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El lío del parque Farallones Otro caso de pelea de tierras en Cali es el del parque Farallones. En este caso hay un estudio del Ministerio de Ambiente, en revisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el que se analiza la posibilidad de corregir irregularidades con predios, que terminarían con la revocatoria de registro y escrituras de varios de ellos.

El pasado 3 de mayo, en un informe firmado por la funcionaria Nubia Lucía Wilches, del Ministerio de Ambiente, la autoridad ambiental indicó que hay un convenio interadministrativo para estudiar el tema y “realizar las acciones pendientes a invalidar las inscripciones ilegales de predios y posterior registros a favor de la nación”.

El propio superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, reconoció que existe dicho informe y que, por ahora, es prioridad para su despacho. “Apenas está en revisión y debe pasar a manos de los ministros de Ambiente y Justicia. Hay que revisar unas cifras que no cuadran. Todo indica que allí sí hay mucho problema”, señaló.

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Minambiente y Supernotariado revocarían registros de predios ilegales en el parque Farallones.

Investigación

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lío jurídico en Cali

¿Cancha de golf o parque ALEXÁNDER MARÍN CORREA La sede del Club Campestre de Cali, donde se reúne la alta sociedad vallecaucana, es epicentro de una gran polémica: de las 125 hectáreas registradas a su nombre, PERIODISMO INVESTIGATIVO DE EL ESPECTADOR expertos y exfuncionarios señalan que 90 de ellas son del municipio. Pese a que la denuncia lleva años rondando la capital del Valle, el único que le metió diente al asunto fue el exalcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, quien expidió una resolución para recuperar la propiedad. Sin embargo, la administración de Rodrigo Guerrero la echó para atrás y el pleito quedó en el limbo. Al margen de esta contradicción, se desprende otro lío para la Alcaldía de Cali. Los estudios que sustentaron la decisión revocada los hizo un abogado externo, que fue contratado para denunciar bienes municipales en manos de particulares a cambio de unos honorarios del 20% del valor del predio que se lograra recuperar. El profesional en derecho dice que cumplió con su tarea y que, independientemente de que la administración quiera o no recuperar el bien, alguien le tendrá que pagar. El conflicto se concentra en dos propiedades: las haciendas La Buitrera y San Joaquín, que hasta 1940 fueron de Elodia Vásquez de Posso, quien le vendió la primera al Estado (que luego la cedió al municipio) y la segunda al Club Campestre. Hoy, casi 70 años después y en medio de escrituras y registros que se contradicen, hay confusión sobre el lindero de las

propiedades y cómo ponerle fin al pleito. Por eso, la actual administración dice que esto lo debe resolver la justicia ordinaria. Quien sacó a la luz la presunta usurpación de tierras fue el ingeniero Claudio Borrero Quijano, experto en bienes ejidales o de uso público, quien tras un riguroso estudio histórico de títulos concluyó que los ocupantes originales de esos predios no cumplieron una sentencia de 1848, que ordenaba a las familias que se apropiaron de bienes públicos devolver la tercera parte al municipio. “Estas propiedades nunca tuvieron la división ejidal y surge la confusión”, dijo Borrero, y agregó que debido a esto el predio es una cancha privada de golf y no un parque público. En las últimas décadas, ninguna autoridad local se metió con este asunto. Sin embargo, el exalcalde Jorge Iván Ospina, atendiendo la teoría del ingeniero Borrero Quijano, emprendió la tarea de recuperar el predio y contrató a un abogado externo para que iniciara los trámites, quien documentó que existían errores en la inscripción catastral de los linderos del predio del Club Campestre, por lo que éste estaba ocupando tierras del municipio. Tras analizar el estudio, la administración de Ospina determinó que al tratarse de un error de re-

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Decirles que el sitio donde juegan golf es del municipio es casi una herejía, pero había que hacerlo”.

Jorge I. Ospina, exalcalde de Cali

Zona en disputa Más de la mitad del predio donde funciona el Club Campestre de Cali es zona de disputa, por dudas en su lindero. La zona resaltada es la que la anterior administración dice que es un predio de uso público, que correspondería a la hacienda La Buitrera, propiedad de la Alcaldía.

Paso Ancho

¶ Discusión por tierras que serían de los caleños y están en manos del Club Campestre. Ingeniero de Cali, experto en tierras de uso público, insiste en que son del municipio.

Club Campestre de Cali 200 m

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HACIENDA SAN JOAQUÍN

HACIENDA LA BUITRERA Lili Río

gistros y no de un asunto de doble titulación, la tarea de recuperar la propiedad era competencia de la Alcaldía y no se debía acudir a la justicia ordinaria. El pasado 30 de diciembre, un día antes de dejar su cargo, la oficina de catastro expidió una resolución que cancelaba la inscripción catastral del predio del Club Campestre, ordenaba corregir los linderos y restituir casi 90 hectáreas a la Alcaldía. Los socios del club, como era de esperarse, apelaron, argumentando que la Alcaldía había usurpado funciones que eran de los jueces, apelación que coincidió con la llegada del actual alcalde, Rodrigo Guerrero. Según Elciario Díaz, gerente del Club Campestre, las escrituras no han sido tachadas de falsas, por lo que gozan de presunción de legalidad, además, no entregarán un centímetro de tierra sin la orden de un juez.

La semana pasada, la oficina de Catastro, ahora a cargo de la funcionaria Sandra Samacá, revocó la resolución argumentando que entre las funciones de esta oficina no estaba la de solucionar conflictos de linderos y que la discusión debía hacerse ante la justicia. C o n t rove r s i a s Ante este choque, el exalcalde Jorge Iván Ospina explicó que tomaron la decisión porque encontraron evidencias de que el Club Campestre extendió unilateralmente sus linderos, ocupando bienes del municipio, y que la propiedad debía recuperarse. “Sé que enfrentarse al club es como pelear con Dios. Allá están los que toda la vida han administrado la ciudad, y decirles que el sitio donde juegan golf es del municipio es casi una herejía, pero había que hacerlo”, indicó.

En cifras

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250.000 millones de pesos podría costar el lote que está en disputa entre el Club Campestre de Cali y la Alcaldía Municipal.

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hectáreas, de las 125 que tiene el club social, son las que están en disputa, por el incumplimiento de una sentencia que data de 1848.

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32 Opinión ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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Incólumne DHARMADEVA

SANTIAGO DE CHILE Mi estimado editor: Permítame explicarle por qué en esta quincena no puedo escribir una columna. Como usted calcula, para poder tener algo listo para el martes, la mente comienza sus planes de escritura alrededor del jueves anterior. Primero se presenta el desfile de temas en la mente y comienzan las preguntas: ¿Qué tal escribir, por ejemplo, sobre los carros viejos que se tragan los ahorros de los pobres en arreglar el mofler, el chiflay, el sapo de la barra, el táimer, los empaques del rilay y las conexiones vetustas del soporte del bloque? No. Demasiado prosaico. ¿Escribir entonces sobre el porqué nadie cumple su palabra, sobre lo banal que se ha vuelto hacer una promesa, sobre el deterioro del lenguaje que nos tiene hablando en monosílabos como marik uón y

DE LABIOS PARA AFUERA

EL ESPECTADOR super mal, me entiende? No. Requeriría incluir una investigación sobre el lenguaje, sobre la Palabra de Dios, sobre los mantras o palabras de poder y, con el viaje encima, ya no hay tiempo. ¡Ah! Ya sé… escribir sobre el significado de las flores, esa pequeña ciencia del romántico criollo que conocía el lenguaje de rosas y azahares, de claveles y lirios para decirle bellezas a la amada. Lindo tema, sin duda, pero cursi. Y así se van las horas. Pues se me llegó el viernes y tuve que tomar un avión para Santiago. Tenía mucha esperanza de que entre las tres horas de espera en El Dorado y las cinco del vuelo entre Colombia y Chile, la columna cuajara para poder sentarme de un tirón el sábado. Pero las salas de nuestro aeropuerto están invadidas por la peor televisión del mundo, con parlantes a volúmenes atroces. Los niños de la pareja autista que se me sentó al lado, uno apenas gateando y otro ensayando sus primeros pasos, se fascinaron misteriosamente con mis piernas y las usaron de túnel, de muleta, de poste para miar, de coloso de Rodas para pasar sus barcos por el medio. Y como cometí el error de sonreírles al principio del juego, les pareció normal y diver-

tido amarrarme y desamarrarme los zapatos. Los padres estaban ocupados; ella se veía absorta con un enorme paquete de crispetas que masticaba con toda parsimonia, y él con un libro de autoayuda del que no despegaba los ojos ni con los alaridos nerviosos de sus hijos cuando reptaban felices por el tapete sucio y por entre mis piernas. Perdí pues este tiempo. Después vino el avión y cinco horas de horrible turbulencia que ni siquiera permitió la cena, o el consuelo del vino, y el cerebro en esa coctelera monstruosa del Airbus, no pudo producir ninguna idea. Ayer era el momento de escribir, una vez que pasara la fatiga del aire reciclado del avión y el dolor de los ojos de ese vuelo nocturno que fue insomne. Una vez más, el cosmos conspiraba y no había internet en el hotel, mi portátil se trabó con la actualización de Windows 7 que me hacía “finalizar el programa ahora” o “cancelar” y con las dos opciones me cerraba Word office sin remedio, y la primera frase genial de la columna se borraba del programa sin dejar un rastro. Así que me disculpa, y le prometo que la próxima quincena produzco algo brillante.

Betto

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El objetivo era generar polémica constructiva”. Jaime Ruiz Barrera, general, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), quien explicó a la opinión pública que son inofensivos los mensajes cruzados entre el general Eduardo Santos Quiñones y el mayor Jorge Galvis Noyes, divulgados el viernes por Canal Capital, en los que proponen remover del cargo al presidente Santos, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones. El general Barrera ya salió a aclarar que de ninguna forma se está fraguando un golpe de Estado.

¿Sigifredo?

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El buen nombre se gana RAFAEL ORDUZ

EL PASADO 24 DE ABRIL ESCRIBÍ EN este espacio acerca del uso de nombres amigables alrededor de algunas explotaciones mineras problemáticas y mencioné casos de México (El caballo blanco), Perú (Yanacocha) y Colombia, acerca de la que dije: “Colombia no se queda atrás. Otra canadiense, Greystar Resources, que buscaba violar la ley con explotaciones en terrenos de páramo de prohibida explotación (Santurbán), también acudió al marketing de los nombres: ahora es Eco Oro…” (EE, 24/4/12). Recibí, de parte del representante legal de Eco Oro, Ómar David Ossma Gómez, solicitud formal de rectificación en tanto que se considera que se afecta el buen nombre de la compañía. El argumento principal consiste en que “Greystar Mineral Resources no sólo cambió de nombre. Se generó

una transformación de identidad corporativa y de filosofía, de la cual el nombre Eco Oro Minerals Corporation surge como consecuencia de ese cambio. La compañía nace después de los eventos sucedidos en 2011 y que son ya conocidos por parte de la opinión pública, a partir de un profundo proceso de reflexión y estudio por parte de sus nuevos accionistas controladores, sobre de (sic) las preocupaciones e inquietudes de las comunidades y en general de todos los actores interesados en este proyecto de minería”. Por las siguientes razones no encuentro razón para rectificar: Primero, según la Corte Constitucional hay deber de rectificación cuando hay falsedad en supuestos fácticos y no sobre la opinión misma. Cierto es que Greystar promovió la explotación minera en el páramo de Santurbán pese a ser zona excluida por la ley (L1382/10), como cierto es que hubo cambio de nombre. Lo demás es mi interpretación, es decir, mi opinión. La libertad de opinión es un valor fundamental en un Estado pluralista y democrático, con mayor razón cuando se trata de interés público, como es en este caso, del agua

y el medio ambiente (C-422/11). Cuando el titular del derecho es una persona pública, está sujeto, legítimamente, a mayores controles sociales, incluidos los de opinión (C-417/09). Segundo, en su escrito la empresa alude a un cambio en la cultura corporativa, que se traduce en que “…la compañía está estructurando el nuevo proyecto bajo la premisa de no intervención en el páramo“. ¿Por qué —pregunto— en marzo de 2012, con nuevo nombre corporativo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del Ministerio del ramo, advirtió que “…detendrá la exploración de oro que cinco empresas adelantan en el páramo de Santurbán”, entre las que se encontraba Eco Oro? “Frank Pearl, ministro de Ambiente, ha explicado que esas exploraciones se detendrán porque nunca podrán superar o acceder a una futura fase de explotación (etapa que requiere licencia ambiental), por estar situadas en zona de páramo”. (El Tiempo, 8/3/12). Una nueva cultura corporativa es abierta, promueve el debate público y se gana su buen nombre (T-228/94). (Entre otras, a riesgo de equivocarme, no encontré página web en español, http://www.eco-oro.com).

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Ejidos, ¿solución a falta de tierras? Mientras el Gobierno busca tierra para sus planes de vivienda, hay un ingeniero en Cali que parece tener la solución. Claudio Borrero Quijano se ha dedicado a estudiar el caso de los bienes ejidos o de uso público en manos de particulares. Dice que estos predios serían solución para cubrir el déficit. La viabilidad de su propuesta la basa en

tres normas: el artículo 1° de la Ley 41 de 1948, que señala que los terrenos ejidos no están sujetos a la prescripción; el artículo 168 del Decreto 1333 de 1986, que reza que estos bienes se deben usar para vivienda, y el artículo 2° de la Ley 32 de 1929, que dice que sólo se podrán destinar al beneficio de las clases pobres.

Cartas de los lectores

Si es verdad, qué horror; si es mentira, qué horror Entre los hechos más desconcertantes de los últimos tiempos en Colombia está el caso del exdiputado del Valle Sigifredo López. En el editorial de El Espectador del domingo 20 de mayo se resume y se aborda con mucha serenidad, pero sobre todo con la dignidad que merecen la familia del imputado y todas las familias de los diputados asesinados, porque entre ellos se habían establecido sinceros lazos de fraternidad, solidaridad y apoyo. En general, la prensa nacional en sus diferentes dimensiones ha adoptado esta actitud, pues es muy difícil irse en contra o estar a favor, mientras no haya un pronunciamiento contundente de parte de la Fiscalía, que ahora más que nunca se juega su credibilidad frente a todo un país. Si es verdad qué, horror; si es mentira, qué horror. Una de estas dos hipótesis es la que debe probarse sin rodeos. Aquí no cabe un término medio, porque dejar la duda sería mucho más desconcertante de lo que ya tenemos ahora. Si todo se confirma, como ya lo señaló una familiar de los diputados asesinados, que le caiga todo el peso de la ley, que la psiquiatría estudie el caso para identificar otras actitudes similares, que se proteja a la familia López. Pero si todo resulta una falsa alarma, un error o una posición amarillista, que se pida no unas simples y llanas disculpas, no, sino perdón con mayúsculas y con el mismo despliegue que ha tenido la noticia en todos los medios de comunicación. El caso de Sigifredo López no debe dar lugar a otras suposiciones, como las que hizo Navarro Wolff. Por más que él tenga una apreciación más fundamentada, no deja de ser una suposición y el camino al infierno también está lleno de suposiciones. La justicia y la Fiscalía son las llamadas a erradicar cualquier duda y afirmar y reafirmar lo que, justamente, encuentre. Es la hora de la verdad para este caso y otros que no tienen tanta divulgación.

Ana María Córdoba Barahona. Pasto. Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

“Se debería crear una ley que le otorgue a los alcaldes facultades para recuperar y desarrollar terrenos baldíos y ejidales. Además, en la discusión de las 100 mil casas gratuitas, se debería ordenar a los alcaldes actualizar su inventario de tierras baldías y ejidales en manos de particulares, para que procedan a recuperarlas”, concluyó. Claudio Borrero Quijano.

Si tiene comentarios o información sobre este tema u otros por favor escríbanos a jamarin@elespectador.com Twitter: @alexmarin55

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Gráfico El Espectador

Por su parte, el abogado Jarvey Rincón Ríos, abogado contratado por el exalcalde Ospina para estudiar el caso del Club Campestre, señaló que más de 500 folios demuestran que allí se está usurpando un bien público y que la anterior administración dejó todo listo para recuperarlo. También se mostró sorprendido por la revocatoria de la actual administración y denunció que la funcionaria Sandra Samacá prevaricó. “Su decisión está violando la ley al revocar una decisión diciendo que un juez debe resolver. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que los bienes del Estado los recupera la Alcaldía. Esto no es una discusión por la propiedad, sino de la especificación de los linderos. Está claro que la hacienda La Buitrera es del municipio y la hacienda San Joaquín es del Club, pero hay un

error en el límite que ocupa el Campestre que se debe corregir”, aclaró el abogado Rincón Ríos. Al consultar a Rodrigo Guerrero, actual alcalde de Cali, le dijo a El Espectador que en este lío se tuvo que declarar impedido. “Aunque como alcalde no intervengo, lo tuve que hacer porque una de mis hijas tiene una acción en el club, que está inactiva”. A pesar de esto explicó que, hasta donde entiende, la subdirección de Catastro tomó la decisión de revocar la resolución, por falta de competencia. Por su parte, Sandra Samacá, actual subdirectora de Catastro de Cali, señaló que la revocatoria de la resolución de la anterior administración se ajustó a la ley. Según la funcionaria, en un conflicto de linderos la norma indica que primero se busca una conciliación y, en caso de fracasar, Catas-

El ingeniero Claudio Borrero Quijano, quien abrió este debate, considera que uno de los errores del exalcalde Jorge Iván Ospina fue que en vez de acudir a la justicia ordinaria contrató al abogado Jarvey Rincón Ríos para recuperar los bienes municipales, pactando unos honorarios del 20% del valor del predio que lograra recuperar. “Como había una comisión tan alta, esto motivó a que el proceso se adelantara de la manera que se hizo y terminó siendo una decisión arbitraria. Tengo evidencias de que el club sí ocupa bienes del municipio, pero la justicia ordinaria es la instancia correcta”, agregó Borrero Quijano. Las dudas alrededor de los honorarios radica en que el lote en litigio podría costar hasta $250.000 millones, lo que generaría honorarios por $50.000 millones. El trámite tardó menos de dos años, lo que contrasta con los

5 o 10 años que podría durar un proceso en la justicia ordinaria. Es decir, de haber quedado en firme la resolución, se hubiera tratado de unos multimillonarios honorarios en tiempo récord. Lo que más llama la atención es que el abogado sólo se concentró en el Club Campestre. Ante las suspicacias, el exalcalde Jorge Iván Ospina señaló que “más cuestionable hubiera sido no haber hecho nada por recuperar estos bienes. Además, ese contrato hablaba de todos los bienes, incluso muchos que se robó el narcotráfico”, agregó. Por su parte, el abogado Jarvey Rincón Ríos defendió su trabajo al decir que no entiende las dudas, ya que todo está dentro de la ley. “Me contrataron para denunciar bienes ocultos y eso hice. ¿Cuál es el problema con mi contrato y lo que me vaya a ganar? En este caso lo que deben mirar son los bienes que se recuperen”.

Tras la reciente revocatoria de la resolución se prevé un conflicto con el abogado Rincón Ríos, pues él insiste en que cumplió con su misión y alguien le tiene que pagar. “En el caso del club falta que el Catastro ponga los linderos y la Policía recupere el bien. Si no quieren recuperarlo el problema es de ellos, pero a mí alguien me tendrá que pagar mis honorarios”, sentenció. Agregó que está evaluando una denuncia contra la administración para que se ratifique la resolución anterior y para cobrar sus honorarios. Al preguntarle por qué sólo se concentró en el caso del Campestre, dijo que su tarea era con todos los bienes ocultos, pero que no seguirá con otros casos por el peligro que representan. “Hay muchos bienes que están en manos de grandes constructoras y narcotraficantes, pero no me voy a hacer matar por cumplir ese contrato”, señaló.

tro puede hacer un estudio. Si al final continúa la inconsistencia, el caso va a la justicia. “En el caso de Club Campestre es claro que hay inconsistencias de linderos que no podemos resolver. Nos ceñimos a la norma y estoy tranquila, porque actué en el marco de mis funciones. Ahora, la decisión de si el municipio va o no a demandar es de la oficina de bienes inmuebles de la Alcaldía.

Si hay un abogado externo contratado para esta tarea, es él quien debe valorar el paso a seguir”, señaló la funcionaria. Por el impedimento que manifestó Guerrero, muchos ponen en duda su compromiso con la obligación de recuperar terrenos municipales en manos de particulares y, especialmente, en el caso del Club Campestre. Insisten en que pese a que en la revocatoria de la decisión de Ospina se dice que el caso debe ir a la justicia ordinaria, esto no ocurrirá. Ante esto, el propio alcalde dijo que su compromiso con la recuperación de tierras es total, aunque en el tema del club era diferente. “El pleito con el club está en las escrituras y especialmente en los límites del terreno. Allá no hay bienes ejidos, por lo que debemos analizar muy bien el tema. No podemos quitarle al legítimo

propietario lo que es de él. Tenemos que tener la seguridad de que es del municipio para llevarlo a la justicia ordinaria”, puntualizó. El punto medio en toda esta discusión lo aportó el ingeniero Claudio Borrero Quijano, quien abrió el debate. En su concepto, a pesar de que el exalcalde Ospina tenía el derecho de recuperar el predio, lo hizo de la forma menos ortodoxa, ya que debió ir ante la justicia ordinaria desde el comienzo. Hoy, en el limbo de esta discusión, el ingeniero pidió al actual alcalde que le otorgue poder para representar al municipio y dar esta pelea como debe ser. “Si el alcalde está interesado en recuperar la propiedad, debe ir a la justicia con argumentos sólidos, pues un paso en falso podría generar la pérdida definitiva de los terrenos. Espero su respuesta”, concluyó Borrero.

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En la discusión de las tierras del Club Campestre, el actual alcalde se declaró impedido porque una de sus hijas es accionista.


¿Cancha de golf o parque público?