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14 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

Jurisprudencia internacional

Una persona no

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al considerarse que la práctica de exhibición constituye una “forma de trato cruel, inhumano o degradante”. En la resolución del caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte IDH determinó que el señor Cantoral fue exhibido ante los medios de comunicación vestido con un traje infamante y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, lo que constituye una violación a lo establecido en el artículo 8.2 de la CADH, la cual señala que una persona “no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal y si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino observarla”. En 2004, la Corte IDH determinó que existieron violaciones a los derechos de las personas por ser sometidas a una exhibición pública ante los medios de comunicación en el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, donde la señora Berenson fue presentada ante los medios de comunicación acusada de cometer delitos contra la patria, al señalar la violación al derecho a la presunción de inocencia de conformidad con el artículo 8.2 de la CADH, ya que éste “exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”. En el mismo sentido que el caso anterior se pronunció la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Allenet de Ribermont vs. Francia de 1995. En él decretó la violación a la presunción de inocencia por una osmar alejandro vargas práctica de exhibición en medios al señalar que, de conformidad con el artículo 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, si bien no se puede impedir a las autoridades informar al público sobre las investigaciones criminales en proceso, dicha información debe hacerse “con toda la discreción y la cautela necesarias para que la presunción de inocencia sea respetada”.

puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal

Pronunciamientos explícitos de que el respeto a los derechos de los imputados debe basarse en una “constatación objetiva con la realidad a partir de investigaciones o averiguaciones diligentes” y que “no se utilicen insinuaciones insidiosas, expresiones injuriosas o vejaciones”

ensayo

por: Edgar Alejandro Gómez Jaimes* y Nancy Jocelyn López Pérez**

E

l análisis con respecto a los actos de exhibición pública ante medios de comunicación de personas detenidas o sujetas a procesos penales se explica mediante la identificación de una multiplicidad de actores involucrados, desde las autoridades encargadas de la seguridad pública hasta los medios de comunicación y, desde luego, las personas detenidas y exhibidas cuyos derechos humanos están en juego y con altas probabilidades de ser afectados. Existen experiencias internacionales, tanto de derecho comparado como de criterios establecidos en los tribunales de derechos humanos, que nos ayudan a clarificar la forma en la que se abordan desde lo jurídico los derechos humanos relacionados con la exhibición ante los medios de comunicación de las personas detenidas. En este sentido, tales derechos son: el debido proceso legal, por una afectación a la presunción de inocencia; la libertad de prensa e información y el derecho a la honra, intimidad y familia. Además, las violaciones a los derechos enunciados se imputan en un primer momento, dada su estrecha vinculación con los procesos penales y con el deber de informar, a las fiscalías o ministerios públicos y a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y en un segundo momento, al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Una de las experiencias más importantes es la realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a través de su jurisprudencia se ha pronunciado sobre tal práctica. De esta forma, el primer pronunciamiento de la Corte IDH sobre la violación a los derechos humanos de las personas exhibidas ante los medios de comunicación fue en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en cuya sentencia de 1997 se pronunció por violaciones acumuladas que afectaron la integridad personal de la señora Loayza Tamayo, entre ellas la incomunicación durante la detención, el aislamiento en una celda reducida, los golpes y el maltrato, y la exhibición pública de la detenida con traje infamante ante medios de comunicación, por lo cual sentenció la violación al artículo 5.2 de

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Violación a la presunción de inocencia Sobre dicha práctica también se pronunció en 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso del señor Dimitry L. Gridin (representado por el señor A. Manov, del Centro de Asistencia para la Protección Internacional) vs. Federación de Rusia. Se decretó que la presunción de inocencia no está acotada a las decisiones judiciales, pues su protección irradia todo el orden jurídico y crea una obligación a todas las autoridades. Además, señaló que los actos de particulares, realizados con la aquiescencia estatal, que violan la presunción de inocencia, deben ser investigados y juzgados por la autoridad judicial; y concluyó que la Federación de Rusia había violado el párrafo segundo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al prejuzgar el resultado del proceso del señor Gridin. El Comité concluyó que el Estado Parte tenía la obligación de proporcionarle al acusado un recurso efectivo y ordenó su inmediata puesta en libertad. Cabe señalar que en este caso el Comité observó que “las emisoras de radio y los periódicos anunciaron que él era el terrible asesino de los ascensores, además el jefe de policía dijo que estaba seguro de que él era el asesino”, por lo que para el Comité esto constituyó una violación a la presunción de inocencia. Desde el ámbito nacional en España, el tema resulta interesante en lo resuelto por la Sala Primera del Tribunal Supremo al recurso de Casación núm. 1089/2009 del 22 de


Lunes 1 de abril de 2013 o 15

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junio de 2011, en donde recalcó la importancia pública de informar aquellos acontecimientos de carácter penal o aquellos contrarios a derecho, siempre que para que su difusión “no se empleen insinuaciones insidiosas o vejaciones que atenten contra la función informativa; que no menoscaben otros derechos como la intimidad o el honor de las personas, sean irrelevantes o que no contribuyan en nada al interés público de la sociedad”. Dicho tribunal también se

pronunció de manera explícita en cuanto a que el respeto a los derechos de los imputados no debe traducirse como una limitación a los medios de comunicación sino que debe basarse en una “constatación objetiva con la realidad a partir de investigaciones o averiguaciones diligentes”, y siempre que “no se utilicen insinuaciones insidiosas, expresiones injuriosas o vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen

en relación a personas privadas, hechos que afecten a su honor o a su intimidad y que sean innecesarios e irrelevantes”. H *

Edgar Alejandro Gómez Jaimes, asesor en litigio estratégico de la CDHDF **Nancy Jocelyn López Pérez, integrante de la Coordinación General de Vinculación Estratégica de la CDHDF

carlos castillo del moral

Falsa acusación

Días de oscuridad Gloria se disponía a cenar con su esposo y sus tres hijos. Ella notó que faltaba el pan y fue con su hijo menor a la panadería. Pensaba comprar también unas películas. Iba alegre, sin saber que viviría una semana de terror Luis Alberto Linares Cubillas

Lunes, 21:15 horas. Cuatro mujeres rodearon a Gloria y al niño. Se inquietó, nunca las había visto. Le preguntaron si ella era Gloria. Respondió que sí. De inmediato, las mujeres llamaron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Gloria tembló. Seis hombres llegaron y la jalonearon para subirla a la unidad policiaca. Los gritos de miedo llamaron la atención de la gente que caminaba por el lugar. Dos policías sólo observaban. El niño estaba muy asustado. Uno de los curiosos era vecino de Gloria; se hizo cargo del pequeño y lo llevó con el papá, quien al enterarse de los hechos corrió rumbo a la escena de la detención. Gloria ya estaba detenida en la patrulla. No paraba de llorar. Nadie le daba razón de por qué se le acusaba. Uno de los policías se acercó al esposo y le pidió 12 mil pesos para liberarla. Minutos después se los entregó; sin embargo, Gloria fue puesta a disposición del Ministerio Público (MP) de la Coordinación Territorial Coyoacán 1, donde personal del MP le tomó fotos y la encerraron en las galeras. Seguía sin saber de qué se le acusaba, hasta que pasada de la media noche una servidora pública le dijo que era por fraude. Martes, 10:00 horas. Llevaba más de 11 horas detenida. No sabía nada de su familia. El agente del MP mandó a dos policías ministeriales a sacarla de las galeras y le permitió hacer una llamada telefónica. Marcó a su casa, pero no encontró a nadie; no sabía que su familia estaba afuera de la Coordinación Territorial. El MP le informó que tenía 11 denuncias por fraude y que sería trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Se desplomó. Al poco rato, su esposo la visitó. Le llevó un atole y una torta de tamal, pero no tenía hambre. Lloraron. Le

preguntó por sus hijos, quienes estaban bien, pero tristes. Platicaron poco y le confirmó las denuncias. Se despidieron. No había probado los alimentos cuando un policía de investigación llegó y le preguntó si se los iba comer; como no le respondió, los tomó y los tiró a la basura. Miércoles, 10:00 horas. Gloria ya llevaba 36 horas encerrada. No había comido nada. De pronto, llegaron tres agentes ministeriales y la sacaron a empujones. Con groserías, jalones y golpes, la esposaron y la llevaron por la puerta trasera de la agencia del MP. La metieron a una patrulla y la trasladaron al búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Iba llena de terror. A empellones la bajaron del vehículo y la introdujeron a una pequeña sala cuyas paredes estaban tapizadas con logotipos de la PGJDF. No había mucha iluminación. A gritos, los agentes le exigieron pararse derechita y no decir ni una palabra. En ese momento le dijeron que volteara; una cortina se corrió y flashes y luces de cámaras fotográficas y de video la deslumbraron. Fue un minuto de tortura. La sacaron del lugar a empujones y golpes. En el trayecto hacia la patrulla y ya en la misma, los policías la empezaron a tocar en varias partes del cuerpo. Se burlaban de ella. No paraba de llorar. La trasladaron de nueva cuenta a la Coordinación Territorial Coyoacán 1, y por la noche fue trasladada a Santa Martha Acatitla. Jueves, 00:30 horas. Gloria ingresó al reclusorio. Le tomaron sus datos y sus huellas digitales y corporales. Entre un montón de ropa sucia color beige, las custodias le pidieron que escogiera su nuevo uniforme. Le asignaron un dormitorio y fue trasladada a él. El espacio era un cuarto de dos por dos metros con barrotes al frente, de los cuales colgaban unas telas que obstaculizaban la vista hacia el interior. Cuando entró, las internas

que aún estaban despiertas le dieron la bienvenida y le obsequiaron un poco de agua. Nueve mujeres habitaban en el lugar. Tenía ganas de llorar, pero no pudo hacerlo. Le prestaron una cobija para dormir; se acomodó en el piso y el cansancio la venció. Durmió entre chinches, cucarachas y demás bichos. El frío se colaba por debajo de la celda. A las 7:00 de la mañana pasó lista. Luego de varios días por fin probaba alimentos que le dieron algunas internas. Le prestaron una tarjeta telefónica y habló con su mamá. Fue el primer contacto con ella. El resto del día lo pasó a solas en el patio. Una interna se le acercó y le comentó que la había visto en varios periódicos. Viernes, 7:00 horas. Pasó lista. Desayunó cerca de las 8:00 de la mañana. Hizo algunas amistades. Comió cerca de las 2:00 de la tarde. Tres horas más tarde pasó lista, y de nuevo lo hizo a las 7:00 de la noche, hora establecida para resguardarse en las celdas. Más tarde fue trasladada al Juzgado 69 de Santa Martha Acatitla para rendir su declaración preparatoria; terminó cerca de las 11:00 de la noche. Temerosa, regresó a los dormitorios a través de túneles oscuros y llenos de ratas. Sábado, 10:00 horas. Su mamá, su papá, su hermano y su esposo la visitaron en el penal. Se abrazaron fuertemente. Intentaron no llorar, pero no lo lograron. Hablaron de sus hijos, de su paso por la agencia del MP y de sus condiciones de vida en el centro de reclusión. En “tienditas” del penal compraron comida y agua. Le dieron dinero. A las 5:00 de la tarde terminó la visita. Domingo, 18:00 horas. Otro día de visita familiar había terminado. Gloria y otras internas se disponían a comprar rafia para tejer algunas cosas. De pronto escuchó que una custodia voceaba su nombre: “¡Gloriaaaa!” La trasladaron al área jurídica donde el secretario de Acuerdos del Juzgado 69 le informó que el juez le otorgaba su libertad por falta de pruebas. No disimuló su felicidad. Minutos después llamó a su mamá para darle la noticia. Tras varias horas de trámites por las distintas aduanas del penal, recuperó su libertad, cerca de la media noche. Después se enteraría de que, debido a su exposición ante los medios de comunicación, perdería su trabajo, sus hijos tendrían que cambiar de escuela y dejaría su hogar para refugiarse con su madre. H www.milenio.com

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Una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal