Federal para el crecimiento y la disciplina fiscal", ratificado por la ley 25.400. En esta oportunidad, en la cláusula sexta se fijó

que

durante los ejercicios fiscales 2001 y 2002, las transferencias por todo concepto (coparticipación de impuestos y fondos específicos) a las provincias, emergentes de la ley 23.548 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las de las leyes 23.966, 24.130, 24.699, 24.464, 25.082 y toda otra norma que disponga asignación o distribución específica de impuestos, sería una suma única y global mensual de mil trescientos sesenta y cuatro millones de pesos ($ 1.364.000.000), que la Nación garantizó con el doble carácter de límite inferior y superior de dichas transferencias, -19-


con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse en el futuro. Asimismo acordaron que los recursos a transferir a las provincias durante los años 2003, 2004 y 2005 resultarían del promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno de ellos, no obstante lo cual el Estado Nacional garantizó una transferencia mínima mensual de mil cuatrocientos millones de pesos ($ 1.400.000.000) para el año 2003,

mil

cuatrocientos

cuarenta

millones

de

pesos

($

1.440.000.000) para el 2004 y mil cuatrocientos ochenta millones de pesos ($ 1.480.000.000) para el 2005. 10) Que lo expuesto precedentemente revela que en el período 2000-2002 el sistema de coparticipación se modificó al sustituirse la masa de fondos a distribuir (art. 2 de la ley 23.548) por una suma fija que la Nación garantizaba a las provincias, independientemente de lo recaudado. 11) Que en este marco, se suscribió el referido acuerdo del 27 de febrero de 2002, que estableció en el art. 4° que "las partes acuerdan dejar sin efecto todas las garantías sobre

los

niveles

a

transferir

por

el

gobierno

nacional

correspondientes a los regímenes comprendidos en los artículos precedentes". El alcance de este precepto fue considerado en el debate llevado a cabo en el Senado de la Nación con motivo del tratamiento del proyecto de ley por el cual se ratificaba dicho acuerdo, pues a raíz de la propuesta del senador Moro aceptada por el miembro informante, senador Gioja, con un agregado aclaratorio, se reformuló la redacción del art. 2 del proyecto

"para

mejorar

el

entendimiento",

disponiéndose:

"Déjanse sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre los niveles a transferir por el Gobierno Nacional correspondientes a los regímenes de distribución de -20-


S. 2597. XXXVIII. ORIGINARIO Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.

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recursos nacionales coparticipables comprendidos en los arts. 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" (confr. versión taquigráfica provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación del 4 de abril de 2002). Con posterioridad, ese texto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación y se convirtió en ley. 12) Que es doctrina de esta Corte que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 182:486; 184:5; 186:258; 200:165; 281:147; 302:973 y 312:529). Si bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de una ley, son en general simples manifestaciones de opinión individual; no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, pues tales explicaciones e informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación (Fallos: 33:228; 100:337 y 114:303). 13) Que en efecto, la inclusión de los párrafos "establecidos con anterioridad" y "de distribución de recursos nacionales coparticipables" indican que la derogación sólo alcanzó a las garantías sobre niveles máximos y mínimos de transferencia asumidos por la demandada en el "Compromiso Federal" del 6 de diciembre de 1999 y en el "Compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal" del 17 y 20 de noviembre de 2000, antes mencionados. En otros términos, ellas se refieren a niveles de transferencia de "recursos nacionales coparticipables" a las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la concurrencia a la masa recaudada, como lo establece el art. 2 de la ley de coparticipación. -21-


14) Que por el contrario, y tal como se señaló en los considerandos 41, 51 y 71, las garantías del art. 15 de la ley 24.049 intentan asegurar el financiamiento de los servicios transferidos

que

son

solventados

mediante

una

detracción

previa a la distribución secundaria, la cual se reparte entre las

jurisdicciones

adheridas

con

independencia

de

los

porcentajes de distribución fijados por el art. 4 de la ley de coparticipación vigente. Por lo tanto, resultan ajenas a los mecanismos transitorios estipulados en el "Compromiso Federal" del 6 de diciembre de 1999 y en el "Compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal" del 17 y 20 de noviembre de 2000, a los cuales se refirieron las partes al suscribir el "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos". 15) Que, por otra parte, ésta ha sido la conclusión a la cual ha llegado la Comisión Federal de Impuestos en la resolución general interpretativa 33/02 del 28 de noviembre de 2002 (art. 1), y en la resolución de plenario 94/04 del 18 de marzo de 2004 (art. 2). En la primera dijo que, mediante la resolución general interpretativa 29 del 13 de junio de 2002, ese organismo se declaró competente en lo que hace a la interpretación y aplicación del acuerdo del 27 de febrero de 2002 y la ley 25.570. Aclaró que si bien "el financiamiento de los servicios nacionales

transferidos

está

sujeto

a

una

retención

pre-secundaria, ello no lo convierte ipso facto o ipso iure en un recurso coparticipable" (ver considerando). En la segunda señaló que "el acuerdo del 12 de agosto de 1992, que ha sido prorrogado hasta la fecha por voluntad de los firmantes, expresa inequívocamente que el sistema de garantías de transferencia de recursos coparticipables instituido a partir de esa fecha en forma complementa-22-


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ria al del art. 7 de la ley convenio 23.548, es neto de las transferencias derivadas de las leyes 24.049; 24.061 y del decreto 964/92. Que sea neto, continuó, debe interpretarse claramente como excluyendo expresamente dichas transferencias y su garantía derivadas de aquellas normas. Tal interpretación resulta acorde con la aceptación por parte de las provincias firmantes del acuerdo de 1992, en orden a admitir Cen tales condicionesC la transferencia de servicios según su cláusula séptima". En este orden de ideas, reiteró que no es un régimen general ni especial de recaudación y distribución de recursos coparticipables. En relación al primero dijo que "ni siquiera se trata de una asignación específica, dado que de ser ello así debió expresarse en la propia ley 24.049"; respecto al segundo afirmó que "es una decisión unilateral del gobierno federal, convalidada por las leyes de adhesión provinciales a la ley 24.049, por la cual el financiamiento de los servicios transferidos se efectuaría mediante la recurrencia de dos fuentes: una aportada por las provincias con recursos de su propiedad dados los supuestos de la ley y otra del Tesoro Nacional dados otros determinados extremos de la misma norma" (ver considerando). 16) Que, en este contexto, cabe concluir que no se han derogado las garantías establecidas en el art. 15 de la ley 24.049, pues ello no resulta del texto del "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", ni del indudable propósito perseguido por el legislador al ratificarlo por la ley 25.570. Por ello y oído el señor Procurador General de la Nación, se resuelve: I. Hacer lugar a la acción de amparo; II. Declarar que se encuentra vigente la garantía de financia-23-


miento del art. 15 de la ley 24.049, y en consecuencia, ordenar al Estado Nacional que cese en la arbitraria e ilegítima omisión en que incurrió respecto de su obligación de remitir los fondos previstos en la referida ley. Con costas por su orden (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 1 del decreto 1204/01). Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General y, oportunamente archívese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI C ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO C CARLOS S. FAYT C JUAN CARLOS MAQUEDA C E. RAUL ZAFFARONI C RICARDO LUIS LORENZETTI C CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA

Nombre de la actora: Provincia de Salta Nombre del demandado: Estado Nacional Profesionales: Dres. Rodolfo J. Urtubey; Edgardo C. Martinelli y Carlos M. Guaragnone

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U. 93. XL. Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-IA fs. 111/114, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala B), al confirmar el fallo de la instancia anterior, resolvió que la justicia federal es incompetente para entender en la acción declarativa de certeza interpuesta por Unilever de Argentina S.A. contra la Municipalidad de Río Cuarto, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la contribución que se le pretende cobrar, prevista en el art. 173 del Código Tributario Municipal, sobre su actividad comercial, industrial y de servicios. Para así decidir, sus integrantes consideraron que compete a los jueces locales expedirse cuando se cuestiona la interpretación y aplicación de leyes provinciales o municipales y que, en el caso de autos, no se advierte que se encuentren en juego, en forma inmediata normas federales ni que la cuestión federal sea predominante, ya que el tema principal radica en el examen y revisión de actos legislativos de carácter municipal. Por otra parte, señalaron que no resulta aplicable la doctrina sentada por V.E. en la causa "El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 324:4226), puesto que ella era de competencia originaria de la Corte -al ser demandada una provincia- y porque aquí se está "en presencia de un conflicto entre la ley provincial que adhirió al régimen de coparticipación federal y una Ordenanza Municipal, por lo que resulta competente la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Río Cuarto".

-IIDisconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 116/129, con fundamento en que, si la -1-


justicia federal es incompetente en esta acción, se sustraerían de su conocimiento aquellas causas en las cuales está directamente afectada la organización financiera de todo el Estado federal. Afirma que la sentencia, al remitirse a lo decidido en los casos "Nidera Semillas S.A." y "Siderar", omitió considerar los argumentos expuestos para fundar la procedencia del fuero federal en razón de la materia, pues la norma tributaria dictada por el Municipio de Río Cuarto viola la Constitución Nacional y el derecho invocado se funda directa y exclusivamente en esta última, sin que se hubiera argüido que fuera contraria a disposiciones provinciales. Finalmente, considera que el a quo incurrió en autocontradicción, toda vez que reconoce que la Corte Suprema afirmó que los aspectos sustanciales e instrumentales de la coparticipación federal de impuestos gozan de rango constitucional y, sin embargo, se apartó de lo resuelto en Fallos: 324:4226

(in

re

"El

Cóndor

Empresa

de

Transporte

S.A.

c/Provincia de Buenos Aires"), de cuyos considerandos se desprende claramente que la afectación del régimen de coparticipación supone un agravio directo de la Constitución Nacional y no de una ley provincial de adhesión a la ley 23.548.

-IIISi bien las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva, ni pueden ser equiparables a ella y, por tanto, no son apelables por la vía del art. 14 de la ley 48, al mediar en el caso denegatoria del fuero federal y encontrarse discutidos temas que remiten a la consideración de puntos regidos por la Constitución Nacional, el recurso intentado resulta formalmente admisible (Fallos: 310:1885; 315:75; 324:286, entre otros).

-2-


U. 93. XL. Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza.

Procuración General de la Nación -IVA mi modo de ver, asiste razón a la apelante en cuanto a que resultan aplicables al sub lite las consideraciones efectuadas por V.E. en el precedente publicado en Fallos: 324:4226. Allí se sostuvo que el nuevo rango asignado a la coparticipación federal de impuestos por la Convención Constituyente de 1994 y el amplio tratamiento que la Ley Fundamental le dedica después de la reforma, conduce a concluir que la afectación del sistema así establecido involucra, en principio, una cuestión constitucional (v. considerando 81). Añadió el Alto Tribunal que asume tal calidad la eventual violación, por parte de una provincia, del compromiso de abstenerse de legislar en materia de facultades impositivas propias, aunque esa transgresión pueda también exteriorizarse como un conflicto entre dos leyes locales. En efecto, la Constitución Nacional establece la imperativa vigencia del esquema

de

distribución

de

impuestos

previsto

en

la

ley-convenio, sancionada por el Estado Nacional y aprobada por las provincias, la que "no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada", de modo que una hipotética violación a la ley local de adhesión y, por ende, a dicha norma federal, se proyecta sobre las nuevas cláusulas constitucionales, sin que en ello incida el carácter local de la norma mediante la cual pudiera efectivizarse la alteración del sistema vigente en el orden nacional (v. considerando 9°). A la luz de lo expresado y teniendo en cuenta que, en la especie, se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la contribución impuesta por el art. 173 del Código Tributario Municipal que se le exige a la actora, bajo la pretensión de que se superpone a un impuesto provincial y viola la Constitución Nacional y la ley 23.548, entiendo que no existe obstáculo para que el fuero federal conozca en el -3-


sub iudice. Ello es así, pues el conflicto -tal como ha sido planteado por la actora en su demanda- no involucra cuestiones cuyo tratamiento corresponda a los tribunales locales, más allá de la naturaleza de los actos que confrontan con la ley convenio y con las cláusulas constitucionales que rigen el tema (v. Fallos: 324:4226, cons. 131 y sentencia del 27 de mayo ppdo, in re A. 2601, L.XXXVIII, "Argencard S.A. c/ Provincia de

Salta

s/

sumarísimo

-

acción

declarativa

-

medida

precautoria", en lo que resulten aplicables al sub lite).

-VPor lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y declarar la competencia de la justicia federal de Río Cuarto para continuar con el trámite de la causa. Buenos Aires, 29 de octubre de 2004 RICARDO O. BAUSSET Es Copia

-4-


U. 93. XL. Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2005. Vistos los autos: "Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza". Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y

conclusiones

del

dictamen

del

señor

Procurador

Fiscal

subrogante a los que cabe remitir por razones de brevedad. Por ello, de conformidad con el referido dictamen, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se declara que esta causa es de competencia de la justicia federal. Sin costas, en razón de la índole de la cuestión planteada y de la ausencia de contradictorio. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, por intermedio de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Córdoba. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia). ES COPIA DISI-//-

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-6-


U. 93. XL. Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando: 1°) La actora promueve acción declarativa de certeza con el objeto de que se ponga fin a la incertidumbre provocada por la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto que determinó de oficio una deuda impositiva en orden a la "contribución que incide

sobre

la

actividad

comercial,

industrial

y

de

servicios", prevista en el art. 173 del Código Tributario municipal. Sostiene la inconstitucionalidad del mencionado tributo por superponerse al impuesto sobre los ingresos brutos provincial y, en consecuencia, resultar violatorio de la ley de Coparticipación Federal. 2°) La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al confirmar la decisión anterior, declara la incompetencia de la justicia federal para entender en el sub lite. Contra esta decisión, la actora interpuso recurso extraordinario federal que fue concedido. Aduce la procedencia del fuero de excepción en razón de la materia toda vez que la afectación del régimen de coparticipación supone un agravio directo a la Constitución Nacional. 3°) Cabe señalar que no le asiste razón a la recurrente, pues Ccomo lo sostiene el tribunal de alzadaC las cuestiones que se plantean no se fundan directa y exclusivamente en disposiciones de carácter federal, sino en actos legislativos de carácter municipal, y tal circunstancia exige que en oportunidad de dictar sentencia se deba examinar el contenido, alcance y aplicación de normas locales que la provincia ha dictado en ejercicio de la autonomía que debe reconocérsele (Fallos: 180:87; 311:1791 y 2065). En efecto, en el caso, la discusión principal radica

-7-


en que la contribución reclamada se opone a la ley provincial Cque determina el impuesto a los ingresos brutosC y a la Constitución Nacional, en la medida que contraviene la Ley de Coparticipación Federal. Se está en presencia de un conflicto entre una ordenanza municipal y la ley provincial que adhirió al régimen de coparticipación señalado. 4°) Habida cuenta de lo expuesto, tal como lo ha decidido este Tribunal, no basta para la intervención del fuero federal la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional, porque cuando se arguye Ccomo en esta causaC que un acto es contrario a las leyes provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial, y en su caso llegar a esta Corte por la vía del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 176:315; 311:1588; 315:448; 322:1470). Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Sin costas, en razón de la índole de la cuestión planteada y la ausencia de contradictorio. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba a sus efectos. CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA Recurso extraordinario interpuesto por el apoderado Dr. Diego Estévez de Unilever de Argentina S.A. Tribunal de origen: Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Río Cuarto

-8-


C. 1302. XLIII. ORIGINARIO Capatti, Gustavo Jorge c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2007. Autos y Vistos; Considerando: 1°) Que a fs. 6 se presenta el señor Gustavo Jorge Capatti y promueve acción declarativa en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 13.648 de la Provincia de Buenos Aires, que estableció un adicional a los Impuestos Inmobiliario Urbano, a los Automotores y a las Embarcaciones aquellas

Deportivas

personas

o

de

físicas

Recreación, y

que

sucesiones

alcanza

a

indivisas

contribuyentes de los referidos tributos, que posean bienes en la

República

Argentina

y

en

el

exterior,

cuyo

valor

en

conjunto, al 31 de diciembre de cada año, supere la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), en tanto sostiene que colisiona en forma directa e inmediata con lo dispuesto en el primer párrafo del inc. b del art. 9° de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, y en los arts. 31 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. Expresa en tal sentido que si se compara el impuesto provincial implementado por la normativa cuestionada con el Impuesto Nacional sobre los Bienes Personales previsto en la ley 23.966, se deduce que ambos recaen sobre el patrimonio de los particulares, como manifestación de capacidad contributiva, mediando una sustancial coincidencia entre los hechos imponibles de ambos gravámenes. Solicita que hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa, se decrete una medida de no innovar en los términos del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tendiente a que la Provincia de Buenos Aires se abstenga de liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia de pago de los adicionales establecidos en la ley local 13.648. -1-


2°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser parte una provincia en una causa en la que la cuestión federal resulta predominante (Fallos: 311:1588; 315:448; 322:1470; 323: 3279, entre otros), pues el planteo efectuado exige dilucidar si la potestad tributaria que pretende ejercer la Provincia de Buenos Aires interfiere el ámbito que le es propio a la Nación en el marco de la ley 23.548. 3°) Que este Tribunal ha establecido que si bien por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 316:2855). 4°) Que, asimismo, ha dicho en Fallos: 306:2060 que "como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad". En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incs. 1° y 2° del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acceder a la medida pedida. 5°) Que en mérito a la solución que se adopta resulta necesario

precisar

que

el

sub

lite

presenta

marcadas

diferencias con otros reclamos en los que este Tribunal ha -2-


C. 1302. XLIII. ORIGINARIO Capatti, Gustavo Jorge c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

denegado el dictado de medidas precautorias frente a pretensiones fiscales de los estados provinciales, en atención al principio de particular estrictez que debe aplicarse en materia de reclamos y cobros de impuestos (conf. Fallos: 313: 1420; 322:2275, entre otros). En el caso se cuestiona la constitucionalidad de las disposiciones de la ley 13.648 de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de las cuales, según se arguye, se pretende gravar Caunque sea indirectamente y bajo el nomen juris de Adicional a los Impuestos Inmobiliario Urbano, a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de RecreaciónC bienes ubicados en otras jurisdicciones o en el exterior. De tal manera, adquiere preeminencia la necesidad de determinar si el Estado provincial se ha excedido Ccomo se afirmaC en sus potestades tributarias, y precisar cuáles son los alcances de la

jurisdicción

y

competencia

que

tiene

para

ejercer

eventualmente el derecho de percibir de la actora el impuesto referido. Esa situación, diversa de la examinada en los precedentes a los que se ha hecho referencia, permite concluir que en el caso resulta aconsejable impedir el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a ejercer en supuestos que cabe calificar de ordinarios (Fallos: 314:547). Todo ello sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva o de las decisiones que pueda adoptar esta Corte en el futuro en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 198, tercer párrafo, 203 y 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arg. Fallos: 323:349). Por ello, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. II. Correr traslado de la demanda a la Provincia de Buenos Aires por el plazo de sesenta días (arts. 322 y 338 del Código Pro-3-


cesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su notificación al señor gobernador y al señor fiscal de Estado, líbrese oficio al señor juez federal correspondiente. III. Decretar la prohibición de innovar pedida, y ordenar a la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia de pago de los adicionales establecidos en la ley local 13.648, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa. Líbrese oficio al señor gobernador a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. Notifíquese a la actora por cédula que se confeccionará por Secretaría. HIGHTON

de

NOLASCO

-

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I.

CARLOS

S.

FAYT

-

ENRIQUE

SANTIAGO

PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA

-4-


C. 1302. XLIII. ORIGINARIO Capatti, Gustavo Jorge c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acci贸n declarativa de inconstitucionalidad.

Parte actora: Gustavo Jorge Capatti, con el patrocinio de los Dres. Alberto Mario Tenaillon y Jos茅 Daniel Barbato Parte demandada: Provincia de Buenos Aires

-5-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009 Autos y Vistos; Considerando: 1°) Que Papel Misionero S.A.I.F.C., en su condición de fabricante y comerciante de pastas celulósicas, papel y otros productos, promueve acción declarativa contra la provincia de Misiones con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 70/02, 73/02 y 82/02 de la Dirección General de Rentas. Mediante la primera de ellas Cen su art. 1°C el organismo fiscal procedió a una interpretación del art. 13 del Convenio Multilateral especificando que el "propio productor" allí

mencionado

se

refiere

no

sólo

a

quien

obtiene

los

productos primarios, sino también a aquel que los elabora total o parcialmente; y en su art. 2° entendió que la "mera compra", legislada en el inc. b del art. 126 del Código Fiscal y

en

el

13

del

convenio,

constituye

un

hecho

imponible

especial, de modo que la sola adquisición de los productos de origen provincial hace nacer, en forma instantánea, la obligación impositiva atribuible a la jurisdicción de Misiones. Por su parte, las resoluciones 73/02 y 82/02 establecieron un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a las operaciones de mera compra realizadas dentro del territorio de la demandada, sea en forma habitual o esporádica. La actora niega atribuciones al Director de Rentas provincial para interpretar Ccon carácter generalC las disposiciones del Convenio Multilateral, pues tal facultad ha sido reconocida sólo a sus autoridades de aplicación, es decir, a la Comisión Plenaria y a la Comisión Arbitral de acuerdo con los arts. 15, 17, inc. e, y 24, inc. a, respectivamente; y aduce que la provincia ha extendido de esta forma el concepto de mera compra a supuestos no contemplados en el convenio, -1-


alterando su mecánica y obligando a la demandante a actuar indebidamente como agente de percepción respecto de sus compradores, a los cuales no resulta aplicable Csegún sostieneC el régimen especial del art. 13, sino el general previsto en el art. 2°. Todo ello viola, a su entender, el Preámbulo y los arts. 1°, 4°, 7°, 9°, 12, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 52, 75 (incs. 1° y 2°), 76, 99 (3° párrafo), 100 (inc. 7°) y 126 de la Constitución Nacional. 2°) Que de lo expuesto se deprende que el reclamo se sustenta en un doble orden de razones: por un lado la inconstitucionalidad del gravamen, y por otro su ilegitimidad a la luz de las disposiciones del régimen de coparticipación federal de impuestos, en cuyo marco cabe incluir también la supuesta violación del Convenio Multilateral frente a lo establecido en el art. 9°, inc. d, del primero. De tal suerte la situación es análoga a la considerada por esta Corte en Fallos: 316:324 y 327. Allí se afirmó que las leyes-convenio Centre las que cabe incluir el régimen de coparticipación federal y el Convenio Multilateral en sus respectivas ratificaciones locales por medio de las legislaturas provincialesC hacen parte, aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial y que esa condición asume la ley de coparticipación federal, por lo que su violación no abre la instancia originaria ante esta Corte. Se dijo también que el cobro del impuesto no constituye una causa civil, por ser una carga impuesta a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción un acto administrativo, y sólo cabe discutir en instancia originaria la validez de un tributo cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución Nacional (confr. Fallos: 314:862, entre otros). -2-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

3°) Que la decisión que se adopta importa dejar de lado la solución establecida en Fallos: 324:4226, en la medida en que por el presente se restablece la tradicional doctrina Ccon la excepción indicadaC, con arreglo a la cual el régimen de coparticipación federal forma parte integrante del plexo normativo local (Fallos: 314:862; 316:324 y sus citas). 4°) Que ello conduce a la declaración de incompetencia, ya que para habilitar la instancia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional Ccuando en la causa es parte una provinciaC es preciso que en la demanda no se planteen, además de las cuestiones federales, otros asuntos que Cpor ser de naturaleza localC resultarían ajenos a su competencia, pues la eventual necesidad de hacer mérito de ellos obsta a su radicación por la vía intentada frente a la necesidad de no interferir el ejercicio de atribuciones que las provincias no han delegado al conocimiento exclusivo de esta Corte (Fallos: 314:810 y 620). 5°) Que por último resta aclarar que la presente resolución no obsta a que las cuestiones federales que se susciten en la causa sean resueltas por el Tribunal, en el caso de ser violentada la supremacía reconocida en el art. 31 de la Constitución Nacional, por la instancia de apelación que para tal fin prevé el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 325:250, entre muchos otros). Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve: Declarar que esta causa no es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-//-

-3-


-//-Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS

MAQUEDA

(según

su

voto)-

E.

RAUL

ZAFFARONI

disidencia)- CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA VO-//-

-4-

(en


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA Considerando: 1°) Que Papel Misionero S.A.I.F.C., con domicilio en Capital Federal, en su condición de fabricante y comercializador de pastas celulósicas, papel y otros productos y subproductos promueve acción declarativa contra la provincia de Misiones a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 70/02, 73/02 y 83/02 de la Dirección de Rentas. Señala que mediante la primera de ellas Cen su art. 1°C el organismo fiscal aclaró el primer párrafo del art. 13 del Convenio Multilateral, especificando que el "propio productor" allí mencionado se refiere no sólo a quien obtiene productos primarios sino también a aquel que los elabora total o parcialmente. Agrega que en su art. 2° entendió que la mera compra Ccontemplada en el art. 126, inc. b, del Código Fiscal y en el art. 13 del Convenio MultilateralC constituye un hecho imponible especial y, por ende, la sola adquisición de los productos

de

origen

provincial

hace

nacer,

en

forma

instantánea, la obligación impositiva atribuible a la jurisdicción de Misiones. Por su parte las resoluciones 73/02 y 82/02 establecieron un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a las operaciones de mera compra realizadas dentro del territorio de la provincia, sea en forma habitual o esporádica. La actora niega las facultades del fisco provincial para interpretar el Convenio Multilateral con carácter general. Afirma que Cmediante este procedimientoC la provincia extendió la "mera compra" a supuestos no contemplados en el convenio, alteró su mecánica y la obliga a actuar indebidamente como agente de percepción respecto de sus compradores, a los cuales no resulta aplicable el régimen especial de su art. -5-


13 sino el general de su art. 2°. Alega que ello viola los arts. 1°, 4°, 7°, 9°, 12, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 52, 75 (inc. 1° y 2°), 76, 99 (3° párr.), 100 (inc. 7°) y 126 de la Constitución Nacional. 2°) Que cabe recordar que este Tribunal, al decidir respecto de su competencia originaria cuando se debaten tributos

provinciales

por

considerarlos

inconstitucionales

y

contrarios a la ley de coparticipación federal de impuestos, ha sostenido tradicionalmente que "las leyes convenio hacen parte también Caunque con diversa jerarquíaC del derecho local y

esa

condición

asume

en

el

campo

del

derecho

público

provincial la ley de coparticipación por lo que su alegada violación no abre la instancia originaria de esta Corte". Asimismo se ha establecido que "el cobro de un impuesto no constituye una causa civil, por ser una carga impuesta a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción, un acto administrativo, y sólo cabe discutir en instancia originaria la validez de un tributo cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución Nacional" (Fallos: 314:862; 300:450). Igualmente, se dijo que "para habilitar la instancia prevista en los artículos 100 y 101 Ccuando en la causa es parte una provinciaC es preciso que en la demanda no se planteen, además de las cuestiones federales, otras que resultarían ajenas a su competencia, ya que la eventual necesidad de hacer mérito de ellas obsta a su radicación ante este Tribunal por la vía intentada" (Fallos: 249:165; 314:620, 810; 316:324, 327). 3°) Que en Fallos: 324:4226, causa "El Cóndor", el Tribunal sostuvo que el nuevo rango asignado a la coparticipación federal de impuestos por la Convención Constituyente de

-6-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

1994 y el amplio tratamiento que la Ley Fundamental le dedica después de la reforma, lleva a concluir que la afectación del sistema así establecido involucra, en principio, una cuestión constitucional. Igual orden de ideas se adoptó en Fallos: 327:1473, causa "Argencard SA c/ Provincia de Salta", ante "la eventual violación por parte de una provincia de continuar aplicando las normas del Convenio Multilateral...". 4°) Que, sin embargo, en Fallos: 327:1789, "Matadero

y Frigorífico Merlo SA", resolvió que la causa era ajena a la competencia originaria en tanto la materia del pleito no resultaba exclusivamente federal, puesto que la actora efectuaba un planteamiento conjunto de una cuestión federal con una de orden local, ya que el asunto estaba directa e inmediatamente relacionado, de manera sustancial, con la aplicación e interpretación del "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", el cual formaba parte del derecho público provincial. Agregó que "...el pacto no aparece expresamente incluido en dicha previsión constitucional, y no necesariamente debe ser uno de los acuerdos bases de la ley de coparticipación federal de impuestos". "...Esta Corte sólo le ha

reconocido

esa

jerarquía

a

la

ley

de

coparticipación

federal misma (Fallos: 324:4226), y no cabe extender esa interpretación a supuestos no contemplados expresamente por la Carta Magna...". 5°) Que por aplicación de esta última doctrina, referente a la falta de carácter exclusivamente federal de la materia en debate, fueron resueltos diversos precedentes, entre los que cabe destacar: L.392.XXXIX "La Independencia Sociedad Anónima de Transportes c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", pronunciamiento del 21 de marzo de 2006 (Fallos: 329:783); D.508.XLII IN1 "Droguería Oncofarma -7-


SRL c/ Tucumán, Provincia de y Estado Nacional s/ medida cautelar", sentencia del 12 de diciembre de 2006; P.1737.XLII "Producción SA c/ Tucumán, Provincia de s/ acción meramente declarativa Cincidente sobre medida cautelarC IN1", sentencia del 21 de agosto de 2007; D.1641.XLI "Droguería Disval SRL c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 7 de marzo de 2006 (Fallos: 329:542); H.55.XLII "Henter Industrial y Comercial Sociedad Anónima y otros c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 27 de diciembre de 2006 (Fallos: 329:6033); R.984.XLII "Refinería del Norte S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción meramente declarativa (ingresos brutos)", sentencia del 7 de agosto del 2007; G.1146.XLIII "Guilford Argentina c/ Chubut, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 26 de febrero de 2008, entre otros. 6°) Que esta Corte estima necesario efectuar un nuevo examen de la cuestión a fin de evitar que los distintos criterios enunciados precedentemente deriven en líneas jurisprudenciales encontradas. Conviene pues, esclarecer el interrogante, en pro del afianzamiento de la seguridad jurídica y para evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales. 7°) Que, en primer lugar, conviene señalar que el Tribunal abandona el criterio adoptado en Fallos: 324:4226 y retoma la tradicional doctrina con arreglo a la cual las leyes convenio Centre las que cabe incluir la ley de coparticipación federal, el Convenio Multilateral, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, en sus respectivas ratificaciones

locales

por

medio

de

las

legislaturas

provincialesC hacen parte, aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial por lo que su violación no abre, en principio, la instancia originaria ante esta Corte. Ello es -8-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

así en atención a que no basta para que corresponda el fuero federal, la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional, porque cuando se arguye que un acto es contrario a ordenamientos legales provinciales o nacionales, debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y

en

su

caso,

llegar

a

esta

Corte

por

el

recurso

ex-

traordinario del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1588; 330:4372 y A.878.XLIII "Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ medida cautelar", sentencia del 4 de marzo de 2008). 8°) Que, razones institucionales como las que dieron sustento a la doctrina de Fallos: 328:566 y 329:759, aconsejan adoptar un criterio de particular estrictez en torno a la apertura de su jurisdicción originaria en razón de la materia exclusiva o predominantemente federal (conf. arg. Fallos: 329:5814; 330:4372; A.878.XLIII "Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ medida cautelar", sentencia del 4 de marzo de 2008 (Fallos: 331:382); A.620.XXVIII "Amerisse, Alfredo Ricardo c/ Salta, Provincia de s/ amparo", pronunciamiento del 25 de mayo de 2008 (Fallos: 331:1302), entre otras). 9°) Que corresponde recordar que uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte si es parte una provincia, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión remita necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de uno o más preceptos de esa naturaleza, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y -9-


permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional (Fallos: 330:4953, 5226 y C.976.XLIII "Correo Oficial de la República Argentina SA c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", pronunciamiento del 5 de febrero de 2008). 10) Que el sub examine no corresponde a la competencia originaria de la Corte, toda vez que la cuestión federal cuyo planteamiento aquí se efectúa no es la predominante en la causa. En efecto, según se desprende de los términos de la demanda, la actora pretende que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones generales 70/02, 73/02 y 82/02 de la Dirección General de Rentas por considerarlas contrarias al Código Fiscal de la provincia, al Convenio Multilateral, así como a sus modificaciones o sustituciones adoptadas por unanimidad por los fiscos adheridos (cfr. art. 9°, inc. d, ley 23.548), y a la Constitución Nacional. 11) Que el planteo de ilegitimidad que efectúa la actora, a la luz de las normas del régimen de coparticipación federal de impuestos y el Convenio Multilateral, no involucra una cuestión de nítido contenido federal que verse sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de un estado provincial (Fallos: 330:4953, 5226 y C.976.XLIII "Correo Oficial de la República Argentina SA c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", pronunciamiento del 5 de febrero de 2008). 12) Que al respecto es dable recordar que el cobro de un impuesto no constituye una causa de carácter civil por ser una carga impuesta a cosas con un fin de interés público y su percepción un acto administrativo (Fallos: 318:1365, 1837 y 2551; 322:1470; 323:15, 2379 y 2380) y que sólo corresponde discutir en la instancia originaria la validez de un tributo -10-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

cuando

es

atacado

exclusivamente

como

contrario

a

la

Constitución Nacional (Fallos: 316:324 y 318:2551). 13) Que, por ende, al encontrarse la materia del pleito directa e inmediatamente relacionada, de manera sustancial, con la aplicación e interpretación de normas de derecho provincial, la causa queda excluida de la competencia originaria de la Corte. En efecto, desde 1936 al resolver el caso "Camps, Juan c/ Provincia de Entre Ríos sobre inconstitucionalidad de las leyes n° 2631 y 2735 y cobro de pesos" (Fallos: 176:315), esta Corte ha señalado que para los pleitos en que se cuestionan "...leyes y decretos provinciales que se califican

de

ilegítimos,

caben

tres

procedimientos

y

jurisdicciones según la calidad del vicio imputado: a) si son violatorios de la Constitución Nacional, tratados con las naciones extranjeras o leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional; b) si se arguye que una ley es contraria a la Constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la justicia provincial...; y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc., son violatorios de las instituciones provinciales y nacionales, debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial, y en su caso, llegar a esta Corte por el recurso extraordinario del art. 14 de la ley N° 48. En esas condiciones, se guardan los legítimos fueros de las entidades que integran el Gobierno Federal, dentro de su normal jerarquía; pues carece de objeto llevar a la justicia nacional una ley o un decreto que, en sus efectos, pudieron ser rectificados...por la magistratura local..." (Fallos: 176:315; 289:144; 292:625; 311:1588, entre otros). El caso de autos, de acuerdo a lo considerado precedentemente, queda comprendido en el tercero de los supuestos contemplados

en

el

párrafo

que

antecede -11-

pues

el reclamo


conculca tanto disposiciones de la Constitución Nacional, como del Convenio Multilateral y la ley de coparticipación federal, los cuales forman parte del derecho público local. En efecto, los

actos

provinciales

cuya

interpretación

la

interesada

reclama para el sustento jurídico de su propia pretensión, no pueden ser determinados en su sentido y alcance por este Tribunal por la vía elegida sin violentar el principio federal antes invocado. 14) Que, en consecuencia, dado que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros

casos

no

previstos

(Fallos:

322:1514;

323:1854

y

325:3070), el proceso resulta ajeno a esa instancia. Por ello, oído el dictamen de la Procuración General de la Nación, se resuelve declarar que la presente causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación.

Notifíquese,

comuníquese

al

señor

Procurador

General de la Nación y, oportunamente, remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de la Provincia de Misiones a fin de que decida lo concerniente a las disposiciones locales de aplicación, librándose a tal fin el correspondiente oficio de estilo. JUAN CARLOS MAQUEDA. ES COPIA DISI-//-

-12-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

-//-DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando: 1°) Que Papel Misionero S.A.I.F.C., en su condición de fabricante y comerciante de pastas celulósicas, papel y otros productos, promueve acción declarativa contra la provincia de Misiones con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 70/02, 73/02 y 82/02 de la Dirección General de Rentas. Mediante la primera de ellas Cen su art. 1°C el organismo fiscal procedió a una interpretación del art. 13 del Convenio Multilateral especificando que el "propio productor" allí

mencionado

se

refiere

no

sólo

a

quien

obtiene

los

productos primarios, sino también a aquel que los elabora total o parcialmente; y en su art. 2° entendió que la "mera compra" legislada en el inc. b del art. 126 del Código Fiscal y en el 13 del convenio, constituye un hecho imponible especial, de modo que la sola adquisición de los productos de origen provincial hace nacer, en forma instantánea, la obligación impositiva atribuible a la jurisdicción de Misiones. Por su parte, las resoluciones 73/02 y 82/02 establecieron un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a las operaciones de mera compra realizadas dentro del territorio de la demandada, sea en forma habitual o esporádica. La actora niega atribuciones al Director de Rentas provincial para interpretar Ccon carácter generalC las disposiciones del Convenio Multilateral, pues tal facultad ha sido reconocida sólo a sus autoridades de aplicación, es decir, a la Comisión Plenaria y a la Comisión Arbitral de acuerdo con los arts. 15, 17, inc. e, y 24, inc. a, respectivamente; y aduce que la provincia ha extendido de esta forma el concepto -13-


de mera compra a supuestos no contemplados en el convenio, alterando su mecánica y obligando a la demandante a actuar indebidamente como agente de percepción respecto de sus compradores, a los cuales no resulta aplicable -según sostieneel régimen especial del art. 13, sino el general previsto en el art. 2°. Todo ello viola, a su entender, el Preámbulo y los arts. 1°, 4°, 7°, 9°, 12, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 52, 75 (incs. 1° y 2°), 76, 99 (3° párrafo), 100 (inc. 7°) y 126 de la Constitución Nacional. 2°) Que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con los fundamentos expuestos por el señor Procurador Fiscal subrogante en el dictamen que antecede, al que cabe remitir a fin de evitar repeticiones innecesarias. 3°) Que el actor solicita una medida de no innovar "sobre el pago de los tributos que las normas atacadas fijan a los fines de dejar a salvo los derechos de las partes" (ver fs. 73). 4°) Que la petición no puede prosperar. En efecto, uno de los requisitos insoslayables para la procedencia del instituto en examen es la existencia del peligro en la demora, de manera que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho o de derecho existente pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible, y en las condiciones expresadas el presupuesto indicado no se verifica en el sub examine pues, como resulta de las copias agregadas a fs. 84/86, la última actuación por parte del fisco provincial fue la resolución 155 del 5 de marzo de 2004, sin que se haya informado en este expediente sobre actos posteriores a aquélla hasta la fecha. En esas circunstancias, no puede considerarse -14-


P. 582. XXXIX. ORIGINARIO Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa.

que la situación en que efectivamente se encuentra en debate el thema decidendi en sede local sea asimilable al extremo procesal antes expuesto, pues la peticionaria ni siquiera ha invocado cuál sería el perjuicio, actual o en ciernes, que le causa el estado del procedimiento administrativo, como para fundamentar suficientemente la solicitud en estudio. Por ello, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II. Correr traslado de la demanda interpuesta a la provincia de Misiones por el término de sesenta días. Para su comunicación al gobernador y al Fiscal de Estado líbrese oficio al juez federal de la ciudad de Posadas. III. Rechazar la medida cautelar pedida. Notifíquese. RICARDO LUIS LORENZETTI - E. RAUL ZAFFARONI. ES COPIA

Nombre de la actora: Papel Misionero S.A.I.F.C., con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Campagnucci. Por la actora: Dr. Daniel A. Campagnucci.

-15-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011 Vistos los autos: “Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición”, de los que Resulta: I) A fs. 30/45 Argencard S.A. promueve demanda contra la Provincia de Entre Ríos a fin de que se declare la procedencia del Protocolo Adicional al Convenio Multilateral con relación a la

deuda

tributaria

determinada

por

la

resolución

117/03;

por

impuesto

Dirección y,

sobre

General

como

los

de

ingresos

Rentas

consecuencia

local

de

brutos en

ello,

la la

inconstitucionalidad del rechazo de su aplicación efectuado por la demandada, ordenándose la devolución de los montos ingresados por la empresa en el concepto en cuestión. Manifiesta

que

oportunamente

recurrió

la

resolución

determinativa 117/03, y a ese fin —en cumplimiento del artículo 100, párrafo 1º, del Código Fiscal de la provincia de Entre Ríos— debió

pagar

la

suma

discutida;

el

recurso

fue

finalmente

rechazado, y de este modo la vía administrativa quedó concluida. Relata que cuando un contribuyente del régimen del convenio ha calculado correctamente la íntegra base imponible y ha pagado la alícuota del impuesto sobre ella, y así ha ingresado el total del gravamen que le corresponde por su actividad en todo el

territorio

del

país,

puede

ocurrir

que

una

jurisdicción

impugne la porción de la base que se le adjudicó en menos —el caso

de

autos

según

expone—,

y

que

reclame

a

las

demás

jurisdicciones que percibieron en demasía. Explica que con anterioridad a la entrada en vigencia del Protocolo Adicional, cuando se efectuaba un reclamo similar al que realizó en el caso la provincia de Entre Ríos, el fisco indebidamente beneficiado no aceptaba en general la disminución respectiva lo que conducía a que los contribuyentes debieran

-1-


pagar dos veces el mismo gravamen. Ante esta circunstancia, según sostiene, las jurisdicciones firmantes del régimen crearon un procedimiento —el dispuesto en el protocolo— para que los fiscos provinciales intervinientes reintegren las diferencias entre sí sin intervención del contribuyente. Afirma que en el caso concreto concurren los extremos que obligan al Estado provincial a notificar a las restantes provincias el conflicto nacido con el contribuyente, conforme lo ordena

el

artículo

—puntos

1

y

2—

del

protocolo,

como

requisito previo para involucrarlo, desde que, existe una diversa interpretación

sobre

la

situación

de

la

actora

frente

al

impuesto, esa diferencia obedece a la atribución en defecto de la base imponible —sin alcanzar al cálculo de la base total— y obra en

sede

administrativa

demandada.

Ante

la

resolución

negativa

determinativa

de

la

provincia

firme a

de

la

aplicar

el

procedimiento, inicia la presente acción. II) A fs. 69/74 la provincia de Entre Ríos contesta la demanda y solicita su rechazo. Plantea la improcedencia de la acción de repetición al afirmar que aun cuando se decidiera que corresponde seguir el procedimiento

previsto

en

el

protocolo,

tal

decisión

no

conduciría a que le sean reintegrados al actor los importes ya pagados,

puesto

silencio

o

no

que

las

manifestar

restantes

provincias

disconformidad

con

podrían la

guardar

determinación

efectuada, extremos que habilitarían el cobro al contribuyente. De otra manera, concluye, se vedaría a los órganos del convenio multilateral

tratar

sobre

las

cuestiones

ya

resueltas

en

la

que

el

instancia judicial. Respecto protocolo

sólo

interpretaciones

al se

fondo aplica

—acreditadas

de

la

cuestión

cuando de

modo

media

expone

diversidad

fehaciente—

entre

de los

fiscos, y no cuando se trata de discrepancias que surgen en un

-2-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

procedimiento de fiscalización entre uno de ellos y el obligado al

pago

del

impuesto.

Sostiene

que

la

vía

idónea

para

el

cuestionamiento de la determinación que persigue la actora no es la intentada, sino, según manifiesta, la prevista en el artículo 24, inciso b, del convenio, que determina que sea la Comisión Arbitral

que

prevé

esa

legislación,

la

que

resuelva

las

cuestiones que se originen como consecuencia de la aplicación del citado convenio en los casos concretos. Arguye que, de seguirse la

interpretación

protocolo

que

referido,

la

actora

todas

hace

las

del

artículo

fiscalizaciones

del

donde

el

contribuyente manifestara su discrepancia con la verificación y la

corrección

de

la

base

imponible,

desembocarían

en

la

aplicación de aquél. Por

último,

afirma

que

los

intereses

y

la

multa

también cuestionados en este proceso fueron condonados por el artículo 4º de la ley 9576 de la provincia de Entre Ríos, por lo que el reclamo al respecto resulta improcedente. Y considerando: 1°) Que a fs. 49 de estas actuaciones se decidió que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia

de

la

Nación

(artículo

117,

de

la

Constitución

Nacional), pero más allá de ello frente al prolongado trámite al que dio lugar la sustanciación del proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, evidentes razones de economía procesal, así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión mantener

judicial su

que

ponga

competencia

fin

a

la

originaria

controversia, para

dictar

llevan

a

sentencia

definitiva (conf. “Punte, Roberto Antonio c/ Tierra del Fuego, Antártida

e

Islas

del

Atlántico

Sur,

Provincia

de”

—Fallos:

329:809—;“Cohen, Eliazar c/ Río Negro, Provincia de y otros” —

-3-


Fallos: 329:2088—; “Bustos, Ramón Roberto c/ La Pampa, Provincia de y otro —Fallos: 329:2688—). 2º)

Que

a

los

efectos

de

considerar

si

el

procedimiento establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral

se

encuentra

habilitado

en

relación

a

la

determinación tributaria que se reclama —lo que constituye el objeto de esta acción—, cabe en primer término tener presente que las

partes

coinciden

condiciones

en

efectivamente

diversos

puntos

necesarias

para

que

son

abrir

a

la

su

vez

instancia

procedimental que pretende la actora. En

efecto,

no

se

encuentra

controvertido

que

la

determinación tributaria ha quedado firme (artículo 1º, PACM) y que las diferencias de gravamen que se han determinado encuentran razón en la atribución por exceso o por defecto de base imponible (artículo

1º,

PACM).

Este

último

extremo

cobra

especial

relevancia frente a la exigencia establecida en la resolución RG 19 de la Comisión Arbitral del convenio, del 18 de octubre de 1983, mediante la que se aclaró que “el Protocolo Adicional no será de aplicación cuando se determinen omisiones en la base imponible atribuible a todas las jurisdicciones, no obstante la concurrencia de diversas interpretaciones de la situación fiscal del

contribuyente,

prevista

en

el

artículo

del

mismo”

(artículo 1º, RG 19). En el caso no se encuentra controvertido que

la

actora

ha

calculado

correctamente

la

base

imponible

relativa al impuesto sobre los ingresos brutos por su actividad en todo el territorio, no resultando suficiente para sostener lo contrario la genérica negativa contenida en la contestación de demanda

dado

sustenten,

ni

que

la

provincia

en

el

proceso

no

ha

dado

judicial

ni

argumentos en

las

que

la

actuaciones

administrativas. Difieren interpretación

que

las

partes,

cabe

dar

a

en la

-4-

cambio, expresión

respecto “surjan

de

la

diversas


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

interpretaciones

de

la

situación

fiscal

de

un

contribuyente”

contenida en el artículo 1º del PACM. La apuntada

actora

tendría

entiende lugar

que

inicialmente

entre

el

fisco

la

divergencia

actuante

y

el

contribuyente, pues resultaría imposible que en el proceso de fiscalización “sea

parte un fisco ajeno” (ver fs. 34 vta.); la

intervención de éste, expone, recién tiene lugar —de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º, punto 2, PACM— cuando, una vez determinadas, la otra jurisdicción consienta éstas o manifieste su disconformidad, y someta el caso a la decisión de la Comisión Arbitral —artículo 1º, punto

3—. De esta forma concluye que el

fisco entrerriano debe, pese a su resistencia a hacerlo, efectuar la

notificación

pertinente

a

los

fiscos

que

han

sido

presuntamente beneficiados en más por la distribución de la base imponible, enmarcando así tal acto en el procedimiento del PACM. La demandada, por su parte, da al texto bajo examen una

inteligencia

distinta.

Sostiene

que

las

diversas

interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sólo pueden provenir de dos fiscos distintos, y que ellas deben estar fehacientemente acreditadas, excluyéndose de este discrepancias

que

puedan

surgir

en

un

modo

“las

procedimiento

de

fiscalización entre un Fisco y el contribuyente” (ver fs. 72 vta.). Esta resolución

postura

provincial

encuentra nº

1337/04,

mayor que

interpuesto por la actora con relación a la

desarrollo rechazó

el

en

la

recurso

determinación

efectuada por la provincia. En aquélla se afirma que “al decir interpretaciones divergentes entre fiscos, no estamos diciendo que ‘ab initio’ ellos deban tomar intervención activa en una fiscalización efectuada por uno de ellos, sino que la divergencia se expresa

cuando un fisco, el que inicia la fiscalización,

expone un criterio determinado, distinto al del contribuyente, pero éste acredita ante él que actuó en la manera que lo hizo,

-5-


siguiendo un criterio de la otra jurisdicción. Es obvio que tal acreditación no consiste en la mera afirmación o expresión del contribuyente de existir un criterio disímil sobre una misma cuestión,

pues

en

tal

hipótesis,

prácticamente

todas

las

fiscalizaciones efectuadas a contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral devendrían en la aplicación del

Protocolo...”

(ver fs. 808/809 del expediente administrativo nº 94.961 agregado a estas actuaciones a fs. 75). De acuerdo a esa hermenéutica, la demandada entiende que

la

actora

no

ha

acreditado

la

existencia

de

una

interpretación distinta proveniente de otro fisco, sino que por propia voluntad no declaró actividad en la jurisdicción de la provincia

de

Entre

Ríos

hasta

después

de

comenzada

la

fiscalización. De este modo, según manifiesta, al no cumplirse la condición mencionada el procedimiento se encuentra habilitado en relación con la determinación tributaria en cuestión. 3º) Que para la solución del presente litigio resulta necesario entrar en la consideración sólo de la inteligencia

que

debe darse a lo establecido en el artículo 1º del PACM, esto es si

se

encuentran

dadas

las

condiciones

para

habilitar

el

procedimiento convenido. El punto referido a la debida distribución de la base imponible, en cambio, debe ser excluido del presente examen, ya que constituye precisamente el eventual objeto de tratamiento en el marco del protocolo, y una decisión jurisdiccional sobre el tema

significaría

en

esta

instancia

tanto

como

sustraer

la

cuestión de fondo de las órbitas de competencia convenidas por las

partes

suscribientes

del

Convenio

Multilateral

(confr.

artículos 17, inc. e, y 25; y artículo 4º del PACM). 4º) Que, en el caso, la letra del protocolo objeto de estudio,

la

necesidad

de

equilibrio

-6-

entre

la

exigencia


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

recaudatoria

y

los

derechos

del

contribuyente,

el

sentido

y

conjunto de las disposiciones atinentes, como así también su unidad

y

finalidad,

interpretación

de

determina

la

ley

que

que ha

se

deba

hecho

la

concluir

que

la

demandada

en

su

aplicación es inválida. En efecto, exigir al contribuyente, como se hace, la acreditación fehaciente de un criterio proveniente de un fisco ajeno al actuante que hubiera inducido a aquél al pago en la forma en que lo hizo, significaría tanto como privarlo de toda facultad interpretativa del convenio multilateral a pesar de ser quien realiza la actividad plurijurisdiccional perteneciente al ámbito de aplicación de aquél (artículo 1º PACM), y de ser el agente de la distribución que el régimen convenido establece. Una conclusión de esa índole importaría tanto como quitar sentido a la

previsión

contenida

en

el

artículo

25

que

le

reconoce

inclusive legitimación para interponer recursos de apelación ante la Comisión Plenaria contra decisiones de la Comisión Arbitral. 5º) Que en ese orden de ideas cabe poner de resalto que

reafirma

la

interpretación

antedicha

las

previsiones

contenidas en los puntos 2 y 3 del artículo 1º referido. En

efecto,

lo

allí

dispuesto

permite

extraer

la

conclusión de que la notificación que regula es la primera toma de conocimiento por parte del fisco ajeno al fiscalizador sobre las diferencias existentes, esto es sobre la diversa aplicación del convenio que ha realizado el fisco actuante. En

tanto

primer

conocimiento

sobre

ello,

congruentemente, el texto del protocolo le abre dos opciones posibles al fisco ajeno, conformidad o resistencia respecto del criterio del fisco presuntamente afectado, esto es del actuante. Al ser ello así carece de sustento la exigencia que pretende imponerse

al

contribuyente

de

acreditar

una

interpretación

distinta de otro fisco, ya que si ello fuese ineludible la ley no

-7-


prevería la posibilidad de la conformidad posterior del fisco reclamado. Adviértase

asimismo

que,

siguiendo

la

línea

interpretativa que propone la demandada, si fuera necesario que el contribuyente tuviera que actuar de acuerdo a un criterio de otro fisco, es decir tuviera que seguir la interpretación del convenio multilateral adoptada por una jurisdicción, y tuviera que dar cuenta de ella ante los estrados de otro fisco, ese proceder obtendría una entidad semejante a la que precisamente ha establecido el protocolo, y éste resultaría entonces superfluo. Como quedó expuesto, si ésta debiera ser la vía a seguir por parte del contribuyente, no tendría sentido que el protocolo prevea la posibilidad de que el fisco ajeno preste conformidad con la determinación tributaria del actuante. 6º) Que si en efecto, como la propia demandada afirma en la resolución 1377/04, el fisco actuante no exige que el ajeno intervenga en el proceso de fiscalización entre el primero y el contribuyente, y si se descarta —de acuerdo a lo considerado precedentemente— fehacientemente

la la

exigencia

de

que

aquél

existencia

de

otro

deba

criterio

acreditar al

de

la

jurisdicción fiscalizadora, cabe preguntarse cuándo y de qué modo es

que

pueden

surgir

interpretaciones

divergentes

entre

dos

fiscos, condición para la apertura del procedimiento en examen. La respuesta a ello se encuentra en la finalidad que dio vida al protocolo, es decir un sistema de compensación entre los

fiscos

en

cuyas

jurisdicciones

un

particular

realiza

su

actividad. De ello se deduce que, una vez firme la determinación tributaria, esto es la definitiva voluntad de una jurisdicción de considerarse con derecho a una parte mayor de la base distribuida a él por el contribuyente y otorgada a su costa a otras, es el fisco

actuante

quien

debe

poner

en

funcionamiento

el

procedimiento que le permitirá eventualmente recuperar la porción en menos que dice no haber recibido.

-8-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

La interpretación que hace la provincia de Entre Ríos invierte

los

términos

contribuyente

la

del

procedimiento

sustanciación

de

la

al

posible

exigir

al

diferencia

de

criterios entre los fiscos involucrados, sin asumir su rol — establecido en el artículo 1º, punto 1, PACM—, en su propio interés, de notificar su postura al fisco al que la distribución de la base hecha por el contribuyente habría beneficiado en más. 7º)

Que

otro

aspecto

de

la

finalidad

que

tuvo

la

creación del protocolo fue el de evitar al contribuyente, tal como el Estado provincial lo afirma, “...los desfasajes que le generaban los mecanismos indexatorios a sus deudas y créditos vigentes por aquella época [es decir 1980, oportunidad de su creación],

que

hoy

han

perdido

vigencia”

(ver

fs.

810

del

expediente administrativo ya citado). Es precisamente la lógica interna del protocolo la que permite

relevar

al

contribuyente

de

la

necesidad

de

la

acreditación fehaciente del diverso criterio de un fisco ajeno al actuante,

ya

que

notificación expresado

del

por

en

caso

actuante

este

último,

de

que

dando y

que

el

su

ajeno

responda

conformidad

implica

al

a

la

criterio

diferencias

en

la

distribución de la base, la jurisdicción “acreedora” podrá cobrar recargos, multas e intereses al contribuyente, y de este modo penalizar su interpretación ahora errada (artículo 1º, punto 2). Por el contrario, cuando exista oposición del fisco ajeno al criterio del actuante, esto es cuando haya efectivamente diversas interpretaciones entre fiscos respecto de la situación fiscal de un contribuyente, los intereses no podrán ser aplicados a éste, habiéndose así cumplido con la finalidad del protocolo. En otras palabras, no se trata de que el contribuyente juegue un mayor o menor papel en el procedimiento, o que quede excluido

en

forma

tajante

por

tratarse

de

un

convenio

entre

fiscos. El protocolo genera el marco en el cual puede nacer una

-9-


diferencia interpretativa del convenio multilateral entre fiscos, en

cuyo

caso

la

cuestión

debe

ser

dirimida

por

la

Comisión

Arbitral (artículo 1º, punto 3, PACM), o no hacerlo, con lo que el contribuyente deberá redistribuir de acuerdo al criterio del fisco actuante, y será pasible, consecuentemente, de “multas, recargos y/o intereses” (artículo 1º, punto 6, PACM). 8º) Que la interpretación de la provincia de Entre Ríos

lleva

a

contribuyente

la y

paradójica

situación,

desconocedora

de

los

perjudicial

fines

para

para

el

que

se

los

estableció el protocolo en estudio, de que al no realizar la notificación prevista en el artículo 1º, punto 2, PACM, nunca puede concurrir la conformidad ni la disconformidad del fisco ajeno,

y

de

esta

forma

la

divergente

interpretación,

y

ese

presupuesto es condición de funcionamiento del sistema. Cabe al respecto reseñar la resolución de la Comisión Arbitral 16/2002, a través de la cual se rechazó la aplicación del protocolo por ausencia de diversas interpretaciones “ya que ninguno

de

actividad,

los y

fiscos que

en

fueran

que

la

misma

notificados

[la

firma]

de

la

realiza

resolución

determinativa, planteó una controversia en ese sentido” (énfasis agregado). La conducta que intenta hacer valer la provincia de Entre Ríos, esto es la de negarse a notificar al fisco ajeno las diferencias

presuntamente

existentes,

resulta

especialmente

gravosa para el contribuyente si se considera que, en el caso, de acuerdo con la legislación provincial, éste debió pagar el monto reclamado para poder agotar la vía recursiva provincial y dejar firme

la

determinación

tributaria,

requisito

ineludible

para

habilitar el procedimiento del protocolo. 9º) Que por todo lo expuesto resulta que el Estado provincial demandado ha incumplido con las prescripciones del protocolo, y de este modo con la obligación asumida en el régimen

-10-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

de coparticipación federal de impuestos (ley 23.548, artículo 9°, inc. d). 10) Que el reclamo de repetición de la suma pagada es procedente. En efecto, si la provincia hubiera realizado los pasos necesarios

para

la

aplicación

del

protocolo,

esto

es

la

notificación prevista en el punto 2 del artículo 1º, el actor, aun en el caso en que su reclamo hubiese sido desestimado vía conformidad

del

fisco

ajeno

como

por

hipótesis

plantea

la

demandada (ver fs. 71 vta.), no habría debido pagar en efectivo como lo hizo, sino mediante los documentos de crédito que prevé al

efecto

el

artículo

del

PACM,

esto

es

un

sistema

de

compensación. 11) Que frente al argumento de la demandada según el cual

la

actora

pudo

haber

dejado

firme

la

resolución

determinativa para así obtener uno de los requisitos para la aplicación del protocolo, sin necesidad de apelar la cuestión hasta alcanzar el recurso jerárquico —para lo que debió pagar el monto discutido de acuerdo con el artículo 100, párrafo 1º, del Código Fiscal lo-cal—, cabe afirmar que la letra del PACM no autoriza a interpretar que la determinación firme (artículo 1º, punto 1, PACM) se refiera a un consentimiento y no, por el contrario, al agotamiento de la vía recursiva (como sucede in

re). Por lo demás, en el caso concreto, cabe advertir que desde la resolución 59/03 de la Dirección General de Rentas, el fisco actuante negó la procedencia de la aplicación del protocolo (ver fs. 717 del expediente administrativo ya citado), temperamento que sostuvo hasta la resolución 1377/04. De tal manera, exigir al contribuyente que consintiera la decisión al respecto hubiera significado tanto como exigirle su renuncia a la aplicación de las previsiones contenidas en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral.

-11-


12) Que, en su mérito, la demandada deberá devolver a la actora el importe por ella recibido en concepto de impuesto sobre

los

ingresos

brutos,

con

más

los

intereses

que

se

computarán desde la oportunidad en que fue percibido hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el

Banco

Central

de

la

República

Argentina

(conf.

causas:

S.457.XXXIV “Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, del 19 de agosto de 2004; “Goldstein, Mónica c/ Santa Cruz, Provincia de” (Fallos: 328:1569) y “Tortorelli, Mario Nicolás

c/

Buenos

Aires,

Provincia

de

y

otros”

(Fallos:

329:4826), entre otros). Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve:

Hacer

lugar

a

la

demanda,

declarar

aplicable

el

procedimiento establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral en relación a la determinación tributaria de autos, y ordenar a la demandada devolver la suma recibida de la actora en el concepto previsto en el artículo 100 del Código Fiscal provincial, con más los intereses que se liquidarán de acuerdo con lo expuesto en el considerando 12. Con costas (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvase

el

expediente

administrativo

y,

oportunamente,

archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia parcial)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT (según su voto)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA VO-//-

-12-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT Y DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando: Que los infrascriptos coinciden con el pronunciamiento que

encabeza

considerando

la 2°,

presente el

que

sentencia,

queda

con

redactado

excepción

en

los

del

siguientes

términos: 2º)

Que

a

los

efectos

de

considerar

si

el

procedimiento establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral

se

encuentra

habilitado

con

relación

a

la

determinación tributaria que se cuestiona —lo que constituye el objeto de esta

acción—, cabe en primer término tener presente

que las partes coinciden en diversos puntos que son a su vez condiciones

efectivamente

necesarias

para

abrir

la

instancia

procedimental que pretende la actora. En “diversas

efecto,

no

se

interpretaciones

encuentra de

la

controvertido

situación

fiscal

que

las

de

un

contribuyente” habrían surgido de un proceso de fiscalización (artículo 1º, PACM), que la determinación tributaria ha quedado firme (artículo 1º, punto 1, PACM), y que las diferencias de gravamen que se han determinado encuentran razón en la atribución por exceso o por defecto de base imponible (artículo 1º, PACM). Este último extremo resulta relevante, frente a la exigencia establecida en la resolución RG 19 de la Comisión Arbitral del convenio, del 18 de octubre de 1983, mediante la que se aclaró que

“el

Protocolo

Adicional

no

será

de

aplicación

cuando

se

determinen omisiones en la base imponible atribuible a todas las jurisdicciones,

no

obstante

interpretaciones

de

la

la

situación

concurrencia fiscal

del

de

diversas

contribuyente,

prevista en el artículo 1º del mismo” (artículo 1º, RG 19). En el caso

no

está

en

discusión

que

-13-

la

actora

ha

calculado


correctamente

la

base

imponible

relativa

al

impuesto

a

los

ingresos brutos por su actividad en todo el territorio del país. Sí

difieren

las

partes,

en

cambio,

tanto

en

lo

referente a la debida distribución de dicha base, como en la interpretación que realizan del artículo 1º del PACM; esto es, sobre

el

diversas

sentido

que

debe

asignarse

interpretaciones

de

la

a

la

expresión

situación

“surjan

fiscal

de

un

contribuyente”. La actora, entiende que inicialmente la divergencia apuntada

tendría

lugar

entre

el

fisco

actuante

y

el

contribuyente, pues resultaría imposible que en el proceso de fiscalización “sea parte un fisco ajeno” (ver fs. 34 vta.); la intervención de éste, expone, recién tiene lugar —de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º, punto 2, PACM— cuando, una vez notificada

por

el

fisco

actuante

de

las

diferencias

por

él

determinadas, la otra jurisdicción consienta éstas o manifieste su disconformidad, y someta el caso a la decisión de la Comisión Arbitral —artículo 1º, punto 3—. De esta forma concluye que el fisco entrerriano debe, pese a su resistencia a hacerlo, efectuar la

notificación

pertinente

a

los

fiscos

que

han

sido

presuntamente beneficiados en más por la distribución de la base imponible, enmarcando así tal acto en el procedimiento del PACM. La demandada, por su parte, da al texto bajo examen una

inteligencia

distinta.

Sostiene

que

las

diversas

interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sólo pueden provenir de dos fiscos distintos, y que ellas deben estar fehacientemente discrepancias

acreditadas, que

puedan

excluyéndose surgir

en

un

de

este

modo

procedimiento

“las de

fiscalización entre un Fisco y el contribuyente” (ver fs. 72 vta.). Esta

postura

encuentra

mayor

desarrollo

en

la

resolución provincial 1337/04, que rechazó el recurso interpuesto

-14-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

por la actora con relación a la determinación efectuada por la provincia. En aquélla se afirma que “al decir interpretaciones divergentes entre fiscos, no estamos diciendo que “ab initio” ellos

deban

tomar

intervención

activa

en

una

fiscalización

efectuada por uno de ellos, sino que la divergencia se expresa cuando

un

fisco,

el

que

inicia

la

fiscalización,

expone

un

criterio determinado, distinto al del contribuyente, pero éste acredita ante él que actuó en la manera en que lo hizo, siguiendo un

criterio

de

la

otra

jurisdicción.

Es

obvio

que

tal

acreditación no consiste en la mera afirmación o expresión del contribuyente de existir un criterio disímil sobre una misma cuestión,

pues

en

tal

hipótesis,

prácticamente

todas

las

fiscalizaciones efectuadas a contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral devendrían en la aplicación del Protocolo...” (ver fs. 808/809 del expediente administrativo nº 94.961 agregado a estas actuaciones a fs. 75). De acuerdo a esa hermenéutica, la demandada entiende que

la

actora

no

ha

acreditado

la

existencia

de

una

interpretación distinta proveniente de otro fisco, sino que por propia voluntad no declaró actividad en la jurisdicción de la provincia

de

Entre

Ríos

hasta

después

de

comenzada

la

fiscalización. De este modo, según manifiesta, al no cumplirse la condición mencionada, el procedimiento no se encuentra habilitado en relación con la determinación tributaria en cuestión. Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve:

Hacer

lugar

a

la

demanda,

declarar

aplicable

el

procedimiento establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral en relación a la determinación tributaria de autos, y ordenar a la demandada devolver la suma recibida de la actora en el

-15-


-//-

-16-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

-//-concepto

previsto

en

el

artículo

100

del

Código

Fiscal

provincial, con más los intereses que se liquidarán de acuerdo con lo expuesto en el considerando 12. Con costas (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvase

el

expediente

administrativo

y,

archívese. CARLOS S. FAYT - E. RAÚL ZAFFARONI. ES COPIA DISI-//-

-17-

oportunamente,


-//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Y

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DOCTOR

DON

ENRIQUE

SANTIAGO

PETRACCHI Considerando: Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1º

a

11

que

encabezan

este

pronunciamiento,

a

los

que

cabe

remitir en razón de brevedad. 12) Que, en su mérito, la demandada deberá devolver a la actora el importe por ella recibido en sobre

los

ingresos

brutos,

con

más

concepto los

de

impuesto

intereses

que

se

computarán desde la oportunidad en que fue percibido hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina

en

sus

operaciones

ordinarias

de

descuento

(conf.

causas: S.457 XXXIV “Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/

daños

y

perjuicios”,

disidencia

de

los

jueces

Petracchi,

Belluscio y Vázquez, del 19 de agosto de 2004; “Goldstein, Mónica c/ Santa Cruz, Provincia de”, disidencia de los jueces Petracchi, Belluscio y Lorenzetti —Fallos: 328:1569— y “Tortorelli, Mario Nicolás c/ Buenos Aires, Provincia de y otros”, disidencia de los jueces Lorenzetti y Petracchi, —Fallos: 329:4826—, entre otros). Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve:

Hacer

lugar

a

la

demanda,

declarar

aplicable

el

procedimiento establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral en relación a la determinación tributaria de autos, y ordenar a la demandada devolver la suma recibida de la actora en el concepto previsto en el artículo 100 del Código Fiscal provincial, con más los intereses que se liquidarán de acuerdo con lo

-//-

-18-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

-//-expuesto en el considerando 12. Con costas (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvase

el

expediente

administrativo

y,

oportunamente,

archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI. ES COPIA

DISI-//-

-19-


-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Considerando: 1°) Que a fs. 49 de estas actuaciones se decidió que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia

de

la

Nación

(artículo

117,

de

la

Constitución

Nacional), pero más allá de ello frente al prolongado trámite al que dio lugar la sustanciación del proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, evidentes razones de economía procesal, así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión mantener

judicial su

que

ponga

competencia

fin

a

la

originaria

controversia, para

dictar

llevan

a

sentencia

definitiva (conf. “Punte, Roberto Antonio c/ Tierra del Fuego, Antártida

e

Islas

del

Atlántico

Sur,

Provincia

de”

—Fallos:

329:809—; “Cohen, Eliazar c/ Río Negro, Provincia de y otros” — Fallos: 329:2088—; “Bustos, Ramón Roberto c/ La Pampa, Provincia de y otro —Fallos: 329:2688—). 2º)

Que

el

artículo

del

Protocolo

Adicional

al

Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 dispuso que el procedimiento allí reglado se aplicará en los casos en que por fiscalización, surjan diversas interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio, y se determinen diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de base

imponible,

contribuyente

entre

desarrolla

las

jurisdicciones

la

actividad.

en Ese

las

que

el

procedimiento

culminará bien con la aceptación —expresa o tácita— por parte de las demás jurisdicciones, de la determinación realizada, o bien — en caso de discrepancia— tras ponerse en acción el mecanismo previsto en los puntos 3 y 4 del artículo 1º del Protocolo,

-20-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

después de la intervención de la Comisión Arbitral o bien de la Comisión Plenaria. Una vez resuelto lo que corresponda respecto de la determinación de oficio practicada por la jurisdicción actuante —siempre en cuanto a la atribución de base a cada jurisdicción—, y en el supuesto en que continuase resultando ajuste a su favor, ésta ha de emitir la liquidación pertinente (artículo 1º, punto 5, del Protocolo), y ha de notificarla al contribuyente para que éste, dentro de los diez (10) días hábiles, proceda a solicitar el reintegro ante la o las jurisdicciones en donde ha ingresado en demasía, conforme el artículo 2º del Protocolo Adicional. El mecanismo descrito evita que el contribuyente tenga que pagar la diferencia (ya ingresada, pero a otro u otros fiscos adheridos), como también que deba iniciar la repetición ante la o las jurisdicciones que han percibido de más. 3º) Que para la solución del presente litigio resulta necesario entrar en la consideración sólo de la inteligencia que debe darse a lo establecido en el artículo 1º del PACM, esto es si

se

encuentran

dadas

las

condiciones

para

habilitar

el

procedimiento convenido. El punto referido a la debida distribución de la base imponible, en cambio, debe ser excluido del presente examen, ya que constituye precisamente el eventual objeto de tratamiento en el marco del protocolo, y una decisión jurisdiccional sobre el tema

significaría

en

esta

instancia

tanto

como

sustraer

la

cuestión de fondo de las órbitas de competencia convenidas por las

partes

suscribientes

del

Convenio

Multilateral

(confr.

artículos 17, inc. e, y 25; y artículo 4º del PACM). 4º)

Que

de

manera

reglamentaria

y

conteste

con

la

letra y el espíritu del Protocolo Adicional, la Comisión Arbitral estableció en el artículo 1º de la Resolución General nº 19/983 (B.O.

22/12/1983)

que

el

referido

-21-

Protocolo

“no

será

de


aplicación cuando se determinen omisiones en la base imponible atribuible

a

todas

las

jurisdicciones,

no

obstante

la

concurrencia de diversas interpretaciones de la situación fiscal del contribuyente, prevista en el artículo 1º del mismo”. 5º) Que en su escrito de responde la provincia de Entre

Ríos

negó

expresamente:

a)

que

de

la

determinación

efectuada surja que el contribuyente tributó en exceso en alguna jurisdicción ; b) que la base imponible total informada por la actora sea correcta y c) que la determinación de deuda fiscal y su pago implique, por sí sola, la indebida percepción de parte del gravamen por incorrecta distribución de la base imponible entre distintas jurisdicciones (fs. 69 vta.). 6º) Que como bien lo señala el señor Procurador Fiscal subrogante en el dictamen de fs. 115/116, de las constancias de autos no surge prueba alguna de la actora tendiente a rebatir estas negativas y demostrar —como era su carga hacerlo para la aplicación

del

Protocolo

que

invoca—

que

la

base

imponible

reclamada por la provincia de Entre Ríos ha sido atribuida a otras

jurisdicciones

en

exceso,

de

forma

tal

que

no

existe

omisión en la base imponible atribuible a todas las provincias durante los pe-ríodos en litigio. En

consencuencia,

el

incumplimiento

de

dicha

carga

precedentes

son

probatoria conlleva al rechazo de la demanda. 7º) suficientes

para

Que

las

resolver

consideraciones el

caso

y

tornan

innecesario

el

tratamiento de los restantes argumentos expuestos por las partes. Por ello, y concordemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve: Rechazar la demanda seguida por Argencard S.A. contra la provincia de Entre Ríos. Con -//-

-22-


A. 1136. XL. ORIGINARIO Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición.

-//-costas (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese al señor Procurador General, devuélvase

el

expediente

administrativo

y,

oportunamente,

archívese. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO. ES COPIA Profesionales intervinientes: POR LA ACTORA Dres. Patricio Aristóbulo Navarro, Paula Laorca de Mollón y Marcela Alejandra Fiocco. POR LA DEMANDADA: Fiscal de Estado Claudia Mónica Mizawak, y los Dres. Carlos Aurelio y José Emiliano Arias.

-23-


Para acceder al dictamen de la Procuraci贸n General de la Naci贸n ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2004/bausset/mayo-ago/argencard_a_1136_l_xl.pdf

-24-


;

p.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

American

Chubut,

sI

Energy

Provincia

tina

c/

los

autos:

Chubut,

declarativa",

los

otro

del

Argentina

(Estado

el

Nacional)

"-t 20/¿ .

"Pan American Energy LLC.

Provincia

de

Sucursal

y

acción declarativa.

Buenos Aires, 11 el... F'o Vistos

LLC.

del

y

otro

Sucursal Argen­

(Estado Nacional)

s/

acción

LLC.

Sucur­

que

Resulta:

I) sal

Argentina

términos de

A

la

del

ley

inicia

estado

con

de

4845,

el

322 la

la

"Fondo

renciados

servicios

financiamiento

en

el

res

ámbito

a

3°),

dos

se

(0.90

cual

ley

de

del

declarativa,

Civil

Chubut,

consideró

de

con

que

local

en

la

objeto

de

dictado de

la

halla

noventa

consumidores consumos

la

y

por

en

el

contra­

lapso

usuarios

dispone

centavos

de

sean

megavatios/hora

que

crea

eléctrica"

mw/h)

especial"

los

Comercial

el

atención de

con

cuyos

se

cuanto

gravará

a

el

y

en

coparticipación impositiva.

energía

quinientos

"contribución

Energy

Procesal

especial para

provincial,

mil

acción

Código

provincia

la

el

megavatio/hora

del

American

incertidumbre motivado por

cinco meses,

su

Pan

presente

régimen federal

Cuestiona

de

vta.,

la

contra

provincial

dicción

38/66

artículo

Nación,

disipar el

fs.

que

de

iguales

(2500

ca­

"para

peso

energía

de

cada

eléctrica o

mw/h)"

superio­

(artículo

demandada pretendería

apli­

carle.

Sostiene

9° a

que

la

norma

que

impugna

de la ley de Coparticipación Federal de las

provincias

distribuidos así

también

-en el

aplicar

el

caso

régimen

de

gravámenes

el

impuesto

estabilidad

-1-

vulnera

Impuestos,

análogos

al

a

valor

fiscal,

los

el

artículo

que

impide

nacionales

agregado-,

seguridad

como

jurídica


y

no

la

discriminaci6n

politica

los

acuerdos

hasta

el

vicio

pub1ico

un por

31

de

agosto

de

padr6n el

o

creado

decreto

se

de

2002

para

el

Pacto

que

fijan

Federal la

de

Constitu­

que

los

periodos

mediante

una

not a

fechada

el

gabela

por

rechazaba

tal

constitucionales por

a

cortes

todos

durante

por

firmado

los

de

los

que

ley

se

suspendieron

suministro

usuarios

estuvieran

del

de

del

la

ser­

provin­

registrados

beneficio

en

establecido

380/2000.

gravamen

julio,

resoluciones 5/02

nacionales

las

provincias

a

3

de

agosto en

las

8/02,

a

y

del

septiembre

que

las

septiembre

reputarla

y

se

liquidaba

cuales de

petroleras,

de

ano,

de

en

las

la

garantias

estabilidad

entre

el

respondi6

ese

violatoria

regimen

de

que

fiscal

se

cuenta

demandada.

Dice

que

el

10

puesta,

la

notificaci6n

de

mes

un

funcionario

del

por

vicios

Publicos,

a

traves

de

octubre

siguiente

la

resoluci6n,

Ministerio de

la

cual

recibi6

firmada

el

de

Hacienda,

5e

le

4

en

del

Obras

requeria

e1

res­ mismo

y

Ser­

ingreso

gravamen.

Arguye

al

nacional

materia que

leyes

finalmente

esa

otorgamiento

cuatro

go

las

el

y

por

carenciados",

dictaron

de1

de

nacional,

que

electricidad

"desocupados

2002,

la

marco

fiscales

asimismo,

Explica

que

el

Nacional. Indica,

cia

en

hidrocarburifera

Hidrocarburos, ci6n

previsto

a

su

que

sobre

imponible criterio

-el se

se

el

trata

valor

consumo verifica

de

un

impuesto

agregado, de

energia

tanto

-2-

en

el

ya

que

que

resulta

grava

electrica-, hecho

la

analo­

misma

simili tud

generador

de

la


p.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

American

Chubut, si

obligaci6n

como

tiene

la

que

articulo

9',

en

la base

provincia

inciso b,

Anade

que

que

siones

explotaci6n

de

permiso la

o

y

el

pago

existentes gravados

de

al

con

sal vo

tos o

por

Indic6

las

acordado

de

noviembre

en

el

de

brado

ley

entre

hidrocarburos

a

Aduce

la

ner

asi

la

que

presi6n

perfeccionarse

y

4049-,

esas

y

Pacto 1994

como

directriz tributaria

las

Y

por

de

9'),

por

Nacional

la

asimismo y

las

el

en

el

concesioneso

-3-

en

de

existente

las

dispuesto

1055/89, 2778/90,

el

14

provincias Chubut

me­

cele­

productoras

es

ser

impues­

Fiscal

los

su

tambien por

del

la materia

nivel

de

lo

Acuerdo

provincializaci6n federal

servicios ,

las

empresas

a

existen­

-suscrito

provincia

por

explota­

los

como

y

toda

podran

2074/90,

Hidrocarburos

Estado

no

por

el

municipales

decretos

30);

(articulo

y

generales

los

conce­

para

de

sobre

reforzada

y

tendran

que

retribuyan

ve

provincias la

aumentos

(articulo

el

el

17 o 319

vigente

que

permisos

pero

aumentos

Federal

sos­ en

ley

este

hidrocarburos

o

2411/91

la

fiscal

los

que

aprobado

de

mientras

tas as

se

de

provinciales

con

los

asumido

exploraci6n

regimen

de

240145,

por

mismas raiz

ni

garantia

y

el

Naeionall

condiciones,

a,

de

adjudicaci6n,

1216/90

8')

hidrocarburiferas, su

las

230696

(articulo

al

tributos

la

mejoras,

1589/89,

lo

diante

de

esta

leyes

1212/89,

2178/91

que

sujetos,

tributos

caso de

de

inciso

seguidamente:

los

Argentina

(Estado

coparticipaci6no

permisos

exploraci6n

todos

nuevos

contribuciones

de

estaran

de

Sucursal

otro

compromiso

56,

respectivo,

momento

el

articulo

establece

concesiones

cargo

tes,

se

y

En tales

el

ley de

titulares

concesi6n

Republica

ci6n

los

el

establece

imponibleo

la

LLC.

del

acei6n declarativa.

incumpli6

de

Energy

Provincia

de

yacimientoso la

al

de mante­

momento

de


Dice interfiere

dada na

que,

con

ros,

el

en

los

principio

atenta

los

y

contrario,

fines

la

su

el

de

contra

discriminación entender

por

de

libre

la

articulos

de

16,

conducta

legislación

disponibilidad

seguridad

derecho

la

propiedad,

17,

31,

33

los

el

deman­

colisio­

hidrocarbu­

principio

siendo

Y

la

federal,

de

juridica,

de

75,

de

vulnerados

inciso

30,

no

a

su

de

la

Constitución Nacional. Por telar

de

no

adelante

último,

innovar

con

el

la

citación

del

el

articulo

94

el

Tribunal

A

por

30/32

referido

se

indicaron,

III) del

Ministerio

como en

que

medida

A

fs.

de

en

los

respuesta

al

auto

será

autos que

se

tercero

bajo

tipo

limítará

la

esta

Corte,

y

procesal

el y

términos

que

medida

local la

de

sobre

demanda

cau­

continuar

vez

que

pide

conformidad

General

denegó

en

por

medida

con

cautelar,

corresponde

conforme

a

los

el

las

a

la

fundamentos

dictamen

razones

de

que

fs.

alli

requerida. Estado

Nacional,

Producción,

del

artículo

por

contesta 90

del

intermedio

la

código

ci tación de

ríto,

71.

no ni

tiene

interés

coadyuvante,

alguno

esclarecer

una

a

tercero,

incidente

cautelar

fs.

tributo,

presente

85/100,

de

de

jurisdicción

del

Procurador

adhesi vo

a

la

como

del

Economia

tercero

concesión

forma.

incidente,

Manifiesta no

de

senor

la

de

33/34

originaria

expuestos

a

Nacional

código

fs.

el

impida

la

compulsivo

Estado

declaró

competencia

del

que

cobro

del

II)

solicita

con

ni

relación

su postura

-4-

en

la

cuestión,

se

a

respecto

y

que

consti tuirá

las del

partes, asunto.

en

sino


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

American

Chubut, sl

Considera lucrada

aqui

Ia

que

interpretaci6n

suficiente

para

poco

controvertido

del

se

ha

contrato

que

de

deba

con

las

demandante.

rencia,

niega

empresas

que

Y

del

como

Pacto

Federal

del

el

exclusivamente

pios,

no

ga

que

contra

cual

Fondo

reclamable

pudiera

de

el

de

inciso

invocable

mas

del

productoras

tanto

normas en

a,

por

interês en Ia

del

que

frente

a

las

Ia

cualquier

que

estê

no

pleito,

es y

alcance

Ia

ley

invo­ causal

que o

tam­

validez

hubiera

ya

que

56

de

es

una

no

realiza

tal

Ia Ia

de

limitaci6n ley

17.319,

garantia o

Ia

interfe­

10s

1egal

munici­

Por tal motivo,

pretensi6n

in­

tributaria

provincias

Naci6n.

local

que

estabilidad

articulo

a

de

nacional

Hidrocarburos

frente

cl

Nacional)

firmante.

creado

caso

el

hidrocarburos,

de

existir

es

de

Argentina

(Estado

federales

inteligencia,

Ia

garante

emergente

circunstancia

de

Sucursal otro

declarativa.

aqui

para

sea

y

parte

actividades

empresa

las

que

LLC.

del

hacerse

concesi6n

Sostiene

terfiere

acci6n

Ia mera

Energy

Provincia

regresiva

nie­

futura

el1a.

Aduce, dumbre

frente

a

en Ia

norma

criterio,

no

hay

menes

no

recaen

que

fuera,

no

existe

analogia

impositivas

en

a

los IV)

demanda

y

sobre

con Ia

fs.

solicita

su

no

el

IVA

misma en

existe

cuestionada. en

de

de

Agrega a

que

imponible

dado Ia

estado

cuanto

base

ello,

concurrentes

impuestos A

que

local

impedimento

cultades orden

subsidio,

que

Naci6n

y,

se y

incerti­

que, son

su

gravâ­

aunque

trata

las

en

de

asi fa­

provincias

indirectos.

120/127

Ia

provincia

rechazo.

-5-

del

Chubut

contesta

Ia


Tras tiona

que

la

planteada, cionante tici6n,

Ias

via

escogida

puesto

posee para

que

otros

hacer

Ademas, duzca

un

daño,

productos

que

negativas

ya

la

de

sea

valer

sus

niega

que

que

la

primer

par a

provincial

termino,

resolver es

coroo

pretendidos

derechos.

el

importe

resulta

cuyos

la

que

precios

en

se

y

la

de

pagar

ac­

repe­

le

relaci6n

expresan

cues­

cuesti6n

acci6n

debe

infima

la

legitima

procesales,

suma

comercializa,

en

id6nea

norma

caminos

rigor,

pro­

con

en

los

d61ares

estadounidenses.

Recuerda

cionada sis

el

5

de

econ6mica

fondo los

que

abril

nunca

mas

escoger

termin6

que

hallaban cual del

se

sobre 10

Con

de

que

si

alegarse

ble,

quien

el

de

y

con

cuesti6n

fue

san­

situaci6n de

cri­

el

objetivo

de

energia

cortes

legislador recaer

los

un

provincial

el

grandes

bajo

fondo

la

para

cordillerano.

respecto

la

se

a

trata entre

consumo

mientras

en

ca

en

final.

etapa

dos

ellos

tiene

en

impuestos que

admite

genera

-6-

ley

de

crear

un

electrica

de

el

fue

cuidadoso

gravamen, ya

que

1098, de

violaci6n

cambio,

ni

del

obras

puesto

general,

que,

no

aducida

de

peso

usuarios

energetico

especifico, la

una

tributar

consumo s6lo

en medio de

los

hacer

asumieran

bien

el

proporcional,

evitar

que

analogia

afecta

en

vivida,

establecido

desarrollo

señala

2002,

provincial

empobrecidos.

excluidos habia

ley

antes

Argumenta al

de

transitorio para

usuarios

la

se

mediante

la

infraestructura

de

la

IVA

credito

tributo

credito

de­

estos

ley

indirectos, el

y

es

23.548,

no

traslada­

fiscal

local

fiscal

pue­

y

y

es

grava

un

se

apli­


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

/

Pan

/

s/

Asimismo, normativa

general fuere de

sobre

sobre

Ia

que

Ia

niega

los

grandes a

Ia

estabilidad por

una

que

se ya

se

fiscal de

LLC.

del

configure que

se

consumidores

que

norma

Energy

Provincia

y

Sucursal otro

Argentina

(Estado

c/

Nacionall

acci6n declarativa.

hidrocarburos,

actividad

afectada aqui

American

Chubut,

de

dediquen. para

el

una

trata

Por

y

de

un

sea

otra parte, no

puede

transi toria

a

Ia

gravamen

electricidad,

sector

emergencia

violaci6n

cual

entien足

reputarse

como

es

Ia

discutida.

p1anteada

V)

A

en

1a

prueba

pericia1

y

sin

deja

fs.

145/146,

audiencia contab1e

efecto

1a

el

de

Tribunal

fs.

137,

a

por

1a

formu1ada

citaci6n

de1

deniega

1a

Estado

Ia

revocatoria

oposici6n

actora

a

Naciona1

sobre

fs. en

1a

128/129,

ca1idad

de

tercero.

VI) y

1a

empresa

A

actora

VII) Procuradora

tidas

en

fs.

A

200/211

y

presentan fs.

Fisca1

213/219,

sus

222/226,

sobre

Ia

provincia

respetivos 1uce

el

de1

Chubut

1a

senora discu足

a1egatos.

dictamen

de

1as

cuestiones

constituciona1es

a1

pro10ngado

trami te

autos.

Considerando:

10)

Que

frente

1ugar

1a

substanciaci6n de

desde

e1

11amamiento

tes

razones

buna1

en

Antonio Sur,

el

c/

de

economia

autos

Tierra

asi

de

como

de1

s/ 1a

proceso y

para

procesa1

pronunciamiento

Provincia

329: 809),

de

este

sentencia

como

dictado

Fuego,

en

las

cump1imiento

-7-

de

ha

dado

transcurrido

de

227,

fs.

causa

e

que

tiempo

senaladas

1a

Antartida

adecuada

e1

a1

Is1as

por

"Punte,

eviden足 e1

Tri足

Roberto

de1

At1antico

contrato"

(Fallos:

preservaci6n

de

las

garantias


constituciona1es

que

asisten

a

obtener una

1as

este

asunto

gro,

Provincia

de

mayo

y

de

y

1iano)

c/

Corrientes,

de1

de

diciembre

2°) pretaci6n

de

participaci6n propiedad y

de

de

opini6n

que

y

advierta

3°) radora cabo 1ey

Fisca1

por y

1a

pias

a

ci6n

de1

1a

4

re

como

cuencias

de

1a

mora

esa

no

hay

una

nota

Rio

Ne­

sentencia

de1

Ita­

de pesos",

sentencia

acci6n

1a

con

afectaci6n

configura

un

conf1icto

especifico

entendida 1a

a

en

y

en

1ey

de

a1

derecho

concreto, de

estado

Y

co­ de

rea1

una

de­

de

una

diferente

un

2851

inter­

1a

traves

como

norma

320: 1556

de1

Chubut,

de

en

2002,

e1

expresa

10

sefta1a

fisca1

mediante

1iquidaciones

fina1mente,

octubre

c/

en

(Hospi ta1

1a

acti vidad

sendas

y,

mantener

"So­

Aires

presente

correctamente

una

de

1a

S.1590.XL.

y

seria

a

a

definitiva

E1iazar

confrontaci6n

remedio

fin

de

de

324: 333,

hecho

ya

ci­

"Camuzzi") .

provincia

de

se

11evan

causa

cobro

necesidad

ponga

perjuicios", arg.

proceso

otras) .

impuestos

cua1

existe

14/21)

su

316: 1713;

Que

emisi6n

fs.

de

s/

1a

sentencia

Buenos

1a

definitivo,

in

en

entre

10ca1,

admite

(Fallos:

y

debido

que

citas),

"Cohen,

329:2088;

2009,

actora,

331: 2178

daftos

fundarse

federa1

caracter

hipotetico tado,

de

a1

que

sus

Provincia de

norma

1a

s/

de1

judicia1

dictar

Beneficencia

Que

sustancia1,

cisi6n

de

1a

para

Fa11os:

Ita1iana

y

y

comprenden

C.1563.XXXVI

otros

2006,

juicio

cuanto

319:2151

causa

en

decisi6n

originaria

(arg.

de

en

eficaz

ciedad

22

defensa

(Fa11os:

competencia

30

1a

partes,

rapida

controversia

1a

de

a

en

pago

(v.

1a

que

copia

advertencia

-8-

e1

de

de1

de

gravamen

1a

fs.

30).

inicio

de1

1as

Si

a

dicha

(ver

citada de

Procu­

11evada

dictado

advierte

a

sefiora

exp1ici ta

de1

traves

1a

co­

intima­ conse­

bien

en

juicio

de


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO Pan

American

Chubut, 51

apremio

en

caso

por

la

consecuencia

ser

de

voluntario

en

63,

Fiscal

C6digo

falta de

termino

su

culaci6n

alguna

tales

juridica

declaraci6n

merito, mente ra

la

eficaz

y

de

en

el

Sucursal

otro

gravamen,

16gica

sin

ante

que

Argentina

(Estado

la

ello

c/

Nacional)

se

colige

ausencia

locales

de

(articulos

la

demandada

de

adoptar

sentido

260,

in

haya

otra

Que

y

el

pago 59

a

reali­

tesitura

28

Corte

de

aquellos nal,

en

de

casos,

en

terminos de

en el es

o

de

de

que

(Fallos:

el

una

vin­

suficiente

314:1186).

resulta

validez

la

un

En

medio

interes

de

en su

plena­

la

acto­

incuestionable

precedente

no

un

pueden

que

ha

las

sido

estas

de

pago

que

la

la mas

Fallos:

de

en

expresamente y

actos

de

la

sino

en

Congreso o

absoluta

ultimas,

los

Nacio­ que

prohibido

el a

incompatibi­

fuera

retienen

la

impuestos",

los

al

149:

contra

invalidados

poder,

provincias

-9-

los

Limi tada

concede

directa

por

a

que

ser

exclusivo

una

ellos

Sim6n

sostenido

Constituci6n

hay

limites

de

cefiirse.

del

ha

poderes

de

de

constituciona1

repetici6n de

1927,

expresos,

cuando

10s

Mataldi

por

provincia

ejercicio

y

la

ha

An6nima

identicos

provincias,

lidad

una

serio

satisfacer

partir

Buenos Aires,

casos

ejercicio

a

"Sociedad

legislatura

interes

impetrada

Tribunal

septiembre

partes

de manifiesto

Esta

de

ambas

331:2178).

examen

del

Provincia

entre

pretendida

suficiente para

funci6n

re

un

declarativa

norma provincial pone delicada

media

traduce

certeza

323:3326

4°)

las

del

gravamenes

terminos,

que

acci6n

(Fallos:

del

los

y

respecto.

En

la

de

LLC.

del

declarativa.

ingreso

provincial),

zado manifestaci6n a

acci6n

juridica

Energy

Provincia

una

de

cuyos

autori-


dad

concurrente

320:619,

entre

El el

sub

tanto

lite

ultimo

y

leyes

nal

o

las

leyes

su

o

cias

cuanto

claro

receptara

75,

in

terminar

si

26/4/02),

por

de

servicios

se

invocan.

la

Argentina

facultad

Que,

a

la

302:1181;

alli

puesta

que

el

reclama

sustenta

en

de

la

ley

afectaci6n

a

1994 y

dej6

de

las

impuestos

juicio

conceptos

"Fondo

especial o

no

expre­ provin­

indirectos

habia

quedado

de

Fallos: de

1994

constitucional, en

el

sub

lite.

corresponde

provincial

genera

a

4845

para los

de­

(B.O.

carenciados agravios

que

de

Pan American Energy LLC.

Sucur­

un

doble

por

del

23.548, la

de

precedente

ley

o

331:2178)

texto

de

Nacio­

Constituci6n

el

la

el

la

inapli­

Estado

en

tela

elActrica"

en

constituyente

de

energia

prudencia

el

aplicaci6n

crea

en

que

estos

se

luz

en

del

cuesti6n

recordado

perfila

declarar

Naci6n

esta

concurrente

la

y

se

suma

de

a

establecer

que

el De

la

de

Que se

de

bi en

en

286:76

de

que

con

constitucional

la

2°),

el

poderes

contrarios

Fallos:

inconstitucionalidad

disposiciones

149:260;

Tribunal

otros

concurrencia

fue

de

del

la

no

la

de

es

ejercerse

de

reforma

facultad

la

7°)

otro

(arg.

"Mataldi".

que

6°)

por

titulo

inciso

re

esa

competencia

la

a

debe

emanados

defini ti vamente

149:260,

(Fallos:

indicado

atribuci6n

a

Que

en

ıado,

la

nacionales

samente

zanj ada

supuesto

actos

5°)

(articulo

Congreso

valoraci6n

provincial,

en

el

otros).

compromete

cables

sal

con

gravamen

de

garantia

-10-

orden

de

razones:

local

frente

coparticipaci6n de

estabilidad

a

un

las

federal, fiscal

a

y la


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

Arneriean

Chubut, sl

luz

del

articulo

56,

inciso

acei6n

a,

Energy

Provineia

LLC.

del

y

Sueursal

otro

Argentina

(Estado

el

Naeional)

deelarativa.

de

la

ley

17.319

de

hidrocarbu-

ros.

8°) el

Que

con

primer argumento

relaci6n

que

esgrime

inconstitucionalidad de las

limitaciones

hiri6 ci6n

a

la

de

ley

por

la

sobrepase

por

hora

2500 con

que

de

que

las

Distribu­

90

centavos

aquellos

cuya

hora

mensuales,

al

valor

agregado

inciso b,

del

sin

3092.

por

impuesto

ad­

Provincias",

de

la

respeta

cuando

de

ley local

consuman

no

Chubut

impuesto

megavatios el

y

sostener

que

Transitorio

la

el

dado

del

Naci6n

por medio

9°)

Que

la

del

aňo

1988,

al

momento

participaci6n

locales El

de

analogos

objeto

parrafo

de

tipo

tributos

de

ley

23.548

este

de

su a

de

de

fac­ guar­

y,

articulo

prestados-,

puestos

nacionales

"las

y

al

por

nacionales

la

se

abstenci6n

tasas

obligaci6n sistema

sus

jurisdicci6n-

obligaci6n

a

-salvo

vamente

si

coparticipaci6n

como

adherir

los

esta

inciso

de

establece

impositiva -por

actministrativos

ley".

provincia

la

discutido,

estriba en

local,

"Regimen

entre

arguye

analogia

provincia

nes

la

asunto

por

de

federal

de

citada.

impuestos

mos

los

por

del

actora

conculca 10 establecido en el

ley

cada

reservas,

sintesis,

sustancial

ende,

Fiscales

la

fondo

imposici6n

23.548

cada megavatio

turaci6n da

nacional

ni

En peso

asumidas

Recursos

limitaciones

la

al

distribuidos.".

-11-

nacional

municipios

no

aplicar

y

extiende, de

gravar

de

imponibles

de

por co­

organis­

" ... gravame­

distribuidos

retributivas

materias

asumida

en con

por el

segundo

cualquier

servicios sujetas

esta

a

efecti­ los

im­


10)

irnponib1e" -IVA-,

у

de

exige

ta1

ропіЬ1е.

Ahora

tuciona1

per

de

210:276

у

500

еоп

со

sisterna

anuencia Que

constituye,

sobre

е1

que

puestos,

en

cuanto

о

rnu1tip1e

dera1

de

discute

sin

Estado

tiende

еп

зи

de

е1

de

si tuaci6n

arnbas

figuras

е1

1еу

е1

justarnente

сото

rnisrno

de

е1 de

у

fisca1es de

por

(Fa110S: presente

caso

rernite

coparticipaci6n

que

contiene

de

tecnico

coparticipaci6n

evitar

rnarco

10

de

observa

222/226,

deterrninaci6n

de

de

sefia1ada

nuestra

la

10 10s

іrn­

dob1e

forrna

senora

que

1еу

juridi­

Constituci6n Naciona1).

-12-

fe­

adheridas.

fs.

e110s

185: 209;

е1

а

еоп

vio1ar

еп

Ьіеп

іrn­

gravarnenes

ninguno

rnecanisrno

а

hecho

en

inconsti­

10s

poderes

ana10gia

regirnen

de

consiste

inconstituciona1

еп

a1guna,

І'

parte

reputarse

ипо

por

que

de

dictarnen

precisarnente,

ha

provincias

interna,

(articu10

sobre

rnateria

de

por

concepto

duda

por

irnposici6n

cada

extrerno

1as

agregado

entre

consti tuciona1es

consecиencia,

Fisca1 es,

tachado

articu1a

tributaci6n

Еп

curadora

se

е1

еп

creado

de

по

creados

va1ida

ser

va10r

cuestionado,

dob1e

cuanto

sido

217:189),

de1

gravarnenes

еп

garantias

У

12)

23.548

hayan

а1

"rnateria

consurno

ana10gia

situaci6n у

su

10са1

о по

que

rnas

tanto

pueda

1as

estudio

dera1

еп

irnpuesto

denuncia.

es

ta1

tributaria

particu1ar

a1guna

а1

se

о

constituye

-en

tributo

existe

sabido

dos

de1

a1canzada

aque11a

Ьіеп,

configuran

cornpetencia en

de

e1ectrica

parte

е1

si

соrnо

Que

concurrencia

por

por

deterrninar

11)

que

energia

resu1ta

actora-

tributarias,

gravarnen

tarnbien

ernpresa

que

Que

fe­

Pro­

aqui

1irnites

зе que


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

Arnerican

Chubut, s/

1as

jurisdicciones

federa1

que

imp1ica 13)

1ado de

a1

una

regimen

8i

como

heridas

a

10s

terno e1

de

0

de

no

de

naciona1

8°,

trarse

en

0

11os:

asumida

por

e1

via

materias

9°,

de

e1

intra­

"ana10gia",

vincu­

1ite,

fines 1ey de

inciso con

e1

b),

1a

y

e1

resu1 tante

de

1a

provincias

ad­

inciso

a

de1

coparticipaci6n,

1a

1ey

recordado

en

14.788

en vigor.

10s

cuanto

cuesti6n

in­

su recepci6n

son

en

1ey

expresa

concepto

que

1°,

impuesto

inc1usi6n de

igua1

contribuci6n

ese momento,

especificos

e1

fi­

tasa,

actua1mente

interna,

fueron

natura1eza

4°,

sanci6n

mas

en

"de

su

significado

Tribuna1

1as

sujetas

e1

imposici6n

es

14.390

impuesto,

imponib1es

1ey 20.221

sub

de

(articu10

a partir

1a

Y

10ca1es

regimen

por

de

12.956

parte

gravamenes

y,

por

c/

Nacional)

pacto

imposi ti va

12.139,

inciso b)

1a

Argentina

(Estado

tiempo.

da

mu1 tip1e

que

a

debe

cen­

objetivos evitar

1a

ciertamente

precedente

de

Fa­

149: 260.

En ni6n

e1

se

por

Sucursal

otro

mediante

concepto

recien

e1

observada

en

1eyes

en

1as

aque110s

perseguidos

fue

1as

gravar

continu6 mediante En

de1

coparticipaci6n

(articu10

1ega1

(articu10

a1cance

ap1icar

no

y

acci6n declarativa.

autoimpuesto

normativa

tributo,

texto

dob1e

e1

bien

LLC.

del

1a 1ey-convenio vigente.

invo1ucrados"

otro

han

ob1igaci6n

1a

12.956), u

Que

evo1uci6n

j ando

se

Energy

Provincia

de

Dino

este

contexto

Jarach,

quien -con

respecto

va10raci6n

de

1as

que

10s

entendera

adquiere

recordada

a

1a

por

ana10gia-

circunstancias

impuestos

1a

senora

expres6:

re1evancia Procuradora

son

1a

de

ana10gos

cada

a

10s

opi­

Fisca1,

"8in perjuicio

particu1ares

10ca1es

-13-

singu1ar

de

caso,

1a se

naciona-


les

unificados

hipótesis:

cuando

imponibles

o

hechos

imponibles

de

estén

bases

de

hechos

No

de

será

que

impuestos,

tal

o

parciaI,

Anteproyecto

de

acuerdo

la

ley

a

Ley

jase

dad

fuera

los

del

a

materias

gratuita

Por

régimen

a

lo

fiscal

de

de

hasta

sub

la

págs.

una

el

y

ingresos

ley de del

substancial,

de to­

medición." de

Consejo

183

en

(v.

Impuestos;

y

el

Fe­

sgtes.).

Procuradora

Fiscal de

completa

identidad

de

sino

coincidencia

una

propio

legislador

analogia,

más

inmueble, brutos,

o

aunque

menos

sobre

de

la

sellos

párrafo,

in

de­ cir­

estric­ propie­ y

fine,

a

la

inciso

coparticipación). citado

el

circuns­

régimen

reglas

(tercer

expuesto,

examine

a

los

responsables

de

senora

que

propiedad

bienes

aqui

o

la

Nacionales.

1966,

de

sustancialmente

Distribución

prohibición de

la

aplicación

y

los

diferentes

analogia

bases

imposición,

explica

los

la

o

requiere

concretas

de

la

interpretativas,

de

la

sobre

sobre

9'

no

criterio

medición

Impuestos

destaca

bases

ámbito

articulo

conforme

o

de

los

restringidas

definición

coincidencia

Buenos Aires,

del

automotor,

diferente

Unificación

analogia

Tal

adopten

se

de

comprendan

aunque

imponibles

lo

siguientes

o más

desechar

exista

en

que

contribuyentes

categori as

impuestos

transmisión

b,

la

imponibles

cunscriptos tas,

de

como

estas

"sustancial".

los

las

coincidentes

amplias

bases

para

de

nacionales

una

de

Provincial

Que

23.548

de

que

hechos

Inversiones,

de

hechos

pesar

coincidan

de

14)

éstos,

relevante

Coparticipación

de

en

siempre

más

impuestos

adopción

no

los

deral

a

imponibles,

tancia

los

comprendidas

alguna

sustancialmente

definiciones

medición;

iguales.

verifique

definiciones

hechos

que

se

criterio

cabe

tributo

-14-

hermenéutico,

concluir

local

en

que

impugnado

en

y el

guarda


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

American

Energy

LLC.

Chubut, Provincia del si acci6n declarativa.

"sustancial tener ner

10

analogia"

contrario

favorable

lado

el

que con

el la

Que

hecho

1°,

dificaciones), tuada

sea

0

sub

en

efecto,

en

b,

energia lite

en

el

la

los

parte

d,

e

y

la

IVA -en

energia

de se

la

Argentina

(Estado

intentos

cI

Nacional)

para

sos­

demandada

puedan

se

en

de

dicha

efectuada

empresa

que

la

del

en

los

ley.

por

provey6

señala

que

un de

(t.o.

venta pais,

de

te­

Es

1997 cosa

decir,

sujeto

del

vincu­

y

en

sus

mo­

mueble

si­

por

quien

articulo

alcanza

pasivo,

energia

dic­

definido

efectuada

términos

el

interesa,

eléctrica- esta

realice

territorio

f,

10

ley 23.349

gravamen,

eléctrica

es

por

del

de

a,

cuanto

sujeto pasivo del a,

sin que

acertadamente

imponible

inciso

colocada

incisos de

realizados

transferencia

articulo

IVA,

otro

acogida.

15) tamen

con el

Sucursal

y

la

venta

que

eléctrica

a

4°,

en la

el ac­

tora.

Paralelamente, carenciados

articulo el

de

de

consumo

de

servicios

energia

territorio

provincial,

(ver

caso

energia

se

del

en

de

su

entonces

claro

supera

(2500 en

decreto

que

para

crea

el

el hecho imponible es

cuanto

consumo

también

especial

eléctricaH,

hora mensuales

rango

"Fondo

colige que

eléctrica,

megavatios por

actora

el

de

la ley 4.845,

quinientos

la

en

el

los

mw/h), que

dos

miI

dentro

del

se

encuentra

reglamentario

558/02,

B.O. 7/6/02). Resul ta gravan

el

consumo,

subjetivo mas

amplio

si

bien

que

el

el

que

los

IVA

tiene

tributo

local

-15-

dos un aqui

son

tributos

aspecto

que

material

cuestionado.

y


Por en

arnbos

ca

-cosa

Civil-, la

su

casos,

bien

referencia

propiamente

al

al

el

Procuradora

En

el

del a

por

por

Que

la

su

llos: que

del

de

a

la

las

la

y

2311 se

quedan, electri­

del

grava

mediante

la

"venta"

adquisici6n

un

unico

es

uniformes, lado

aparece

como

(v.

un

C6digo

mediante

la

de

la

fen6meno

con

gravada

asi

consumo,

dictamen

puntualiza

de

valorar

si

bien

vendida

menos

en

que

conformaci6n

para

es

que

en

de

la

y

por

senora

la

empresa es

y

la

imposici6n,

de

7°).

el

que

a

es

Y,

en

por

que

los

pasivo

de

un

esta

incidida

etapa

de

co­

insumo

da­

adquirente

otro

e110

no

en

sustancial.

provee

es

la

se­

imponible

sujeto

esta

actora

puesto

analogia

base

efectivamente

hidrocarburifera-

la

la

advertirse

identidad

respecta

para

dictamen

pueden

formalmente

que

que

el

de

esta

quien

10

producto,

inexistencia

IVA,

diferencias

quita

de

que

un

energia

articulo

del

venta

10

considerandos

base

la

ley local

e1

por

senalados

222/226).

porque

no

de

palabras,

una

como

actividad

316:1533,

en

la

actora,

fs.

tal

del

de

y

de

6bice

ello

alegada

venta

la

econ6micos

a

gravamen -al

hace

nante

y

energia

mercializaci6n da

la

Fiscal

caso,

actora,

con

otras

subjetivos

primer

el

En por

resul tan

IVA

la

"consumo",

Fiscal,

Procuradora

tampoco

imponibles

supuesto

resul tado

aspectos

hechos

terminos

considerarsela

16)

los

el

juridicos

como

nora

en

los

dicha.

doblemente,

otro

en

electrica

aspectos

los

configurados

mueble,

si

energia

parte,

lado, es

terminos

(Fa­

en

10

determi­

antes

ex­

presados.

17) na

tenga

casos

por

Que,

el

obj eto

determinados

de

hecho reglar un

de una

modo

que

la

norma

si tuaci6n

especial

-16-

no

local

que

particular es

10

que

se o

hace

impug­ ciertos de

ella


P.

2738.

XXXVIII.

ORIGINARIO

Pan

American

Chubut, sl

un

acto

arbitrario

224:810), dictado

máxime

fue

O

si,

de

1egis1ar

vedados

por

10ca1

ha

norma

de

miso

modo

1a

1ey

adhesi6n

adquirido, y

e1

decreto

artícu10

de

33

que

de

1a

1ey

cl

Nacional)

procedentes

Federa1

de

en

e1

un

seg­

y

que

e1

estado

medio

de

en

e1

para

e1

Emp1eo,

de

1993

10ca1

1a

compro­ 1a

(aprobado

ratificado

ámbito

su

expresamente

por

agosto y

de

con

improcedencia

también

1807/93

y,

1a

federa1,

como

Fa110s:

Chubut.

aspectos

331:2178),

12

Ejecutivo

de

sobre

Pacto

de1

de

se persigui6

resu1 ta

Fa110s:

24.037

Argentina

(Estado

1a provincia de1

hace

e1

que

usuarios

1ey-convenio,

Poder

otro

(doctrina

lo

coparticipaci6n

suscribir

1a

a

lo

Crecimiento,

de1

caso,

reproche

(arg.

a

a1

su

en

consentido

Producci6n por

de1

e1

1a sociedad de

bien,

Sucursal

y

acci6n declarativa.

protecci6n

mento vu1nerab1e de Antes

en

LLC.

del

inconstituciona1

como

brindar

Energy

Provincia

por

por

e1

1a

1ey

de

ese

3768) .

En

Pacto que

acordaron

graven

1a

e1éctrica, uso

lo

que

derogar

Ta1

que

derecho

(Fa11os:

dicho

Pacto

sea

e1

mantenimiento

miento

de

1es

y

Que

justifica

concedido

de

se

o

e1

trate

e1

e1

ejercicio cuando

1a

estados

otros

transferencias

a1guna

acordada aquí

tiene

amp1io median

configuran,

se

en

e1

a de

tanto

imp1ica

estab1eci­

cuestiona.

dicho

y a

y,

partes,

impide

energía

operativa

5°)

las

de

destinadas

resu1ta

de e

específicos

objetos-

considerando

-17-

parte

provincia1es

convenida

por

que

Tribuna1

que

de

así

situaci6n

conservado

transitorias

-entre

denunciado 1a

10s

impuestos

322:1781,

un tributo como 18)

gencia

10s

supresi6n

p1eno

no

interesa,

transferencia

excepto

doméstico.

aquí

que

veces

si

bien

1a

emer­

diverso de1

poder

circunstancias

e110

no

excepciona­

autoriza

e1

ejer-


cicio

por

acuerda

el

gobierno

(doctrina En

tim6 nes

arbitrar

los

lesionar

el

la

ley

gada

2006, esos

las

de

por

tualidad

el

naturaleza el

con

la

de

argumento

entre

el

ambito

cidencia informe tora

de

a

nomias

en

fs.

las

la

20)

Que y,

en

cultades

concurrentes

soluci6n

que

go

bajo

federal

adopta

ciertas

econ6mica

la

de

Por

6ptica

ser

al

del

la

fs.

cabeza

implica

reglas

implicita.

desde

en

Al

temporal

caso,

del

fue

del

2005,

y

se

sin

gravamen

187/190

los

al

presente

-18-

propio y

su

respeto

de

las

se

la

alegato

estados

las

a

y

a

examinar caso

se

vir­ de

escasa

in­

surge

del

de

ac­

la

las

auto­ fa­

provinciales,

e1

la

enerva

recordadas

tienen

en

relaci6n

disposiciones

que

del

pr6rroga

pierde

conforme

(v.

debido

valorar

si,

Fondo,

en

prorro­ 5453

de

asi

vinculado

que

mantenido

examinada,

ejercicio

de

ha

ello

empresa,

del

excepci6n

normas

del

interpretaci6n

ende,

perseguida

esta

sucesivas

demandada

a

razo­

incumbiria

que

"Fondo"

normativa

perjuicio

su

5264

temporario

de

de

sefialar

el

local.

la

obrante

sin

caracter

2004,

las

la

operaciones

vta.).

se

a

le

es­

en vigor.

al

afio

de

validez

217

locales

federal

le

Chubut

atendibles

finalidad

caracter

perito

por

la

esgrime

de

cuesti6n

no

Barreto"). del

satisfacer

Legislatura

que

Provincia

discusi6n,

tambien

emergencia

re "Mufiiz

en

del

que

Consti tuci6n

estan

arreglo

alegada

en

la

in la

corresponde

5118

suerte

no

si

respecto

invoca,

periodos

dictadas

con

leyes

tal

que

fiscal

Que,

se

medida

para

regimen

local

por

social

medios

19)

la

que

270:374,

condiciones,

tomar

politica

poderes

Fallos:

estas

necesario de

de

de

en

la

jue­

una

16gica

sistema

fiscal

advierte

que

la


Para acceder al dictamen de la Procuraci贸n General de la Naci贸n ingrese a: http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2007/monti/pan_american_energy_p_2738_l_xxxviii.pdf


Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

2015

Alícuota diferencial por lugar de radicación de la empresa. www.federalismofiscal.com

ALÍCUOTA DIFERENCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS B RUTOS T E L E COM V S. P ROVI NCI A DE S ANT A F E – CS JN

S UMAR IO La empresa de telefonía cuestiona la constitucionalidad de la pretensión impositiva de la Provincia de Santa Fe, consistente en gravar con una alícuota diferencial mayor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades realizadas por contribuyentes o responsables radicados fuera de la jurisdicción provincial (venta de equipos telefónicos y módems y por los servicios adicionales a la prestación del servicio de telefonía). La actora, acción declarativa de certeza mediante, intenta determinar: a) si la demandada se ha excedido en sus potestades tributarias; b) precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene para ejercer eventualmente el derecho de percibir la alícuota diferencial cuestionada; y c) si ese proceder quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí (artículo 75, inciso 13, Constitución Nacional). Artículo 75.- Corresponde al Congreso:… 13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.

La Corte no sólo declaró la competencia en instancia originaria, sino que, además impuso una amplia medida cautelar que no se limitó a prohibir la ejecución de la deuda impugnada por la vía del apremio, sino que abarcó la abstención absoluta de perseguir su cobro por cualquier otro medio, como así también de disponer cualquier medida que implique eludir elípticamente la orden de abstención dada por esta Corte (v.gr.: no emitir la “Constancia de Cumplimiento Fiscal” o disponer su bloqueo, etcétera).

F ALLO

DE LA

C OR TE S UPR EMA

CSJ 3750/2014 - ORIGINARIO Telecom Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Buenos Aires, 1º de Septiembre de 2015. Autos y Vistos; Considerando: 1º) Que a fs. 69/94 Telecom Argentina S .A. promueve acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Santa Fe, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de aplicar alícuotas diferenciales más gravosas del impuesto sobre los ingresos brutos por la venta de equipos telefónicos y módems y por los servicios adicionales a la prestación del servicio de telefonía, por el hecho de que la empresa se encuentra radicada fuera de su territorio.

1


Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

2015

Alícuota diferencial por lugar de radicación de la empresa. www.federalismofiscal.com Solicita asimismo la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley impositiva provincial 3650, incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286 y el artículo 1° del decreto 2707/2012, en cuyas previsiones la demandada sustenta su pretensión. Explica que es una empresa cuya actividad es la prestación del servicio de telefonía y actividades conexas en el territorio nacional y que, en tal condición, es contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del convenio multilateral, con "jurisdicción sede" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sostiene que la pretensión provincial impugnada colisiona, entre otros, con los artículos 8°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75, incs. 1º, 10 Y 13, y 126 de la Constitución Nacional, y que excede las potestades tributarias locales. Peticiona el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se ordene a la demandada que se abstenga de reclamar, ejecutar, efectivizar y percibir por cualquier medio el ajuste impositivo que aquí se discute y sus accesorios, recargos y multas, así como de trabar embargos o cualquier otra medida precautoria, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en esta causa. Requiere expresamente que el Tribunal aclare que la referida prohibición alcanza a cualquier forma indirecta de coerción para la percepción del ajuste reclamado, como por ejemplo, la negativa por parte del ente recaudador a expedir o levantar el bloqueo de la "Constancia de Cumplimiento Fiscal" o su bloqueo, necesaria para poder participar en compras, licitaciones, contrataciones y para realizar cualquier gestión con el Estado local (resolución general APl - Santa Fe 19/11), o la negativa de la provincia de cumplir los pagos adeudados por contrataciones ya efectuadas, en la medida en que esa conducta se funde en la falta de pago del ajuste objeto de discusión. 2°) Que la presente causa corresponde a la competencia originaria del Tribunal, de conformidad con lo decidido en el precedente publicado en Fallos: 329:3890 y en las causas CSJ 230/2011 (47-E) "ENOD S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/, acción declarativa de inconstitucionalidad" y CSJ 47/2012 (48-A) "Aluar Aluminio Argentino S.A.l.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencias del 22 Y 28 de agosto de 2012, sustancialmente análogas, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar reiteraciones innecesarias. 3°) Que en cuanto a lo demás requerido cabe recordar que este Tribunal ha establecido que si bien por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bas.es prima facie verosímiles (Fallos: 250: 154; 251:336; 307:1702 y 316:2855). 4º) Que, asimismo, ha dicho en la causa "Albornoz, Evaristo Ignacio c/ Nación Argentina" (Fallos: 306:2060) que "como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad". En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incisos 1° y 2° del artículo 230 del código adjetivo para acceder a la medida pedida. 5°) Que en mérito a la solución que se adopta resulta necesario precisar que el sub lite presenta marcadas diferencias con otros reclamos en los que este Tribunal ha denegado el dictado de medidas precautorias frente a pretensiones fiscales de los estados provinciales, en atención al principio de particular estrictez que debe aplicarse en materia de reclamos y cobros de impuestos (conf. Fallos: 313:1420; 322:2275, entre otros).

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Alícuota diferencial por lugar de radicación de la empresa. www.federalismofiscal.com En el caso se cuestiona la constitucionalidad de la pretensión impositiva local consistente en gravar con una alícuota diferencial mayor del impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades realizadas por contribuyentes o responsables radicados fuera de la jurisdicción provincial. De tal manera, adquiere preeminencia la necesidad de determinar si la demandada se ha excedido -como se afirma- en sus potestades tributarias, precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene para ejercer eventualmente el derecho de percibir la alícuota diferencial cuestionada, y si ese proceder quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí (artículo 75, inciso 13, Constitución Nacional; arg. Fallos: 178:308; 320:1302, considerando 6°, entre otros). Esa situación, diversa de la examinada en los precedentes a los que se ha hecho referencia, permite concluir que en el sub lite resulta aconsejable -hasta tanto se dicte sentencia definitiva- impedir el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a ejercer en supuestos que cabe calificar de ordinarios (arg. Fallos: 250:154; 314:547; 327:1305; 330:2470, entre otros), máxime cuando la decisión que se adopta, si no le asistiese razón a la actora, sólo demorará la percepción del crédito que se invoca. 6°) Que es preciso señalar que la prohibición cautelar que se dispone no se limita a la ejecución de la deuda impugnada por la vía del apremio, sino que importa la abstención absoluta de perseguir su cobro por cualquier otro medio, como así también de disponer cualquier medida que implique eludir elípticamente la orden de abstención dada por esta Corte (conf. causa CSJ 392/2011 (47-T)/CS1 "Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 15 de mayo de 2012). En dichos términos, no emitir la "Constancia de Cumplimiento Fiscal" prevista en la resolución general API-Santa Fe 19/11 o disponer su bloqueo, e impedirle a la actora, como directa consecuencia de ello, intervenir en los procesos administrativos o licitatorios a que hubiere lugar, es en los hechos tanto como mantener los efectos de los actos que la medida cautelar que aquí se ordena busca evitar hasta que se dicte la sentencia definitiva. De tal manera no se advierte impedimento para que el ente recaudador lo expida o levante su bloqueo, indicando, si lo considera necesario, que no existen obligaciones fiscales insatisfechas, salvo las aquí cuestionadas, que no han sido pagadas por haberse dispuesto una prohibición de innovar al respecto (conf. causa CSJ 277/2012 (48-T) /CS1 "Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 29 de abril de 2015). 7º) Que por las razones expuestas, el bloqueo de la constancia referida no puede traducirse tampoco en un impedimento para el pago de las facturas emitidas por Telecom Argentina S.A. a nombre de la Administración Provincial de Impuestos por servicios telefónicos o de internet, sobre la base de las previsiones contenidas en el decreto provincial 3035/2014. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: l. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Santa Fe, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (artículos 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor Juez Federal en turno de la ciudad de Santa Fe. III. Hacer lugar a la medida cautelar de no innovar pedida; en consecuencia, el Estado provincial deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente a Telecom Argentina S.A. las diferencias pretendidas por el fisco local en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos (anticipo 2013/1 a 2013/12) por las actividades denominadas (5159212) "Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones" y (7499000) "Servicios empresariales n.c.p.", así como de trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones, haciéndole saber asimismo que la falta de pago de tales diferencias no impide 3


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Alícuota diferencial por lugar de radicación de la empresa. www.federalismofiscal.com la expedición o el levantamiento del bloqueo de la "Constancia de Cumplimiento Fiscal" prevista en la resolución general API-Santa Fe 19/11, ni constituye un obstáculo para el pago de las facturas emitidas por Telecom Argentina S.A. por servicios telefónicos o de internet. Líbrese oficio al señor Gobernador a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General.

D ICTAMEN

DE LA

P R OCUR AC IÓN

Suprema Corte: -lA fs. 69/94 Telecom S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promueve acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del CPCCN contra la Provincia de Santa Fe, a fin de que V.E. haga cesar el estado de incertidumbre en que dice encontrarse ante la pretensión de la demandada -plasmada en las intimaciones por ajuste impositivo que le fueron notificadas por el Fisco provincial el 24 de febrero, 23 de mayo y 10 de septiembre de 2014-de aplicar una alícuota diferencial más alta en el impuesto sobre los ingresos brutos sobre determinados ingresos -que obtiene en virtud de la actividad que como prestadora del servicio público de telecomunicaciones desarrolla en el jurisdicción demandada-por encontrarse radicada fuera de la provincia, con sustento en lo establecido en el arto 6°, párrafo 3° de la ley impositiva provincial (ley 365O), incorporado por el arto 9° de la ley 13.286 y el art. 1° del decreto 2707/2012, cuya declaración de inconstitucionalidad también solicita. Todo ello, por entender que la pretensión fiscal fundada en tal normativa colisiona, entre otros, con los arts. 8, 9, 10, 11, 16, 28, 31, 75, incs. 1 0, 10 y 13; Y 126 de la Constitución Nacional y excede las potestades tributarias locales. Requiere, asimismo el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que V.E. ordene a la demandada que se abstenga de reclamar, ejecutar, efectivizar y percibir por cualquier medio el ajuste impositivo que aquí se discute y sus accesorios, recargos y multas, así como de efectuar embargos o cualquier otra medida precautoria, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en esta causa. Asimismo requiere expresamente que el Tribunal aclare que la referida prohibición alcanza a cualquier forma indirecta de coerción para la percepción del ajuste reclamado, vg. la no expedición de la "Constancia de Cumplimiento Fiscal" o su bloqueo, o la negativa de la provincia de cumplir los pagos adeudados por contrataciones efectuadas, con sustento en la falta de abono del ajuste fiscal aquí puesto en crisis. Aclara que la Administración Provincial de Ingresos Públicos (API) ha procedido a bloquearle y a no entregarle a la empresa la "Constancia de Cumplimiento Fiscal-Consulta" que, según lo dispuesto en la normativa provincial resulta necesaria para poder participar en compras, licitaciones, contrataciones y/o realizar cualquier gestión con el estado local (v. fs. 76 vta./78 vta.). Relata que es una empresa cuya actividad es la prestación del servicio de telefonía y actividades conexas en el territorio nacional y que, en consecuencia, es contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del convenio multilateral, con "jurisdicción sede" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señala que la demandada, con apoyo en su normativa local, pretende aplicarle alícuotas diferenciales más gravosas por la venta, entre otros, de equipos telefónicos y módems y por los servicios adicionales a la prestación del servicio de telefonía, sobre la base de que la empresa se encuentra radicada fuera de la Provincia de Santa Fe, lo que, afirma, supone: a) una afectación de la cláusula comercial y de los principios de razonabilidad e igualdad consagrados en los arts. 75, incs. 13, 16 Y 28 de la Constitución Nacional; b) una perturbación en la actividad interjurisdiccional que desarrolla: la prestación del servicio de telecomunicaciones; c) una directa intromisión de las autoridades locales en un área de competencia reservada a la autoridad federal; d) un tratamiento diferencial de disfavor con un afán proteccionista-para los contribuyentes que realizan actividades en la jurisdicción sin estar radicados en ella, actuando como una aduana interior y desconociendo 4


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Alícuota diferencial por lugar de radicación de la empresa. www.federalismofiscal.com totalmente los dispuesto en los arts. 8, 9, 10, 11, 16, 28, 31 Y 75, incs. 1° y 10 de nuestro texto constitucional, y e) un supuesto de gravedad institucional ante la normativa local (v. arto 6°, párrafo 3° de la ley 3650, impositiva provincial, incorporado por el arto 9° de la ley 13.286 y el arto 1° del decreto 2707/2012) que da sustento a la pretensión impositiva de la provincia -cuya declaración de inconstitucionalidad solicita-y que, sostiene, fue dictada para conseguir objetivos prohibidos por la Constitución Nacional con la consiguiente afectación del sistema federal de gobierno. A fs. 95 y vta., se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público. -IICorresponde recordar que uno de los supuestos que suscita la competencia originaria del Tribunal se configura cuando es parte una provincia y la causa reviste manifiesto contenido federal, es decir, en el caso en que la demanda entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o·en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 322:1470; 323:2380 y 3279). A mi modo de ver, esta hipótesis es la que se presenta en el sub lite, toda vez que, de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 4° y 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230-se desprende que la actora cuestiona la legitimidad de la pretensión fiscal de la Provincia de Santa Fe, sustentada en normas locales y en actos dictados en su consecuencia, de obtener de Te1ecom S.A. el pago de supuestas diferencias por impuesto sobre los ingresos brutos que le fueron reclamadas, por considerarla violatoria de lo dispuesto en los arts. 8°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75, incs. 1°, 10 Y 13; Y 126 de la Constitución Nacional. Es decir que el planteo se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, por lo que la cuestión federal es la predominante en la causa (Fallos: 314:495; 315:448; 318:2534; 319:1292; 323:1716: 323:3279, entre muchos otros. Así entonces, aunque la actora dirige la acción de inconstitucionalidad contra normas y actos locales, se advierte que tal pretensión exige -esencial e ineludiblemente-dilucidar si la actividad proveniente de la autoridad local interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación con respecto a la regulación del comercio interjurisdiccional (arts. 75, inc. 13 y 126 de la Ley Fundamental) y al establecimiento de aduanas interiores. En tales condiciones, cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito, ya que lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de la denominada cláusula comercial (art. 75, inc. 13 de la Ley Fundamental) cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución· de la controversia y permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional (Fallos: 311:2154, cons. 4°; 326:880, 330:2470; 331:2528, entre otros). Lo hasta aquí señalado, desde mi punto de vista, implica que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el arto 2°, inc. 1°), de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 314:508; 315:1479; 322:2624, entre muchos otros). -IIIEn razón de lo expuesto, opino que al ser parte una provincia en un pleito de manifiesto contenido federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros), el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal. Buenos Aires, 2 de febrero de 2015. 5


Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Al铆cuota diferencial por lugar de radicaci贸n de la empresa. www.federalismofiscal.com LAURA M. MONTI

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Municipalidad de Córdoba vs. Provincia de Córdoba. Coparticipación

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Tribunal Superior de Justicia en pleno www.federalismofiscal.com

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA VS. PROVINCIA DE CÓRDOBA T RI BUNAL S UP E RI OR DE J US T I CI A E N P L E NO: 20 04

SENTENCIA NÚMERO: VEINTE En la ciudad de Córdoba, a SEIS días del mes de DICIEMBRE del año dos mil cuatro, siendo las DOCE Y CUARENTA Y CINCO horas (12:45 hs.) se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet (h), M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Nora Garzón de Bello, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA – PLANTEA CONFLICTO EXTERNO DE PODERES” (expte. letra “M”, nº 05, iniciado el ocho de octubre de dos mil dos), con motivo del conflicto de poderes planteado entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, derivado de la ejecución del régimen de coparticipación de tributos, procediéndose a fijar las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el conflicto de poderes traído a decisión de este Tribunal? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H), M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL Y NORA GARZÓN DE BELLO, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: I. A fs. 29/40vta. la Municipalidad de la ciudad de Córdoba promueve demanda en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba denunciando la existencia de un conflicto externo de poderes en los términos del inciso 1°, apartado c) del artículo 165 de la Constitución Provincial. Luego de reseñar las normas provinciales relativas el régimen de coparticipación, aduce que, en contravención a los dispositivos expresos e imperativos contenidos en el artículo 188 de la Constitución de la Provincia y en la ley n° 8663, la Provincia de Córdoba ha transferido a la Municipalidad de Córdoba durante los años mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, importes significativamente inferiores a los que corresponden por la aplicación del sistema de coparticipación establecido por la Ley 8663 y los índices fijados por Decretos 178/96 y 25/98. - Señala que sin justificación legal alguna la Provincia de Córdoba ha excluido del fondo a coparticipar a la Municipalidad de Córdoba, las asignaciones que ha recibido por Coparticipación Federal de los impuestos que detalla: a) Impuesto a las Ganancias – Excedente Fondo Conurbano Bs. As; b) Impuesto a las ganancias – Ley 24621, art. ss. al 102 inc. e); c) Fondo Compensador de desequilibrios fiscales – Ley 24.130; d) Impuesto a las ganancias – Ley 24699, art. 5 inc. c); y e) Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes – art. 59 Ley 24.977. Acompaña planilla de las sumas percibidas por la Provincia de Córdoba por dichos conceptos y de los recursos que el Municipio se ha visto privado de percibir en los períodos denunciados .

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Municipalidad de Córdoba vs. Provincia de Córdoba. Coparticipación

2004

Tribunal Superior de Justicia en pleno www.federalismofiscal.com Reseña las gestiones efectuadas por el Municipio en procura de poner remedio a dichas irregularidades. Alega que la alteración del régimen de coparticipación provincial denunciada implica un indebido avance de la Provincia sobre pote