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OPINIÓN

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CONVENIO DE CIBERCRIMEN – AVANCE EN UN PERÚ DIGITAL Erick Iriarte* Socio principal de Iriarte & Asociados

La implementación del Convenio de Budapest permitirá que el país propicie una mejor protección contra ataques cibernéticos. ¿Qué implica este proceso? En la Resolución Legislativa 30913, publicada el 13 de febrero de este año, el Congreso de la República ratifica por unanimidad la adhesión del Perú al Convenio sobre Ciberseguridad, también conocido como Convenio de Budapest. Se ha recorrido un largo camino desde que el convenio se firmara el 2001, y desde que se iniciaran esfuerzos en el Perú por adherirnos a este instrumento internacional. El instrumento conjuga tres aspectos importantes: aspectos de derecho penal sustantivo (tipificación de delitos), instrumentos de derecho procesal penal y herramientas de cooperación. Es pues el Convenio de Cibercrimen un instrumento de puntos mínimos regulatorios para poder afrontar, sobre la base de la cooperación internacional, un fenómeno delictivo que tiene a lo transfronterizo como una de sus características.

Segundo, la adhesión exige acciones de desarrollo de capacidades en operadores de cumplimiento normativo (jueces, fiscales y policías). A esto se añade a una tercera acción, que es el establecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, y los oficiales 24/7 para recibir, requerir y compartir información con los otros países que forman parte del convenio. Implicancias del convenio

Acciones requeridas

¿Pero cuál es la relevancia de la firma de este convenio? La fundamental es que el Perú completa un proceso para entender que el ecosistema digital está entrelazado a nivel global y no solamente se deben desarrollar soluciones “islas”, sino entender el contexto internacional. También es un reconocimiento al esfuerzo de diversas entidades de adoptar mínimos regulatorios coincidentes a nivel internacional y descartar soluciones que no entienden el ecosistema digital.

Esta adhesión nos exige diversas acciones. Primero, acciones regulatorias: a) la necesaria revisión de la legislación penal informática del Perú (no solo la –mal llamada–) ley de delitos informáticos, sino también el DL 1182 y el DL 1338, y sus normas de desarrollo), b) el desarrollo de la normativa sobre informática forense, y c) el desarrollo normativo de una legislación armónica en materia de ciberseguridad.

Es también importante señalar que la adhesión se hizo en el marco de las mesas de dialogo de la Comisión de Defensa del Congreso de la República en materia de ciberdefensa y ciberseguridad, que desde su primera sesión requirió la imperiosa ratificación de la adhesión del Perú al Convenio de Budapest. El presidente de la comisión, Jorge Del Castillo, tomó como propio el tema, y logró la ansiada adhesión.

Coincide además la adhesión al Convenio de Cibercrimen con lo expresado en la Política de Estado 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la Información. Es decir, es parte de una política de estado en la construcción de un Perú digital. El ecosistema digital entonces cuenta ya con una norma general de cibercrimen. Se está trabajando una propuesta de ciberdefensa, pero queda pendiente las normas sobre ciberseguridad y de Informática forense. De todos modos, se abren desde ya los instrumentos de cooperación pera la persecución el delito. Esto significa también que se abre una posibilidad para el desarrollo de una industria de servicios de ciberseguridad, de informática forense y de seguros en materia digital. Por último, cabe notar que como parte de la agenda internacional, queda pendiente el establecimiento de un ente articulador en materia digital, una agencia de sociedad de la información. Asimismo, falta adherirnos al Convenio 108 de Protección de Datos Personales (también del consejo de Europa), establecer una Agenda Digital 3.0 y, sobre todo, entender que el fenómeno digital no es “tema aparte”, sino transversal a todos los procesos sociales.

* Los artículos de opinión incluidos en esta revista reflejan el punto de vista de sus autores, y no necesariamente coinciden con la posición de la Cámara

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Revista CONTACT, Enero-Marzo 2019  

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