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Los Abogados La información y el quehacer judicial.

Principios Básicos del Derecho. Pág. 4 Principio de Legalidad Pág. 5

Derecho Penal y Derecho Represivo. Pág. 11

Edición N° 1 – Barquisimeto, Febrero de 2018


Editorial

Una porción de Derecho Penal. En nuestras leyes conseguimos el Derecho Penal, que es un conjunto de normas Estatales de carácter legal, que tiene por fin describir una conducta delictiva, sancionándola con una pena o medida de seguridad, para impedir la realización de conductas delictuales en el futuro. De esta definición se desprenden las tres ramas estudiada en el fenómeno del delito, las cuales son: Teoría del delito, la cual realiza una descripción de conducta delictiva; Teoría de la pena, la cual estudia la sanción y la tercera es la política criminal. El Derecho Penal se puede clasificar en un derecho penal objetivo, el cual establece un conjunto normativo de las conductas a sancionar y sus determinadas penas y otro subjetivo, que por su parte es la facultad del Estado a la sanción por conductas que atentan contra la paz social. Sin embargo, más que una facultad es un deber del Estado aplicar sanciones a conductas que se estiman contraria a la protección de bienes jurídicos. Este deber tiene siempre la limitación de respetar a la persona, tanto en su libertad como en las consecuencias de la pena. El Derecho Penal tiene por misión la protección de bienes jurídicos determinados. Los bienes jurídicos son aquellos que la sociedad eleva al carácter de esencial. Se discute si estos bienes jurídicos es posible establecer una enumeración amplia o bien no es posible enumeración alguna. Ninguna de las dos posturas deja definida la discusión, sin embargo opinamos que los bienes jurídicos deben tener un carácter de taxativo para poder así determinar de mejor manera la lesión al bien jurídico, ya que si hay una acción pero que esta no produzca lesión al bien jurídico ni siquiera en su grado de tentativa se debe desechar como conducta no valiosa. Ángela Victoria SM.

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Índice: Editorial. Pág.

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4 …………………………………… Principios Básicos del Derecho 5 …………………………………….…….…..Principio de Legalidad 6…………………. La Notaría Pública Atribuciones y Doctrina del Notario. 7…………………………………..…….. Fase de aplicación ley Penal Temporal 8 ……………………………………………………………………………………..... Publicidad. 9 ……………………………………………………………. Sucesión de Leyes Penales . 10…………………………………………………..……… Fase de aplicación personal. 11 ……………………....................…… Derecho Penal y Derecho Represivo 12 ………………………………………….……..……………….. Formas de Extradición. 13 ……………………………..................... Principios que rigen la extradición.

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Principios Básicos del Derecho. Son aquellos enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos de naturaleza axiológica o técnica que comunican la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio Derecho Penal.

Los utilizan los jueces, legisladores, creadores de doctrina y los juristas en forma general, para integrar el ejercicio práctico de derechos o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta insegura. Estos principios generales tienen 3 funciones que transgreden de forma importante en la aplicación de las normas del Ordenamiento Penal, dichas normas son: la Función Creativa, la Función Interpretativa, y la Función Integradora. Entonces tenemos que la Función Creativa, Constituye que, antes de ser promulgada la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para iluminarse en ellos y poder comprender y aceptar su contenido. Por su parte la Función Interpretativa, conlleva que al demostrar las normas, el practicante debe inspirarse en los principios, para garantizar la justa interpretación. Mientras que la Función Integradora, representa que quien va a satisfacer un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un sistema impenetrable.

Las mencionadas funciones no actúan sola, porque en la aplicación del Derecho aplican apoyándose entre sí, por lo cual cada interpretación de una norma, establecida en los principios, será una nueva creación dependiendo de los principios. Ahora bien aquellas lagunas legales en el Derecho Positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los integrantes judiciales para dilucidar una norma ya creada y aplicarla según los principios generales, esto garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización del Derecho.

VALOR DE LA FUENTE INDIRECTA EN EL DERECHO PENAL Fuente que alcanza un valor interpretativo, que conlleva a entender el alcance lingüístico, axiológico, contextual, histórico o formal de la norma de Derecho Penal. Es de carácter alternativo y no es vinculante a excepción de la interpretación que pueda hacer la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se enlaza la norma penal a los principios, derechos o garantías de orden constitucional, porque este tipo de sentencias, tendrán carácter vinculante y efecto general.

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Principio de legalidad. Tenemos que este principio está consagrado en el N° 6 del Artículo 49 de la Carta Magma venezolana, así como en el artículo N° 1 del Código Penal venezolano - COP. Se establece desde el primer instante del ser, de la existencia de la vida, razón, fundamento, origen. De esta manera asevera que es primordial consagrar la legitimidad y legalidad del Derecho Penal, su contenido está personificado en el aforismo latino que expresa: “Nullum crimen, nula poena sine praevia lege. Esto nos lleva a acotar que el principio de legalidad de los delitos y de las penas es el supremo postulado político criminal del Derecho Penal Moderno, donde su importancia y primacía se observa inscrita en la declaración francesa de los Derechos del hombre y el ciudadano de 1789, proclamada en su artículo 8 que establece que “la Ley no debe establecer más que las penas estricta y manifiestamente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley dictada y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada conforme a la propia ley”. Del mismo se derivan varios fundamentos que dan lugar a un grupo de subprincipios, como la reserva absoluta de Ley, que establece que en principio solo la Asamblea Nacional tiene la facultad para determinar y definir, las conductas que van hacer las constitutivas de delitos, por ello disponer la aplicación de penas incluyendo otras disposiciones legales que establezcan las circunstancias objetivas que aumenten o atenúen la sanción a imponer.

La consolidación plena de este principio se localiza proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, así como en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950; también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969 y en 1966 en New York, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito el 19 de diciembre.

Pero por otra parte, el tiempo demostró que la sola existencia de este principio como su reconocimiento internacional, no es garantía de su fiel cumplimiento, y así lo han demostrado los países de regímenes autoritarios, a los que se le han impuesto sanciones que van más allá del alcance y comprensión de lo expresamente dispuesto en la ley, materializando con ello, por la flagrante violación de los derechos individuales de los ciudadanos. Varios son los requisitos que se debe reunir la ley, al tiempo de asumir y escribir, previo a la realización de los hechos que se buscan sancionar, todo ello con la finalidad de establecer claramente las características del hecho punible, todo ello precisamente para evitar que el principio de legalidad penal se

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constituya en una vacía proclamación de contenidos, ya que el Principio de Legalidad Penal en primer lugar establece una Garantía material que se corresponde con la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, proporciona la necesaria seguridad jurídica sobre cuáles son las conductas incriminadas y las penas que se les asignan y conlleva una garantía formal que hace exigir que las leyes penales sean promulgadas con determinación a la reserva de ley que exige su formación.

la actualidad, el principio de legalidad En penal “nullum crimen, nulla poena, sine lege”, universalmente adoptado, prohíbe la aplicación de penas sin la existencia de una ley formal, previa, escrita y estricta. A la vez constituye las bases para la concepción del Derecho Penal Moderno, instaura que la principal fuente del derecho penal es la ley, la cual debe cumplir con tres requisitos, como que debe ser escrita y estar a disposición en la forma gráfica que permita la comprensión amplia de su alcance y razón; debe ser previa a la determinación del hecho sancionado y estricta, en cuanto a no dejar vacíos o imprecisiones que lleven desfigurar la inteligencia de su comprensión y aplicación.

Principios que rigen el Derecho Penal.

Tenemos el Principios del acto y del actor, donde se habla de un Derecho Penal del acto cuando las normas punitivas se refleja a lo que el hombre hace y no por lo que es, mientras que el actor hace referencia a la exigencia de un derecho que constituye la base de su orientación ideológica y política. Por su parte el Principios de culpabilidad, presenta una serie de garantía para el ciudadano e implica que nadie puede ser culpado por la comisión o hechos ajenos y el Principios de humanidad, conseguimos que el Estado debe preservar no solo su autonomía ética, también su indemnidad personal.

Por lo cual a ninguna persona se le puede someter a penas o medidas de seguridad perenne, imprescriptibles, crueles inhumana. Porque en un sistema democrático que logró transformar su estructura Jurídico - Penal que gira alrededor de los principios personalistas de la legalidad de los delitos y penas, ya que el principio de legalidad muestra que la actividad punitiva debe tener apoyo pleno, claro y completo de la Ley. Todo ello debe generar la Garantía Criminal, porque para que un hecho sea considerado punible es obligatorio que la ley anterior así lo haya previsto, mientras que la Garantía Penal, es precisa en que las penas deben estar prevista explícitamente por cada delito, porque estas normas penales aparecen como expresiones del Estado para reglamentar las relaciones de las personas entre sí o entre ellas y el Estado, aplicando sanciones a los infractores si no actúan conforme a esas normas. 066

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Por otro lado el Derecho viene siendo el instrumento que tiene el Estado para reprimir los delitos. Establece las directrices de la doctrina que han impuesto barreras a la construcción del Derecho Penal guiados por normas rectoras y donde se encuentran precepto orientados en la legalidad, tipicidad, antijurídico, culpabilidad que posee el doble carácter del Principio del Derecho Penal Venezolano.

Vigencia. La Ley.

Fase de aplicación ley Penal Temporal. En esta fase se hace referencia a las circunstancias y los cambios causados en el tiempo, que de una forma u otra afectan la manera en que se ha aplicado la norma que ha conllevado a la existencia del principio de Igualdad ante la Ley. Pero la validez de la ley es diferente cuando se modifican ciertas circunstancias, que primeramente se deben observar con cierta menudencia a la hora de aplicarla, lo que nos deja ver que la Ley Penal es válida por medio de tres maneras, las cuales son Validez Temporal, Espacial y Personal.

será vigente desde el mismo momento en que sea promulgada, hasta el momento en que es derogada por otra ley, y por el principio de irretroactividad de la norma es muy regida de manera general, así lo conseguimos en los Artículo 3 del Código Civil Venezolano y 24 de la Constitución de Venezuela. Es un principio que establece la forma en que la ley solo se aplica a los casos acontecidos desde su promulgación, pero que no se puede aplicar en casos anteriores.

Validez Temporal. Es el espacio de tiempo durante el cual la Ley estuvo vigente, es de este espacio cuando surgen los problemas de la ultractividad de la Ley, que implica la retroactividad y la extractividad. Validez Espacial. Es la que constituye los principios de ser aplicada dentro de un determinado territorio geográfico. Validez Personal. Es allí surge el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley. Claro está hay ciertas excepciones, entre ella la que involucran los casos de los diplomáticos, diputados y figuras similares.

Derogación. Pero también tiene sus excepciones a dichos principios, que son conocidas como extractividad de la Ley Penal que permiten que en algunas ocasiones, una determinada legislación pueda ser aplicada a casos que ocurrieron antes de su promulgación, pero después de su derogación. Son excepciones que se rigen por el Principio In dubio pro reo, “En caso de dudas se beneficia al reo”.

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Sucesión de Leyes Penales. Esto se da cuando un hecho es regulado por una nueva ley, que permite aclarar un tipo legal que antes no existía. También cuando permite desaparecer el tipo existente, así como cuando cambia la descripción o la penalidad de las figuras que tiene dicho delito. Varias son las hipótesis que hacen referencia a esta, ya que la sucesión de leyes en el tiempo, son todas las circunstancias que permiten hacer trasformar la situación jurídica del presunto imputado. Esto se da cuando la Ley vigente para el momento del fallo, que permitiría regular el hecho cometido, porque es diferente de la que regía cuando se cometió, modificando la situación jurídica del sujeto imputado.

Entonces se tiene que se puede presentar que un hecho que antes no era considerado delictivo en la anterior ley derogada, ahora la nueva ley lo considera como un delito o lo impute como delito. Otro es que la nueva Ley deje de considerar delito o hecho, que anteriormente era calificado como tal. Pero que ahora, la nueva ley, que busca atender a ciertos requisitos de punibilidad menos estrictas, o también por las consecuencias de punibilidad más rigurosas, empeore la situación del agente con relación a la que tenía en la ley derogada.

Fase de aplicación espacial. Es la que permite determinar como se aplica la Ley Penal en un determinado Estado, o sea en el espacio físico que lo conforma y se extiende su jerarquía, será aplicada, constituye los principios de aplicabilidad dentro de un determinado territorio geográfico y los delitos cometidos en el mismo basándose en el concepto de soberanía.

Principios aplicables. Ya hemos mencionado que está el Principio de territorialidad, donde de acuerdo con el mismo, la Ley Penal es aplicable a los delitos cometidos en el territorio del Estado, basándose en el concepto de soberanía. Pero también está el Principio de personalidad, Real o de la Defensa, que describe que es concluyente la nacionalidad de los sujetos que actúan en la relación jurídica originada por el delito. Sostiene que la Ley del Estado sigue al nacional, en cualquier lugar que se encuentre, es ese el derecho que tienen los Estados de darle seguridad y protección a sus intereses, así como castigar a todas las personas dentro y fuera de su territorio.

Principio de la administración y justicia mundial. Es el Principio que hace referencia a los delitos que afectan por igual a todos los elementos de la comunidad internacional, donde cada Estado, como integrante de ella y con el objeto a su protección, procede a juzgar a todos aquellos delincuente que sean apresados en su territorio, sea cual fuere su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito, como por ejemplo el narcotráfico, piratería y la trata de blancas.

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Fase de aplicación personal. Esto tiene que ver igual con el Principio de Igualdad ante la Ley, según el artículo 21 de la Constitución de la República de Venezuela, que consagra que en las leyes venezolanas, no existen discriminaciones por causas de las condiciones de cada persona, sociales, raciales, religiosas o económicas, por el contrario está establecido que la ley debe garantizar la igualdad ante ella y que sea efectiva, sobre todo en los grupos de personas que puedan ser vulnerables a ser discriminados ante la ley, como los indigentes, pobres y con ciertas enfermedades crónicas. A todas las personas se les dará el trato oficial de ciudadanos.

Garantía en el Principio de legalidad. Nuestras leyes, sostienen que en tanto no se demuestre la invalidez de un acto administrativo, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos, como si realmente estuviera perfectamente ceñido a las normas legales. Es una presunción iuris tantum, es decir, que admite pruebas en contrario, su establecimiento obedece a razones de orden práctico, para garantizar el funcionamiento de las actividades públicas.

Excepciones. En esta fase, también existen las excepciones y el artículo 200 de la Carta Magna, establece que los parlamentarios, “diputados a la asamblea nacional” poseen inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión, así como los jefes de Estado extranjeros, cuando este en nuestro país. Está exento de leyes penales según el artículo 232 de la Constitución, el presidente de la republica, quien es responsable de sus actos y no goza de exención, pero para su enjuiciamiento hay un procedimiento especial.

Pero de acuerdo a la doctrina, sólo puede sostenerse esta presunción cuando reúne condiciones mínimas de legitimidad, donde el acto debe venir de una autoridad legítima, no estar expresamente proscrito por la Constitución o las leyes, no ser de ejecución imposible, no implica la realización de un delito, tampoco haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente y no haberse apartado totalmente del procedimiento legal. Los Abogados Febrero de 2018 1010


La extradición.

Derecho Penal y Derecho Represivo. Ya se ha visto que el Derecho Penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas, y cuando se habla de este Derecho, se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo con lo que se desee hacer referencia. Así que puede hablarse de manera preliminar de un Derecho Penal sustantivo y, por otro lado, del Derecho Penal adjetivo o Procesal Penal. Donde el primero de ellos está constituido por lo que generalmente se conoce como Código Penal o Leyes Penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, que establecen los delitos y las penas, mientras que el Derecho Procesal Penal es el conjunto de Normas destinadas a establecer el modo de aplicación de las mismas. Son diversas las denominaciones que conseguimos como Derecho Criminal, para denotar que el interés principal es el autor del delito; Derecho Represivo o Sancionador, para relievar el carácter; Derecho de Prevención, para denotar que este Derecho tiene normas jurídicas de conducta prohibidas; Derecho Protector De La Sociedad, para designar que el delito constituye una afrenta a la sociedad y que este Derecho lo protege, otras denominaciones.

Mecanismos de asistencia internacional que busca frenar la impunidad de aquellos elementos que buscan o pretenden evadir la acción de la justicia, y se refugian fuera del país donde cometieron el hecho punible. Tiene su fundamento en el compromiso que asumen los Estados miembros de la Comunidad Internacional de entregarse mutuamente a aquellas personas procesadas o sentenciadas que, habiendo cometido algún hecho punible en el territorio de un Estado, traspasan sus fronteras convirtiéndose en prófugos de la justicia.

En Venezuela dicha extradición no está sometida a la existencia de un tratado, porque la misma procede así como desde el punto de vista convencional y como frecuente, ya que está consagrada expresamente en un Tratado suscrito sobre la materia y posee su base en los Principios de Solidaridad y Reciprocidad Internacionales, que obligan a los Estados a cooperar entre sí, contra la impunidad del delito. Al mismo tiempo se tiene que las fuentes de la extradición, son los Tratados Bilaterales o Multilaterales, y como ya se mencionó son los Principios de Solidaridad y Reciprocidad Internacionales y la Ley Interna

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Fuentes de la Extradición.

Formas de Extradición. La extradición está ubicada en la comisión de un hecho o infracción punible por parte del sujeto requerido, donde su juzgamiento o castigo es de fiel competencia del Estado que lo requiere, siendo su objetivo o finalidad permitir el enjuiciamiento de la persona requerida o la ejecución de la condena impuesta. La misma tiene un carácter facultativo, así lo instancia el debido respeto a la independencia de cada Estado. Hablando de Venezuela en esta materia obra con un alto sentido de responsabilidad y así está establecido por la Sala de Casación Penal del TSJ, en la Sentencia N° 1119 del 03 de Agosto de 2000.

El Estado venezolano, acepta la extradición como una obligación moral conforme al Derecho Internacional, pero también se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla tomando en cuenta si por alguna circunstancia se contraerían los principios de la legislación nacional así como de la justicia.

Las leyes venezolanas en su normativa sobre esta materia, menciona como fuentes las externas que son los Convenios y Tratados Internacionales, y en segundo lugar las leyes internas y las costumbres y declaraciones de reciprocidad, es donde tiene su fuerza el derecho positivo, porque el tratado de extradición es un acuerdo entre dos o más Estados soberanos que se comprometen a la entrega recíproca de los fugitivos por delitos comunes.

Generalmente dichos Tratados contienen condiciones y formalidades que definen cuando se debe o no proceder según el caso que se ventile en la extradición. Pero fuera de los Tratados también se estipulan las leyes internas de cada país. Se debe definir lo que corresponde a los Tratados y a las leyes, son elementos distintos, pues los primeros reglamentan las relaciones entre Estados, por su parte los segundos sistematizan los órganos estatales internos de cada nación y la legislación interna en materia de extradición suele encontrarse en los Códigos Penales, procesal Penales. Entre Tratados y Leyes internas hay normalmente indulgencias expresas o tácitas de unos a otros.

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El Tratado prevalece sobre la legislación interna en vista del Principio de Primacía de los tratados sobre las leyes. Las leyes tienen carácter supletorio respecto de los Tratados, aun en el supuesto de que la ley interna sea posterior al tratado, deberá prevalecer el predomino de éste, ya que representa ley especial respecto de la otra, y en las leyes venezolana, entre los Tratados están:

El Convenio sobre Extradición firmado por todos los países de América en Montevideo, Uruguay en el año de 1933; el de Caracas en 1981, donde se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición; otro es el de Ecuador, que suscribió esta Convención y el Tratado representativo; en Europa existe la Convención Internacional de Extradición de 1957, aprobada por el Consejo de Europa con vigencia en catorce Estados y la más reciente de la Convención de Bruselas en 1962 para los países de Benelux. Ahora bien las Fuentes Internas de la Extradición dentro de nuestro ordenamiento jurídico, son la Constitución política; el Código Penal; Código de Procedimiento Penal; Ley de Extranjería y el Reglamento a la Ley de Extranjería.

Principios que rigen la Extradición. Son varios los principios, el Principio de legalidad, que ya lo hemos estudiado y solo puede estar fundamentada en instrumentos legales, en normas fundamentales, en normas sustantivas y adjetivas penales y en las acciones legales derivadas de los convenios y tratados internacionales. 13

Otro es el Principio de dignidad humana, la extradición que debe siempre respetarse la condición humana; Principio de la doble incriminación., donde el delito por el cual se solicita la extradición, el motivo, tiene que estar tipificado en la misma forma en el Estado requeriente; Principio de no extradición de los nacionales. Por si solo se explica este principio constitucional; Principio de no extradición por delitos políticos. No se otorgará esta, si el país requerido considera que la causal de solicitud está vinculada a delitos políticos.

Principio del respeto a los derechos humanos. No solo se considerarán la normativa indicada en el ordenamiento jurídico, sino también todos aquellos referidos a la esencia del ser humano. Este principio de vincula con el número 2; Principio de judicialidad: La extradición solo podrá otorgarse y permitirse si la persona solicitada, va a ser juzgada por jueces naturales y nunca por tribunales de excepción. Principio de Especialidad: Este principio significa que la persona para la que se solicita la extradición solamente puede ser encausada, juzgada y encarcelada por los hechos que motivaron la extradición o posteriores a la misma. Si la persona ha sido extraditada en virtud de una condena, sólo podrá cumplir la pena impuesta en la sentencia condenatoria por la que concedió la extradición.

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Directorio: Pedro Julián SM- . Asesor Legal. Doctora Ángela Victoria SM. Editadas, producida y publicada por Tito Publicidad. Barquisimeto – Venezuela. Derechos Reservados – Febrero de 2018.

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Principios Básicos del Derecho. Son aquellos enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en...

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