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CONTRA EL SILENCIO DE UN BICENTENARIO, por Santi Ortiz

Constituci贸n de C谩diz de 1812


...Cada cual es hijo de sus obras... No te desprecies, Sancho, de venir de labradores, porque la sangre se hereda y la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale... (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes) Comenzamos hoy la publicación de una serie de artículos de Santi Ortiz, en torno a la Constitución de Cádiz de 1812. Aunque algún lector pueda sorprenderse de ese "silencio" que aparece en el título, su presencia ahí no es casual. Aunque muchos pueden pensar que no hay silencio, que hay muchos actos, conferencias, exposiciones... nos parece que la mayoría de esos eventos tienen un tono demasiado institucional, oficialista, casi propagandístico, nos atreveríamos a decir. Nos parece que ese aire superficial que perfuma con disimulo esas ferias que aparecen en los medios de comunicación, pueden querer ocultar un intención premeditada: ignorar el mensaje profundo que aquellos días de Cádiz regalaron al país, ignorar la carga de dignidad, de deseo de justicia, de libertad, que afloraron... y, sobre todo, ignorar la posible y necesaria (aunque alguno se escandalice) relación con la actualidad, una actualidad que también demanda quitarse de encima la presencia de unos Poderes Absolutos que no permiten, en absoluto, la igualdad entre todos los ciudadanos. Todas esos mensajes son los que precisamente Santi Ortiz no va a ignorar en esta serie de textos que hoy empiezan a rodar. (Luis Enrique Ibáñez)


I EL MARCO Y EL ESPÍRITU

Cádiz, ciudad del mar, policromía de cierros y balcones emergida del agua sobre piedra ostionera; aupada sobre una antigüedad de tres milenios, con fenicia partida de bautismo y una biografía desparramada sobre un mosaico de pueblos y culturas. Cádiz, salitre acogedor de griegos, romanos, visigodos y árabes; puerta meridional del Atlántico, abierta al verdeazul de su marina y al remoto bastión, más allá del océano, de unas Américas con los brazos tendidos a la espera de las partidas que barcos españoles gustaban de llevarle por la ruta de Indias. Cádiz, tacita de plata, la del barrio La Viña o de Santa María, la del Mentidero y La Libertad; la que amorena su playero regazo en La Caleta, La Victoria, Santa María del Mar o Cortadura; la que explosiona el cromatismo de su gracia en sus inimitables carnavales: foro de denuncia y voz de la conciencia local y nacional en clave de finísimo humor desvergonzado. Cádiz de comparsas y murgas, chirigotas y coros, que vive los febreros con sus anhelos puestos en la ilusión neomudéjar del Falla, para después, cofrade –madrugada del Campo del Sur–, sobrecogerse con la soledad del Cristo de Santa María vuelto de cara a la puerta de la cárcel para condolerse oyendo las saetas presidiarias traspasar su dolor de barrotes. Cádiz, la luchadora, la reivindicativa, la que gasta sus suelas y suda el mono obrero, encaramada a la proa social de su Astillero en demanda de justicia y de una dignidad laboral que, a cada día que pasa, se le niega a más trabajadores; la que lleva en sus genes un legado de historia a favor del progreso y de la dignidad. Cádiz, iluminada por la encalada luz de sus salinas y por el fuego de la libertad; amurallado baluarte invencible contra la invasión napoleónica; hogar cosmopolita de liberales y librepensadores, y cuna de la primera Constitución democrática que alumbrara nuestra Piel de Toro. El ingenio del pueblo la bautizó ‘La Pepa’ por proclamarse el 19 de marzo –día de San José– de 1812. En tal fecha, al tronar, en la bahía gaditana, de los cañones franceses que celebraban la onomástica del rey intruso, José Bonaparte, oponían los patriotas su júbilo por el nacimiento de un documento histórico que cambiaba el curso astral de la historia, depositando en la Nación, por vez primera, la soberanía que hasta entonces había ostentado el rey: “Voz del pueblo, voz del cielo”, que cantó el mirabrás para testimoniar el drástico vuelco que suponía la transgresión del hasta entonces inviolable conducto reglamentario que conectaba directamente al monarca de turno con la divinidad.


La Constitución fue la obra cumbre de las nuevas Cortes, nacidas como un milagro de la voluntad humana y del progreso en el torvo paisaje retejido entre la guerra y la epidemia; entre el fuego y la metralla napoleónica y la fiebre amarilla, que, uniéndose también al asedio de la ciudad, se llevaría por delante a algunos de sus diputados más insignes. Cortes luchadoras, primero, en la odisea de hacer llegar a Cádiz desde los distintos puntos del país los diputados elegidos en parroquias, partidos judiciales y provincias, a través de pésimos caminos plagados de peligros, bajo chubascos de balas y obuses de cañón; después, contra una Regencia que no deseaba su nacimiento y, por ello, lo demoraba y obstruía; más tarde, combatiente contra las artimañas de los absolutistas que, en ningún caso, admitían la desaparición de las antiguas estructuras y, con ellas, las muy afianzadas prebendas de títulos nobiliarios y báculos pastorales, que el ala liberal del nuevo organismo proponía; y triunfante, por último, para lograr estatuirla con una sola cámara y sin estamentos, donde los nobles y los jerarcas eclesiásticos no encontraban lugar para sus privilegios. Cortes que, en su sesión inaugural, convertían su primera sede –el Teatro Cómico de la Isla de León– en el origen de coordenadas de una nueva época, pues entre sus muros, en un histórico 24 de septiembre de 1810, donde el sacerdote ilustrado y diputado por Extremadura, don Diego Muñoz Torrero, ponía en hora el reloj español del siglo XIX –certificando, con ello, la defunción del anterior–, al esculpir en el silencio solemne de la sala las graves palabras que iban a cambiar el curso de la Historia: “La soberanía o poder supremo reside en la Nación –ente colectivo integrado por el conjunto de los ciudadanos–, y por tanto en las Cortes que la representan.” Por habérsenos instalado en lo cotidiano lo que en tiempos pareció utopía, difícilmente podremos captar hoy, en todo su calado y trascendencia, la tremenda importancia de unas palabras que, implícitamente, apeaban al monarca de la cúspide del poder absoluto que le habían otorgado los siglos, pues, aunque se juraba lealtad al rey Fernando VII –retenido entonces en Bayona por orden de Napoleón–, cualquier acto o mandato del monarca borbónico quedaba ahora subordinado a la legitimidad que le concediera la Nación, depositaria en última instancia de la suprema soberanía. De hecho, tal declaración venía a disipar cualquier duda sobre la invalidez de la Carta Otorgada por el monarca en Bayona, de dudosa legitimidad constitucional dadas las circunstancias en que se firmó y firmemente rechazada por los españoles levantados en armas contra el invasor. Desde la soberanía nacional, eje del nuevo sistema político de Cádiz, el Antiguo Régimen y el feudalismo que lo sostenía comenzaban a oler a sepultura. Porque las nuevas Cortes, alentadas por un espíritu de modernización y regeneración democrática, y con la Constitución como escudo de los derechos cívicos –y no como ahora, que reforman su texto en perjuicio del pueblo para beneficio y privilegio de la Banca–, acometieron una serie de radicales reformas que iban a conmover violentamente el andamiaje político y social de la España dieciochesca; a destacar: la división de poderes, la libertad de imprenta, la abolición de los señoríos, la alfabetización del país y la abolición de la Inquisición. Para hablar más pormenorizadamente de todos estos logros y honrar adecuadamente una Constitución que por lo avanzadísimo de su espíritu y buena parte de su articulado pasó a ser referente y modelo, no sólo de todas las posteriores de nuestro país, sino de otras Cartas Magnas de Europa y América; para consignar, a realce de su valor histórico, la proximidad de aquella lucha inacabada que aun nos concierne y alcanza, continuaremos este avance en próximos artículos –siete en total–, buscando contribuir, de paso, a mitigar en la medida de sus modestas posibilidades el riesgo de que la efeméride quede yugulada por todo el ruido mediático que, a buen seguro, generará en su fecha la proximidad de las elecciones andaluzas.


"...a mí que me importa si un rey me culpa, si el pueblo es grande y me abona. voz del pueblo, voz del cielo, que no hay más ley que son las obras. que con el mirabrás tiriti y anda... Morente: “La verdulera” - Mirabrás http://www.youtube.com/watch?v=mYJh_KfqCYg


II UNA GUERRA ÚNICA E INACABA

... porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y natura hizo libres... La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes) En un océano de tiempo, lejano y presente a la vez, dos trípodes de lucha, faros inteligentes que alumbran libertad, se dan la mano para ayudarse mutuamente: Plaza, ´Pueblo, y Palabra... Cortes, Constitución y Cambio. Palabras que se abrazan en esa esquina espumosa donde aún hoy seguimos librando la batalla por la dignidad.

San Fernando. Salón de Cortes habilitado en el Teatro Cómico. Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Autor: Juan Gálvez.


II Una guerra única e inacabada Del mismo modo que, a criterio de la anciana juventud de José Luis Sampedro, el vértice triangular que resume el espíritu de las movilizaciones sociales actuales –extendidas desde el norte de África y España a otros puntos del mundo occidental–, queda formulado en tres términos capitales: plaza, pueblo y palabra, el afán de progreso que pugnaba por desprenderse de los lastres del pasado y remontar el vuelo en la Cádiz de 1812 quedaba plasmado en la triple “C” de otra terna de palabras clave: Cortes, Constitución y Cambio; con mayúsculas también esta última, ya que mayúsculo, ambicioso y radical era el que proponía para su significado el componente liberal de la primera mediante la conveniente articulación de la segunda. Un cambio que convertía las murallas gaditanas en frontera de separación de dos guerras distintas e igualmente decisivas: la que, extramuros, sostenían, arma en mano, los patriotas que entregaban sus vidas enfrentándose, hostigando sin tregua y quebrantando a los ejércitos invasores de Napoleón, cuyas victoriosa banderas de Zurich, Marengo, Austerlitz, Jena, etc., serían, primero, detenidas y posteriormente derrotadas por la furia indomable de todo un pueblo en armas, y la que, intramuros, enfrentaba a los adalides del cambio con toda la rémora reaccionaria, representada por la Regencia, que abominaba de cualquier mudanza que pudiera sacarla del orden establecido en el Antiguo Régimen, en cuyas regalías y privilegios chapoteaban complacidos todos los que tenían por derecho adquirido la explotación del pueblo; gente “de orden”, de sangre azul, de elevada alcurnia o serviles petimetres, inclinadas todas a salvar su inmovilismo de cualquier amenaza, alboroto o revuelta fomentadas por los que, a sus ojos, no eran sino miserables politiqueros del liberalismo, condenados, según su entender, a desaparecer en cuanto el rey Fernando pudiese regresar de su exilio. Sin embargo, tanto una como otra contienda representaban dos aspectos distintos de una guerra única y universal: la guerra revolucionaria, que es una sola en el mundo; una guerra que podrá cambiar de época, de países, de métodos y de combatientes, como testimonian las declaradas durante la Revolución Francesa, la rusa de Octubre, la independencia de EE.UU. y de distintos países de la América Latina, la Comuna de Paris, la defensa de la Segunda República española, la Revolución Cubana, etcétera, pero no del principio que la origina: establecer o defender los derechos humanos por encima de la codicia sin escrúpulos de la tiranía, ya sea política, militar o religiosa; una guerra, por tanto, del pueblo contra la opresión; una guerra inacabada, que hoy continúa y que continuará mientras siga existiendo no sólo la explotación de una nación por otra, sino la que se encarga de ejercer un hombre sobre su semejante. Los liberales de Cádiz –así llamados por su defensa de la Libertad, opuesta por principio (no confundir los términos) al neoliberalismo económico actual que demanda libertad para los mercados a fin de mejor esclavizar al hombre– enarbolaban la bandera de la revolución contra la monarquía absoluta, cuyo perfil quedaba perfectamente retratado en las palabras de Luis XIV al ceñirse la corona francesa: “El Estado soy yo”. Según tal modelo, el rey, cuya autoridad derivaba de Dios, se erigía en dueño absoluto de la vida y hacienda de sus súbditos, y su voluntad era la única ley. Así, cuando las Cortes reunidas en el Teatro Cómico de San Fernando proclaman que es la Nación, y no el rey, la depositaria de la suprema soberanía, que recae, por representación, en dichas Cortes, están asestando un golpe mortal al absolutismo; golpe que quedará reforzado al acompañarse con el establecimiento del principio de división de poderes. En el Antiguo Régimen, el rey concentraba en su persona el gobierno, la capacidad de legislar y la justicia suprema, poderes que, según la nueva Constitución salida de las Cortes, no sería saludable recayeran sobre una sola persona, sino que, en conveniencia, serían repartidos de la siguiente forma: el legislativo, o poder de hacer leyes, se reservaba


en toda su amplitud a las Cortes; el ejecutivo, o poder de cuidar de la ejecución de esas mismas leyes, recaía de manera interina en la Regencia hasta que, a su vuelta, el Rey, como cabeza de dicho poder, fuese el titular de esta potestad en exclusiva, y, por último, el poder judicial, o de aplicar las leyes en los casos particulares, que recaía en jueces inamovibles, para preservar su independencia, que ejercerían su función en el Tribunal Supremo, creado para el caso, y en las distintas Audiencias. Se prescribía además un Código civil y criminal igual para todo el Reino, con la salvedad de reconocer en su articulado dos fueros especiales: uno eclesiástico y otro militar. Por último, se dictaba la obligatoriedad de celebrar públicamente todos los juicios a fin de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. Con todas estas medidas, la Constitución representó un vuelco radical en cuanto a la administración de justicia, ya que suponía la extinción de la justicia real y señorial, tan arbitrarias y típicas del feudalismo. Por otra parte, como su texto estaba inspirado en un espíritu humanista y humanitario, La Pepa consideraba, por vez primera, la obligatoriedad de respetar la dignidad de los presos o detenidos, a los que se prohibía encerrar en inmundos calabozos subterráneos u otras celdas malsanas, así como someterlos a la práctica del tormento. Basta la simple enumeración de estos últimos párrafos y recordar que, dos siglos después, siguen vigentes e hiriendo nuestra sensibilidad: la cínica utilización de la tortura por parte de los aparatos represivos de los Estados, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos y la vergüenza que supone el penal inquisitorial de Guantánamo, donde sistemáticamente se violan los derechos de los reclusos, para comprender que aquella lucha de las Cortes de Cádiz, lejos de pertenecer al pasado, continúa en proceso y sin llegar a satisfacer aún sus objetivos y nobles ideales.

Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Pues las hembras cabales en esta tierra cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. ¡Guerra! ¡Guerra! Y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones de los gabachos Y hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones. Juana Reina: “Con las bombas que tiran...” http://www.youtube.com/watch?v=PMK_yCqKWvo


III UN NUEVO GOLPE AL FEUDALISMO ... No los levantó la nada,dinero , ni el señor,

sino la tierra callada, el trabajo y el sudor... Unidos al agua pura y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura... Cuantos siglos de aceituna, los pies y las manos presos... (Miguel Hernández, Aceituneros)

No deja de sorprender que algunos comentaristas de hoy se muestren especialmente rigurosos a la hora de juzgar los logros de aquellos días lejanos, llegando incluso a minimizarlos, o a resaltar alguna supuesta carencia en los contenidos, en las metas, que aquellos hombres valientes se propusieron alcanzar. Pareciera como si de repente olvidaran la enorme línea de tiempo que nos separa, la necesaria perspectiva histórica, que mostraría, sin titubeos, la gran audacia de libertad que soltó amarras en aquel Cádiz libertario de 1812. Y lo que es peor, parece como si no quisieran ver la gran cantidad de asuntos presentes, de hoy en día, de aquí y ahora, que se amontonan indignos en nuestra conciencia, para provocar, no solo el sonrojo, sino la vergüenza.


III Un nuevo golpe al feudalismo Los gritos de enojo alcanzaron alturas proporcionales al abolengo, alcurnia, genealogía, blasones, nobleza, esplendor, linaje, limpieza de sangre e hidalguía, de los damnificados. Los duques del Infantado, de Osuna, de Medina Sidonia, de Híjar, de Alba; los condes de Niebla, de Bailén, de Cabra; los marqueses de Puebla de los Infantes, de Astorga, de Priego, del Real Tesoro, entre otros muchos, habían hecho trepidar y estremecerse de indignación las águilas, castillos, cruces, armiños, gules, púrpuras, manteletes, orlas y cimeras de sus gloriosos escudos de armas, antes de presentar por escrito su más enérgica protesta. ¿Qué caterva de advenedizos, reunidos en Cádiz y constituidos en Cortes a espaldas del rey, se atrevían no sólo a cuestionar la validez de sus señoríos, sino que, llevando al colmo su osadía, proponían incluso su abolición? Sin embargo, pese a la cólera de títulos y dignidades, todo era una cuestión de simple y llana coherencia. La elaboración de una ley de leyes, como es la Constitución, al extender sus competencias a tantos puntos sensibles y tan interrelacionados entre sí, no podía remover ciertas partes sin que el total del conjunto resultase alterado de manera apreciable. La Constitución gaditana de 1812 tampoco iba a ser una excepción, pues, en su aspiración de edificar un nuevo régimen político, necesitaba cuartear, agrietar, escindir, fracturar o demoler algunos de los sustratos más íntimos y esenciales de la antigua configuración de la sociedad. En el asunto de los señoríos, el caso estaba claro: su existencia era incompatible con el cambio radical que dicha Constitución había obrado en la administración de justicia, de ahí que hubiese necesidad de abolirlos. El señorío tenía su origen en las instituciones de la España medieval. Para recompensar determinados servicios de importancia prestados por los nobles, el clero, las órdenes religiosas o militares, los reyes otorgaban a dichos servidores el título de señor, que, por delegación, les confería la potestad de desempeñar ámbitos que competían exclusivamente al monarca, como, por ejemplo, la administración de justicia en una determinada circunscripción territorial. A ese territorio gobernado por el señor, es a lo que se llamaba señorío. El señorío no tenía por qué ser propiedad del señor, pues los había donde éste sólo gobernaba; pero en todos ellos, cualesquiera que fueran sus variantes –solariegos, de realengo, eclesiásticos, abadengos, etc.– podríamos distinguir los siguientes ámbitos: el territorial, que abarcaba la hacienda, propiedad del señor en pleno sentido del término, y las casas y tierras de los vecinos que no estaban registradas a nombre de aquel; el jurisdiccional, donde el señor se reservaba todo el derecho tanto a impartir justicia como a nombrar los pertinentes funcionarios, y losprivilegios señoriales, mediante los cuales ejercían los señores su derecho de monopolio sobre la caza, la pesca, el molino, el tránsito por caminos o puentes, etc. que figurasen dentro de los límites de su señorío. De cada ámbito sacaba el señor su correspondiente tajada que salía del sudor y el pellejo de los campesinos y demás vecinos del territorio: por ser propietario, cobraban los censos (parecidos a los actuales préstamos hipotecarios) y rentas; por la administración de justicia, las multas; por la administración civil, las tasas y alcabalas; por sus privilegios señoriales, derechos de monopolio por la utilización del molino; peajes, por la utilización de puentes o determinados pasos; cobro por los permisos de caza o pesca, etc. Se trataba, como hemos señalado, de una institución feudal, por ende infestada de abusos, que ataba los labriegos a la pobreza, y la agricultura al atraso. Cuando los diputados reunidos en Cádiz comienzan a debatir esta cuestión, la mitad de la población española vivía aún bajo régimen de señorío. Y dado que era Galicia, con el 83% de sus habitantes sometidos a jurisdicción señorial, la región española que más sufría las


lacras de dicho régimen, resulta hasta natural que fuese un gallego, el diputado por Tuy, Agustín Rodríguez Bahamonde, quien presentara la proposición de desterrar para siempre el feudalismo, argumentando algo que mostraba bien a las claras la doble lucha que, en aquellos momentos de invasión y de guerra, se estaba llevando a cabo por toda la vieja Piel de Toro y, particularmente, en las Cortes de Cádiz; esto es: que si el pueblo estaba luchando por su libertad, no sólo lo hacía para librarse de los gabachos invasores, sino también de cuantos señores lo oprimían. El resultado del debate puso de manifiesto las tensiones y contradicciones que atenazaban unas Cortes sumidas en un conflicto entre el deber nacional y el interés de clase, pues no en vano una mayoría de diputados pertenecía al clero, a la nobleza o al ejército. Hubo, desde luego, clérigos y nobles que, pese a ser dueños de señoríos, no dudaron un instante en apoyar la propuesta de su inmediata abolición, formulada explícitamente por el diputado por Soria, Manuel García Herreros. Pero los intereses de clase no tardaron en hacerse oír en su contra, invocando la tradición y la defensa de una ordenación de siglos. Además, incapaces de sacudirse las excrecencias parasitarias del feudalismo, la propuesta de abolición chocaba con serias dificultades jurídicas –pues equivalía a romper contratos solemnes y legítimos–, y económicas, al privar de sus tierras a los que, hasta entonces, el Estado reconocía como propietarios legales. Lo enconado y extenso del debate puso de manifiesto que, entorpecida por el lastre medieval, el ala liberal de las Cortes de Cádiz no estaba todavía en disposición de empuñar la gigantesca escoba de la Revolución Francesa para barrer todas las reliquias de un pasado que ya se revelaba sin futuro. Al final, buscando un punto de equilibrio que admitieran tanto unos como otros, el marqués de Toreno y Agustín Argüelles propusieron que se aboliese de inmediato la jurisdicción y la capacidad de gobierno y administración de justicia sobre los habitantes de los pueblos, dejando en suspenso, hasta más adelante, la cuestión de la propiedad, que tendría que ser demostrada, para poder cobrar las tasas; aunque en 1813, el Tribunal Supremo fallaría a favor de los señores, apeándolos de la obligación de presentar sus títulos de propiedad para cobrar sus rentas, siendo los pueblos los obligados a demostrar la ilegitimidad de dichos títulos para librarse del pago de las mismas. Cosas de la Justicia…, que nunca –ni antes ni ahora– ha sido ciega. Al margen de tantas contradicciones, vacilaciones y traspiés, y aunque no se lograra solventar la cuestión de la propiedad, la legislación sobre la abolición de los señoríos tuvo una influencia decisiva en la transformación de España. A partir del decreto que articulaba sobre ellos, se acabaron los vasallos, el vasallaje y los señores de horca y cuchillo. Se extinguieron las justicias señoriales, tantas veces injustas, para implantar una justicia igualitaria, impartida por jueces profesionales e inamovibles. Se democratizaron los Ayuntamientos, pues no sería el señor el encargado de nombrar a los ediles y demás funcionarios municipales, sino que serían elegidos por todos los vecinos varones y mayores de edad. Y se redujeron sustanciosamente los tributos a pagar por los campesinos, paso inexcusable para que la modernización de la agricultura iniciara su marcha. ANDALUCES DE JAÉN, por Paco Ibáñez http://www.youtube.com/watch?v=QxeFEBSAOUs


IV LA LIBERTAD PASA POR EL AULA "Un pueblo inculto es más fácil de dominar" (Salvador Allende) "¿Cuál es el primer principio político? La educación. ¿Cuál es el segundo? La educación. ¿Y el tercero? La educación." (Jules Henry Poincaré, matemático, científico teórico y filósofo de la ciencia)

A lo largo de la historia de España siempre existieron audaces solidarios que, intentando esquivar todos los obstáculos que el sistema de poder impone, hacían suya esa tarea descomunal habitada en la palabra Regeneracionismo (según el DRAE, regeneración es, en biología, la “reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas”). Personas de conciencia colectiva que realmente querían hacer de la educación un arma cargada de futuro, de libertad. Y no una herramienta de manipulación masiva. Un arma creadora de espíritu crítico, y no un instrumento de perversión, de creación de clones abocados a la religión del consumo de los peleles, esclavos de eso que ya llaman la "servidumbre moderna". Escuela, cultura... para desmontar desde el principio, y desde abajo, todos los discursos del Amo. También estaban allí, en Cádiz... en 1812


La libertad pasa por el aula Mientras las gaditanas aprovechaban el plomo de los pocos obuses franceses que alcanzaban la ciudad para utilizarlos como rulos de moldear el cabello, las Cortes seguían adelante con su tarea constituyente en su nueva sede de la iglesia de San Felipe Neri, una vez que la menor presión del ejército invasor hubo permitido el traslado de sus señorías a Cádiz. Si su intención era modernizar el país, estaban obligados a abordar y combatir una de las lacras más sangrantes que padecía la sociedad española: el analfabetismo. Por entonces, las escasas escuelas existentes en los pueblos de España se ubicaban, generalmente, en edificios húmedos y tristes, de aulas mugrientas y descalichadas, con ventanas melladas de cristales, exhaustos pupitres cojos y quejumbrosos y esmirriadas pizarras descantilladas en las que los maestros iban consumiendo vida y tiza, inmersos en una rutina de tripas vacías e ilusiones marchitas recitada a diario en la salmodia del Padrenuestro o, en el mejor de los casos, de una tabla de sumar que habían de abrirse paso entre irritantes vapores de lejía y aires esmorecidos. Muchos de estos maestros no sabían leer ni escribir, puesto que en la mayoría de las escuelas se practicaba una enseñanza de transmisión estrictamente oral para formar en aquellas labores que la localidad estimaba útiles. Ajenas a cualquier plan de Enseñanza, por inexistente, no era, pues, inusual que escolarización y analfabetismo convivieran en las decrépitas aulas del absolutismo. La nueva Constitución de Cádiz fue tajante en este sentido. Tanto que, en su Título II, capítulo IV, artículo 25, punto 6º, la Comisión elaboradora del texto constitucional se lanzaba a sí misma y al resto de las Cortes un reto de futuro proponiendo que a partir de 1830 sólo pudieran ejercer su derecho de voto los españoles varones, mayores de edad, que supieran leer y escribir. Los diputados se daban así un prudente plazo de dieciocho años para disminuir drásticamente, o incluso erradicar, la tremenda lacra del analfabetismo. A este fin, su Carta Magna, en el título IX, tan breve (seis artículos) como contundente, postulaba la adopción de una serie de medidas en la que se proponía: la creación de escuelas “de primeras letras” en todos los pueblos de la Monarquía, donde obligatoriamente se enseñase a los niños a leer, escribir y contar; el arreglo y creación de universidades y otros establecimientos de instrucción pública en el número que se estimase competente para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes, y la confección de un plan general de Enseñanza que fuese uniforme en todo el reino. Sin caer en hueras mitificaciones de la Constitución ni dejar de señalar la inmadurez de aquel movimiento liberal para lograr sacudirse sus contradicciones de clase y arrancar al viejo poder las funciones que debían ser restituidas y puestas en manos de los servidores responsables de la sociedad, hay que reconocer y valorar en justicia la preocupación educativa de los hombres de Cádiz, opuesta a lo que ocurría en otros países de Europa, donde la burguesía dominante consideraba un peligro la alfabetización; verbigracia: en Inglaterra, donde el cinismo de la aristocracia


científica de la Royal Society se opuso a que hubiese escuelas en los pueblos porque la instrucción educativa podía ser perjudicial para la felicidad de las clases trabajadoras. No crean que la sarcástica ironía de los ilustres miembros de la Society –tan preocupados ellos por la felicidad de los obreros, a quienes explotaban hasta sacarles las tiras de pellejo– queda tan a trasmano del presente, porque, aunque aparentemente se han conseguido –mientras los actuales “recortes” lo respeten– las entonces utópicas metas de una enseñanza pública, gratuita y libre para todos –como exigía el diputado Quintana, en 1813, para que respondiera al principio de igualdad, no discriminara a los alumnos por sus escasos o abundantes caudales y les dejara elegir el centro de formación–, el sistema educativo que hace décadas venimos padeciendo en España no es más que pura simulación: un decorado, cuya fatua retórica no alcanza a ocultar sus paupérrimos resultados. En teoría, parece que se preocupa de todos por igual, se vanagloria de su interés porque todos aprendan y se jacta de exigir todo lo necesario para que el aprendizaje del conocimiento se produzca. Pero es mentira. La dura realidad nos lo presenta como un sistema fracasado, a no ser que pensemos, razonablemente, que, en el fondo, tras su vergonzoso paternalismo, ha logrado lo que verdaderamente perseguía: destruir solapadamente el interés intelectual, la voluntad y disciplina del común de los alumnos, a quienes se les expropia las ganas, el espíritu y la energía para adquirir los conocimientos necesarios que les permitan forjarse como individuos responsables de su propio destino. Aquí y ahora o en la Inglaterra de primeros del siglo XIX continúa siendo válido el mismo principio: se controla y manipula mejor al ignorante, al flojo, al indolente, que a quienes han abierto su mente en la disciplina del estudio, de ahí que las clases dominantes hayan utilizado siempre la educación como arma para perpetuar su hegemonía. La enseñanza que hoy sufrimos en España no deja de ser un instrumento en manos de la clase dirigente para la aniquilación intelectual de los trabajadores, a cuyos hijos condena a reproducir el papel que ocupan sus padres dentro del sistema; esto es: a ser otra remesa de explotados. El interés, la responsabilidad, la autodisciplina, el esfuerzo intelectual, la voluntad, el tesón, son algunos de los valores que nuestro sistema educativo, no sólo no inculca a nuestros estudiantes, sino que, sutilmente, desprestigia a fin de vaciar intelectualmente los cerebros de quienes parecen haber venido al mundo diseñados para seguir sumisamente al servicio de los que mandan. La enseñanza pública de estos últimos veinte años ha sido modelada para que los estudiantes que la sufren no dispongan nunca de los conocimientos necesarios –aunque se les impartan– que les permitan comprender, poner en cuestión e incluso destruir el mundo que los somete y explota. El intento de convertir los Centros en fábricas de analfabetos titulados sólo persigue arrojar al mundo hornadas de consumidores compulsivos, sin la menor capacidad crítica, y poseídos por un individualismo egoísta que les impide tomar conciencia de sus valores de clase: la solidaridad, que es concepto colectivo, y la responsabilidad de ser un elemento activo –no una impotente marioneta– para la sociedad y para su propio destino.


Por si fuera poco, las fuerzas reaccionarias del país, alentadas, vía Bruselas, por el FMI y otros depredadores, andan enfrascadas en el acoso y derribo de la enseñanza pública, como buscando relegarnos a los tiempos anteriores al Cádiz de las Cortes y propiciando que mercenarios privados acometan la ampliación del negocio metiendo mano en el cajón del Estado para beneficiarse de las subvenciones que abaratarían los costes de la enseñanza destinada a las clases pudientes. ¡Ay! Cádiz de 1812…, tan lejano y tan cerca.


V IMPRENTA SIN CENSURA "El derecho de libre expresión cuando nadie contradice al gobierno, la libertad de prensa cuando nadie está dispuesto a formular las preguntas importantes, el derecho de reunión cuando no hay protesta, el sufragio universal cuando vota menos de la mitad del electorado, la separación de la Iglesia y el Estado cuando no se repara regularmente el muro que los separa. Por falta de uso, pueden llegar a convertirse en poco más que objetos votivos, pura palabrería patriótica. Los derechos y las libertades o se usan o se pierden." (Carl Sagan) Hoy, aquí y ahora, ya vamos aprendiendo que no es libertad de expresión todo lo que reluce. Sabemos que los medios de comunicación son empresas. Sabemos que esas empresas, las más importantes, las que dominan el medio, se ramifican en sucesivas empresas que abarcan a su vez más medios de comunicación, periódicos, radios, televisiones, editoriales, portales de Internet... algunos se refieren a ese poder de acumulación con el término globalización, eufemismo para evitar, tal vez, otras expresiones como, por ejemplo, imperios dominantes. Y sabemos que esos medios, esas empresas, tienen propietarios. Y sabemos que, lógicamente, esos propietarios defienden sus propios intereses. Hoy debemos seguir alerta ante los inciertos caminos que las palabras y las ideas recorren. Y, como demuestra Santi Ortiz, también nos obligamos, por todo ello, a valorar cómo se merecen aquellos deseos y alcances de Cádiz... en 1812. Y no olvidar, parafraseando a Carl Sagan, que los derechos y las libertades no solo hay que usarlos... hay que exigirlos.


CONTRA EL SILENCIO DE UN BICENTENARIO (V): Imprenta sin censura Entre los males de la guerra, a veces se producen circunstancias que conducen a situaciones positivas. La que enfrentaba al pueblo español con Napoleón se llevó por delante la doble censura –política y eclesiástica– que pesaba anteriormente sobre cualquier publicación al pulverizarse entre choques, refriegas, escaramuzas, ofensivas y contraofensivas, golpes de mano, treguas, avances y repliegues, los cauces legales existentes. Todo el férreo bozal que, intensificado por Godoy y la Inquisición, había amordazado a los escritores durante el reinado de Carlos IV tuvo que rendirse ante el hecho de armas y el ímpetu revolucionario de las Juntas Provinciales, negadas a pasar por la censura del juez de imprenta ninguna de sus comunicaciones públicas. Ello supuso una riada de folletos, diarios, opúsculos, ensayos, disertaciones, tesis y estudios que, aprovechando la coyuntura, hablaban sin tapujos sobre la conveniencia de un cambio político y social en el país. Los intentos de la Regencia por restaurar el filtro censor de las publicaciones, que, aunque vanos, definían claramente su posición ante el asunto, así como la libertad vigilada que el Estatuto de Bayona imponía a los periódicos y demás publicaciones de la zona ocupada, siguiendo el modelo exigido por Napoleón en Francia, aconsejaron acometer con cierta urgencia el comienzo de elaboración de un decreto que convirtiera en derecho lo que, en aquellos momentos, era un hecho irrefutable; de ahí que fuera ese, precisamente, el primer asunto que debatieran los diputados al abrirse las Cortes. El debate para sacar adelante el denominado “Decreto de Libertad de Imprenta” fue de los más enconados y largos de las Cortes Constituyentes ya que los realistas habían coordinado esfuerzos para posicionarse en contra del mismo alegando los perjuicios que la libertad de imprenta provocaría a la religión, a la fe; el peligro que supondría para la dignidad de las personas, además de acusarlo de fomentar las bajas pasiones, de ser antipolítico, antisocial, antipatriótico y hasta de achacarle –en un alarde tremendista del diputado por Galicia, Joaquín Tenreiro– “el origen de la ruina de los imperios”. Pero toda la truculencia, argumentos, fintas, argucias y sofismas de los apologistas de la censura, fueron aplastados por la prosa encendida, vehemente, impetuosa, iluminada, lúcida y vigorosa del diputado asturiano Agustín Argüelles, que, poniendo el corazón en la verdad de sus razonamientos, hizo vibrar el diapasón de la emoción, inflamando los aires, conmoviendo las almas y haciendo temblar los muros de aquel templo de emancipación con su enérgica defensa de la libertad de expresión. Como un rayo justiciero saltó a la palestra cuantas veces fue preciso para descorrer los cerrojos, abrir las celdas y derribar los muros interpuestos por los censores en su pretensión de mantener la Sociedad a salvo de sí misma. Tras rebatir todas las objeciones de la oposición y recordarle que la libertad de la palabra es uno de los derechos más sagrados del hombre, la desafió a que le respondiera si tres siglos de hipotéticos desórdenes de la libertad de imprenta podrían traer tantos males como ya habían padecido por no haberla. A la postre, tras un mes y una semana de fuego cruzado entre liberales y absolutistas, el Decreto fue aprobado con 68 votos a favor y 32 en contra. Con él, las ideas políticas podían gustar al fin de la frescura y limpidez de los aires de la libertad. Ya en su artículo 1º dejaba el camino despejado de dudas: “Todos los Cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente Decreto.” Otra cosa ocurría con los escritos sobre materia de Religión, que quedaban sujetos a la previa censura de los órganos religiosos; mientras que los libelos difamatorios, los escritos


calumniosos, los subversivos de las Leyes Fundamentales de la Monarquía y los contrarios a la decencia pública y las buenas costumbres, eran sancionados con penas señaladas en el mismo decreto. Pero si en el Cádiz de las Cortes la Oratoria experimentó uno de sus episodios más florecientes –que nos legó discursos memorables–, el otro género literario que salió catapultado de la efervescencia política y librepensadora de la Tacita de plata fue el periodístico. Sin temor a equivocarnos, puede decirse, en lo que a España se refiere, que el periodismo, tal como hoy lo entendemos, nació en Cádiz al rumor de las olas y las palmitas sordas que festejaban la libertad de imprenta. Fue suprimir bozales y mordazas, fue romper las ataduras que mantenían silenciada la creatividad de cálamos e ideas, y explotar el número de imprentas y de publicaciones de distinto signo ideológico que reproducían el clima creado en torno a las Cortes. Las primeras pasaron de siete, al alumbrar el siglo, a veinte, y del Diario Mercantil, único periódico que se editaba en Cádiz a la llegada de sus señorías, se pasó nada menos que a… ¡quince! en dicha ciudad, más los cinco que veían la luz en San Fernando, además de un semanario: El Semanario Patriótico, que encarnaba la mejor muestra de periodismo de la época. Ninguna ciudad de España, incluidas Madrid y Barcelona, podía presumir de nada parecido, y era esta afición por la tipografía una muestra, trasladada a la letra impresa, de la pugna entre los dos conceptos de patria –el que miraba al ayer y otro que avizoraba el mañana– que se batían el cobre en las Cortes. Entre las cabeceras liberales, destacaba El Conciso, mientras que, defensor a ultranza del absolutismo y la Inquisición, en el bando conservador se le oponía como buque insignia El Censor General: ejemplos ambos de política a toda plana de la que se hacían eco y bandería, con todas las consecuencias, el resto de publicaciones, cuyos ávidos lectores configuraban un oasis de cultura en el desierto del analfabetismo. No es gratuito que la Libertad de imprenta quedase recogida en la Constitución de 1812 (Art. 371) dentro del Título dedicado a Educación, pues los medios de comunicación siempre constituyeron un instrumento de índole pedagógica al contribuir decisivamente a la formación, cuando no a la fabricación, de la opinión pública. Pero lo que había nacido con el objetivo de dar a conocer la verdad a sus lectores –esa verdad siempre temible a la que había que poner censura–, en poco más de un siglo se había transformado en una sutil herramienta de manipulación en manos del Poder para forzar la adhesión de las poblaciones a sus ideas e intereses. Ya en 1917, la agudeza del escritor londinense Gilbert K. Chesterton se hacía eco del cambio: “Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos como portavoces de la opinión pública. Pero muy recientemente, algunos nos hemos convencido, y de un modo súbito, que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos nacieron para decir la verdad y hoy existen para que la verdad no se diga.” La cita, tomada de un libro de Pascual Serrano de obligada lectura 1, nos marca el rumbo seguido por los medios de comunicación hasta llegar al estado actual donde la desinformación en relación con los ámbitos político, económico y social; la implantación del modelo capitalista neoliberal como único posible, y la desideologización de las clases trabajadoras, hacen estragos en favor de los amos del mundo. Creyendo estar informados de todo, no nos enteramos de nada. Todo es pura apariencia. Simulando que nos están poniendo al día de cuanto ocurre, los medios no hacen sino cumplir eficazmente con su tarea de desinformación; esto es: de extraviarnos, y de diluir y silenciar el debate democrático por más que finjan fomentarlo. Además, con la precariedad del mercado laboral obligando al periodista a anteponer su puesto de trabajo al rigor de sus informaciones, aquella libertad de expresión por la que tanto se luchó en Cádiz hace dos siglos ha quedado reducida –y sálvese quien pueda– a utópica remembranza. Igual ocurre 1


con la pluralidad de puntos de vista que en la Cádiz de las Cortes mantenían a la población en un constante vilo informativo. Ahora, cuando la pluralidad aparenta poseer múltiples aristas, más del 80% de las noticias que ruedan por el mundo han pasado por los filtros de sólo cuatro agencias internacionales: France Press, Associated Press, United Press International y Reuters. Y en cuanto a la pluralidad ideológica, aún es más falsa, pues los debates y la disparidad de opiniones con que se pretende sacar brillo a la grandeza de la libertad de expresión no son más que cortinas de humo para mantenernos extraviados y enredados por las ramas, mientras que se nos hurta el tronco esencial de las cuestiones: es la pseudopluralidad del Pensamiento Único. En esto, la Cádiz decimonónica se nos aparece también como un faro, una lección y una meta. Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. Pascual Serrano. Ed. Península. Barcelona.


VI LA INQUISICIÓN APAGA SUS HOGUERAS

La todopoderosa Inquisición coronaba eficazmente el sistema político social, en el cual los mitos de lo absoluto reinaban y eran soportados por ella. Conviene tener en cuenta que, desde siglos atrás, el poder y las prácticas inquisitoriales no deben medirse (aún siendo, evidentemente, lo más grave y trágico) exclusivamente por las estadísticas de los ajusticiados y atormentados, sino también por algo más sutil y abstracto: el miedo, la intranquilidad creada por el Santo Oficio entre los españoles, lo que podríamos llamar, la tortura del pensamiento, "... lo más grave era que aquellas pesquisas secretas les quitaban la libertad de oír y hablar entre sí, por tener la Inquisición en las ciudades, pueblos y aldeas personas a propósito para dar aviso de lo que pasaba... (Juan de Mariana, jesuita, en De Rege)

Hoy, dos siglos después, presumimos de civilizados, mientras muchos seres humanos son torturados, atormentados y recluidos como animales ante el silencio cómplice de otros seres humanos. Más valor, por tanto, como explica el autor de esta serie de artículos, para Cádiz... 1812

Sala de tormento (Inquisición española)


CONTRA EL SILENCIO DE UN BICENTENARIO (VI): La Inquisición apaga sus hogueras Estaba en horas bajas. Fundamentalmente, a partir de la difusión de una circular de su Consejo Supremo, con fecha del 6 de mayo de 1808, donde había tachado de sedicioso y rebelde al pueblo de Madrid por su heroico levantamiento de cuatro días antes, mientras elogiaba el “generoso” comportamiento de las tropas francesas. Porque el hecho de que se la hubiese prohibido en la España de José Bonaparte, más bien la reforzaba a ojos de los realistas y la ciudadanía. Estaba en horas bajas, sí. No obstante, seguía siendo poderosa; dueña de ese poder oscuro, tenebroso, malsano, lóbrego, nebuloso y sombrío dimanado del terror que había conseguido asociar a su nombre, del pavor que su sola mención producía, del recelo que había logrado instalar en el subconsciente de la sociedad toda; un miedo inconcreto y constante a un enemigo invisible, sin cara ni ojos ni oídos ni lengua, pero que estaba en todas partes, que todo lo veía, todo lo oía y todo lo soplaba. Bastaba una simple delación para que la maquinaria del Tribunal del Santo Oficio pusiera en marcha su implacable engranaje procesal, del que muy raramente el reo salía absuelto y nunca indemne. La Inquisición partía de un terrible supuesto: la presunción de culpabilidad. Desde que el encausado era detenido y arrojado a una de las cárceles secretas del Santo Oficio, donde quedaba incomunicado, todo se le ocultaba: no tenía derecho a saber de qué se le acusaba, quién o quienes le habían denunciado; ignoraban qué cargos se habían acumulado en su contra y, por tanto, se veía sometido a una situación de total indefensión. Más tarde, en la fase probatoria del juicio, las pruebas esgrimidas en su defensa eran consideradas meros parapetos para disminuir o paralizar los efectos probatorios de las evidencias de culpabilidad anteriormente recogidas por el juez-inquisidor. Por último, si el reo se confesaba culpable voluntariamente, su culpa se consideraba probada; en caso contrario, se le podía someter a tormento hasta arrancarle la confesión, y si insistiese, pese a las torturas, en mantener la inocencia, tampoco esto le valdría como prueba de la misma, por lo que, salvo excepciones, siempre acabaría condenado a penas que oscilaban entre el uso del sambenito o traje penitencial, los azotes, el destierro, la confiscación de bienes, la cárcel, el trabajo de galeote o la ejecución en la hoguera. No cabe discutir que tal manera de impartir justicia estaba reñida en fondo y forma con el espíritu de la Constitución de Cádiz, de ahí que los liberales gaditanos plantearan la abolición de la tétrica institución. Sin embargo, los diputados conservadores no estaban dispuestos a consentirlo. En primer lugar, porque la Inquisición era un instrumento de probada eficacia para eliminar todo tipo de amenazas contra la alianza de la Iglesia y la monarquía absoluta: la férrea alianza del Trono y el Altar. En segundo lugar, porque, a su entender, la Inquisición no había emanado de la potestad regia, sino de la pontificia, por lo que el Gobierno de España no podía decidir unilateralmente la suerte de dicho tribunal sin la aquiescencia del Papa. En tercer término, porque veían en su desaparición la ruina religiosa de la nación: sin el vigilante concurso inquisitorial, la religión católica acabaría inexorablemente anegada por una riada de herejías e impiedad. Por último, argüían sus defensores que la Inquisición había evolucionado con los tiempos, habiendo suavizado su


temible poder de otras épocas hasta el punto de quedar reducido al ejercicio de una escueta censura de libros. La contraofensiva de los liberales no dejó resquicio; incluidos los clérigos; pues, hay que puntualizar que la abolición de la Inquisición se argumentó ciñéndose estrictamente al espíritu de la Iglesia. Por un lado, sostenían éstos que el Tribunal del Santo Oficio no era necesario para la conservación de la pureza de la fe, por poseer ésta un carácter divino y ser aquel obra perecedera y mudable, como propia de hombres. Por otro, sostenían que la Inquisición española había sido concebida por los Reyes Católicos con la oposición inicial del papa Sixto IV, con lo que sí competía al Gobierno decidir sobre su futuro. En tercer lugar, les parecía infundado que el siglo de las luces hubiera influido en ella para hacerla más ilustrada y menos perseguidora, siendo difícil nombrar algún sabio o literato o, en general, alguna persona adornada de luces que no hubiese sido encerrada o acusada por la Inquisición. Sin embargo, el argumento más simple, lúcido, fácil, breve e irrefutable fue el utilizado por Muñoz Torrero al afirmar que las leyes civiles por las que se gobernaba el tribunal de la Inquisición eran incompatibles con la Constitución, tanto en espíritu, como concretamente en lo referente a la implantación de un derecho penal humanitario y a los establecimientos penitenciarios admitidos por las Cortes. Se señalaba, además, que el sagrado tribunal había servido para destruir personas, no para erradicar las faltas de que se les acusaba, y para completar el cuadro, se dejaba caer la sospecha sobre si la autonomía financiera de la Inquisición, cuyos ingresos provenían preferentemente de las multas y las confiscaciones, no influía en su celo persecutorio hacia gente acomodada a fin de mejorar la rentabilidad del organismo. El 22 de febrero de 1813, por 90 votos a favor y 60 en contra, después del debate más espinoso y largo protagonizado por las Cortes, se aprobaba el decreto que abolía la Inquisición. Sus dos primeros artículos rezaban así: Art. 1. La Religión Católica, Apostólica, Romana será protegida por leyes conformes a la Constitución. Art. 2. El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución. Hubo ese mismo día un segundo decreto que estipulaba la incautación de todos los bienes del Tribunal del Santo Oficio. El paso estaba dado, aunque la Inquisición siguiera anclada en buena parte de los sectores de la sociedad. Sin su abolición, todos los esfuerzos por modernizar España hubiesen sido infructuosos. Desgraciadamente, bien pronto habría ocasión de comprobar hasta qué punto era esto cierto.

Prisionero iraquí en un campo de prisioneros estadounidense


y VII EPÍLOGO INACABADO

Con esta entrega finaliza la serie de artículos obrados por Santi Ortiz en homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812. Creemos que el análisis de aquellos hechos, de aquellos días y años, realizado por el autor, merece ser atendido de forma activa, de forma que mueva, no solo a la reflexión, sino también al movimiento del que quiere ser un ciudadano que piensa, un ciudadano crítico. Un ciudadano que de forma inteligente sea vea abocado la acción, a no ser un número más en esa informe masa de mercancías en la que nos quieren convertir, en la que nos están convirtiendo. Señoríos, Inquisición, Nobleza, Reyes Absolutos, Censura... quizá, todos, deberíamos, como bien nos pide el autor, buscar las nuevas caras actuales de esos conceptos... y rebelarnos contra ellos... como ya hicieron hace 200 años aquellos hombres... en Cádiz... en 1812.


Epílogo inacabado En 1814, regresó a España Fernando VII. Años antes, en una de sus cartas íntimas a Godoy, su madre, María Luisa, lo tachaba de “marrajo cobarde”, y como tal volvió a comportarse. Desde que cruzó la frontera, vino esparciendo traiciones. Se desvió de la ruta indicada por las Cortes y se fue a Valencia a obtener del general Elío el respaldo de cañones, fusiles y sables que necesitaba para borrar de un plumazo todo lo que los patriotas habían levantado para él y para España. El 4 de mayo de dicho año, firmó en la Ciudad del Turia un decreto por el que declaraba “aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo.” Esta derogación fue acompañada con la restitución de la Inquisición, de los señoríos, de la atroz censura que abolió la libertad de imprenta y de la persecución de los liberales, como si afrancesados, incluidos aquellos Patriarcas de la Libertad que habían tenido la grandeza de legislar las bases de una nueva España desde los últimos kilómetros cuadrados libres de invasores que le quedaban al país, algunos de los cuales, como Agustín Argüelles o Martínez de la Rosa, entre otros, se vieron mezclados y confundidos con los más abyectos criminales en los presidios de África. No obstante, no sería éste el último capítulo de esa avanzadilla de derechos que fue La Pepa. Con el alzamiento de Riego en 1820, volvió a ondear en los aires patrios la enseña de la libertad y del progreso y, con ella, fue restituida la Constitución de 1812, que el rey se vio obligado a jurar con una frase que la Historia acuñó para dejar constancia de toda su ruindad, su felonía y su espíritu rastrero y mentiroso: “Marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional”. Pero no era eso lo que pensaba. Tres años después, alentada por su vil cobardía la injerencia de la Santa Alianza –no en vano la frase de Chateaubriand, “Monarcas hay que se sientan en el trono para hacerle despreciable”, le venía a Fernando VII como anillo al dedo–, volvimos a sufrir otra invasión extranjera: la del duque de Angulema y sus Cien mil hijos de San Luis, que tornaron a imponer la monarquía absoluta dando paso a la década ominosa, donde los realistas se dedicaron a hacer una escabechina en el bando liberal, y el borbón vengativo a cubrirse de sangre y oprobio ordenando complacido todo un rosario de execrables ejecuciones, entre las que caben destacar: primero, la de Riego –mandado ahorcar y cuyo cadáver fue descuartizado y repartido entre Las Cabezas de San Juan, Sevilla, San Fernando, Málaga y Madrid– y a sus colaboradores; después la de El Empecinado, el más popular de los guerrilleros, al que se llevó enjaulado al cadalso, para que fuera apedreado y escarnecido por las turbas, antes de morir en la horca; el mismo fin que, años más tarde, sufriría Mariana Pineda en Granada, por el “gravísimo” delito de haber bordado una bandera que, se suponía, iba a servir para un levantamiento liberal. Siete meses después, tras un intento frustrado de derrocar al tirano, caería fusilado en Málaga el general Torrijos. Paralelamente, la delación elevaba su rango a repugnante deporte nacional y bandas organizadas de matones realistas proliferaban por todo el país repartiendo palizas entre los que imaginaban simpatizantes del liberalismo; mientras, una camarilla de lacayos cortesanos y sotanas agradecidas bendecía la hora en que la autoridad real se había liberado de la voluntad revolucionaria de herejes, impíos y francmasones. La España reaccionaria volvía a ahogar en sangre el intento de modernización del país. Sin embargo, el fracaso de la semilla constitucional hay que entenderlo también como una consecuencia de la guerra, de aquella guerra plagada de contradicciones, entablada contra un Napoleón que invadía el país tremolando los principios de una revolución francesa que él mismo se había encargado de aplastar; de una guerra que situaba en trincheras contrarias a afrancesados y liberales, pese a que ambos perseguían ideales comunes, mientras que agrupaba en el mismo bando, y a despecho de sus radicales antagonismos, a liberales y absolutistas, aliados contra el enemigo común; de una guerra que había mantenido en obligada separación física a las Cortes –confinadas en una punta de España– y el resto de la nación. Al término de la contienda, el pueblo había acabado más impresionado por la victoria ante los franceses y el regreso del Rey que por todo lo logrado en Cádiz. No lo había sabido ver ni valorar, y eso que habían sido muchas las conquistas para la libertad y el progreso: políticamente, se había constituido la soberanía nacional, la división


de poderes, las libertades fundamentales, una cámara elegida por dos años por sufragio indirecto; socialmente: se habían abolido los señoríos, se asumía, por parte del Estado, la tarea educativa para la erradicación del analfabetismo y se aprobaba la libertad de expresión; en el administrativo, se acometía una nueva ordenación del territorio; en el orden económico, se habían suprimido los diezmos, se organizaba la Hacienda, se creaba un sistema impositivo de contribución universal, se había puesto fin a los gremios para plena libertad de trabajo y se daba protección a la agricultura; en el de los derechos, se prohibía la tortura y se exigía el respeto a la dignidad del preso y la inviolabilidad del domicilio, mientras que en el religioso, se había decretado el fin de la Inquisición. Cierto es que la Constitución de Cádiz, con todo lo que se adelantó a su tiempo, no podía dejar de ser hija del mismo ni de aquellas contradicciones de la guerra que también lo eran de las Cortes que la concibió. La influencia de la Religión, por ejemplo, es notoria en su texto y la obliga a definir España como un Estado confesional donde la única religión verdadera es la católica, apostólica y romana. Era obligado. Piénsese que el papel de la Iglesia en el conjunto de la monarquía española venía de siglos siendo preponderante cuando no hegemónico. Sus innumerables bienes, así como su control sobre la actividad cultural y el papel de intermediario que, entre los poderes y la población, ejercía el clero, la continuaban dotando de una influencia omnipresente en el cuerpo social del Reino, de ahí que la tesis de confesionalidad no comenzara a resquebrajarse hasta la constitución de 1854, donde se introdujo el principio de tolerancia religiosa. Y sólo, después de que la de 1869 admitiese la libertad de cultos, pudo la Constitución republicana de 1873 articular la separación de la Iglesia y el Estado. No obstante, todos estos “logros” en la letra hay que tomarlos con la debida precaución. Fijémonos si no en nuestra actual Carta Magna, cuyo artículo 16.3 declara el carácter aconfesional del Estado sin que ello anule las numerosas pruebas que desmienten esta cacareada aconfesionalidad constitucional; verbigracia: los 10.000 millones de euros que recibe la Iglesia anualmente de las arcas públicas; dinero extraído de los presupuestos de las distintas administraciones del Estado, sin contar las partidas “excepcionales”, como la utilizada para sufragar parte de los gastos de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid el pasado agosto, ni mencionar tampoco las exenciones fiscales y otros privilegios que goza la Iglesia Católica y que son absolutamente incompatibles con un Estado laico. A esta influencia religiosa, uníase también la de la nobleza, reflejada en el reconocimiento de las propiedades de los señoríos. Sin embargo, y pese a todas sus rémoras, la Carta Magna de Cádiz encendió el faro del constitucionalismo para alumbrar la senda de futuro por donde, pese a todas las interrupciones y tropiezos, había de transitar el Derecho político. Porque el texto de la Constitución de 1812 no fue concebido por los liberales como un simple instrumento técnico de jurisprudencia, sino como un documento político, cuya función legitimadora y pedagógica le confería talante revolucionario. Ha pasado el tiempo. Y hace mucho que los enemigos del constitucionalismo abandonaron todo intento de erradicarlo por las bravas; sin embargo, ello no significa que el Poder, necesitado siempre de privilegios y de leyes que los amparen, no haya seguido combatiendo hasta el día de hoy, y por otros procedimientos más sutiles y arteros, todo lo que en él cree perjudicial; es decir: no se trata ya de poner al ciudadano ante la disyuntiva de constitucionalismo sí o constitucionalismo no, como en tiempos de Fernando VII, ahora el pulso se plantea en otro terreno. El Sistema, polífago y omnívoro, curtido en mil estratagemas, sobornos, corruptelas, extorsiones, intrigas, conspiraciones, venalidades y piraterías, ha aprendido a ceder en apariencia, para apropiarse subrepticiamente de los obstáculos que se le oponen a fin de fagocitarlos hasta vaciarlos totalmente de contenido y manipularlos a voluntad. Repárese, por ejemplo, en lo que está aconteciendo con la Democracia en Europa. ¿Qué queda de ella?... Un presidente linchado por sus socios comunitarios por pretender la “osadía” de consultar a su gente en referéndum, o dos países –Italia y Grecia– cuya presidencia recae en dos personas no elegidas en las urnas, dan cumplida respuesta a la pregunta. Pero, igual ocurre con otros conceptos, como “Izquierda”, “Sindicalismo obrero”, libertad de expresión, etc. En cuanto a las constituciones, las actuales políticas neoliberales, proclives a la privatización, ajustes estructurales, libre circulación de capitales, bienes y servicios y a agrandar el abismo de las desigualdades sociales y económicas, continúan su labor corrosiva para convertirlas en letra muerta:


un soberbio escaparate bien surtido de grandilocuencia, detrás del que no existe sino una escasa o nula efectividad. Dos centurias después de La Pepa, el neoliberalismo está luchando por convertir el constitucionalismo social en algo puramente nominal, en un cascarón vacío y sin fruto, de ahí las divergencias crecientes entre las constituciones sociales de buena parte de sus estados miembros y el “moderno” proceso de constitucionalización neoliberal que pretende imponer la Unión Europea. Ejemplos de este asalto del neoliberalismo a las constituciones los tenemos en nuestro propio país. Cierto es que nuestra Carta Magna hace tiempo yace llena de cláusulas “dormidas” o “desactivadas” –como el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna o el derecho al trabajo–, que la convierten casi en una obsolescencia meramente testimonial, pero, aun así, sigue suponiendo un molesto muro de contención para la insaciable codicia capitalista. El neoliberalismo necesita limitar, cuando no neutralizar, el alcance de su articulado, de ahí que forzara el pasado verano la sumarísima reforma de nuestra Carta, acometida urgentísima, desvergonzada y unilateralmente por un cadáver político llamado Zapatero, que hacía nueva mofa de la Constitución y del sistema democrático abriendo la puerta falsa a la Banca y otros acreedores a fin de anteponer y priorizar sus intereses a los del pueblo español; es decir: al pueblo a quien había jurado o prometido servir. Y es obligado, ante esta referencia a la “lealtad” de tal escoria de políticos, volver la vista atrás y escuchar en el rompeolas del tiempo los ecos de aquel Cádiz romántico y decimonónico, liberal y librepensador, donde se tenía por honorable que los encargados del mando quedaban obligados a observar las leyes que los constituyeron en autoridades, so pena de ser tenidos por perjuros y traidores a la patria o a la sociedad si a ésta faltasen. Constitución de 1812: Me llega la hora de cerrar este pequeño homenaje tan distanciado, como tu espíritu profundo y progresista, del espectáculo folklorista oficial que, entretenido en agasajos y celebraciones, silenciará todo lo vivo y reivindicativo que continúas llevando en tus entrañas; todo lo útil que aún puede sernos tu pedagogía. Sirva como botón de muestra, el enunciado de tu artículo 8: “Todo español está obligado, sin distinción alguna, a contribuir en proporción a sus haberes (el subrayado es mío) para los gastos del Estado.” Constitución de 1812: Fuiste símbolo del liberalismo y la revolución en España y América y hasta serviste de modelo a las de varios países de Europa. Dos siglos después de tu promulgación, en el monumento que Cádiz te levanta en su plaza de España, te siguen abrazando, hechos piedra, los nombres de quienes te parieron con el corazón inflamado de libertad y luces: Agustín Argüelles, José María Calatrava, Martínez de la Rosa, Mexía Lequerica, Conde de Toreno, Isidoro Antillón, Muñoz Torrero, Alcalá Galiano, Antonio Capmany, Pérez de Castro, Francisco Javier Istúriz, Nicasio Gallego y Canga Argüelles. Hombres honrados que dieron lo mejor de sus vidas intentando, con tu texto, traer a su presente la España del futuro. Un futuro que todavía hoy no nos ha sonreído en plenitud. Y no lo hará mientras que la resistencia del pueblo y su concienciación y movilización política no logren identificarse –con indómita voluntad de hacerlo cumplir como ciudadanos libres que somos y no la simple mercancía en que nos pretenden convertir–, en aquel artículo 2 que te aprobaron y en el que señalabas: “La Nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.” Aunque se apellide Botín, Morgan o Rockefeller, añado yo. El día que esto se cumpla… ¡temblad plutócratas! Dicho queda.

Contra el siencio de un bicentenario, por Santi Ortiz - Constitución de Cádiz d 1812  

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