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Revista No 1 - Año 1Octubre- Diciembre 2013

Región y Nación Análisis de contexto, desarrollo y paz

Conflictos sociales y políticos Frente al desarrollo regional.

Coordinador Editorial Fernando Sarmiento Santander

Red De Observatorios


Revista No 1 - Año 1Octubre- Diciembre 2013

Región y Nación Análisis de contexto, desarrollo y paz

Conflictos sociales y políticos Frente al desarrollo regional.


CONTENIDO Editorial Paz y Derechos Humanos

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Tierra y ordenamiento territorial

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Desarrollo humano integral sostenible

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Gobernabilidad democrática

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Córdoba: ¿Qué tan grave es la situación? Víctor Negrete Barrera, Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú. Situación de los Niños, Niños y Adolescentes víctimas del conflicto armado frente al ejercicio del derecho a la educación en Arjona y Mahates departamento de Bolívar. Rosa Jiménez Ahumada, Universidad de Cartagena, Observatorio para el Desplazamiento Forzado. Contexto departamental Caquetá. Tensiones frente al desarrollo. Por: Camilo Ernesto Gómez Alarcón, Centro de Estudios Regionales del Sur1 Contexto territorial Caquetá. Red Caquetapaz Nariño, un territorio que construye la paz en medio del conflicto. Breve reseña del contexto de Nariño. Por: Jesús Alarcón, Profesional de apoyo Agencia de desarrollo local ADEL-Nariño. Situación agraria, minera y pesquera. OPI, Magdalena Medio

Tensiones en torno a los asuntos del desarrollo en el departamento del Huila. Por: Tania Helena Gómez, investigadora, Centro de Estudios Regionales del Sur – Cersur Los Montes de María: entre la precariedad institucional y la vulneración de los derechos. Amaranto Daniels Puello, Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María.


EDITORIAL Visiones de desarrollo y paz en perspectiva regional Por Fernando Sarmiento Santander

Hemos observado durante el transcurso del último semestre del año un momento importante de movilización social y de exposición de demandas desde las regiones, en particular del sector rural. Las protestas campesinas en varias regiones del país y la movilización de sectores como los indígenas y las mujeres han estado en la primera fila. Entre tanto, el proceso de paz en La Habana entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-Ep, que aunque transcurre con dificultad, ha mostrado resultados parciales en dos temas sustanciales de la agenda, como lo son el de reforma rural integral y el de participación política. No obstante que estos puntos sean sustanciales para avanzar en la paz, el proceso en La Habana no logra pegar con los procesos sociales y políticos en las regiones. Y no pega en al menos dos aspectos; primero, porque ni las Farc-Ep ni la delegación del gobierno representan a los sectores sociales movilizados; segundo, porque las agendas de los sectores sociales de las regiones desborda los puntos de la agenda, mostrando particularidades y requerimientos que no están ni estarán en la mesa de diálogo. Los artículos que se presentan en este primer número de la Revista Región y Nación dan cuenta en buena medida de tales particularidades. Tales visiones son importantes en este momento del proceso de paz, entiendo por este un proceso de más largo aliento que tendría que abordar en perspectiva integral los cambios estructurales y culturales de fondo. Se ha dicho de forma repetida en el actual debate que la construcción de la paz, si quiere ser un proyecto nacional e integrador, debe partir de las regiones. Los ejes de reflexión que se abordados en este número (paz y derechos humanos; tierra y ordenamiento territorial; Desarrollo humano integral sostenible; y gobernabilidad democrática), que son ejes estratégicos de la Redprodepaz, muestran una serie de elementos de interés para la reflexión en torno al desarrollo y la paz: Los dos artículos que componen el primer eje, paz y derechos humanos, muestran la situación de las regiones desde dos perspectivas de garantías de derechos. Por su parte Negrete de cuenta de la situación de violencia que persiste en el Departamento de Córdoba y los efectos que ello está teniendo en los procesos de restitución de tierras. Muestra, además, la relación del paro agrario en el departamento con la falta de garantías al cumplimiento de derechos de los sectores campesinos. Por su parte, Ahumada presenta un análisis de fondo de la situación de la población del departamento de Bolívar, particularmente de los municipios de Arjona y Mahates, respecto al acceso a la educación. Ella hace un balance estadístico del impacto que ha tenido el conflicto armado en los niveles de deserción escolar de estos municipios, además de ser un eje central de los objetivos del milenio, resulta un aspecto central para la estabilización de los territorios en un proceso de paz de largo plazo. Para el segundo bloque temático, tierra y ordenamiento territorial, los dos análisis dan cuenta de la situación en el departamento de Caquetá. El texto de C. Gómez da cuenta de las tensiones de los modelos de desarrollo que se dan en el departamento y el impacto que ello ha tenido en los procesos de poblamiento y en la economía departamental, impactando especialmente a la población más vulnerable y aumentado los márgenes de desigualdad. Por su parte, el artículo de la Red Caquetapaz, da cuenta de que los procesos territoriales son complejos e implican, como se analiza en el texto, los procesos de violencia que se han vivido y su impacto en los sectores sociales, los límites de la institucionalidad pública y los aspectos ambientales.


En el tercer bloque, desarrollo humano integral sostenible, Alarcón, por su parte, muestra cómo el paro agrario, protagonizado por los indígenas de Nariño, se liga estrechamente a las históricas luchas por la autonomía y los modelos propios del desarrollo. En este mismo sentido, la reflexión del Observatorio del Magdalena Medio da cuenta de esta misma relación en los puntos de agenda que fueron presentados por los sectores rurales; este artículo muestra en detalle los puntos propuestos y da cuenta de otros conflictos regionales que apuntan a los temas sustanciales del desarrollo regional. Finalmente, el cuarto bloque aborda un asunto crucial del debate actual en torno a las posibilidades para la paz, el de la Gobernabilidad democrática. En su artículo sobre el departamento del Huila T. Gómez da cuenta de la limitación que representa para avanzar en los procesos de desarrollo regional la precariedad de las instituciones en el cumplimiento de las leyes y normas que se han establecido para tal efecto, explicando que en el fondo la institucionalidad reproduce el modelo de desarrollo oficial, convirtiéndose de este modo en foco de tensión social y política. En el mismo sentido, Daniel hace la reflexión desde los Montes de María, constatando que no obstante los cambios administrativos e institucionales adoptados en la Constituyente del 91, el Estado no ha logrado responder a los retos para la transformación de la institucionalidad pública en la región, de aquí que los pasivos aún existentes en materia de desarrollo-pobreza y conflicto no se hayan podido superar. De este modo, en esta primera oportunidad la revista nos muestra una gama de preocupaciones desde las regiones en torno a las condiciones concretas para avanzar en la paz. La movilización social y las organizaciones sociales expresan constantemente tales elementos. De este modo, la persistente situación de violencia y su impacto sobre los procesos sociales, económicos y políticos siguen siendo un asunto sin resolver, y que involucraría en primera medida asuntos de seguridad. Con esto, en la perspectiva del ordenamiento territorial, son claves las visiones integrales del desarrollo, que compromete muchos aspectos de orden social, ambiental e institucional. Se constata en conjunto que se requiere de una nueva institucionalidad para hacer frente a estos retos, donde las entidades públicas locales, regionales y nacionales necesitan de una mayor coordinación y fortalecimiento administrativo.


Paz y Derechos Humanos Córdoba: ¿Qué tan grave es la situación….? Víctor Negrete Barrera, Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú Un vistazo rápido a la situación de homicidios, restitución de tierras y Paro Agrario y Minero en Córdoba nos muestra lo siguiente: Homicidios y toque de queda. Hace años en Córdoba no hablaban de “caravana de la muerte” para expresar un número elevado de muertos sucedido en corto tiempo. Ocurrió el martes 9 de julio en la noche y la mañana del jueves 11. En 36 horas aproximadamente mataron a 11 personas: Montería 7, Cereté 1, Lorica 1, Chinú 1 y Valencia 1. Aún no hay informes si fue planeada o coincidencia. En Montería cayeron jóvenes de asentamientos subnormales con antecedentes penales, según la Policía. Al día siguiente de la ola de asesinatos en Montería, la Alcaldía expidió un decreto donde “prohíbe la permanencia y circulación en sitios públicos y establecimientos comerciales entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana a los adolescentes menores de 18 años, aún en compañía de sus padres o de un adulto responsable por el término de seis meses”. En total son 13 los asentamientos populares donde están aplicando la restricción. De acuerdo con la administración municipal y la Policía, en estos sitios “los adolescentes permanecen hasta altas horas de la noche, consumen drogas en los parques, participan en actividades ilícitas, frecuentan bares y sitios públicos de expendio de licores”. En los primeros siete meses del año 2013 -enero a julio- en el departamento han ocurrido 193 homicidios, más que en el mismo lapso del año pasado, sin incluir los fallecidos después de los atentados, ni los caídos en enfrentamientos entre la fuerza pública con grupos delincuenciales y armados ilegales. En el listado de muertos figuran tenderos, prestamistas, líderes de acciones comunales y organizaciones de víctimas comprometidos con la restitución de tierras, docentes, trabajadores informales y mototaxistas, entre otros. Los municipios con mayor índice de homicidios son Montería, Tierralta, Sahagún, Cereté, Montelíbano, Lorica y Valencia. El cuadro a continuación nos ilustra sobre el número de homicidios ocurrido en Córdoba en los últimos 12 años: HOMICIDIOS EN CÓRDOBA

* Enero a julio. En el 2002 llegó a la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, año donde empezaron los acercamientos entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia. En el período 2003-2006 tuvo lugar la negociación en Santafé Ralito, Tierralta. Obsérvese que en el último año del proceso de desarme y desmovilización empezó a ascender el índice de homicidios hasta alcanzar cifras escandalosas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En el 2012 hubo una baja sorpresiva ocasionada por dos razones principales: 1. acuerdos pactados entre Urabeños, Paisas y Rastrojos, entonces distanciados por rutas, control de poblaciones, producción y comercialización de estupefacientes y las alianzas de estos con las FARC; y 2. las operaciones llevadas a cabo por la fuerza pública. En este año 2013 la cifra de homicidios ha disminuido, sin embargo se mantiene este hecho victimizante de la población. Restitución de tierras

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En Montería empezó a funcionar la única oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en mayo del año 2012. Desde entonces los despojados acuden a ella en busca de reconocimiento a sus derechos con algo de temor, incredulidad y esperanza. Faltan muchos todavía, entre estos los que no cuentan con la información, viven en zonas lejanas, carecen de recursos para el viaje, tienen miedo o resignados dejaron perder la tierra para no buscar nuevos problemas. El proceso durante este lapso ha pasado por varios momentos, reflejados en las declaraciones del director de la Unidad, Rodrigo Torres Velásquez, quien el día 20 de julio reconoció que “hay hechos que están obstruyendo los procesos de restitución y las investigaciones que adelantan las autoridades respectivas avanzan muy poco”. Agregó que en Montería y Valencia “han sido intimidadas 15 personas a quienes les han ofrecido dinero para desistir de los procesos de restitución”. El 3 de agosto manifestó que “el proceso de restitución en Tierralta está fracasando pese a que hay 312 solicitudes de restitución para la devolución de más de 23 mil hectáreas de tierra, debido a que no hay garantías de seguridad para que las víctimas retornen a sus tierras y los funcionarios de la Unidad cumplan con su trabajo”. Identificó la seguridad y la imposibilidad de entrar a las tierras solicitadas por encontrarse en zonas de difícil acceso y enfrentamientos armados. El 10 de agosto Oscar Zuluaga, líder de víctimas del conflicto, aseguró “que ser reclamantes de tierra en este departamento es someterse a la pena de muerte y lo están cumpliendo porque han ido matando a nuestros compañeros”. Hasta el momento la labor de la Unidad la han focalizado en el corregimiento de Leticia del municipio de Montería, en el predio Santa Paula, vereda El Tronco del mismo corregimiento, en el predio Cedro Cocido y todo el municipio de Valencia. En total son 175 familias beneficiadas y 860 hectáreas restituidas. En el predio Santa Paula, el más avanzado, están preparando las condiciones y garantías para el retorno familiar en lo que tiene que ver con seguridad, articulación con las instituciones, arreglo de vías, educación, salud y pequeños proyectos productivos. Para mayor información el cuadro que sigue nos indica los municipios con mayor número de solicitudes de restitución.

MUNICIPIOS DE CÓRDOBA CON MAYOR SOLICITUDES DE RESTITUCIÓN

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras. Montería, agosto 2013. Paro minero y protestas El Paro Minero del bajo Cauca y parte del sur de Córdoba evidenció la debilidad del gobierno nacional para negociar en medio de la protesta popular, la imposibilidad de los gobiernos locales de mediar en las negociaciones, la indiferencia de los grupos políticos, el poder de convocatoria de los organizadores y la capacidad de las “fuerzas ilegales” de paralizar una zona extensa e importante durante varias semanas con hombres en motocicletas portando armas de corto alcance, quienes anunciaban medidas o daban órdenes verbales o escritas a través de panfletos.

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Nunca antes los municipios de Ayapel, La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador han permanecido con tanta zozobra durante tanto tiempo: vías y puente bloqueados, transporte y comercio suspendidos, toques de queda diurnos y nocturnos, asonadas, restricciones de movilidad al interior y exterior de los municipios, suspensiones de actividades laborales y educativas y desabastecimiento de alimentos. Mientras tanto, en el medio y bajo Sinú los algodoneros y maiceros decidieron participar en el Paro Agrario del 19 de agosto. Estiman que “han agotado todas las instancias para encontrar salidas a la difícil situación económica que afrontan por el mal comportamiento de las semillas transgénicas, por el invierno de los años 2010-2011, el alto costo de los insumos y por la apertura del mercado colombiano con los Tratados de Libre Comercio”. Consideran que “en las reuniones con el gobierno solo se habla y no se llega a soluciones”.

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Conflicto armado y derecho a la educación en el departamento de Bolívar Rosa Jiménez Ahumada, Observatorio para el Desplazamiento Forzado de la Universidad de Cartagena El conflicto armado y las frecuentes olas invernales afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes –NNA-. Estos han sido expuestos a múltiples vulneraciones de sus derechos y a la victimización relacionadas con el desplazamiento, la explotación y abuso sexual, abandono, reclutamiento forzado, deserción y no inclusión en los sistemas educativos entre otros. Los traumas y afectaciones sufridas por los niños se aumentan si se toma en cuenta que las familias y personas que los rodean también han sido afectadas en mayor o menor grado por los mismos eventos. Existe en la actualidad una gran debilidad en el sistema de atención a víctimas relacionada principalmente con las medidas de reparación, que vendrían a mitigar las afectaciones sufridas y que no se circunscriben sólo a lo económico sino que exigen una atención psicosocial que preserve la salud mental de los miembros de familia y de la sociedad en general. Pese a todo esto, en medio de estas situaciones adversas, se impulsan iniciativas de paz soportadas en la resiliencia que los grupos sociales han desarrollado en medio del conflicto. Estas iniciativas solo son sostenibles en la medida en que se generen sinergias entre el sector público y el privado que impulsen procesos de empoderamiento comunitario. Existen buenas prácticas en este sentido y una de ellas es la que se cimenta en los procesos educativos como estrategia de sostenibilidad de los procesos a largo plazo. La escuela se constituye en el escenario por excelencia en donde la cultura se recrea en palabras de Jerome Brunner y desde donde es posible incidir en la generación de una cultura de No violencia desde un enfoque de reconocimiento de la persona de derecho y de calidad educativa. Desde aquí se piensa en la formación de una nueva persona que aun en medio del conflicto y de situaciones adversas cuente con herramientas para transformarlo en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Sin embargo aquí se necesitan procesos integrales en donde cada uno de los actores asuma sus responsabilidades y le apueste a estos nuevos escenarios democráticos. Miles de niños viven en las zonas urbanas, una cifra que aumenta rápidamente. Sin embargo, las disparidades dentro de las ciudades revelan que muchos de ellos carecen de acceso a las escuelas, la atención de la salud y el saneamiento, a pesar de vivir junto a estos servicios. En Colombia el drama es mucho mayor si se tiene en cuenta que durante más de 50 años el país ha vivido un conflicto interno que ha dejado más de 5 millones de víctimas entre las cuales un gran número corresponde a desplazados forzados. En Colombia se estima existen según las cifras del Departamento para la Prosperidad Social a marzo 31 de 2011, 3.875.987 personas desplazadas , de las cuales el departamento de Bolívar había recibido aproximadamente 229.660 personas , lo que equivale a 51.631 hogares y los municipios de Mahates y Arjona recibieron respectivamente hasta la fecha del reporte 931 y 854 personas. Estas cifras, algunos consideran que están muy por debajo de la realidad por efecto del subregistro que existe por miedo o desconocimiento. Los datos que corresponden a NNA en situación de desplazamiento en los municipios de Arjona y Mahates comparados con las proyecciones de población del DANE para el 2011 se visualizan en el siguiente cuadro:

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Fuente: Preparado por el Observatorio para el desplazamiento Forzado con fuentes del DPS y DNP. Junio 10/2/12. La población total en los municipios son: Arjona 67.325 y Mahates 24.525 habitantes y su distribución por grupos de edades de nuestro interés.

Fuente: Preparado por el Observatorio para el desplazamiento Forzado con fuentes del DPS y DNP. Junio 10/2/12. Esta situación sumada a los efectos de la ola invernal y la pobreza se constituyen en factores que restringen el ejercicio de los NNA a sus derechos, principalmente el derecho a la educación. Este tiene que ver no solo con cobertura sino con calidad. En Colombia, según el Banco Mundial, 187.588 mujeres y 186.580 hombres no asistían a la escuela primaria en el 2010.

Educación en Mahates y Arjona Los datos sobre matrícula y deserción en los municipios de Mahates y Arjona revelan que existen problemas en relación con la permanencia de los estudiantes: esta puede deberse a múltiples factores que no se registran en las estadísticas y que por lo tanto en la mayoría de los casos pasan desapercibidos, encontrando justificaciones facilistas, que sin embargo lejos de procurar la solución al problema lo agrava en tanto no se impulsan acciones correctivas.

Tomado de la publicación anual de Unicef dedicada a los niños y niños en lo urbano . En http://www.unicef.org/spanish/sowc/index_61804.html.junio 10:07:50.p.m

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No sucede lo mismo con Mahates cuyas cifras reflejan una cobertura mayor al 100%, explicada en los niños en extra edad que no están incluidos en el rango de población con el que se compara la matrícula.

Matrícula y Deserción

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Bolívar. Marzo 2012 Las cifras indican que estamos muy lejos de cumplir la meta que se había establecido en el lanzamiento de la campaña NI uno menos que era llegar al 2010 con un 5% en palabras de la Ministra de Educación del momento Cecilia Vélez White. Para el caso de Arjona, este dato de 15% de desertores de la escuela representan 2.600 niños más de los que el sistema deja por fuera en la cobertura; es decir, son 5.320 NNA que se encuentran fuera del sistema educativo en el municipio de Arjona y 772 en el municipio de Mahates.

Docentes en los municipios de Arjona y Mahates, 2011

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Bolívar. Marzo 2012 La planta de docentes refleja la relación de docente –alumno que existe en los municipios: Arjona tiene una relación de 1/24 estudiantes por profesor, Mahates tiene una relación de 1 profesor por cada 21 estudiantes. Otro indicador que hay que tener en cuenta es el resultado de pruebas SABER en los municipios; estas reflejan en el caso de Mahates niveles inferior y bajo, ningún establecimiento educativo obtuvo nivel medio en el 2010.En Arjona encontramos casos de niveles superior pero en colegios privados. Los niveles de los planteles oficiales obtuvieron en buen número puntajes de nivel medio hacia inferior. Tal como lo plantea el segundo Objetivo (ODM 2) establecido en la Cumbre del Milenio, la educación como un eje clave para el desarrollo. El aumento del nivel educativo alcanzado por la población se asocia al mejoramiento de otros factores claves de desarrollo y bienestar, como la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad social. La educación juega un papel central en el crecimiento de las economías, ya que es una inversión con alta tasa de retorno y es un factor que dinamiza la creación de valor. Por otro lado, la educación es uno de los principales campos de reducción de desigualdades a futuro y una de las vías privilegiadas para superar la pobreza. El derecho a la educación, y su exigibilidad ante la justicia, se ha logrado plasmar en el último tiempo en grandes tratados, pactos y acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se comprometen y ratifican constitucionalmente. Debido al carácter jurídicamente vinculante de muchos de los pactos, se ha logrado reconocer la educación como un derecho no menos importante que los civiles y políticos.

Objetivos de Desarrollo del milenio en América Latina .Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En http://www.eclac.cl/mdg/GO02/. Consultado junio 10 . 2.p.m

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Tierra y ordenamiento territorial Caquetá – Tensiones frente al desarrolloPor Camilo Ernesto Gómez Alarcón, Centro de Estudios Regionales del Sur - Cersur Las tensiones frente al desarrollo en el departamento del Caquetá son producto de la reciente inclusión de la Amazonía colombiana al mapa económico del país. Se trata de un proceso (o es producto o es proceso, me voy por la segunda: es proceso) representado en oleadas de violencias y migraciones colonizadoras que acompañaron cada bonanza con un conflicto. Estos conflictos tienden a obedecer a problemas recurrentes, los que a falta de solución se han hecho circulares ( o son recurrentes o son circulares o serán estructurales más bien, o marcan la historia de la región como bien lo señala un poco más abajo). La literatura especializada sobre la región identifica unos elementos nodales que persisten desde el proceso de colonización hasta la fecha, ubicando a la tierra, la administración de justicia, los recursos naturales y los grupos humanos como componentes de este proceso histórico . Tensiones frente al desarrollo La primera tensión frente al desarrollo se da en el proceso de poblamiento y ocupación de la amazonia occidental colombiana, que ha sido guiado por razones económicas, las que a su vez han sido impulsadas a través de planes y programas militares. Esto tiene un primer precedente en la guerra con Perú entre 1932 y 1933, pasando por las migraciones de los años cincuenta (1946 -1950) y la Violencia tardía (1958–1963), siguiendo en las intervenciones y colonizaciones ocasionadas por el proceso de paz de Belisario Betancur y agrupadas en los programas del Plan Nacional de Rehabilitación (1982-1991). Estos procesos de planeación económica, promovida mediante la intervención militar que actualmente está representada en los Planes de Consolidación Territorial , que si bien representan un ejercicio de soberanía estatal sobre el territorio nacional, denotan la intención de explotar económicamente una región rica en recursos naturales y que carece de infraestructura. La segunda gran tensión se percibe en la existencia de dos modelos de tenencia, ocupación y usos del suelo en el departamento: por un lado, la estructura latifundista, derivada de: a) procesos de colonización hacendataria y empresarial , b) procesos de despojo de tierras por parte de hacendados tradicionales y/o actores armados y c) acumulación de capital y tierra, mediante recursos derivados del narcotráfico o destinados a este. Por otro lado, encontramos la economía campesina, un modelo derivado especialmente de la colonización minifundista y la idea de la vida agraria sustentada en el trabajo familiar con producción más o menos diversificada y que se caracteriza por la existencia de una cultura regional, apropiaciones territoriales particulares y estructuras organizativas que ejercen el papel de protoestados . Esta tensión ha derivado en un proceso continuado y sistemático de desplazamiento de colonos y campesinos tanto hacia las puntas de colonización como al interior del país que ha operado desde 1920. En este círculo de apropiación territorial del capital el colono “doma” la selva para entregarla al latifundista y dirigirse de nuevo a abrir chagra; sin que logren consolidarse, en muchos casos, procesos de campesinización exitosos.

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Estas tensiones derivan en que el Caquetá se debata entre tres visiones de uso del suelo que tienen sus significantes, sus formas de confrontación y los modos de resistencia: Primero, la visión conservacionista que, apoyada desde la comunidad internacional y organizaciones ambientalistas, fundamentalmente, proponen el territorio de la Amazonia caqueteña, que actualmente cuenta con los parques naturales de los Picachos, el Tinigua, Chibiriquete y la AMEN, como una gran región de conservación ambiental en la que se asegure la producción de oxígeno, biodiversidad y agua del planeta. Segundo, una visión agro-empresarial que plantea la explotación de a) las reservas de petróleo con altos niveles de explotación, b) bastas llanuras en cultivos, b) ganadería tecnificados y c) explotación de minas (oro y coltán) vinculadas al mercado internacional. Tercero, una visión campesinista, que piensa el territorio caqueteño en prácticas de economía familiar ligadas a la pequeña propiedad, vinculada por infraestructura vial y energética con el país, asegurando la conservación ambiental en las prácticas territoriales comunitarias, asegurando la preservación de los bienes comunes . Estos procesos de tensión han generado en su desarrollo múltiples víctimas que tienen por victimario al modelo opuesto. La conservación de la Amazonía caqueteña ha tenido por victimarios a los colonos campesinos, quienes ampliaron la frontera agrícola en un primer momento, a los colonos hacendatarios en un segundo momento, a los cultivadores de ilícitos con posterioridad y actualmente a las compañías mineras que explotan los metales en las orillas del río Caquetá, junto con las empresas petroleras que avanzan en la exploración y explotación por todo el territorio. La visión agro-empresarial ha tenido como opositores a los campesinos que poseen la tierra desde la colonización, a las figuras de ordenamiento territorial que tienen áreas protegidas y a los grupos armados guerrilleros que ejercen control territorial en la zona. La propuesta campesinista, por su parte, ha tenido como su principal opositor al latifundio, quien inicialmente desplazó a los campesinos del centro del país, que luego serían los colonos caqueteños, y posteriormente compró las mejoras o despojó al colono-campesino agricultor de la tierra que luego conformaría la hacienda ganadera. Un segundo opositor a este modelo es la gran empresa (petrolera, minera, agrícola), quien en su proceso productivo cambia la vocación de la tierra y obliga a un nuevo destierro a quienes, por azar u obligación, siempre serán colonizadores. Finalmente, las tensiones frente al desarrollo han dejado un índice GINI de concentración de la tierra de 0,69. Más de 187.070 seres humanos desplazados al año 2011. Del total de tierras despojadas en la región a marzo de 2013 se presentaron más de 800 solicitudes de restitución sobre más de 85.000 has y el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas traza un vergonzoso 60% en la zona rural y 42% en total. Esto solo para concluir que las tensiones del desarrollo se manifiestan en la pobreza, la mortalidad, el despojo, el desplazamiento humano y la violencia; es decir, en el subdesarrollo social.

RAMIREZ Jiménez, Erika. “Tierra y organización social en el Departamento del Caquetá”. Centro de Estudios Regionales del Sur –CERSUR-. Documento inédito, 2013. Ver el Plan de Consolidación Territorial del Río Caguán en los municipios de Cartagena del Chairá, Montañita y San Vicente del Caguán. Su representación ejemplificante se encuentra en la hacienda Larandia, asignada por el Gobierno Nacional a Oliverio Lara oriundo del departamento del Huila, esta hacienda se funda en 1935 con 1.800 has y en 1.966 años después tenía alrededor de 40.000 has, a partir de la absorción de pequeñas propiedades limítrofes. Gonzalez, José Jairo. Análisis socioeconómico de la región del Pato – Caquetá, 2010. Harvey, David. : “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en ‘’Socialist register’’, 2004. Entendiendo estos como los lugares de importancia para el desarrollo de la vida comunitaria y de la humanidad ejemplo: Selvas, páramos, lagunas o sitios sagrados, entre otros.

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Condiciones para la paz en el Departamento del Caquetá Por Red Caquetá Paz La promoción del desarrollo humano y la construcción de paz implica grandes retos colectivos en términos de articular a todos los actores (sociedad civil, sector privado, institucionalidad pública), de tal manera que se logren crear escenarios de gobernabilidad, en los cuales se puedan plantear soluciones integrales a los problemas estructurales y coyunturales que profundizan la crisis en países como Colombia. En este contexto, el departamento del Caquetá, ha iniciado una ruta de diálogo participativo que promueve escenarios de encuentro para la construcción colectiva de una apuesta por alcanzar la vida digna, la paz y el desarrollo integral endógeno que permita, en medio del conflicto, generar condiciones para la convivencia pacífica, la inclusión, el respeto a la diferencia, que visibilice la riqueza natural y cultural existente y que, finalmente, permita crear un entorno sostenible para la vida digna de las generaciones actuales y futuras. Desde el año 2008 y durante el año 2009, un grupo de personas y cerca de 70 instituciones decidieron hacer un análisis multidimensional sobre la realidad que vivía el Departamento de Caquetá, concluyendo que luego de más de 30 años de habitar este territorio y de ver cómo se promovían y ponían en marcha diferentes estrategias y políticas a favor del desarrollo y paz, se encontraba un departamento con enormes potenciales, pero sumido en una profunda crisis y desesperanza, materializadas en 4 grandes problemáticas principales: 1. La violencia y la crisis humanitaria; 2. La ingobernabilidad; 3. La pobreza, marginalidad y exclusión; y, 4. La aguda problemática ambiental, de las cuales en el presente acápite se presente un resumen con los elementos centrales de esta reflexión: 1. La violencia y la crisis humanitaria: de acuerdo con los estándares internacionales el departamento enfrenta una crisis humanitaria profunda reflejada en la presencia de minas antipersonales, desplazamiento forzado y vinculación de jóvenes a los grupos en conflicto. Tristemente, Caquetá es el tercer departamento en accidentes e incidentes por Minas Anti Personas (MAP) y Munición sin Explotar (MUSE) (424 eventos y 726 víctimas, de los cuales el 99% se ha producido en zonas rurales) (Observatorio de Minas Antipesonales, 2009). El desplazamiento forzado es dramático, 1 de cada 3 caqueteños ha sido desplazado por la violencia, lo cual convierte en el primer departamento en el país en desplazados, frente al tamaño de su población (465.078 / 177.776 que corresponde al 38.33%), cambiando drásticamente la composición urbano rural en el territorio. El reclutamiento forzado de jóvenes para la guerra, se ha convertido en una práctica comúnmente utilizada por los grupos armados ilegales presentes en el departamento. Por otro lado los índices de violencia son alarmantes. Según datos nacionales, cada año en el departamento del Caquetá se presenta un promedio de 35 confrontaciones armadas, siendo uno de los territorios de mayor intensidad del país. En los años 2006 – 2009 se presentaron 79 atentados terroristas, 6 casos de masacres entre en el periodo 2003-2007. La Tasa Departamental de homicidios fue la más alta del país en 2006 (100.9 x 100.000) y segunda en 2007 (88.18 por 100.000). En ambos años, supera la tasa nacional en más de 40 puntos. En el periodo 2006 – 2009 se han cometido 1.448 homicidios y 71 secuestros 2. La ingobernabilidad: Esta crisis parte de las escasas e inadecuadas relaciones establecidas entre los miembros de la sociedad, sus formas de organización política y el bajo desempeño en el ejercicio y la administración, tanto de los gobierno locales como del conjunto de las instituciones públicas del departamento. De hecho, la institucionalidad pública cuenta con bajos perfiles profesionales en las carteras, un inadecuado manejo de las finanzas públicas, altos niveles de corrupción y una alta ineficiencia administrativa. Lo anterior se profundiza por una casi inexistente voluntad política para promover la participación ciudadana en la definición de los asuntos públicos, como principio rector de la organización y de la acción de todas las autoridades públicas del departamento. 3. La pobreza, marginalidad y exclusión: El 62.18% de los Caqueteños se encuentra bajo la línea de pobreza, en comparación al 49.74% del promedio nacional.

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Los niveles de indigencia son cercanos al 26% de la población, 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (15%). El 81.24% de la población (377.829 personas), pertenecen a los niveles I y II del SISBEN. El acceso a los servicios básicos de educación y salud es precario. La desnutrición crónica asciende al 18% y la aguda al 0,87%. Finalmente, el departamento no es ajeno a la situación alimentaria del país, pues importa del interior el 85% de los productos que consume limitando la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria (Espinosa-C., 2010). 4. La aguda problemática ambiental: En sus 88.965 km2 el departamento del Caquetá contiene una gran diversidad de flora, fauna, paisajes y recursos hídricos, que lo hacen acreedor al título de ser uno de los departamento más biodiverso del país. Por otro lado, su ubicación geográfica lo convierte en la puerta de entrada a la Amazonia, posicionándose así como un territorio geopolíticamente importante. Sin embargo, en medio de tanta riqueza, la falta de claridad frente a los modelos de desarrollo pertinentes para esta región han generado graves problemáticas asociadas a: la presión por la colonización; la falta de claridad frente a la propiedad y tenencia legal del territorio; debilidad en las figuras e instrumentos de gestión territorial que garanticen la conservación de los recursos; los enclaves productivos inadecuados (ubicados en la zona de pie de monte) frente a las características y potencialidades del territorio; una frontera agropecuaria altamente dinámica, movida principalmente por el avance de la ganadería extensiva, la explotación legal e ilegal de madera y los cultivos de coca. Finalmente, la explotación ilegal de oro deteriora de manera irreversible los ríos del departamento y el creciente auge de los proyectos de exploración y explotación petrolera y del sector extractivo en general, que son una realidad en el departamento, pueden ser una amenaza de no abordarse adecuadamente, bajo principios de desarrollo sustentable y con reales políticas de responsabilidad social empresarial. Frente a este panorama territorial abordado por condiciones de crisis, precariedad, vulnerabilidad, inequidad y conflicto de todo orden, vale la pena fundar una apuesta de desarrollo y paz que aglutine a todos los y las caqueteñas de bien, interesados y comprometidos por vocación en soñar despiertos sobre la idea de que es posible construir un territorio donde las personas vivan dignamente, con oportunidades de desarrollo para todos y, sobre todo, con paz duradera.

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Desarrollo Humano integral sostenible Nariño construye la paz en medio del conflicto Por Jesús Alarcón, Profesional de apoyo Agencia de Desarrollo Local – ADEL Nariño. Introducción Los hechos recientes de la movilización social que se dio en el marco del paro agrario nacional marcan un hito en la historia y denotan una alta complejidad en el contexto actual. Es la primera vez que en el departamento se da una movilización indígena de la magnitud como la que protagonizaron más de 30 mil indígenas de los pueblos Pastos y Quillacingas, quienes se concentraron en el sector de las cruces en el municipio de Ipiales en la frontera con Ecuador. Este hecho obligó al gobierno nacional a aplicar el criterio de trato diferencial, viéndose forzado a crear una mesa especial para abordar la negociación de la agenda propuesta por los indígenas. El paro agrario El paro agrario generó el bloqueo total, por 14 días, de las vías principales que conectan al departamento de Nariño con los departamentos del Putumayo y Cauca, con el pacífico y la frontera con el Ecuador. Si bien, en la mayoría de los puntos de concentración de la movilización indígena y campesina prevaleció el respeto y la tolerancia, donde los puntos de bloqueo fueron desactivados por voluntad propia de los manifestantes luego de los primeros acuerdos que se dieron en las distintas mesas de negociación. Lamentablemente, en el corregimiento de Mojarras cerca de los límites entre Cauca y Nariño, los campesinos fueron desalojados a la fuerza por el ESMAD y el Ejército. Del enfrentamiento que se dio durante el desalojo, resultaron dos campesinos muertos y cerca de 50 heridos, según las denuncias que hicieron los personeros de los municipios de Mercaderes, Patía en Cauca y municipio de Leiva en Nariño. Así mismo, en la ciudad de Pasto hubo varios hechos de violencia generados por el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD, siendo el más conocido el caso de Rober Elio Delgado, reconocido líder social, integrante del Comité de Integración de Macizo Colombiano, CIMA, quien perdió su ojo derecho por la agresión que le causó la policía cuando participaba en una de las actividades realizadas en la ciudad de Pasto, en solidaridad con el Paro Agrario Nacional. Balance del paro agrario Como balance del paro agrario en el departamento de Nariño se pueden señalar varios aspectos: primero, la activación del movimiento indígena; segundo, la solidaridad y reconocimiento ciudadano de la gravísima situación por la que atraviesan los indígenas y campesinos; tercero, la instalación de mesas de negociación donde los distintos sectores ligados al campo defienden sus intereses y reivindican la construcción de una alternativa económica que defina una política agraria que incluya y haga sostenible y rentable la economía campesina; y, finalmente, al menos en el caso de Nariño, se evidencia el protagonismo de las regiones en la identificación de salidas a los problemas estructurales del campo colombiano. En este sentido, en el departamento de Nariño, por iniciativa del Gobernador, se activó un espacio con presencia de actores diversos, entre los que se encuentran organizaciones indígenas, campesinas, el gremio de los camioneros, la academia, el bloque parlamentario de Nariño, las alcaldías, la gobernación y algunas entidades descentralizadas, quienes van a concertar como región una ruta estratégica para afrontar la crisis del campo nariñense.

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Otro aspecto que se resalta en Nariño son los distintos procesos que se han activado con motivo de la coyuntura de negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. A comienzos del mes de marzo se realizó el Encuentro “Andar al Sur”, un espacio promovido por el PNUD, oficina territorial de Nariño, en el que se encontraron 40 iniciativas territoriales de construcción de paz, impulsadas por los indígenas, las comunidades negras, las organizaciones campesinas, las mujeres, los jóvenes, las pastorales sociales y ONG. El pasado 9 de abril Pasto fue una de las ciudades que movilizó el mayor número de ciudadanos y ciudadanas en respaldo a los diálogos de paz en La Habana. En el mes de agosto se realizó la Peregrinación por la Paz, una caminata desde Pasto hasta el Santuario de la Virgen de las Lajas, liderada por el Profesor Gustavo Moncayo. En este mismo sentido, se está promoviendo la configuración de un espacio donde converjan distintos sectores, que por el momento se ha denominado, la Mesa Departamental de Paz; simultáneamente a este proceso institucional para la paz, se inició la concertación de una “Agenda de construcción de paz- post conflicto”, iniciativa liderada por la Iglesia Católica, la Gobernación de Nariño y con el apoyo técnico del PNUD. Esta agenda contempla los siguientes puntos: Impulso de programas integrales de desarrollo rural con enfoque territorial y desarrollo económico incluyente, acciones integrales frente al problema del narcotráfico, atención especial a poblaciones en mayor vulnerabilidad y riesgo, profundización de la democracia, en particular en su dimensión participativa, impulso de culturas de paz y sistemas de educación para la paz y la reconciliación, desarrollo político institucional, desarrollo del estado social de derecho y el progresivo alcance de derechos humanos sociales, económicos, culturales y ambientales y construcción de paz desde un nuevo paradigma de desarrollo basado en la sustentabilidad, el desarrollo de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Esta agenda además ratifica el principio de que la paz se construye desde las regiones, lo cual no quiere decir que la Agenda de Paz y Post conflicto de Nariño no se articule a los acuerdos que se alcancen en las negociaciones de La Habana. Así mismo, para Nariño es claro que, haya o no, acuerdo en la Habana, la construcción de la paz es una tarea impostergable para las regiones.

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Magdalena Medio: Situación agraria, minera y pesquera Por: Observatorio de Paz Integral del PDPMM La crisis agraria nacional se ha expresado en la región a través de cinco marchas. Del sur de Bolívar han salido 4 marchas. Una, de la zona agrominera de San Pedro Frío, otra de la zona de Morales. Estas dos marchas ponen sobre la mesa el tema de la minería en primer lugar y el tema de la agricultura en segundo lugar. Con posterioridad se les unieron los pescadores con su problemática. De la zona de Remedios-Yondó partió otra marcha y de la zona San Pablo-Cantagallo otra. Estas 4 marchas se localizaron en dos sitios. Una en Aguachica (Cesar), a la cual se sumaron campesinos del sur del Cesar y otra en Barrancabermeja y Sabana (Santander) a la cual se sumaron campesinos de Puerto Wilches y Sabana. Una quinta marcha se localizó en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga. A ella llegaron campesinos de San Vicente, El Carmen y Betulia. El pliego de negociación es el siguiente: Los cacaoteros de Santander están discutiendo en torno a, 1) La rebaja de precios en los combustibles y agro insumos. 2) Una política de crédito especial para el sector agropecuario, con rebaja de intereses y unos plazos más amplios, que haya banca de crédito, que haya alivio para los créditos actuales. 3) Control de las importaciones, el contrabando y los protocolos fitosanitarios. 4) La defensa de los territorios en torno a las amenazas de explotación minera. 5) La creación de una ley agraria. Los mineros y agricultores y pescadores localizados en Aguachica (Cesar) han presentado los siguientes puntos: Minería. Legislación Minera. Código de minas. Legalización de las áreas. Caducidad de los títulos mineros actuales. Concesiones. Suspensión de la fiscalización mientras se discute el tema. Definición de porcentajes de regalías e impuestos de los pequeños y grandes mineros. 2. Revisión de la propuesta del Parque Natural Nacional de la Serranía de San Lucas (definición de las áreas, polígonos y socialización). 3. Zona de Reserva Forestal (proceso realinderación y sustracción). 4. Fomento para la pequeña minería (inversión, incentivos, reconversión minera). 5. El derecho al Agua, la tierra y territorio dentro del proceso de la minería. 6. Derecho a la tierra, el agua y el territorio (Tenencia, protección, devolución, restitución y los procesos de la clarificación de la propiedad, formalización). 7. Goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. (acceso y calidad). 8. Reinversión de las Regalías al Sur de Bolívar, (aportes a los pequeños mineros). 9. Concesiones a las multinacionales sin tener en cuenta a las comunidades y la minería de hecho. 10. Daños ambientales a causa de la explotación de minería a cielo abierto - uso de la retroexcavadora en la minería. 11. Infraestructura energética. Tierra y Territorio. 1. Titulación, formalización, uso y destinación de tierras. 2. Privatización de sabanas comunales, humedales, playones y demás. 3. Contaminación y daños ambientales. 4. Realinderamiento y sustracción de la Zona de Reserva Forestal. 5. Zona de Reserva Campesina (Financiación del Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal, ampliación). 6. Revisión de la propuesta del Parque Natural Nacional de la Serranía de San Lucas (definición de las áreas, polígonos y socialización). 7. Inversión para la Agricultura, la pesca artesanal y el Desarrollo rural. 8. Restitución jurídica y material de las tierras. 9. Concesiones (Río Magdalena, Puertos Multimodales, y vial). 10. Goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. (acceso y calidad). 11. Equidad de género. Inversión social. 1. Educación (acceso, calidad e infraestructura) Tercerización de la contratación de los docentes. 2. Salud. (acceso, calidad e infraestructura). 3. Procesos Culturales (cultura, recreación y deporte).(Dotación e infraestructura).4. Comunicación.5. Infraestructura vial y social (Vivienda). 6. Infraestructura energética.7. Derecho al trabajo. 8. Agua potable y saneamiento básico.9. Goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. (acceso y calidad).10. Equidad de género.

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Derechos humanos. 1. Protección a procesos organizativos de las comunidades del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar y garantías para la permanencia de campesinos, mineros y pescadores en el territorio.2. Revisión del Papel de la fuerza pública en el territorio.3. Verdad, justicia reparación, satisfacción y no repetición.4. Garantías y protección para el retorno de las comunidades que participan en la movilización. Los mineros y campesinos localizados en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander) han colocado los siguientes puntos: 1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra. 3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina. 4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. 6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Otros conflictos regionales

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Gobernabilidad democrática Tensiones entre Estado, desarrollo y ciudadanía en el departamento del Huila Por Tania Helena Gómez, Centro de Estudios Regionales del Sur – Cersur El Huila ha sido un departamento que ha reproducido administrativamente las mismas concepciones y políticas del desarrollo que, como todos los departamentos del país dada su adscripción territorial al Estado colombiano que es de carácter unitario y centralista. Por ello, las tensiones en torno a los asuntos del desarrollo en las regiones están dadas por los derechos y garantías que debe satisfacer el Estado a la ciudadanía. El Estado -como es sabido- es la institución que administra el territorio nacional y quien propende por el desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural para garantizar los derechos de la población y, en esa medida, el efectivo cumplimiento del Contrato Social. En este sentido, el desarrollo está estrechamente vinculado con el cumplimiento efectivo de la Constitución Política de Colombia. Esta relación entre Estado, desarrollo y Contrato Social pone como eje transversal al ciudadano, a la sociedad, a la población o, dicho de otro modo, al pueblo como soberano para quien funciona la institución estatal, para quien se proyecta el desarrollo y para quien se pactan unos derechos y unas seguridades a garantizar en la comunidad política. De ahí que las tensiones en torno al desarrollo se puedan encontrar en las contradicciones entre la ley y la norma de normas, lo que se puede entender también como el dilema entre la ley y la justicia, o como la histórica disyuntiva entre legalidad y legitimidad. Es así como en las últimas movilizaciones sociales campesinas en el Huila, las negociaciones y mesas de concertación entre ciudadanía y gobernantes han girado en torno a la contradicción entre la Constitución Política y la ley. La ciudadanía huilense alega el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Colombiana, mientras los gobernantes alegan estar cumpliendo la ley. Múltiples contradicciones se presentan a la hora del debate público sobre el desarrollo regional. El ejercicio de la ciudadanía y la exigibilidad de derechos paradójicamente resultan conflictivos (para el ejercicio del poder y del gobierno), pues ante la demanda de las garantías constitucionales por parte de los ciudadanos, los dignatarios locales parecen defenderse con la ley. En este escenario, el modelo de producción imperante no permite a los gobernantes de turno escuchar al pueblo soberano que reclama ante la implementación de políticas que no benefician a las comunidades y, en esa dirección, tampoco es posible la discusión abierta y sincera sobre el desarrollo regional.Es así como en el escenario regional, los gobernantes -obedeciendo a las políticas e intereses del escenario nacional centralizado- prohíben la protesta ciudadana amparado en la ley, para lo que han sacado ordenanzas municipales que exigen permisos para marchar, mientras la ciudadanía alega estar ejerciendo el derecho constitucional a la protesta. La represión de los paros campesinos, el no reconocimiento político a líderes agrarios y de tradición política de la oposición, la falta de garantías para la participación política, así como la precaria inclusión ciudadana en la construcción de las políticas públicas y planes de desarrollo locales son problemas persistentes y emblemáticos en la construcción del desarrollo regional.

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Esta situación evidencia que el concepto de desarrollo está en discusión en el departamento del Huila: mientras amplios sectores de la sociedad rechazan la incursión de multinacionales extranjeras en el territorio, la explotación de hidrocarburos, los megaproyectos minero-energéticos y la venta de servicios ambientales, los gobernantes de los ámbitos local y departamental argumentan estar ejecutando políticas públicas que no dependen de ellos sino del ejecutivo nacional, que ya ha dado licencias ambientales, declaratorias de utilidad pública y permisos de explotación a grandes empresas privadas extranjeras. Se pueden rastrear en la vida política, económica y social del departamento ciertos hechos emblemáticos que han generado altas tensiones en torno al desarrollo regional: la construcción del Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo, la proyección de 5 represas más en la cuenca del rio Magdalena, la declaratoria de Parque Natural Regional Tatacoa por la CAM-Corporación Autónoma del Alto Magdalena y la licencia para la explotación petrolera en el Páramo de Miraflores, así como en el nacimiento del Rio Las Ceibas, que abastece de agua a la ciudad de Neiva. Todos estos proyectos que esperan implementarse en el territorio huilense y los que ya se están ejecutando, han implicado eventualmente desplazamientos masivos de población, eliminación de las cadenas productivas locales, daños y pérdidas ambientales, ruptura del tejido social y cultural, así como la pérdida de soberanía en los territorios intervenidos. Los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales que están ligados al Plan de Desarrollo Nacional, han estado enmarcados durante la última década por la intervención de multinacionales extranjeras en el territorio nacional, lo que se planteó en el gobierno de Uribe Vélez como confianza inversionista y seguridad democrática. Hoy en el gobierno de Juan Manuel Santos son las Locomotoras del desarrollo y el proceso de negociación de la paz. Estos procesos sociales y políticos evidencian no sólo las tensiones que sobre el desarrollo existen, sino también dos visiones antagónicas sobre el desarrollo: el de los capitalistas y el de los movimientos sociales, es decir, el modelo de desarrollo macroeconómico del neoliberalismo y un modelo de desarrollo incluyente que proteja la economía campesina y las economías locales. La principal tensión en torno al desarrollo y que se ve reflejada en las regiones y en el departamento del Huila, es el dilema entre capitalismo y democracia, lo que ha puesto en crisis el Contrato Social en Colombia (De Soussa Santos; García Villegas). Lo que se entiende como desarrollo económico no es directamente proporcional a desarrollo social, así el ejercicio de la democracia se ve en jaque frente al poder económico. Por ello, es necesario comprender hoy que lo que es desarrollo social puede proyectarse a su vez como desarrollo económico sostenible.

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Montes de María: entre la precariedad institucional y la vulneración de los derechos Amaranto Daniels Puello, Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María. En Montes der María a pesar de superar la condición de territorio en disputa por parte de los actores armados ilegales, en él persisten severas limitantes para el goce efectivo de los derechos, económicos, sociales y culturales de la población. De allí que el Observatorio Montes de María viene manifestando que la región está sumida en una trampa de desarrollo-pobreza y conflicto, (Collier y Hoefler, 2004) como resultante de la compleja relación entre la violencia (asociada al conflicto armado interno) y el desarrollo, en la perspectiva que tanto la dinámica del conflicto como las fallas en los procesos de desarrollo económico y social (específicamente las políticas públicas) incrementan sustancialmente la probabilidad de los conflictos internos. Esta reflexión se constata en hechos como: Los indicadores sobre seguridad ciudadana, orden público y los derechos humanos muestran una mejoría sostenida (en los últimos cuatro años, el promedio anual de homicidios es de 47, mientras que entre el 2004-2007 fue de 123 casos anuales), en el territorio. Es evidente la concentración de homicidios en los municipios localizados en el corredor Maríalabaja-San Onofre y en la zona de la Montaña, (El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan); en donde la presencia de bandas emergentes (Urabeños) asociada al narcotráfico y el inicio de los procesos de restitución de tierras, se convierten en factores determinantes del nivel de muertes violentas. En cuanto a las víctimas del conflicto armado, si bien es clara la reducción sustancial del desplazamiento forzado, (el promedio de los últimos cuatro años presenta una expulsión anual de 1.651 personas) existe un acumulado de más de 235.000 víctimas del desplazamiento forzado desde el año 1997 hasta el 2011 . Asimismo, luego de ocho años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, es indiscutible que los resultados alcanzados arrastran un severo déficit tanto a nivel nacional como regional en materia de verdad, justicia y reparación, en donde los montemarianos aún no han logrado establecer una verdad que les permita saber todo lo sucedido durante el ciclo de violencia padecido en las tres últimas décadas. Una situación similar acontece con la ley 1448/2012 en donde la ausencia de voluntad política en los gobernantes limita ostensiblemente la ejecución de la política pública de atención las víctimas. Esta situación desemboca en la marcha de más de 1.000 campesinos de 35 veredas de la zona de la Montaña (El Carmen de Bolívar), y demás municipios aledaños en abril 5 de este año (El Tiempo, 2013; El Universal 2013 y El Espectador, 2013). No obstante los esfuerzos organizativos de las víctimas en pro de la reivindicación de sus derechos, lo cual choca con las constantes amenazas y hostigamiento de los sectores sociales que consideran lesivo (para sus intereses) la restitución de tierras y la atención a las víctimas , pero que en últimas refleja las tensiones y desafíos que enfrenta el Estado para que la Ley de Víctimas sea una realidad.

Los municipios de El Carmen de Bolívar (74.446), Maríalabaja (18.374), San Onofre (27.197) Ovejas (22.957) y Córdoba (17.197), son los de mayor volumen de población desarraigada concentrando el 68% del total de la población, es decir 160.171 víctimas de este flagelo

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En materia de ingresos, según la Encuesta Sitmma 2011, el 54% de la población percibe en promedio, ingresos mensuales inferiores a trescientos mil pesos ($300.000), acentuándose esta situación en los municipios de Chalán, Los Palmitos, Ovejas y San Antonio de Palmito con registros superiores al 70% de la población con este nivel de ingreso. En cuanto a las víctimas del desplazamiento forzado, es indiscutible la condición de pobreza y/o miseria que atraviesan, ya que el 33% de las familias encuestadas con esta condición posee un ingreso menor a $100.000 mensuales, los cuales son recursos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Las familias con ingresos entre $100.000-$200.000, representan el 41% del total de las encuestadas. En síntesis, más del 70% de la población en condición de desplazamiento forzado obtiene ingresos inferiores a la mitad del salario mínimo legal vigente En materia de aseguramiento en salud, la región posee un total de 366.675 afiliados (Ministerio de la Protección Social, 2011). De este total, el 93% está bajo el régimen subsidiado, tan solo el 6% al régimen contributivo y el 1% se encuentra en el de excepción . Lo anterior refleja la dependencia del régimen subsidiado, ya que la región supera en 49 puntos la media nacional, constatando el alto nivel de informalidad laboral y económica existente. Las cifras sobre educación en Montes de María indican que el sistema educativo muy poco contribuye a la construcción de capital humano, ya que entre los años 2005 y 2011 un total de 6.096 estudiantes prácticamente se desvinculan del sistema educativo, lo cual constituye un grave retroceso en materia de generación de capital humano y social para la región, tal como lo refleja la tasa de crecimiento de la matrícula, la cual desde el 2006, presenta una reducción constante hasta llegar en el 2012 a una disminución de 6,6%. A esto se agrega los precarios resultados en las pruebas Saber 11, las cuales comprueban serias restricciones de lectoescritura para la mayoría de los estudiantes montemarianos. A manera de conclusión, es evidente que luego de 20 años del nuevo marco constitucional y de la profundización de la descentralización política administrativa, es innegable que el Estado no ha logrado aún el reto de transformar la cultura y prácticas organizacionales de la estructura pública en el territorio Montemariano. De allí el imperativo de gobernar el territorio construyendo una capacidad gubernamental que supere la acción reactiva para pasar a una gestión proactiva que permita potenciar y orientar el logro de propósito comunes para el desarrollo y bienestar definido desde una perspectiva territorializada.

Actualmente varios de los miembros de las organizaciones sociales de esa zona son objeto de amenazas y procesos de judicialización ( Jorge Montes y Ricardo Esquivia) , que van en contravía de los propósitos que animan la ley de víctimas

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Regiön y nación