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Además, esta participación debe ser activa, efectiva, continuada y con la misma intensidad y relevancia que el resto de las personas. La titularidad de este derecho debe ser, especialmente en aquellos que tienen diversidad funcional, efectiva y real, de manera que cualquier norma que se apruebe debe GARANTIZARLA con medidas concretas, con ineludibles obligaciones atribuidas a las administraciones públicas y con efectivos procedimientos que permitan a los afectados exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Todo lo demás, es sólo “papel mojado” cuya aplicación real se antoja prácticamente imposible y una manera inequívoca de recurrir, de forma abusiva y fraudulenta, a expresiones genéricas cuya materialización jamás llega a efectuarse.

Alegaciones  

Alegaciones al proyecto de la Ley Gral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por AMPATT. Plataforma por el R...

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