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Tunja, 28 de febrero de 2014 Honorables Magistrados Corte Constitucional REPÚBLICA DE COLOMBIA E. S. D. Ref: Intervención ciudadana en el proceso No. D-10093 Actores: Rodolfo Arango y otros Normas demandadas: Ley 1695 de 2013 parcialmente. Yo, Andrés Felipe González Cetina, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.589.098 de Sogamoso, obrando en calidad de ciudadano colombiano, con fundamento en el numeral 1º del 242 de la Constitución Política de 1991 (C.P.) y en el artículo 7º del decreto 2067 de 1991, de manera respetuosa nos permitimos intervenir en el proceso de constitucionalidad de la referencia, con el fin de coadyuvar la demanda y, en consecuencia, solicitar a ustedes que, de conformidad con lo previsto por la Constitución Política y por los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano a los que hace referencia el artículo 93 de esta Carta, se sirvan declarar la inconstitucionalidad parcial contra la Ley 1695 del 17 de diciembre de 2013, “por la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. A continuación esgrimiremos los argumentos jurídicos con base en los cuales hacemos esta solicitud. De acuerdo a los cinco cargos en que los accionantes dividieron la demanda: 1.

Cargo por violación del literal a) del artículo 152 de la Constitución.

Considero como bien lo señalan los accionantes que el parágrafo del artículo 2, el inciso 3 del artículo 11 y el inciso 2 del artículo 12 de la Ley 1695 de 2013 son contrarios al literal a) del artículo 152 de la Constitución.” En efecto, nuestro legislador modificó la “acción de tutela” siendo este un recurso de protección de los derechos fundamentales, a través de una ley ordinaria, rango con la que fue aprobada la ley 1695 de 2013, desconociendo por completo el literal a) del artículo 152 superior, que señala que los derechos fundamentales así como sus recursos de protección sólo podrán ser desarrollados, modificados o derogados mediante leyes estatutarias. Pues dado su alto nivel de importancia, estas leyes deben tener un trámite especial, pues deben ser aprobadas por una mayoría absoluta por parte de los miembros del congreso y su aprobación se hará dentro de un sólo período legislativo, además de contar con un control especial, automático e integral por parte de la corte constitucional. El legislador fue en contravía de la norma superior al no cumplir con los trámites y la aprobación señalados para modificar la acción de tutela. Que en sentencia T-336/95 la honorable corte constitucional señaló que “el núcleo esencial de los derechos fundamentales entendemos que es el mínimo de la dignidad racional, sin cuyo reconocimiento el hombre no puede vivir o desarrollarse como ser humano”, que por ello los derechos fundamentales inherentes e


inalienables a la persona humana, donde esta persona es la razón de nuestra carta jurídico-política y por consiguiente el fin de nuestro Estado Social de Derecho es la protección real y efectiva de estos derechos amparados también internacionalmente por tratados y convenios de derechos humanos, es por ello dada su importancia, no podemos permitir que el mecanismo de protección más importante creado por el constituyente de 1991 sea modificado por una ley ordinaria. Por lo expuesto, considero que la honorable corte constitucional de acuerdo a lo expuesto, debe declarar inexequibles el parágrafo del artículo 2, el inciso 3 del artículo 11 y el inciso 2 del artículo 12 de la Ley 1695 de 2013 por ser contrario a lo estipulado en el inciso a) del artículo 152 de nuestra constitución. 2.

Cargos por violación de los artículos 228, 334, 13, 230 y en concordancia el artículo 113 de la Constitución.

Entendiendo que la separación de poderes es una de las características fundamentales del constitucionalismo moderno o clásico que nació en contraposición al Estado Absolutista que concentra el poder en unas solas manos. Que para John Locke, la división de poderes es un sistema contra la opresión del poder tiránico, pero asimismo la división entre los poderes legislativo y ejecutivo se basa fundamentalmente en la necesidad de aplicación permanente de normas generales. Locke otorga al poder legislativo una jerarquía superior, donde el poder ejecutivo es subordinado del primero. Que Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes donde formula de manera clara este principio dice: “Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.” “(..)Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.” Una grave violación al principio de la separación de los poderes (inciso 3 del artículo 113) se presenta cuando la ley 1695 de 2013 en la expresión “o los autos que se profieran con posterioridad a la misma”, contenida en los artículos 1, inciso 1; 2, inciso 1; 3, inciso 1; 4, numeral 3; 5 inciso 1; 6, numeral 3; 9, inciso 3; y 11, inciso 1, le da la facultad a los ministros de gobierno y al ministerio público de intervenir para solicitar un incidente de impacto fiscal en contra de los autos que posteriormente se dicte en cumplimiento de las sentencias emitidas por las altas cortes, en consecuencia, de manera indiscriminada el poder ejecutivo puede con esta ley interferir en las decisiones de las máximas corporaciones judiciales. Las veces que considere necesario para solicitar el incidente de impacto yendo


también en contravía de la cosa juzgada constitucional. Hemos de considerar que el principio de la separación de poderes se da para que cada rama actúe de manera independiente, pero estos poderes deben colaborarse recíprocamente para cumplir con los fines del Estado, los defensores de esta ley pueden acudir a esta supuesta colaboración para argumentar que los poderes no pueden actuar como ruedas sueltas y que así se cumplan con los fines del Estado. Nosotros considero que por el contrario de lo que dice la constitución, no hay una colaboración recíproca, cuando ministros y procurador pueden solicitar abrir el incidente de impacto fiscal luego de dictarse sentencia, el objetivo no es cumplir con los fines del Estado pues el gobierno puede objetar estas sentencias para lo todo lo contrario, para dejar de cumplir con los fines del Estado si esto lo obliga a sacar de su bolsillo costos que no están dispuestos a asumir. Lo que se pretende además con esta ley es otorgarle poderes omnímodos al poder ejecutivo para someter a los jueces a su arbitrio, cuando digo esto, quiero demostrar cómo esta ley viola también los principios de independencia y autonomía de la rama judicial (artículo 228 de la Constitución), el principio de sujeción a la ley (artículo 230 de la Constitución) y el principio de igualdad (artículo 13 de la constitución). Nuestros jueces de ahora en adelante, no se someterán sólo a la ley, como lo estipula nuestra norma superior sino que además deben siempre tener en cuenta aún después de dictar sentencia al poder ejecutivo cuando consideren que se debe abrir el incidente de impacto fiscal, es decir la ley en mención le da la facultad al gobierno de objetar una sentencia cuando a su conveniencia política y administrativa considere que estas sentencias lo obligan a asumir demasiados recursos para garantizar el cumplimiento de las sentencias, para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es así como se vulnera la independencia y autonomía del poder judicial. Al permitir esta ley presiones e injerencias indebidas de parte del poder ejecutivo al judicial. Como lo señalan los accionantes la decisión del legislador es extra-constitucional al otorgarle a los ministros y al procurador la facultad de interponer incidentes de impacto fiscal no sólo a la sentencia sino también a los autos dictados por las altas corporaciones judiciales para su ejecución, y es extra-constitucional porque el artículo 334 superior es muy claro en decir que sólo lo pueden hacer hasta el momento de la sentencia, no es posible que el legislador pasara por alto esta advertencia y le otorgara poderes extra al gobierno para este cuando lo quisiera pasara por encima de las sentencias que no le convenga cumplir, pasando por encima también de los derechos fundamentales que se protejan con estas sentencias. Y por último, considero como bien lo señala el honorable senador Jorge Enrique Robledo que: “el proyecto le da al gobierno la facultad de objetar las sentencias de las Altas Cortes cuando considere que éstas lo obligan a invertir “demasiados” recursos para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos. Teniendo en cuenta que los fallos de tutela son sentencias y que el texto aprobado no estipula ninguna prohibición que impida al gobierno “echar mano” de esa ley para estos casos, el proyecto debilita gravemente la tutela e interfiere con la


autonomía e independencia de la rama judicial. Además, el artículo 11 del texto aprobado es directo en señalar que la norma se aplica a la tutela. Con el incidente de impacto fiscal el gobierno podría objetar sentencias como la T760 de 2008 de la Corte Constitucional que, entre otras cosas, ordenó igualar el POS de los regímenes subsidiado y contributivo, para no acatar decisiones que garanticen derechos fundamentales consagrados en la Constitución.” Por otro lado, la expresión “o los autos que se profieran con posterioridad a la misma”, contenida en los artículos 1, inciso 1; 2, inciso 1; 3, inciso 1; 4, numeral 3; 5 inciso 1; 6, numeral 3; 9, inciso 3; y 11, inciso 1, es un ataque directo contra la acción de tutela, por consiguiente viola de manera grave el artículo 86 superior. La posibilidad que los ministros y el procurador puedan intervenir en repetidas ocasiones contra cada uno de los autos que se eleven por parte de las máximas corporaciones judiciales, contradice y hace imposible una de la grandes bondades que posee la acción de tutela y es el de poseer un carácter de inmediatez, preferente y sumario. En efecto, la corte señalo en Sentencia T-559 de 1992: “(…) Vuelve a insistir la Corte en la necesidad de que los jueces de tutela den exacto cumplimiento a la perentoria exigencia del artículo 86 de la constitución en el sentido de que ejercida la acción de tutela, se la tramite mediante un procedimiento preferente y sumario a fin de brindar a la persona, si hay lugar a ello, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. La inmediatez es una de las características fundamentales de la figura, como ya lo ha subrayado esta corte, y tiene su cristalización efectiva en el mandato de la propia norma constitucional cuando establece, sin dar lugar a excepciones, que “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución” (…). En efecto, cuando en virtud del procedimiento de la acción de tutela se dicten los autos para hacer efectiva la misma, los ministros o el procurador general de la nación puede abrir un incidente de impacto fiscal, acabando con el carácter preferente, sumario y de inmediatez y vulnerando de manera grave los derechos fundamentales que la acción pretende proteger. Los ciudadanos colombianos no entendemos como esta valiosa herramienta de amparo de nuestros derechos, pierde todo su poder de protección y su carácter preferente, sumario y de inmediatez y con ello, todos nuestros derechos fundamentales pueden ser desconocidos por el concepto fiscal de un Gobierno nacional que nunca se ha preocupado para garantizarnos el real y efectivo goce de nuestro catálogo de derechos y libertades. En Colombia sólo para el año 2013 se presentaron más de 471.000 tutelas, y sólo en materia de salud más de 56.473, es decir, se presentaba una tutela por cada cinco minutos, esto demuestra que los colombianos hoy acudimos a este


mecanismo para hacer efectivos nuestros derechos fundamentales cada vez de manera más frecuente. La acción de tutela por su progresividad ya es considerado como un derecho fundamental en sí mismo, que es un mecanismo propio de la democracia directa y que los ciudadanos hemos sabido utilizar, fue atacado y menospreciado por el legislador ordinario al crear esta ley, yendo en contra del objeto mismo de la tutela que la corte en sentencia T-013 de 1992 definió de esta manera: “(…) La acción de tutela está prevista como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica(…)” Y como señalo el Doctor Carlos Gaviria Díaz en su ensayo “La tutela como instrumento de paz”: (…) “De nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos cada vez que una instancia oficial (u homóloga) los desconozca. Es decir, que garantice un alto grado de coincidencia entre los derechos enunciados en abstracto, y los que en concreto se le adjudican a su titular” En consecuencia de lo anterior, solicito a la honorable Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la expresión “o los autos que se profieran con posterioridad a la misma”, contenida en los artículos 1, inciso 1; 2, inciso 1; 3, inciso 1; 4, numeral 3; 5 inciso 1; 6, numeral 3; 9, inciso 3; y 11, inciso 1, de la Ley 1695 de 2013, por vulnerar los artículos 334, 13, 228 y 230 de la Constitución.

3.

Cargos por violación de los artículos 1, 86 y 93, en concordancia con el artículo, 228 de la Constitución.

El artículo 14 de la Ley 1695 de 2013 contraría los artículos 1, 13, 86, 93 y 228 de la Constitución. Desconoce el artículo 1 de la constitución, es decir desconoce el Estado Social de Derecho y el artículo 228 superior (independencia y autonomía judicial) pues le deja la protección o no de los derechos fundamentales al Gobierno nacional, no puede admitirse que se le quite de las manos a los jueces la garantía de los derechos para que el gobierno intervenga según sus aspiraciones políticas y personales. El artículo demandado obliga a los jueces a tener en cuenta siempre el plan concreto de cumplimiento presentado por el Gobierno Nacional. En ese mismo sentido, cuando la ley alude la expresión “buscando” con ella garantizar la primacía de los derechos fundamentales y la autonomía e independencia judicial, nos parece que como lo señalan los actores que lo que pretende la ley no es garantizar de manera efectiva y real los derechos fundamentales y la independencia judicial, sino crear una inseguridad de modo que el Gobierno decidirá si cumple o no con las sentencias que lo obliguen a garantizar los derechos pasando por encima de la independencia del poder judicial. Por la misma razón desconoce el artículo 93 al hacer de los mecanismos de protección


de derechos fundamentales una regresión, un retroceso, pues bien puede el poder ejecutivo puede limitar los efectos de las acciones de tutela (artículo 86 superior) que ellos consideren no pueden garantizar debido a su insolvencia fiscal. Desconociendo la prohibición de retroactividad en los derechos fundamentales y sus mecanismos fundamentales y la obligación de la progresividad establecidos por el bloque constitucional y los tratados internacionales suscritos por Colombia, siendo esta una reforma regresiva en materia de acción de tutela. 4.

Cargos por violación de los artículos 2, 5 y 86 de la Constitución

Coincido con los accionantes en que la expresión “posibles” contenida en el artículo 6 de la Ley 1695 de 2013 es violatoria de los artículos 2, 5 y 86 de la Constitución, la mera posibilidad de que habla la ley crea una inseguridad en la garantía efectiva de los derechos fundamentales, dejando al arbitrio de la ya no real solvencia económica, sino de meros hechos futuros, en efecto, se le da un poder supra constitucional al incidente fiscal que vulnera de manera directa las sentencias que se profieran para proteger derechos y garantías constitucionales. Y como lo dicen los accionantes: “(..)Al establecer el legislador que el proponente del incidente sólo deba sustentarlo aduciendo las “posibles” consecuencias de la providencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas, restringe injustificadamente los derechos constitucionales que pueden ser reconocidos por los altos jueces, los derechos inalienables de la persona y la garantía de protección efectiva e inmediata constitutiva del derecho de tutela de los derechos fundamentales.” 5.

Cargos por violación del artículo 13 y 29 de la Constitución

Coincido con todo lo expuesto en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Dr. Rodolfo Arango y otros. -Adjunto 2 copias. De la corte respetuosamente,

Andrés Felipe González Cetina C.C. 1.057.589.098 de Sogamoso Celular: 312 335 5487

Intervención demanda incostitucionalidad Ley 1695/2013  
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