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DH Lunes 1 de abril de 2013

MILENIO diario

Hablemos bien... “Maricón” y “Puñal”, a debate social pág. 23

Desalojo Arbitraria aplicación de reglas de Operación del Invi

pág. 04

Violación a joven Deriva en recomendación

pág. 05

Movilidad Un derecho humano exigible

pág. 06

Número 3

Juicio mediático

Práctica que trastoca el debido proceso legal y el derecho a la honra e intimidad archivo cdhdf

Microbuses Entre el poder y la anarquía

pág. 10

CIDH Solicita a México eliminar práctica cruel y degradante

pág. 12

Cuento Mujeres sin escaleras

escriben

lLuis González Placencia lJaqueline Sáenz Andujo lMiguel Carbonell lFrancesc Barata lEdgar Alejandro Gómez Jaimes y Nancy Jocelyn López Pérez lDinorah Pizano lJosé Antonio Caballero lSandra Heredia

pág. 22


2 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

Editorial

Derechos humanos, sin excepción E

s innegable que ser víctima del delito impacta en todas las esferas de la vida. Los ámbitos familiar, social, económico y psicológico se ven terriblemente afectados y resulta complejo para cualquier persona retornar a la “normalidad” en medio de circunstancias que son adversas y que requieren de una inversión de tiempo y recursos que son difíciles de soportar, y más cuando se trata de personas en desventaja o alta vulnerabilidad. La situación se agrava cuando se suman violaciones a los derechos humanos en el debido proceso y el acceso a la justicia, ya que lo que se espera es que las autoridades cumplan con su mandato constitucional de protección y vigilancia de los derechos y no que los vulneren por acción u omisión. Tan importante es la observancia de los derechos de las víctimas como la de los presuntos responsables de la comisión de delitos. Es falsa la idea de que quien comete un acto delictivo pierde todos sus derechos y entonces merece cualquier acción de autoridad que vulnere su integridad, e incluso ponga en riesgo su vida. Los derechos humanos son de todas y todos, no hay excepciones en su vigencia ni en su legitimidad, ni siquiera en actos que lesionan gravemente a las personas; y en materia de seguridad ciudadana y procuración y administración de justicia es responsabilidad de las instituciones del Estado encargadas de ellas protegerlos, sin importar el carácter que tenga cada parte en un proceso judicial. El respeto al derecho de la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso otorgan certidumbre al proceso y asegura la aplicación de la justicia con estricto apego a la ley. Una práctica que vulnera gravemente este derecho de presunción de inocencia, los derechos al debido proceso y garantías judiciales, a la integridad personal, a la intimidad o vida privada y a la honra y la reputación, es la exhibición de personas presuntas responsables de la comisión de delitos y la publicidad de su información confidencial. Los órganos locales y federales de procuración de justicia llevan a cabo estas acciones ante medios de comunicación, incluso cuando se trata de víctimas, con la justificación de que hacerlo promueve la cultura de la denuncia entre la ciudadanía o para fortalecer los casos en contra de la persona detenida. Estos recurrentes actos de ilegalidad que no demuestran efectividad provocan un daño irreversible y convierten a la persona en un instrumento para alcanzar fines que deberían ser logrados con investigaciones sólidas previas a la detención. Lamentablemente en nuestro país se detiene para investigar; no se logran investigaciones sólidas previas a la detención.

El 14 de marzo pasado se llevó a cabo la audiencia Exhibición en medios de víctimas del crimen y de personas bajo la responsabilidad de Ministerio Público en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos, personas peticionarias y representantes del Estado mexicano de los ámbitos federal y local. En ella, se evidenció la necesidad de erradicar por completo este tipo de acciones y por impulsar la creación de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Asimismo, los comisionados Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar cuestionaron claramente esta práctica señalándola como inadmisible y como un rezago propio de los Estados absolutistas. Una segunda dimensión de análisis de la exhibición se relaciona con el papel que desempeñan los medios de comunicación en la reproducción y creación de percepciones erróneas y de estigmatización hacia quienes son presentados como delincuentes sin siquiera existir un proceso penal que lo determine. La espectacularidad con la que son presentadas las noticias atrae a las personas sin importar que esté en juego la credibilidad del sistema de justicia que promueve con estas prácticas enjuiciamientos mediáticos y distorsionan cualquier principio de derechos humanos. La exhibición provoca efectos irreversibles en la vida de las personas que han sido sometidas a ella y en la de sus familias; aumenta el estigma por haber sido presentadas como presuntas delincuentes y propicia, a pesar de haber sido absueltas, su condena ante la opinión pública. El respeto al derecho a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso otorga certidumbre tanto a las y los presuntos responsables como a las víctimas, y asegura la aplicación de la justicia con estricto apego a la ley. La legítima acción del Estado para combatir el crimen y prevenir la comisión de delitos no debe ser opuesta ni contraria a las prerrogativas fundamentales, no hay controversia en ello. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, interpretadas a la luz de los tratados internacionales, debe ser el eje rector de las políticas públicas de fortalecimiento de la cultura de legalidad. Los límites de cualquier política criminal y de prevención del delito están en los derechos de las personas; en ese sentido, el Estado debe fortalecer sus capacidades para tutelar los derechos de víctimas y de personas presuntas responsables para que sus fines no se corrompan violando sistemáticamente las garantías individuales consagradas en la Constitución. H

Fe de erratas, DH núm. 2 Marzo: Pág. 9 (fotografía): el crédito correcto es Toni Arnau/Ruido photo. Págs. 14 y 15 (fotografía): el crédito correcto es María Rodríguez Cruz.

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Lunes 1 de abril de 2013 o 3

DH

sonia blanquel

el beneficio de la duda y que la acusación se demuestre fuera de toda duda razonable. La segunda consiste en algunos corolarios sobre el trato de personas cuya actuación se encuentra bajo investigación por un delito y a presos (sic) sin condena. Por ejemplo, las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar públicamente los resultados del juicio y los medios de comunicación deben evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. Además, las y los acusados no deben llevar grilletes, estar enjaulados ni ser presentados de modo que se dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos.

Frente al Estado

Respeto a DH y

eliminar prácticas autoritarias, exige la sociedad civil La práctica de exhibir frente a los medios de comunicación a personas detenidas ha sido utilizada de manera constante por las autoridades encargadas del sistema de seguridad pública y de justicia penal en nuestro país

E

Jaqueline Sáenz Andujo*

n materia de justicia, una de las manifestaciones del poder desmedido del Estado se ha traducido en la “espectacularización” de las detenciones de cientos de personas por lo más diversos delitos, en las que se les exhibe en distintos medios como delincuentes escoltados por las fuerzas de seguridad que portan armas largas, debido a su “supuesta peligrosidad”. Estos hechos violentan gravemente la dignidad de las personas detenidas; además, se traducen en una afectación que viola

una multiplicidad de derechos humanos como las garantías de debido proceso, la integridad personal y los llamados derechos personalísimos. Las garantías de debido proceso son aquellos requerimientos mínimos para considerar que un juicio ha sido justo; por supuesto, esto beneficia tanto a víctimas como a imputados, y a la sociedad en su conjunto, ya que permite combatir la impunidad y disminuir la percepción de inseguridad para construir sociedades más justas.

Todas las personas son inocentes en tanto no se demuestre lo contrario Uno de los principios que rige todo proceso penal es el de la presunción de inocencia y se expresa por lo menos desde dos dimensiones distintas según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera dimensión tiene que ver principalmente con la carga de la prueba; por ejemplo, en sistemas acusatorios más garantistas todas las personas son inocentes en tanto no se demuestre lo contrario y el fiscal tiene el deber de probar todos los cargos. Además, garantiza que la o el acusado tenga

Exponer en medios a personas detenidas: trato cruel, inhumano y degradante Otro derecho que se ve gravemente violentado es la integridad personal. Se ha considerado que la exhibición de personas detenidas ante medios de comunicación constituye un trato cruel, inhumano y degradante, básicamente por ser involuntario y coactivo. Un gran número de tratados internacionales refieren el deber de respetar la dignidad inherente a todo ser humano, inclusive de las personas privadas de la libertad donde el Estado, en su posición de garante, debe asegurar un trato digno y humano. La Corte IDH en el caso Cantoral Benavides señaló que “la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural [...] las restricciones al régimen de visitas [...] constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana”.1 Particularmente en México, en 2010 se dio la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que pudo documentar esta práctica de exhibición de las personas detenidas ante los medios de comunicación y recomendó “revisar y eliminar la práctica generalizada de exhibir públicamente en medios de comunicación colectiva a personas privadas de libertad que todavía no han sido condenadas ni prevenidas de sus derechos y defensa legal, ya que este tipo de exposición no sólo favorece su incriminación, sino un trato cruel, inhumano y degradante”. Presuntos culpables Por último, debe tomarse en cuenta que esta práctica afecta la vida privada e íntima de las personas, ya que la protección de la propia imagen se ve violentada y se torna en una injerencia injustificada. A la par, su derecho a la honra y reputación se ve fragmentado, ya que la presentación ante medios también trae como efectos paralelos que las personas exhibidas sean estigmatizadas como delincuentes, lo que tiene graves consecuencias en el imaginario social que se trasladan al seno familiar, afectando además los proyectos de vida, ya que puede implicar la pérdida de oportunidades de desarrollo personal. Los impactos negativos en la vida de las personas que son exhibidas ante medios de comunicación son numerosos, sin que exista una política para resarcir estos daños ni mucho menos fincar responsabilidades a las autoridades e instituciones que permiten e incentivan esta práctica. La exigencia de organizaciones de la sociedad civil es consecuente con lo manifestado recientemente por los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema: la práctica debe ser eliminada. Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 31 de mayo de 2010, párrs.107 y 114. N. del E.: Las cursivas son de la autora. H *Investigadora del área de derechos humanos y seguridad ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigació www.milenio.com

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4 o Lunes 1 de abril de 2013

DH Invi

A la calle, más de 80 familias desalojadas de sus viviendas antonio vázquez

Tras documentar 21 expedientes que involucran a más de 80 familias afectadas en su derecho humano a la vivienda adecuada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 3/2013

L

Francisca Arrieta Acevedo

a recomendación dirigida al Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi), la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, puntualiza que niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad fueron objeto de desalojos forzosos debido a la aplicación arbitraria de las Reglas de Operación del Invi. Plantea que pese a que el objetivo del Invi es dotar de vivienda a los sectores de más bajos recursos de la ciudad, la investigación realizada dejó ver que es el propio Instituto quien más los afecta al realizar desalojos forzosos, lo que los deja en una situación de mayor vulnerabilidad, marginación y exclusión. En los casos expuestos de la Recomendación, se informa que las personas agraviadas contaban con un título de propiedad, posesión o arraigo, por lo que tenían derecho a ser beneficiarias de un crédito para la construcción de su vivienda. Las viviendas en posesión o

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propiedad de las y los beneficiarios tenían daños estructurales que ponían en riesgo su integridad personal, por lo que fueron expropiadas por el Instituto para entrar al programa de mejoramiento de vivienda por riesgo estructural. La CDHDF señala que una de las facultades del Instituto es otorgar créditos de vivienda a personas físicas que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, entre las que se encuentran las Reglas de Operación. Sin embargo, aclara que dichas Reglas de Operación son de naturaleza

administrativa, por lo que no se pueden establecer restricciones a los derechos humanos que no estén reconocidas en alguna ley o en la Constitución y que no hayan sido establecidas formalmente por el Poder Legislativo. Los casos más comunes que se abordan en la Recomendación comienzan con un procedimiento de expropiación a favor del Invi para la construcción de vivienda nueva, particularmente de las viviendas que se encuentran en alto riesgo estructural; las y los beneficiarios del inmueble establecen un proyecto de vivienda mediante consenso, el cual será financiado con parte de recursos públicos. Posteriormente, las personas beneficiarias firman los contratos de crédito de vivienda en los cuales, asevera la CDHDF, se establecen cláusulas desproporcionadas que dan como resultado procesos de desalojos forzosos. La Comisión apunta que los desalojos no están prohibidos, pero tienen que realizarse respetando ciertas reglas, como avisarle a las y los afectados con el fin de garantizarles que tengan tiempo suficiente para moverse a otro lugar; incluso se les pueden dar apoyos de vivienda o de renta mientras se lleva a cabo el proyecto de construcción de los inmuebles. “Al realizarse un procedimiento de desalojo, éste debe de ser justificado y se debe contar con la participación, consulta y consentimiento de las personas que integran la comunidad afectada antes, durante y después del desalojo; dichas medidas deberán contemplarse de manera urgente en la legislación alejandro cuevas y en las políticas públicas en torno al derecho a la vivienda”, apunta. Por otro lado, en dos de los casos que se retoman en la Recomendación se acreditó que existen personas beneficiarias consideradas como sujetos prioritarios a quienes no se les ha asignado una unidad vivienda en planta baja o primeros pisos; así como beneficiarios originales que han visto vulnerado su derecho a la asignación de una vivienda de mayor tamaño al beneficiarse a algunas organizaciones populares. Todo esto sin que el Invi tome cartas en el asunto aun teniendo conocimiento de la situación. Además, se hace énfasis en los casos de invasión de predios pertenecientes al Instituto en los cuales se acredita la falta de interés de éste para recuperarlos, en perjuicio de algunas personas beneficiarias de vivienda. Otro punto que destaca la investigación es la probable corrupción que pudiera existir tanto al interior del Invi como de algunas de las organizaciones que gestionan viviendas ante él, ya que en diversos casos de los que la Comisión tuvo conocimiento ciertas organizaciones se ven privilegiadas sobre otras o sobre otros grupos de ciudadanos, sin fundamento para ello. Es decir, son actos discrecionales que el Invi lleva a cabo. H


Lunes 1 de abril de 2013 o 5

Para entender los derechos humanos

Luis González Placencia • luisgonzalez.dh@cdhdf.org.mx

DH

sonia blanquel

¿De dónde vienen y a dónde van los derechos humanos?

R

ecapitulemos: los derechos son herramientas que permiten a las personas ser como quieren ser, vivir como quieren vivir y evitar que el lugar en el que están parados sea un obstáculo para ello. Pero, ¿de dónde vienen los derechos humanos? Se dice que ellos están de moda; sin embargo, en todo caso, se trata de una moda que tiene más de 500 años. Para decirlo de modo muy sencillo: si nos preguntamos de dónde vienen los derechos humanos, hay tres posiciones para explicarlo. La más antigua plantea que los seres humanos, desde el momento en que son considerados como tales, traen consigo sus propias herramientas, es decir, sus derechos. Un poco como aquella “torta bajo el brazo” a la que las abuelas se referían para calmar a madres y padres la incertidumbre sobre el futuro de un próximo bebé. Dicha posición asume, por tanto, que tales herramientas que son los derechos son naturales y que nos pertenecen por el sólo hecho de ser humanos. Sin embargo, esta posición tiene un problema, y es que en muchos momentos, en diversos lugares y desde distintos puntos de vista, aunque parezca sorprendente, no todos hemos sido considerados seres humanos. Ejemplos de ello hay miles: mujeres, indígenas, afrodescendientes, musulmanes, católicos, delincuentes, miembros de la comunidad LGBTTTI y un largo etcétera han sido objeto de exclusión, de discriminación y en no pocas ocasiones de aniquilación, porque no se les ha considerado seres humanos. De asumir esta postura estaríamos validando que la condición de ser humano no es la misma para todas y todos y, por lo tanto, estaríamos avalando la existencia de privilegios para algunos.

La posición más reciente, plantea que los DH son conquistas que tienen lugar en el contexto de luchas sociales destinadas a hacer respetar la identidad y el estilo de vida de las personas Una segunda posición plantearía, hagamos de cuenta, que los derechos, nuestras herramientas, no vienen con nosotros: están colocados o puestos, más bien, dentro de una caja oficial exterior, listos para ser otorgados. Esta visión –cuya idea de posición da lugar al concepto de positivismo, nombre con el que se le conoce– también tiene problemas, y es que sólo reconoce los derechos que están puestos –positivados, dicen los expertos– en esas cajas oficiales exteriores: las constituciones y leyes de cada país; difícilmente reconoce derechos que puedan estar en las de otros países o en normas e instrumentos regionales e internacionales. Es como si se dijera que en la caja oficial de derechos humanos de México sólo hay espacio para las

Aún cuando esa posición tiene que resolver la manera en que incorporamos nuestros derechos, es la más adecuada para una sociedad compleja, multicultural y diversa como en la que vivimos herramientas hechas en México. Si aceptáramos tal posición, limitaríamos considerablemente, como puede verse, nuestra concepción sobre los derechos humanos a sólo aquéllos establecidos en nuestras propias leyes. La tercera posición, la más reciente, plantea que los derechos son más bien conquistas que tienen lugar en el contexto de luchas sociales destinadas a hacer respetar la identidad y el estilo de vida de las personas, así como a resolver la desigualdad de situaciones en las que vivimos. Siguiendo con nuestro ejemplo, de acuerdo con esta posición, las personas tendríamos todas las herramientas que están en la caja oficial que pertenece al país en que nacimos, pero éstas no estarían limitadas sólo a las producidas en ese país sino a todas las disponibles a nivel internacional, regional o incluso local, siempre que ello ayude a afirmar nuestra identidad y estilo de vida y a resolver las desigualdades en que vivimos. Aún cuando esta posición tiene que resolver la manera en que incorporamos nuevas herramientas a nuestra caja de derechos –cosa que, por cierto, hicimos recientemente en una reforma de nuestra Constitución en el verano de 2011–, es la más adecuada para una sociedad compleja, multicultural y diversa como en la que hoy vivimos. Aunque el tema de la posición que asumimos para establecer de dónde vienen los derechos humanos parezca sólo una cuestión de elección entre justificaciones naturalistas, positivistas o sociohistóricas –lo que en realidad es una pregunta sobre su fundamento–, tiene gran importancia, porque de ello depende el alcance que podamos darles. Tanto el naturalismo como el positivismo terminan excluyendo; la posición sociohistórica, en cambio, resulta mucho más incluyente. Cuando nos pensamos a nosotros mismos como parte de los colectivos más poderosos esta cuestión no importa, pues siempre estaremos dentro del círculo que tiene derechos, naturales o puestos. Pero cuando nos pensamos como parte de los colectivos marginales, la pregunta sobre el fundamento de los derechos humanos es básica, ya que de la respuesta que le demos depende que estemos o no dentro del ámbito de su protección. Con esta reflexión, casi sin querer, nos hemos planteado el origen y la proyección de los derechos humanos: de dónde vienen y adónde van. Vienen, o se fundamentan, en las conquistas sociales para hacer valer la identidad y el estilo de vida; van hacia la conquista de la equidad y de la inclusión. H

Calles del DF

Policías agreden sexualmente a una joven en lote baldío Mónica Salguero Gutiérrez

A

quella noche una joven de 19 años inhalaba solventes cuando fue sorprendida por dos policías. La detuvieron supuestamente para llevarla ante el Ministerio Público, pero no fue así. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) se dirigieron a casa de la hermana de la joven, argumentando que no la querían perjudicar, “porque si la trasladaban, la multa sería de dos mil pesos”. Sin embargo, al no concretar la extorsión debido a los escasos recursos económicos de la familia, los policías Alberto López Hernández y Juan Carlos Rodríguez Rivera dijeron que la joven detenida entonces sería trasladada al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”, para que cumpliera las 72 horas de arresto, pero nunca la llevaron allí. Una vez que salieron del domicilio, llevaron a la joven a un lote baldío en la delegación Álvaro Obregón. Uno de los policías humedeció un pedazo de papel con el solvente confiscado y lo colocó en la cara de la joven para, finalmente, atacarla sexualmente. La agraviada nunca fue presentada ante la autoridad correspondiente; hora y media después de su detención arbitraria fue liberada en la vía pública. Pese al trauma, la joven denunció los hechos ante la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Posteriormente, la autoridad giró una orden de aprehensión en contra de los dos policías, quienes hasta el día de hoy se encuentran prófugos de la justicia. Al tener conocimiento de este caso por una nota periodística, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una investigación de oficio y, tras confirmar las graves violaciones a los derechos humanos de la joven, emitió la Recomendación 4/2013. En dicho instrumento la CDHDF señaló a la SSPDF, entre otras cosas, que mientras no se cuente con un modelo de capacitación en materia de derechos humanos dirigido a las y los agentes de la policía, y no se hayan implementado sistemas de grabación visual y auditivo al interior de las patrullas y de registro de las detenciones, no habrá garantía de seguridad a la ciudadanía. H www.milenio.com

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6 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

sonia blanquel

DF

El transporte público

debe verse como un medio para facilitar el ejercicio de otros derechos La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) publicó un informe especial orientado a visibilizar la problemática de movilidad que existe en el Distrito Federal desde una perspectiva de derechos humanos

P

Adriana Colín

ara tener acceso a los bienes y servicios básicos que hacen posible una vida digna en sociedad, todas las personas deben ejercer la movilidad como un derecho humano que les permite la comunicación e integración de espacios y actividades. Con esta convicción, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, en donde se advierte que es imprescindible que las autoridades capitalinas asuman una perspectiva de análisis amplia y con un enfoque de derechos humanos que responda integralmente a un tema prioritario en la agenda pública y presupuestal de la ciudad. Además de las respectivas estrategias y líneas de acción que contiene el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en materia de transporte y accesibilidad, así como las recomendaciones emitidas por la CDHDF, el informe especial presenta diversas propuestas para garantizar el derecho a la movilidad. Entre ellas destacan la necesidad de un nuevo paradigma donde el eje rector sean las personas y no los vehículos particulares, el compromiso institucional para garantizar la infraestructura vial y los sistemas de

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transporte colectivo de calidad y orientados sobre criterios de accesibilidad universal en su diseño y mantenimiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (INEGI, 2009), las personas emplean en promedio 16 horas a la semana para trasladarse de sus domicilios a sus centros de estudio o trabajo. Por su parte, la encuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad (2012) mostró que ocho de cada 10 personas usuarias del transporte público lo consideran inseguro. A su vez, la Evaluación Ciudadana de Servicios Públicos (OCCM, 2009) reveló que 77% de las personas que usan microbuses están insatisfechas con el servicio que éstos prestan; mientras que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), siete de cada 10 mujeres afirmaron tener miedo de ser agredidas sexualmente al usar ese servicio de transporte. Y en cuanto a la infraestructura vial, la Encuesta de El Poder del Consumidor 2011 dio a conocer que sólo 6% de las personas consideró favorable la construcción de obras como la Supervía Poniente o los segundos pisos del Periférico, en tanto que 89% comentó que esas obras no tienen ninguna relación con sus necesidades de desplazamiento. El derecho a la movilidad no está reconocido como tal a nivel nacional ni local, por lo que en el Distrito Federal se regula con base en

un enfoque técnico donde el transporte público significa la simple prestación de un servicio y no un medio para facilitar el ejercicio de otros derechos. Asimismo, la movilidad no ha sido el eje central de la política pública en materia de transporte, lo que impide configurar un sistema suficiente y articulado con la infraestructura y el espacio público. La transportación de millones de personas en la ciudad de México funciona a través de un modelo de concesiones individuales operadas por organizaciones informales, el cual se basa en el esquema “hombre-camión” que incentiva una arriesgada competencia por “el pasaje” y que compromete la seguridad de las personas usuarias. Por su parte, las políticas que se aplican en los sistemas de transporte público, de segregar a las personas usuarias a partir de su sexo, tampoco han solucionado la problemática de violencia que viven las mujeres en el ejercicio de su derecho a la movilidad. Para sortear las deficiencias del sistema de transporte público, la tendencia entre la población ha sido la adquisición de sus propios vehículos, lo que ha originado impactos en el ejercicio del derecho a la movilidad de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y altos costos sociales y ambientales. Con la publicación del informe especial, la CDHDF busca visibilizar la problemática de movilidad que existe en el Distrito Federal desde una perspectiva de derechos humanos y, al mismo tiempo, exhortar a todas las personas que habitan y transitan en la ciudad de México a reconocerse como titulares del derecho a la movilidad y vigilar que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones para hacerlo exigible. DH


Lunes 1 de abril de 2013 o 7

Miguel Carbonell *

DH

¿Se puede exhibir ante los medios de comunicación a personas detenidas?

E

En opinión de...

Carlos Castillo del Moral

l 26 de marzo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una Recomendación (la 3/2012) referida concretamente al tema de la presentación de personas detenidas ante los medios de comunicación. Ésta señala como autoridad responsable a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aunque hay ocasiones en que también la Secretaría de Seguridad Pública incurre en la misma práctica. La Recomendación es interesante no solamente porque trata de un tema que es polémico y que se presta a distintos puntos de vista en virtud de la confluencia de varios derechos, sino también porque la CDHDF agrupa en su documento una serie de diversos casos que nos sirven para percibir con nitidez las distintas facetas que tiene el problema. De hecho, la Recomendación reúne 29 expedientes que implican a un total de 50 personas agraviadas, de las cuales 21 fueron puestas en libertad en distintos momentos del procedimiento penal y 11 se encuentran sujetas a proceso penal. Ocho de esas personas en realidad eran víctimas del delito o familiares de las víctimas directas y no sus perpetradores, pero fueron igualmente exhibidas ante los medios de comunicación como presuntas responsables de haber cometido un delito. Entre los casos que cita la Recomendación que estamos comentando se encuentra el de Aldo C. Granada González, quien había sido detenido de forma arbitraria porque tenía un nombre parecido al de una persona que era buscada por homicidio. Pese a que la PGJDF sabía que no se trataba de la persona buscada y que ya se había decretado su libertad, en varios periódicos apareció su fotografía como responsable de los hechos delictivos y en la página web de la PGJDF se difundió su nombre y su foto, considerándolo como persona capturada por su relación con un delito de homicidio. El Juzgado 56 de lo Penal en el Distrito Federal dictó un auto de libertad a favor de esta persona, por falta de elementos para procesarlo, pero el daño a su honra y a su reputación ya estaba hecho. Otros casos se refieren a personas que fueron exhibidas por ser presuntamente responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, las cuales a fin de cuentas sólo pudieron ser acusadas de “encubrimiento por favorecimiento”. A una mujer que fue citada para que identificara los cadáveres de su hija y de su nieta la exhibieron como responsable de homicidio sin haberle avisado en modo alguno, de forma que en pocos minutos cambió radicalmente su suerte –y hasta su vida–:

pasó de denunciante a persona exhibida y, por lo mismo, condenada de antemano por el tribunal de la opinión pública. Además de resultar en extremo ilustrativa por los casos narrados, la Recomendación de la CDHDF es también interesante por los argumentos jurídicos que contiene, los cuales desde luego pueden resultar aplicables para resoluciones futuras que sobre el tema se dicten en el ámbito del Poder Judicial o, en algunos aspectos, en el ejercicio de competencia de órganos garantes como lo pueden ser los encargados de la tutela de los datos personales. La Comisión entiende que al exhibir a personas detenidas respecto de las cuales todavía no existe una acusación formal ni se ha abierto en su contra ningún proceso penal, se violan los derechos al debido proceso legal y a las debidas garantías judiciales; a la presunción de inocencia; a la defensa adecuada; a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable; a la integridad personal (trato digno y humano); a ser investigado y juzgado por una autoridad y tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley; a la igualdad de trato por los tribunales; a la intimidad o vida privada; a la honra y reputación, y los derechos de las personas ofendidas y víctimas del delito. Con base en la Observación General núm. 32 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia, la CDHDF señala que todas las autoridades públicas, especialmente las encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, no deben hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de una o un acusado antes de que concluya en definitiva el juicio. Por ende, dichas autoridades tienen el deber de prevenir que los medios de comunicación u otros sectores de la sociedad expresen opiniones perjudiciales para la presunción de inocencia. La CDHDF recuerda que en la sentencia del caso Cantoral Benavides vs. Perú la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estimó que se había violado el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –dicho artículo contiene las garantías judiciales en general, y su apartado 2 se refiere en concreto a la presunción de inocencia–, porque la víctima fue presentada ante los medios de comunicación cuando aún no había sido legalmente procesada ni condenada (párrafo 119 de la sentencia señalada). Además del caso que recuerda la Comisión en su Recomendación, en la jurisprudencia de la Corte IDH hay otros pronunciamientos que resultan relevantes para entender la forma en que se proyecta el derecho a la presunción de inocencia sobre el deber de las autoridades de abstenerse de exhibir a las personas detenidas y, de esa forma, debilitar ante la opinión pública la posición de éstas. Cabe citar, sobre todo, el caso Lori Berenson vs. Perú, en el que el alto tribunal interamericano señaló que “el derecho a la presunción de inocencia […] exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita [un] juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla” (párrafo 160). Respecto del derecho a la defensa adecuada, la CDHDF señala en su Recomendación que las personas exhibidas no tuvieron la oportunidad de manifestar

su propia versión sobre lo acontecido, no pudieron ofrecer pruebas, ni siquiera pudieron contar con un defensor particular ni hubo tiempo para que les fuera asignado uno de oficio. La Comisión recuerda que en el Informe sobre su visita a México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas había recomendado a nuestro país desde el 31 de mayo de 2010 que revisara y eliminara la práctica generalizada de exhibir públicamente en medios de comunicación colectiva a personas privadas de libertad que todavía no han sido condenadas ni prevenidas de sus derechos y defensa legal, ya que este tipo de exposición no sólo favorece su incriminación, sino que [también supone] un trato cruel, inhumano y degradante [párrafo 114 del documento de la ONU]. La Comisión resalta el hecho de que, con independencia de que a muchas de las 50 personas agraviadas en sus derechos cuyos casos son analizados por la Recomendación 3/2012, la justicia terminó de una u otra manera absolviéndolos, “al realizar una búsqueda de sus nombres o apellidos en la red, actualmente siguen apareciendo su imagen y datos personales en notas y publicaciones creadas a partir de la exhibición. Es decir, ante la sociedad y la opinión pública siguen siendo responsables”. Este daño que se extiende en el tiempo, debido sobre todo a las nuevas tecnologías de la información, no toma en cuenta la situación jurídica de las personas. Es precisamente debido a ese fenómeno, cada día más relevante por la enorme penetración que tienen internet en general y las redes sociales en particular, que ya se comienza a hablar de un “derecho al olvido digital”. La CDHDF niega que mediante la exhibición de las personas detenidas se esté atendiendo al derecho a la información en su vertiente colectiva o social. Por el contrario; en su Recomendación señala que cuando se presenta un acto de exhibición de personas detenidas se trata de un acto ilegal y arbitrario [que] atenta contra el derecho de la sociedad a estar informada y tener acceso a información real y verídica en materia de seguridad ciudadana, pues como ha quedado probado, se hace pública información parcial y subjetiva que sólo contribuye a la creación de juicios paralelos y de nota roja que incrementa[n] la sensación de impunidad e inseguridad en la población, favoreciendo modelos represivos que solamente favorecen la intolerancia y la estigmatización. El tema de fondo tiene que ver con los derechos humanos, desde luego; pero también roza el ámbito de la ética periodística: los medios no deben hacerle el juego a las autoridades que prefieren “ganar litigios” en los medios de comunicación en vez de ganar en la sede de los tribunales. No debemos permitir que las autoridades afecten la honra, la imagen y la reputación de personas que acaban de ser detenidas y respecto de las cuales aún no se ha desahogado un juicio. El respeto a la presunción de inocencia hoy en día forma parte del debido proceso legal. Ojalá todas las autoridades lo entiendan pronto, para que lo que logremos en México en efecto sea la impartición de justicia y no la administración de la venganza, en este caso frente a los medios de comunicación solamente. H *Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero en la CDHDF www.milenio.com

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8 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

Esfuerzo

Bici Escuela

social para la protección personal y afianzar el uso de este transporte Con diversos programas de sensibilización como un Manual electrónico del Ciclista Urbano y el grupo Mujeres en Bici, A. C, la sociedad civil promueve las buenas prácticas en la convivencia vial

E

l ciclismo urbano es el uso de la bicicleta como medio de transporte para trayectos relativamente cortos en el cual, por las características de algunas ciudades, no se requiere de gran esfuerzo o condición física. Hace algunos años, la bicicleta se utilizaba para prestar servicios. Era “normal” ver al carnicero, panadero, tamalero, afilador o cartero realizar sus actividades a lo largo del día en este vehículo; pocas eran las personas que utilizaban la bicicleta como medio de transporte. Fue hasta la década de los noventa que comenzaron a generarse movimientos sociales a favor del ciclismo urbano, los cuales tenían como fin hacer del conocimiento ciudadano que transportarse en bicicleta por la ciudad era posible. La insistencia de la sociedad civil por promover el ciclismo urbano ha permitido que día a día se vayan dando condiciones diferentes para las y los ciclistas, en el caso específico de la ciudad de México. En 2003 se determinó la construcción de la primera ciclovía de la ciudad; posteriormente, en 2007 se anunció el Programa de Corredores de Movilidad no Motorizada, con la intención de mejorar el tránsito vehicular y el medio ambiente.

Fue así como se originaron las condiciones para impulsar el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte por parte de las autoridades, lo que podemos ver reflejado en la actualidad en más ciclovías, carriles compartidos, vías confinadas, ciclovías recreativas y un sistema de bicicletas públicas. Debido a la importancia de estos programas y a la participación ciudadana, en la actualidad ya existen normas, políticas públicas y esfuerzos compartidos por parte del Gobierno del Distrito Federal y las y los ciudadanos para que con ello se afiance el uso de la bicicleta y se regule y se proteja a las personas involucradas con este medio de transporte. En un primer paso hacia el aprendizaje constante y la implementación de la bicicleta como alternativa de movilidad se incorpora al ciclista a manera de un actor vial con obligaciones y derechos en el Reglamento de Tránsito Metropolitano y se genera una prioridad en tercer lugar en cuanto al uso de las vialidades; además, se incorpora la bicicleta pública Ecobici para fortalecer el ciclismo urbano en la ciudad de México. Cabe mencionar que éste cumple con su función de traslado, pero carece de buenas prácticas por parte de las y los ciclistas, como responsabilidad y medidas personales de seguridad, ya que hay usuarios de este servicio que no respetan el Reglamento de Tránsito Metropolitano. Ejemplos muy comunes de ello son el circular en sentido contrario en una ciclovía o circular por la banqueta diseñada exclusivamente para el tránsito de peatones; y en cuanto a la seguridad, no usar casco ni luces o reflejantes que les permitan ser visibles en la oscuridad. Por éstos y muchos otros aspectos se considera vital la participación de las autoridades y de la sociedad para generar conciencia y políticas públicas que ayuden a instruir en temas de educación vial, normatividad y seguridad a los diferentes actores de la vialidad. Hoy se cuenta con programas de educación y sensibilización; además, existe un Manual del Ciclista Urbano que se encuentra al alcance del público en formatos electrónico e impreso. Otro esfuerzo por promover las buenas prácticas en la

convivencia vial es el programa BiciEscuela, que ha llegado a despertar el interés por fomentar el uso de la bicicleta a través de capacitación impartida por la propia comunidad ciclista de la ciudad, la cual aporta experiencia y pasión para hacer de conocimiento público las mejores prácticas en materia de ciclismo urbano. Uno de los grupos ciclistas involucrados en el programa de capacitación BiciEscuela es Mujeres en Bici, A. C., que inició su participación de manera formal en 2011. Dentro de los logros que ha obtenido este proyecto se encuentra que un grupo financiero haya motivado a sus colaboradores para capacitarse, al tiempo que generó las condiciones de infraestructura en sus edificios para aquellos empleados que optasen por trasladarse en bicicleta hasta su centro de trabajo; es decir, ellos conviven con la vialidad de manera responsable, además de que cuentan con biciestacionamiento y usan elementos de protección y seguridad en todo momento. Dentro de la trayectoria de capacitación de Mujeres en Bici, A. C., se cuenta que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMADF), ha participado con instituciones como Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE), Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), entre otras de los sectores público y privado. Los aspectos generales que se abordan en este curso son técnicas de arranque y frenado, vueltas con seguridad, señalización universal, seguridad personal y reglamento de tránsito, a través de una metodología que utiliza técnicas pedagógicas para transferir de forma efectiva los conocimientos y lograr que sean significativos y permanezcan por más tiempo en las personas que han vivido esta experiencia teórico-práctica. Los cursos promueven la responsabilidad de las o los ciclistas como conductores y el uso de la bicicleta como vehículo, además de que los sensibilizan, pues se sabe que no todas las personas capacitadas utilizan la bicicleta o pretenden utilizarla como medio de transporte, pero al final todos somos actores en la convivencia vial. Mujeres en Bici, A. C., es un grupo incluyente que se ha dado a la tarea de formar un grupo de instructoras e instructores voluntarios que, aunado a que comparten la pasión por la bicicleta, cuentan con un perfil específico para ser facilitadores que transmitan la confianza necesaria para que quienes han dejado de usar la bicicleta por largo tiempo vuelvan a disfrutarla. H antonio vázquez

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Lunes 1 de abril de 2013 o 9

DH

De un punto a otro

La movilidad en el Distrito Federal es un tema fundamental que implica importantes retos, tanto en relación con la calidad y seguridad en los desplazamientos que realizan las personas que habitan y transitan en la ciudad, como para el desarrollo de la sociedad capitalina en su conjunto. No se trata únicamente del tiempo de cada persona ni de su comodidad al abordar una unidad de transporte colectivo, sino donde cada persona puede circular en forma libre, segura y en respeto de sus derechos humanos, esperando pronto sea una realidad para todas y todos los habitantes del Distrito Federal, tercera aglomeración de personas más grande del mundo. La movilidad como derecho se encuentra en proceso de configuración, requiere una atención inmediata ante el escenario de crecimiento urbano y desarticulación existente de los sistemas de movilidad que predominan en gran parte de las ciudades y regiones del mundo.

1:21 horas es el tiempo promedio

de un desplazamiento en la zona metropolitana del Valle de México.*

16 horas semanales se estima que las

personas pierden en promedio en traslados a sus lugares de estudio o trabajo.* Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos: 8 de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro.*

7 de cada 10 mujeres afirman tener miedo

de ser agredidas sexualmente al usarlo.* 50% de los viajes realizados a diario en la ciudad de México son menores a ocho kilómetros, y con una velocidad promedio de 16 km/h para la bicicleta y de 12 para el automóvil, en un viaje típico se harían 30 minutos en bicicleta y 40 en automóvil.*

Durante los últimos seis años, por lo menos 160 personas perdieron la vida en la ciudad de México en accidentes en donde estuvieron involucrados microbuses. Este tipo de transporte es el peor calificado en las encuestas de satisfacción a personas usuarias: 77% se encuentra insatisfecho con este servicio.*

63.7% de los viajes diarios se hacen en microbuses.*

¿Quiéres saber más? Consulta la fuente de estos datos* y más en el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012 realizado por la CDHDF en colaboración con el ITDP <http://movilidaddh.cdhdf.org.mx/> www.milenio.com

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10 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

sonia blanquel

Microbuses,

En los últimos seis años, 160 personas perdieron la vida por accidente en el peor medio de transporte

entre el poder y la anarquía

Viridiana vive para contarlo, a pesar de haber sufrido un esguince cervical y un trauma craneoencefálico en un accidente de microbús; su caso es uno más en las estadísticas

reportaje por: Mónica Díaz A.

E

s viernes 15 de junio por la noche. Las luces de neón y el ruido de la banda de rock se perdían lentamente. Era la hora de irse a casa después de una ardua jornada de trabajo en “El Alicia”. La rutina de Viridiana era llegar a la base de microbuses en el metro Balbuena, donde abordó una unidad de la Ruta 88, junto con su hermana y su prima. Durante el trayecto, el chofer venía distraído con una mujer: se besaban repentinamente y luego tomaba el volante como si nada. Viridiana se preparaba para bajar. Se levantó y tocó el timbre justo cuando el chofer hizo un movimiento brusco para rebasar a otra unidad. Viridiana salió “disparada” por la puerta abierta del “micro”. El chofer no se inmutó, se disponía a seguir su carrera pero se detuvo ante los gritos de los pasajeros que le exigían que lo hiciera.

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En entrevista para DH, Viridiana Dueñas cuenta que perdió el conocimiento; su hermana, Elba Dueñas, se hizo cargo de la situación. Ésta señala que el shock era muy fuerte al ver a su hermana tirada en el piso en medio de un charco de sangre, mientras que la ambulancia tardó más de una hora en llegar al lugar. Elba indica que no desistió de levantar una denuncia, a pesar de que el agente del Ministerio Público le repetía una y otra vez que perdería tiempo y dinero. Exigía justicia para su hermana, quien sufrió un esguince cervical y un trauma craneoencefálico, ambos de grado dos, que la mantuvieron incapacitada por dos meses. Fueron días de “un gran peregrinar”, de soportar el acoso de choferes de la Ruta y de policías judiciales. Al evidenciar el caso en un periódico, funcionarios de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) se pusieron en contacto con ellas para que la Ruta asumiera su responsabilidad. A unos meses de la tragedia, Viridiana asegura que esta experiencia le dejó secuelas, pues le da miedo andar sola en la calle y viajar en microbús le provoca un pánico indescriptible.

Muerte y velocidad El caso de Viridiana Dueñas es sólo uno más en las estadísticas, y ella misma dice que vive para contarlo. Durante el Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad, realizado en agosto de 2012 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, expertos en la materia destacaron que el microbús es considerado el peor medio de transporte por ser inseguro. Tan sólo en el sexenio pasado los accidentes viales en que se vieron involucrados dejaron un saldo de 160 personas muertas y 2 543 heridas. En el foro, se reveló el dato de que, de acuerdo con los resultados de una plataforma de rastreo vehicular, 85% de las unidades exceden los límites de velocidad siete veces al día. Por otra parte, cifras de la PGJDF indican que de 2012 hasta febrero del 2013 se han abierto 813 averiguaciones previas por homicidios culposos por tránsito vehicular en el DF; 21 de estos casos fue por accidente de microbús. En 2013, con respecto al mismo periodo del 2012, aumentaron 3.4% los homicidios en donde está involucrado un microbús. Asimismo, datos de esa dependencia (consultados en el InfoDF) revelan que en los últimos seis años ha fallecido cerca de una persona cada 15 días en percances de este sistema de transporte. Sobre robo a pasajero a bordo de microbús, se levantaron 1,372 averiguaciones en el año 2012.


Lunes 1 de abril de 2013 o 11

DH

alejandro cuevas

corralón a 364, de los cuales 211 corresponden a microbuses, 127 a autobuses y 26 a combis. Entre las rutas con sanciones están la 1, 2, 3, 27, 62, 18 y 41; la lista es larga, pues la mayoría de las rutas han sido castigadas.

Choferes, con sobrepeso y problemas visuales De acuerdo con el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), se calcula que diariamente ocurren en el Distrito Federal alrededor de 21 millones de viajes en transporte público, de los cuales 60% se realiza en combis, microbuses y taxis. Existen por lo menos 30 mil microbuses como medio de transporte público colectivo, los cuales se distribuyen en 106 rutas. La Encuesta de Percepción de Usuarios y Usuarias del Transporte Público, realizada por el Cenfes en seis delegaciones a una muestra de mil personas usuarias de microbús, revela que 47% considera que el operario no es respetuoso del reglamento vial ni moderado en su conducción; es decir, casi la mitad de las y los encuestados percibe que las leyes no son respetadas. Al preguntar si el microbús es el medio de transporte más seguro de la ciudad, 55% asegura que no. En una escala del 1 al 10, la calificación es de 5.8 para el servicio que brinda este medio de transporte. Otro aspecto que debe destacarse de un informe del Cenfes es que más de 60% de los choferes de transporte público concesionado que han tramitado una Licencia Tarjetón padece alguna enfermedad como sobrepeso y diabetes, y sorprendentemente también tienen problemas visuales.

Un negocio redondo “¡Pancho se enoja, se va a enterar y pa’ que quieres!” Son las palabras de conductores de microbuses de una ruta del oriente de la ciudad. Temen hablar “de lo chueco, del dar pa’l chesco, del saltarse el trámite, de andar con la mona o con la chela”, pero lo mencionan, se ríen nerviosamente. Tienen miedo del “dueño”, del que tiene influencias y se codea con políticos, del que viaja a Las Vegas y “tiene mucha lana”. Pero hablan, dicen que, por ejemplo, en la Setravi hay coyotes que piden dinero para exentar pruebas; que ha habido casos en que “mueven influencias y cambian a los choferes” cuando tienen accidentes. Pero está el otro lado de la moneda: de los que se quejan de las y los usuarios. Felipe Pérez es operador de un microbús de la Ruta 108. Comenta que su jornada es de ocho horas y que al día gana de 500 a 100 pesos, pues tiene que entregar “la cuenta” al dueño. Afirma que a veces los usuarios son quienes hacen que violen las leyes: “hay gente que exige que las bajen pasando la calle, o nos dicen que vamos como tortugas, y si vamos rápido también nos reclaman. Entonces a veces no los entendemos, pero siempre se quejan; aunque hay también de usuarios a usuarios (sic)”.

La mayoría de las rutas con sanciones El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) cuenta con el programa 5-10-20, el cual consiste en sancionar a unidades de transporte público con remisiones al corralón cuando se vean involucradas en un accidente y se detecte una irregularidad. De finales de 2011 (cuando inició el programa) a la fecha, el Invea-DF ha aplicado revisiones a 738 microbuses, 127 autobuses y 26 combis. Por irregularidades –falta de póliza y de licencias, entre otras–, se han remitido al

datos

Y compromisos l En 2012, la Secretaría de Seguridad Pública

del Distrito Federal tuvo conocimiento de 185 casos de personas atropelladas por microbuses.

l Antes de tomar posesión en la Jefatura de

Gobierno, Miguel Ángel Mancera afirmó que cuando termine su administración la ciudad estará completamente libre de microbuses.

l Operadores de microbuses han realizado diversas manifestaciones para exigir que la tarifa pase de tres a cinco pesos.

sonia blanquel

Paraderos: territorio sin ley Son las 8:00 de la noche. Cientos de personas salen apresuradas del Metro Indios Verdes. Para ellos, el olor a cebolla de los tacos de suadero mezclado con el olor del caño ya es costumbre. Tienen que sortear las filas de gente y la infinidad de puestos ambulantes. A su paso se escucha solamente el ruido estridente de las películas y de los discos “piratas”. No es sorprendente ver ratas y perros por el lugar, atraídos por los cerros de basura acumulados en diferentes puntos. Es uno de los centros de transferencia modal, llamados paraderos, núcleos de suciedad, desorden y tráfico donde los operadores aprovechan para lavar sus unidades, hacer talacha y hasta para hacer sus necesidades fisiológicas. De acuerdo con la Setravi, existen 45 centros de transferencia donde confluyen 217 rutas y empresas de transporte; aproximadamente 23 mil unidades utilizan esas “bases” que cubren alrededor de 1 217 destinos de la ciudad de México. La cantidad de personas usuarias que utilizan los llamados paraderos es de aproximadamente 4.5 millones por día. Renovación vehicular, ¿la solución? Meyer Klip, presidente del Invea-DF, precisa en entrevista para DH que el problema del mal servicio que brindan los microbuses se debe a diversos factores. La mayoría de los operadores, dice, son personas sin estudios, a quienes se les paga por comisión y que están supeditados a lo que “sacan” por día: “ellos luchan por sobrevivir, por llevar de comer a sus familias y es por eso que se pelean entre sí por ganar el pasaje”. Respecto del programa de renovación vehicular del Gobierno capilino, Klip se muestra optimista, pues dice que se les va a poner en orden, ya que al ser las empresas quienes contraten a los choferes y cuenten con nuevas unidades, éstos tendrán un sueldo fijo y se les contratará como a cualquier empleado, lo que podría ser una buena medida para solucionar el problema del transporte en la ciudad. En tanto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, ha explicado que existen diversos problemas asociados a los microbuses: la seguridad de las propias unidades, el otorgamiento de las licencias a los choferes, el diseño de las rutas y los accidentes que provocan y que han terminado en decesos de varias personas. Por lo anterior, enfatiza, hay un consenso generalizado para sustituir los microbuses por alguna otra posibilidad de transporte público que sea mucho menos riesgosa para la ciudadanía. H www.milenio.com

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12 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

cidh

Práctica lacerante

Dejar de exhibir a víctimas y personas detenidas en medios, pide CIDH a México Para el organismo internacional es inaceptable que las autoridades mexicanas argumenten que como la SCJN no se ha pronunciado al respecto, la práctica se va a perpetuar cidh

L

Abraham Cornejo

a exposición ante medios de comunicación de víctimas del delito y de personas detenidas bajo responsabilidad del Ministerio Público en México puede ser una práctica tan lacerante de la dignidad humana como la exposición pública de personas condenadas ante los “Muros de la Infamia”, ocurrida hace cinco años en Colombia.

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En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que elimine dicha práctica por ser cruel, inhumana, degradante y, sobre todo, inadmisible, ya que afecta los derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, y al ámbito social y laboral de las personas exhibidas. Durante una audiencia solicitada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones de

la sociedad civil, realizada en la sede del organismo internacional en Washington, el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, enfatizó: “estas prácticas que se han venido llevando a cabo por parte de las autoridades de México como un instrumento de política pública para mejorar la seguridad democrática me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos”. El también relator especial para México sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH sostuvo que se violan los tratados internacionales de derechos humanos al efectuar esta exhibición, propia de Estados absolutistas. Durante la audiencia se presentó un video testimonial de tres casos de personas expuestas ante los medios de comunicación, quienes posteriormente fueron absueltas de todos los cargos; a ellas la exhibición les dejó una huella imborrable en su vida. Por parte de las y los peticionarios, Marco Lara Klahr, del Instituto de Justicia Procesal Penal, señaló que esta práctica es de naturaleza contradictoria de las garantías judiciales, además de un abuso, ya que el gobierno pretende convencer a la sociedad de que es “eficaz en proveernos seguridad y justicia”, al mostrar todos los días imágenes de personas detenidas. En su oportunidad, Luis González Placencia, ombudsman capitalino, informó que la CDHDF documentó 50 casos de personas agraviadas, 42 de las cuales fueron exhibidas mediáticamente como probables responsables y ocho como víctimas del delito; 24 de ellas fueron arraigadas inmediatamente, lo que violó una vez más sus derechos, y posteriormente 21 fueron liberadas. De esta manera, la PGJDF, las expuso mediáticamente sin contar con las pruebas suficientes para acusarlas. Destacó que a raíz de esta investigación se emitió la Recomendación 3/2012; y que actualmente la CDHDF está investigando 56 casos más que incluyen a personas que tras haber sido exhibidas fueron arraigadas y otros en los que se hicieron públicas imágenes de cadáveres y datos personales de las víctimas. Jacqueline Sáenz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, recalcó que los tres derechos humanos que se violan con esta práctica son; el debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal, los cuales son vulnerados por todos los órdenes de gobierno. Indicó que por este motivo debería generarse una política de comunicación social en donde se garantizara la transparencia y rendición de cuentas pero no a costa de los derechos humanos. La representación del Estado estuvo a cargo de Eliana García, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, quien aceptó que tanto la presentación de presuntos delincuentes como la figura del arraigo disminuirán en la medida en que se redefina la estrategia en materia de seguridad, apelando a que esta administración lleva escasos tres meses de gestión. Por su parte, el representante de la PGJDF, Jorge Mirón Reyes, estimó que la política definida por la Procuraduría capitalina en torno a la presentación ante los medios de comunicación de personas detenidas ha favorecido la cultura de la denuncia. Además, argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha decretado inconstitucional la exhibición de personas detenidas ante la opinión pública, por lo que considera que se apega a los derechos humanos. En respuesta, el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, consideró inaceptable que las autoridades mexicanas digan que, como la SCJN no se ha pronunciado al respecto, la práctica se va a perpetuar. Cabe destacar que luego de la audiencia ante la CIDH, la CDHDF participará en el proceso de reflexión que organizará el gobierno federal sobre la exhibición en medios, al haber sido invitada a la Conferencia de Nacional de Procuradores y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. H


Lunes 1 de abril de 2013 o 13

DH

Debate en el mundo

El dolor fantasma y los derechos El ritual acusatorio en los medios pretende transmitir una eficacia policial, pero la verdad jurídica sólo se conocerá al final del proceso. El teatro acusatorio nada tiene que ver con la justicia Francesc Barata*

n los densos volúmenes de la British Medical Journal se explica la historia de un marinero que perdió por accidente el dedo índice de la mano derecha y que durante 40 años le persiguió el fantasma de aquel dedo rígidamente extendido, como estaba cuando le fue seccionado. Siempre que se acercaba la mano a la cara (para comer o para rascarse la nariz, por ejemplo) temía que el dedo fantasma le sacase un ojo. Aunque sabía que eso era imposible, el rostro se le encogía y nada podía hacer para evitar el guiño de temor. Aquel dedo fantasma le acompañó hasta que los males fueron mayores. Es uno de los innumerables casos que la British Medical Journal ha acreditado a lo largo de sus 150 años de historia. Los miembros fantasmas existen y tienen un gran valor para el amputado. Las personas que han sufrido esos traumas necesitan que los fantasmas les acompañen hasta que repongan la pérdida o la asuman como algo irreparable, que ya nunca volverá. Algo parecido ocurre con el cuerpo social. La colectividad de la que formamos parte también necesita de sus fantasmas para encarar y sobrevivir a los traumas sufridos. Es tanto el desasosiego y los temores que los individuos creen en los fantasmas que dan certeza y aportan tranquilidad a nuestra existencia. Los fantasmas nacen del pensamiento mágico que nos habita y algunos de ellos salen del mundo del delito. Junto a las desconfianzas que manifestamos de manera racional, nuestro inconsciente necesita certezas, soñar con un mundo donde la justicia funcione y sean castigados los culpables. Pero ocurre que cuando la justicia esta maltrecha y amputada en muchas de sus formas, entonces aparecen sus fantasmas sustitutorios, buena parte de los cuales son fabricados desde las instancias del poder y los medios de comunicación. Son construcciones artificiosas que el cuerpo social absorbe con naturalidad, porque el imaginario colectivo tiene la imperiosa necesidad de creer en los fantasmas reparadores. Este hecho se manifiesta tanto en los países donde la razón ilustrada espantó las supersticiones medievales como en aquellos donde el pensamiento mágico ha formado y continúa formando parte de lo más enigmático del sentir social. En el ámbito del periodismo criminológico, la necesidad de esos fantasmas activa poderosamente lo que hemos llamado la construcción mediática de la culpabilidad, un mecanismo que impulsan las instituciones policiales al presentar a los detenidos ante los reporteros como los culpables del delito, cuando todavía son muchas las dudas sobre las pruebas y no menos las sospechas sobre el buen hacer policial. Es un ritual acusatorio que pretende transmitir eficacia policial. Se construye una verdad que

osmar alejandro vargas

E

no se tiene, porque sólo al final del proceso sabremos cuál es la verdad jurídica. Nada de ese teatro acusatorio tiene que ver con la justicia, nada con el grado de eficacia real de los cuerpos policiales. Opera en el ámbito simbólico y persigue fines ocultos de clara intencionalidad política. Se focaliza el mal en una representación, se quiere construir el chivo expiatorio que tan útil resulta para las políticas de la intolerancia y de mano dura. Esa construcción de la culpabilidad no sería posible sin la colaboración de los medios de comunicación. La responsabilidad de éstos en el devenir de los asuntos penales es un tema que preocupa a los juristas y a los defensores de los derechos humanos, y que los propios periodistas empiezan a identificar desde un malestar nuevo relacionado con los valores éticos. En la mayoría de los países europeos, los cuerpos policiales han dejado de presentar a los detenidos ante la prensa, pues se considera una práctica que atenta contra las garantías del imputado. A pesar de ello, existe un intenso debate sobre cómo los medios deben respetar los derechos de personalidad y la presunción de inocencia. La controversia se ha acentuado en estos últimos años, cuando las injerencias mediáticas han afectados a relevantes personalidades de la vida pública. En el viejo continente, las actitudes periodísticas frente a la presunción de inocencia han generado dos preguntas importantes: ¿de qué manera interfieren los medios en el proceso penal?, y ¿por qué deberían los periodistas respetar la presunción de inocencia si son un elemento externo al sistema de justicia? Ante la primera cuestión, las posiciones mayoritarias se decantan entre aquellos que consideran que los medios interfieren de forma negativa en el proceso. Juristas españoles, alemanes, ingleses y franceses, por citar algunos, han puesto de manifiesto cómo los medios de comunicación forman juicios paralelos con fuertes interferencias en el proceso. Claro que todos los juristas comparten la idea previa de que, en las sociedades actuales, los medios de comunicación son indispensables para hacer efectivo el

principio de publicidad. En Alemania, el catedrático de derecho penal de la Universidad de Múnich, Claus Roxin, ha señalado en repetidas ocasiones que la actividad periodística puede lesionar gravemente al imputado al tratarlo como culpable y que ello también genera una influencia negativa en el juez o el tribunal. Afirma Roxin que “la coexistencia de la utilidad y de la potencial nocividad de los medios de comunicación en el proceso penal impone a todo ordenamiento jurídico moderno la tarea de asegurar las consecuencias beneficiosas de los medios”. En España, autores como el académico López Ortega plantean que los medios construyen verdaderos “juicios penales” utilizando pautas que nada tienen que ver con los procedimientos legales. “Los casos se presentan de forma diferente a como se examinan en los tribunales, se utiliza un lenguaje menos específico, y las conclusiones se extraen de acuerdo […] [con] presupuestos que no se corresponden, necesariamente, con los del juicio criminal”, señala dicho autor. De alguna manera, la sociedad acaba confundiendo la verdad mediática con la verdad jurídica. La crítica a los medios también ha sido compartida por destacados actores del sistema de justicia. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha afirmado en repetidas ocasiones que parece indudable que ciertas campañas de prensa pueden afectar la imparcialidad del juez y condicionar sus decisiones. Comparten todos los autores la idea de que uno de los principios procesales que más puede ser afectado por el tratamiento mediático es el de la presunción de inocencia. En un sentido estricto, la presunción de inocencia es un derecho que se tiene básicamente frente al Estado y que deben cumplir aquellos que forman parte de la justicia, no así el resto de agentes sociales, entre ellos los periodistas. La presunción de inocencia es una garantía que opera en el ámbito de la administración de justicia y cuando otros actores externos realizan una presunción de culpabilidad lo que están afectando son los derechos de la persona: el honor, la intimidad y la propia imagen. Qué duda cabe de que el hecho de presentar a un ciudadano como autor de un delito, sin que legalmente se haya demostrado tal cosa, es uno de los mayores ataques a la persona. Mediante la intromisión en estos derechos, los medios acaban afectando la presunción de inocencia. No olvidemos que este derecho es una de las conquistas más importantes que ha conseguido la humanidad en el camino de impartir una justicia con todas las garantías. Si los medios respetaran los derechos de la personalidad en los términos establecidos por la norma jurídica, ya estarían respetando la presunción de inocencia. Pero, además, cabe recordar que el Código Europeo de Deontología Periodística establece en su artículo 22 que en el ejercicio del periodismo “las informaciones y opiniones deben respetar la presunción de inocencia principalmente en los temas que permanecen sub judice, excluyendo establecer juicios paralelos”. Cada vez resulta más evidente que la construcción del Estado penal que impulsan las políticas neoliberales en sustitución del Estado social necesita de los medios de comunicación y de su efecto verdad, aunque dicha verdad sea un simple fantasma, el que por momentos todos necesitamos. La historia del marinero del dedo fantasma la cuenta el neurólogo Oliver Sacks en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En dicha obra se narra también que muchos pacientes dejan de sentir el fantasma cuando se les pone una prótesis, la pieza que repara el daño y el trauma causado. Tal vez el cuerpo social necesita de nuevas piezas en el sistema penal para, así, ahuyentar los fantasmas que nos habitan. H *Doctor en ciencias de la comunicación y profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona; profesor de criminología de la Universidad de Barcelona y del master europeo Sistema penal y problemas sociales. www.milenio.com

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14 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

Jurisprudencia internacional

Una persona no

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al considerarse que la práctica de exhibición constituye una “forma de trato cruel, inhumano o degradante”. En la resolución del caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte IDH determinó que el señor Cantoral fue exhibido ante los medios de comunicación vestido con un traje infamante y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, lo que constituye una violación a lo establecido en el artículo 8.2 de la CADH, la cual señala que una persona “no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal y si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino observarla”. En 2004, la Corte IDH determinó que existieron violaciones a los derechos de las personas por ser sometidas a una exhibición pública ante los medios de comunicación en el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, donde la señora Berenson fue presentada ante los medios de comunicación acusada de cometer delitos contra la patria, al señalar la violación al derecho a la presunción de inocencia de conformidad con el artículo 8.2 de la CADH, ya que éste “exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”. En el mismo sentido que el caso anterior se pronunció la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Allenet de Ribermont vs. Francia de 1995. En él decretó la violación a la presunción de inocencia por una osmar alejandro vargas práctica de exhibición en medios al señalar que, de conformidad con el artículo 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, si bien no se puede impedir a las autoridades informar al público sobre las investigaciones criminales en proceso, dicha información debe hacerse “con toda la discreción y la cautela necesarias para que la presunción de inocencia sea respetada”.

puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal

Pronunciamientos explícitos de que el respeto a los derechos de los imputados debe basarse en una “constatación objetiva con la realidad a partir de investigaciones o averiguaciones diligentes” y que “no se utilicen insinuaciones insidiosas, expresiones injuriosas o vejaciones”

ensayo

por: Edgar Alejandro Gómez Jaimes* y Nancy Jocelyn López Pérez**

E

l análisis con respecto a los actos de exhibición pública ante medios de comunicación de personas detenidas o sujetas a procesos penales se explica mediante la identificación de una multiplicidad de actores involucrados, desde las autoridades encargadas de la seguridad pública hasta los medios de comunicación y, desde luego, las personas detenidas y exhibidas cuyos derechos humanos están en juego y con altas probabilidades de ser afectados. Existen experiencias internacionales, tanto de derecho comparado como de criterios establecidos en los tribunales de derechos humanos, que nos ayudan a clarificar la forma en la que se abordan desde lo jurídico los derechos humanos relacionados con la exhibición ante los medios de comunicación de las personas detenidas. En este sentido, tales derechos son: el debido proceso legal, por una afectación a la presunción de inocencia; la libertad de prensa e información y el derecho a la honra, intimidad y familia. Además, las violaciones a los derechos enunciados se imputan en un primer momento, dada su estrecha vinculación con los procesos penales y con el deber de informar, a las fiscalías o ministerios públicos y a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y en un segundo momento, al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Una de las experiencias más importantes es la realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a través de su jurisprudencia se ha pronunciado sobre tal práctica. De esta forma, el primer pronunciamiento de la Corte IDH sobre la violación a los derechos humanos de las personas exhibidas ante los medios de comunicación fue en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en cuya sentencia de 1997 se pronunció por violaciones acumuladas que afectaron la integridad personal de la señora Loayza Tamayo, entre ellas la incomunicación durante la detención, el aislamiento en una celda reducida, los golpes y el maltrato, y la exhibición pública de la detenida con traje infamante ante medios de comunicación, por lo cual sentenció la violación al artículo 5.2 de

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Violación a la presunción de inocencia Sobre dicha práctica también se pronunció en 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso del señor Dimitry L. Gridin (representado por el señor A. Manov, del Centro de Asistencia para la Protección Internacional) vs. Federación de Rusia. Se decretó que la presunción de inocencia no está acotada a las decisiones judiciales, pues su protección irradia todo el orden jurídico y crea una obligación a todas las autoridades. Además, señaló que los actos de particulares, realizados con la aquiescencia estatal, que violan la presunción de inocencia, deben ser investigados y juzgados por la autoridad judicial; y concluyó que la Federación de Rusia había violado el párrafo segundo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al prejuzgar el resultado del proceso del señor Gridin. El Comité concluyó que el Estado Parte tenía la obligación de proporcionarle al acusado un recurso efectivo y ordenó su inmediata puesta en libertad. Cabe señalar que en este caso el Comité observó que “las emisoras de radio y los periódicos anunciaron que él era el terrible asesino de los ascensores, además el jefe de policía dijo que estaba seguro de que él era el asesino”, por lo que para el Comité esto constituyó una violación a la presunción de inocencia. Desde el ámbito nacional en España, el tema resulta interesante en lo resuelto por la Sala Primera del Tribunal Supremo al recurso de Casación núm. 1089/2009 del 22 de


Lunes 1 de abril de 2013 o 15

DH

junio de 2011, en donde recalcó la importancia pública de informar aquellos acontecimientos de carácter penal o aquellos contrarios a derecho, siempre que para que su difusión “no se empleen insinuaciones insidiosas o vejaciones que atenten contra la función informativa; que no menoscaben otros derechos como la intimidad o el honor de las personas, sean irrelevantes o que no contribuyan en nada al interés público de la sociedad”. Dicho tribunal también se

pronunció de manera explícita en cuanto a que el respeto a los derechos de los imputados no debe traducirse como una limitación a los medios de comunicación sino que debe basarse en una “constatación objetiva con la realidad a partir de investigaciones o averiguaciones diligentes”, y siempre que “no se utilicen insinuaciones insidiosas, expresiones injuriosas o vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen

en relación a personas privadas, hechos que afecten a su honor o a su intimidad y que sean innecesarios e irrelevantes”. H *

Edgar Alejandro Gómez Jaimes, asesor en litigio estratégico de la CDHDF **Nancy Jocelyn López Pérez, integrante de la Coordinación General de Vinculación Estratégica de la CDHDF

carlos castillo del moral

Falsa acusación

Días de oscuridad Gloria se disponía a cenar con su esposo y sus tres hijos. Ella notó que faltaba el pan y fue con su hijo menor a la panadería. Pensaba comprar también unas películas. Iba alegre, sin saber que viviría una semana de terror Luis Alberto Linares Cubillas

Lunes, 21:15 horas. Cuatro mujeres rodearon a Gloria y al niño. Se inquietó, nunca las había visto. Le preguntaron si ella era Gloria. Respondió que sí. De inmediato, las mujeres llamaron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Gloria tembló. Seis hombres llegaron y la jalonearon para subirla a la unidad policiaca. Los gritos de miedo llamaron la atención de la gente que caminaba por el lugar. Dos policías sólo observaban. El niño estaba muy asustado. Uno de los curiosos era vecino de Gloria; se hizo cargo del pequeño y lo llevó con el papá, quien al enterarse de los hechos corrió rumbo a la escena de la detención. Gloria ya estaba detenida en la patrulla. No paraba de llorar. Nadie le daba razón de por qué se le acusaba. Uno de los policías se acercó al esposo y le pidió 12 mil pesos para liberarla. Minutos después se los entregó; sin embargo, Gloria fue puesta a disposición del Ministerio Público (MP) de la Coordinación Territorial Coyoacán 1, donde personal del MP le tomó fotos y la encerraron en las galeras. Seguía sin saber de qué se le acusaba, hasta que pasada de la media noche una servidora pública le dijo que era por fraude. Martes, 10:00 horas. Llevaba más de 11 horas detenida. No sabía nada de su familia. El agente del MP mandó a dos policías ministeriales a sacarla de las galeras y le permitió hacer una llamada telefónica. Marcó a su casa, pero no encontró a nadie; no sabía que su familia estaba afuera de la Coordinación Territorial. El MP le informó que tenía 11 denuncias por fraude y que sería trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Se desplomó. Al poco rato, su esposo la visitó. Le llevó un atole y una torta de tamal, pero no tenía hambre. Lloraron. Le

preguntó por sus hijos, quienes estaban bien, pero tristes. Platicaron poco y le confirmó las denuncias. Se despidieron. No había probado los alimentos cuando un policía de investigación llegó y le preguntó si se los iba comer; como no le respondió, los tomó y los tiró a la basura. Miércoles, 10:00 horas. Gloria ya llevaba 36 horas encerrada. No había comido nada. De pronto, llegaron tres agentes ministeriales y la sacaron a empujones. Con groserías, jalones y golpes, la esposaron y la llevaron por la puerta trasera de la agencia del MP. La metieron a una patrulla y la trasladaron al búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Iba llena de terror. A empellones la bajaron del vehículo y la introdujeron a una pequeña sala cuyas paredes estaban tapizadas con logotipos de la PGJDF. No había mucha iluminación. A gritos, los agentes le exigieron pararse derechita y no decir ni una palabra. En ese momento le dijeron que volteara; una cortina se corrió y flashes y luces de cámaras fotográficas y de video la deslumbraron. Fue un minuto de tortura. La sacaron del lugar a empujones y golpes. En el trayecto hacia la patrulla y ya en la misma, los policías la empezaron a tocar en varias partes del cuerpo. Se burlaban de ella. No paraba de llorar. La trasladaron de nueva cuenta a la Coordinación Territorial Coyoacán 1, y por la noche fue trasladada a Santa Martha Acatitla. Jueves, 00:30 horas. Gloria ingresó al reclusorio. Le tomaron sus datos y sus huellas digitales y corporales. Entre un montón de ropa sucia color beige, las custodias le pidieron que escogiera su nuevo uniforme. Le asignaron un dormitorio y fue trasladada a él. El espacio era un cuarto de dos por dos metros con barrotes al frente, de los cuales colgaban unas telas que obstaculizaban la vista hacia el interior. Cuando entró, las internas

que aún estaban despiertas le dieron la bienvenida y le obsequiaron un poco de agua. Nueve mujeres habitaban en el lugar. Tenía ganas de llorar, pero no pudo hacerlo. Le prestaron una cobija para dormir; se acomodó en el piso y el cansancio la venció. Durmió entre chinches, cucarachas y demás bichos. El frío se colaba por debajo de la celda. A las 7:00 de la mañana pasó lista. Luego de varios días por fin probaba alimentos que le dieron algunas internas. Le prestaron una tarjeta telefónica y habló con su mamá. Fue el primer contacto con ella. El resto del día lo pasó a solas en el patio. Una interna se le acercó y le comentó que la había visto en varios periódicos. Viernes, 7:00 horas. Pasó lista. Desayunó cerca de las 8:00 de la mañana. Hizo algunas amistades. Comió cerca de las 2:00 de la tarde. Tres horas más tarde pasó lista, y de nuevo lo hizo a las 7:00 de la noche, hora establecida para resguardarse en las celdas. Más tarde fue trasladada al Juzgado 69 de Santa Martha Acatitla para rendir su declaración preparatoria; terminó cerca de las 11:00 de la noche. Temerosa, regresó a los dormitorios a través de túneles oscuros y llenos de ratas. Sábado, 10:00 horas. Su mamá, su papá, su hermano y su esposo la visitaron en el penal. Se abrazaron fuertemente. Intentaron no llorar, pero no lo lograron. Hablaron de sus hijos, de su paso por la agencia del MP y de sus condiciones de vida en el centro de reclusión. En “tienditas” del penal compraron comida y agua. Le dieron dinero. A las 5:00 de la tarde terminó la visita. Domingo, 18:00 horas. Otro día de visita familiar había terminado. Gloria y otras internas se disponían a comprar rafia para tejer algunas cosas. De pronto escuchó que una custodia voceaba su nombre: “¡Gloriaaaa!” La trasladaron al área jurídica donde el secretario de Acuerdos del Juzgado 69 le informó que el juez le otorgaba su libertad por falta de pruebas. No disimuló su felicidad. Minutos después llamó a su mamá para darle la noticia. Tras varias horas de trámites por las distintas aduanas del penal, recuperó su libertad, cerca de la media noche. Después se enteraría de que, debido a su exposición ante los medios de comunicación, perdería su trabajo, sus hijos tendrían que cambiar de escuela y dejaría su hogar para refugiarse con su madre. H www.milenio.com

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16 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

alejandro cuevas

Exhibición en medios

Juicios paralelos y violación a los derechos humanos

En junio de 2012, los medios de comunicación locales, nacionales y extranjeros difundieron las imágenes de la detención del joven Félix Beltrán León, confundido con uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán

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Elia Aurora Almanza Amaro

ue presentado ante la prensa como un peligroso delincuente; al día siguiente se informó que se trataba de un error. Antes de verificar su parentesco con el narcotraficante o la posible implicación en el crimen organizado, la exhibición mediática lo condenó ante la opinión pública como culpable de los delitos que le imputaban. Éste es uno de los muchos casos que en nuestro país han sido calificados mediáticamente a causa de este procedimiento que, pese a ser polémico por la violación al derecho al debido proceso –como lo han expresado diversas instancias defensoras de derechos humanos–, el Estado mexicano continúa aplicando. La exhibición de personas detenidas o de víctimas del delito en los medios de comunicación, antes de haber sido presentadas frente a un juez, es un hábito que está arraigado en el sistema de seguridad pública y de justicia penal en México, tanto a nivel federal como local. Llevar a cabo esta práctica implica que una persona sea juzgada como culpable antes de haber tenido oportunidad de demostrar lo contrario. La exhibición –materializada por la cobertura de los medios de comunicación que, a través de la imagen y las declaraciones, ofrecen a la opinión pública información débilmente argumentada– genera un doble discurso, un juicio paralelo que condena a la persona sin que exista una posibilidad de defensa por parte de ésta. Lo anterior resulta contrario a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de que “toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”; lo cual también es señalado en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante los últimos seis años este procedimiento fue constante por parte del gobierno federal. El sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el establecimiento de una política de comunicación social que radicalizó esta práctica dentro del contexto de la lucha contra el crimen organizado. La exhibición se realizaba de manera exagerada y teatralizada: se

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colocaba a la persona esposada entre policías federales encapuchados y armados, mientras que la persona “posaba” para las cámaras detrás de los objetos que se decía habérsele consignado, entre los que se encontraban armas, droga y dinero. Además, se recurría a un montaje mediático con el que se recreaban y alteraban los sucesos para darle dramatismo. En esos momentos la ciudadanía se encontraba expuesta a la mayor difusión mediática de imágenes, con lo que las autoridades trataban de posicionarse entre la opinión pública como unas que ofrecían buenos resultados. Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia se anunciaron ajustes en la estrategia de comunicación en materia de seguridad, con lo cual se planteaba hacer a un lado la exhibición de los capos detenidos, por ejemplo, situación de la que se abusó durante la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, dicha estrategia sigue llevándose a cabo en entidades como Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Ahí se mantiene una política definida de exhibición de las personas detenidas o que están bajo responsabilidad del Ministerio Público ante los medios de comunicación, con el argumento de que tiene como finalidad informar a la sociedad y fomentar la cultura de la denuncia a través de la posible identificación de las y los presuntos culpables por parte de la ciudadanía. En el Distrito Federal, la autoridad también asegura que la exhibición no viola los derechos de las personas, pues se utiliza para informar sobre el trabajo que se está realizando para combatir a la delincuencia. Entre los casos más paradigmáticos ocurridos en la ciudad de México se encuentra el de Mariel Solís, una joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue acusada y exhibida por las autoridades ante los medios de comunicación por haber participado en el homicidio de un catedrático de la misma casa de estudios. Tras una gran presión generada en redes sociales y gracias a las pruebas aportadas por familiares, amigos y profesores, Mariel obtuvo su libertad. México es uno de los pocos países que siguen llevando a la práctica estrategias de seguridad que incluyen la exhibición de personas, a diferencia de otros países como Estados Unidos y España, donde la etapa de investigación es respetada por las y los funcionarios públicos y no se permite exhibir a las personas hasta las audiencias públicas, que no por ser públicas son mediáticas. Distintos países de América Latina también han cambiado esta política de seguridad a raíz de casos en los que se pudo comprobar la violación a los derechos humanos. Sin embargo, en México se respalda esta práctica bajo la idea de que es útil como incentivo de denuncia, a pesar de que existen otros mecanismos para fomentarla. DH


Lunes 1 de abril de 2013 o 17

DH

Testimonio

Marisol y Marciano, vidas destrozadas

Mónica Salguero Gutiérrez

osmar alejandro vargas

H

ace unos días el Senado de la República aprobó diversas reformas a la Ley General de Víctimas. Los cambios propuestos desataron la polémica en torno al mejoramiento de su aplicación y operatividad. La minuta ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación. DH presenta algunas de las voces que se han pronunciado al respecto desde su promulgación.

“Es una enorme responsabilidad publicar una ley a sabiendas de que no era operativa y con el único propósito de lograr un aplauso de coyuntura, y es irresponsable volver a aplicar esa lógica de apresuramiento a sabiendas de que dejamos en el camino muchos derechos y figuras importantes.”

“Hay un México lastimado por la delincuencia. Las víctimas son quienes más han sufrido. Hay miles de personas que han padecido los estragos de la violencia y el Estado no puede tener oídos sordos a las peticiones de justicia.”

Griselda Pérez Raya

M

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO

“Estas reformas son el resultado del consenso de varias organizaciones, esta ley no tiene patronos o titulares.”

“Cualquier persona podrá tener acceso a dicha ley, sin hacer distinciones.”

Alejandro Martí

PRESIDENTA DE ALTO AL SECUESTRO

PRESIDENTE DE MÉXICO SOS

“Los familiares de estas víctimas hoy ven en esta ley, y con estas reformas que hoy sometemos a su consideración, la posibilidad de tener alguna pequeña compensación, que de ninguna manera va a resolver el problema personal de padecer la desaparición de un ser querido.”

Roberto Gil Zuarth

Enrique Peña Nieto

PRESIDENTE DE MÉXICO

Isabel Miranda de Wallace

Angélica de la Peña Gómez

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO

“[Esta ley] es el resultado de las demandas del movimiento de víctimas de la violencia y sus familiares.” Navi Pillay

ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

“El tamaño de la impunidad es el tamaño de la deuda que tiene la justicia en México con sus víctimas.” Luis González Placencia

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

“Es necesario avanzar en esta reforma para hacer viable y resarcir el daño a las víctimas, y con ello cerrar el círculo de dolor de miles de mexicanos.” María Elena Morera

PRESIDENTA DE CAUSA EN COMÚN

El Ágora...

arisol no imaginó que en un segundo su vida daría un giro de 360 grados. De pronto se quedó en pausa: no más planes, no más navidades, no más cumpleaños. No sabía el futuro de su familia. En conferencia de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentó a Marisol y Marciano como probables responsables de clonación de tarjetas bancarias. Dio a conocer que contaban con diversas tarjetas de crédito y equipo de cómputo, que habían sido detenidos por el nerviosismo que mostraron durante un operativo de verificación de vehículos robados. “Fuimos víctimas de una banda de secuestradores y extorsionadores integrada por policías”, acusó Marisol. Al momento de su detención, éstos le exigieron a Marciano, su esposo, el pago de 250 mil dólares para dejarlo libre, de lo contrario se arrepentiría. Sin embargo, ni las solicitudes de una explicación de lo que estaba pasando, ni la inocencia del matrimonio fueron suficientes para evitar la detención; los dos fueron presentados ante el Ministerio Público. “En el ‘bunker’ (edificio central de la PGJDF) prepararon todo para presentarnos ante los medios de comunicación, y de una maleta sacaron las tarjetas”, recuerda Marisol. Al narrar los hechos, Marciano lamenta la manera en que dañaron sus vidas, por no haberles dado a los policías los 250 mil dólares. Al salir de la cárcel, luego de haber estado dos años y seis meses, “sales y te encuentras con un mundo de muros, caras largas, señalamientos y una vida destrozada”. “Yo tuve la mala suerte de estar en una plaza donde hay videos; conocí a personas que al momento de ser detenidas en la calle, donde la palabra de la gente humilde no vale ni un ‘cacahuate’, son enviadas a prisión hasta por 20 o 30 años”. Marciano asegura que su lucha es por ellos mismos, “por lo que nos hicieron y por todos aquellos que no se pudieron defender porque no tuvieron la fortuna de contar con un abogado que desvirtuara las acusaciones”. A Marisol le indigna el hecho de que su hijo haya dejado de ir a la escuela porque le decían que su familia estaba formada por delincuentes: “no nada más te juzgan a ti; juzgan a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos”. Y después del “usted disculpe” ya nada es igual: se pierde el trabajo, se pierden amigos, la misma familia… Todos se alejan por la desconfianza y el temor que les provoca la duda de no saber si las personas presentadas ante los medios de comunicación son culpables o no. El caso de Marisol y Marciano fue uno de 29 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investigó con motivo de la Recomendación 3/2012, por las exhibición de personas detenidas ante medios de comunicación; en ellos resultaron agraviadas 50 personas. H

Ley General de Víctimas

“Las leyes no bastan para generar justicia, por lo que la convicción del nuevo gobierno es generar todas las herramientas que sean necesarias para construir un México en paz.” Miguel Ángel Osorio Chong SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

“Esta legislación es la consecuencia de la no aplicación de las leyes para la protección y la justicia de los ciudadanos, de la impunidad, de la corrupción, y de una guerra que nunca debió haber sucedido.” Javier Sicilia

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

“Con el dictamen de la ley que hoy vamos a aprobar cerremos un ciclo tortuoso que ha seguido la legislación de víctimas desde su origen.” Alejandro Encinas Rodríguez

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

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18 o Lunes 1 de abril de 2013

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cuartoscuro

Informe HRW

Los desaparecidos de Calderón Al hablar del sexenio de Felipe Calderón inevitablemente tenemos que tocar el tema de las y los desaparecidos. El tema de la seguridad sigue siendo un tema pendiente, provocado por la irresponsabilidad de los gobiernos

R

Dinorah Pizano*

ecientemente, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, el cual documenta 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. En él asegura que en 149 casos encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, donde miembros de las fuerzas de seguridad de México tuvieron participación directa; y que en la mayoría de éstos las víctimas no fueron halladas ni se llevó a los presuntos responsables ante los tribunales, lo que agudizó el dolor entre sus familiares y el descrédito internacional de las instituciones. Durante la presentación de este documento, José Miguel Vivanco, director para las

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Américas de Human Rights Watch, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia. “A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”, dijo HRW asegura haber encontrado evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federal, estatales y municipales. En dicho informe expone, entre muchos casos, los ocurridos en los meses de junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas los cuales, según su dicho, fueron perpetrados por miembros de la Marina; se documenta el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y

las versiones contradictorias ofrecidas por la propia Marina, concluyendo las desapariciones podrían haber sido planificadas y coordinadas. En más de 60 casos, HRW encontró indicios de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada; desde entonces, se desconoce su paradero. El informe que documenta las 249 desapariciones forzadas no representa la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. En noviembre de 2012 se filtró a los medios de comunicación una lista elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, la cual versa sobre más de 25 mil personas desaparecidas. El tema de seguridad sigue siendo un tema pendiente, provocado por la irresponsabilidad de los gobiernos. Mediante el esfuerzo de las instancias de gobierno y la sociedad podremos mejorar el tejido social tan desgastado, con oportunidades integrales en materia de seguridad, educación, empleo, salud y vivienda. Las y los mexicanos esperamos que pronto se esclarezca el paradero de miles de desaparecidos, que lleven a la justicia a los responsables y que se endurezcan las penas en los ordenamientos legales, para así mitigar un poco el dolor de sus familiares. Transformar a México es tarea de todos; no más impunidad ni corrupción. Sumemos voces. H *

Diputada local del Partido de la Revolución Democrática por el distrito electoral XVII


Lunes 1 de abril de 2013 o 19

DH

Polyforum Cultural Siqueiros

Poster for Tomorrow ¡Equidad de género ahora! Con el fin de reflexionar sobre la censura, en 2009 un grupo de diseñadores convocó al concurso internacional sobre libertad de expresión “Poster for Tomorrow”, que consistió en la elaboración de carteles y su exhibición sonia blanquel

Breves

SSPDF

El protocolo para el control de multitudes se fundamenta en reforma constitucional de DH La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer su Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes, el cual detalla los principios técnicos de operación para el restablecimiento del orden público. De acuerdo con la publicación, está fundamentado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. El Protocolo emite las estrategias, descritas en 16 artículos y dos transitorios, con las que se llevarán a cabo determinadas acciones como la conducción y contención de multitudes, el resguardo de instalaciones y el restablecimiento del orden público, entre otras. El documento señala que cada autoridad asumirá responsabilidad a la hora de realizar tareas en conjunto con el Estado Mayor Presidencial y autoridades federales y municipales.

De Xochimilco

Aceptan Recomendación por contaminación del río Santiago sonia blanquel

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José Alexis Jiménez Calderón

ebido a su éxito, el concurso impulsó la creación de For Tomorrow, organización responsable de convocar al concurso anual de carteles basado en temas relacionados con los derechos humanos, realizar exposiciones de las y los ganadores a nivel mundial y organizar talleres de diseño en diferentes partes de África, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultira (UNESCO). El pasado 21 de marzo se inauguró en el Polyforum Cultural Siqueiros la exposición Poster for Tomorrow ¡Equidad de género ahora!, cien carteles a favor de la equidad de género, en la que se resaltaron de manera creativa el respeto a los derechos humanos, la tolerancia a las diferencias entre mujeres y hombres y, sobre todo, el respeto a la igualdad de oportunidades para todas las personas en todos los ámbitos. El organizador y colaborador para For Tomorrow, Gustavo Morainslie, quien exhibe dos carteles dentro de la selección de 100, explicó que culturalmente prevalece el machismo no sólo en México sino en todo el mundo, lo que representa un obstáculo para alcanzar la equidad de género; por ello su mensaje va dirigido a todos quienes dudan de la efectividad de un cartel para cambiar al mundo: “en los manifiestos de Poster for Tomorrow se lee: un cartel es el principio, pero 100 o mil constituyen ya un movimiento que no puede ser negado”.

La secretarías de Gobierno y del Medio Ambiente del Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la delegación Xochimilco aceptaron la Recomendación 1/2013 emitida por la Comisión de Derechos del Distrito Federal (CDHDF), por la contaminación del río Santiago. La CDHDF espera que, de manera oportuna y eficaz, las autoridades tomen las medidas necesarias para que cese el vertimiento de aguas residuales del Reclusorio Preventivo Varonil Sur al río Santiago, ya que representa un factor de riesgo para la salud de las y los habitantes que viven cerca de él.

A 8 años no avanza investigación

Buscan familiares que caso Digna sea admitido por la CIDH

Gustavo Morainslie es diseñador egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, fotógrafo profesional de la Escuela Activa de Fotografía Echegaray y tiene maestría en diseño gráfico e ilustración. Desde 2008 es coordinador del proyecto Segunda llamada (diseño gráfico para crear conciencia ambiental). Para mayor información sobre Poster for Tomorrow visite http://www.facebook.com/ poster4tomorrow

Familiares y abogados llevaron el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia ante dicho organismo, argumentaron que las autoridades capitalinas cometieron irregularidades al realizar la investigación. En tanto, la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, indicó que durante los últimos ocho años de litigio no se ha avanzado en el fondo del asunto, por lo que los abogados de la familia han cumplido con los requisitos establecidos para que la CIDH lo considere. Nuño confió en que el caso sea admitido por el mecanismo para su análisis en los próximos meses. www.milenio.com

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20 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

Derechos Humanos

E Falso dilema, exhibir a detenidos y la necesidad de informar a la sociedad

José Antonio Caballero*

xisten sin embargo, diferencias que conviene considerar en relación con las responsabilidades de las distintas autoridades que intervienen en el procedimiento penal: policías y fuerzas armadas, agentes del Ministerio Público e incluso jueces. En el primer caso, la exhibición de los detenidos implica una violación directa al artículo 16 de la Constitución. Dicho precepto exige a las autoridades registrar toda detención y presentar inmediatamente a los detenidos en flagrancia o por caso urgente a un agente del Ministerio Público. El precepto constitucional busca evitar la comisión de abusos y malos tratos en contra de los detenidos en los momentos posteriores a la detención. También pretende generar condiciones para que se resuelva la situación jurídica de los detenidos lo antes posible.

La exhibición de detenidos es una práctica recurrente entre policías, agentes del Ministerio Público y fuerzas armadas. Se trata de una acción que atenta contra los derechos de las personas imputadas y produce irregularidades que impactan en el proceso penal

Las exhibiciones impactan negativamente los procesos Por el contrario, la exhibición de las personas privadas de su libertad retrasa injustificadamente el procedimiento penal, expone a los detenidos a distintos abusos, afecta su derecho a la honra y a la intimidad, y los coloca como culpables de la comisión de un delito en una etapa en la que ni siquiera se encuentran frente a la autoridad encargada de definir si se va a perseguir una violación a la ley. Adicionalmente, las exhibiciones pueden impactar en forma negativa sobre el proceso, al dar a conocer detalles de las investigaciones, afectar la cadena de custodia o viciar los testimonios de los policías participantes. Por lo que respecta a las exhibiciones que se realizan en las procuradurías de justicia, la situación también genera una violación a los derechos de los detenidos; sin embargo, se sonia blanquel

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Lunes 1 de abril de 2013 o 21

Exhibiciones en agencias del MP vs. derechos humanos La exhibición pública es una viva muestra de la falta de rigor con que las autoridades ministeriales cumplen con su labor de respetar los derechos de los detenidos. Las exhibiciones en sede ministerial también atentan contra la presunción de inocencia y los derechos a la honra y a la intimidad de los detenidos. Ahora bien, la supresión de prácticas como la exhibición no implica necesariamente que las procuradurías no deben dar a conocer información sobre las personas que se encuentran detenidas. Esta información es clave para que los parientes de los detenidos puedan conocer en dónde se encuentran sus familiares. También evita que se produzcan irregularidades en la custodia de los detenidos, toda vez que permite conocer en dónde se encuentran. Sin embargo, los mecanismos para dar a conocer esta información deben ser acordes con el fin que se pretende satisfacer. En ese sentido, la información no debe darse a conocer en conferencias de prensa sino a través de listas accesibles a las personas interesadas en localizar personas que pudieron haber sido privadas de la libertad. Desde luego que las procuradurías también tienen la obligación de participar a la opinión pública los resultados de su labor. Para tal efecto, pueden presentar información sobre las acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad y los resultados obtenidos. Pero ello se puede realizar sin necesidad de exhibir a los detenidos, dar a conocer sus nombres o los objetos asegurados durante las detenciones. La obligación de informar a la sociedad no se encuentra reñida con la necesidad de preservar los derechos de los detenidos. La situación frente a los jueces es también diversa. En la sede judicial los procesos penales se rigen bajo el principio de publicidad. En este caso, sí es posible dar a conocer información sobre los procesados y las condiciones en que son juzgados. Esto no afecta la presunción de inocencia; por el contrario, permite que los imputados puedan ser juzgados en condiciones en donde cualquier irregularidad puede ser vista por el público. La publicidad protege a los procesados y al mismo tiempo informa a la sociedad sobre la forma en que se aplica la ley. Evidentemente, en estos casos también existen excepciones. De esta manera, las personas menores de edad y las víctimas gozan de protecciones especiales y sus nombres e imagen no deben ser dadas a conocer públicamente. H *

Consejero de la CDHDF

Artículo 11

encuentra sujeta a ciertos matices. Cuando los detenidos son presentados ante el Ministerio Público, corresponde a éste determinar si existe un delito qué perseguir y si el presentado puede ser responsable de éste. Mientras el Ministerio Público no lo determine, el detenido no tiene ningún cargo en su contra. Una vez que el Ministerio Público determina que realizará una imputación, debe consignar al detenido ante un juez. Por otro lado, una vez que los detenidos entran a la sede ministerial, es necesario garantizarles los derechos que se establecen en el artículo 20 constitucional, entre ellos el derecho a la defensa.

Álvaro Aragón Rivera*

DH

Tomarnos en serio los derechos

E

l desarrollo de las democracias en América Latina ha dado lugar, entre otras cosas, a un progresivo reconocimiento, extensión y garantía de derechos. Sin embargo, este desarrollo no ha sido igual entre las distintas clases de derechos. Son notables, ciertamente, los avances y la consolidación de los derechos civiles y políticos, pero las diferencias entre los Estados son enormes en cuanto a garantizar derechos como educación, salud, alimentación, vivienda o empleo. El reto de las democracias en el siglo XXI consiste en responder adecuadamente a estas desigualdades. Una respuesta a este desafío histórico debería tomar en cuenta tres aspectos: Las exigencias de derechos como la vivienda, el empleo, la educación o la salud adolecieron de un andamiaje teórico que contribuyera a definir sus contenidos y naturaleza. Lo anterior dio lugar a confusiones teóricas y prácticas. Ejemplo de las primeras fue la negativa de distinguidos académicos a reconocerlos propiamente como derechos con el pretexto de que no podían exigirse ante un tribunal de justicia, pese a que en muchos casos estaban incluidos en cartas constitucionales. A lo más eran considerados como meras exigencias laborales justas pero no derechos. Del lado de las confusiones prácticas, hay que destacar la manera discrecional y arbitraria en que se garantizaron los derechos, en algunos casos como programas sociales dependientes de los gobiernos en turno, la cual generó relaciones clientelares y paternalistas, engorrosos aparatos burocráticos y deficientes servicios sociales. Afortunadamente, en las últimas dos décadas son notables los esfuerzos de distintas disciplinas por elaborar construcciones teóricas que ayuden a evitar estas confusiones. La importancia que revisten estos derechos en una democracia, sobre todo en contextos sociales marcados por profundas desigualdades, pobreza y corrupción que degradan la dignidad humana. Su trascendencia radica en que se trata de bienes que tienen que ver con la supervivencia y con el disfrute de las condiciones materiales que posibilitan la afirmación de la dignidad hu-

carlos castillo del moral

mana, garantizan el ejercicio de las libertades y compensan desigualdades inmerecidas. La necesidad de introducir límites constitucionales con el fin de evitar algunos riesgos. Primero, la creciente desconfianza de las y los ciudadanos en las instituciones públicas provocada por el bajo desempeño de las economías, lo que podría convertirse fácilmente en malestar con la democracia. Segundo, la aparición de tendencias regresivas como las impuestas en España o Italia, o las falsas salidas en que incurren algunos gobiernos que, con la promesa de garantizar bienes sociales, cancelan libertades civiles y políticas. Tercero, la capacidad de los llamados poderes de hecho –como los mercados financieros– para someter y doblegar a los Estados, que aunada a su irresponsabilidad en el manejo de las economías puede provocar efectos negativos severos. El riesgo principal es que una crisis económica pudiera convertirse fácilmente en una crisis constitucional y traducirse en un serio problema de gobernabilidad. En resumen, tomarnos en serio estos derechos supone entenderlos como condiciones que posibilitan el ejercicio de las libertades en un Estado democrático; supone también aceptar que su reconocimiento y protección corresponden en primer lugar a los poderes públicos, pero su realización depende de enormes esfuerzos políticos, económicos y sociales que involucran a todos los miembros de un Estado. * Doctor en humanidades, filósofo por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

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22 o Lunes 1 de abril de 2013

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Mujeres

sin escaleras cuento

por Sandra Heredia Montaño*

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sejo y contra Jacobo Brito. La doctora estaba molesta pero no era la primera vez que la discriminaban por ser mujer. Recordó cuando llegó al hospital como residente de primer año y su médico de base era precisamente el doctor Brito. Desde que él supo que tenía una mujer en su equipo se dedicó a cuestionar cada paso que daba. Intentó hacerla renunciar poniéndola en situaciones de mucho estrés, asignándole las tareas más difíciles, imponiéndole guardias de más de 36 horas seguidas, preguntándole siempre las cuestiones más complicadas. Pero ella resistió. Era una mujer muy inteligente y tenía un temple que no era fácil de vencer. Ante su fracaso, el doctor Jacobo Brito buscó hastiarla: dejó de preguntarle, ignoraba sus comentarios y la ponía a hacer las tareas más tediosas y menos productivas que encontraba. Ella lo soportó todo, hasta que la dejara fuera del quirófano, no le permitía asistirlo y tampoco toleraba que asistiera a algún otro cirujano. Entonces la doctora fue a la Dirección a exponer su caso. Tuvo que aguantar algunos meses más sus malos tratos, pero le asignaron asistir a otro médico en quirófano y eso fue suficiente para ella, por el momento. De eso ya habían pasado varios años y ahora se volvía a interponer en su camino. Pero las cosas eran diferentes: ella no era más una estudiante, era una cirujana respetada y reconocida por su capacidad y su entrega. Desafortunadamente, Jacobo Brito no estaba sólo; varios miembros del consejo médico compartían sus opiniones acerca de las mujeres. La doctora Mónica Herrera empezaba la revisión vespertina de sus pacientes cuando le informaron que se requería su presencia en la Dirección. José Zambrano, director del hospital, solicitaba verla. Se sentía contrariada, sabía que recibiría un amable agradecimiento por su eficiencia y una cordial invitación a seguir haciendo bien su trabajo para tenerla

r

¿

Cómo está hoy, un poco menos de dolor? —Todavía vivo doctora —dijo don Félix a media voz. La doctora Mónica Herrera sonrió y prosiguió a hacer la valoración matutina del paciente, no era un caso fácil. Un día antes lo había intervenido quirúrgicamente durante cuatro horas. La avanzada edad de don Félix lo complicaba aún más. Pero todo parecía marchar correctamente hacia su recuperación. Era una mañana tranquila en el Hospital Universitario. Estaba indicando un cambio de medicamento cuando sintió una mirada sobre su hombro izquierdo. —Doctor, póngase a trabajar, deje de espiar mis notas. Detrás de ella, Alfredo Merino, director del Servicio de Urgencias, sonrió maliciosamente. —Quiero estar seguro de que cuida bien a sus pacientes —ella volteó y ambos sonrieron. Ella le iba a contestar la broma cuando él la tomó del brazo y la sacó de la sala de pacientes. —Necesito hablar contigo —le dijo poniéndose serio. —Ya no me espanta su cara de seriedad. ¿Qué pasa? —le dijo ella, tratando de mantenerse tranquila. —Han revisado el currículo del personal para asignar la Dirección de Cirugía y la mejor calificada eres tú —le dijo con aire festivo—. Así que en cuanto te nombren invitas la comida. Ambos rieron y después de algunos comentarios volvieron a sus actividades. La doctora se quedó pensativa; se sentía inquieta, como si aquella noticia revelara una amenaza. Dos días después llegaron al hospital los integrantes del consejo médico que definiría la asignación de las direcciones de área. La doctora Mónica Herrera bajaba apresurada la escalera cuando miró frente al elevador a su primer profesor de cirugía. No le traía gratos recuerdos. Él también la vio y se acercó a ella. —¿Así que sigue aquí? Pensé que ya estaba dedicada a su hogar —ella se quedó mirándolo sin comprender aquel saludo—. Nunca es tarde para empezar, piénselo. Después de decir esto, el doctor Jacobo Brito hizo una inclinación de cabeza y subió al elevador. Era de tarde cuando Mónica Herrera terminaba una cirugía de riñón. Iba a lavarse cuando se topó con la mirada sombría de Alfredo Merino. —Le van a dar la dirección a Lombardo —le dijo cerrando los puños—. ¿Sabes por qué? Su argumento es que ya hay muchas mujeres dirigiendo otros departamentos. Ella se retiraba la bata quirúrgica lentamente, como si presenciara el cumplimiento de una premonición y no tuviera nada que decir. Respiró hondo. —Me imaginé algo así, encontré a Brito en el elevador. Tú sabes lo que piensa de las mujeres, es miembro emérito del consejo, era de esperarse. Alfredo estalló en insultos contra el con-

en cuenta en posteriores ocasiones, cuando desaparecieran los dinosaurios. Tocó dos veces la puerta y la abrió. Frente a ella estaba Zambrano, quien se levantó de la silla al verla entrar y le obsequió media sonrisa. Del lado izquierdo, dos miembros del consejo se quedaron en silencio y fijaron su mirada gélida en algún punto lejano. El aire era frío y espeso. Parpadeó lentamente y descubrió justo a su lado derecho a Alfredo Merino junto con cuatro cirujanos de diferentes turnos, sonriendo satisfechos. Su confusión era total. —Siéntese por favor doctora —indicó sonriente el director—. Queremos informarle que ha sido asignada como directora del área de Cirugía. Muchas felicidades —dijo Zambrano rápidamente, como apurando un amargo trago de medicina. Todos se levantaron a felicitarla. Ella aún no comprendía cómo había sucedido aquello. El doctor Zambrano la abrazó y le dijo casi al oído: —Ha sido tarea difícil su asignación, había mucha competencia… A un lado, Alfredo Merino dijo con voz fuerte y clara: —Pero eras la mejor calificada, eso vinimos a compartir con el consejo los doctores y yo. Todos se quedaron en silencio e intentaron continuar con los abrazos. La doctora Mónica Herrera y el doctor Alfredo Merino subieron juntos al elevador. Él le contaba con su florido lenguaje cómo había sucedido todo, ella no podía dejar de reír al imaginar la escena. Las puertas del elevador se abrieron. —¡Doctor Brito! —dijo Merino alegremente—. ¿No va a felicitar a nuestra flamante directora de Cirugía? Además fue su alumna, seguro que usted le enseñó todo lo que sabe —si el sarcasmo fuera un gas, los habría asfixiado a los tres en ese pequeño espacio. El doctor Jacobo Brito no dijo una palabra, les dio la espalda para bajar en el siguiente piso y antes de que las puertas se cerraran se volvió lentamente: —Sigo pensando que las mujeres deben estar en su casa… lavando trastos. H *

Cuentista radicada en la ciudad de México, ha publicado en varios diarios


Lunes 1 de abril de 2013 o 23

Breves En Colima

Se abre discusión sobre matrimonios de personas del mismo sexo Luego de anunciarse la primera boda entre personas del mismo sexo en el estado de Colima, se han registrado por lo menos siete nuevas peticiones de matrimonio, tanto en distintos municipios de la entidad como en otros estados del país. Ante ello, el gobernador Mario Anguiano Moreno decidió abrir diversas mesas de discusión para, “de ser necesario, llegar a hacer adecuaciones o reformas a los ordenamientos legales”. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, Indira Vizcaína Silva, señaló que la unión realizada en el municipio cumplió con los requisitos que marca el Código Civil estatal y, tras determinar que está facultado por la Constitución federal, afirmó que no hay impedimento para la realización de “nuevos casamientos gay”.

Tania Ramírez Hernández

DH

Busca empoderar a la ciudadanía

La labor de las y los defensores en México no es reconocida en el país, e incluso son amenazados, acosados y calumniados. Por este motivo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y organizaciones del estado de Tabasco presentaron Defendamos la Esperanza: Campaña Nacional a favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El proyecto busca, por un año, compartir la experiencia de las personas defensoras en la construcción de una sociedad más justa, con el objetivo de empoderar a las y los ciudadanos para que, a través de los derechos humanos, exijan que el Estado cumpla con las obligaciones que por ley le corresponden.

La responsabilidad recaerá en el gobierno federal

Aprueban las reformas a la Ley de Víctimas Con el respaldo del PRI, PRD, organizaciones sociales y líderes sociales como Javier Sicilia y Alejandro Martí, el Senado aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas, que establece los mecanismos de ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral a las personas afectadas. De un total de 150 cambios agrupados en 69 conceptos, destaca la concentración de responsabilidad en el gobierno federal, porque será éste quien garantice, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley y los instrumentos internacionales aplicables. Mientras tanto, el PAN insiste en incluir disposiciones que obliguen a los estados a resarcir los daños de las víctimas. La reforma incluye nuevos conceptos como “víctimas indirectas”, definidas como los familiares o personas que tengan relación inmediata con la persona afectada; y “víctimas potenciales”, cuya integridad o derechos están en riesgo por asistir a la víctima. Los cambios buscan mejorar la aplicación y viabilidad operativa de esta nueva ley.

Hablemos bien, tratemos bien

Campaña a favor de defensoras y defensores en México

“Maricón” y “Puñal”, términos a debate social

L

os términos “maricón” y “puñal” fueron objeto de debate en días recientes. La discusión sobre la relación que guardan estas palabras con el respeto a los derechos humanos tuvo una de sus más sabrosas arengas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acertó al señalar que las manifestaciones homofóbicas comprendidas en estos términos representan una categoría de discursos de odio, específicamente cuando se refirió al caso de dos periodistas poblanos que intercambiaban, más que cuestionamientos, juicios, insultos y descréditos. En este sentido, la SCJN destacó que los comentarios de estos comunicadores provocan o fomentan el rechazo hacia un grupo social por medio de expresiones de menosprecio e insulto que generan sentimientos sociales de hostilidad y discriminación. De inmediato, la tendencia fue asumir que emplear estos términos podía ser motivo directo de demanda, sentencia y cárcel. Algunas personas comentaron el tema en diversos espacios y analizaron si debían desarrollar algún tipo de estrategia de autocensura o ampararse para poder seguir hablando “a la mexicana”. Pocas veces como ésta, la sociedad mexicana estuvo tan al tanto del castigo para este tipo de conductas. En todos los ámbitos, la conciencia de que es incorrecto emplear estos términos se convirtió en un asunto de observancia totalitaria y de una especie de persecución, más obsesiva que informada. Se puede, pero no se debe Por escandalosa que pueda parecer la idea –he de decirlo con claridad–, por supuesto que se puede decir “maricón” y/o “puñal”. Se puede e incluso podría argumentarse que dicha expresión está contemplada en el ejercicio del derecho abordado en el artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la libertad de expresión. Efectivamente se puede y no hay que caer en el dramatismo de ubicar esta sentencia como la antesala de la censura ni cosa parecida. Se puede también matar, robar y hacer todo lo que el libre albedrío mande. Se puede, pero no se debe. Y en ese deber es prioritario entender que no hay obligación de garantizar el derecho a la libre expresión cuando ésta se realiza para incitar el odio, promover la discriminación y afectar intereses de terceros (las famosas y controversiales “limitantes” a la libertad de expresión que también habitan en nuestro artículo 6º constitucional). Pero para que este derecho pueda ejercerse

con plena libertad debe conocerse y entenderse cabalmente. Si se usa el “poder” de decir estas cosas, resulta imposible aspirar a que el Estado mexicano proteja y respalde expresiones y prácticas lingüísticas discriminatorias. Dicho de otra forma: no se espere que al decir estos términos, el Estado quede tranquilo e incluso vele porque se digan en total libertad. Hay un acto de responsabilidad respecto a la forma como hablamos que está dejando una reflexión de calado más profundo. Sí puedo, pero no debo; ¿qué responsabilidad habré de afrontar en el momento que se me señale que he incumplido un deber en el terreno de lo ético? La Real Academia Española de la Lengua contempla en el significado del término maricón al “hombre afeminado o que comete sodomía”, pero también al “insulto grosero con su significado preciso o sin él”. Es decir, la función social de este término es la de ofender e insultar. Con puñal sucede algo distinto, ya que se trata de una suerte de eufonía alterada, pues se emplea el término como sustituto de puto, compartiendo la misma sílaba inicial, bajo la conciencia de que emplear ese término es contraproducente. Entonces, la sociedad mexicana evita decir “puto” porque en el fondo sabe que no es correcto, pero juega con la posibilidad y entonces genera términos que aluden a lo que se quiere decir a partir de términos que “libran” las barreras de la censura. El cambio está en los vocablos y las mentes Es un hecho: las palabras pueden provocar o fomentar cierto tipo de comportamiento como el insulto, el rechazo, el menosprecio y la discriminación. En este caso pudimos observar en primera fila cómo las palabras hieren y cómo se consideró que este daño podía ser más amplio por suceder en un medio de comunicación. Vale la pena que quienes trabajan en estos espacios comunicativos no pierdan de vista jamás que expresarse discriminatoriamente sólo potencia, a través de sus metafóricos altavoces, expresiones de odio que pueden instalarse en la sociedad mucho más rápidamente. Pero como bien dijo mi alumno Emmanuel: qué bueno que hayan hecho esta sentencia, pero mientras los medios sigan haciendo mofa, incluso con palabras políticamente correctas, de la diversidad sexual, los crímenes por homofobia seguirán siendo la expresión de que el cambio es más urgente y profundo. Y sin duda está en los vocablos, las sensibilidades y las mentes. H

Pensemos antes de hablar Error más común Término políticamente correcto

Maricón Puñal Joto

Gay Persona con preferencias sexuales distintas a las heterosexuales Homosexual www.milenio.com

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24 o Lunes 1 de abril de 2013

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Así nos ven..

Mi papel más difícil, ser “buena” madre: Leticia Huijara Más allá de seducir, de jugar entre luces y sombras, deslumbrantes efectos especiales y sofisticados vestuarios con acentuados maquillajes, el trabajo artístico siempre busca ser verosímil ANTONIO Vázquez

entrevista por Fernando Cárdenas Oropeza

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ersonajes como Lola, Rosario, Carmen, Locadia, Melita, Charito e Isabel son reflejo de la profunda vulnerabilidad en que viven las mujeres en México. Por ese motivo, Leticia Huijara ha merecido diversos reconocimientos a su labor artística en teatro, cine y televisión. Para quien está próxima a estrenar y dirigir la puesta en escena Poses para dormir, en el foro Shakespeare, “los derechos humanos no son exclusivos de un grupo social. En entrevista para DH, la ganadora del Ariel a Mejor Actriz por su interpretación de Margarita en la película Por si no te vuelvo a ver nos habla de su opinión acerca de los derechos humanos, de la injusticia contra las mujeres fuera y dentro del medio artístico, de la violencia por la que atraviesa nuestro país y del respeto a la ley y a las personas; así como de su principal papel en los escenarios y en la vida real: ser madre. Leticia nos abre las puertas de su hogar, en el cual destacan unas fotografías de Gabriel Figueroa, una de las máximas figuras de la época de oro del cine mexicano. Al iniciar la charla sobre lo que piensa del tema de los derechos humanos afirma que son inobjetables: “sé que alrededor del mundo, particularmente en nuestro país, nos encontramos con que de pronto son nociones relativamente nuevas para una comunidad [y] por el otro lado, sujetas a ciertas polémicas que considero que no deberían de ser”. Respecto a las voces que señalan que las instituciones de derechos humanos defienden a delincuentes, asegura que el problema fundamental pasa por la mala impartición de justicia. “Hay que ser claros; independientemente de que cometas o no un delito, eres un ser humano que no pierde sus derechos hasta que no se haya demostrado que efectivamente cometi[ste] ese delito”. Para Leticia, quien inició su carrera artística en la célebre obra de teatro De la calle, bajo la dirección de Julio Castillo, una comisión de derechos humanos debe servir para defender a toda la gente ante un caso de injusticia: “si yo tuviera la mala suerte de ser acusada por algo que no cometí, me gustaría que hubiera un organismo de derechos humanos para garantizar que se cumplan todos los pasos, que sea tratada como ciudadana con derechos”. Leticia no se considera un ser especial sino una persona normal que hace un trabajo especial. Por tal razón piensa que “de poco sirve enarbolar banderas públicas, como la de los derechos humanos, cuando tú con la gente con la que trabajas no eres justo”. Los temas que retratan una realidad profunda y que muestran la vulnerabilidad en que se vive actualmente son los que le interesa interpretar a Leticia Huijara. “Es verdaderamente penoso que en pleno siglo XXI las mujeres sigamos siendo un grupo

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las actrices sino todas las mujeres que participamos en las producciones laboramos en promedio entre 12 y 16 horas. Muchas de estas mujeres son madres. Yo he visto vestuaristas, maquillistas hablando por teléfono para ayudarle a hacer la tarea a sus hijos. Justamente cuando tu miras a una actriz pareciera que las mujeres de la industria tenemos resuelto el mundo, porque nosotras ganamos un poco más y en esa medida tenemos a alguien que nos ayude en el cuidado de los hijos. Pero lo que es cierto es que hay actrices que no ganan tanto. A las que ganan menos les cuesta mucho más trabajo mantener una familia, les cuesta mucho trabajo cuidar a un hijo. A la hora de poner las reglas de este trabajo no se piensa en las mujeres. Incluso cuando una mujer pide la posibilidad de lactar a su hijo o de salir a recogerlo, parecen peticiones fuera de cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque los hombres no lo piden. Parte de la injusticia es que ellos dan por hecho que cuando tienen un hijo la que se hace cargo es la mujer, no importando que trabaje. Es un medio bien difícil para las mujeres. FC: ¿Tu papel más difícil es el de ser madre? LH: Sí, porque ser mamá pasa por estar con tu hijo fundamentalmente. Cuando no tienes el tiempo ni las condiciones, te impide ser madre de tiempo completo. Sobre todo porque en los primeros años de su vida tienen la necesidad de una formación que pasa por el amor. ¡El papel más difícil es ser buena mamá! FC: ¿Cómo pueden ayudar el cine, el teatro y la televisión a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos? LH: Creo que en lo primero que puedes colaborar es en el ámbito de tu trabajo. Independientemente de abanderar causas, creo que lo primero pasa por el ejemplo; si eres una persona respetuosa con la gente que trabaja contigo, si dejas patente que toda persona tiene derechos. Somos una sociedad muy estratificada, una sociedad en la que parece que si tienes más dinero tienes más derechos. Tus derechos no pasan por ningún rango social. Pienso que las cosas siempre empiezan por la casa. FC: Como ciudadana, ¿qué te parece lo que está sucediendo en este momento en el país en torno a la violencia, las mujeres y en el ámbito laboral? LH: Estoy aterrada. Creo que lo que está pasando actualmente en el país ha afectado de manera sustancial la forma en la que vivíamos y si la cosa no mejora seguramente la va a afectar todavía más. Cada vez viajamos menos, queremos salir menos a las carreteras. Yo acostumbraba visitar un pueblo y resulta que ya no lo hago porque tengo que pasar por una carretera en la que dicen que hay retenes. Siendo mujer te das cuenta del grave problema de feminicidios que existe en el país, te das cuenta de que sigue siendo una costumbre de sometimiento la violación física… Las únicas palabras que se me vienen a la cabeza son miedo y tristeza.

tan vulnerable en cuanto a derechos. Seguimos viviendo en ambientes de injusticia, violencia y de falta absoluta de consideración hacia las particularidades de ser mujer”, comenta. Mientras acaricia su vientre se le pregunta si México es un país injusto para las mujeres, a lo que responde categóricamente: “absolutamente injusto, absolutamente violento y agresivo en casi todos los órdenes de la vida, incluso en el ámbito profesional”.

FUERA Y DENTRO DE LOS ESCENARIOS FC: ¿Dentro del medio artístico hay injusticia y violencia contra las mujeres? LH: Como en todo. En el trabajo que desempeño, no sólo

Lo que hay que saber

Trabajos y galardones • Protagonista de películas como La Ley de Herodes, Ciudades oscuras, Cilantro y perejil, La cebra y Lola, entre otras. • Ganadora del Ariel a Mejor Actriz en Por si no te vuelvo a ver. • Obtuvo el Primer Lugar del Sexto Concurso de Guiones de Largometraje Matilde Landeta 2010. • Premiada como Mejor Actriz en el ShortShorts Film Festival. • Jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia. • Ganadora del Premio a Mejor Actriz Protagónica de Televisión que otorga el Círculo Nacional de Periodistas, por la telenovela Los Sánchez. • Obtuvo en Premio Mejor Grupo Femenino de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro por la puesta en escena Baño de damas.

LO QUE VIENE… EXIGIR RESPETO En 2013 veremos a Leticia Huijara dirigiendo por tercera ocasión una obra de teatro. Poses para dormir se estrenará a finales de este mes o a principios de mayo en el foro Shakespeare. La historia versa sobre cuatro personajes perdidos, sobrevivientes de una guerra, temática contemporánea ante los escenarios bélicos que se perciben en todo el mundo. Además, afina planes para protagonizar una película que, de concretarse, iniciaría su rodaje en mayo; y continúa en pláticas para regresar a la pantalla chica en TV Azteca. Al hablar de la película La Ley de Herodes, estelarizada por Leticia en el papel de Gloria y por Damián Alcázar, quien interpreta a Juan Vargas dijo que en su momento, ésta representó una crítica abierta y sin tapujos a los mecanismos del poder del régimen priísta. Ahora que el PRI está de regreso, como ciudadana explica no se trata de una cuestión de partidos. “El problema al haber visto dos sexenios atroces en los que hubo un retroceso en los derechos humanos en estas supuestas ‘guerras’ contra el narcotráfico [es que] te das cuenta que no es una cuestión de partidos; es una cuestión que pasa por el respeto a la ley. Pasa por los ciudadanos de a pie, pasa por cada uno de nosotros para exigir que en cada ámbito se nos respete. Estoy convencida de que en la medida en que seamos respetuosos del ser humano que está al lado de nosotros, en esa medida estaremos colaborando al respeto de los derechos humanos”, concluyó. H


Suplemento DH Abril 2013