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8 Lunes 28 de Enero 2013

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ace dos años venció el plazo para que los municipios crearan un reglamento adecuado al Código Urbano del Estado de Jalisco, que entró en vigor en enero de 2009, y a la fecha ninguno lo posee. Además, de acuerdo con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Guillermo Lara Vargas, esa norma requiere una serie de adecuaciones que pide a los legisladores revisar; el organismo hizo 70 observaciones. “El Código Urbano no se ha terminado de implementar, y eso ha sido en razón de que los ayuntamientos de los 125 municipios que hay en el Estado, no hay uno solo que haya hecho su reglamento adecuándolo al Código Urbano”. Debido a la falta de un reglamento acorde con el código, cada ayuntamiento aplica su contenido conforme al enfoque que decide. Ante la situación ha sido necesario que los colegios y la Dirección de Profesiones del Estado lleguen a convenios de buena voluntad en algunos temas, “tratando de que las cosas vayan caminando de una mejor manera, de acuerdo a lo contemplado en el Código Urbano”.

A

lrededor de 200 transportistas, entre subrogatarios y choferes, se manifestarán mañana lunes a las 10:00 horas frente a las oficinas del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), para exigir la resolución del juicio que mantiene sin efecto el alza al precio del pasaje. El Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco informó que efectuarán un mitin pacífico. La presencia de los transportistas en el TAE será “con el objeto de que el pleno del Tribunal Administrativo resuelva la suspensión de la magistrada Patricia Campos, y el recurso de reclamación de las tarifas del transporte”. La magistrada Campos otorgó una suspensión en el juicio de nulidad promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que mantiene en seis pesos el precio de la tarifa del transporte público, pese a la aprobación a siete pesos autorizada por la Comisión de Tarifas. El alza al precio del pasaje entró en vigor el 31 de agosto de 2012; sin embargo, ese mismo día la FEU informó sobre la suspensión provisional otorgada por la magistrada, misma que dejaba sin efecto el incremento. El juicio aún está en proceso en el TAE.

El Código Urbano establece en el artículo cuatro transitorio que no se puede implementar, en tanto los ayuntamientos no tengan sus reglamentos. También especifica que en caso de no existir un reglamento, deberá aplicar la norma vigente, en este caso sería la Ley de Desarrollo Urbano; lo que está sucediendo es que se utiliza parte de las dos normas, indicó Lara Vargas. “Estamos ahorita en la situación que te piden poquito del Código Urbano y poquito de la Ley de Desarrollo Urbano. Lo mismo pasa para la implementación de los planes parciales, no define, no hay un reglamento que te diga exactamente cómo lo debes de hacer, eso provoca muchos problemas, cada ayuntamiento da el enfoque que quiere a esas situaciones”, señaló. Asimismo, el representante de los ingenieros civiles de Jalisco dijo que el Colegio tiene identificadas alrededor de 70 observaciones al Código Urbano, las cuales ya entregaron a los legisladores, en espera de que se revisen y se efectúen modificaciones este año. Existen lagunas legales que “causan problemas en lugar de resolverlos”. Lara Vargas comentó que ha tenido acercamientos con el diputado Trinidad Padilla López, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso local, y le ha señalado la necesidad de revisar y modificar el código. Miembros del colegio están a la espera de sostener una reunión en breve con el diputado y el procurador de Desarrollo Urbano, quien también conoce aspectos que no funcionan de la norma. Las observaciones al Código Urbano la presentó el gremio de los ingenieros desde antes de su aprobación, sin embargo, no se tomaron en cuenta, por lo cual las han retomado para que se consideren en la revisión de la norma.

L

a Cruzada Nacional contra el Hambre fortalecerá las capacidades productivas de los mexicanos para combatir la pobreza de manera eficaz, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social que dará un piso mínimo de bienestar a 7.4 millones de beneficiarios, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal expone que esto se logrará mediante la conjunción de esfuerzos en los sectores salud, educación, vivienda, economía y servicios básicos como agua, luz y drenaje. En el combate a la pobreza son necesarias acciones decididas y focalizadas que permitan no sólo atender las necesidades elementales de la población en condición de pobreza, sino que generen actividades productivas y generadoras de riqueza. Señala que cuando la proporción de la población en pobreza es elevada, la productividad y la competitividad de la economía en su conjunto son limitadas, lo que mantiene a los mercados en un funcionamiento por debajo del óptimo, traduciéndose en menores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. A pesar de los avances en diversos renglones sociales que se han registrado en el país durante las últimas décadas, reconoce que los retos en materia de desarrollo social siguen siendo apremiantes. Por ello, refiere, desde el primer día de la actual administración se estableció un firme compromiso para aumentar el acceso a los derechos sociales a toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 52 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, aproximadamente la mitad de los mexicanos en el país, y 11.7 millones sufren de pobreza extrema. Lo anterior a pesar de que entre 2008 y 2010 se redujeron las carencias sociales de acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; servicios básicos en la vivienda; calidad y espacios de la vivienda, y rezago educativo. En el mismo periodo y en el contexto de la crisis económica mundial, el ingreso real de los hogares se redujo, especialmente en las áreas urbanas, además de que se registró un incremento de la población que carece de acceso a la alimentación. Así, entre 2008 y 2010 el porcentaje de la población en pobreza alimentaria pasó de 18.4 por ciento (20.2 millones de personas) a 18.8 por ciento (21.2 millones de personas). En pobreza de capacidades pasó de 25.3 por ciento (27.8 millones de personas) a 26.7 por ciento (30.0 millones de personas), y con pobreza de patrimonio de 47.7 (52.3 millones de personas) a 51.3 por ciento (57.7 millones de personas). Ante esta situación, refiere, la administración federal enfrenta el gran desafío de erradicar la pobreza y cerrar las brechas sociales, asegurando que nadie quede excluido por carencias elementales en alimentación. Como parte del avance en la implementación de las 13 medidas, anunciadas el pasado 1 de diciembre y los acuerdos suscritos por el gobierno federal y los dirigentes de las principales fuerzas políticas en el Pacto por México, el pasado 22 de enero pasado el gobierno federal emitió el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Cruzada Nacional contra el Hambre). Ello representa una estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales.

Àngulos Diario Ed.370 Lunes 28/01/2013  

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