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072006

08ENTREVISTA

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya

“Apoyamos el proyecto de la ministra de modificar el régimen de valoraciones del suelo” Alberto López Es el nuevo conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, miembro de la secretaria política de ICV y alcalde de Sant Feliu de Llobregat durante 20 años, ciudad donde reside. Estamos hablando de Francesc Baltasar,

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ué retos se ha planteado al frente de su nuevo cargo como conseller de Medi Ambient i Habitatge? Todos los consellers de la Generalitat tenemos como objetivo cumplir con los acuerdos del Pacte del Tinell. En este sentido heredo el enorme trabajo realizado por mi antecesor en el cargo, Salvador Milà, que ha conseguido que dos políticas, hasta ahora marginales en la Generalitat de Catalunya, se conviertan en dos puntales del proyecto progresista del gobierno. En este sentido quiero destacar como objetivos la aprobación en el Parlament de Catalunya de la Ley del Derecho a la Vivienda y una serie de leyes ambientales así como de los Contratos programa de la Agència Catalana de l’Aigua y de l’Agència de Residus de Catalunya. ¿Cuáles son las primeras medidas que ha adoptado como conseller? Cuando apenas había tomado posesión del cargo llevé al gobierno la aprobación de la Ley del derecho a la vivienda. También estamos ya impulsando una ley de medidas ambientales que modifica diversas leyes para hacerlas mucho más eficaces y operativas. También estamos agilizando los procesos de aplicación de la Ley de intervención Ambiental, y vamos a presentar al Gobierno una ley ya prácticamente redactada de la Evaluación ambiental de planes y proyectos. ¿Va a mantener una política continuista a la de Salvador Milà en materia de vivienda? Por supuesto, se trata de una política que ha estado madurando durante largos años de oposición al anterior gobierno y que tiene en su origen muchas de las aportaciones que habíamos realizado los ayuntamientos, tanto en su ciudad, Mataró, como en la mía, Sant Feliu de Llobregat, y en muchas otras. Los alcaldes y concejales de izquierda desarrollaron políticas activas de creación de vivienda social y de rehabilitación que ahora han sido elevadas al rango de ley y cuentan con importantes presupuestos de la Generalitat de Catalunya. ¿El Ejecutivo podrá cumplir con la promesa de las viviendas de protección oficial construidas para esta legislatura? El Gobierno catalán está cumpliendo con los objetivos, tal y como hemos demostrado recientemente con el infor-

Francesc Baltasar

me sobre el sector de la Vivienda 2005. Nuestro compromiso era iniciar 42.000 viviendas durante este mandato y hace unos meses pudimos explicar con mucho detalle que se garantizaba que se podían iniciar 28.000 viviendas gracias a la nueva legislación, las ayudas, el impulso de los ayuntamientos y al papel del Institut Català del Sòl como instrumento de política de vivienda de la Generalitat de Catalunya. Desgraciadamente, el hecho de que las elecciones se adelanten implicará que no podremos acabar el mandato con estos 42.000 pisos iniciados, pero estoy seguro que durante este año y el próximo se producirá una gran eclosión de la producción de la vivienda social en Cataluña. ¿Cree que hasta ahora el diálogo y la comunicación con los promotores y los constructores ha sido lo suficientemente fluido? Si ustedes les preguntan esto mismo a los promotores, constructores y a otros

periodista de 56 años, que tiene ante sí la responsabilidad de culminar los grandes proyectos iniciados por su antecesor, Salvador Milà, como la Llei del dret a l’Habitatge y el decreto de ecoeficiencia. Todo parece indicar que estos proyectos no dependerán de los resultados de las próximas elecciones catalanas.

agentes del mundo inmobiliario como son los arquitectos, los aparejadores, los APIS, los registradores, los administradores de fincas, los consumidores, los sindicatos, las asociaciones juveniles, etc, todo el mundo, con unanimidad completa, les confirmará que nunca habían tenido relaciones más estrechas y continuadas con el Gobierno que durante estos años, y mi propósito es seguir con esta relación. Por cierto, esto es lo que ha hecho posible que la Ley del derecho a la vivienda sea, por una parte muy discutida y, por otra parte, muy consensuada. ¿Qué es lo que más destacaría del n u e vo p r o ye c t o de Llei del dret a l’Habitatge? Lo más importante es la definición de la función social de la vivienda y, por lo tanto, debe dejar claro en qué casos no se cumple esta función social y hay que intervenir a través de medidas positivas y en algunos casos, también coercitivas. Entendemos que la vivienda no cumple su función social cuando no es bien mantenida o cuando es objeto de sobreocupación o de desocupación permanente o cuando es infravivienda. También entendemos que la provisión de vivienda asequible no es una opción para la administración, sino que es lo que la Ley define como un servicio de interés general. Finalmente, la Ley define claramente lo que llamamos objetivo de solidaridad urbana, según el cual todas las ciudades tienen que aportar, a través de la promoción y de la rehabilitación, un parque suficiente de vivienda asequible para sus ciudadanos. ¿Puede explicar detalladamente los puntos más interesantes del proyecto

de la Llei de l’Habitatge que se va tirar adelante? a. Moobing inmobiliario: La nueva realidad que desgraciadamente se está generalizando en los cascos urbanos, el asedio inmobiliario, encuentra diversas respuestas en la Ley, tanto a través de su tipificación como a través de medidas como el derecho de tanteo y retracto para disuadir de las actuaciones de asedio. b. Reserva de un parque mínimo de viviendas de protección oficial en los municipios: Esta reserva ya se definió en la nueva ley 10/2004 y en el texto refundido 1/2005 de reforma de la Ley de urbanismo. A través de estas reservas pretendemos generar fuertes parques de vivienda social, no guetizados, es decir, mezclados con los parques de vivienda libre. Hay que recordar que esta reserva ya existe en otras comunidades autónomas como pueden ser Euskadi o Madrid, entre otras. c. Revisión de los inmuebles: Sin duda, aquí la Ley es muy valiente, prevé lo que llamamos la ITV de los edificios, de manera que los ayuntamientos y la Generalitat puedan convenir en sistemas de obligatoriedad la revisión de los inmuebles y prevenir así los casos de patologías y de malos mantenimientos de los edificios. d. Expropiación de pisos vacíos: Es una lástima que en su día se distorsionara y magnificara este aspecto de la ley. La Ley, efectivamente prevé la expropiación de los pisos desocupados, pero sólo en el caso que estas viviendas comporten algún riesgo para la seguridad de los inmuebles, de sus habitantes y del entorno. Por otra parte, sí que prevé la expropiación temporal del usufructo de inmuebles en zonas de gran demanda y donde se constate la continuidad en la desocupación de los pisos, es decir, en los pisos abandonados. e. Creación de un registro de agentes de transacción inmobiliaria: Esta es una de las novedades más interesantes de la Ley y ha sido reclamada tanto por los agentes de la propiedad inmobiliaria como por otras asociaciones de profesionales que se dedican a la transacción. Su objetivo es generar confianza en los consumidores hacia los profesionales, excluir de la actividad a aquellas personas que, con el único instrumento que un móvil en el bolsillo, se dedican, sin ningún tipo de profesionalidad ni sentido ético, a la (sigue en la página 010)


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intermediación, produciendo en muchos casos auténticos fraudes. ¿Cómo y quién llevará a cabo la revisión periódica y obligatoria de los inmuebles? A la espera del reglamento posterior de la Ley, no hemos previsto que sean entidades diferenciadas de lo que son los profesionales, es decir, básicamente arquitectos, aparejadores e ingenieros que ya tienen reconocidas sus capacidades profesionales para llevar a cabo estas revisiones. ¿Cree, como el Ministerio de Vivienda, que para garantizar el acceso a una vivienda digna es básico potenciar la figura del alquiler, en cualquiera de sus modalidades? Sí, absolutamente de acuerdo, porque si en 1981, una de cada tres familias catalanas vivían en régimen de alquiler, ahora sólo es una de cada siete las que lo hacen, de manera que los jóvenes que no pueden enfrentarse a la compra de la vivienda ven, además, muy difícil el acceso

 Sobre la Llei del dret a l’Habitatge: “El grado de consenso es elevadísimo, como demuestran las opiniones efectuadas a través del Consejo de trabajo económico y social de Cataluña o, en este caso, por unanimidad, de la Comisión de Gobierno local de Cataluña” a unos alquileres que en los últimos ocho años también han doblado su precio. Necesitamos facilitar fiscalmente la figura del promotor de alquiler y necesitamos también generar un fuerte parque de alquiler social, especialmente para los años de la emancipación. ¿Qué razones apuntaría para explicar el elevadísimo precio de las viviendas? (precio del suelo, falta de suelo, la necesidad de los ayuntamientos de financiarse a través de la construcción, etc). Ninguno de los puntos que ustedes citan es relevante. El problema del aumento del precio de la vivienda no proviene de la oferta, sino de la demanda. Nunca se ha planificado más suelo, nunca se ha urbanizado y se ha construido más que ahora y, sin embargo, los precios siguen subiendo. Estamos ante un problema de demanda generada por fenómenos, por una parte, demográficos, por otra parte, de reducción de los tipos de interés y, finalmente, por

la pérdida de interés de otros activos inmobiliarios. Es esta oferta y la demanda lo que ha generado el aumento del precio de la vivienda y, como elemento relacionado con el valor residual del suelo, el aumento de este bien, el suelo. Ante esta realidad, se tiene que actuar a través de políticas monetarias y fiscales que no están al alcance de las comunidades autónomas, y también de políticas de generación de suelo público, de marcaje de altas reservas de vivienda protegida y de promoción de la vivienda protegida de alquiler, tal y como están haciendo varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. ¿Cómo definiría el momento actual que vive la construcción catalana y española? Sin duda, la construcción es uno de los sectores que tira del crecimiento económico, hay que recordar que también es el crecimiento económico el que tira de la construcción. El problema de esta realidad es que la fuerza de la demanda, los bajos tipos de interés y las grandes expectativas de los inversores han producido unos aumentos de precio que, por una parte, han excluido del derecho a la vivienda de amplios sectores de la población y, por otra parte, amenazan con una situación de burbuja inmobiliaria que conlleva grandes riesgos. Creo que todos deberíamos apostar por mantener un fuerte nivel de actividad pero por llegar a un aterrizaje suave de los precios de los inmuebles, especialmente de la vivienda. ¿Qué opinión tiene de la Ley del Suelo que está ultimando el Ministerio de la Vivienda? Aunque desde la Generalitat hemos mostrado algunas diferencias en algunos aspectos competenciales, apoyamos completamente el proyecto de la señora Trujillo de modificar el régimen de valoraciones del suelo, de manera que éste no se valore por sus expectativas sino por su valor patrimonializado real. Se trata de un elemento imprescindible que permitirá que el sector público vuelva a trabajar sobre el suelo con los objetivos de crear vivienda protegida. ¿Puede comentar la importancia y el significado que tiene el Decreto de Ecoeficiencia aprobado por la Generalitat aplicado en el sector de la construcción? Es un orgullo para mí que mi Departamento y el Gobierno hayan tirado adelante un decreto que se pone a la cabeza, en su ámbito, de la innovación y la sostenibilidad en España. Nuestro decreto consigue, sin encarecer sensiblemente la vivienda y de acuerdo con las posibilidades de los sectores relacionados con los materiales de construcción, que las nuevas viviendas consigan, por una parte, un mayor equilibrio energético y, por otra, una reducción de las emisiones de CO2 en la atmósfera, tal y como marcan los objetivos del Protocolo de Kioto. Creo que el Código Técnico de la Edificación posterior a nuestro decreto va en la misma línea y espero que todo ello contribuya también al cambio cultural a favor de la sostenibilidad que necesitamos instituir, no sólo en las administraciones y en las empresas, sino también en los consumidores.


ENTREVISTA a Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient y Habitatge Generalitat Catalunya