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CONCLUSIONES

Lo primero que debemos destacar en relación al presente borrador es el “inmovilismo en el que incurre respecto de la TERMINOLOGÍA EMPLEADA para referirse al colectivo de personas CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. La Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social constituye la oportunidad perfecta para avanzar en el uso de términos adecuados respecto de las personas que, ciertamente, no son “disminuidos” ni “discapacitados” por cuanto que no son menores en tamaño ni tienen menos capacidad para permanecer en el sistema social o laboral con los apoyos y recursos necesarios. En este sentido, no resulta compatible pretender la “inclusión social” del colectivo afectado y, simultáneamente, hacer referencia a éste llamándoles “discapacitados”. Las asociaciones y los grupos de trabajo que surgen en torno a la regulación en España del colectivo referido han optado, mayoritariamente, por emplear el término “personas con diversidad funcional”. Somos conscientes de que, desde hace décadas, las normas de nuestro país (e incluso las de ámbito comunitario) no emplean esta terminología y, por tanto, resulta complicado impulsar un cambio. También somos conocedores de lo importante, a efectos prácticos, que es uniformidad en cuanto a conceptos a los que se refieren varias normas.

Alegaciones  

Alegaciones al proyecto de la Ley Gral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por AMPATT. Plataforma por el R...

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