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El derecho Civil es aquel que regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí. Se trata del conjunto de normas jurídicas que rigen los vínculos personales o patrimoniales entre personas privadas, ya sean físicas o jurídicas, tanto de carácter privado como público. Su objetivo es proteger los intereses de la persona en el orden moral y patrimonial. Esta rama del derecho es la que reconoce a cada persona como sujeto de derecho, más allá de sus actividades peculiares. Por lo general, abarca al conjunto de normas que están incluidas dentro del código civil. En el derecho anglosajón, se reconoce como derecho civil al derecho continental (o civil law) y al derecho positivo (en oposición al derecho natural).

El derecho civil, por lo tanto, comprende el derecho de las personas (regulando su capacidad jurídica), el derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de bienes, el derecho de familia, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil, por ejemplo.

Para comprender la rama del derecho civil, es necesario conocer la noción del derecho natural, que es el conjunto de los principios de lo justo y de lo injusto que se inspiran en la naturaleza. Los derechos naturales, que son universales e inalienables, se materializan a través del derecho positivo o efectivo.

El derecho positivo, a su vez, puede dividirse en derecho público y derecho privado. En su sentido más amplio, el derecho civil funciona como sinónimo de derecho privado, ya que comprende las normas relativas al Estado y la capacidad de las personas. El derecho civil sería el derecho que comprende todo lo referente a: La PERSONA en cuanto sujeto individual de derecho. A LA FAMILIA como grupo humano básico que requiere una regulación básica de los derechos y deberes recíprocos entre sus miembros y el resto de la comunidad. EL PATRIMONIO como conjunto de bienes, derechos y obligaciones de cualquier persona con capacidad para transmitir y adquirir bienes. Por tanto, la persona, la familia y el patrimonio integran el Derecho civil, que no es otro que la esfera de poder de la persona. Fuentes del Derecho son: El artículo 1 de CC. Dice taxativamente cuales son las fuentes del derecho formales (Ley, Costumbre y Principios Generales del derecho) estas fuentes surgen de los de representación popular (Parlamentos Nacional y de las distintas Comunidades Autónomas); de la sabiduría popular a través de la reiteración de distintos comportamientos, que elevado a conducta de observancia preceptiva el juez admita como costumbre, puesto que el juez tiene obligación de fallar todos los asuntos, cabría la posibilidad de que el juez creara derecho y es desde la observancia de los principios generales del derecho como se limita la intervención de los


mismos, quedando amplio margen de interpretación y dada la vaguedad y generalidad de estos principios, permiten a los Jueces aplicar el Derecho positivo complementándolo con la doctrina reiterada de la sala 1ª de lo Civil Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Las CCAA, en definitiva siendo la Jurisprudencia fuente material segundo orden (Órganos que crean Derecho) aunque fundamentado en el propio sistema de fuentes. La costumbre es la fuente del derecho más antigua, no es posible una sociedad sin derecho, cuando no existían leyes, las reglas de derecho se forman por los usos y cuando estos usos poseen una cierta entidad se convierten en costumbres. Deben concurrir tres características: _ Un elemento espacial, que el uso este ampliamente extendido en un medio social, en una profesión, en una localidad. _Un elemento temporal, este uso social, caracterizado por su generalidad y uniformidad, debe gozar de continuidad y duración en el tiempo. _y un elemento espiritual, que requiere que sea una creencia o convicción de que es jurídicamente obligatorio ajustar los comportamientos a tales reglas consuetudinarias. También se mantiene que una costumbre social se convierte en costumbre jurídica si se integra en un ordenamiento jurídico concreto, siendo esta instrumentada a través de tres criterios posibles: _ reconocimiento por el sistema jurídico _ es adoptada como norma de organización o solución de conflictos, por los órganos primarios del Ord. Jurídico que disponen las medidas coactivas. _ es asumida por algún principio de derecho. En relación con la Ley puede ser de tres formas: _secundum legem, interpretado en el sentido o extensión de la ley. _praeter legem, complementando el Ord. Jurídico sino existe norma legal directamente aplicable al caso. _contra legem, reglamentado en sentido contrario al establecido por la ley. Actualmente sólo se admite costumbre en defecto de ley aplicable excepto en Navarra dado su carácter especial de derecho Foral.

1ª pregunta: LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. Son por una parte fuente del derecho aplicable en defecto de ley y de costumbre cumpliendo así con la integración básica de las lagunas de ley. Se constituyen como principios informadores del ordenamiento jurídico, función interpretativa de las normas. Estos principios los pueden aplicar los tribunales, sin que hayan sido alegados por la parte. IURA NOVIT CURIA.


Interpretación: El proceso que tiene por objeto desvelar el significado, sentido y alcance de una norma jurídica. Para ello el ordenamiento se apoya en los cánones o elementos del art. 3.1 CC. [y también sin olvidar los tipos de interpretaciones que los “obvio” (extensiva, declarativa, etc. La buena fe (art 7 del Código Civil); otro principio general del derecho, en el ámbito penal, es el "in dubio pro reo": en caso de dudas del Tribunal o Jugado si hay delito o falta contra el imputado(por ejemplo), que se le "absuelva". En el marco del Derecho procesal ( y del Derecho administrativo sancionador),un principio general del Derecho: "....nadie puede ser condenado sin ser previamente oído"(dentro del principio de CONTRADICCION que afecta a la estructura del proceso)-. Otro principio general en el ámbito procesal es el principio de "audiencia bilateral", el principio de alegaciones y pruebas que incumbe a todas las partes en el proceso. Los principios generales "informan" el Ordenamiento Jurídico, son "expansivos", "conforman" el derecho en general y lo iluminan, y por lo tanto no podemos atentar contra ellos o vulnerarlos, pues va contra el orden público del Ordenamiento jurídico Llámese teleología (del griego τέλος, fin, y -logía) al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales.".

Por tanto, se refiere a averiguar con qué fin se crea una norma, y a interpretar sus posibles consecuencias. En cuanto al "espíritu" de la norma, según el manual es el "por qué" de la norma, para que sirve y que regula.

Los demás cánones de interpretación o elementos [art. 3.1 CC.], te fijarás en que los otros – aunque no haya un criterio de cual se ha de aplicar primero – atienden a criterios más concretos. Mientras que el teleológico permite una interpretación más “amplia” y es el grado máximo de la tarea hermenéutica o de interpretación. Ya que conlleva que esa norma que regula una situación, con dicha interpretación dé cabida a otros supuestos diferentes (por lo que la voluntad de la norma es diferente a la voluntad del legislador), pero la finalidad no puede ser contraria al resultado que pretende la norma con carácter general. El DERECHO lo que busca es solucionar los conflictos (ya que en Derecho siempre hay solución para las controversias) con los mecanismos correspondientes y evitar las lagunas legis. Analogía (integración): Supone otorgar a un caso no contemplado por las disposiciones legales el tratamiento que una disposición legal prevé para un supuesto similar. Dos tipos: Analogía legis: la que recoge el art. 4.1 CC. Analogía iuris: Cuando hay que dar entrada a los Principios generales del Derecho. * El art. 4.2 CC. que regula las limitaciones de la aplicación analógica.


Los usos normativos, son normas sociales que alcanzan la equiparación legal a costumbre y, por tanto, se consideran también fuente del Derecho. Por eso, los contratos se perfeccionan no sólo por lo expresamente pactado en ellos, sino además por la buena fe, el uso, y la ley. Entendiéndose por “el uso” la costumbre no escrita que se tenga en el ámbito donde se desarrolla la actividad. Los usos normativos se equiparan a la costumbre es decir tendrán el valor de norma jurídica consuetudinaria. En el mundo de los negocios cada vez es más frecuente que al modo habitual de proceder por ejemplo en la contratación (Se trataría de un uso normativo) se le asigne un cierto valor de norma jurídica. Como consecuencia de ello estos usos normativos se convertirían en fuente del derecho y se aplicarían a nuestras relaciones contractuales. Seríamos beneficiarios o víctimas, según los casos, de los modos de proceder en el mundo de los negocios. Para atenuar estos riesgos se establecen las condiciones generales de los contratos o de la contratación que ponen coto a estos abusos. La jurisprudencia se recoge en el Código Civil como complemento de las fuentes escritas del derecho, no es fuente del Derecho, concretamente el art. 1 apartado 6 dice: "La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principio generales del derecho"; de esto se deduce, que una única sentencia no constituye jurisprudencia como fuente, sino que la reiteración de dos sentencias en el mismo sentido por el Tribunal Supremo sientan dicha jurisprudencia, y deben pronunciar en los mismos términos de forma continuada en el tiempo; la interpretación que en sus sentencias traslada en los fundamentos jurídicos(obiter dicta), así como la aplicación de la misma en el fallo conforme a esos argumentos jurídico; esto conlleva que, bien en primera instancia judicial e incluso en vía administrativa se utilice esta "jurisprudencia" para dotar de carácter vinculante, la aplicación interpretativa de determinados preceptos normativos, en la resolución o sentencia que pudiera recaer en el proceso.

Existen artículos en muchas normas jurídicas que expresamente recogen los fundamentos necesarios para la interposición del recurso de casación (son los que se interponen ante el la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y por los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas dotadas de derecho Foral) por infracción de la jurisprudencia. El recurso de Casación dice que para casar una sentencia se requiere que la doctrina jurisprudencial en que se fundamente el recurso haya sido dictada en un caso similar y se hayan aplicado las mismas normas jurídicas, se refiere a que la argumentación jurídica sea determinante del fallo en ambas resoluciones judiciales. En el recurso de casación por infracción de la jurisprudencia, quiere decir, que para un caso similar al que tenemos exista jurisprudencia dictada en otros casos parecidos que pueda citarse, de ahí que se produzca la "ruptura" con la línea jurisprudencial seguida, y pueda casarse nuestra sentencia, y así aplicar la doctrina jurisprudencial que entendemos se debió aplicar. La noción de equidad puede emplearse en dos sentidos:


-cuando el aplicador del derecho resuelve un conflicto en base al concepto de "lo justo y bueno" se dice que está fallando en equidad (supuesto de someter a arbitraje un conflicto para que se resuelva sobre la base de la equidad) - cuando la equidad se emplea para adaptar la generalidad y rigor de las normas jurídicas a las circunstancias del caso concreto (la responsabilidad del deudor que incumple por negligencia una obligación puede ser moderada por los tribunales). La omnicomprensividad del ordenamiento jurídico significa que el O.J se considera completo y ofrece al aplicador del Derecho mecanismos suficientes para garantizar la resolución de los conflictos que se puedan plantear( acudir a las fuentes del Derecho, a la aplicación analógica de las normas...)En cuanto a la función complementaria de la jurisprudencia significa que aunque formalmente no sea fuente del derecho (complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina establecida por el T.S) tiene gran importancia normativa en sentido material, pues se concede al juez una cierta libertad para aplicar la solución al caso concreto. La relación jurídica: La relación jurídica consiste en cualquier relación entre seres humanos que se encuentre regulada por el Derecho, o que sin estarlo produce consecuencias jurídicas. Por tanto, en las relaciones familiares, surgen entre los sujetos relaciones jurídicas con consecuencias jurídicas, por ejemplo el matrimonio crea una relación jurídica entre los cónyuges y trae como consecuencia todo lo que puede afectar a los hijos, al régimen económico, etc. Los sujetos de derecho se relacionan entre sí para conseguir una finalidad (vendo mi casa para obtener determinada cantidad de dinero) y esta finalidad se suele identificar con el elemento objetivo de la relación jurídica. Pues bien, el elemento objetivo de la relación jurídica puede consistir en los bienes y cosas que son objeto de tráfico jurídico o en conductas humanas (si se contrae matrimonio los cónyuges deben guardarse fidelidad). Calificación, interpretación e integración: A la labor que ejerce el aplicador del derecho en la que debe decidir en qué categoría de instituciones(matrimonio, hipoteca, compraventa) o conceptos se debe integrar la situación planteada, sería la calificación; cuando en la práctica se dan notas atípicas(regulación anticuada), se hace necesaria una tarea de adaptación del tenor(contenido) de las normas y averiguación de su sentido es lo que se conoce por Interpretación; y cuando a una situación nueva, no contemplada específicamente, se le aplican las normas que regulen la situación más parecida y compatible con esa nueva situación se llama Analogía, siendo la forma de integración en nuestro ordenamiento jurídico. Ratio decidendi: vienen a ser los argumentos la base de la decisión del tribunal en una sentencia. Mientras que obiter dicta: hace referencia a aquellos argumentos expuestos que corroboran la decisión principal, pero carecen de poder vinculante. El derecho tiene dos acepciones.


Se diferencia en dcho. Objetivo (conjunto de normas) y el dcho. Subjetivo (facultad de obrar reconocida por el dcho. objetivo). El dcho. Objetivo es el resultado de estas notas: _ Conjunto de normas que establecen un determinado orden en la vida colectiva de los seres humanos. -se hacen estableciendo las conductas q han de observarse ante determinadas situaciones de la vida social -normas cuyo cumplimiento se puede imponer de manera coactiva x el Estado (principalmente a través de los Tribunales de Justicia) El derecho subjetivo es la posibilidad o facultad de actuar reconocida x el Dcho. Objetivo, Todo derecho subjetivo tiene un sujeto activo (el q tiene la facultad) y uno pasivo (el obligado a respetar el mandato o prohibición que se corresponde con la facultad). El contenido del derecho subjetivo son las facultades, es decir, los poderes concretos que se integran dentro del derecho subjetivo. Puede suceder que estas facultades sean de tal importancia que se disgreguen del derecho subjetivo principal, constituyendo un nuevo y distinto derecho. Ejemplo: sobre un piso del que una persona es propietaria se pueden disgregar (separar) las propiedades de explotación, de disfrute y de aprovechamiento, a favor de una persona distinta del propietario. Ese es el derecho de usufructo a que se hace mención en el manual y que está recogido en el art. 467 CC. El abuso de Derecho: El abuso del derecho es un término jurídico indeterminado. Por un lado existe una tesis doctrinal que recoge y perfila el concepto de abuso del derecho, considerando como tal a aquél que está integrado por los siguientes elementos esenciales: a) Uso de un derecho, objetiva o externamente legal (no tiene obligación de estar recogido en norma jurídica alguna) b) Daño a un interés (de terceros) no protegido por una específica prerrogativa jurídica. c) Que el daño por el abuso del derecho se manifiesta por el titular con la intención de perjudicar o que no contemple un fin serio y legítimo (punto de vista subjetivo) y, por otro lado, que desde un punto de vista objetivo de aquellos en los que recae el abuso del derecho, creen ver un exceso o anormalidad en el ejercicio del mismo. Estos tres elementos son los que han sido reiterados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo antes de su incorporación al Derecho positivo patrio. Conforme a lo recogido en el CC, los presupuestos para que legalmente se de abuso del derecho, son, básicamente, los siguientes:


1. Acción u omisión de carácter abusivo. Que la acción u omisión de la conducta por parte del sujeto del derecho sobrepase manifiestamente los límites normales de su ejercicio. 2. Consecuencia dañosa para un tercero. El ejercicio abusivo del derecho requiere, forzosamente, que su materialización haya acarreado un daño determinado a un tercero, cuya existencia habrá de probarse y cuantificarse.

Actos en fraude de ley: Los actos en fraude a la ley son aquellos que se realizan al amparo de una norma jurídica pero persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico (Contraer matrimonio con la finalidad exclusiva de adquirir la nacionalidad de país) su efecto es la nulidad de dichos actos. Por el contrario el Abuso de Derecho consiste en realizar una acción (u omisión) de carácter abusivo que acarrea un daño para un tercero. En ente supuesto el efecto que se produce es que la víctima del daño podrá solicitar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Colisión de derechos: Colisión de un derecho con otro derecho de otra persona. Son frecuentes e inevitables. El legislador los resuelve de modos muy distintos, condicionados por razones de política jurídica. Caben, en principio, estas soluciones dadas por el ordenamiento jurídico: 1ª) Estableciendo un rango o jerarquización, prevaleciendo el derecho de rango superior al de rango menor. El rango puede ser por: a) Antigüedad (prior tempore prior iure). b) Circunstancias relacionadas con la causa o naturaleza del derecho. 2ª) Proteger al que se haya adelantado en el ejercicio del derecho subjetivo 3ª) Establecer la igualdad de los derechos en colisión, imponiendo un parcial y proporcional sacrificio de todos ellos. La colisión de derechos tiene lugar cuando determinados derechos, ostentados por diferentes titulares, tienen un mismo objeto o contenido, y su ejercicio de manera simultánea resulta imposible, en razón de la concurrencia. El ordenamiento jurídico intenta erradicar las posibles situaciones de colisión de derechos. Y, lo hace a través de la jerarquización de unos derechos sobre otros, así en el caso de que exista: Colisión de derechos de distinto rango. Primaría el derecho de la personalidad frente al derecho patrimonial, el derecho de crédito frente al normal; las hipotecas más antiguas frente a la más reciente colisión de derechos del mismo rango. Prima el derecho que es ejercitado antes en el tiempo. Por ejemplo Antonio reclama y cobra antes que Juan de un deudor en común, cuyo activo no alcanza a satisfacer ambas deudas, Juan se queda sin cobrar. Computo de plazos art Código Civil:


Siempre que en la norma sectorial no se establezca otra cosa, el cómputo de los plazos de las diferentes acciones, facultades o derechos, se contarán: A partir del día siguiente si el cómputo se refiere a días; el mismo art. 5.1 CC. Excluye el primer día del cómputo. De mes a mes, si el cómputo viene referido a meses, ejemplo 18 de enero - 18 de febrero. En los supuestos en que en el mes de vencimiento no existiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último días del mes; estos supuestos son para aquellos en el día inicial del cómputo fuese 30 y terminase en un mes que tiene 31 día o viceversa, o para el caso del mes de febrero (28 ó 29). Los plazos que contempla el CC, a diferencia de otros órdenes jurídicos, se computan como días naturales. En materia de derecho civil el cómputo del tiempo se realiza aplicando las reglas establecidas en el artículo 5 del CC. En otras disposiciones legislativas por ejemplo en el ámbito del derecho procesal o administrativo se siguen los mismos criterios establecidos en el CC (exclusión de los días inhábiles para el cómputo de los plazos). Por tanto con carácter general las disposiciones del CC se han aplicado para el cómputo de los plazos (se sigue el sistema del cómputo útil o de computar sólo los días hábiles) siendo sumamente raras las disposiciones normativas que siguen otro sistema (Derecho laboral). Los límites extrínsecos son los que establece la Ley al sujeto del derecho activo frente a otros sujetos o la comunidad que también tienen derecho sobre el mismo objeto. Por un lado, tenemos la colisión de derechos, dice el texto, "su ejercicio simultáneo resulta imposible" (ahora, pienso que con el ejemplo del ascensor, en el que varios vecinos pueden subir y bajar juntos, ahí los límites no impiden el uso, sino el mal uso de un bien colectivo), donde, en caso de choques, deben primar los intereses generales a los privados, los derechos fundamentales sobre los otros, etc. Por otro lado, las situaciones de cotitularidad, pienso, como el caso de la herencia, donde también la Ley le pondrá límites a cada uno. Los límites intrínsecos al ejercicio de los derechos son los que tienen que ver con la forma en que el titular ha de actuar, conforme a la buena fe y evitando el abuso. No sé si este ejemplo del ascensor puede ajustarse: cuando toma el ascensor, debe saber que otros también deben tomarlo, por lo tanto, debe permitirles disfrutar del mismo bien (limitación extrínseca); ahora imaginemos que cada cinco minutos sube y baja, sube y baja, sube y baja... en este caso, aunque respete a los demás usuarios (permitiéndoles el uso), llega un momento en que se percibe que se está abusando del ascensor (limitación intrínseca). Sobre este asunto. En situaciones de cotitularidad, cuando el aplicador de Derecho tiene que solventar problemas que parten de la vulneración de los límites extrínsecos e intrínsecos; entiendo que señala a la jurisprudencia como mecanismo fundamental. Se debe entender que es así, por la ausencia de leyes concretas; buscándose la solución en los principios de buena fe y abuso de derecho. Las principales diferencias que tiene la caducidad con la prescripción es:


1) Los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción o suspensión alguna 2) los plazos de caducidad suelen ser más breves 3) La caducidad puede ser declarada de oficio Para mayor aclaración, la caducidad supone que una vez transcurrido el tiempo marcado el derecho de que se trate no podrá ser ejercitado por su titular. La prescripción extintiva implica que el transcurso del tiempo supone la pérdida del ejercicio de los derechos para su titular La prescripción adquisitiva significa que el transcurso del tiempo supone la adquisición de un derecho a favor de la persona. Que debe ser el sujeto pasivo el que alega la prescripción del derecho del sujeto titular, que no sea el Juzgado o Tribunal de oficio el que lo realice, en ausencia de esta alegación se entiende que se RENUNCIA a la prescripción. La prescripción opera sólo si el beneficiado por ella la alega, por tanto si no alega que ha transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho podrá ser condenado a cumplir. Por ello los Tribunales de justicia no pueden apreciar de oficio el transcurso del plazo de prescripción a diferencia de la caducidad. Por otro lado hay que tener en cuenta que el plazo de prescripción se puede interrumpir conforme al art. 1.973 del CC. El plazo de la prescripción extintiva se interrumpe en el momento que ese derecho se empieza a ejercer, no quiere decir que el plazo de prescripción queda anulado, sino que se "interrumpe" en el momento en que comienza su ejercicio. En el supuesto de que ese ejercicio del derecho no llegarse a término por causas "no imputables al detentador del derecho", el plazo de prescripción se interrumpe, volviendo a reanudar en caso de que vuelva la actividad del ejercicio del derecho, si bien el término "reanudar" no significa retomar el cómputo en el que se había producido el ejercicio interrumpiendo el plazo de prescripción, sino que se interpreta que vuelve a comenzar el plazo de prescripción del derecho desde el comienzo, en su totalidad. Atención, no te líes con lo que dices en tu último párrafo, puesto que tu ejercitas el derecho, pero no tienes que ser tú la que deje pasar el plazo de prescripción. A ver si con un ejemplo lo ves mejor. He hecho alusión antes a él, tu eres farmacéutica y un cliente te debe unos medicamentos; dispones de un plazo de tres años para reclamar la deuda; al año y medio viendo que no se te abona reclamas mediante carta el pago, con ese simple gesto estás interrumpiendo el plazo de prescripción; si tras esta reclamación de la deuda (guarda bien la carta de reclamación pues es lo que constituye la prueba) en el supuesto de que siga sin pagarte vuelves a disponer de los tres años al completo que recoge el CC., no descontándose el año y medio que había pasado antes de que hicieses la reclamación. Alegabilidad y renuncia a la prescripción.


El sujeto pasivo es el sujeto obligado a cumplir una obligación (realizar una conducta) que le será reclamada por el sujeto activo o titular del derecho subjetivo. Sin embargo, si el sujeto activo reclama el cumplimiento una vez transcurrido el plazo para el ejercicio y el sujeto pasivo cumple, no se da cuenta de que podía alegar la prescripción y así no cumplir su obligación, podrá en este caso ser obligado a cumplir. Se trata de un beneficio para el sujeto pasivo si se da cuenta de que el sujeto activo debió ejercitar su derecho pero no lo hizo durante el plazo oportuno, por lo que se beneficia porque puede alegando la prescripción no cumplir lo que debía. Eso sí, deberá alegarla él, porque el juez no podrá apreciarla de oficio y decirle al sujeto activo que prescribió su acción. Beneficio sí, pero debe darse cuenta y alegar la prescripción. La persona que se puede beneficiar de que un determinado derecho subjetivo prescriba puede renunciar a ese beneficio, a esa ventaja que le da el ordenamiento jurídico; la renuncia a la prescripción es un acto de declaración de la voluntad unilateral, por el cual el presunto beneficiario de la prescripción pierde el beneficio de hacerlo valer... Un ejemplo: una persona que vive de alquiler en un piso, que adeuda los meses de abril, mayo y junio de 2006; lógicamente el casero tiene el derecho subjetivo a reclamar el pago de las rentas de alquiler impagadas; pues bien, el dueño del piso tiene un plazo de cinco años fijado en el CC para poder exigir al inquilino el pago de las rentas vencidas en el tiempo y que sigue sin pagar; si el dueño del piso dejar pasar los cinco años que tiene para reclamar las rentas se considera que su derecho subjetivo ha prescrito. La persona beneficiada por la conducta del dueño del piso, el inquilino, puede hacer dos cosas; bien alegar la prescripción para que el juez declare de oficio la prescripción del derecho subjetivo del propietario del piso, por su propia autoridad, ya que se lo han solicitado (esto es lo que apuntas que has comprendido) o, bien renunciar a la prescripción, según lo cual el inquilino mediante un acto de declaración de su voluntad pierde el beneficio que le otorgaría el hacer valer la prescripción. Como verás en el manual, el art. 1935 CC dice "Las personas con capacidad para enajenar (con capacidad para obrar) pueden renunciar a la prescripción, pero no al derecho de prescribir para lo sucesivo, es decir, una vez que hayan transcurrido los plazos legales correspondientes lo que está prohibido por este art. es la renuncia a una prescripción futura. En el ejemplo anterior, el inquilino aunque haya pasado el plazo ha renunciado a acogerse a la prescripción, bien porque simplemente quiera pagar a largo plazo en cuanto tenga posibilidades; lo que está prohibido es que en un contrato de alquiler se estableciese una cláusula por la que el inquilino renuncia a hacer valer en su día la prescripción extintiva, puesto que conforme al art. indicado sería ilegal. Las principales diferencias que tiene la caducidad con la prescripción es: 1) Los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción o suspensión alguna 2) los plazos de caducidad suelen ser más breves 3) La caducidad puede ser declarada de oficio


Para mayor aclaración, la caducidad supone que una vez transcurrido el tiempo marcado el derecho de que se trate no podrá ser ejercitado por su titular. La prescripción extintiva implica que el transcurso del tiempo supone la pérdida del ejercicio de los derechos para su titular La prescripción adquisitiva significa que el transcurso del tiempo supone la adquisición de un derecho a favor de la persona. Que debe ser el sujeto pasivo el que alega la prescripción del derecho del sujeto titular, que no sea el Juzgado o Tribunal de oficio el que lo realice, en ausencia de esta alegación se entiende que se RENUNCIA a la prescripción. La prescripción opera sólo si el beneficiado por ella la alega, por tanto si no alega que ha transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho podrá ser condenado a cumplir. Por ello los Tribunales de justicia no pueden apreciar de oficio el transcurso del plazo de prescripción a diferencia de la caducidad. Por otro lado hay que tener en cuenta que el plazo de prescripción se puede interrumpir conforme al art. 1.973 del CC. Nuestro Código Civil consagra la irretroactividad de las leyes si bien se admite la retroactividad en aquellos supuestos previstos por el legislador. La retroactividad permite graduaciones y así hablamos de retroactividad de segundo grado o fuerte y de grado mínimo o débil. Es de segundo grado o fuerte cuando la nueva ley se aplica a los efectos de un hecho o acto producido con ANTERIORIDAD a su publicación. En el caso de la" ley del divorcio" dicha ley se aplica a los matrimonios contraídos antes de su entrada en vigor, por tanto podrán divorciarse aun cuando ellos contrajeron matrimonio no existía el divorcio. Es en grado mínimo o débil cuando la nueva ley se aplica a los efectos producidos con POSTERIORIDAD a su entrada en vigor, a causa de un hecho o acto anterior a la misma. La ley 11/ 1981 atribuye la patria potestad conjunta de padre y madre. A partir de su entrada en vigor los padres ejercerán la patria potestad conjuntamente aunque el hijo haya nacido antes de la fecha de entrada en vigor de la ley. Imaginemos que un sujeto acaba de cumplir los 18 años (mayoría de edad). Viene una ley aumentando la mayoría de edad a los 25 años y variando el régimen legal del matrimonio. Retroactividad en Grado Máximo: la nueva ley anula por retroactividad todos los contratos celebrados por él antes de alcanzar la mayoría de edad. La colisión de derechos tiene lugar cuando determinados derechos, ostentados por diferentes titulares, tienen un mismo objeto o contenido, y su ejercicio de manera simultánea resulta imposible, en razón de la concurrencia. El ordenamiento jurídico intenta erradicar las posibles situaciones de colisión de derechos. Y, lo hace a través de la jerarquización de unos derechos sobre otros, así en el caso de que exista:


Colisión de derechos de distinto rango. Primaría el derecho de la personalidad frente al derecho patrimonial, el derecho de crédito frente al normal; las hipotecas más antiguas frente a las más recientes Colisión de derechos del mismo rango. Colisión de derechos Colisión de un derecho con otro derecho de otra persona. Son frecuentes e inevitables. El legislador los resuelve de modos muy distintos, condicionados por razones de política jurídica. Caben, en principio, estas soluciones dadas por el ordenamiento jurídico: 1ª) Estableciendo un rango o jerarquización, prevaleciendo el derecho de rango superior al de rango menor. El rango puede ser por: a) Antigüedad (prior tempore prior iure). b) Circunstancias relacionadas con la causa o naturaleza del derecho. 2ª) Proteger al que se haya adelantado en el ejercicio del derecho subjetivo. 3ª) Establecer la igualdad de los derechos en colisión, imponiendo un parcial y proporcional sacrificio de todos ellos. Prima el derecho que es ejercitado antes en el tiempo. Por ejemplo Antonio reclama y cobra antes que Juan de un deudor en común, cuyo activo no alcanza a satisfacer ambas deudas, Juan se queda sin cobrar.

Retroactividad en Grado Medio: la nueva ley respetaría los contratos nacidos bajo la ley anterior y aplicaría los nuevos a los efectos que tuviera pendiente. Retroactividad en Grado Mínimo: la nueva ley solo se aplica a los efectos que se produzcan después de su entrada en vigor. La nueva ley mantiene vigentes los contratos, pero le considera menor de edad desde su promulgación hasta que alcance de nuevo la mayoría de edad. La retroactividad ¿en qué grado encuadraríamos la LEY 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; en grado débil porque una vez publicada la ley, si alguien acredita que ha sido tratado médicamente durante al menos dos años, podría inscribirse en el registro civil, por lo tanto entraría en vigor la inscripción en el registro civil posteriormente a la aprobación de la norma. Según el artículo 5.1 tendrá efecto constitutivo a partir de la inscripción en el registro civil. Según el art. 5.2 permitirá a partir de la inscripción ejercer los derechos de su nueva condición. Según el art 5.3 no se alterará los derechos y obligaciones anteriores. Norma Jurídica: Es aquella norma publicada oficialmente con tal carácter, que contiene un mandato normativa de los órganos que constitucionalmente tienen atribuido el poder


legislativo originario (Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas). Disposición Normativa: Disposiciones con rango de Ley dictadas por el Poder Ejecutivo (Gobierno del Estado o Gobierno de la Comunidad Autónoma), que a su vez puede ser por delegación de las Cortes, en este caso hablamos de Reales Decretos Legislativos, o bien, "en casos de urgente y extrema necesidad" el Gobierno puede dictar Reales Decretos-Leyes, en materias que normalmente son competencia del Poder Legislativo (las materias recogidas como exclusivas en la Ce a éste no se puede regular por el Ejecutivo), que son disposiciones normativas provisionales, puesto que en un plazo de 30 días tiene que someterse a votación en el Congreso, donde puede ser convalidado o derogado. Últimamente y, toda vez que la "extrema y urgente necesidad", requisito fundamental del Real Decreto-Ley, se está obviando, a mi juicio, hay veces en que se puede confundir poder legislativo y poder ejecutivo (tanto a nivel Estatal como Autonómico). • Los Reales Decretos dictados por el Consejo de Ministros se denominan disposiciones reglamentarias • Las Órdenes Ministeriales obedece a disposiciones reglamentarias, considerando como tales las dictadas por un conjunto de Ministros agrupados por Áreas (éstas no son muy frecuentes). • La Orden Ministerial, que procede del Ministro, se denomina también disposición reglamentaria. •

En las CCAA se aplica un esquema similar.

Por lo tanto, nos encontramos, con normas jurídicas, disposiciones normativas y disposiciones reglamentarias o, simplemente, reglamentos. La publicación oficial es requisito obligatorio, a todos ellos, para que formen parte del Ordenamiento Jurídico. Diferencia entre ambas: la norma jurídica, con sus rasgos de abstracción y generalidad, es aprobada por los poderes legislativos del Parlamento o las Asambleas de las CCAA, y para el desarrollo de una norma por -una ley- se redactan, aprueban y publican las disposiciones normativas inferiores que pueden desarrollar la norma, como por ejemplo los reglamentos o las órdenes ministeriales, es decir, que las disposiciones normativas "cuelgan" de la norma jurídica. No se puede aprobar un reglamento ilegal, es decir, que contradiga una norma jurídica. Los derechos fundamentales como los derechos de la personalidad son inherentes a la persona por el hecho de serlo. La derivación como derechos fundamentales, remotamente desde la revolución francesa y, actualmente desde la entrada de la Constitución en nuestro país, son aquéllos recogidos en el Título II, Capítulo I, Sección 2ª y aparte de esos los recogidos por nuestra legislación civil, se ve la diferencia cuando seguís con el tema del manual y va recogiendo cada uno de esos derechos de la personalidad, tanto en la persona humana en sí misma como en el ámbito de su esfera personal, como puede ser, por ejemplo, su patrimonio.


CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR. CAPACIDAD JURIDICA Toda persona por el hecho de ser persona tiene la capacidad jurídica, la capacidad jurídica es la actitud para ser titular de derechos y/o obligaciones la capacidad jurídica no es susceptible de graduaciones, las personas jurídicas también tienen capacidad jurídica, desde el momento de su constitución. CAPACIDAD DE OBRAR Es la actitud para realizar actos jurídicos, es la capacidad para adquirir o ejercitar actos y asumir obligaciones. Los menores de edad pueden ser dueños de una vivienda porque posee capacidad jurídica, sin embargo no puede tomar préstamos porque no tiene capacidad de obrar, esta capacidad de obrar tiene graduaciones, los mayores de 14 años pueden hacer testamento pero los menores de 25 no pueden adoptar. Es lo que se llama capacidad de obrar pero con limitaciones. La adquisición de los derechos en favor de los Nondun Concepti queda supedita a la concepción de los mismos, En tu ejemplo si no concibes un hijo no podrá adquirir ningún derecho. Una vez concebido (nasciturus) se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el CC. En este último supuesto podrías aceptar la herencia en nombre de tu hijo y el derecho se consolidaría cuando naciese. La Comoriencia es la situación de muerte conjunta o simultánea de dos o más personas, que puede tener trascendencia de cara a la sucesión, prevista en el Art. 33 del CC. “Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla ;a falta de prueba, se presume muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.” El apátrida es aquel sujeto que no tiene ninguna nacionalidad. Evidentemente son supuestos excepcionales pero pueden producirse en algunos supuestos. Piense en un español que no lo sea de origen, por ejemplo ha adquirido la nacionalidad española por residencia en España (lo que implica la renuncia a su nacionalidad anterior, salvo si se trata de nacionales de países iberoamericanos...) Y pierde la nacionalidad española por haber incurrido en falsedad o fraude en su adquisición. Esta persona que carece de nacionalidad y entra en Estados Unidos de manera ilegal, su situación es la de apátrida en tanto no cumpla los requisitos que exija la legislación norteamericana para otorgarle dicha nacionalidad. Y si no los llega a cumplir seguirá siendo un apátrida. La nacionalidad es la condición que tienen las personas que integran una comunidad nacional, de modo que las personas quedan sometidas al ordenamiento jurídico del estado. Los que tenemos la nacionalidad española quedamos sometidos al ordenamiento jurídico español. La vecindad civil es un criterio para determinar la legislación civil (común o foral) aplicable a los ciudadanos españoles. Por tanto todo español debe tener una vecindad civil determinada, sea la común o cualquiera de las forales o especiales. Si nazco en Madrid tendré la vecindad


civil común (se me aplicará el derecho civil común), si lo hago en Barcelona tendré la vecindad civil catalana (se me aplicará el derecho civil especial de Cataluña). 1. Coincidencia de vecindad en los padres o progenitores: ius sanguinis. 2. Distinta vecindad civil de padres o progenitores. 3. Adquisición de la vecindad en virtud de opción: por matrimonio, por opción propia de los hijos, por adquisición de la nacionalidad española. 4. Adquisición por residencia. La conclusión que se saca del epígrafe es que el iure soli constituye en definitiva la regla de imputación básica, salvo para el caso de ambos progenitores tengan la misma vecindad civil. Es decir, la subsidiariedad de la regla de imputación de la vecindad común sólo encontrará aplicación para el hijo que no haya nacido en España. El cierre del art. 14 CC que establece la cláusula general de que "en caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento" (queda exento el caso de que ambos progenitores tengan la misma vecindad civil). El problema estriba, como he comentado en el párrafo anterior, en la remisión que el punto 3 del art. 14 hace "los criterios de atribución de vecindad civil al hijo son; el lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común", que provocó tras la promulgación de la Ley 11/1990 malestar en algunas CCAA, si bien el TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Diputación General de Aragón, con lo cual el problema quedó zanjado. Aunque quizás vea un poco enmarañado lo que te he expuesto, es la jerga jurídica, pero en la terminología normal de los ciudadanos, sí es así, pero recuerda en que hay comunidades en que el derecho civil es supletorio o subsidiario del foral, por lo que en aquellas comunidades de derecho foral en la que los padres estén de acuerdo, al hijo se le aplicará el derecho foral. Este precepto está contemplado para los supuestos en que la filiación se produzca por uno de lo progenitores ante que la del otro. Piensa, por ejemplo, en el hijo que nace y es sólo reconocido por la madre, porque el padre en ese momento no estuviese de acuerdo en el reconocimiento, pero una vez conoce al niño, quiere inscribirlo en el Registro Civil para que conste también como su hijo; esta inscripción, bien de mutuo acuerdo por los progenitores, bien porque se haya declarado sentencia, es a posteriori de la de la madre, en base a lo cual prevalecerá la vecindad civil del progenitor que lo ha inscrito primero, en el ejemplo que te he puesto, correspondería a la de la madre.

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA. Es la forma de adquirir la nacionalidad discrecionalmente cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Art 21.1 C.C


La adquisición de la nacionalidad española puede ser originaria o derivativa. La originaria: por ius sanguinis (Filiación) o ius soli (nacimiento en España) La derivativa: por opción, residencia en España y carta de naturaleza. En los supuestos contemplados en la ley 52/2007 de 26 de diciembre, pueden OPTAR a la nacionalidad española de origen formalizando su declaración en el plazo señalado por la ley. Se trata de un supuesto de adquisición derivativa de la nacionalidad española por ser sus padres o abuelos españoles de origen según los casos. Por tanto en estos supuestos la nacionalidad española de origen no se adquiere automáticamente sino que estas personas pueden optar a la nacionalidad española de origen si cumplen los requisitos legales y formalizan su declaración. "los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad tras haber contraído matrimonio con un extranjero..." Añadir la reciente ampliación habida con ocasión de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que se contempla en su Disposición final sexta, cuando habla de "los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad tras haber contraído matrimonio con un extranjero..." y hacer referencia a esa ley. Adquisición originaria Tiene lugar de formar automática, sin necesidad de una especial declaración de voluntad del sujeto ni de una concesión expresa por parte de la autoridad estatal. A ella se refiere el art. 17 CC, que la atribuye en base a dos criterios: - En primer lugar, se le atribuya la nacionalidad española a los nacidos de padre o madre española. Es decir, es la filiación la que determina la nacionalidad. Según el art. 19 CC se atribuye originariamente al adoptado menor de dieciocho años la nacionalidad española del adoptante. - En segundo lugar, para los supuestos de filiación indeterminada o de nacimiento en España de padres no españoles y carentes de otra nacionalidad, o cuando la legislación de sus países no le reconozca nacionalidad al nacido en territorio español, en estos casos y siempre que el nacido lo sea en territorio español, se le atribuirá la nacionalidad española... Adquisición derivativa Tiene lugar cuando se obtiene la nacionalidad española en un momento posterior al nacimiento del sujeto. Puede obtenerse: - Por derecho de opción: Nuestro ordenamiento jurídico permite que, en determinados casos, el sujeto pueda ejercitar un derecho de opción por la nacionalidad española que, de ejercitarlo, tendría como consecuencia la adquisición derivativa de nuestra nacionalidad. Se otorga derecho de opción a los extranjeros mayores de dieciocho años adoptados por españoles (art. 19.2 CC); a las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español (art. 20.1 CC); a aquéllos cuya filiación o lugar de nacimiento se hubiera determinado después de haber cumplido dieciocho años (art. 17.2 CC); finalmente, a las


personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España (art. 20.1.b) - Por carta de naturaleza: La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales de su libre apreciación. Obviamente, el interesado deberá cursar su petición al Gobierno, de forma graciable y si aprecia circunstancias para ello, la otorgará (art. 21.1 CC). - Por residencia continuada: Para ello se requiere un cierto tipo de residencia en España, cuya duración variara según concurran o no en el solicitante otras circunstancias especiales reveladoras de una cierta conexión con la comunidad española. El art. 22.1 CC establece un plazo general de diez años de residencia que debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, plazo que se reducirá en cinco años y dos años en atención a determinadas circunstancias. La adquisición derivativa exige renuncia a la nacionalidad anterior, compromiso de fidelidad al Rey o obediencia a la Constitución y a las Leyes e inscripción en el Registro Civil (art. 23 CC). El art. 19.1 recoge la nacionalidad de origen para los adoptados menores de dieciocho años; el apartado 2 es para los mayores de dieciocho años (conecta con el apartado c) del art. 20.1), pero al ser un derecho de opción que podrá ejercer a partir de los dos años, la interpretación de la nacionalidad es que es derivativa, no de origen. Respecto a la otra duda, el 20 va detrás del 19, estamos dentro de los artículos que el CC dedica a la nacionalidad derivativa, en consecuencia cuando se hace alusión a la adquisición de la nacionalidad española, tienes que entender que se trata de hijos que han nacido en el extranjero, diferencia con el art. 17 CC.

LA REPRESENTACIÓN DIRECTA Y SUS PRESUPUESTOS. La representación es la situación jurídica en la que una persona representa a otra gestionando sus asuntos pero siempre en interés del representado. Al ser directa la representación este no tendrá ninguna responsabilidad por los actos realizados, salvo que se extralimiten de su poder. Hay dos clases de representación, voluntaria u legal. 1.- En la emancipación de menores por parte de sus progenitores, el Código Civil en su artículo 317 expone que ese acto debe instrumentarse por medio de escritura y posteriormente registrarla o por acto de comparecencia ante el Encargado del Registro. Aquí es donde me surge la duda, el encargado del Registro ¿quién es? Para resolver las dudas que planteas te debes ir al Reglamento de desarrollo de la Ley del Registro Civil. Generalmente, el órgano competente del Registro Civil en los Municipios en que no haya Juzgado de Instrucción es el Juzgado de Paz, consecuentemente el órgano será el Juez de Paz, si bien el que realiza la inscripción en el Libro del Registro corresponde al Secretario Judicial.


Las competencias atribuidas a los órganos para las inscripciones registrales vienen recogidas en los arts. 44 y ss. del Reglamento. En el art. 215, el cual dice "La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los casos que proceda mediante: 1º. La tutela. 2º. La curatela. 3º. El Defensor judicial.". En consecuencia, en el supuesto de tener que nombrar un representante legal del ausente, se aplicará lo recogido en el art. 181. El art. 299 afecta a la figura del defensor judicial, cuya función es representar a los menores e incapaces en el caso de que exista conflicto de intereses entre sus representantes legales (padres o tutores). "La emancipación por concesión de quienes ejercen la patria potestad se inscribe en virtud de escritura o de comparecencia ante el Encargado del Registro. La emancipación por concesión paterna es irrevocable porque una vez que se inscribe en el RC no es posible la revocación. La emancipación por vida independiente, por el contrario, es más bien una situación de facto o de hecho, y que no accede al Registro Civil pudiéndose revocar y volvería a estar el menor sometido a la patria potestad. La emancipación por concesión judicial y el beneficio de la mayor edad se inscriben en virtud del testimonio correspondiente". Mediante el acto de comparecencia es aquél que atribuye al órgano del Registro Civil a realizar la inscripción de la nota marginal y que da fe, para el supuesto de solicitar una certificación registral de dicha emancipación. La emancipación requiere que el sujeto emancipado tenga 16 años cumplidos salvo en el supuesto de emancipación por matrimonio que podrá tener 14 años si mediante dispensa de edad se le permite contraer matrimonio. Cuando la LEC habla de que el menor de 12 años deberá ser oído se refiere a aquellos supuestos en los que el menor de 12 si tiene suficiente juicio debe ser oído por el juez para valorar su opinión acerca de los hechos que se están sustanciando (ello sucede en los casos de adopción, en los juicios de filiación, en materia se separación y divorcio entre otro La emancipación por matrimonio, en palabras exacta del manual, radica en que "quien por el matrimonio constituye una nueva familia, no ha de seguir sujeto a otra autoridad familiar. En este supuesto el menor emancipado puede llegar a serlo antes de los 16 años, dada la posibilidad de dispensa de edad para la celebración del matrimonio contemplada en el art. 48.2 del CC. Excluidos los aspectos patrimoniales el emancipado por matrimonio tiene una capacidad asimilable a la de mayor edad, es decir, capacidad plena "para regir su persona (...) como si fuera mayor", regla que sí debe interpretarse extensivamente con carácter general, fuera de las limitaciones expresamente establecidas.


De lo expuesto, deduzco que la patria potestad es un derecho de los menores emancipados por el matrimonio, con lo que podrán decidir sobre la cuestión que planteas, y sí pueden oponerse a la extracción de los órganos. No veo que en lo dispuesto en el CC se haga mención en contra del ejercicio de la patria potestad en padres menores de edad. Solo dispone excepciones, en el caso de los menores emancipados, a la hora de "tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor" (art 323 del CC) para lo cual necesita cumplir la mayoría de edad o el consentimiento de sus padre, o en caso de faltar ambos, de su tutor legal.

El artículo siguiente puntualiza la situación para los menores emancipados por matrimonio: "para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta, si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor, se necesitará, además, el de los padres o curadores de uno y otro". No se mencionan más excepciones en el ejercicio de los menores emancipados. Por otro lado, en el apartado de relaciones paterno filiales podemos intentar encontrar una respuesta más concreta. En el artículo 157 del CC se señala que "el menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez. Sin embargo, estamos hablando de menor emancipado. Por lo que concluyo, como los compañeros, que sí puede tomar esta decisión, al margen de la valoración moral personal que pueda suscitar el tema. Si hay alguna disposición especial sobre este tema no la he encontrado.

Por último, planteo yo una duda. Leo en el artículo 169 que la patria potestad acaba con la muerte del padre o del hijo. Por tanto no se puede ejercer patria potestad sobre un hijo fallecido. ¿Es esta una cuestión realmente de ejercicio de patria potestad? o más bien atiende a una cuestión de reglamento, por decir de algún modo, ético. 1.- En la emancipación de menores por parte de sus progenitores, el Código Civil en su artículo 317 expone que ese acto debe instrumentarse por medio de escritura y posteriormente registrarla o por acto de comparecencia ante el Encargado del Registro. Aquí es donde me surge la duda, el encargado del Registro ¿quién es? Para resolver las dudas que planteas te debes ir al Reglamento de desarrollo de la Ley del Registro Civil. Generalmente, el órgano competente del Registro Civil en los Municipios en que no haya Juzgado de Instrucción es el Juzgado de Paz, consecuentemente el órgano será el Juez de Paz, si bien el que realiza la inscripción en el Libro del Registro corresponde al Secretario Judicial.


Las competencias atribuidas a los órganos para las inscripciones registrales vienen recogidas en los arts. 44 y ss. Del Reglamento. Te trascribo el art. 176 del RRC. "La emancipación por concesión de quienes ejercen la patria potestad se inscribe en virtud de escritura o de comparecencia ante el Encargado del Registro. La emancipación por concesión judicial y el beneficio de la mayor edad se inscriben en virtud del testimonio correspondiente". Mediante el acto de comparecencia es aquél que atribuye al órgano del Registro Civil a realizar la inscripción de la nota marginal y que da fe, para el supuesto de solicitar una certificación registral de dicha emancipación. La Comoriencia, Situación de muerte conjunta o simultánea de dos o más personas, que puede tener trascendencia de cara a la sucesión, prevista en el Art. 33 del CC. “Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla ;a falta de prueba, se presume muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.” El párrafo explica que para aplicar el art 33 del CC (regula cómo actuar en caso de que dos o mas personas mueran casi a la vez, quién lo hizo primero) no debería ser necesario que las personas que mueran sean herederos entre sí. Bastaría con que la muerte del primero conlleve el traspaso de un derecho o facultad al que muera después, no necesariamente se tiene que tratar de temas hereditarios entre ellos. Ceñidos a la letra del artículo (interpretación literal y restrictiva) sólo se tendría en cuenta el mismo cuando hubiera temas hereditarios que resolver entre los que mueren, por eso habla de hacer una interpretación más extensiva a cualquier transmisión de derecho o facultad. Imagina el caso de una pareja, la mujer es presidenta de una asociación y el hombre vicepresidente de la misma.. No hay relación hereditaria entre ellos de ningún tipo. Y así sucede un accidente en el que la mujer fallece primero hay una cesión de facultades (la presidencia pasaría al hombre que la acompaña ya que es vicepresidente) con las consecuencias ya particulares de cada caso. En el apartado A) se hace alusión al plazo general recogido en el CC para aquellas personas que hayan fallecido en condiciones de peculiar riesgo, para que se pueda inscribir la declaración de fallecimiento. A continuación te expone cuáles son los supuestos. La Ley 4/2000, acorta ese plazo de dos años: en los supuestos de violencia contra la vida (recogidos anteriormente los supuestos de subversiones políticas o sociales, así como participación en campañas bélicas, protestas o levantamientos populares, un secuestro...), y por el plazo de tres meses en caso de siniestro (anteriormente siniestros de peculiar gravedad) y, en particular, los casos de naufragio, inmersión en el mar o siniestro de aeronave.


El artículo 193.3 (in fine) señal el plazo de un año contado desde la desaparición para la declaración de fallecimiento en casos de violencia contra la vida, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión. Por tanto si al cumplirse un año desde la desaparición han pasado solo 4 meses desde dicho cese, hay que esperar otros dos meses hasta que transcurran los seis para poder declararlo fallecido. Un ejemplo: pongamos una revuelta popular en un país como las que hemos tenido en el norte de África recientemente, o un golpe de Estado, en medio del alboroto, protestas y revueltas, desaparece un individuo de nacionalidad española. El plazo en este caso será que pase un año desde su desaparición y en principio, deben pasar 6 meses desde que cesa la subversión para poder declararlo fallecido. Omitimos las cuestiones de Derecho Internacional Privado y Público que verán ustedes en otros cursos. Pero de momento este ejemplo nos va a servir. Los arts. 1.301 y ss. Del CC denomina a la anulabilidad, "acción de nulidad", puedas ver mejor cómo el mismo Código marca los límites para uno y otro supuesto en los arts. Que mencionas. La nulidad se considera el supuesto más grave de ineficacia, es por ello, que tendremos que estar a si se ha producido un grado más alto, sobre todo en el consentimiento de la voluntad, pues el resto de lo recogido en la norma imperativa no puede dar lugar a ver la proporción de la gravedad. Consecuentemente con lo anterior, la anulabilidad constituye el grado menor del vicio que anula el acto jurídico. Es por ello, que el mismo Código te dice cuando un negocio jurídico es nulo o anulable atendiendo a estos elementos que se infieren del consentimiento de la voluntad. Así, por ejemplo, el art. 1.267 dice: (...) Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona (...). Dependiendo de estos factores el negocio será nulo o anulable. Para el supuesto de que la violencia anule el contrato el primer párrafo del mismo precepto recoge "fuerza irresistible" en la violencia ejercida, etc.

EL REGISTRO CIVIL El epígrafe de datos inscribibles, observarás que si bien se recoge la patria potestad, se hace alusión a la Ley 1/2009, sobre nombramiento del administrador del patrimonio protegido del discapacitado (art. 8); a los efectos de que el "menor de edad sea discapacitado" se hará constar el nombre de los padres, pero no referido al interés legítimo que constituye la patria potestad, poder distinto al derecho subjetivo, que es el poder que ejercer los padres en beneficio de los hijos, con lo cual el derecho subjetivo pertenece al hijo, sino desde la óptica de que los padres, en los supuestos de hijos incapacitados, tienen el deber de velar por el patrimonio protegido de éstos; si ya has estudiado el tema de la incapacitación los padres pueden ser nombrados como guardas legales de ese patrimonio, es únicamente en ese sentido


en el que se hace constar la "patria potestad", que el CC denomina representante legal del discapacitado y, en consecuencia, su razón de inscripción se encuentra en la Sección 4ª. El segundo párrafo también lo has entendido mal, el Registro Central, que tiene su sede en Madrid, tiene acceso a los duplicados de las inscripciones consulares, así como aquellos hechos que no puedan inscribirse en los Registros anteriores, o que por circunstancias excepcionales no hayan tenido acceso a su inscripción en el Registro competente. Así es la primera parte, se trata de una novedad incorporada al artículo 18 de la LRC, redacción dada por la Ley 1/2009. Se envían al Registro Central los duplicados de las inscripciones que menciona y cita, recogidas en los diversos Registros Municipales donde se inscribieron, para recogerse el duplicado de los mismos en nuevo libro llamado "de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios protegidos". Con la finalidad de conocer un número de personas afectadas por una incapacitación o que hubieran constituido un patrimonio protegido, para que los datos no estuvieran desperdigados, sino recogidos en un Libro único. Cargos tutelares en Sección 4ª, pero si fuera un supuesto de patria potestad prorrogada o rehabilitada, se recogería en la Sección 1ª. La vacatio legis es de 3 años excepto los puntos: -Disposición Adicional 7ª.- Puesta a disposición de los datos de identificación personal de nacionales y extranjeros. -Disposición Adicional 8ª.- Inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. -Disposición Final 3ª.- Reforma del Código Civil respecto a la personalidad del nacido. -Disposición Final 4ª.- Adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y dictadura. Entiendo la vacatio legis muy amplia, diría que exagerada, pero es de entender que el legislador ve razonable el plazo para que el mecanismo burocrático, casi decimonónico, del RC se adapte a las nuevas tecnologías e infraestructuras. Las cuatro excepciones eran de inminente como necesaria toma de efecto e independientes de la informatización modernizadora oportuna. Los derechos reales se refiere a Res (cosa u objeto) son los que afectan a las cosas, es decir la relación jurídica que existe entre una persona y una cosa, como por ejemplo: la propiedad, la compraventa, etc.

Los arts. 1.301 y ss. Del CC denomina a la anulabilidad, "acción de nulidad", puedas ver mejor cómo el mismo Código marca los límites para uno y otro supuesto en los arts. Que mencionas. La nulidad se considera el supuesto más grave de ineficacia, es por ello, que tendremos que estar a si se ha producido un grado más alto, sobre todo en el consentimiento de la voluntad,


pues el resto de lo recogido en la norma imperativa no puede dar lugar a ver la proporción de la gravedad. Consecuentemente con lo anterior, la anulabilidad constituye el grado menor del vicio que anula el acto jurídico. Es por ello, que el mismo Código te dice cuando un negocio jurídico es nulo o anulable atendiendo a estos elementos que se infieren del consentimiento de la voluntad. Así, por ejemplo, el art. 1.267 dice: (...) Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona (...). Dependiendo de estos factores el negocio será nulo o anulable. Para el supuesto de que la violencia anule el contrato el primer párrafo del mismo precepto recoge "fuerza irresistible" en la violencia ejercida, etc. Los arts. 1.301 y ss. Del CC denomina a la anulabilidad, "acción de nulidad", puedas ver mejor cómo el mismo Código marca los límites para uno y otro supuesto en los arts. Que mencionas. La nulidad se considera el supuesto más grave de ineficacia, es por ello, que tendremos que estar a si se ha producido un grado más alto, sobre todo en el consentimiento de la voluntad, pues el resto de lo recogido en la norma imperativa no puede dar lugar a ver la proporción de la gravedad. Consecuentemente con lo anterior, la anulabilidad constituye el grado menor del vicio que anula el acto jurídico. Es por ello, que el mismo Código te dice cuando un negocio jurídico es nulo o anulable atendiendo a estos elementos que se infieren del consentimiento de la voluntad. Así, por ejemplo, el art. 1.267 dice: (...) Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona (...). Dependiendo de estos factores el negocio será nulo o anulable. Para el supuesto de que la violencia anule el contrato el primer párrafo del mismo precepto recoge "fuerza irresistible" en la violencia ejercida, etc.

Nulidad Es la forma más clara de ineficacia. En este caso, el Derecho niega todo valor al pretendido negocio jurídico, el cual será nulo cuando, conteniendo todos los elementos necesarios para su validez, infringe sin embargo un precepto legal de obligado cumplimiento (art. 6.3 CC) - No precisa declaración judicial, ni una previa impugnación del negocio, ya que opera ipso iure o de pleno derecho. - Cuando, de hecho, haya surgido cierta apariencia negocial, podrá ser útil, y aún necesario, ante la resistencia de quien sostenga la validez del negocio, solicitar la intervención judicial. Estará legitimado para ello cualquier interesado, haya sido parte o no en el contrato, e incluso el causante de la nulidad, pudiendo apreciarse de oficio por los tribunales.


- El contrato nulo no produce efecto alguno; por ello, los desplazamientos patrimoniales eventualmente realizados, deben deshacerse, devolviendo las cosas a la situación que tendrían si el contrato nunca se hubiera celebrado. - La nulidad es definitiva. El paso del tiempo no la sana, es decir, la acción para hacerla valer puede ejercitarse en cualquier tiempo. De otra parte, tampoco es posible la confirmación o convalidación del negocio. Anulabilidad La sanción de anulabilidad se refiere a un negocio en el que concurren todos los requisitos esenciales del art. 1261 CC, pero adolece de un vicio que lo invalidad con arreglo a la ley (art. 1300 CC). Estos vicios van a afectar: - A la capacidad de las partes; el Código alude a los menores o incapacitados (art. 1301), debiendo entenderse incluidos también los negocios concluidos por emancipados sin el preceptivo complemento a su capacidad y por persona casada sin el preceptivo consentimiento de su consorte. - A la existencia de vicios de la voluntad; error, dolo, violencia e intimidación, o falsedad de la causa. El negocio jurídico anulable despliega todos sus efectos, hasta que mediante el ejercicio de la acción, la sentencia destruya su eficacia. De ahí que podamos decir que inicialmente es eficaz, dependiendo que lo sea definitivamente, de que no se ejercite la correspondiente acción. La sanción de anulabilidad protege únicamente a quien ha sufrido el vicio en la formación de su voluntad o tiene mermada su capacidad de obrar, de ahí que sólo él y sus representantes legales estén legitimados para el ejercicio de la acción. La acción de anulabilidad es una acción constitutiva, por tanto será la sentencia que recaiga la que determine la ineficacia de un negocia que hasta el momento ha si eficaz. Con carácter general esta sentencia opera retroactivamente, y con ella se pretende el restablecimiento de la situación anterior a su celebración, borrando todos los efectos creados desde entonces. (hasta que se produce el vicio lo actuado es eficaz) El plazo para el ejercicio de la acción es de cuatro años, plazo de caducidad, que comenzará a contarse en la forma prevista en el art. 1301. Respecto a la rescisión dado que es el remedio jurídico para la reparación de un perjuicio económico que el negocio causa a determinadas personas, siendo su efecto hacer ineficaz este negocio (el CC regula la causas de forma taxativa), es claro su carácter subsidiario, pues solo podrá ejercitarse cuando el perjudicado carezca de cualquier otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Un negocio jurídico puede contener todos los elementos necesarios para su validez (consentimiento, objeto y causa) y no obstante ser nulo si es contrario a una norma imperativa o prohibitiva. Por ejemplo, celebramos un contrato de arrendamiento de un piso


contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación a la duración del contrato. Los causales como su nombre lo indican, la causa forma parte integrante del negocio. Los negocios jurídicos causales no pueden producir efecto alguno si su causa es inexistente o ilícita (son nulos por falta de un elemento esencial).

Formales o abstracto, la causa no esta incorporada al negocio, si no fuera de el en otra relación entre las partes, los efectos del negocio jurídico se producen, en principio, con independencia de ella. El nombre de formales deriva porque la característica principal es que la voluntad tiene que ser manifestada bajo una "forma" determinada para que produzca efecto jurídico. Ej. Los Títulos de crédito, letras de cambio, etc. En Derecho alemán se reconoce el negocio abstracto, no ocurre así en los Derechos latinos, en Derecho español tampoco se admite el negocio jurídico abstracto, tal como se desprende del artículo 1.275 C.C. español: Dos contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Lo cual no significa que la causa haya de ser; expresada en el negocio, pues el artículo 1.277 C.C. español C.C. español añade que: aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que a lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. Los negocios jurídicos formales o abstractos, producen efectos jurídicos en todo caso, incluso cuando la causa falte o sea ilícito, en este último caso el derecho tiene los mecanismos para revertir a través de la restitución o repetición para evitar el enriquecimiento ilícito. En nuestro derecho se sigue el sistema causalista y no puede hablarse propiamente de contratos abstractos. Todos los contratos son causales salvo, por excepción, hay títulos valores (cheques, letras de cambio) que gozan de abstracción material cuando el tenedor de ellos es persona diferente al tomador de los mismos Bines inmuebles son los enumerados en el artículo 334 del Código civil y por consiguiente mueble serían el resto o aquellos que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviera unido. Efectivamente, el artículo 334 otorga un carácter aleatorio al propio concepto de mueble, pero hemos de entender que el carácter integrante, debe entenderse como que si se desprende perdería valor. En el ejemplo del lavabo sería mueble, porque la pared donde esta sujeto no tiene valor alguno. Otra cosa, sería retirar de una catedral una estatua. El ámbito del objeto de la relación jurídica se encuentra en el mundo exterior de sus titulares, y hablando de cosas como sinónimo de bienes, los bienes inconsumibles, por ejemplo, un caballo, un coche, unos pendientes, etc., pueden ser entregados a otra persona en la relación jurídica. Los bienes consumibles, te pone ejemplo el mismo manual, pueden ser sustituidos en la relación jurídica, una vez éstos se han "consumido", por otro tanto, bien de la misma especie y calidad, por ejemplo la misma cantidad y calidad de gasolina consumida, o por una cantidad equivalente, es lo que significa en el término latín tantundem.


Si la duda la tiene en los términos jurídicos persona física/persona jurídica, piensa por ejemplo en la operación de crédito tiene que tener por objeto cosas apropiables e inconsumibles. Aun cuando hablamos de operación a contrapartida homogénea, se excluye la identidad entre la cosa dada y la que se restituye, pues una obligación de restituir idéntica cosa sería incompatible con el traspaso de la propiedad, por ello en la operación de crédito se presume la inconsumibilidad de la cosa (debiéndose tener en cuenta sus caracteres genéricos).. Lo anterior, implica la posibilidad que el deudor tiene de convertirse en propietario de la cosa, pudiendo disponer de ella, enajenándola o consumiéndola, con la obligación de reintegrar al patrimonio del acreedor otra cosa del mismo género, especie y calidad (" tantundem "). La diferencia entre bienes destinados a uso público o común y bienes destinados al servicio público. En el primer caso, estaríamos ante bienes de titularidad pública que se destinan al uso general de la colectividad, es decir, el fin público al que sirven es el de poder ser utilizados por todos los administrados (p.e.: calles, parques públicos...): los segundos, también demaniales o de titularidad pública, se destinan a dar cobertura a determinadas prestaciones a los administrados (p.e., escuelas públicas; hospitales públicos; residencias; centros de acogida...).

Las características de los frutos se dice que es accesorio respectos de la cosa fructífera, por cuanto esta puede seguir generando frutos. si yo imagino un montante de dinero que me genera intereses (los frutos), éstos al igual que el propio montante también me puede generan nuevos intereses, con lo que no sólo la cosa originaria será fructífera. Es indudable que si no hubieses dispuesto de esa primera cosa, el montante de dinero, ésta no hubiese generado los primeros frutos, y tu no podrías volver a invertir esos intereses para que te diesen nuevos frutos. En lo segundo has realizado una nueva relación jurídica accesoria de la primera en atención a los frutos adquiridos. El falsus procurator es el mismo representante que no tiene apoderamiento suficiente para ejercer como tal para un asunto o asuntos o se excede en su tarea de representación, de modo que el asunto por el que debía ejercer representación no vincula jurídicamente al representado con el tercero, de ahí "falsus". Pero si el representado ("dominus negotii" =señor del negocio), una vez conocida la falsa y/o incorrecta representación decide dar por bueno la actitud/actividad/ negocio del representante lo que hace es la ratificación de la falsa o inadecuada actuación representativa, de modo que el representado asume que lo hecho por el representante es correcto a ojos del tercero.

El art. 22.3 CE establece que las asociaciones deberán inscribirse en un Registro a los solos efectos de publicidad. Pero, por otro lado, se habla que "las asociaciones registradas gozarían de personalidad jurídica, y las no registradas serían consideradas asociaciones sin personalidad". El valor de la inscripción registral de las asociaciones, como consecuencia del reconocimiento por los Tribunales de Justicia, de que basta la simple inscripción a efectos de publicidad para que la asociación tenga personalidad jurídica. Los autores no están de acuerdo con este


criterio doctrinal, y consideran necesario la inscripción en el Registro para que tenga eficacia y personalidad jurídica una asociación. Lo cierto, es que la inscripción es importante a efectos de asumir la responsabilidad por las actuaciones que la asociación tenga con respecto de terceros. De manera que la inscripción en el Registro público es determinante en relación con el régimen de responsabilidad por deudas frente a terceros, y por tanto, para establecer la existencia o no de personalidad jurídica independiente. Capacidad jurídica: supone el reconocimiento a toda persona o ser humano de la idoneidad o aptitud para ser sujeto o titular de derechos o sujeto de deberes jurídicos. Date cuenta que la capacidad jurídica de adquisición de derechos se regula en el Código Civil incluso a los que están por nacer.

Capacidad de obrar: es la posibilidad real de un sujeto, de una persona, de ejercitar por sí, eficazmente, sus derechos y de cumplir, eficazmente, con sus deberes. Para ello es necesario que el titular tenga el grado de madurez y discernimiento suficiente para medir la trascendencia de tales actos en la defensa de sus intereses.

La falta o inexistencia de uno de los requisitos esenciales del negocio jurídico supone su nulidad. Así si no hay consentimiento o voluntad debido a error, dolo, violencia o intimidación, podríamos hablar de negocio nulo. Pero también puede ser anulable en el caso de vicio de la voluntad o consentimiento. En los arts. 1266 y siguientes va precisando las circunstancias que deben darse en estos cuatro casos. Mi pregunta ¿estas precisiones se refieren solo para considerar el negocio nulo? ¿Cómo podríamos marcar el límite de cada una de ellas para considerar el negocio anulable y no nulo? Habrá que ver caso por caso para ver si se trata de un vicio del consentimiento que puede anular el contrato (en principio los vicios de la voluntad: error, violencia, dolo), o si ha sido más grave y da lugar a una inexistencia del consentimiento (violencia absoluta: me pusieron una pistola en la sien para que firmara un contrato: aquí no hay consentimiento por mi parte) en cuyo caso el contrato es nulo, porque falta de un elemento esencial del contrato. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible (arts. 1.267.1 CC), es decir, cuando el autor de la declaración se encuentra ante una situación frente a la que no existe posibilidad de oponerse. Aunque el Código (arts. 1.265 y 673) incluye la violencia física entre los vicios de la voluntad, debe entenderse que cuando un negocio jurídico ha sido realizado bajo la presión de una fuerza física irresistible (art. 1.267), este negocio no ha llegado a nacer, pues no estamos ante una declaración de voluntad viciada, sino ante una ausencia de voluntad, por lo que faltará en el negocio uno de sus elementos esenciales, siendo aquel inexistente. También en el matrimonio (art. 73.5) y en el testamento (art. 673) la violencia actúa como un vicio que invalida el consentimiento.


Los causales como su nombre lo indican, la causa forma parte integrante del negocio. Los negocios jurídicos causales no pueden producir efecto alguno si su causa es inexistente o ilícita (son nulos por falta de un elemento esencial).

Formales o abstracto, la causa no esta incorporada al negocio, si no fuera de el en otra relación entre las partes, los efectos del negocio jurídico se producen, en principio, con independencia de ella. El nombre de formales deriva porque la característica principal es que la voluntad tiene que ser manifestada bajo una "forma" determinada para que produzca efecto jurídico. Ej. Los Títulos de crédito, letras de cambio, etc. En Derecho alemán se reconoce el negocio abstracto, no ocurre así en los Derechos latinos, en Derecho español tampoco se admite el negocio jurídico abstracto, tal como se desprende del artículo 1.275 C.C. español: Dos contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Lo cual no significa que la causa haya de ser; expresada en el negocio, pues el artículo 1.277 C.C. español añade que: aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que a lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. Los negocios jurídicos formales o abstractos, producen efectos jurídicos en todo caso, incluso cuando la causa falte o sea ilícito, en este último caso el derecho tiene los mecanismos para revertir a través de la restitución o repetición para evitar el enriquecimiento ilícito. Nuestro derecho se sigue el sistema causalista y no puede hablarse propiamente de contratos abstractos. Todos los contratos son causales salvo, por excepción, hay títulos valores (cheques, letras de cambio) que gozan de abstracción material cuando el tenedor de ellos es persona diferente al tomador de los mismos.

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