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HISTORICO: LA ONU APROBO EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS

BOLETIN DE MEMBRESIA Amnistía Internacional Argentina Enero - Marzo 2013

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Enero-Marzo 2013 - AMNISTÍA INTERNACIONAL

EN ESTE BOLETÍN IRAK A diez años de la invasión Pag. 3

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TRATADO DE ARMAS Histórico acuerdo en las Naciones Unidas Pag. 4-5

MARITA VERON Dictamen ante la Justicia Pag. 11

NIÑOS SOLDADOS Un drama que no termina Pag. 12

AI JUNTO AL RECLAMO QOM Testimonio de Félix Díaz Pag. 6

GUANTANAMO Estados Unidos debe cerrar la cárcel de Guantánamo Pag. 13

CRIMENES DEL FRANQUISMO AMIA: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO Pag. 7

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA TORTURA Pag. 16

ACTIVISMO Pag. 8-9

CAMPAÑA MI CUERPO, MIS DERECHOS Pag. 18

SIRIA: DOS AÑOS TUMULTOSOS Pag. 10

Amnistía Internacional Argentina Cerrito 1050 6º Piso (C1010AAV) Ciudad de Buenos Aires – Argentina Tel: 54 11 48116469 contacto@amnistia.org.ar Sólo se reciben visitas con cita previa concertada vía correo electrónico (contacto@amnistia.org.ar) o telefónica, especificando motivo de la visita


IRAK A diez años de la invasión norteamericana, las violaciones a los derechos humanos continúan

Diez años después de la invasión encabezada por Estados Unidos que

derrocó al brutal régimen de Sadam Husein, Irak continúa enredado en un sombrío círculo de abusos contra los derechos humanos, que incluyen ataques contra civiles, tortura de detenidos y juicios injustos. El Informe de Amnistía Internacional titulado “Diez años de abusos”, que nuestra organización hizo público en marzo, hace una cronología de tortura y otros malos tratos a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes y tropas extranjeras tras la invasión de 2003. También pone de manifiesto el incumplimiento continuado por parte de las autoridades iraquíes de su obligación de proteger los derechos humanos y respetar el Estado de derecho ante los persistentes y mortales ataques de grupos armados, que muestran un cruel desprecio por la vida civil. Hoy muchos iraquíes disfrutan de mayores libertades que bajo aquel régimen baasista liderado por Husein, que reprimía a la población. Pero es evidente que los avances fundamentales en materia de derechos humanos que deberían haberse alcanzado durante el último decenio no se han materializado, concluye el informe. Ni el gobierno iraquí ni las antiguas potencias ocupantes han cumplido las normas a las que están obligados por el derecho internacional y la población de Irak sigue pagando un alto precio por ese incumplimiento. Aunque la destitución de Sadam Husein, en 2003, debería haber venido seguida de un proceso de reforma fundamental de los derechos humanos, las fuerzas ocupantes, casi desde el primer día, empezaron a cometer torturas y otros abusos graves contra prisioneros, como demostraron gráficamente el escándalo de Abu Ghraib en el que se vieron implicadas fuerzas estadounidenses. La tortura es una práctica generalizada e impune de las fuerzas de seguridad gubernamentales, especialmente contra personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista, que son torturadas mientras permanecen recluidas en régimen de incomunicación para interrogatorio. Los detenidos han denunciado haber sido torturados para obligarlos a “confesar” delitos graves o incriminar a otros mientras permanecían recluidos en esas condiciones. Muchos se han retractado de sus confesiones durante el juicio, sólo para ver cómo los tribunales las admiten como prueba de su culpabilidad sin investigar sus denuncias de tortura, y los condenan a largas penas de prisión o a muerte. Para agravar aún más la injusticia, las autoridades han hecho comparecer a detenidos en conferencias de prensa o han organizado la retransmisión de sus “confesiones” en la televisión local antes de su juicio o de que se dictara su sentencia, lo cual constituye una flagrante violación de la presunción de inocencia y del derecho de todo acusado a recibir un juicio justo.

Civilians in Iraq are still targets of human rights abuses© AFP/Getty Images

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La pena de muerte se suspendió tras la invasión de 2003, pero fue restaurada rápidamente por el primer gobierno iraquí a su llegada al poder, y las ejecuciones se reanudaron en 2005. Desde entonces, al menos 447 presos han sido ejecutados, entre ellos el propio Sadam Husein, algunos de sus principales colaboradores y varios presuntos miembros de grupos armados.

Cientos de presos aguardan a ser ejecutados. Irak, que en 2012 ahorcó a 129 presos, es ahora uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo. Desde diciembre del año pasado, miles de manifestantes han tomado las calles en zonas donde los musulmanes sunníes son mayoría, para protestar contra las detenciones arbitrarias, los abusos a detenidos y el uso de la legislación antiterrorista, y para pedir el fin de lo que consideran una discriminación gubernamental contra la población suní. Mientras tanto, grupos armados suníes siguen atacando no sólo objetivos gubernamentales, sino también a civiles chiíes, incluidos peregrinos religiosos. Aunque la región semiautónoma de Kurdistán, en el noreste de Irak, ha permanecido relativamente libre de la violencia que ha devorado el resto del país, los dos partidos políticos kurdos que la gobiernan mantienen un férreo control del poder, y también se han denunciado casos de abusos contra detenidos. En Reino Unido y Estados Unidos, pese a las investigaciones sobre casos individuales, no se han investigado sistemáticamente las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por fuerzas de ambos países, ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables en todos los niveles. Las víctimas iraquíes de violaciones de derechos humanos cometidas por estadounidenses han visto bloqueada la vía para pedir reparación en los tribunales de Estados Unidos. Las autoridades iraquíes han reconocido periódicamente casos de tortura y otros malos tratos, pero en general han tratado de restarles importancia señalándolos como sucesos aislados o, en unos pocos casos destacados, han anunciado investigaciones oficiales cuyos resultados, si es que los ha habido, nunca se han revelado. El informe de Amnistía Internacional se basa en información recopilada de múltiples fuentes, entre ellas entrevistas con detenidos, familias de víctimas, refugiados, abogados, activistas de derechos humanos y otras personas, así como el examen de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. Parte de esta información se obtuvo mediante investigación sobre el terreno en la región del Kurdistán, así como en una visita a Bagdad realizada el pasado mes de septiembre y en la que la organización se reunió con autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y del Consejo Judicial Supremo. Amnistía Internacional envió sus últimas conclusiones al gobierno en diciembre de 2012, pero aún no ha recibido respuesta.

El informe completo Iraq: A decade of abuses http://www.amnesty. org/en/library/info/ MDE14/001/2013/en


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SE APROBO EL TRATADO DE ARMAS

HISTÓRICO ACUERDO EN LAS NACIONES UNIDAS A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS © AMNESTY INTERNATIONAL UNA DE LOS 9 MISILES CAIDOS EN ALEPPO, SYRIA, EL 1 DE MARZO

Finalmente, y después de 20 años de lucha de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, Na-

ciones Unidas (ONU) acordó el 2 de abril prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibirá a los Estados transferir armas convencionales a otros países si existe riesgo de que vayan a ser utilizadas para cometer o facilitar genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. El jueves 28 de marzo había finalizado con resultado negativo la Conferencia Final sobre el Tratado de Comercio de Armas, en el que se buscaba aprobar un texto negociado durante seis años. Con absoluto cinismo, Corea del Norte, Irán y Siria frustraron la aprobación. Los tres países están sometidos a algún tipo de sanciones, incluidos embargos de armas, y tienen pésimos historiales en materia de derechos humanos, habiendo llegado incluso a utilizar armas contra sus propios ciudadanos. Son precisamente este tipo de atrocidades cometidas por ellos las que se pretende prevenir. El tratado entonces fue aprobado pocos días más tarde por 154 Estados que votaron favor de su adopción en la Asamblea General de la ONU. Así, una mayoría abrumadora de las naciones del mundo han expresado su apoyo rotundo a este tratado centrado en la protección de los derechos humanos. Tras largos años de campaña, la mayoría de los Estados han acordado adoptar un tratado global capaz de impedir que lleguen armas a países donde se destinarán a cometer atrocidades.

El tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificado por 50 Estados. Aunque no se consiguió todo lo que se pretendía, se trata de un excelente primer paso porque el texto ofrece una sólida base sobre la cual construir un sistema internacional dirigido a controlar el flujo de armas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Es un gran avance, especialmente cuando se piensa en el poder político y los amplios intereses económicos que están en juego para los grandes productores y exportadores de armas.

© AMNESTY INTERNATIONAL CONTROL ARMS CAMPAIGNERS CIRCULANDO CON UN TANQUE DETRAS DEL LONDON EYE

El tratado obliga además a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.


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Amnistía Internacional tuvo un papel decisivo en los esfuerzos realizados por la sociedad civil para conseguir que normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes pongan freno a las transferencias de armas que fomentan las atrocidades y los abusos. El tratado fue aprobado tras más de seis años de deliberaciones de la ONU, en un proceso que comenzó en diciembre de 2006, cuando la Asamblea General decidió pedir a todos los Estados miembros su opinión sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros de un tratado para regular la transferencia internacional de armas convencionales. Los Estados respondieron al secretario general en un número sin precedentes y prácticamente todos en sentido positivo.

“MERCADO DE ARMAS” ACTIVISMO REALIZADO EN CORRIENTES Y 9 DE JULIO

El tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que proliferan en países con conflictos de baja intensidad, violencia armada y cantidades de víctimas civiles. © PARIS PIERRE-YVES BRUNAUD AI.

EL PAPEL DE LOS GRANDES Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido- son responsables del 60% del tráfico internacional de armas, que alcanza unos 70.000 millones de dólares anuales. Estados Unidos es el mayor proveedor de armas del mundo. El año pasado aprobó ventas, entre otros países, a Afganistán, Irán, Filipinas, Uganda y Yemen, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestaciones pacíficas. El segundo vendedor más importante es Rusia, principal proveedor de armas a Siria desde la época de la ex Unión Soviética. Se especula con que, luego del inicio del actual conflicto, haya seguido cumpliendo el mismo rol, acusación que el gobierno de Putin no se preocupa demasiado por desmentir. Lo concreto es que, junto a China, Rusia ha bloqueado en la ONU los intentos de imponer un embargo de armas a Siria.

“MERCADO DE ARMAS” ACTIVISMO REALIZADO EN LOS BOSQUES DE PALERMO.

China, justamente, tiene una legislación interna que sólo permite la exportación de armas desde empresas estales. Y aunque no siempre se sabe si se trataron de ventas directas, se han encontrado armas chinas en países sobre los que pesa un embargo internacional de armas, como la República Democrática del Congo. Amnistía Internacional considera que es responsabilidad del gobierno francés incluir en la lista de control de exportaciones militares los vehículos todoterreno, ya que camiones franceses han sido utilizados en el conflicto iniciado hace 10 años en Darfur, Sudán, donde las violaciones a los derechos humanos son generalizadas. El vecino Sudán del Sur ha recibido armas

en forma clandestina a través de complejas operaciones con la participación de sociedades británicas. En Sudán del Sur ha habido últimamente acciones de insurgencia y contrainsurgencia en las que no se hizo diferencia entre objetivos civiles y militares.


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AMNISTÍA INTERNACIONAL JUNTO AL RECLAMO QOM Testimonio Félix Diaz, líder de la comunidad La Primavera

El pueblo indígena Qom vivió el fin de 2012 y el

principio de 2013 en medio de terribles hechos de violencia. Integrantes de comunidades de las provincias de Formosa y Chaco perdieron la vida en circunstancias dudosas, lo que puso de manifiesto nuevamente la terrible situación de discriminación y violencia que viven cotidianamente los pueblos indígenas, debido a sus reclamos territoriales. Los intereses económicos, muchas veces defendidos por estados provinciales, son el trasfondo de este escenario dramático. Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que acompañó en enero al líder de la comunidad Qom La Primavera, Félix Díaz, a una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Amnistía valoró como un hecho positivo el comienzo del diálogo. En ese viaje a Buenos Aires, Félix Díaz estuvo también en las oficinas de Amnistía Internacional, donde habló de la realidad que vive su comunidad.

“Para nosotros, el objetivo del gobierno de Formosa es hacernos desanimar para que aflojemos en nuestro reclamo territorial. Por esa razón nos tratan muy mal, hasta nos matan. Nosotros estamos peleando por la recuperación de las tierras de la que nos despojó el gobierno de la provincia, que le entregó a una familia 1.300 hectáreas que son propiedad de la comunidad indígena. Nuestros derechos están reconocidos en la Constitución Nacional, que garantiza que los territorios indígenas no se pueden transferir. Y el Gobierno nacional no se pronuncia sobre este tema. Con su silencio avala lo que hace el gobierno de Formosa”. “La comunidad sigue convencida de que hay que recuperar las tierras, a pesar de la violencia. Si hemos perdido hermanos y tenemos ancianos y ancianas que han sido golpeadas, cómo vamos a ceder. No se puede cambiar con dinero todo el daño que nos han hecho. Lo que quiere la comunidad es respeto, justicia y que se le dé la oportunidad de vivir dignamente. A ningún indígena se le cruza por la cabeza ceder o negociar”. “Lo que queremos es vivir como seres humanos y que no nos miren como extraños, pobres o inútiles. Mírennos como personas que tenemos nuestra propia cultura, nuestra forma de ser, nuestro idioma y queremos que la sociedad nos entienda y que nos permita vivir dignamente. Nosotros somos reconocidos como pueblo preexistente a la Nación en la Constitución. Entonces queremos que se apliquen los derechos humanos. No puede ser que a esta altura sigamos sufriendo esta situación de inseguridad. No queremos seguir derramando sangre por reclamar nuestras tierras, salud o justicia. Es injusto que hoy, cuando hay tanta tecnología, estemos apenas sobreviviendo. Hoy es el tiempo de que podamos avanzar. No estoy reclamando yo como autoridad, sino que a través mío lo hace el pueblo. Vivimos discriminados y queremos ser parte de este país, sin bajar la cabeza enfrente de jueces que son los responsables de nuestra muerte. Les pedimos a todos que nos acompañen en lo que puedan. En la tierra está nuestra vida. Es un supermercado. Ahí tenemos las medicinas, el alimento, los recursos naturales para hacer nuestras casitas, para hacer artesanía. Sin la tierra el pueblo indígena se enferma y se debilita espiritualmente. El gobierno busca debilitar a los pueblos indígenas. Sabe que en el territorio está nuestra fuerza. Los pueblos indígenas necesitamos ayuda.” “Necesitamos que la sociedad sea respetuosa con las diferencias”.


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Amnistía Internacional señaló que el memorándum de entendimiento firmado entre los gobiernos de Argentina e Irán acerca de la causa AMIA es “una oportunidad” aunque indicó que la comisión de la verdad “no debe reemplazar los procedimientos judiciales”. Este es el texto del pronunciamiento que la organización dio a conocer el 21 de febrero: El acuerdo entre Argentina e Irán se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial sobre el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), actualmente estancada, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes. La comisión de la verdad que ambos países proponen crear podría ser una contribución positiva, aunque no debe reemplazar los procedimientos judiciales. Argentina e Irán deben garantizar la independencia de esa comisión. El memorándum de entendimiento parece indicar la voluntad de ambos países de que se avance en la causa del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, al permitir que se lleven adelante actos judiciales pendientes. Aunque de ninguna manera garantiza el éxito en la investigación, crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas. Las indagatorias son actos de máxima importancia, imprescindibles para que pueda elevarse la causa a juicio oral y para dictar sentencia. En 2006 el juez de la causa libró órdenes de captura contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés sospechados de haber participado en el atentado. Interpol aprobó seis órdenes debido a que dos de las personas revestían cargos de alta relevancia política y otra ya había sido sometida a un proceso de extradición en el Reino Unido. Desde entonces, un sospechoso ha muerto, por lo que a la fecha continúan vigentes cinco órdenes de captura con “alerta roja” de Interpol, que establecen que existen motivos para sospechar que los cinco hombres son responsables por crímenes contra la humanidad. Se cree que los cinco hombres residen en la actualidad en Irán, pero el gobierno de ese país, hasta el momento, se ha negado a arrestarlos para entregarlos a la Argentina. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, cabeza del Poder Judicial, ha fijado el procedimiento para autorizar misiones internacionales de magistrados y funcionarios judiciales, con el fin de realizar interrogatorios y otros actos judiciales. Esto se ha hecho en un número de casos en los últimos años. Si después de los interrogatorios las autoridades judiciales argentinas entienden que la evidencia es suficiente para procesar a los sospechosos y ordenar su arresto, Irán debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición, a menos que decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte. Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos. Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la comisión de la verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales. Además la comisión de la verdad debe garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, incluyendo una reparación completa. El marco legal que se establezca para la comisión de la verdad debe asegurar la plena colaboración de ambos países a través de sus gobiernos y tribunales. Amnistía Internacional no toma posición acerca de los fundamentos de los cargos realizados por un juez argentino contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés por su supuesta responsabilidad en el ataque de 1994 contra la AMIA.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN DEL FRANQUISMO EN LA ARGENTINA La causa que tramita en la Justicia argentina por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España sigue avanzando. En marzo, abogados de las víctimas en la Argentina pidieron a la jueza María Servini de Cubría que libre órdenes de captura internacional para nueve españoles relacionados con la dictadura del general Franco. Amnistía Internacional es una de las organizaciones que apoya esta causa. El año pasado nuestra organización publicó el informe “Casos cerrados, heridas abiertas”, en el que documenta la indefensión de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ante la paralización de las investigaciones en España, la organización ha pedido a la justicia Argentina –donde se trata la única causa abierta sobre estos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal–, que continúe investigando, a la vez que le sigue reclamando al Gobierno de España que cumpla con su obligación de proporcionar verdad, justicia y reparación a las personas afectadas.


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O M S I V I T AC

TRANSFORMAR EL DOLOR EN ESPERANZA ACCION REALIZADA EN LA JORNADA DE CONMEMORACION DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO EN COLOMBIA

“MERCADO DE ARMAS” POR LA CAMPAÑA DEL TRATADO DE ARMAS EN 9 DE JULIO Y CORRIENTES


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O ISM TIV AC

“MERCADO DE ARMAS” POR LA CAMPAÑA DEL TRATADO DE ARMAS EN EL ROSEDAL DE PALERMO

CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA

ACCIÓN REALIZADA POR LA CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN LOS BOSQUES DE PALERMO

CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN PLAZA FRANCIA

SUMATE VOS TAMBIÉN WWW.AMNISTIA.ORG.AR/ACTUA


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DOS AÑOS TUMULTUOSOS EN SIRIA En ningún lugar como en Siria ha sido tan alto el costo humano de los levantamientos de la “Primavera Árabe”. En esta nota, a dos

años del inicio de las primeras revueltas, cuentan su trabajo dos de las enviadas de Amnistía Internacional a la zona del conflicto: Cilina Nasser, investigadora, y Donatella Rovera, asesora general sobre situaciones de crisis. Entusiasmados por la caída de los gobiernos represivos de Túnez y Egipto, los activistas de la oposición siria llevaron a cabo sus primeras actividades a principios de 2011, lo que apenas unos meses antes hubiera sido imposible. “Toda persona que hiciese algo en Siria, incluso a pequeña escala, corría el riesgo de desaparecer”, dice Cilina Nasser. A mediados de 2011. El país todavía estaba prácticamente cerrado a los periodistas extranjeros y organizaciones internacionales de derechos humanos. “No tener acceso al país hacía muy difícil nuestra labor. Estuve en el norte de El Líbano en mayo y junio de 2011 para trabajar en un informe. Los relatos de testigos más creíbles se corroboraban entre sí, pero había también rumores e información inexacta. Teníamos que distinguir con cuidado entre lo que estaba sustentado por pruebas y lo que no”, explica Cilina. Después de contrastar rigurosamente la información, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que en Siria se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. En abril de 2012, la asesora general sobre situaciones de crisis, Donatella Rovera, logró entrar en Siria por primera vez. Según cuenta Donatella: “Las fuerzas gubernamentales todavía controlaban las ciudades y carreteras, mientras que los grupos armados de la oposición tenían el control de facto de muchos pueblos y carreteras secundarias. Las fuerzas gubernamentales tenían un poder de ataque abrumadoramente superior, pero no podían entrar al mismo tiempo en varias zonas dominadas por la oposición.” Los grupos armados de la oposición aprendieron rápidamente a “esquivar” a las fuerzas gubernamentales y entonces, cuando los soldados no encontraban a sus oponentes armados, castigaban a los habitantes del lugar. Eran generalizadas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y desapariciones. Los soldados también destruían deliberadamente viviendas y propiedades. Donatella precisa: “En todos y cada uno de los pueblos encontré casas y tiendas incendiadas por los soldados. A finales de mayo de 2012, en Alepo, la ciudad más grande de Siria, veía todos los días a fuerzas gubernamentales y a milicias paramilitares de la Shabiha disparar con munición real a manifestantes pacíficos, matando e hiriendo por igual a manifestantes y transeúntes. A los activistas de la ciudad también se los detenía y torturaba, a veces hasta que morían, o se los hacía desaparecer.” El gobierno sirio comenzó entonces, en agosto a lanzar ataques aéreos contra grupos numerosos de civiles —especialmente las colas que se organizaban para conseguir pan, dada la escasez en el suministro de alimentos—, o contra personas congregadas cerca de hospitales. Según cuenta Donatella, el hospital de Shifa, en Alepo, fue bombardeado repetidamente hasta que quedó inutilizado. La falta de acceso a la atención médica ha sido un problema grave a lo largo de todo el conflicto de Siria. Según el relato de Donatella, las fuerzas de seguridad detienen y con frecuencia torturan a toda persona que puede haber sido tratada por heridas de bala, acusándola de ser “terrorista”. El régimen utiliza ese término indistintamente tanto para los manifestantes pacíficos como para la oposición armada. El miedo a esas represalias ha hecho que muchas personas recurran a hospitales de campaña improvisados o a unidades médicas móviles creadas por activistas de la oposición.

EL TRABAJO DESDE ARGENTINA

Con la persistencia del conflicto en toda su ferocidad, las fuerzas gubernamentales y las milicias paramilitares de Siria (armadas por el Estado) han dejado de ejercer el monopolio absoluto de las violaciones de los derechos humanos. Los grupos armados de la oposición también han cometido graves abusos, como la ejecución sumaria y la tortura de miembros de las fuerzas de seguridad, de la milicia y de presuntos informantes capturados. “Los civiles son, sin duda, los que pagan el precio más alto. Pierden la vida, la familia, brazos, piernas, hogares, negocios y propiedades”, señala Donatella. Mientras, la inacción de la comunidad internacional transmite el lamentable mensaje de que no es prioritaria la rendición de cuentas por la comisión de crímenes de guerra. Y este es un discurso muy peliDonatella Rovera groso. Amnistía Internacional continuará presionando para que se tome una acción concreta a escala internacional encaminada a frenar esas violaciones sobre el terreno y a hacer que los responsables rindan cuentas.

Amnistía Internacional Argentina busca incidir en la posición del Estado argentino respecto de la situación de los derechos humanos en los países de Medio Oriente y Norte de África, en los distintos organismos internacionales en los cuales nuestro país participa. En 2012 Argentina fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a partir de enero 2013 ocupa, por dos años, una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Además, Argentina participa activamente de la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esta agenda, hemos enviado a las pertinentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sendas comunicaciones y documentos relacionados con la situación de los derechos humanos en Medio Oriente y Norte de Africa y hemos mantenido algunas reuniones. En particular hemos llevado adelante una acción con el objetivo de que Argentina apoye, como finalmente hizo, un pedido tendiente a que el Consejo de Seguridad envíe a la Corte Penal Internacional de la situación de graves violaciones a los derechos humanos en Siria.


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Amnistía Internacional presentó dictamen ante la Justicia en el caso Marita Verón La absolución de los trece acusados por la desaparición de Marita Verón sacudió a la sociedad argenti-

na en diciembre pasado. Luego de la sentencia que dejó en la impunidad un caso emblemático de trata de personas, hubo marchas de repudio en todo el país. Pasaron más de diez años desde que Marita desapareció en una calle de San Miguel de Tucumán, en los que aparecieron claros indicios de que fue secuestrada por una red dedicada al tráfico de mujeres con fines de prostitución forzada. Que el hecho no se haya esclarecido no es sólo una grave falencia, sino también una pésima señal del Estado hacia la sociedad en cuanto a la tolerancia hacia un delito tan aberrante. Tres meses después el expediente está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán. Ante el máximo tribunal de la provincia se presentó Amnistía Internacional, con un dictamen en el que señaló que es deber del Estado no sólo impulsar una investigación seria y comprometida para identificar, juzgar y condenar a los responsables, sino también prevenir con políticas activas la trata de personas con fines de explotación sexual. Este caso es un símbolo del trato discriminatorio que sufren muchas mujeres por parte de la administración de justicia. El dictamen fue presentado en la forma de un “amicus curiae”, una figura legal que permite a personas o instituciones ofrecer su opinión al tribunal, en casos de interés público. Allí Amnistía Internacional reparó sobre los deberes que corresponden al Estado argentino y sus autonomías provinciales a la hora de juzgar graves violaciones a los derechos humanos, haciendo especial hincapié en los estándares que regulan específicamente el deber de debida diligencia en prevenir, investigar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y familiares; para luego referirse al valor reforzado de este principio en su aplicación en casos de violencia de género, como lo es el de la trata de personas con fines de explotación sexual. En el escrito también se repasan aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta por la justicia al momento de valorar la prueba en casos de violencia de género, atendiendo a las circunstancias del delito y sus víctimas. En el análisis de la causa, Amnistía colocó especial énfasis en los testimonios de las víctimas: por tratarse de eventos sumamente traumáticos –señaló– es de esperarse que la presentación del relato no esté exenta de fracturas, sino que contenga ciertas inconsistencias que no llegan a alterar ni desestimar la narración. A pesar de esas circunstancias particulares, “la descalificación de los dichos de las mujeres, así como la consideración de que su testimonio no es suficiente para sostener una acusación, son fenómenos que se repiten con preocupante frecuencia en los tribunales latinoamericanos”. Ello está íntimamente vinculado a los fuertes patrones culturales atravesados por todo tipo de prejuicios y estereotipos de género. Amnistía Internacional señaló que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos”. Sin duda, la clandestinidad con que operan las redes de explotación sexual, sumada a la complicidad de actores estatales que caracteriza este delito, dificulta la tarea de quienes tienen a cargo la investigación de estos hechos. Pero es obligación del Estado desplegar todas las herramientas y recursos disponibles a fin de realizar la tarea de modo diligente y exhaustivo.


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NIÑOS SOLDADOS UN DRAMA QUE NO TERMINA

Niños y niñas fueron reclutados durante los últimos dos años como soldados en conflictos armados de distintos países del mundo. Desde enero de 2011 a la fecha, al menos 19 países usaron niños como soldados, según datos de Niños Soldados Internacional, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de la que forma parte Amnistía Internacional. En el Día Internacional contra el uso de niños soldados, 12 de febrero, la organización afirmó que los menores son reclutados por grupos armados e incluso, en algunos casos, por fuerzas armadas de determinados países. A comienzos de 2013, una investigación de Amnistía Internacional reveló la utilización de niños y niñas en el conflicto armado de Mali. Una misión de la organización pudo comprobar que chicos de entre 10 y 17 años fueron reclutados por grupos islámicos que combaten contra las fuerzas de Mali y Francia en el norte del país. Otros países donde se ha comprobado la utilización de menores fueron Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Somalia, Yemen y República Centroafricana. En Colombia, Israel y Siria los menores no fueron reclutados como soldados pero se comprobó, sin embargo, que fueron utilizados para fines militares, por ejemplo en tareas de inteligencia o en el papel de escudos humanos.

© Sylvain Liechti Niño soldado de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda en Ntoto

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Un niño de 16 años que había sido capturado y utilizado como soldado por un grupo armado en Ségou, Mali, contó en enero pasado a Amnistía Internacional: “Nos entrenaban para disparar. Antes de los combates teníamos que comer arroz mezclado con un polvo blanco y una salsa con un polvo rojo. También nos ponían inyecciones. A mí me pusieron tres. Luego de esa comida y las inyecciones, yo era como el motor de un auto. Podía hacer cualquier cosa para mis amos. Percibía a mis enemigos como si fueran perros y lo único que tenía en mente era matarlos”. El reclutamiento de niños soldados es una de las razones por las Amnistía Internacional viene trabajando desde hace más de veinte años para la sanción de un Tratado Internacional de Comercio de Armas. Esa norma debe contener cláusulas severas para proteger los derechos humanos, que incluyan la prohibición a todos los gobiernos de transferir armas que corran riesgo de ser utilizadas para cometer actos de violencia contra menores. Tomar parte en conflictos armados roba la infancia de los chicos y los expone a terribles peligros, como también a padecimientos físicos y psicológicos. Además de la tragedia de convertirlos a ellos mismos en perpetradores de abusos contra los derechos humanos, muchos niños soldados son muertos o son víctimas de violación u otro tipo de violencia sexual. La definición internacional aceptada para niño soldado es la de cualquier menor de 18 años que sea reclutado por una fuerza armada o grupo armado para ser utilizado como combatiente, cocinero, mensajero, espía o para propósitos sexuales. No se refiere únicamente a chicos que participen directamente en hostilidades.


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ESTADOS UNIDOS DEBE CERRAR LA CÁRCEL DE GUANTÁNAMO La siguiente nota de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski,

fue publicada el 20 de enero en el diario Tiempo Argentino, en ocasión del comienzo del segundo período presidencial de Barack Obama. Cuando asumió su primer mandato, en enero de 2009, el presidente norteamericano Barack Obama se comprometió a buscar una solución para las detenciones en Guantánamo y a cerrar el centro en el plazo de un año. En ese momento, también ordenó el fin del uso de técnicas de interrogatorio “mejoradas” y de “lugares negros” de aislamiento, por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Sin embargo, luego adoptó el paradigma unilateral y defectuoso de la “guerra global” y admitió el uso de la detención por tiempo indefinido en ese contexto. Ya en 2010, el gobierno estadounidense anunció su decisión de no liberar ni procesar a cuarenta personas y dejarlas, en cambio, en detención militar indefinida sin cargos ni juicio. Ahora, que Obama se apresta a iniciar su segundo período como presidente, es tiempo de que retome su promesa y se comprometa a liberar a los detenidos o someterlos a un juicio justo. Los primeros traslados de detenidos a la base naval estadounidense en Cuba ocurrieron en 2002, hace ya 11 años. Desde entonces han sido enviados allí 779 hombres, la inmensa mayoría de los cuales ha soportado años de reclusión sin cargos ni juicio. A la fecha, permanecen en el centro 166 detenidos, de los cuales casi la mitad son ciudadanos yemeníes. En estos años, nueve detenidos murieron bajo custodia estadounidense, el más reciente en septiembre de 2012. Según las autoridades, siete de las muertes fueron suicidios, mientras que dos se debieron a causas naturales. Doce detenidos de Guantánamo tenían menos de 18 años cuando fueron recluidos. Siete hombres han sido declarados culpables ante una comisión militar, cinco de ellos en virtud de acuerdos anteriores al juicio según los cuales se declararían culpables a cambio de la posibilidad de salir de la base. Seis detenidos se enfrentan actualmente a la posibilidad de ser condenados a muerte tras juicios ante comisiones militares que no se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos. Los seis fueron objeto de desaparición forzada antes de su traslado a Guantánamo y, entre otros abusos, dos fueron sometidos a una técnica de tortura denominada “water-boarding”, ahogamiento discontinuo que en la práctica constituye un simulacro de ejecución. El gobierno de Obama responsabiliza al Congreso por no haber podido cerrar el centro de detención de Guantánamo debido al repetido bloqueo para el cumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos en este contexto. Sin embargo, el presidente firmó la entrada en vigor de la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional, a pesar de criticar las disposiciones contenidas en ella que volvían a oponer obstáculos a la resolución de los casos de detenidos en Guantánamo. En diciembre, el juez militar que presidía el juicio sobre los atentados del 11-S firmó una orden de protección para impedir la revelación de esa información durante las actuaciones, supuestamente por motivos de seguridad nacional. La información relativa a graves violaciones de Derechos Humanos o del derecho internacional humanitario nunca debe mantenerse en secreto por razones de seguridad nacional. Más adelante en el mes está previsto que continúen en Guantánamo las actuaciones previas al juicio en las seis causas. Los juicios ante comisiones militares o la ausencia de rendición de cuentas y reparación por los abusos cometidos por personal estadounidense en el pasado, que incluyen los delitos de derecho internacional de la tortura y la desaparición forzada, son incompatibles con la defensa de los Derechos Humanos. El 16 de octubre de 2012, un tribunal de apelaciones estadounidense anuló la sentencia condenatoria dictada por una comisión militar contra uno de los dos detenidos en cuyos casos no hubo acuerdo previo al juicio y que, por tanto, fueron juzgados, pues halló que “apoyo material al terrorismo” no era un crimen de guerra en el derecho estadounidense en el momento de la presunta conducta por la que fue procesado con arreglo a la Ley de Comisiones Militares de 2006. La amplia aceptación del paradigma de “guerra global” por las tres ramas del gobierno federal estadounidense, el encubrimiento de oficiales mediante disposiciones sobre inmunidad y el hecho de que siga utilizándose la clasificación como material secreto han propiciado también el bloqueo de las medidas de rendición de cuentas y reparación por los abusos cometidos en Guantánamo, en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA y en otros lugares. Estados Unidos debe reconocer y aplicar los principios internacionales de Derechos Humanos. Todos los detenidos de Guantánamo deben ser liberados de inmediato en países (entre ellos, Estados Unidos potencialmente) que respeten sus Derechos Humanos, a menos que se presenten contra ellos cargos penales reconocibles y sean juzgados con las debidas garantías por tribunales civiles ordinarios.


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REDES SOCIALES Y SITIOS WEB www.twitter.com/aiargentina Cantidad de seguidores al 17/12/2012: 2.600

Total de Tweets al día 17/12/2012: 1.819

Cantidad de seguidores al 28/03/2013: 3.116

Total de Tweets al día 28/03/2013: 2.014

Se viralizó el contenido de noticias internacionales y acciones urgentes a diario, así como de acciones de junta de firmas para campañas locales e internacionales. Para referencias gráficas: http://tweetstats.com/graphs/aiargentina

www.facebook.com/Amnistiainternacionalargentina 1114 Nuevos usuarios seguidores representando un aumento del 11,85%

Cantidad de seguidores al 17/12/2012: 8.281

Cantidad de seguidores al 28/03/2013: 9.395 USUARIOS ACTIVOS CADA MES

DATOS DE ACCESO Y VISUALIZACIÓN DEL FANSITE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA

SITIO WEB La totalidad de visitantes únicos desde Enero de 2013 hasta Marzo de 2013 resultó de 19.728


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MEMBRESÍA Cantidad de miembros Podremos encontrar un aumento entre la cantidad de miembros respecto del año 2012 y la actualidad Luego de la actualización de los datos de membresía (bajas y modificaciones), en el año 2013 existen 426 personas activas.

Año 2012 420 Año 2013 426

NUESTRA ORGANIZACIÓN Y LOS MEDIOS La campaña a favor de que el Congreso vuelva a discutir la despenalización del aborto, la posición acerca del memorándum de entendimiento que el gobierno argentino firmó con Irán por la causa AMIA, la Conferencia final en Nueva York sobre el Tratado de Comercio de Armas, el lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Tortura, el caso Marita Verón, la situación de los derechos humanos en la cárcel de Guantánamo, la situación social y jurídica de las mujeres en el mundo y el conflicto armado en Mali fueron los temas por los que Amnistía Internacional apareció en la prensa escrita, radios, TV y sitios de internet en lo que va del año. El trato ha sido siempre neutro, lo que pone de relieve el prestigio que tiene Amnistía Internacional y el peso de sus pronunciamientos, aun cuando no coincidan con la línea editorial del medio que los publica. Las apariciones radiales incluyeron notas de la directora ejecutiva de AI Argentina con programas de Radio Continental (Nelson Castro), Radio del Plata (Marcelo Zlotogwiazda), Radio Nacional (Roberto Caballero), Radio América, FM Milenium, Radio Universidad Nacional de Rosario, Radio En Tránsito (Castelar), Radio Cooperativa, Radio Mitre de Córdoba, FM Identidad y Radio de la Universidad Abierta Interamericana. En TV, hubo apariciones en Canal 7, C5N y 360TV. En cuanto a prensa escrita, Amnistía Internacional tuvo apariciones tanto en los principales diarios nacionales que se editan en Buenos Aires (Clarín, Página/12, La Nación, Tiempo Argentino, Perfil, Ambito Financiero) como en diarios del interior del país (como La Gaceta de Tucumán o La Voz del Interior).


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CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA TORTURA

Amnistía Internacional Argentina es una de las organizaciones no gubernamentales que está participando este año en la Campaña Nacional contra la Tortura, junto a instituciones estatales y organismos internacionales.

La tortura continúa arraigada solapadamente en cárceles y ámbitos institucionales dedicados a niños, niñas, adultos mayores y a la salud mental. Hacer visible esta práctica que viola los derechos humanos es el objetivo de la Campaña, para la cual la elección del año no fue casual: el 2013 marca el bicentenario de la abolición de la tortura, por disposición de la Asamblea del Año XIII. Desde entonces se han adoptado numerosas herramientas legales destinadas a prohibirla y prevenirla, La campaña consiste en diversas acciones de difusión, capacitación y educativas, a cargo de las instituciones y organizaciones participantes. El eje será el Congreso Internacional contra la Tortura, que se desarrollará el 6 y el 7 de junio en la Biblioteca Nacional, con la presencia de expertos nacionales e internacionales. Las actividas en las que participará Amnistía Internacional son las siguientes: Jornadas de concientización sobre la persistencia de la tortura para alumnos de colegios secundarios. El 19 de marzo comenzaron estas jornadas, con alumnos de 2º y 3º de la Escuela Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desayuno con periodistas. Los medios de comunicación constituyen una herramienta central a la hora de visibilizar, sensibilizar y educar acerca de la persistencia de la tortura en Argentina. Es por ello que se convocará a periodistas que trabajan y cubren el tema, con el objetivo de reflexionar acerca de esta práctica, compartir datos y estadísticas sobre la tortura en el territorio nacional, analizar estos datos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en esta materia y generar un intercambio acerca del modo en que se pueden involucrar a los medios de comunicación en este debate.

Martín Fresneda, Secretario de DDHH

Campaña pro bono con Young. La agencia de publicidad, una de las más importantes de Argentina, ofreció acompañar a AIAR con una propuesta creativa para la Campaña Nacional contra la Tortura. Feria del Libro. AI participará de las distintas actividades de la Feria del Libro destinadas a la Campaña. Estará presente con materiales educativos tanto gráficos y audiovisuales para dar a conocer el trabajo de AI en Argentina y el mundo. AI participará en la producción de publicaciones que reúnen los estándares internacionales en la materia y la situación de Argentina frente a la instancias internacionales de derechos humanos.

Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación

La directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski


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Argentina aceptó recomendaciones sobre Derechos Humanos en la ONU Argentina aceptó en términos generales las recomendaciones que más de 60 países le hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo interestatal de Naciones Unidas, por el cual los Estados se vigilan recíprocamente sobre su política de derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la violencia de género; la tortura y condiciones carcelarias en el país; la situación de los pueblos indígenas y de la población migrante; la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública fueron algunos de los temas señalados en las 119 recomendaciones, aceptadas en su mayor parte por Argentina, en un documento presentado ante el Consejo en la sesión del 13 de marzo. Fue la segunda presentación de Argentina en el EPU, al que todos los países deben someterse cada cuatro años. En esa sesión realizada en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional hizo uso de la palabra y lamentó que aún existan provincias en la Argentina que niegan el derecho al aborto no punible. La organización recordó que hace ya un año la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las mujeres embarazadas como producto de una violación deben tener acceso al aborto legal y seguro sin necesidad de autorización judicial. Además, remarcó que Argentina continúa integrando la lista de países que criminaliza el aborto y por ello invitó al Congreso de la Nación a incorporar en la agenda legislativa de 2013 un debate democrático y plural sobre la despenalización del aborto en el país, para evitar los elevados índices de mujeres que mueren o ponen en riesgo su salud por someterse a prácticas clandestinas e inseguras. Amnistía también llamó la atención sobre la situación de las comunidades indígenas en Argentina, que continúan sufriendo amenazas de desalojo, pese a la prohibición establecida por una ley hasta noviembre de 2013, en espera de que se complete un estudio sobre la propiedad de los territorios. Amnistía reclamó en particular por la situación de la comunidad “la Primavera” del pueblo Toba Qom de la provincia de Formosa, que, a través de su dirigente Félix Díaz, lleva adelante su lucha por el territorio ancestral, el derecho al agua, la salud, educación y cultura de su pueblo. También reparó en los ataques directos de parte de agentes particulares y autoridades estatales que han causado lesiones y hasta la muerte de miembros de comunidades indígenas. Por última, Amnistía celebró que Argentina haya aprobado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura (MNPT) a nivel federal y alentó a la pronta implementación de esta ley y de conformidad con los principios y reglas internacionales. Pocos días después de que finalizara el proceso en Ginebra, el 19 de marzo, Amnistía Internacional participó en Buenos Aires en una jornada informativa y de intercambio sobre los resultados del EPU. Ese encuentro fue convocado por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derec hos Humanos.

Más derechos económicos, sociales y culturales El 5 de mayo entrará en vigencia en la Argentina y otros nueve países el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC). Gracias a esa herramienta, las personas que sufran violaciones a sus derechos a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, trabajo, seguridad social, a la educación, al agua potable, puedan reclamar justicia a la ONU, en forma individual o colectiva, cuando los gobiernos locales no cumplan en garantizar esos derechos. El 5 de febrero, Uruguay aportó la décima y crucial ratificación del Protocolo, lo que permite su entrada en vigencia tres meses más tarde. Los otros nueve países que lo han ratificado hasta ahora son Argentina (el 24 de octubre de 2011), Bolivia, BosniaHerzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia y Portugal. Amnistía Internacional viene haciendo campaña durante los últimos ocho años ha hecho campaña a favor del Protocolo y está pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que lo ratifiquen. Amnistía Internacional es una de las organizaciones no gubernamentales que integra la Coalición para un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. El 13 de marzo, Amnistía fue una de las organizaciones que celebró la décima ratificación junto a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y un grupo de países que han ratificado el instrumento internacional (Grupo de Amigos del Protocolo) con un evento paralelo, en Ginebra, durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El PF-PIDESC brinda la posibilidad de que un panel independiente e internacional de expertos –el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– examine los reclamos de aquellos que hayan sufrido violaciones, una vez que hayan agotado todas las instancias domésticas, defina si ha ocurrido una violación y emita las recomendaciones que estime necesarias. El Protocolo también incluye un mecanismo de investigación, que habilita al Comité a investigar, reportar y hacer recomendaciones acerca de “violaciones graves o sistemáticas” de los DESC.


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Entre el 14 de febrero, Día de San Valentín, y el 8 de marzo, Día Internacional del la Mujer, lanzamos en Argentina la campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos”. Se trata de una iniciativa global de Amnistía Internacional, cuyo objetivo es que se protejan los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes, en especial las mujeres jóvenes y las adolescentes. El lanzamiento se hizo a través de las redes sociales, con el acompañamiento de muchos activistas. “Mi Cuerpo, Mis Derechos” se suma a la campaña que Amnistía Argentina lanzó el 29 de noviembre de 2012, tendiente a que el Congreso Nacional vuelva a discutir durante 2013 la despenalización del aborto. En los primeros meses del año se hicieron una cantidad de acciones de calle, con la generosa ayuda de más de 25 activistas, que tuvieron como objetivo recolectar firmas en apoyo al reclamo. Nuestra campaña ya superó las 5.500 firmas de personas que le piden a los legisladores nacionales que asuman su responsabilidad y abran un debate serio y democrático sobre la despenalización del aborto, como lo exigen tratados internacionales y como se lo han señalado incluso varios países a la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestra organización también está lanzando un proyecto de opinión pública, que consiste en una encuesta a través de la cual se les va a preguntar a diputados y senadores nacionales su posición sobre esta cuestión. La información se hará pública, incluidos los nombres de aquéllos que decidan no responder. Otra iniciativa muy exitosa en la internet fue el Quiz en Derechos Sexuales y Reproductivos. Fue un cuestionado realizado a través de una plataforma digital, entre el 18 de febrero y el 12 de marzo. En ese período 321 personas respondieron las preguntas, la mayoría de ellas correctamente. Las preguntas fueron compartidas online y fueron enviadas por e-mail con más información a aquéllos que respondieron el cuestionario. ¿Qué es la CIPD? Hace casi 20 años se realizó la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), en la cual los gobiernos se comprometieron a situar los derechos humanos, las necesidades de las personas jóvenes y el fortalecimiento de las mujeres en un lugar central de las políticas sobre población y desarrollo. A pesar de ellos, hoy, muchas de las 1.800 millones de personas jóvenes que pueblan el mundo siguen luchando por acceder a la información, la educación sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan para tener una vida segura y saludable. Justamente la campaña Mi cuerpo, mis derechos pide a los gobiernos y los organismos de la ONU que cuando, en 2014, con motivo del 20 aniversario de la adopción del Programa de Acción de la CIPD, revisen los compromisos formulados en él, protejan los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes, en especial las mujeres jóvenes y las adolescentes. Hemos estado trabajando intensamente con el foco puesto en tejer alianzas con otras organizaciones locales para avanzar en nuestros planes de campaña. Junto a La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (http://www.rajap.org), la Fundación Huésped (http://www.huesped.org.ar) y la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (http://www.rednacadol. org.ar/) estamos planeando distintas actividades con la que buscaremos involucrar a los jóvenes en CIPD+20. Algunas de ellas son: --Participaremos en mayo en la Conferencia sobre Salud Integral Adolescente, organizada por la Sociedad Pediátrica Argentina. Nos han ofrecido tomar parte, tanto para comunicar e informar al público acerca del proceso de CIPD+20 como para compartir nuestros planes y actividades junto a organizaciones juveniles. --Estamos planeando un evento para jóvenes, específicamente acerca de salud y derechos sexuales y reproductivos. El objetivo principal del encuentro será informar acerca del proceso de CIPD+20 con un foco específico en construir conocimiento y capacidad para reclamar y defender los derechos. Otra meta importante del evento será la de fortalecer los contactos entre las redes de jóvenes que están trabajando en temáticas similares pero tienen dificultades para trabajar en conjunto. --Además tenemos la idea de realizar un evento específico antes de la Conferencia Regional CIPD de Montevideo, dirigida a líderes juvenieles que estarán participando en la Conferencia. Nuestro objetivo es convertir a los activistas juveniles en actores de presión importantes a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

WWW.AMNISTIA.ORG.AR/ABORTO


DESAFIOS CUMPLIDOS El boletín que hoy presentamos recopila y describe las actividades realizadas por Amnistía Internacional Argentina (AIAR) entre enero y marzo de 2013.

Un año atrás hablábamos acerca de los desafíos de AIAR de cara al futuro y entre ellos mencionábamos la necesidad de diversificar la agenda temática, balanceando lo internacional y lo local. Hacíamos una reflexión respecto a la importancia de posicionar los temas y problemáticas de derechos humanos de Medio Oriente y Norte de África en línea con el trabajo que todo el movimiento viene realizando en este sentido. Manifestábamos la necesidad de trabajar para lograr un Tratado sobre Comercio de Armas y compartíamos la preocupación por la falta de presencia y trabajo a nivel local. Nuestro objetivo era multiplicar nuestra voz en los debates públicos de modo de aumentar la incidencia en la definición de políticas públicas, a favor de la defensa de los derechos humanos. En estos meses hemos obtenido los frutos de muchos años de trabajo, tanto desde el movimiento internacional como de esta sección en particular. El 2 de abril se aprobó casi por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Tratado de Armas. Uno de sus principios fundamentales es la prohibición de transferir armas convencionales entre países si existe el riesgo de que vayan a ser utilizadas para cometer o facilitar genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Hemos logrado que el gobierno argentino adhiera al reclamo de que la grave situación de violación de derechos humanos en Siria sea remitida a la Corte Penal Internacional. También conseguimos, con un trabajo de incidencia agresivo, que Argentina aceptara todas las recomendaciones que los Estados han hecho a nuestro país ante el Consejo de de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Hemos consolidado e intensificado nuestra tarea a nivel local en distintos espacios. Apostamos a generar un trabajo de ayuda específica a reclamos de víctimas. En tal sentido y siguiendo un trabajo iniciado años anteriores con la comunidad Qom, estamos acompañando a Felix Diaz en su reclamo ante las autoridades y estamos monitoreando el compromiso que el gobierno ha asumido en torno a los problemas de derechos humanos que enfrenta su comunidad. Por otro lado, estamos colaborando con los abogados de Susana Trimarco para obtener verdad y justicia en el caso de Marita Verón. También lanzamos la campaña “Mi cuerpo mis Derechos “, que en Argentina hace énfasis en la necesidad de despenalizar el aborto , como lo exigen los tratados internacionales de derechos humanos y varios comités de Naciones Unidas que han llamado la atención a la Argentina por los altos índices de mortalidad materna como consecuencia de abortos realizados en condiciones inseguras o de modo clandestino. En alianza con la Defensoría General de la Nación, el INADI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), El Centro Internacional de Estudios Políticos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Procuración General de la Nación entre otros, hemos lanzado la campaña Nacional contra la Tortura. En términos institucionales, hemos mejorado nuestros sistemas de envíos masivos y nuestro sistema de gestión de socios. Hemos construido e instalado una base de más de 4500 contactos para la organización. En una estrategia de acercar la organización a actores clave, generar alianzas de trabajo y colaboración y posicionar a Amnistía Internacional y su nueva estrategia institucional, hemos generado una agenda de reuniones con 1500 actores clave. En este marco hemos tenido reuniones con legisladores, formadores de opinión, académicos, funcionarios públicos, líderes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Hemos incrementado nuestros seguidores en redes sociales y nuestra membresía. El 2012 ha sido un año de transición, con un nuevo equipo de trabajo. La transición ha sido muchas veces difícil, pero siempre coordinada. Esto fue posible en gran medida gracias al apoyo incondicional de la Comisión Directiva, que acompañó y apoyó este complejo proceso. Mariela Belski Directora Ejecutiva


Boletín Membresía Enero-Marzo 3