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Ángel Martínez Armengol | Centro de Estudios para la Transición Democrática, A.C.

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Ángel Martínez Armengol Este Foro genera ilusiones y alienta esperanzas. Es resultado de una suma de voluntades colectivas en torno a nuestra realidad común. Surge de la clara preocupación de un destacado grupo de investigadores, analistas, académicos, periodistas e intelectuales por configurar un Veracruz distinto al que hemos tenido y conocido en los años estos. A todos nos mueve una idea común: los resultados del proceso electoral del pasado 5 de septiembre hablan de una nueva realidad de nuestro Estado que tiene que traducirse en un ejercicio diferente del poder público, con un mayor consenso en las decisiones políticas y con una participación más activa de la sociedad.

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Por eso, nada más por eso, este Foro y su antecedente, Pensar Veracruz, son motivo de regocijo. Hoy los veracruzanos damos muestra de una madurez política que a la víspera no había surgido. Es necesario canalizar esa madurez por nuevos derroteros e impulsarla para construir, juntos, espacios adecuados de toma de decisiones públicas más consensuadas y acordadas entre todos. De ese tamaño es el reto que tenemos enfrente. La democracia exige indudablemente el mayor de los esfuerzos para lograr los acuerdos mínimos que permitan avanzar en la construcción de un Estado más sólido, con rumbo y visión claros, con objetivos perfectamente delineados. Es el camino más largo, sí, pero también el más seguro para profundizar un sistema de valores sustentado en la tolerancia, la pluralidad, el respeto a la diferencia, la legalidad y, por encima de éstas, el ejercicio pleno de las libertades públicas. De toda la tradición liberal del siglo XIX recojo una que me parece fundamental hoy en día para la existencia misma de un sistema político

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Revista Transición, Debate y Propuesta en Veracruz Consulte los artículos publicados en la revista Transición, de circulación nacional y editada por el Centro de Estudios para la Transición Democrática, A.C., desde 1996. presentación índice de revistas

Seminario Pensar Veracruz

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probado y es compatible con:

democrático: la libertad de expresión. Uno de los elementos que aceita el funcionamiento mismo de la democracia es el que permite que los ciudadanos se puedan expresar sin cortapisas, censuras previas o amenazas ulteriores de responsabilidades por parte de sus autoridades o de quienes ejercen la función pública. Así lo han determinado distintos mecanismos internacionales que velan y protegen este derecho fundamental, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

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Más específicamente, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, establece: "La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática". Por lo mismo si algo identifica el grado de desarrollo democrático de una sociedad es, precisamente, el nivel de libertad de expresión que gocen sus ciudadanos. Es cierto, como casi todas las libertades sociales, la de expresión no es (ni puede ser) absoluta ni tampoco puede estar o ser ajena al ámbito jurídico. La libertad de expresión tiene como límite claro el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público y la moral pública. En nombre de esa protección se han cometido excesos, desviaciones y abusos autoritarios del poder. Por eso, la tendencia internacional sobre el tema prevé que los llamados "delitos de prensa" contenidos en las leyes sobre privacidad y respeto al honor, no deben servir para inhibir ni restringir la información de interés público ni tampoco caer dentro del ámbito de lo penal. En última instancia, la protección al honor y a la reputación debe estar garantizada a través de sanciones civiles, siempre y cuando se pruebe que lo informado o expresado tuvo la intención de infligir daño o que se tenía pleno conocimiento de que se difunden falsedades. Sin embargo, la misma Declaración de Principios en comento prevé: "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad" y por lo tanto todo lo que hagan o dejen de hacer debe estar siempre bajo el ojo vigilante de los ciudadanos. En otras palabras su vida privada es aún más acotada que la de cualquier otro ciudadano. De ahí que a la tradición liberal del siglo XIX, nutrida y complementada por la evolución social en el siglo XX, se suma un derecho adicional al de la libertad de expresión, no como una concesión del Estado, sino como un derecho fundamental: el Derecho a la Información Pública. Este no es un asunto menor ni mucho menos. La propia Organización de Estados Americanos aprobó apenas el año pasado, el 10 de junio de 2003, durante su cuarta sesión plenaria, la resolución AG/RES. 1932 (XXXIIIO/03) denominada "Acceso a la Información Pública: fortalecimiento de la democracia", en la que declara:

Consulte en línea las ponencias y conferencias que se impartieron en Cetrade, A. C. del 2002 al 2004. leer más

Foro La Gobernabilidad en Veracruz: Reflexiones en voz alta Consulte las ponencias expuestas por destacados participantes durante el foro que se realizó del 19 al 21 de octubre de 2004. leer más

Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo Memoria de las Audiencias para la Reforma de los Procesos Electorales, de Acceso y Conformación de los Poderes Públicos. Xalapa, Veracruz, México. Agosto a Septiembre de 2005. leer más

Juego de Espejos Consulte los artículos publicados en Milenio Portal y Diario de Xalapa por el Lic. Domingo Alberto Martínez Resendiz leer más

Celebra el Cetrade sus 10 primeros años

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"Toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia. "Los Estados tienen obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva". Libertad de Expresión y Derecho a la Información, son entonces los dos pilares sobre los que se sostiene y se sustenta la democracia moderna. La OEA insta a sus Estados miembros a tener presente el acceso a la información pública en la elaboración de sus legislaciones sobre seguridad nacional y a facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública. El concepto del que parte el sistema interamericano de naciones es el de la libertad sin restricciones tanto a emitir opiniones como a obtener (para los fines que cada quien decida) la información en manos del gobierno. Y es que, recordemos, el principio fundamental de un sistema democrático hoy en día, hace al gobierno objeto de distintos controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso del poder. Esa es precisamente la esencia del Acceso a la Información que me lleva al concepto de la Transparencia. Toda acción pública debe estar basada en el principio de transparencia y por lo tanto de escrutinio público. En una democracia cualquier decisión que se tome o se deje de tomar en las esferas gubernamentales debe estar sujeta al ojo vigilante y demandante de la ciudadanía.

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En la celebración de los primeros 10 años del Centro de Estudios para la Transición Democrática, A. C. (Cetrade), el gobernador del Estado Fidel Herrera Beltrán refrendó que la productividad y amplitud de los diversos análisis conjuntados por dicha asociación civil, lejos de separar, unen en el objetivo común de hacer del Estado de Veracruz un mejor lugar para vivir. leer más

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Es obvio que hoy en día el grado de conocimiento o desconocimiento de las instituciones públicas pasa necesariamente por la facilidad de tener acceso a la información. Un gobierno que restrinja u obstaculice el acceso a sus archivos, fuentes y formas de decisión política, es un gobierno que se acerca más a lo autoritario y que puede caer más fácilmente en la corrupción. Pero la transparencia gubernamental y el acceso a la información no deben ser confundidos con el proceso institucional de rendición de cuentas. Complementan a éste aunque no lo sustituyen. Hoy en día, más allá de los mecanismos propios de control, evaluación y fiscalización de la acción gubernamental, a quienes hay que convencer de que las cosas se hacen bien y para bien es a los ciudadanos. Eso sólo se logra facilitando el acceso a la información pública para que cualquiera pueda verificar por sí mismo cuáles son las decisiones, cómo se toman, a quiénes afectan, cuánto se gasta del presupuesto, por qué se retrasa la ejecución de obras y acciones, quiénes intervienen y un largo etcétera. Con ese ánimo, en el año de 2002 fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Anterior a ésta es el texto legal sobre el tema del Estado de Sinaloa, ley pionera en el país y

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particularmente en las entidades de la República. Después del texto federal, la mayoría de los estados hicieron lo propio: aprobaron leyes locales (estatales y municipales) de acceso a la información. La mayoría lo hizo siguiendo más o menos los lineamientos federales, en algunos casos enriqueciéndolos y en otros, de plano, como los cangrejos, yendo para atrás. Actualmente, de acuerdo con un reporte de Libertad de Información México A.C. (LIMAC), 18 estados de la República cuentan con una ley estatal de acceso a la información; son los casos de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y el Distrito Federal. En otros siete se encuentra en discusión el tema y en proceso de aprobación dicha legislación. Son los casos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Baja California. Finalmente estados como Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Guerrero y Tabasco no cuentan ni tienen en proceso leyes de acceso a la información. Sin embargo, contar con el mero documento no es garantía de nada. Ahí está el reto que tenemos para Veracruz en los próximos años. En una de las decisiones más lamentables que haya tomado la actual LIX Legislatura del Congreso del Estado, a punto de extinguirse, en junio pasado aprobó la Ley Número 838 de Acceso a la Información del Estado de Veracruz. Su aprobación estuvo marcada por la sombra de la duda. Los diputados locales convocaron el año pasado a foros de consulta y se presentaron al menos cuatro iniciativas, de las fracciones del PRD, PT, PAN, además de la enviada por el Ejecutivo Estatal. Huelga decir que las consideraciones del dictamen que finalmente aprobó la mayoría priista en el Congreso estatal ni siquiera se enriqueció la iniciativa con esos documentos ni hay referencia alguna a las ponencias presentadas en los susodichos foros. Simplemente se aprobó la iniciativa que remitió el Ejecutivo con la fuerza exclusiva de la mayoría parlamentaria. Pero en el proceso se cometieron graves fallas que deja a la ley veracruzana en franca desventaja frente a sus similares de otros estados y de la legislación federal. Un punto específico, por ejemplo, tiene que ver con las llamadas "obligaciones de transparencia", es decir, el compendio de supuestos legales que de oficio deben poner los entes públicos a disposición de cualquier ciudadano sin necesidad de que éste lo solicite. La ley veracruzana prevé sólo seis obligaciones de transparencia. Lo relativo a la estructura orgánica de las dependencias y la remuneración mensual de su nómina, el directorio de servidores públicos de alto nivel que la integran, el marco normativo que aplica, los servicios públicos que ofrecen y cualquier otra que se considere de interés o de utilidad pública. En contraparte, la ley federal prevé 17 obligaciones de transparencia, la ley de Morelos (quizá la más avanzada en la materia del país) contiene 40 obligaciones de información pública de oficio, la de Sinaloa obliga 20

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supuestos de información pública, etcétera. Pero esa no es la única desventaja de la ley veracruzana frente a sus similares. De acuerdo con la metodología desarrollada por LIMAC el ordenamiento estatal en materia de acceso a la información está gravemente rezagado por los siguientes motivos: No establece plazos para la entrega de la información que soliciten los ciudadanos; deja a criterio de las propias dependencias (las llama genéricamente organismos públicos) el recibir, canalizar y aprobar las solicitudes de información, empero no establece plazos de prórroga para obtener dicha información; tampoco las formalidades mediante las cuales el ciudadano puede solicitar dicha información; no prevé la creación de un órgano fiscalizador que vigile el cumplimiento de la ley (el argumento dado por los diputados del PRI para oponerse a este punto rayó en lo absurdo: por carencias presupuestarias y por incongruencias legales para tener un organismo que obligara lo mismo a los poderes estatales, a los municipios y a los órganos autónomos. Aparentemente los sinaloenses, los morelenses, los yucatecos, los neoleonenses, entre otros paisanos, tienen más dinero y más atribuciones o imaginación legal que los veracruzanos porque en esas entidades sí existe un organismo de tales características). La ley veracruzana, por lo mismo, tampoco establece mecanismos de apelación o recursos de revisión que le garanticen al ciudadano inconformarse ante una negativa gubernamental a otorgar la información solicitada. Remite en todo caso a un procedimiento extraño y complicado en el Código de Procedimientos Administrativos, como si pedir información gubernamental fuera lo mismo que inconformarse por el cobro de impuestos, derechos y demás asuntos financieros. Mucho menos prevé la ley veracruzana que se hagan del conocimiento público los anteproyectos de leyes o normatividad antes de su aprobación en el Congreso para que la ciudadanía pueda proponer o enriquecer dichas iniciativas. Y finalmente, carece, de mecanismos de protección y acceso a los datos personales también conocido como "Habeas Data", que sí se contemplan en el ordenamiento federal y en prácticamente todos los estatales. Aprobada en junio pasado, esta ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación, es decir, es hora que todavía no comienza a surtir efectos y además prevé seis meses de plazo para su implementación después de publicada. Es decir apenas en diciembre entrará en vigor cuando los sujetos obligados a cumplirla estén entrando en funciones y los que se van pudieron hacer nada para instrumentarla. Este es quizá uno de los grandes rezagos en materia política y jurídica de Veracruz. Y es grave porque si algo mide hoy el nivel de democracia de un pueblo es precisamente las acciones de transparencia gubernamental y escrutinio ciudadano a dichas acciones. De esta manera nos encontramos ante un reto que es necesario subsanar. Por ello propongo en este espacio que generemos desde la academia, las organizaciones políticas y ciudadanas, desde la representación legislativa, como acción inmediata, la derogación de dicha ley y la redacción y aprobación de otra, apegada a los lineamientos nacionales e internacionales sobre la materia. Nadie le exige a los diputados que sean expertos en todos los temas

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legislativos. Pero en un última instancia si algo no saben, pues que pregunten a los que sí se han dedicado al tema y que adquieran los instrumentos y herramientas necesarias para elaborar una Ley Estatal de Acceso a la Información que de manera efectiva y precisa garantice a los ciudadanos veracruzanos la vigilancia y control de la actividad gubernamental y cree una cultura de la transparencia y acceso a la información, por cierto mandato legal incluido en la ley federal y soslayado por completo, también, en el texto estatal vigente. Por supuesto que en esa tarea juega un papel fundamental el futuro Congreso veracruzano, en el que ninguna fuerza por sí sola tendrá mayoría; pero también del futuro gobernador del Estado y de las próximas autoridades municipales. La transparencia y el acceso a la información exige transitar de una cultura de la transa y de la secrecía, a una de plena apertura y vigilancia social para hacer cumplir aquella máxima de que donde hay luz no hay cucarachas. Derogar la actual ley o reformarla de inmediato es una tarea en la que nos tenemos que aplicar desde el momento mismo en que rindan protesta los nuevos diputados, el próximo 5 de noviembre, y contar con nuevo instrumento jurídico en diciembre, enriquecido con el aporte que haga al respecto el gobernador entrante. Los mínimos legales para contar con una norma jurídica de altura, de primer mundo, están dados por una amplia literatura nacional e internacional sobre el tema. Pero esto es algo que es demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de los políticos. Como sociedad tenemos que remar y remontar las resistencias que surjan sobre el particular. En esa línea tenemos que trabajar para garantizar de manera efectiva y no sólo con discursos y palabras huecas, la gobernabilidad democrática de Veracruz en los años venideros.

Referencias: 

Organización de Estados Americanos www.oas.org



Comisión Interamericana de Derechos Humanos www.cidh.org



Relatoría Especial para la Libertad de Expresión www.cidh.org/Relatoria



H. Congreso de la Unión-Cámara de Diputados / Secretaría de Servicios Parlamentarios / Legislación Nacional www.cdhcu.gob.mx



Gobierno del Estado de Sinaloa www.sinaloa.gob.mx



Congreso del Estado de Morelos

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Libertad de Información México A.C. www.limac.org.mx

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