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C A R TA A B I E R TA

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¿AIRES DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN? Una vez más, somos optimistas sobre la relación entre los poderes del Estado. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que finalmente se mejore el contenido de las agendas y las discusiones, y se logre tomar mejores decisiones con más celeridad.

barrera burocrática a la imposición de un plazo de 121 días para poder tramitar un estudio de impacto ambiental, y en la intromisión del Congreso en la determinación de las tarifas por regulación en los procesos de fusiones y adquisiciones.

A modo de ejemplo, citamos dos casos en los que, consideramos, se ha tomado en cuenta la opinión de todas las partes interesadas antes de llegar a una decisión. En primer lugar, en la modificación de la normativa respecto a la elusión de impuestos, se ha escuchado a los representados del empresariado que reclamaron por la intención de hacer responsables solidarios a los miembros del directorio por tributos eludidos en gestiones anteriores, y por la retroactividad de la norma.

El Poder Ejecutivo debería aprovechar para trabajar en armonía y evitar demoras innecesarias. Esperamos que en esta etapa del quinquenio de este gobierno y Congreso esté marcada por una mayor orientación a la funcionalidad, y un menor entrampamiento por objetivos políticos, y esa es una oportunidad que no debe ser desperdiciada. La imposibilidad de reelegir congresistas surgida del referéndum es una medida con la que discrepamos, pero si algo bueno se puede sacar de eso, es la eliminación del incentivo perverso al populismo para buscar un resultado favorable en la próxima votación.

En segundo lugar, más allá del documento final que se apruebe luego de la discusión de la modificación a la Ley General de Hidrocarburos a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, se entiende que el Ministerio de Energía y Minas contempló las observaciones de las empresas del sector respecto a las ventajas de reajustar las regalías. Asimismo, es importante destacar la voluntad del ministerio para desmentir rumores sobre plazos excesivos, dado que se ha propuesto extenderlos para generar mayores incentivos a la inversión y dar señales de estabilidad.

A PRUEBA

Queda claro que en ambos casos también existe un problema surgido del desacuerdo entre diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, algo a lo que recurrentemente están expuestos los empresarios al momento de llevar a cabo un proceso con el Estado. Esto también se observa en la disposición del Ministerio del Ambiente a apelar la decisión del Indecopi de declarar

En esta línea, confiamos en que las propuestas de las comisiones de las reformas política y judicial sean evaluadas poniendo los intereses del país por encima de los intereses personales. Dicho sea de paso, y aunque aún no está en la agenda, la oportunidad también es propicia para hacer prosperar nuevos ajustes a la normativa laboral, que hoy en día desincentiva la incorporación de nuevos trabajadores a las planillas y el cumplimiento de la totalidad de los beneficios exigidos. Aún hay camino por recorrer antes del final de este gobierno, y debe tomarse las acciones para no perder terreno en una coyuntura económica internacional amenazante, y con unas finanzas públicas que requieren de la inversión privada para que las metas sean alcanzadas.

Los ajustes a la Norma Antielusiva son una señal de apertura por parte del gobierno para tomar en cuenta las preocupaciones del empresariado. La toma de acciones por parte de algunos alcaldes de la ciudad de Lima para enfrentar la informalidad comprueba lo fundamental de la disposición de las autoridades. La oposición del Ministerio del Ambiente a la declaración de barreras burocráticas en el Senace por parte del Indecopi muestra atomización y discrepancia en la administración pública. La demora en el proceso de subasta del Lote 192 es una mala señal para el clima de inversión en el país a nivel internacional.

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Revista CONTACT, Enero-Marzo 2019  

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