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¿Por qué el asesinato de activistas Q’eqchi’ en Livingston? -En memoria de Alberto Coc Caal, Sebastián Xuc Coc, Catalina Mucú Maas y Amílcar Choc, a dos meses de su asesinato-

Equipo Capitalismo, Naturaleza, Territorio y Pueblos Indígenas AVANCSO, abril 2011

I El sábado 12 de febrero fueron asesinados en Livingston, Alberto Coc Caal, Sebastián Xuc Coc y Catalina Mucú Maas, los tres jóvenes de la comunidad Quebrada Seca, junto con Amílcar Choc, de la comunidad Los Laureles. Ellos regresaban de estudiar Profesorado de Enseñanza Media, en la extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en Río Dulce. Además de estudiantes universitarios, tanto Alberto como Catalina eran guías espirituales, y junto con Sebastián eran líderes de su comunidad. Ya no regresaron a sus casas. El día domingo 13, tras horas de búsqueda por parte de la comunidad, se encontró la lancha en que viajaban los cuatro, con perforaciones de balas y sangre en su interior. Los cuerpos aparecieron flotando sobre el Río Dulce un día después. Todos tenían múltiples impactos de balas, así como un tiro de gracia en su sien, lo que indica que fue algo planificado y bien ejecutado. Según noticias de prensa, desde hace meses la comunidad Quebrada Seca ha tenido problemas con un finquero que vendió tierras que no le pertenecen y que, ante la persistente denuncia de la comunidad ante las autoridades gubernamentales, amenazó de muerte a varios de sus líderes (Prensa Libre, 19/02/2011). Le corresponderá al Ministerio Público investigar estos hechos y llevar a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de esta masacre. A la comunidad y a nosotros –los diversos sectores de la sociedad civil, nacional e internacional– nos compete darle seguimiento a las acciones del Ministerio Público, para que sea transparente y efectivo, y para que no sea cómplice, dejando este caso en uno más de la larga lista de impunidad que caracteriza a nuestro sistema de justicia en Guatemala. II Múltiples han sido los comunicados y las muestras de solidaridad para con los familiares y para con la comunidad q’eqchi’ en Livingston. Algunos han señalado los valores personales de cada uno de los líderes, otros han hecho mención de las posibles causas –históricas o actuales– que están detrás de esta masacre. A continuación, quisiéramos exponer algunas notas que nos pueden ayudar a situar estos lamentables hechos dentro de un contexto más amplio.


A pesar de los perniciosos comentarios que han hecho algunos interesados en la región, señalando que este hecho era producto de la “delincuencia común” como si el Río Dulce fuera un punto rojo de jóvenes “resentidos con sus papás” que se dedican a delinquir, nos parece que hay que ver este cobarde asesinato como parte de la problemática de tierras que afecta a la región. Aún más, consideramos que no se trata sólo de un conflicto de tierras (específicamente de polígonos de fincas), sino también y fundamentalmente como un conflicto por la disputa del territorio, de sus recursos naturales y de su población. Como bien se sabe, el municipio de Livingston forma parte de la Franja Transversal del Norte (FTN), una especie de macro-territorio destinado desde los sesentas al desarrollo capitalista en la región por la abundancia de sus recursos y por su potencial económico. Dentro de las actividades económicas que destacan en la FTN están: la creciente expansión de la ganadería y de monocultivos; la extracción petrolera y de minerales; y el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y turismo. Lo común que tienen todas estas actividades es su afán de acumulación, continuar con el sometimiento de las poblaciones campesinas e indígenas como fuerza de trabajo, la mercantilización de los recursos naturales, y los altos impactos ambientales en contra de los ecosistemas. Otra expresión de este capitalismo –feroz y salvaje– es el auge y desarrollo de los narconegocios que implica el control del territorio para el trasiego de narcóticos a lo largo de la FTN hacia México y Estados Unidos, el blanqueo de narco-dólares mediante la compra de tierras, la implantación de narco-ganadería, la construcción de hoteles, gasolineras, etc. III Sumado a las dinámicas antes expuestas, a partir de los años noventa surge una nueva dinámica que hace presión y ejerce violencia –aunque de otra manera– contra las comunidades campesinas e indígenas. Se trata del auge y desarrollo del conservacionismo ambiental, la forma como el capital pretende vestirse de “verde”, pero que finalmente parece servir como mecanismo de despojo a las comunidades de sus tierras y de sus recursos naturales, en tanto que frena la titulación de sus tierras, en tanto quiere dividirlas con “proyectitos de desarrollo”, en tanto se ha convertido en una industria lucrativa de captación de fondos dentro del financiamiento internacional para el medio ambiente y el cambio climático, y en tanto se nutre bajo la mesa de empresas extractivas –petroleras y mineras– altamente contaminantes. Aquí es importante señalar que la declaratoria de las áreas protegidas ha puesto candados para la titulación de las tierras comunitarias, a pesar que las comunidades ya llevaban treinta años de estar haciendo gestiones en el INTA. Lo que llama la atención es que en todo este tiempo sí ha sido posible titular a favor de finqueros individuales, e incluso a favor de ONGs conservacionistas, pero no a las comunidades. ¿Es o no ésta una política racista y clasista? Además, se ha impulsado la declaratoria las áreas protegidas sin tomar en cuenta a las comunidades históricamente asentadas –invisibilizándolas y persistiendo así en el racismo histórico del Estado guatemalteco en contra de los pueblos indígenas–, ni mucho menos consultándoles como lo establece el Convenio 169 de la OIT. En los últimos veinte años, poco a poco, y sobre todo con el empuje de millonarios proyectos de conservacióni, el sector conservacionista ha venido aumentado su presencia e institucionalidad en la región. Por otra parte, en el mismo periodo se ha venido dando un


lento pero progresivo proceso de revitalización comunitaria e intercomunitaria q’eqchi’, así como de resistencia y crítica al modelo de conservación implantado por el Estado guatemalteco y las ONGs conservacionistasii, pero también de crítica a la dinámica de los finqueros, del sector maderero y de los chaleteros. IV Así han venido estando las cosas en Livingston. Sin embargo, la masacre de los cuatro jóvenes q’eqchi’, el pasado 12 de febrero, parece indicarnos que se está abriendo una nueva coyuntura política y una nueva relación de fuerzas entre los diversos actores en el lugar. Por una parte, está terminando el proyecto JADE (ese millonario flujo de dólares que le daba vida al conservacionismo) y las áreas protegidas tendrán que construir su propia sostenibilidad financiera, situación que no lograrán si no mercantilizan el agua y la venden a fincas y empresas o a las ciudades cercanas, o si no mercantilizan los recursos naturales y el subsuelo con empresas petroleras y mineras, como ya lo están haciendo incluso en la misma región del Sarstún. Lo que parece evidenciar el actual proceso en Livingston es que el sector conservacionista no ha logrado un “ordenamiento territorial” efectivo y más bien ha estado sujeto al poder fáctico de los finqueros, algunos de ellos probablemente vinculados al narcotráfico. Esto confirma lo que se ha venido diciendo desde hace años, que las áreas protegidas en Guatemala son un proyecto en papel, que apenas se sostiene con hilos, a pesar de los millones de dólares que se les ha inyectado –¿a los bolsillos de quiénes ha ido a parar todo ese dinero?– y a pesar de las múltiples formas de racismo con el que se ha tratado de controlar a las comunidades. iii Por otra parte, ha venido aumentado la actividad del narcotráfico y de los narco-negocios en la región, probablemente haciendo presión para vincularse a las élites políticas y económicas (La Hora, 18/01/2011; The Miami Herald, 18/01/2011). Ello se debe en parte a los reacomodos de los distintos carteles en la región, y también porque el territorio es clave para el paso de narcóticos hacia el norte (Prensa Libre, 31/03/2008; y 17/08/2009). Lo que esto muestra es que la disputa del narco es, entre otras cosas, por el control del territorio y de las poblaciones en ellas. Finalmente, están las dinámicas de las comunidades y sus propias formas de vivencia y sobrevivencia, de resistir ante el embate finquero y capitalista en cualquiera de sus expresiones, de organizarse, negociar y luchar. Sin lugar a dudas, no va a ser fácil el querer someterlas como en otros tiempos. Y esta masacre evidencia la necesidad que tienen los poderes fácticos en la región de aplicar la violencia total para amedrentar a la comunidad y lograr sus perversos fines. En conclusión, queda claro que la iniciativa conservacionista impulsada por el Estado no ha logrado contener los poderes facticos (ni del narco, ni de las empresas extractivas, ni de la gente que siembra maíz) porque no se basa en la construcción de consenso entre los distintos actores en el terreno, y sin este consenso, los que finalmente controlarán los territorios, serán los más fuertes y los más violentos. Con ello, se pasa de una coyuntura de violencia-encubierta por parte del conservacionismo a una coyuntura de violencia-desnuda por parte de los poderes fácticos en el territorio.


V Esto que está sucediendo en Livingston, también está sucediendo en otras partes del país, del continente y del planeta –aunque cada lugar tiene sus respectivas particularidades–, sobre todo en contra de poblaciones indígenas asentadas en territorios ancestrales, codiciados por el capital nacional y transnacional. En el caso de Guatemala, está sucediendo en territorios en donde existe conflicto entre poblaciones, empresas y Estado, como lo son todos los proyectos mineros y de represas que se esparcen en los cuatro puntos cardinales en el país. Los conflictos más relevantes en los últimos años han sido la mina Marlin en San Marcos, la empresa de cemento en San Juan Sacatepéquez, la defensa de la montaña Las Granadillas en Zacapa, el rechazo a las represas y al canal seco en Chiquimula, la mina Cerro Blanco en Jutiapa, el rechazo a Unión Fenosa en San Marcos, así como las numerosas consultas populares que han habido contra a la minería, las hidroeléctricas y los megaproyectos, en San Marcos, Huehuetenango, Zacapa (Río Hondo), Quiché (Ixcán y recientemente en Santa Cruz y en Uspantán), Totonicapán y Alta Verapaz (Lanquín)iv, y que ahora el Estado y la empresa privada quieren reglamentar manipulando el derecho a la consulta popular que se establece en el Convenio 169. Lo que está sucediendo en Livingston, también está sucediendo en toda la Franja Transversal del Norte, Petén y el Polochic, con ganaderos y finqueros de la palma africana y otros monocultivos –prueba de ellos son los recientes desalojos violentos en Panzós. Posiblemente también esté pasando en las áreas protegidas en otros rincones del país. Situaciones similares pasan en otras partes del continente, especialmente en México, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), a la fecha se reportan 154 conflictos en 184 proyectos mineros, afectando un total de 222 comunidades de manera directa y cientos de comunidades más de manera indirectav. A esto habrá que sumar los conflictos contra las represasvi, los monocultivos, las áreas protegidas, etc. En todos estos lugares, lo que se disputa es la sobrevivencia comunitaria frente a la dominación y explotación por parte del capital. En otras palabras, se trata de la disputa por los territorios, por los recursos naturales en ellos y por el control de las poblaciones. Y prácticamente en todos estos lugares, es recurrente la criminalización de las luchas en defensa de la vida y del territorio, así como el hostigamiento, la persecución y el asesinato de activistas sociales, como el caso de estos cuatro jóvenes q’eqchi’ en Livingston. VI Podemos ahora retomar la pregunta inicial, ¿por qué el asesinato de activistas q’eqchi’ en Livingston? Si bien parece ser que las causas inmediatas se encuentran dentro de un conflicto de tierras con un finquero –que posiblemente se jacte de tener su propia ley, la de su dinero y la de su pistola–, este hecho de sangre se sitúa dentro de una conflictividad histórica aún más grande, que tiene que ver con múltiples actores que se interesan por el control del territorio, de los recursos naturales y de la población, y que pone en evidencia la prepotencia y la impunidad en la que se mueven los poderes fácticos en dicha región. Como hemos señalado arriba, parece ser que se abre una nueva correlación de fuerzas entre los distintos actores en la región, con un aumento de la violencia –en sus diferentes expresiones, hostigamientos, amenazas, persecución, asesinatos selectivos y masacres– en contra de las comunidades


q’eqchi’ allí asentadas. Su pecado, también histórico, luchar por la vida, por su derecho a ser comunidad, a ser pueblo. Para los que conocimos a Alberto, su asesinato, junto con el de sus compañeros, Sebastián, Catalina y Amílcar, ha sido un fuerte golpe que nos ha llegado hasta las entrañas, llenándonos de indignación, impotencia, coraje… pero también de una terrible fuerza de amor, de amor por la vida, por la verdad y por la justicia. Quizás éste amor haya sido su mayor regalo para todos, para las comunidades en Livingston y para cada uno/a de nosotros/as en particular. Como tal, no es sólo un amor a la vida, a decir “estamos vivos”, sino un amor que nos compromete aún más con los pueblos y con un proyecto que sea de vida, de vida digna y de vida para todos y para todas; un amor que se vive y se nutre cotidianamente, en la entrega generosa de uno/a mismo/a, en la palabra sincera y el gesto auténtico; un amor que se vive en comunidad y que se organiza en comunidad, un amor que perdona pero que reclama justicia, un amor que construye la paz, un amor que no se detiene y que vence a la muerte. ¡Gracias Alberto por tu amor a todos/as nosotros/as!

Para la región ha habido dos proyectos: el Proyecto “Región de Conservación Sarstún-Motagua” (RECOSMO), por total de 8 millones de dólares para el período 1997-2005; y el Proyecto “Justicia Ambiental-Empoderamiento Comunitario-Desarrollo Económico” (JADE), por un total de 13.7 millones de dólares para el período 2005-2010. i

De este período es la llamada “crisis del Sarstún”, en donde la presión de las comunidades en ese lugar logra sentar a la mesa a Fundación para el Eco-desarrollo (FUNDAECO, ONG conservacionista, cuyo director es el hijo del expresidente Vinicio Cerezo) y negociar la co-administración – entre esa ONG y las comunidades– del área protegida. Sin embargo, a pesar de haber firmado un convenio de co-administración entre las partes, este acuerdo –aún hoy a la fecha– todavía no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el ente rector del conservacionismo en el país. Esto evidencia que el protagonismo de las comunidades –es decir, su participación en la toma de decisiones sobre el territorio donde viven– no cabe dentro de las políticas conservacionistas en Guatemala. Ello vuelve a mostrar el discurso tutelar y racista del Estado guatemalteco, que dice que las comunidades indígenas son menores de edad, que son incapaces de tomar decisiones y que necesitan tutela por parte del Estado, escondiendo de esta forma los intereses reales de apropiación capitalista de los recursos naturales y del territorio. De este periodo es también el encarcelamiento de Ramiro Choc por parte de las élites económicas y políticas en Livingston, y las acciones de resistencia de las comunidades vinculadas al movimiento Encuentro Campesino. Asimismo, de este período es el rechazo de las comunidades en Sierra Santa Cruz a la declaratoria de área protegida, condicionándola a ciertas demandas comunitarias, entre ellas, la titulación de sus tierras, la participación en la toma de decisiones, la participación en los recursos generados, entre otras. ii

El modelo de conservación impuesto por el Estado guatemalteco y las ONGs privadas no es viable si no toma en cuenta, de manera real y no sólo en el discurso, a las comunidades indígenas y campesinas, y si no permite el control comunitario de sus territorios. Ahora bien, no se trata solamente de contratar a las comunidades para que sirvan de “guardarecursos”, como ha pensado hacerlo el sector conservacionista, sino de realmente respetar la dignidad de las comunidades, esto es, el hecho que son ellas las que deben tomar las decisiones sobre sí mismas, sobre sus territorios y sobre sus recursos naturales, tal y como reza el Convenio 169 de la OIT. Pero esto no le gusta a las élites económicas y políticas, que ven al territorio y a la población como factores de dominación y explotación. iii

AVANCSO ha registrado un total de 51 consultas populares en el período 2005-2009, participando un total de 603,426 personas, de las cuales 600,831 (99.57%) dijeron “No” a la instalación de un megaproyecto (minería, represa) en su municipio o región. De las 51 consultas populares, 47 (92.17%) se han realizado en el Altiplano Occidental, mientras que 3 se han realizado en las Tierras Bajas del Norte y 1 en Oriente. iv


Sitio WEB del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL): http://www.olca.cl/ocmal/index.php. v

Sólo en la Amazonía (Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia) se reportan 146 represas entre las que están funcionando, las que están en construcción y las que están planificadas. Para más información, consultar: http://www.dams-info.org/es. Según Gustavo Castro, 45 mil grandes represas construidas en el mundo han desplazado a 80 millones de personas de sus tierras y hogares; y más del 60% de las grandes cuencas del mundo han sido represadas. En: Castro, G. (2007) “El movimiento social anti-represas”. Artículo PDF, en sitio web de la Red Latinoamericana contra Represas: http://www.redlar.org/Medios/main/cat_prop/Main/cat_id/10037/startnum/41 vi

¿Por qué el asesinato de activistas Q’eqchi’ en Livingston?  

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