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2. La obligación establecida en el apartado anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Las administraciones públicas competentes dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona sin discapacidad. La amplitud de la capacidad y apertura debe ser el de una silla de batería. La distancia que se debe tomar como referencia son las sillas de batería, ya que son mayores y no caben. 4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con discapacidad a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias. No es suficiente que se haga referencia a un “conjunto de edificios e instalaciones”. Aunque se trate de un único edificio, se debe proyectar y construir en condiciones de accesibilidad. Artículo 34. Otras medidas públicas de accesibilidad. 3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben. En lugar de “deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de estas adaptaciones anticipadas en los planes municipales de ordenación” debe redactarse de la siguiente manera: “estarán obligados a incluir”. . Artículo 40. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, atenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. La clase empresarial, como parte -y en numerosas ocasiones como benefactora- del sistema social, tiene ciertas responsabilidades, entre las que está la de fomentar empleo para los colectivos que encuentran mayores obstáculos a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Por tanto, no existe motivo alguno que justifique esta exención. Entendemos que jamás se puede amparar legalmente comportamientos empresariales que llevan a al exclusión de los trabajadores con diversidad funcional del sistema laboral español.

Alegaciones  

Alegaciones al proyecto de la Ley Gral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por AMPATT. Plataforma por el R...

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