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LA TAPISCA Boletín de análisis y discusión de la realidad rural guatemalteca Septiembre de 2012 No. 1

Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI): Algunas consideraciones Por Susana Gauster, Colectivo de Estudios Rurales Ixim

Colectivo de Estudios Rurales IXIM Somos un colectivo de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas. Tenemos una trayectoria de trabajo común en investigaciones y procesos de incidencia vinculados al tema agrario, la economía campesina y el desarrollo rural.

Objetivo general El Colectivo de Estudios Rurales Ixim contribuye a la transformación de la realidad agraria y rural en Guatemala para lograr el pleno goce de los derechos humanos, mediante la generación de conocimiento estratégico y propuestas políticas. ______________________________ 29 calle 17-37 zona 12, Condominio El Rosario No. 26, Guatemala, Centroamérica

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Recientemente el actual Gobierno de Guatemala presentó su plan para activar y adecuar la PNDRI, así como su Plan de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFEC) y el Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales. Al revisar esos documentos relacionados a la estrategia de desarrollo rural, llaman la atención algunos aspectos.

establecido en la PNDRI original, se convierte en “proponer formas novedosas de acceso a activos productivos” (ibid: 14). En la parte agropecuaria se plantea seguir como el gobierno pasado: asistencia técnica, créditos, dotación de insumos y para momentos de crisis, asistencia alimentaria. La creación de reservas alimentarias como medida estructural para la atención de crisis (de cosecha o de precios), un aspecto clave de la PNDRI, queda obviado. En una epoca de precios internacionales imprevisibles, la apuesta a seguir haciendose dependientes de los mercados financieros internacionales, parece bastante delicada. El eje sectorial económico hace caso omiso de reformar aquellos acuerdos y convenios que amenazan la producción campesina (alimentaria) y transforman la propuesta de inversión pública, contemplada en la original PNDRI, en inversión privada. Vinculado a ello la política de participación ciudadana, que si bien destaca la unidad de las organizaciones campesinas y sociales como referente para la negociación con el Gobierno, diluye la participación de los pueblos en la definición de las actividades y proyectos (es decir, de las inversiones privadas) que afectan sus territorios, tal como lo establecen el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT.

Primero destaca el papel central que se asigna a la economía campesina, lo cual es loable, dado que ha sufrido un proceso de invisibilización en la política pública en las últimas décadas. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que “el Maga será absolutamente consecuente con el compromiso de asumir la promoción de la economía campesina como el sujeto priorizado de su política”, lo que hará es impulsar “un programa específico que se constituirá en su ´programa insignia`” (Plan para activar la PNDRI: 14). Queda la pregunta entonces de cómo se entiende el sujeto priorizado de la Política, si finalmente su atención, al igual que en años anteriores se reduce a un solo programa?

Al no tocar explicitamente el tema de las actividades extractivas, fuente de graves conflictos en los territorios rurales, o, más bien, al no plantear una estrategia de solución a esos conflictos, queda la sensación que se pretende seguir con ese esquema exclusivo, discriminatorio y violatorio a la normativa nacional e internacional. Al revisar el Marco General para la promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales y encontrar que se “prevé el otorgamiento de incentivos a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República”, y que se busca “orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y lograr el pleno Empleo”(p.10), se confirma una estrategia que poco parece preocuparse por los medios de vida campesinos, el sujeto priorizado de la política rural. Resulta entonces mucho más una “alteración” que una “adecuación” o “activación” de la PNDRI, lo cual es lamentable ya que la PNDRI original ha sido producto de muchos años de esfuerzo humano, diálogo y consenso que ahora unilateralmente se bota.

Un segundo aspecto importante a analizar es la propuesta concreta de “adecuación y activación” de la PNDRI. Para empezar el “reformar y democratizar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra”

Finalmente debe destacarse un tercer elemento sumamente sensible, y es la utilización de un concepto ecléctico de la naturaleza de la economía campesina. Se define la economía campesina como “el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una

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vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poliactiva y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades.”

economía campesina. No busca la acumulación de capital ni, al menos no como estrategia principal, la generación de ingresos para poder satisfacer sus necesidades. Por tanto, una concepción donde se considera la economía campesina “dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado”, donde el mercado se vuelve el principal referente de la economía campesina, en lugar de la tierra y de los territorios, distorsiona y elimina ocultamente su esencia, aún si conserva el término de la “economía campesina”.

El concepto ofrecido se diferencia poco de las estrategias de vida de cualquier habitante del área rural, por lo cual con una excepción – la producción de sus propios alimentos – deja fuera elementos centrales de la economía campesina, elementos que distinguen la economía campesina de otras formas de producción rural ( como pequeños y pequeñas productoras, granjeros o “farmers”, empresarios rurales etc.).

Eso no sólo es delicado en términos ideológicos, sino también en términos de enfoque de política pública. Demanda otras intervenciones públicas que una concepción que reconoce el papel central que tiene los medios productivos y bienes naturales para la subsistencia campesina. Termina justificando la desposesión de estos medios y bienes, tal como se ha podido observar en los últimos años, para encontrar la solución en encadenamientos productivos (con la consecuente conversión de “campesinos” en “empresarios agricolas”) u otras de las pluri-actividades planteadas en la ya no tan “´nueva` ruralidad”.

Es la orientación a la subsistencia, la orientación a la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y el entorno cercano, mediante los propios medios lo que define esencialmente la

Cárcel, atentados y amenazas a comunidades, en un marco de promoción de la inversión privada en territorios rurales Por Juan Pablo Ozaeta, Colectivo de Estudios Rurales Ixim

En las recientes semanas, una serie de acontecimientos de amenazas, ataques y capturas contra poblaciones enfrentadas a empresas extractivas y de servicios, y en defensa de sus medios de vida, pintan un panorama preocupante para la población rural, y muy delicado para un Gobierno como el que preside el ex general Otto Pérez Molina.

El 13 de junio, Yolanda Oquelí lideresa comunitaria del municipio de San José del Golfo, cercano a la capital, fue atacada por dos hombres en una moto, quienes les dispararon hiriéndole con un bala cerca del hígado.

A continuación, una relación de hechos recientes: El día 2 de mayo, en el municipio de Santa Cruz Barillas, municipio de Huehuetenango (altiplano occidental, frontera con México), se llevan a cabo disturbios entre pobladores y personeros de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A, que concluyen con la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel. Estos enfrentamientos se originan tras el impulso de un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español. Como resultado de estos hechos, el gobierno declara estado de sitio y detiene a por lo menos once personas de la comunidad, a quienes implicó en los disturbios, y se les imputan cargos de terrorismo. El 31 de mayo, es capturado y puesto en libertad por falta de pruebas Rodimiro Lantán, líder de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch’ortí –COMUNIDCH-. Esto ocurrió poco después de haberse realizado la entrega de Títulos como Comunidades Indígenas de Ascendencia Maya Ch´orti´ y Títulos de Consejos de Asuntos Indígenas, Territoriales y Recursos Naturales de las Comunidades Indígenas de Tachoche y Tizamarté, del municipio de Camotán, Chiquimula, en el oriente del país.

Foto 1. Yolanda Oquelí al micrófono. Foto: James Rodríguez Mimundo.org

Tres meses atrás, fue asesinado un líder de esa organización, Elaví Hernández Agustín, quién fungía como Secretario del Consejo de Administración de Tierras y Recursos Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, La Unión Zacapa, región Ch’orti’.

Oquelí ha liderado la resistencia pacifica ante la instalación de un proyecto minero de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A (Exmingua.). Esta compañía es subsidiaria de la empresa canadiense Radius Exploration Ltd.

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capturó a dos guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, acusados de la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel.

El 4 de julio, se denunció la persecución y agresiones en contra de integrantes del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK), entre las que se encuentra la líder Lolita Chávez.

En tanto, el actual Gobierno protagonizó otros acontecimientos que también fueron noticia reciente y que dibujan el marco político de esta relación de sucesos de violencia contra la población rural.

Cuatro mujeres integrantes del CPK resultaron heridas por supuestos simpatizantes del alcalde de Santa Cruz del Quiché, luego de una manifestación pacífica en contra de dicho jefe edil, quien pertenece al partido de Gobierno, y contra la instalación de torres eléctricas de la empresa de distribución de energía DEOCSA, propiedad de la compañía inglesa Actis.

El pasado 30 de junio, el general Otto Pérez Molina, presidente de la República, inauguró dos brigadas militares, entre ellas una ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cerca de la capital, donde desde hace varios años existe resistencia contra una empresa cementera; situación que ha provocado que a la fecha haya líderes purgando largas condenas.

Semanas atrás, en la misma región ocurrió un violento asesinato, contra José Tavico Tzunun, también integrante del CPK.

Un mes antes, el 17 de mayo, el gobierno de Otto Pérez lanzó su política de Desarrollo Rural, que incluía un “Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales”. Este señala que existe necesidad de inversión privada y extranjera, por lo que “brindará seguridad jurídica al inversionista (…) impulsando el desarrollo sostenible mediante el uso de los recursos naturales, especialmente aquellos que por reconocimiento constitucional se definen como bienes del Estado (el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales)”. Vale añadir también la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio, el cual cuenta con un pilar importante de comercio e inversiones, que promoverían más inversiones en territorios rurales, como las de las empresas europeas ya mencionadas acá, y que son actores protagónicos de esta lucha por el control de los recursos naturales. Todos estas “novedades” hablan de un Gobierno que impulsa a la fuerza un proyecto económico orientado la explotación de recursos naturales, y que en lugar de garantizar mejoras en las condiciones de vida de la población rural, trae violencia y ataques contra hombre y mujeres líderes.

Foto 2. Lolita Chávez, del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK)

También presenta un desafío para el liderazgo rural y los movimientos sociales, para saber actuar unificadamente contra esta ola de ataques, y difundir ante la sociedad guatemalteca, y en particular en las poblaciones rurales, un modelo de bienestar realizable, sostenible y respetuoso de la madre naturaleza.

Luego de esta relación de hechos, del cual pudieron haberse quedado otros sucesos sin mencionar, cabe apuntar que poco o nada se ha visto para aclarar los actos de violencia e intimidación contra estos líderes y lideresas rurales. Una excepción es el caso de Santa Cruz Barillas, en el cual se

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Plan para activar y adecuar la politica nacional de desarrollo  

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