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Análisis de situación

Año 5, No. 29, 09 de Mayo de 2013

Genocidio y militarización: La paradoja de la coyuntura

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Genocidio y militarización: La paradoja de la coyuntura presente 2

Análisis de situación

Por Gustavo Illescas Arita y Rodrigo Véliz Estrada Estudiante de Antropología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y miembro del Equipo de El Observador. Licenciado en Antropología por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Master en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y miembro del Equipo del Centro de Medios Independientes (CMI).

A manera de introducción: la justicia transicional alcanza a militares de alto rango ¿Cómo es posible que se esté juzgando a pasadas figuras del Alto Mando Militar por un cargo como genocidio, estando un ex militar al frente del gobierno? El juicio resulta aún más sorprendente cuando se constata el rol subordinado que guardaba el actual Presidente con aquel Alto Mando del Ejército. No hace falta tener mucha profundidad en la capacidad de análisis para darse cuenta que en un país con la frágil institucionalidad como la que caracteriza al Estado guatemalteco, el inicio de semejante proceso debe ser parte de fuerzas y procesos más amplios. De parte de grupos de ex militares y de civiles de ultra derecha que han reaparecido en esta coyuntura como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la Asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (FAMILIAS), Chapines Unidos por Guatemala y la Fundación contra el Terrorismo, se argumenta que el proceso de justicia transicional abierto contra el general retirado y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Héctor Mario López Fuentes; el también general retirado y ex Jefe de facto, Efraín Ríos Montt; y el general retirado y el Jefe de Inteligencia Militar (D2), Mauricio Rodríguez Sánchez, constituye “una venganza de la izquierda extrema y sus “aliados” como otro intento de estas fuerzas por desestabilizar al país y alterar la tan anhelada paz conseguida en 1996”. ¿La extrema izquierda, nacional e internacional (!), capaz de alterar algo dentro del Estado guatemalteco? ¿Cómo, exactamente?. Sólo hace falta profundizar un poco en responder a esta pregunta para darse cuenta que el argumento esgrimido cae con facilidad del ya fino hilo del que colgaba. Entre


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otras cosas, su error reside en darle preeminencia en su análisis a burdas dicotomías, de buenos y de malos, además de una distorsionada e ideológica visión sobre el mundo. El análisis minucioso de la coyuntura y el conjunto de procesos más amplios que lo definen parecen mostrar, al contrario, que son un conjunto de fuerzas históricas en tensión que pujan directamente o se ven indirectamente beneficiados/perjudicados por el juicio a estos ex oficiales militares que fueron parte del Alto Mando del Ejército que gobernó de manera arbitraria al país, en medio de una profunda crisis de legitimidad1, entre marzo de 1982 y agosto de 19832. El presente ensayo tiene como objetivo hilvanar una interpretación que permita entender la correlación total de fuerzas que permitió que el juicio avanzara, luego de estar entrampado por una década, y mostrar la profundidad histórica de lo que en esta coyuntura se está jugando, con el análisis de las fuerzas que pujan porque Guatemala, en medio de una crisis social y política que se comienza a hacer cada vez más profunda, continúe integrándose progresivamente a una dinámica regional que se ha caracterizado por la militarización articulada a intereses geopolíticos estadounidense, y, paralelamente, por la represión a la oposición social organizada.

Los casos y los puntos de tensión Han sido diferentes los intentos de poner fin a la impunidad que se derivó de las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante los años más cruentos de las dictaduras militares y el proyecto de la contrainsurgencia iniciada desde el gobierno del coronel Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) hasta los gobiernos militares de facto, primero, del general Efraín Ríos Montt (marzo de 1982-agosto de 1983), y después, del general Humberto Mejía Víctores (agosto de 1983-enero de 1986). En el caso de Ríos Montt, tres casos, uno desde el exterior y otros dos internos, han buscado llevar con más fuerza las valoraciones sobre su período al banquillo de los acusados:

1 Vitales para entender estos importantes años son los trabajos de Carlos Figueroa Ibarra. “El recurso del miedo”. San José, Costa Rica. Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1991; Victor Bulmer-Thomas. “The political economy of Central America since 1920”. Cambridge University Press, New York, 1988; y Edelberto Torres-Rivas. “Derrota oligárquica, crisis burguesa y revolución popular. Sobre las dos crisis en Centroamérica”, en El trimestre económico [México] (200), 1982. 2 Un análisis de los grupos militares protagonistas y sus intereses, tanto, en la coyuntura de los golpes de Estado de 1982 y 1983 como en adelante, así como su relación con el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), puede consultarse en Solís, Fernando. “Populismo y militarismo: un vistazo al proyecto político que personifica el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, páginas 5-36.


a) El originado desde España y que comenzó con la querella que la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) y otras organizaciones presentaron en el año de 1999, acusando a Ríos Montt y a otros siete oficiales guatemaltecos de terrorismo, genocidio y tortura sistemática.

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b) El caso de la Masacre de las Dos Erres perpetrada en diciembre de 1982 por el Ejército, en un parcelamiento del municipio de la Libertad, Petén. c) El caso de genocidio contra el Pueblo Ixil que actualmente está llevando el Ministerio Público (MP) a petición de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR)3 y con el asesoramiento legal del Centro para la Acción Legal en Derecho Humanos (CALDH). Por la naturaleza de nuestro argumento, nos centraremos en el primero y el tercero, aunque algunos de los elementos mencionados permiten explicar las condiciones del caso de la Masacre de las Dos Erres.

Luego de poco más de un lustro de debate a lo interno del sistema judicial español en torno a la jurisdicción y los derechos de ciudadanos no españoles, de presentar querellas en ese país, finalmente en el año 2006, el Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, emitió una orden de arresto para los ocho acusados y otra orden para congelar sus bienes4. Para octubre del 2007 parecía que el proceso avanzaba, cuando las cortes guatemaltecas no permitieron la apelación final de dos de los acusados. Pero dos meses después, la Corte de Juez Santiago Pedraz Constitucionalidad (CC), argumentando el Foto: internet principio de territorialidad de la ley penal, y con eso olvidando aspectos fundamentales del derecho y la costumbre internacional, dio marcha atrás y negó la posibilidad de extradición5.

3 La AJR es una organización formada a mediados de los años de la década de 1990, integrada por víctimas sobrevivientes de las masacres. Incluye a población de ascendencia maya de diferentes regiones. 4 Además de Ríos Montt fueron solicitados el general retirado Óscar Humberto Mejía Víctores, ex Jefe de facto de agosto de 1983 a enero de 1986; el general ya fallecido, Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de 1978 a marzo de 1982; el general retirado Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Ministro de Defensa durante el gobierno de Lucas García; Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación durante el gobierno de Lucas García; el coronel ya fallecido Germán Chupina Barahona, Director de la desaparecida Policía Nacional durante el gobierno de Lucas García; Pedro García Arredondo, Jefe del desaparecido Comando 6 de la desaparecida PN durante el gobierno de Lucas García; y el general retirado, Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el gobierno de su hermano Fernando Romeo. El Auto de Extradición puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.cja.org/downloads/Guatemala_Judge_Pedraz_Request_for_Extradition.pdf 5 Ver el editorial del diario elPeriódico del 21 de diciembre de 2007. Sobre las inconsistencias de la decisión de la CC según Amnistía Internacional, puede consultarse el siguiente enlace: https://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR34/026/2007/es/0800e0d0-afec-11dc-b001-5f9481a8353e/amr340262007spa.html


Es importante conocer, al menos mínimamente, la constitución de la CC para ubicar ciertos vínculos personales que permitan entender la razón del rechazo a la extradición.

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I. La integración de la CC en el año 2007 Según el periodista Jorge Palmieri6, reconocido por su conservadora posición, todos los integrantes de la CC en 2007, año en el que se realizó la votación, eran reconocidos por sus posturas políticas ubicadas a la derecha del espectro político guatemalteco. Hay que recordar que en ese momento, la CC estaba compuesta por: Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue propuesto por el Congreso de la República y ya era diputado por el Partido Unionista (PU)7. Mario Pérez, por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)8.

Gladys Chacón Corado, designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Francisco Flores Juárez, designado por el Colegio de Abogados9. Roberto Molina Barreto, designado por el Poder Ejecutivo10. Este último es el que fungía como Presidente de la CC en el momento de la votación, pero se le adjudica a Alejandro Maldonado Aguirre, antiguo militante del antiguo partido de la violencia organizada, Movimiento de Liberación Nacional (MLN) así como fundador del Partido Nacional Renovador (PNR) y también recientemente Presidente de la CC, la redacción de la resolución favorable a Ríos Montt que se puso a votación en el más alto consejo de la CC.

Pese a la continuación de las diligencias, al invitar a testigos y peritos a declarar y presentar pruebas a España, el caso se vio frenado por esta decisión de la CC. Nada ha caminado desde entonces. Por su parte, la denuncia que AJR y CALDH presentaron al MP se dio en abril del 2000 e iba dirigida en un inicio en contra del general Fernando Romeo Lucas García y de Ríos Montt. Para enero del siguiente año, ésta se amplió a la Junta Militar de Gobierno de 1982 presidida por Ríos Montt, la cual estaba integrada, además de éste, por el general de brigada, Horacio Egberto Maldonado Schaad, y el coronel de

6 Diario elPeriódico del 9 de marzo de 2006. 7 Cuenta con cargos por resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República, además de denuncias por abuso de autoridad y coacción. Ver diario elPeriódico del 5 de marzo de 2011. 8 También con tres denuncias. Se le acusa de abuso de autoridad, coacción y resoluciones violatorias, además de una por delitos contra el Patrimonio. Ver diario elPeriódico del 5 de marzo de 2011. 9 Se le señala de nepotismo por haber promovido políticamente a su hija como asesora de la Presidencia de la República durante el gobierno de Alfonso Portillo. Ver elPeriódico del 5 de marzo de 2011. 10 Fue presentado por el gabinete de Óscar Berger. Tiene siete denuncias en su haber, entre las que resaltan amenazas y abusos de autoridad. Diario elPeriódico del 5 de marzo de 2011.


infantería, Francisco Luis Gordillo11. La denuncia se hizo en el momento en que gobernaba Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y cuando Ríos Montt presidía el Congreso de la República, por lo que se encontró con una serie de frenos de distinto tipo que impidieron su avance. La presentación de amparos y recursos de inconstitucionalidad, algunos de los cuales llegaron a durar hasta dos años, fueron la estrategia por parte de los abogados de Ríos Montt.

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Asimismo, el entonces Fiscal General del MP, Adolfo González Rodas (1998-2002)… Decidió suprimir la unidad de casos especiales que se había estado encargando del caso de Moreno y que había investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt12. Tanto González como los siguientes Fiscales Generales, Carlos de León Argueta (2002-2004) y Juan Luis Florido Solís (2004-2008), colaboraron a que el juicio no avanzara13. La AJR y CALDH presentaron solicitudes al MP para saber las razones por las que el proceso no avanzaba, posicionándose en discrepancia en febrero del 2007, pero se le declaró sin lugar y no hubo respuesta alguna a la solicitud. Las medidas dilatorias, de esta manera, continuaron presentándose.

Alejandro Maldonado Aguirre Foto: internet.

Podríamos decir, entonces, que para 2008 diferentes entidades institucionales a lo interno del país, pese a las notorias arbitrariedades sobre las que estaban respaldadas, habían logrado frenar y obstaculizar las diligencias que buscaban juzgar los crímenes cometidos a inicios de la década de 1980. O lo que es lo mismo, un conjunto de redes, con nudos favorables a la posición de Ríos Montt, ubicados en puestos clave, habían logrado el freno. Por un lado, la CC impidiendo la extradición y, por el otro, las cortes locales y el MP impidiendo cualquier avance en el caso14.

11 Gordillo fue años después de integrar esa Junta Militar, el fundador del partido que se denominó Movimiento Emergente de Concordia (MEC). Un reciente trabajo publicado por la periodista Louisa Reynolds en la edición dominical del diario elPeriódico del 5 de mayo de 2013, titulado “El ausente López Fuentes”, páginas 15-18, menciona a Gordillo y su relación con el ex Jefe del EMDN, López Fuentes. 12 Beltrán, Adriana y Peacock, Susan C. “Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos.” Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 2004. Pág. 38. 13 Tanto de León Argueta y Florido Solís, fueron señalados por tráfico de influencias. En el caso de De León Argueta, por corrupción y lavado de dinero, pero finalmente fue absuelto de estos cargos por la polémica Jueza Carol Patricia Flores en el año 2012, tras argumentar que faltaban pruebas necesarias para ligarlo a proceso. De León Argueta fue destituido el 25 de febrero de 2004 por el presidente Óscar Berger, luego de no haber entregado el informe sobre el caso de la inscripción presidencial de Efraín Ríos Montt en 2003 por el FRG. Por su parte, Florido Solís salió relacionado en el caso del cierre del Banco del Café (BANCAFE), cuando Eduardo González Castillo, principal accionista del mismo y en ese momento integrante del gabinete del gobierno de Berger, lo acusó de esconder pruebas y realizar acciones en beneficio de la familia Bosch-Gutiérrez, acusada de evasión fiscal y lavado de dinero. Renunció tras una fuerte presión de organizaciones de derechos humanos y de la CICIG. En todo caso, como se verá, la crisis del MP se prolongó por años. Es desde el año 2002 que un Fiscal General no finaliza legalmente su periodo. Sólo en el año 2010, el MP tuvo al frente 4 Fiscales Generales (Velásquez Zárate, Mejía García de Contreras, Reyes Sagastume y luego de destituido por la CC retorna Mejía García de Contreras). 14 Los casos de extradición han sido en los últimos años, notables por las violentas y cómplices reacciones que han provocado. El caso del teniente coronel Carlos Ochoa, acusado de trasiego de drogas por la Oficina de Estados Unidos para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), encontró un visto bueno por la decisión de la CC de extraditarlo, en marzo de 1994. Nueve días después, el Presidente de la CC fue asesinado. En abril de ese año se realizó nuevamente una votación en la CC y, para sorpresa de pocos, la extradición fue negada. Ver al respecto, el artículo de Frank Smyth “The untouchable Narco-State. Guatemala's military defies the DEA” en The Texas Observer, 18/11/2005. También se puede mencionar el actual caso del ex Presidente de la República, Alfonso Portillo, quien hace unas semanas se vio beneficiado al recibir una absolución por el caso de peculado en su contra, mientras se espera la decisión sobre su posible extradición. Ver diario La Hora del 9 de abril de 2013.


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Este nublado panorama se fue disipando poco a poco para el año 2009, cuando una serie de factores comenzaron a pujar porque ciertos casos entrampados avanzaran y otros, calificados de alto impacto, se abrieran. No consideramos que haya sido uno el factor determinante en que uno de los casos comenzara a presentar avances. Fue una compleja serie de factores que permitieron una correlación favorable de fuerzas, y en este nuevo y temporal panorama ha sido más propicio que el caso avance. Pero estos variados factores no tienen todos el mismo peso. Algunos pesan más que otros, y de esa manera ejercen mayores contrapesos para que determinados procesos logren llevarse a cabo. Aunque siempre debe tenerse presente lo volátil de situaciones y circunstancias de esta naturaleza. En lo que respecta al avance del caso presentado por AJR-CALDH, consideramos que estas entidades hicieron un esfuerzo notable para que avanzara, siendo una de las principales razones por las que el caso se ha mantenido por más de una década, la persistente búsqueda de justicia. Pero había una situación en donde la capacidad de influencia en instancias claves de las fuerzas contrarias a que las masacres fueran juzgadas, no permitía su avance. Desentrampar estos nudos claves era la única posibilidad que permitiría que la situación presentara un panorama más afable a su causa. Pero de lograr esto, tanto AJR como CALDH estaban limitados. Otras debían ser las fuerzas, aunque con intereses muy distintos, que lo permitieran. Consideramos que fueron al menos los siguientes cinco factores más importantes para que esto ocurriera, cada uno ejerciendo presión de diferente manera: • La persistencia organizativa de las familias víctimas de la dictadura oligárquico-militar, de encauzar el proceso de recuperación de la memoria y la exigencia de justicia. • La presión por parte de Estados Unidos, en un contexto de militarización regional con la guerra al narcotráfico y un embargo pendiente con el Ejército de Guatemala desde 1977, cuando gobernaba el demócrata James Carter, y gobernando Guatemala el general Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978). •

La elección de un nuevo Fiscal General del Ministerio Público en el año 2010.

• Las tensiones electorales de ese momento, entre el entonces gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el Partido Patriota (PP); que en ese momento se encontraba en la oposición partidaria y había quedado segundo en las elecciones 2007. • El debilitamiento y consecuente desvanecimiento de la capacidad de influencia de Ríos Montt y en específico de la plataforma política del FRG. Sin los tensos movimientos que estos procesos generaron, hubiera sido imposible que el caso caminara, sobre todo tomando en cuenta la posición que fuerzas conservadoras y autoritarias iban tomando por esos años en la política nacional.


En un análisis de relaciones de fuerza en movimiento, resulta sumamente complicado ser esquemático en la exposición, precisamente porque lo que se desea resaltar son los pesos y contrapesos de diferentes fuerzas. Pese a esta dificultad sin embargo, intentaremos ordenar en esa línea el análisis.

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El legado directo de las pugnas alrededor de la administración

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de la UNE Es en el año 2009 cuando comienzan las discusiones más serias sobre el problema del embargo de armas. Según el entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, fueron seis los requisitos que presentó el Departamento de Estado para comenzar un cabildeo en el Congreso estadounidense para terminar con el embargo de armas al Ejército de Guatemala. Entre los requisitos se menciona, además de la cantidad de droga incautada , la situación de los derechos humanos en la actualidad, la apertura de archivos militares y el avance en la justicia transicional, en donde se ve enmarcado el juicio a oficiales activos y jubilados del Ejército de Guatemala.

Es en el año 2009 cuando comienzan las discusiones más serias sobre el problema del embargo de armas. Según el entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, fueron seis los requisitos que presentó el Departamento de Estado para comenzar un cabildeo en el Congreso estadounidense para terminar con el embargo de armas al Ejército de Guatemala. Entre los requisitos se menciona, además de la cantidad de droga incautada15, la situación de los derechos humanos en la actualidad, la apertura de archivos militares y el avance en la justicia transicional, en donde se ve enmarcado el juicio a oficiales activos y jubilados del Ejército de Guatemala. Cabe mencionar que en ese año también se dio un aumento dramático de la ayuda militar estadounidense a Guatemala. Valga decir que sólo para el año 2009 se dio un total de US$ 28 millones en ayuda militar, mientras un año antes no se habían rebasado los US$ 8 millones. Para 2010, la cifra volvió a disminuir en números cercanos a los del año 200816. Notable es que a inicios de ese año se anunció que cuatro documentos militares -hasta ese momento secretos- iban a ser entregados por el entonces Ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, a un Juez. En marzo se dijo que sólo se contaba con dos de ellos: los

15 Brevemente es necesario mencionar que durante la administración de Colom se dieron grandes capturas a comerciantes de la droga que operaban en Guatemala. Paradójicamente esa situación le dejó el camino libre a la consolidación de los Zetas en Guatemala. Esta recomposición afectó la campaña electoral de la UNE y la parte final del gobierno de Colom, debido a que en marzo de 2011 en una operación conjunta de Gobernación, el Ejército de Guatemala, el MP y el Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) capturaron al comerciante de la droga Juan Ortiz alias “Chamalé” vinculado al Cartel de Sinaloa. Se llegó a conocer que Ortiz realizó varias llamadas para evitar su arresto, entre ellas a Gloria Torres, entonces secretaria de Organización de la UNE y hermana de la entonces candidata presidencial Sandra Torres. Asimismo llamó al Ministro de la Defensa Abraham Valenzuela. 16 Ver www.justf.org.


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Planes de Campaña Victoria 82 y Firmeza 83, y que los otros dos documentos, los de carácter operativo: Plan Operativo Sofía y Plan Operativo Ixil, vitales para probar la circulación vertical de la información, se encontraban hasta ese momento perdidos. El Ministro de la Defensa dio declaraciones de estar siendo amenazado mientras Colom nombró una Comisión para abrir los archivos militares, la que debía analizar qué documentos debían ser considerados aún secreto militar17.

Katie Doyle Foto: internet.

En el curso del año 2009 se informó que la experta en documentos desclasificados, Kate Doyle, parte del Archivo de Seguridad Nacional con sede en Washington (NSA, por sus siglas en inglés), había recibido de parte de una persona hasta ahora anónima, uno de los documentos que se había reportado como perdido, el Plan Sofía18. Tras una prórroga, finalmente a fines de 2010 Colom anunció la desclasificación de 11 mil 641 documentos militares, un 94.22% del total existentes, que podrían ser consultados por cualquier ciudadano, previa solicitud a partir de la Ley de Acceso a la Información, en un Centro de Consulta ubicado a lo interno del Estado Mayor de la Defensa19.

En este punto es necesario resaltar las constantes pugnas que existieron desde el día uno, entre la UNE y el PP. El ahora partido gobernante y las fuerzas que lo componen y rodean, realizó desde un inicio fuertes medidas para frenar cualquier posibilidad de reelección, centrándose en frenar la actividad legislativa y realizar sendos señalamientos de corrupción a Sandra Torres, entonces primera dama de la República y aún esposa, en ese momento, de Álvaro Colom. Por su parte, la UNE buscó resaltar los orígenes contrainsurgentes de muchos de los personajes clave del PP, que es donde se enmarca lo arriba mencionado. Mientras esto ocurría, a mediados del año 2010, el MP sufrió fuertes convulsiones por la elección de un nuevo Fiscal General20. Para el 2008 en Guatemala se lograba resolver el 3% de las denuncias puestas. La ausencia de un aparato de justicia sólido e independiente es uno de los legados más destructivos de las décadas de arbitrariedad dictatorial. Grupos y redes que hacen su suelo material de actividades ilícitas, han logrado hacer valer su peso en el Estado, y la justicia es allí central. Esta fue una de las principales razones por las que el Estado guatemalteco pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la creación de un aparato de investigación autónomo que ubicara estas estructuras y las desmantelara. De ahí el nacimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a las fuertes críticas que recibió por parte de ciertos sectores ligados a la extrema derecha oligarca21. La CICIG llevó en sus primeros meses, juicios

17 Ver Noticias de Guatemala del 2 y el 4 de marzo de 2009. 18 Un análisis sintético del Plan Sofía por parte de Doyle, puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB297/. Asimismo, una interesante entrevista a la activista realizada por el medio electrónico Plaza Pública, puede encontrarse en este otro: http://www.plazapublica.com.gt/content/kate-doyle-la-archivista-insaciable 19 Diario Siglo Veintiuno del 13 de diciembre de 2010. Seis meses después se hicieron públicos el resto de los archivos, excepto 103 de ellos que fueron clasificados como de carácter altamente secreto. Ver Prensa Libre del 20 de junio de 2010. 20 Solano, Luis, y, Solís, Fernando. “La coyuntura de junio y julio: los nombres que relucieron”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 2, No. 9, 12 de agosto de 2010, 14 páginas. 21 Una analista señaló que previo a la creación de la CICIG se desplegó, por medio de columnas escritas, una difamación compartida de varios personajes en donde se trataba de deslegitimar a la misión, argumentando un muy conveniente y vago patriotismo. Ver Inforpress Centroamericana No. 1832, del 29 de enero de 2010. Algunos de estos personajes se encuentran ahora con el PP, mientras otros han pasado a declarar en favor de Ríos Montt en el actual juicio.


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En la semana en la que se dio la renuncia de Castresana, como parte, según la versión oficial, de conflictos dentro del Sistema Penal, aparecieron en diferentes puntos de la ciudad, cuatro cabezas decapitadas y un cuerpo desmembrado de una trabajadora del Poder Judicial con mensajes para el mandatario.

significativos por lo que para las elecciones generales de 2011 se esperaba una fuerte pugna para definir quién estaría a cargo del MP. Como muchas elecciones de altos funcionarios de entes autónomos en el Estado guatemalteco, la de Fiscal General tiene un carácter corporativo. Representantes de agrupaciones de diversa índole como el CANG, la CSJ, las universidades privadas y la estatal, por mencionar algunas, concentrados en una Comisión Postuladora, se encargan de sopesar a los candidatos y reducen la lista a unos/as pocos/as, que el Presidente de la República, como elector final, se encarga de designar.

Las organizaciones civiles y sociales, por un lado, y la CICIG por otro, construyeron listados propios de candidatos idóneos. Después de deliberaciones internas, la Comisión Postuladora terminó con una lista de seis candidatos/as, todos/as los/las cuales habían reprobado en sus exámenes y muchos con un pasado sospechoso, según mostró la CICIG. Colom, siendo aún Presidente de la República, obviando los señalamientos y las listas proporcionadas por las organizaciones civiles y la misión de la ONU, escogió a un candidato señalado de vínculos con abogados relacionados con estructuras paralelas, y con denuncias en su contra. Días después de tomar posesión en el cargo, diversas organizaciones interpusieron un amparo a la elección, congelándola. Se trata de Conrado Reyes Sagastume quien asumió el cargo de Jefe del MP el 15 de mayo de 2010, quien empezó a colocar gente afín en puestos estratégicos. El titular de la CICIG, el polémico jurista español, Carlos Castresana22, presentó su renuncia ante la ONU, expresando la falta de apoyo de parte del gobierno de Colom el 7 de junio de 2010, entre los señalamientos estaba la falta de idoneidad de Reyes Sagastume. Tres días después, los Magistrados de la CC, en una decisión unánime, anularon la elección y pidieron repetir el proceso por segunda vez, buscando a la vez la inhibición de los integrantes de la postuladora23. El PP salió en los señalamientos pues la CICIG les acusaba a personajes cercanos. La solicitud de inhibición de la CC no fue acatada por los representantes del CANG y la CSJ, pero en ese momento importaba eso menos de lo que la pugna por la elección del Fiscal General desató. En la semana en la que se dio la renuncia de Castresana, como parte, según la versión oficial, de conflictos dentro del Sistema Penal, aparecieron en diferentes puntos de la ciudad, cuatro cabezas decapitadas y un cuerpo desmembrado de una trabajadora del Poder Judicial con mensajes para el mandatario. La primera

22 Carlos Castresana fue designado por el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon. En 1996 presentó una denuncia contra la junta militar de Chile, con la que se logró iniciar el caso contra el ex-dictador Augusto Pinochet en la Audiencia de España. 23 Ya el 11 de mayo, iniciado el proceso, la CC había anulado la elección y solicitado una nueva nómina. La Postuladora, sin embargo, hizo oídos sordos y escogió a los mismos candidatos.


declaración del gobierno después de la resolución de la CC, a través de un campo pagado, denunciaba un complot de varios sectores del país que…

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…están dispuestos a utilizar todos los recursos para romper la gobernabilidad, propiciar el desasosiego y la desestabilización24.

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En los días que siguieron se escucharon fuertes rumores de que un golpe de Estado se estaba fraguando. En este clima, la CC emplazó a las instituciones de la Postuladora para elegir al Fiscal General con tal de que terminaran el proceso, y entonces Claudia Paz y Paz fue escogida como nueva Fiscal General. Esta serie de pugnas son importantes debido a que nos hablan de las fuerzas, muchas de ellas oscuras, que rodean al MP, y la manera cómo buscaron de diferentes maneras, objetar una elección con un intenso monitoreo por parte de organizaciones civiles y la CICIG. El arribo de Paz y Paz, proveniente del think tank en justicia penal, el Instituto de Ciencias Comparadas y Penales de Guatemala (ICCPG), vio la llegada de un equipo de trabajo disciplinado y con el objetivo claro de dar bases para que la justicia tomara un sendero institucional y no antojadizo de sectores específicos. Al instante de su llegada, el equipo de Paz y Paz removió a todos los fiscales distritales y a buena parte de los regionales como parte de un proceso de depuración que en este momento se encuentra frenado por las interpelaciones que el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), realiza a funcionarios del gobierno del PP25. Los resultados en más de dos años de gestión son, según varios indicadores, contundentes, aunque aún lejos de la acción de un órgano ejemplar. La efectividad del MP, entendida como los casos en los que presenta acusación del total de solicitados, por mencionar un ejemplo, pasó de un 5% en el año 2009 a un 28% en 201226. Con respecto al caso, se nombró a una nueva Fiscal de Derechos Humanos y, dentro de esta Fiscalía, a un nuevo Fiscal de la Unidad de Conflicto Armado. Para el presente año, el MP hacía ver que en total se han llevado a cabo 28 condenas a militares que participaron en la desaparición forzada de individuos, o en el asesinato masivo de comunidades, además del caso que ahora se procesa27. El Fiscal de la Unidad de Conflicto Armado es el que actualmente lleva, de manera visiblemente capaz, el caso en contra de Ríos Montt. Por tratarse de un caso clave, el MP buscó darle fortaleza al referido fiscal, dotándolo de apoyo técnico, político, logístico, además de permitir el trabajo conjunto con asesores, abogados, expertos de diferentes materias, interesados en colaborar con peritajes para abonar a la acusación del MP. A esto se debe la robustez y contundencia de las pruebas presentadas en el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

24 Diario Prensa Libre del 1 de julio de 2010. 25 Entrevista realizada por El Observador. 26 Los números fueron dados por el Asesor del Despacho del MP, Javier Monterroso, como parte de una entrevista realizada el 15 de abril de 2013. Se trata de datos referentes al departamento de Guatemala, lo que resulta ilustrador de la calidad de la justicia en el país. 27 Diario Prensa Libre del 3 de enero de 2013.


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El desvanecimiento del FRG y la conformación del PRI

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Los años de gobierno de Alfonso Portillo y el FRG (2000-2004) causaron serias fricciones con los grupos empresariales más grandes y con los tradicionales, expresados, entre otros, en la Corporación Multi Inversiones (CMI), la familia Campollo Codina, los ingenios azucareros y algunas cámaras del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF). Esto es lo que ayuda a explicar parte de la persecución legal de la que fueron objeto muchos de los principales funcionarios en su gestión, incluyéndolo a él. De ahí su aparente discurso anti-oligarquico y en favor de los pobres. No obstante, durante su mandato una parte de las redes de poder criminal que surgieron durante la dictadura, con fuertes nexos entre militares y el narcotráfico, gozaron de inpunidad. En la coyuntura de hacer valer el seguimiento de la agenda de los Acuerdos de Paz, el inicio de las denuncias contra altos mandos del ejército, incluido en el entonces presidente del congreso Ríos Montt y cercano al inicio del juicio contra militares acusados de asesinar a la antropóloga Myrna Mack, se desataron una serie de hechos de violencia política, entre los cuales podemos señalar: En febrero de 2002 fue robada la sede de la Coordinadora de Pueblos Mayas de Guatemala (COPMAGUA), en marzo fue el turno de la Diócesis de San Marcos a cargo en ese entonces del obispo Alvaro Ramazzini quien recibió llamadas anónimas amenazantes. Tres días después, el 20 de marzo de 2002 fue allanada la sede de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). A finales de abril fue asesinado el contador de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), el 07 de mayo abandonó el país Freddy Peccerelli, presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) luego de haber sido amenazado de muerte. El 20 de junio de 2002 la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) denunció que existían amenazas de muerte contra 6 sacerdotes de la iglesia católica. El 06 de septiembre fue desaparecido Manuel García de la Cruz, activista de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), su cuerpo decapitado apareció días después con señales de tortura. Asimismo, organizaciones campesinas como el CUC, CODECA, CNOC y UVOC fueron víctimas de la violencia política que se desplegó durante todo el gobierno del FRG28. Cabe destacar como elemento de análisis presente, que la mayoría de organizaciones y personajes que sufrieron de violencia política durante el gobierno del FRG, han sido mencionados en unos pasquines que salieron durante la realización del juicio por genocidio en 2013, denominados “La farsa del genocidio” publicados por la supuesta Fundación contra el Terrorismo, dirigida públicamente por Ricardo Méndez Ruíz. La Fundación Contra el Terrorismo está vinculada con la

28 Beltrán, Adriana y Peacock, Susan C. “Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos.” Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 2004.Pág. 10 a la 16


Análisis de situación

AVEMILGUA y con estamentos militares que fueron protegidos durante el gobierno de Portillo. Los mensajes difundidos por Méndez Ruíz hacen un llamado a la venganza, utilizan un lenguaje criminalizador y veladamente justifican el posible resurgimiento de los escuadrones de la muerte, o quizá, que cualquier acción judicial o extrajudicial contra los mencionados, sean justificadas por que eran “terroristas”, “comunistas”, etc.

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Por ejemplo el general retirado Luis Felipe Miranda Trejo fue electo diputado de Huehuetenango por el FRG en 1999. Se le vincula a la reorganización de las ex PAC como base social del FRG, fue Presidente de AVEMILGUA (2006-2008, 2008-2010, 2010-2012). Los vínculos de Trejo con Ricardo Méndez Ruíz se deben a la relación del padre de éste, el coronel retirado Ricardo Méndez Ruíz, que fue comandante del destacamento militar de Cobán (1978-1982) y coincidió con Miranda Trejo cuando dirigió la S-2 de Cobán entre 1982 y 1983. El descubrimiento de las fosas Foto: Mary Jo Mcconahay En la imagen de izquierda a derecha: Ricardo Méndez Ruíz; clandestinas ubicadas en dicho destacamento Zulema Paz de Rodriguez, esposa de Mauricio Rodriguez Sánchez; Zury Ríos, hija del gral. Ríos Montt; y Ana Lucia Alejos Botrán, ex en 2012, donde han encontrado cientos de pareja del ex jefe del MP Carlos de León Argueta durante la segunosamentas apiladas y con señales de tortura, da mitad del gobierno del FRG (2002-2004). Alejos es sobrina de Roberto Alejos del partido TODOS y fue vocera del MP durante la sería otro de los motivos del acercamiento entre gestión de Argueta. la Fundación Contra el Terrorismo y AVEMILGUA. Méndez Ruíz fue candidato a la alcaldía metropolitana del FRG en 2007 y ha sido uno de los acompañantes de Zury Ríos en las audiencias del caso por genocidio. Pero quizá uno de los eventos más recordados por la población guatemalteca fueron las acciones de desestabilización realizadas por el FRG en coordinación con AVEMILGUA para inscribir a Ríos Montt como candidato presidencial en las elecciones generales 2003, pese a las restricciones constitucionales sobre aquellas personas que haya participado en gobiernos de facto. El 06 de junio de 2003 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la candidatura de Ríos Montt. El 24 y 25 de julio de 2003, más de 30 mil manifestantes realizaron acciones en todo el país para exigir la inscripción de Ríos Montt. Los hechos fueron posteriormente conocidos como el “Jueves Negro” y el “Viernes de Luto” debido al fallecimiento del periodista Héctor Ramírez, conocido como el “Reportero X”. Una buena parte de las concentraciones violentas se dio en la zona 10, específicamente en las afueras del edificio del Centro Empresarial donde se encontraban las oficinas de Pollo Campero y se grababa el programa televisivo Libre Encuentro, dirigido por Dionisio Gutierrez de la Corporación Multi Inversiones. El 30 de julio de 2003 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que si era posible la inscripción del candidato del FRG. El entonces Presidente de la CC era el


magistrado Mario Guillermo Ruiz Wong ex ministro de gobernación por el FRG de enero a julio de 2000 y amigo de Ríos Montt desde la infancia, ambos vinculados a la Red Moreno29.

Análisis de situación

El auge del FRG experimentado desde su inscripción como partido político en 1990 empezó su debacle luego de que hizo gobierno. Por ejemplo, de 63 diputados electos en 1999 solo obtuvo 14 en las elecciones generales 2007 y 1 diputado para las elecciones 2011.

Gráfica 1 Guatemala: Total de alcaldes electos por el FRG Periodo 1999-2011

14

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

153 122

FRG

24 2

1999

2003

2007

2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Bajo este panorama y con un juicio que se avecinaba, en marzo de 2009 se buscó realizar una alianza entre la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), de Mario Estrada y con base en el oriente del país; el rescoldo de lo que fuera el Partido de Avanzada Nacional (PAN), en ese momento recién adquirido por Juan Gutiérrez, primo de Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch-Gutiérrez, y por lo tanto, en pugna con Multi Inversiones; y el FRG, que buscaba lanzar nuevamente la candidatura de Alfonso Portillo, a la postre preso y con juicio abierto para su extradición a Estados Unidos. Este proceso contra Portillo dio fin a esa alianza que tenía fuertes posibilidades de realizar una profunda carrera en las próximas elecciones. La apertura del caso Portillo obligó al PAN a romper con la alianza a inicios de 2011. El FRG de esa cuenta lanzó de candidata presidencial de Zury Ríos, la hija de Ríos Montt. Desde 2009, a la vez se había comenzado a observar una serie de fugas estratégicas a lo interno del FRG, cuando diputados comenzaron a tener pláticas con el ahora

29 Beltrán, Adriana y Peacock, Susan C. “Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos.” Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 2004. pág.37


partido gobernante PP, llevándose con eso a sus bases departamentales30. En declaraciones de 2009, Ríos Montt declaró:

Análisis de situación

…Tengo más de 80 años. Puede ser que mañana no esté aquí. No puedo ver hacia el futuro porque no tengo bola de cristal31.

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A inicios de mayo de 2011, Ríos Montt anunció su retiro de la política, y un día después se hizo pública la noticia que Portillo quedaba desligado de algunos cargos en su contra. A esto siguió la cancelación de la candidatura de Zury Ríos bajo el argumento de que el partido no contaba con fondos para financiar la campaña electoral, pese a que ya se había anunciado un éxodo de cuadros del FRG, justo antes de las siguientes elecciones para diputados. Para diciembre de ese año, para culminar con el proceso, Ríos Montt perdió su inmunidad como funcionario público al no lograr una curul en el Congreso de la República. Pocos días después se presentó, consideramos como estrategia y dada la presión que existía por parte de organismos internacionales y los querellantes nacionales, ante los tribunales para dirimir si existían responsabilidades penales. Semanas después, exactamente el 26 de enero de 2013, fue conformado el Partido Republicano Institucional (PRI) en sustitución del FRG, que cumplía 21 años de existencia. De acuerdo con su Secretario General, Luis Fernando Pérez, único diputado de ese partido en el Congreso de la República para el período 2012-2016, y que fue electo por el ahora desparecido FRG, la ausencia de Ríos Montt en ese acto de conformación se debía, lógicamente, a la situación jurídica en la que se encuentra actualmente. Negó que… …el cambio de nombre del grupo político se deba a querer desvincularlo del proceso penal que afronta Ríos Montt por supuestos hechos de genocidio durante su mandato de facto. Además del cambio de nombre y del nombramiento de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido, se comunicó que la manita azul ya no identificará a la agrupación y ahora será un círculo blanco y azul, que al fondo forma la bandera de Guatemala. Pérez dijo además que el “nuevo partido” mantendrá la ideología cristiana-republicana del FRG, a la vez que rechazó cualquier relación que se haga

30 Tanto Arístides Crespo, diputado por el departamento de Escuintla; los hermanos Quej, de los departamentos de Alta y Baja Verapaz; los hermanos Arévalo, de Totonicapán, y otros, le retiraron su apoyo al FRG, y ahora constituyen uno de los bloques en que se fracciona la alianza que aglutina el PP. 31 Ver el interesante reportaje que realizó Louisa Reynolds para el diario elPeriódico en el siguiente enlace: http://www.elperiodico.com.gt/es//pais/129681


con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, pese a que el logo del “nuevo partido” guatemalteco es idéntico, con excepción de los colores, al logo del PRI mexicano.

Análisis de situación

La declinación política del carácter que sufrió el FRG y la fortaleza de otras redes políticas en el actual momento, permiten suponer que esta situación se expresó en una disminución de la efectividad propia de sus redes de influencia en instancias claves del Estado, sobre todo en el Poder Judicial y la CC.

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Con este nuevo panorama, el caso por genocidio presentado por la AJR-CALDH presentó nuevos bríos. Había ya una presión internacional por juzgar el caso de genocidio, en donde se veían inmersos diversos intereses, el MP había sido desentrampado, y las redes y el poder de influencia de Ríos Montt se habían visto debilitado. Entonces el proceso comenzó a caminar. En junio de 2011 fue detenido el Jefe del Estado Mayor del Ejército durante la dictadura de Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes. Para octubre se emitieron más órdenes de captura para los Jefes de la G-2, G-3 y el Ministro de Defensa. Y en diciembre de ese año, a finales, Ríos Montt se presentó al Juzgado Primero de Mayor Riesgo para que se le investigara. A lo largo de todo el 2012 continuaron un sinfín de amparos y otras medidas dilatorias, pero el ímpetu no se perdió. Para octubre de 2012 se anunció que la Sala Cuarta de Apelaciones no le concedió el derecho de ampararse en la Ley de Reconciliación Nacional, ya que el crimen que se le imputa es el de genocidio32. Finalmente, a inicios del presente año el caso llegó a su instancia intermedia, y para marzo el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de la Jueza Jazmín Barrios, dio inicio al primer caso de genocidio en Latinoamérica.

32 Ediciones del diario Prensa Libre del 16 de enero de 2012, 17 de enero de 2012 y 31 de agosto de 2012.


Análisis de situación

Las grandes recomposiciones y la crisis actual

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De estos procesos nos gustaría resaltar dos aspectos significativos. Esta mediana reconfiguración, primero, ha resultado en pugnas y tensiones entre los relativamente pocos grupos que tienen acceso al ámbito de decisiones del Estado. Segundo, una de las principales consecuencias de esta reorganización de capitales ha sido el resurgimiento de movilizaciones de grupos y clases subalternas a lo largo del país, afectadas por estas modificaciones, al verse directamente enfrentadas con ellas en sus intereses vitales.

El conjunto de factores en movimiento que permitió que el caso por genocidio caminara, luego de años de verse limitado, se presentó como parte de una coyuntura más amplia y compleja que fue la resultante, a su vez, de un proceso histórico que se ha visto modificado en los últimos 10 años. Esto ha hecho que el caso por genocidio sea parte de un complejo más vasto de procesos, que le viene a ejercer presiones de diferente tipo y lo enmarca en un terreno un tanto volátil. Vital para entender este enmarañado proceso son los cambios que comenzaron a generarse con más fuerza a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la consecuente profundización de la apertura de Guatemala a inversiones y capitales extranjeros. Esto ha provocado una reconfiguración y diversificación en la manera como el territorio guatemalteco se articula con los capitales y mercados regionales, entreviéndose una fuerte integración subordinada a los capitales de los países más grandes de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y otros europeos. Como parte de este proceso debe incluirse, en lo que a Guatemala respecta, el movimiento de capitales ilegales que ha provocado la guerra contra el narcotráfico en México y la política más amplia de militarización regional que lo ha acompañado. Estas luchas han hecho notar, como en otros momentos de crisis nacional en nuestra historia, los limitados derechos realmente efectivos que se le conceden a vastos contingentes de población.


Análisis de situación

Las pugnas alrededor del Estado

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Las tensiones y pugnas entre los grupos que tienen acceso al Estado se vio claramente ejemplificado a lo largo de la gestión de Álvaro Colom, un gobierno compuesto por partes sumamente heterogéneas33, algunas de las cuales chocaban con intereses de capitales de origen criollo/oligárquico, algunos de ellos transnacionalizados. Las pugnas en torno al caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg34 así como respecto a la reforma fiscal que intentó llevar a cabo Juan Alberto Fuentes Knight35, además de la mencionadas entre el PP/CACIF-UNE, y la que giró en torno a la elección del MP, tal vez sean los mejores ejemplos para entender las tensiones que caracterizaron los cuatro años de la gestión de Colom. Esta serie de pugnas son importantes en lo que a este documento respecta, por el resultado electoral en que devinieron. Los resultados se definieron en una segunda vuelta bastante reñida y llena de tensiones, donde finalmente el candidato del PP obtuvo 2,300,979 mientras el candidato de LIDER obtuvo 1,981,003 -53.74% y 46.26%, respectivamente-. De los resultados es posible observar cómo la concentración de los votos del PP fue en departamentos del centro del país -donde se encuentra la capital-, además de uno de occidente. En el resto, su derrota fue, como en el proceso electoral de 2007, aplastante. Pero sobre todo, es de resaltar que menos del 30% del electorado fue el que votó por el PP en un momento de múltiples tensiones producto de los procesos anteriormente referidos. Como lo ha mostrado un análisis reciente de El Observador36, los cuadros que ha llevado el PP al Estado cuentan con una mayor homogeneidad si se les compara con los de la anterior gestión, aunque esto no descarta -como es de esperarsetensiones y roces internos. Además del reparto de puestos clave para los operadores políticos de los grupos económicos tradicionales beneficiados, algunos, por la reconfiguración de capitales y la regionalización de algunos mercados e infraestructura, el PP parece tener claro que la actual coyuntura presenta una oportunidad inigualable en cuanto al posicionamiento que puede hacer con respecto a la militarización regional que se ha visto impulsada por Estados Unidos en su lucha en contra del narcotráfico. El territorio guatemalteco, junto con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ha pasado a ser central en el comercio de las drogas provenientes del sur del continente. En el año 2006, el 33% de la droga procedente del sur de América pasaba por Centroamérica; para el 2012, esa cifra llegó a un 84%37. 33 Solano, Luis. ”Los círculos de poder en el gobierno de Álvaro Colom y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 3, Nos. 11 y 12, febrero-abril de 2008, páginas 28-57. 34 El intenso caso Rosenberg está cubierto en: Solano, Luis, y, Solís, Fernando. “La coyuntura de junio y julio: los nombres que relucieron”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 2, No. 9, 12 de agosto de 2010, 14 páginas; y, Solano, Luis. “¿Crimen de Estado o conjura política?”, Inforpress Centroamericana No. 1799 del 15 de mayo de 2009; Solano, Luis. “¿Hacia dónde apunta el caso Rosenberg? Inforpress Centroamericana del 23 de mayo de 2009; y un análisis y descripción del caso Rosenberg y el increíble despliegue de pugnas que ocasionó, puede encontrarse en Yagenova, Simona y Véliz, Rodrigo. ”Guatemala: al borde de la crisis”, 2009. Disponible vía electrónica en: http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/guatemala/2009/informe-decoyuntura-de-guatemala-de-mayo-a-agosto-de-2009/view 35 Al respecto puede consultarse el texto de Yagenova, Simona y Véliz, Rodrigo “Pugnas dentro del Estado: Nuevos actores y procesos viciados”. Observatorio Social de América Latina (OSAL), CLACSO, mayo-agosto del 2010. Disponible en: http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php 36 Ver Solano, Luis. “Gobierno del PP: élites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 34 y 35, enero-junio 2012, páginas 4-53. 37 Counterpunch, 22 de enero de 2012 y 29 de enero de 2012.


Análisis de situación

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En esta situación, el PP ha llegado a gobernar no sólo con apoyo y compromisos gremiales del y con el Ejército y grupos militares en retiro, sino con un equipo de trabajo especializado en inteligencia y contrainteligencia que se ha concretado como parte de una alianza volátil entre dos redes más o menos sólidas de tendencias militares, sintetizada en la composición del Sistema Nacional de Seguridad.

Específicamente, Guatemala ha pasado a ser el eje de la cadena de distribución, ya que en ese punto del comercio los precios de los productos ilegales son aún muy bajos. En este sentido, las ganancias que se pueden realizar al tener el control de este eslabón del comercio son centrales para capitalizar de una manera más provechosa el traslado a México, donde el estricto control y la militarización ha hecho que los costos de transporte sean bastante más elevados38. Según una de las pocas investigaciones con que se cuenta al respecto, el grupo que mayores pugnas ha generado en el país en su relación con los capos locales, luego de la llegada de capitales mexicanos narco producto de la guerra que les declaró el ex Presidente de ese país, Felipe Calderón, ha sido el de los violentos Zetas, que se ha hecho de buena parte del territorio guatemalteco.

Con este panorama, Estados Unidos ha decidido, según los analistas más críticos, más que resolver el problema de las drogas, administrar de la mejor manera posible, según sus intereses, el caos que lo rige, ya que la política del Departamento de Estado durante los años de la administración de George W. Bush, significó un desgaste. Por su parte, el equipo del demócrata Barack Obama ha intentado remendar algunas de las asperezas provocadas. En ese sentido tiene que entenderse su política de las tres D: desarrollo, diplomacia y defensa39. Para el caso guatemalteco, esto se ha visto reflejado con ayuda militar de diferente tipo. Sólo en el año 2011, US$ 16 millones fueron donados con fines de seguridad y combate contra el narcotráfico al gobierno de Colom. De 1999 al 2010 se entrenaron alrededor de 3 mil 555 agentes miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC)40. En los mismos años, la venta de artículos militares, sin mediación de parte del gobierno de Estados Unidos, fue de US$ 73 millones. Este aumento en la ayuda militar se ha visto acompañado por nuevas instituciones como la Central American Regional Security Institute (CRIS), que sólo en el año 2008 donó una cantidad de US$ 496 millones a la región. Quizá uno de los principales problemas de estas donaciones sea que no sólo los gobiernos son los que están recibiendo este tipo de ayuda sino también las organizaciones del crimen organizado como lo mostró la infame operación Rápido y furioso41. En esta situación, el PP ha llegado a gobernar no sólo con apoyo y compromisos gremiales del y con el Ejército y grupos militares en retiro, sino con un equipo de trabajo especializado en inteligencia y contrainteligencia que se ha concretado como 38 Ver Dudley, Steven. 2011. “The Zetas in Guatemala” en In Sight Crime. Disponible en línea en: http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Zetas_in_Guatemala.pdf 39 Ver Romano, Silvina. 2011. “Obama y la Alianza para el progreso: la retórica del desarrollo y la práctica de la “seguridad interna”, en Historia y memoria [Bogotá], 16: 62-69. 40 Del 2002 al 2006 fueron entrenados 778 agentes, mientras que sólo en el 2007, 693 recibieron entrenamiento. Ver el sitio Just the Facts, para tablas detalladas de estas donaciones. http://justf.org/ 41 Puede consultarse la editorial de La Jornada del 20 de septiembre de 2012, así como el reportaje de la revista mexicana PROCESO del 19 de septiembre de 2012.


parte de una alianza volátil entre dos redes más o menos sólidas de tendencias militares, sintetizada en la composición del Sistema Nacional de Seguridad.

Análisis de situación

El férreo control de la información, característico de estos sistemas de inteligencia, tiene que verse acompañado necesariamente con apoyo militar. Y allí es donde el problema del embargo adquiere notoriedad.

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Desde el inicio de su gestión, Otto Pérez Molina hizo ver que el problema del narcotráfico constituía un eje central de su administración. La estrategia se hizo mediante declaraciones públicas y en encuentros regionales/mundiales en donde declaraba su intención de buscar nuevas medidas para tratar el problema de las drogas, sugiriendo la legalización. Estados Unidos, desde un inicio, se ha mostrado contrario a este tipo de políticas, siendo obvio ¿Por qué? El proceso de militarización, más allá de la retórica, no tiene en su centro la idea de resolver el problema42; más importante es la vigorización de la capacidad de influencia estadounidense en la región a la luz de las divergencias que ha encontrado en el sur del continente y en el resto del globo. A sabiendas de esta férrea actitud, la posición del PP es más o menos la siguiente: si no se va a dejar que se tomen otras alternativas tiene que existir entonces un respaldo claro al combate del narcotráfico, y la ayuda militar es allí central. A un mes de llegado al Ejecutivo, Harold Caballeros, el primer Ministro de Relaciones Exteriores de la gestión del PP, tuvo reuniones iniciales con Hillary Clinton, en ese momento cabeza del Departamento de Estado estadounidense. Incluso, a lo largo de este tiempo de gobierno PP, el Ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, ha realizado viajes a Estados Unidos para trabajar en una postura que permita presionar al Congreso de Estados Unidos para levantar el embargo. Pero ha sido Édgar Gutiérrez, a la postre el responsable de cabildear internacionalmente la propuesta de Otto Pérez Molina de despenalizar la droga43, el encargado de trabajar con el Departamento de Estado en torno al embargo estadounidense al Ejército de Guatemala. En esta vía debe entenderse la aprobación del Estado guatemalteco del Estatuto de Roma y su adherencia a la Corte Penal Internacional. Aunque es necesario resaltar el papel que ha tenido en el gobierno, Antonio Arenales Forno, actual titular de la Secretaria de la Paz (SEPAZ) en la institucionalidad ligada a la Paz, y los fuertes movimientos que ha realizado con tal de frenar algunos de los pasos que se habían dado con los funcionarios de la UNE en ellas44. Pero más allá del papel de Arenales Forno, algo de vital manejo para el PP de querer que efectivamente se levante el embargo, es que la evolución de los derechos humanos ha tenido pésimos resultados en sus primeros quince meses de gestión. 42 Según el erudito lingüista y anarquista Noam Chomsky… …Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo (...) Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. 43 Solís, Fernando. “Populismo y militarismo…”, op. cit., páginas 5-36. 44 Una biografía de Arenales Forno y un análisis de sus movimientos dentro del PP puede encontrarse en: Illescas, Gustavo. “El acceso a la memoria, la verdad y la justicia en el gobierno del PP: el caso de la institucionalidad de la paz y los derechos humanos”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 5, No. 27, 25 de abril de 2012.


Análisis de situación

El Estado y la oposición social organizada

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Según datos del Banco de Guatemala (BANGUAT), a partir de 2004 la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó como nunca antes. En el año 2002 apenas rebasaba los US$ 100 millones; en el primer año de gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA) aumentó a US$ 296 millones. Para inicios de la siguiente gestión, en el 2008, el monto de la IED llegó a US$753.8 millones, que después de un descenso por la crisis mundial del 2009, ha aumentado nuevamente45. Este aumento de la IED está abanderado por los tres países del norte del continente, que para 2010 concentraban el 72%. Si bien en el centro de la economía guatemalteca sigue predominando la agricultura de agroexportación -azúcar, café, cardamomo-, que se ha complementado con la exportación de productos no tradicionales y la proliferación de maquilas de capital surcoreano y estadounidense, los últimos 10 años han visto un aumento en el intento de llegada de capitales extractivos46, la reorganización de la propiedad agrícola en ciertas regiones con la exportación de agrocombustibles47, y en proyectos de infraestructura, principalmente las hidroeléctricas48, carreteras como la Franja Transversal del Norte (FTN)49, y grandes proyectos como el Corredor Tecnológico50. Buena parte de la llegada de inversión en proyectos en energía, infraestructura y telecomunicaciones, es parte de las presiones que ejerce el Plan Mesoamérica -antiguo Plan Puebla-Panamá (PPP)-, que está buscando crear una integración en diferentes niveles desde México hasta Colombia. Lo que a nosotros nos interesa resaltar de esta mediana reconfiguración de capitales, producto de los procesos de integración a los capitales imperiales y regionales, es que en cada uno de los casos en donde se han implantado éstos han generado un choque directo, antagónico se podría decir, con grupos y clases subalternas locales. Al tener que lidiar con ellos, el PP ha mostrado una nula capacidad de dar algún tipo de respuesta no violenta a las diversas manifestaciones de descontento organizado que han provocado algunas de sus medidas, tales como la modificación a la carrera de magisterio, el impuesto a la importación de vehículos, o la modificación de la Constitución Política de la República, entre otras, o las transformaciones que se están haciendo en el ámbito del proyecto de integración energética y la instalación de mineras en diferentes regiones del país. 45 Ver la página del Banco de Guatemala: http://www.banguat.gob.gt. Acerca de los últimos años de la economía guatemalteca y centroamericana, puede consultarse a Bull, Benedict. 2008. “Globalización, Estado y privatización: Proceso de las políticas de reforma de telecomunicaciones en Centroamérica”. FLACSO-Costa Rica, San José; y el trabajo de William, Robinson. 2000. “Neoliberalism, the global elite, and the Guatemalan transition: a critical macrosocial analysis”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 42 (4). 46 Puede consultarse el trabajo de Solano. “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 4, No. 19, junio-julio 2009, páginas 3-39, así como los mapas que provee Plaza Pública del 22 de mayo de 2012 y el 5 de julio de 2012. 47 Ver Alonso, Alberto; Alonzo, Fernando; Dürr, Jochen. 2008. “Caña de azúcar y palma africana”. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR), Guatemala. 48 Las tensiones que han provocado las hidroeléctricas son parte de una nueva configuración en la matriz energética del país. Los conflictos no sólo se han dado en la producción hídrica de energía sino también en su distribución y con la construcción de torres de transmisión por parte de capitales colombianos. Al respecto puede consultarse Solano, Luis. “La política energética y el negocio de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 5, Nos. 22-23, diciembre 2009-febrero 2010, páginas 3-34; y, Véliz, Rodrigo. 2011. “San Marcos y la crisis energética. Rastros de una lucha de clases”, en Yagenova, Simona (coord.) “Los movimientos sociales y el poder: concepciones, luchas y construcción de contrahegemonía”. Tomo II. FLACSO-Guatemala, Guatemala. Disponible en línea: http://alainet.org/images/Mov%20soci%20II%20completo.pdf 49 El Observador ya ha analizado en varias entregas el proyecto de la FTN y lo que constituye en el marco del modelo de acumulación capitalista que tiene lugar en Guatemala. 50 Sobre el llamado Corredor Interoceánico puede consultarse el reportaje de Plaza Pública del 13 de diciembre de 2011.


Análisis de situación

Según cifras de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)51, en el año 2004 -punto que hemos resaltado como referencia de la actual transformación mediana de la ubicación de capitales en el territorio guatemalteco-, los ataques a activistas y líderes sociales contabilizaron 128; para el siguiente año llegaron a 224; y en el año 2006 fueron 278. En estos últimos nueve años se han contabilizado un total de 2,416 ataques a activistas y líderes sociales.

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En el último año de la UNE se registraron 409 casos, por lo que parecería a simple vista que la reducción a 305 en el primer año de gobierno del PP parecería un avance. Pero si se ve de cerca, puede entenderse que lo que ha significado es más un cambio en la estrategia en la manera cómo se trata el problema de la conflictividad social y el aumento del descontento organizado. El caso de la militarización de Santa Cruz Barillas, cuyas comunidades se oponen a la instalación de la hidroeléctrica Cambalam fue, junto con la matanza de la Cumbre de Alaska ocurrida el 4 de octubre de 2012, donde el Ejército asesinó a 8 manifestantes k'iche's que eran parte de los 48 cantones de Totonicapán, tal vez sean los casos que mejor resaltan el cambio cualitativo en la represión, de lo visto respecto del gobierno de Colom52. Si bien las críticas han provocado cambios en el papel del Ejército en las manifestaciones, expresado en un nuevo y consensuado Protocolo de Acción del Ministerio de Gobernación, y la apertura de juicio a algunos de los soldados y un coronel por parte del MP, la represión y el surgimiento de más de un centenar de presos políticos ha continuado en este inicio de año53. Al respecto, UDEFEGUA señala que sólo en el período de enero a marzo del presente año, se han cometido 169 agresiones a activistas y líderes sociales. Si esta tendencia continúa, a fines de año se tendría un total de 676 agresiones, el más alto desde el fin del enfrentamiento armado. La Directora de la UDEFEGUA, Claudia Samayoa54, dice que este aumento se ha visto acompañado por un proceso de estigmatización, en donde los líderes sociales y activistas son catalogados como terroristas, desestabilizadores y, básicamente, delincuentes. Lo que esto crea es un ambiente propicio de impunidad para que los ataques de fuerzas locales se perpetúen. Si a esto le sumamos el cierre de cualquier espacio de diálogo y negociación y una orquestación más activa de parte del Ejecutivo, a través de López Bonilla, Ministro del MINGOB; el caso del asesinato de Exactación López, Secretario de Actas de los comuneros de Santa María Xalapán, Jalapa, y el secuestro de Roberto González, Presidente y Mayordomo de los comuneros, y de Rigoberto Aguilar, Presidente indígena de Xalapán, ocurrido el 17 de marzo del año en curso55, y el aumento de los presos políticos y órdenes de captura, el panorama aparece bastante gris para los derechos humanos en el país. 51 Nos basamos en los siguientes documentos: “Informe Anual 2012”, y “El Acompañante, marzo del 2013”. 52 Ver el ensayo de Gustavo Illescas: “Los síntomas de autoritarismo del General: la violencia política disfrazada de ingobernabilidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, páginas 37-79. 53 Ibídem. Respecto al caso de Barillas, Ver: García Aupi, Ana, y, Ávila Gálvez, Rubén. “Santa Cruz Barillas: criminalización y presos políticos”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 4, No. 26, enero de 2013, 61 páginas. También: Illescas, Gustavo. “Desarrollo”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 5, No. 28, 1 de mayo de 2013, 8 páginas. : http://issuu.com/observadorguatemala/docs/enfoque_28_en_ 54 Entrevista personal de El Observador realizada el 4 de abril de 2013. 55 Ver el caso en el diario La Hora y Plaza Pública el 21 de marzo de 2013.


Análisis de situación

El juicio por genocidio y la actual coyuntura 23

Dentro de este complejo marco de fuerzas, finalmente el 19 de marzo de 2013 dio inicio, en la Sala de Vistas del Palacio de la Justicia, el esperado juicio por genocidio contra los militares acusados, general Efraín Ríos Montt, y general José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex Jefe de facto de 1982 a 1983, y ex Jefe de Inteligencia (G-2) en ese mismo período, respectivamente. Inmediatamente el juicio destapó apasionadas reacciones de diferentes sectores, colocando el enterrado tema de la represión y la última crisis orgánica del país en la palestra de la llamada opinión pública. Los más recios en responder a lo que han considerado una venganza política fueron los militares retirados aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA). Entre los principales peritos y testigos presentados por la defensa de Ríos Montt han estado varios de los miembros de AVEMILGUA que, vale decir, son los que más problemas le generaron al viejo general. Pero también ha sido aplicable a los mismos abogados que lo defienden, tanto a él como a Rodríguez Sánchez.

II. La estrategia propagandística de los militares retirados e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia frente al juicio por genocidio Los militares retirados articulados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y otras asociaciones afines como FAMILIAS y la Fundación contra el Terrorismo, han encabezado una cuantiosa campaña mediática en los diarios escritos de mayor circulación del país, cadenas radiales como Emisoras Unidas, Radio Punto y Sonora, así como por canales de televisión.

amigos de militares retirados. Se ha caracterizado por la persistente negación de que en Guatemala hubo genocidio, a la vez que enfatiza en que todo el juicio constituye una nueva conspiración y una venganza contra los militares por parte, tanto de la izquierda revolucionaria, fundamentalmente del desaparecido Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), como desde la Iglesia Católica.

Se ha traducido en la suscripción y publicación de comunicados y campos pagados; el pautaje de cuñas radiales; la distribución de panfletos y volantes; columnas de opinión y raquíticas movilizaciones de supuestos familiares y

Hasta la fecha, la Fundación contra el Terrorismo, la principal punta de lanza de la ofensiva mediática, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, ha publicado 3 suplementos en el diario escrito elPeriódico, titulados “La Farsa del Genocidio en


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Guatemala. Conspiración marxista desde la Iglesia Católica”, un panfleto que está armado al mejor estilo de la inteligencia y contrainteligencia militar cuyo contenido está compuesto por informaciones tergiversadas y maniqueamente montadas con datos relacionados con las operaciones de la guerrilla, particularmente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), sin mayor argumentación y fundamento. Entre algunos de los objetivos podemos derivar varios: a) Obviamente, influir en la opinión pública guatemalteca e internacional para intentar mostrar de que el Ejército lo que hizo durante el enfrentamiento armado, fue cumplir con su deber constitucional de defender a la patria de la “agresión comunista”, y respondió simplemente a ataques de población como los ixiles y otros Pueblos Mayas, como parte de la estrategia de la guerrilla de convertir a esa población en base social armada y de apoyo. No era, por tanto –según ellos- población civil desarmada sino combatiente. b) Acompañar toda la estrategia hilvanada por los abogados defensores de los dos militares enjuiciados, que ha intentado. c) Bloquear el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez para evitar que continúe avanzando y de paso, suspenderlo. d) Insertar en el debate la igualdad entre las partes que fueron protagonistas del enfrentamiento armado interno en cuanto a los procesos de justicia transicional: si se juzga a militares se tiene que juzgar a guerrilleros, sin reparar en que muchos de los crímenes de guerra cometidos por ambas partes caben dentro de la Ley de Reconciliación Nacional, no así el caso de Ríos Montt por tratarse de

genocidio, el cual no es amnistiable. De ahí el énfasis de la campaña mediática de que haya reconciliación y no venganza. La campaña mediática ha sido secundada por supuestas ONG como por ejemplo, Movimiento de Principios y Valores (MPV), Fundación Guatemaltecos por la Vida, Chapines por Guatemala, Fundación contra el Terrorismo, Guateavanza, Instituto de Derecho Constitucional y de la Justicia, que de la noche a la mañana se han multiplicado para calzar y publicar, no sólo comunicados y campos pagados escritos sino también cuñas radiales que fundamentalmente han sido transmitidas por las estaciones del grupo de Emisoras Unidas. Hay que recordar que uno de los principales fundadores de este grupo radial es el mayor retirado Rolando Archila Marroquín, quien fuera Subsecretario de Relaciones Públicas de los gobiernos militares de los generales, Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), y Fernando Romeo Lucas García (1978 – 1982). Uno de sus hijos, Erick Archila Dehesa, es actualmente el Ministro de Energía y Minas (MEM) del gobierno de Otto Pérez Molina y ha sido Presidente de este grupo radial. También hay que destacar que como parte de esta ofensiva mediática están las sucesivas columnas de opinión publicadas en serie en los principales medios de comunicación escrita como Prensa Libre, elPeriódico y Siglo Veintiuno, por parte de operadores políticos e intelectuales orgánicos ligados a la derecha y a las cámaras empresariales corporativas, y que son conocidos y conocidas por sus vetustas posturas políticas. Entre estos: Humberto Preti, Alfred Kaltschmitt, Pedro Trujillo, Raúl González Merlo, Raúl Minondo Ayau, Danilo Parinello, Gonzalo Asturias Montenegro, Jorge Jacobs, Luis Figueroa,


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Marta Yolanda Díaz-Durán, Estuardo Zapeta, Carrol Rodríguez, Federico Bauer, Armando de la Torre, Ricardo Méndez Ruiz, entre otros y otras.

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En esa línea también están los programas de opinión divulgados por cadenas radiales como “A primera hora”, conducido por Felipe Valenzuela y Beatriz Colmenares, el cual es transmitido por Emisoras Unidas; Hablando claro, conducido por el periodista Mario David García y transmitido también por Emisoras Unidas; “Informe Especial”, dirigido por la periodista Sylvia Gereda y Pedro Trujillo, y transmitido por Canal Antigua; así como “A las 8:45”, conducido por Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, Pedro Trujillo y Dina Fernández, transmitido también por Canal Antigua.

El miedo de sus representantes es que después del juicio contra militares, el siguiente problema a resolver será el despojo de tierras durante la dictadura, en el que muchos empresarios están involucrados, así como por su apoyo financiero al Ejército para ejecutar la política contrainsurgente. No es posible saber cuáles de las cámaras fueron las que pusieron más peso para emitir una postura común como CACIF, o si actuaron homogéneamente, pero lo importante es que la presión hizo que se pronunciaran en contra de los juicios. Varios de los elementos del discurso de AVEMILGUA estuvieron presentes en su comunicado, llamando a la paz y a cesar con la venganza.

El caso por genocidio y la actual coyuntura Sin ser parte él directamente del juicio por genocidio, el mismo Presidente de la República es un protagonista, no sólo porque desde su tribuna ha sido parte de la estrategia de los militares retirados de frenarlo negando “la ocurrencia de genocidio” sino porque el curso que finalmente tenga este proceso está en correspondencia directa de cuánto pueda afectarlo debido a la cadena de mando, así como a su equipo de ex oficiales de inteligencia que lo acompañan en la gestión gubernamental. El mandatario se ha encontrado en medio de dos flancos en los cuales es protagonista. Desde antes del inicio de su gestión y durante este año y cuatro meses que lleva al frente del gobierno, el mandatario ha sido claro en su discurso en enfatizar que es inaudito hablar de genocidio en Guatemala56. Sin embargo, unas semanas después de iniciado el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez su nombre salió a relucir 56 Desde antes de que asumiera el cargo de Presidente de la República y en plena campaña electoral, en una entrevista que le realizó el medio electrónico Plaza Pública en julio de 2011, Pérez Molina ya se había posicionado frente al juicio a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez enfatizando en que no había existido genocidio en Guatemala, así como lo hizo el 27 de enero de 2012, un día después de que se decidiera abrir audiencias contra el general de facto para determinar si procedía abrirle juicio por genocidio. Estos pasajes están citados en: Solís, Fernando. “Populismo y militarismo: un vistazo al proyecto político que personifica el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, nos. 36-37, julio – noviembre de 2012, página 25.


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en las declaraciones de un testigo que se identificó como un ex especialista del Ejército, y que lo nombró como el responsable de las masacres cometidas en el entonces Triángulo Ixil, cuando Peréz Molina fungía, entre 1982 y 1983, como comandante del destacamento instalado en Santa María Nebaj, lo que podría generarle problemas legales más adelante en su carrera, dada la jurisprudencia que puede crear una condena por genocidio al Alto Mando entre marzo de 1982 y agosto de 198357, además de la cadena de mando que existió en todas las operaciones militares contrainsurgentes.

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57 Al respecto, ver el reciente artículo de Allan Nairn, 18/04/2013, titulado: “The Genocide Trial of General Efrain Rios Montt Has Just Been Suspended: A firsthand behind-the-scenes account of how Guatemala's current President and threats of violence killed the case”, en http://www.allannairn.org.


Al día siguiente de ser mencionado, el Presidente realizó una reunión a puerta cerrada con la Fiscal General del MP. Ese mismo día, el fiscal que lleva el caso aseguró que no sabían que el testigo iba a mencionar su nombre.

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Por otra parte, los militares de AVEMILGUA y columnistas de la derecha más dura como Raúl Minondo y Ricardo Méndez Ruíz, le ha lanzado fuertes ataques acusándolo de traidor, mientras a su Ministro de Gobernación se le tilda, sorprendentemente, de guerrillero.

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¿Acaso con estas acusaciones, los militares retirados han querido decirle al mandatario que violó un pacto con ellos? ¿…de que no se permitieran los juicios a militares y que debía defender al Ejército con un espíritu de cuerpo porque él mismo es un militar que podría ser afectado por las acusaciones de genocidio? Los militares retirados y los operadores políticos de la derecha quizá le están diciendo a Pérez Molina que no vuelva a ser partícipe de procesos contra la institución armada, tal como lo hizo en 2004 durante el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA), cuando siendo Comisionado Presidencial de Seguridad permitió la reducción del Ejército –aunque valga decir que esa reducción fue sobre tropa y no sobre la oficialidad-; o cuando durante el autogolpe de Serrano Elías en 1993, siendo Jefe de Inteligencia sin ser un oficial de este nivel, se alió con el empresariado para defenestrar el intento golpista y se posicionó, de paso, frente a militares que apoyaron la aventura de Serrano Elías, como Francisco Ortega Menaldo, entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Domingo García Samayoa, entonces Ministro de la Defensa, así como frente a Roberto Perussina, entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

Juan de Dios Rodríguez Foto: elPeriódico

Su posición es interesante de analizar. Si bien, como dijimos, el resultado del juicio puede traerle problemas legales más adelante en su carrera, además de verse sospechosamente beneficiado por su reciente absolución en el caso de la desaparición y ejecución extrajudicial del Efraín Bámaca, Comandante Everardo, capturado en 1993 por un comando militar e interrogado por el mismo Pérez Molina cuando era Director de Inteligencia Miliar58, hasta ahora pública y directamente el mandatario no ha entorpecido el caso ni ha dicho que deba ser suspendido. Esto sería lo usual en un Estado con las características como el guatemalteco, donde la institucionalidad queda siempre relegada a los más directos intereses.

58 Rodríguez es un coronel en situación de retiro quien además ejerce la profesión de Abogado y Notario. Es un ex oficial de inteligencia que estuvo en la Dirección de Inteligencia precisamente cuando el actual mandatario fue su Director en 1993, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. A Rodríguez también se le relaciona, además de Pérez Molina, con el ahora titular de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), Walter Zepeda Chavarría. Ver: Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 34-35, enero-junio de 2012, páginas 19 y 20.


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Por otra parte, según fuentes consultadas del mismo MP, desde que el juicio inició y de manera general, no ha tenido ningún tipo de presión por parte de Pérez Molina. Incluso, ha recibido el apoyo financiero necesario para realizar sus gestiones, al contrario al primer año de gestión del PP, donde apenas logró costear salarios.

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En el caso del MP no obstante, una de las amenazas más fuertes, además de las redes que se activan en la politizada CC y la CSJ, es la elección de un/a nuevo/a Fiscal General, prevista para finales de 2014 o antes, en caso Pérez Molina decida terminar abruptamente con la gestión de Paz y Paz. Rumores y alguna información pública han venido detallando que el candidato saldría del Consejo del MP, y el candidato que se mencionó a finales del año 2012 como un hombre del PP, apoyado por el FRG y secciones de la UNE, fue el de Julio Rivera Clavería, clave en la red de Ortega Menaldo y Bustamante Figueroa59, quien hasta noviembre de 2012 ocupó el cargo de Viceministro de Seguridad en el MINGOB, y tras la masacre de la Cumbre de Alaska del 4 de octubre de 2012, fue nombrado como Inspector de esa cartera. La CICIG y organizaciones civiles pasaron a observar de cerca la elección, y lograron que Rivera Clavería quedara fuera de los posibles para integrar el Consejo del MP, aunque no lograron que dos de los cinco candidatos, tachados por tener denuncias y sanciones60, lograran ingresar. No obstante, decisiones tomadas por Pérez Molina que han sido cuestionadas por su falta de transparencia, hacen preguntarse las razones por las que no se posiciona de manera más contundente en el caso. Nos referimos, entre otras, a su arbitraria intervención en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al nombrar a su Secretario Privado, Juan de Dios Rodríguez, como nuevo Presidente en sustitución de Luis Reyes Mayén, lo que inclusive generó una agria disputa legal que no quedó aclarada de manera directa61. También está la concesión a la empresa española Terminales de Contenedores de Barcelona (Grupo TCB). Fuente: elPeriódico 59 El abogado Julio Rivera Clavería destaca por sus estrechos vínculos militares. Se menciona que fue nombrado en un Viceministerio de Gobernación como contrapeso al Ministro, López Bonilla, propuesto por Pérez Molina. También se afirma que es cercano a Carlos Quitanilla que, como se recordará, en el 2008 fue destituido por Álvaro Colom por espionaje, intercepción de comunicaciones y revelación de secretos. En el gobierno de Ríos Montt fungió como asistente gerencial del IGSS. Ver Solano, Luis. “Gobierno del PP....”, op. cit. 60 Se trata de Marco Antonio Cortéz y Leopoldo Liu. El problema sería que el Consejo del MP conoce la apelación de las sanciones a lo interno del MP, labor que se dificultaría si integrantes de ese Consejo cuentan con sanciones. 61| Al respecto, la nueva edición de la Revista Crónica, dirigida ahora por el periodista Gonzalo Marroquín, ex Director de los diarios Prensa Libre y Siglo Veintiuno, describió como sintomático que una horas después de que el diario elPeriódico publicara el suplemento “Un cuento de hadas sin final feliz”, en el que se involucra a altos funcionarios de gobierno, principalmente a la Vicepresidenta Roxana Baldetti, en actos de corrupción que estarían apañados por el mismo gobernante, circulara un video morboso y escandaloso que involucraba al depuesto Presidente del IGSS, Luis Reyes Mayén, y que finalmente captó la atención de la opinión pública y desvió al mismo tiempo la atención del mencionado suplemento.


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III. El caso del usufructo de la EPQ a TCB

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La concesión a la empresa española Terminales de Contenedores de Barcelona (Grupo TCB) otorga casi 350 mil metros cuadrados de terreno pertenecientes a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para que realice una serie de operaciones de modernización de la infraestructura. La decisión fue tomada por el mandatario en el transcurso del feriado de semana santa, el miércoles 27 de marzo, cuando prácticamente era un día inhábil y tras una serie de críticas desde distintos flancos. El contrato se suscribió a un plazo de 25 años con derecho a prórroga. La escritura fue autorizada por la notaria Yaraví Morales De León Regial, y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 379.537. Por el usufructo, TCB pagará US$ 1 millón al año y US$ 4 por contenedor que reciba, equivalente a 20 pies teu’s —unidad de capacidad de medida del transporte marítimo—, que a la vez equivale a 20 pies de un contenedor. La operación, según el interventor de la EPQ, Allan Marroquín… …No se trata de un proceso de privatización o de concesión de la EPQ (…) Queremos hacer más eficiente el movimiento de carga de todos los usuarios, para que toda Guatemala sea más competitiva (…) TCB fue seleccionada de un grupo de cinco empresas que pretendían ese terreno,

con exclusividad en el manejo de contenedores (…) varias compañías se mostraron interesadas en obtener el usufructo, pero se escogió a TCB porque fue la única que no pidió exclusividad en el manejo de contenedores (…) La Portuaria Quetzal es la que va a seguir manejando los contenedores, y ahora el usuario tendrá la opción de decir ‘me voy a la empresa portuaria —Quetzal— o me voy a la particular’…62 Por su parte, Pérez Molina afirmó que… …Lo que se está haciendo es seguir los procesos que establece la Portuaria. Lo que se estaría haciendo es un contrato de usufructo de tierra; no es concesión (…) Este contrato permitiría que se pueda dar una inversión por alrededor de Q200 millones (US$25,5 millones) que modernizaría al Puerto Quetzal sin que el gobierno central tenga que desviarse y sin que adquiramos deuda63. En el caso del MP, desde antes que Pérez Molina asumiera la Presidencia de la República, La presión ha venido de dos vías. La primera es indirecta, y se da por parte de las personas cercanas a AVEMILGUA, a través del Sindicato de la DICRI, y por parte de los fiscales en vías de ser expulsados por la mencionada depuración por la que pasa el MP.

62 Diario Prensa Libre. “Gobierno da luz verde a usufructo en Puerto Quetzal. 63 Opcit.


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En las últimas semanas se ha mencionado, y el artículo de Allan Narin presentado en la nota 49 del presente documento lo apoya, las presiones que ha recibido Pérez Molina y cómo podría estarse inclinando por una defensa gremial, de unidad institucional como Ejército, frente al caso, pero sobre todo a las presiones mayores que éste aglutina de parte de diferentes sectores y organizaciones subalternas. En esta situación, una avanzada del Ejecutivo por la anulación del juicio sería un contrapeso significativo, y pondría en otros términos las discusiones sobre el embargo. Lo importante de tomar en cuenta en este punto son el tipo de presiones que está recibiendo Pérez Molina de parte de sus redes, de las de los personajes cercanos a AVEMILGUA, pero más que todo, las que recibe de los principales personajes militares que apoyan la alianza mencionada en inteligencia y seguridad64. Además de las fricciones internas dentro del PP y el Ejecutivo, las que por su misma dinámica, han puesto al partido de gobierno en una posición frágil, no se tiene aún noticia de un fraccionamiento de estas redes provocado por el avance del caso.

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Estados Unidos frente al juicio

Estados Unidos ha sido enfático en su posición: apoya de manera indiscutible el proceso, la justicia transicional, y afirma que este es un gran paso para Guatemala en términos de derechos humanos.

Foto: internet.

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Estados Unidos ha sido enfático en su posición: apoya de manera indiscutible el proceso, la justicia transicional, y afirma que este es un gran paso para Guatemala en términos de derechos humanos65. Al mismo tiempo, anuncia que en su Presupuesto para el año fiscal 2014, la ayuda para la Iniciativa Mérida se verá reducida en US$ 124 millones; para el Plan Colombia en US$ 61 millones mientras el CRIS recibirá un total de US$ 162 millones, 26 más que los que está recibiendo en el año fiscal 2012. Se afirma que tanto Colombia como México, luego de sus intestinas guerras, están en una etapa de capacitación y fortalecimiento institucional. Mientras que en la América Central, dada su alta conflictividad y el panorama del narcotráfico, es necesario fortalecer la etapa del aprovisionamiento de material bélico costoso66. Con esto claro, no es difícil imaginar el papel que puede comenzar a jugar el levantamiento del embargo de armas al Ejército de Guatemala en los próximos meses. Y por eso, creemos, el estratégico y relativo silencio de Pérez Molina67.

Como dato, se conoció que Balconi Turcios, vital en la alianza mencionada, no declararía en defensa de Ríos Montt. Diario La Hora del 10 de abril de 2013. Animal Político, 11/04/2013. Sus declaraciones sobre los señalamientos en su contra pueden verse en Diario La Hora del 10 de marzo de 2013.


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Es necesario mencionar brevemente que el discurso de Estados Unidos ha intentado borrar su participación durante las décadas de dictadura militar. El ocultamiento del levantamiento parcial del embargo por parte de la administración Reagan, que desplegó al mismo tiempo una campaña sobre el mejoramiento de la situación de los derechos humanos durante los años del gobierno de facto de Ríos Montt, está lejos de traerse a colación68. Tanto la retórica de AVEMILGUA y la Fundación contra el Terrorismo desafían al gobierno estadounidense y acusan a su Embajador Arnold Chacón, de traidor.

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Desde ahí se entiende la llegada, entre el 24 y 26 de abril pasados, de Stephen J. Rapp, Embajador del Departamento de Estado para asuntos relacionados con crímenes de guerra, unos días después que el juicio por genocidio quedara provisionalmente suspendido por amparos que la defensa de Ríos Montt interpuso como estrategia para la suspensión del proceso. En ese marco se especuló que la llegada del alto cargo estadounidense tuvo como objetivo, aparte de sostener reuniones al más alto nivel y conocer de cerca impresiones en torno al curso del juicio, persuadir a los opositores al mismo y evitar una conjura que aumentara el clima de ingobernabilidad que sirviera para generar condiciones para un golpe de Estado. Desde esta perspectiva también se entiende el respaldo político que la Fiscal General, Claudia Paz y Paz ha venido recibiendo del gobierno de Estados Unidos, particularmente del Departamento de Estado, fundamentalmente por ser ella uno de los principales blancos de la agresiva campaña de AVEMILGUA para impedir el juicio.

De izquierda a derecha: la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos.

68 Ver el artículo de Allan Nair. “The guns of Guatemala» en The New Republic”, del 11 de abril de 1983.


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A manera de reflexiones no finales

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Frente a este juego de fuerzas, es poco lo que la AJR y CALDH, por sí mismos, pueden hacer al respecto. Si bien voces a lo individual se pronuncian a favor del juicio por las masacres cometidas, al contrario de los procesos que se llevan en Argentina, hasta ahora el actual juicio no cuenta con un amplio y variado respaldo masivo que se exprese en demostraciones públicas. Sin este tipo de presión y fuerza para que el juicio llegue a su fin, poco se puede lograr. Sería el MP, con todas las presiones que lo caracterizan, el responsable de librar esa batalla. El desarrollo del caso ha sido bastante intenso y no pretendemos realizar un análisis exhaustivo de él69. Basta decir que 10 años de investigación han tenido como resultado una robusta presentación de pruebas de parte del MP y las partes querellantes. Las masacres en el área ixil son abordadas desde múltiples perspectivas a través de peritajes especializados, haciendo seriamente complicado argumentar racionalmente en contra de la posición que afirma que hubo un genocidio planificado desde el Alto Mando, llevado a cabo por las unidades operativas, que a su vez dieron noticia a aquél de lo ocurrido. Esto adquirió más peso cuando los mismos fiscales de la defensa, especialmente Carlos Méndez Tejada y José Luis Quilo Ayuso, convertidos en testigos por el impecable litigio del fiscal del MP y uno de los abogados de AJR, terminaron afirmando que sí hubo cadena de mando y una retroalimentación informativa a lo largo de la jerarquía militar. Si a esto se le suman las pruebas recopiladas por el MP, resulta previsible que la estrategia de la defensa de los militares acusados vaya encaminada a frenar o ralentizar el caso por fuera, a través de instancias en donde aún guardan cierta relación. Esto se vio claro con la resolución de la CC al posicionarse a favor de un amparo provisional presentado por la defensa, con lo que lograron ingresar peritos y más testigos al juicio70. La rápida aceptación de la medida por parte de la Jueza que preside el Tribunal que lleva el caso causó que la misma defensa buscara frenar la presentación de los peritajes solicitados por ellos mismos. Pero la medida más fuerte se dio en la mañana del 18 de abril, cuando los abogados de los militares acusados decidieron abandonar el juicio en espera de la resolución de la Jueza Carol Patricia Flores, no sin antes entrever en desafortunados comentarios que sabían de antemano el resultado de la resolución. Ésta declaró que el proceso que hasta ahora se había llevado a cabo debía regresar a noviembre del 2011, cuando aún Ríos Montt no se encontraba ligado a proceso71. 69 Al respecto puede visitarse el sitio del Centro de Medios Independientes (CMI) donde se encontrarán resúmenes diarios y crónicas/análisis del caso. Ver www.cmiguate.org. 70 Diario La Hora del 4 de abril de 2013. 71 La Jueza fue la encargada de afirmar que los soldados y el coronel acusados por la masacre de ocho manifestantes en la Cumbre de Alaska, no debían ser acusados de asesinato sino de haber actuado como respuesta al miedo y a la tensión vivida. Absolvió también a favor de las hermanas de la anterior Primera Dama, Sandra Torres, acusadas de corrupción. Pasó a absolver también a Alejando Giammatei por ser partícipe en las ejecuciones extra judiciales en el caso Pavoncito, días antes de que cerraran las inscripciones para elecciones en el 2011. Y también había absuelto, por falta de pruebas de significancia, al antiguo Fiscal General, de León Argueta, acusado de corrupción y lavado de dinero. Actualmente se encuentra investigada por la CICIG, y se está buscando que sea destituida por tráfico de influencias.


Análisis de situación

La medida fue calificada de ilegal por parte del Tribunal presidido por Jazmín Barrios, ya que se extralimitó en su deber y lo hizo por sobre una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que afirmaba que era ilegal retrotraer el juicio72. Ahora todo depende de la resolución definitiva de la CC al respecto, y allí es donde las influencias de las redes que hemos tratado de resaltar en este espacio, incluida la presión que puede ejercer el Ejecutivo, pasarán a jugar un papel importante.

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De verse frenado el juicio, predominarán todavía entonces las influencias gremiales y arbitrarias por sobre la institucionalidad. De continuar, finalmente se cumplirá la justicia para miles de personas que vieron cómo sus familiares y vecinos eran arbitrariamente ejecutados y masacrados por el Estado de Guatemala. Este logro, sin embargo, como hemos buscado probar en este documento, puede acelerar una militarización amplia del país en un momento de agudas crisis sociales y políticas. Esta es, precisamente, la paradoja del juicio por genocidio.

72 Un detalle y aclaración del juicio, hasta el 20 de abril, puede encontrarse en: http://cmiguate.org/2013/04/20/cronicas-del-genocidio-11/


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ENFOQUE es una publicación mensual de análisis de situación que es producido por la Asociación El Observador. Forma parte

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de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional. Consejo Editorial

Fernando Solís, Luis Solano, Marco Fonseca, Gustavo Illescas. Coordinación de información, análisis y edición:

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Genocidio y militarización: La paradoja de la actual coyuntura