Capítulo 3 | En Defesa del Interés Público
En las páginas siguientes, abordaremos, aunque sea por encima, las discusiones que se han entablado en torno a dichas propuestas. Sin embargo, cabe recordar que el hilo conductor que mantiene la conexión entre ellas es la estrecha relación que mantienen todas con la regulación estatal y su objeto de mayor interés: los contenidos mediáticos.
Un organismo independiente
Uno de los elementos cruciales que forman parte del debate sobre las políticas públicas de comunicación en Brasil consiste en la necesidad de armonizar y de centralizar la regulación de este sector en un único organismo. Hoy en día, por lo menos, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, el Congreso Nacional y Anatel se reparten diferentes atribuciones en lo tocante a la regulación de las comunicaciones en ese país. En diversas democracias, una agencia reguladora independiente – en el sentido de que sus dirigentes poseen mandatos fijos y no coincidentes con el del Presidente da República, además de presupuestos mínimamente garantizados – es la responsable de operar la regulación del sector e incluso puede aplicar sanciones. Este es el caso de las ya citadas Federal Communications Commission (FCC), de los EE.UU, y Federal Office of Communications (Ofcom), del Reino Unido. La discusión sobre este tipo de modelo ya ha tenido una cierta repercusión entre los propios medios de comunicación brasileños. En una editorial publicada el día 12 de febrero del 2007, al comentar la política de clasificación por edades llevada a cabo en Brasil por parte del Ministerio de Justicia, el diario Folha de S. Paulo concluye que: Para enveredar por ese camino de la clasificación por edades, será preciso aumentar la credibilidad del equipo de especialistas que les ha de sugerir a los ciudadanos los horarios y las edades adecuadas. El modelo actual – un departamento que depende del Ministerio de Justicia – no es la mejor respuesta que se le puede dar a dicha necesidad. Si bien siempre habrá subjetividad en este tipo de arbitraje, será peor si se lo deja a merced del gobierno de turno (y de los constantes cambios a los que está sometido un ministerio). Una burocracia federal autónoma – bajo la forma de una agencia reguladora – tendría más posibilidades de conquistar la confianza del público telespectador. La única iniciativa de más peso que se presentado en este sentido la elaboró en su día el equipo del entonces ministro de Comunicaciones, Sérgio Motta, que pretendía transformar Anatel en Anacom, una agencia que sería la responsable de toda la regulación de las telecomunicaciones, de la radiodifusión y de Correos. Una alteración así requeriría que se discutiera sobre la necesidad de una nueva legislación para el sector, una especie de Ley General de las Comunicaciones, lo que, como ya hemos comentado antes, avanza a paso de tortuga. Para Brasil, una discusión como esta resulta especialmente relevante cuando se observan las fuertes presiones políticas que ejercen las empresas de los medios de comunicación. Muchas de ellas, según lo que ya hemos indicado anteriormente, son propiedad de políticos con cargos en los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
El derecho de respuesta
No obstante, la inexistencia de una agencia reguladora independiente para el sector no impide que se discuta y se avance potencialmente en la definición de otras políticas públicas pertinentes para la regulación democrática de los contenidos. Eso es lo que sucede en el caso del derecho de respuesta. 127
El estudio Medios de Comunicación y Políticas Públicas en esta área revela que tan solo en el 0,2% de los textos ha aparecido alguna discusión sobre la necesidad de contar con una agencia reguladora específica para este sector. Se trata de dos textos, uno transmitido por el Correio Braziliense y otro, por la Folha de S. Paulo.