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regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de aquellos alumnos que precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión. La expresión “ajustes razonables” debe ser sustituida por “ajustes necesarios”. . 3. La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la voluntad de los padres o tutores. Tener en consideración la voluntad de los padres no es suficiente. La ley debe indicar que la decisión de los padres en estos supuestos es vinculante. Las necesidades del alumnado deben ser siempre atendidas por profesionales de apoyo. La falta de medios económicos, materiales o de personal especializado jamás puede ser una excusa para que, finalmente, los menores con necesidades educativas especiales se vean obligados a estar recluidos en centros especiales o en unidades sustitutorias, puesto que esto es una clara vulneración del sistema inclusivo legalmente previsto a nivel nacional y comunitario. La nueva ley debe proteger y GARANTIZAR la INCLUSIÓN en las aulas de los colegios ordinarios, con independencia de los medios necesarios para ello que, en todo momento, vendrán determinados exclusivamente por las particularidades de los alumnos y NUNCA EN FUNCIÓN DE CRITERIOS PRESUPUESTARIOS. Artículo 20. Garantías adicionales. b) Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales. Debería hacerse una remisión expresa al art. artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se establecen los principios que han de guiar las actuaciones de las Administraciones educativas para garantizar la equidad en Educación, y al art 3.9 de esta misma ley, en el que se prevé que “para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica”. d) Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación, dirigida a su especialización en la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para ello. Se debe añadir que “los centros deberán disponer de recursos humanos necesarios y de materiales adaptados, así como de apoyos informáticos”.

Alegaciones  

Alegaciones al proyecto de la Ley Gral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por AMPATT. Plataforma por el R...

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