“Lo que se puede derivar de las medidas cautelares es que esto va a terminar en la Corte Interamericana, yo no le veo otra perspectiva. Veo muy difícil que el Estado, el gobierno, asuma su obligación de hacer una evaluación verídica, profunda”. ¿Cuál es su valoración sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a las 18 comunidades de San Miguel Ixtaguacan y Sipacapa?
Foto: El Observador
Entrevista con Benito Morales, Coordinador del Área de Derechos Humanos de la Fundación Rigoberta Menchú
En sí misma, la decisión que ha tomado la Comisión Interamericana de dictar las medidas cautelares, ciertamente son muy positivas. Sin embargo, habrá que seguirlas revisando y estudiando que justamente sean organismos internacionales los que tengan que emitir resoluciones de esta naturaleza, precisamente porque el acceder o recurrir a órganos internacionales es la constatación de que el Estado de Guatemala, a pesar de los aparentes cambios que está haciendo y las aparentes adopciones que hace, de una serie de instrumentos internacionales y de compromisos políticos. Este tipo der resoluciones son la constatación del fracaso del Estado. En primera instancia esperaríamos que el Estado de Guatemala, en sí mismo y por sí mismo, deba cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las personas y evitar que haya daños que afecten la vida, la seguridad, la integridad, no solo individual de las personas, sino también colectiva, en este caso estamos hablando de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, creo que hay que hacer estos matices: lo positivo que la Comisión Interamericana haya dictaminado de esta manera, pero lo lamentable que sigan siendo órganos internacionales que tengan que emitir ese tipo de resoluciones. En todo caso, creo que hay que saludar esas resoluciones porque ha actuado de la manera correcta; ha hecho eco de la serie de denuncias que desde hace muchos años están emitiendo, están interponiendo en diferentes espacios, las comunidades afectadas por la explotación minera, concretamente de la minera Marlín.
¿Cuál es su valoración del procedimiento administrativo que abre el gobierno ahora que decide acatar las medidas? Lamentablemente, no obstante estas regulaciones políticas que el gobierno hace de agotar las resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que se falla, no por desconocimiento sino por unas razones que pueden ser de tipo político, intereses sectarios, intereses que se puedan haber negociado previamente, haber negociado hace muchos años en el tema de la explotación de recursos de subsuelo. También hay un problema de fondo, que el Estado en este momento decida, como lo ha comunicado públicamente, abrir un expediente administrativo
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