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obviamente, supone un nuevo incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Diversidad. Por otra parte, en el texto que se nos propone, las pocas ocasiones en las que se establecen porcentajes para fomentar el accedo del colectivo referido a puestos de trabajo resultan del todo insuficientes. Esta ley debe ser la oportunidad definitiva para elevar la cuota de reserva del 2% al menos al 6% y a un 10% para empresas con más de 100 trabajadores, siempre que haya demanda por parte de aspirantes con diversidad funcional con formación y capacidad correspondientes, que soliciten el puesto de trabajo. En esta línea, el control -por parte de auditoras independientes- sobre el uso adecuado de las subvenciones de las que son beneficiarios los empresarios que contratan a trabajadores con diversidad funcional, exige una regulación exhaustiva, especialmente cuando se trata de empresas públicas. Nuestra Asociación siempre ha defendido que el 100% de estas cantidades debe ser destinado a la adaptación de los puestos de trabajado o a cualquier otro aspecto exclusivamente relacionado con el colectivo de la plantilla que tiene diversidad funcional, puesto que son quienes motivan las ayudas económicas. Por último, debemos insistir en que el espíritu de la ley ha de ceñirse prioritaria e inexcusablemente a una idea: LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL TIENEN DERECHO A SER PLENAMENTE INDEPENDIENTES. Así, este colectivo tiene derecho a participar, en la misma medida que los ciudadanos normo funcionales, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Alegaciones  

Alegaciones al proyecto de la Ley Gral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por AMPATT. Plataforma por el R...

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