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del 21 al 27 de Septiembre del 2009 Anúnciate Tel. 11 99 94 40

Seguridad

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por empleados circenses el sábado pasado en Sahuayo, Michoacán; por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPMS) y personal del Centro de Protección Ciudadana (CPCEM) de la vecina entidad, cuando pretendían cobrar el rescate. La menor fue privada de su libertad hace algunas semanas y llevada al estado de Veracruz en donde los presuntos plagiarios, originarios de esa entidad, mantuvieron su cautiverio. Tras varias negociaciones con la familia, los delincuentes acordaron

entregar a la niña si cumplían sus exigencias y trasladarla a Sahuayo en donde se llevaría a cabo el intercambio. Sobre los pormenores del operativo para rescatar a la menor, Alejandro Morales Ortega director de Seguridad Pública de Sahuayo, explicó que todo inició con un llamada anónima a la comandancia de la PFP en donde afirmaban que sería en esta ciudad en donde los secuestradores entregarían a la menor a cambio de dinero en efectivo y exigían una camioneta con un remolque. Enseguida, dijo que en un movimiento coordinado, las corporaciones policíacas establecieron un perímetro de seguridad en las inmediaciones del centro comercial Soriana en donde

Jaime Ramírez Yáñez se llevaría a cabo la entrega de la víctima. Explicó que después de unas horas, arribó una camioneta Ford, Explorer, color verde, en la que los delincuentes hicieron el intercambio. Posteriormente, a una distancia prudente los agentes los siguieron a través del Boulevard Lázaro Cárdenas. Enseguida los plagiarios llegaron a cargar combustible a la gasolinera ubicada cerca de la salida a Jiquilpan, denominada Prados Verdes, y ahí se dieron cuenta de la presencia policíaca por lo que intentaron darse a la fuga, pero finalmente fueron interceptados y aprehendidos a la altura del kilómetro 3+500 de esa carretera. Los arrestados fueron identificados como Hugo Alberto Grimaldo

Ponce, de 30 años, vecino de la calle Martín Badillo, Manzana 4, en Tuxpan, Veracruz; Gonzalo Santiago Álvarez, de 50, con domicilio en la calle Río Grijalva número 12 y su hijo Idait Santiago Hernández, de 18; todos veracruzanos. Durante el interrogatorio preliminar los tres afirmaron ser empleados del circo Atayde y que mientras trabajaban en La Barca, Jalisco; habían planeado el plagio de la menor. Las autoridades michoacanas señalaron que los presuntos delincuentes habían sido entregados a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, sin embargo la dirección de Comunicación Social de la dependencia informó que desconocía los detalles del asunto.

Confiesan 19 homicidios los Zetas detenidos en Puerto Vallarta Jaime Ramírez Yáñez

L

os presuntos Zetas que lanzaron granadas a dos patrullas de la Policía del Estado, la madrugada del pasado 13 de septiembre, en Puerto Vallarta, participaron cuando menos en 19 homicidios, entre ellos el de seis personas en Cancún y en el de un joven que desapareció en Puerto Vallarta y fue muerto en Nayarit, así como en un atentado contra un periódico en Acapulco, Guerrero. Jesús García Mendoza, “El Chilango”, quien se hace llamar Carlos Mendoza Bernal, de 32 años de edad, originario de Álamo, Veracruz, con domicilio en Bucerías, Nayarit; Alejandro González Valdez, “El Ubago”, de 25 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, con domicilio en la calle 3, del fraccionamiento Limones, en Tepic, Nayarit, y Clara Montaño Muñoz, “La Dana”, quien se cambia el nombre por el de Esmeralda Prado Jiménez, de 24 años, de ocupación bailarina, con domicilio en la calle Viricote, en la colonia Aramara, en Puerto Vallarta, son las personas sujetas a investigación. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que el primero de los detenidos, “El Chilango”, señaló que a mediados

de 2006 comenzó a “trabajar” en el Estado de Guerrero, para la organización delictiva de “Los Zetas”, y que su función consistía en asesinar a personas “del bando contrario”, dijo que en ese año participó en el asesinato de dos “tiradores de droga” en el puerto de Acapulco. Asimismo expuso que en 2007 habría colaborado en los asesinatos de otros 10 “contras”, que también se dedicaban a la venta de droga al menudeo, y que para cometer los crímenes utilizaban fusiles AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros. Aseguró que por encargo de los Zetas lanzó “una piña” o granada de fragmentación, a las afueras de un periódico en Acapulco, Guerrero, la que no causó daños mayores, y que a principios de 2008 se fue a vivir a Cancún, Quintana Roo, en donde se involucró en el asesinato de tres hombres cubanos a quienes victimaron porque se dedicaban a trasladar ilegalmente personas de Cuba a Cancún, por lo cual pagaban “cuotas”, pero que dejaron de hacerlo en algunas ocasiones y por eso los habían mandado ejecutar. Sobre esta múltiple ejecución, el Chilango, abundó en que para llevarla a cabo utilizaron cuchillos y los cadáveres los echaron en tambos metálicos, para cocinarlos, es decir que les rociaron gasolina y petróleo,

les prendieron fuego y los dejaron arder durante tres horas, hasta que se hicieron cenizas, que luego enterraron. Añadió que participó también en la muerte de dos hombres que pertenecían al bando de los “contras” –del cártel de Sinaloa-, a los cuales los ejecutaron de un tiro en la cabeza a cada uno. Asimismo, narró que también en Quintana Roo, privó de la vida a un hombre en las cercanías de una Plaza Comercial Caracol Negro, al que le disparó con una pistola calibre 9 nueve milímetros. De igual forma aseguró que estuvo presente, aunque no participó directamente, en otro asesinato, ocurrido en la Plaza Las Américas, también en Cancún, cerca del complejo de cines, en donde uno de los miembros de la organización a la que él pertenecía dio muerte a tiros a un vendedor de droga del cártel sinaloense. Explicó que en 2009, por órdenes de los Zetas, se trasladó de Cancún a Tepic, y luego estableció su residencia en Bucerías, Nayarit, y que unos meses después, llevaron a una casa en dicha localidad a un joven, de nombre Alejandro, al que tuvieron tres días privado de la libertad y luego lo llevaron a un predio, en donde le dieron muerte con un cuchillo, le prendieron fuego y lo enterraron. La víctima en este último caso, está

identificada como Alejandro Flores Sosa, de 31 años de edad, quien está reportado como desaparecido desde el día 15 de agosto de este año. Por su parte la arraigada Clara Montaño Muñoz confesó que por dedicarse a bailar en centros nocturnos comenzó a relacionarse con personas dedicadas al tráfico de drogas, y que se quedó a vivir con sujetos que operaban en Bucerías, Nayarit. Agregó que ella “puso” al joven Alejandro Flores Sosa, con quienes los sujetos con los que ella vivía tenían problemas, y lo llamó para que se vieran y entonces sus cómplices lo levantaron y tras tenerlo en cautiverio le dieron muerte a cuchilladas y lo enterraron en Bahía de Banderas. Reconoció su participación también en el atentado con granadas del domingo pasado a las patrullas de la Policía del Estado. El arraigado Alejandro González Valdez, “El Ubago”, aseguró que tenía unos meses en la organización delictiva y que sólo ha participado en el atentado con granadas a la Policía del Estado. La PGJE señaló que dará vista a los estados de Guerrero y Quintana Roo para que se corrobore la información aportada por los acusados, en tanto la de Nayarit ya está informada de esta triple detención.

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Rescatan a una menor secuestrada Una niña de 10 años que había sido secuestrada en La Barca por tres presuntos empleados del Circo Atayde fue liberada sana y salva. Sus secuestradores fueron capturados

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Opinión

Francisco Jiménez Reynoso

Ley de extinción de dominio

a sido ya aprobada la Ley de Extinción de Dominio en el D.F. y a nivel Federal. Ahora, le toca a Jalisco hacer lo propio. Con la finalidad de que todos los lectores tengan una idea más o menos clara sobre lo que trata esta Ley, me esforzaré en las siguientes líneas de simplificar su explicación. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para golpear y desarticular el brazo financiero de la delincuencia organizada y el narcotráfico mediante el decomiso de bienes como terrenos, ranchos, casas, vehículos, aviones, cuentas bancarias y dinero en efectivo. En una sesión ordinaria en San Lázaro, se aprobó con 299 en favor, nueve en contra y ocho abstenciones la Ley de Extinción de Dominio, cuyo dictamen fue devuelto al Senado debido a algunas modificaciones que consideraron eran necesarias. La reforma establece medidas legales para asegurar los bienes producto de actividades ilícitas, por lo cual el Estado podrá apropiarse de bienes y recursos económicos que sean producto de un delito o que se utilicen para cometer un acto ilícito. Con la nueva ley se pretende que la delincuencia organizada pierda, en beneficio del Estado, los derechos sobre bienes y dinero sin que reciban contraprestación alguna. La extinción de dominio se aplicará a los bienes que sean “instrumento, objeto o producto del delito”, o que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar bienes producto de actos ilícitos. La finalidad como podemos

apreciar es desarticular al crimen organizado en el aspecto económico y financiero. En el dictamen aprobado se agrega también que se aplicará esa figura jurídica a aquellos bienes que sean empleados por una tercera persona para delinquir, si se acredita que su dueño auxilió en la comisión del delito u ocultó al indiciado. Entre los cambios previstos en el dictamen se indica que el Poder Judicial Federal contará con jueces especializados en extinción de dominio, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal definirá su número, división en circuitos y competencia territorial. También se modificó que cuando evidentemente se demuestre que alguna persona actuó de mala fé o estaba coludida con el crimen, aunque sea una tercera persona, tendrá responsabilidad. Es el momento oportuno de analizar y estudiar el presente tema por la relevancia que representa, en virtud de que nuestro Congreso que es el de Jalisco, tiene la responsabilidad

de crear esta ley a nivel estatal de conformidad con la soberanía de la que gozamos. La diputada Verónica Martínez ha observado diversas inconsistencias que tiene el proyecto de Jalisco, que sin duda deben tomarse en cuenta. Además, es muy importante respetar los derechos humanos de los ciudadanos, así como sus garantías individuales. Deben crearse los candados suficientes y necesarios para evitar que los ciudadanos inocentes sean víctimas de la autoridad. Esto es, cuando los bienes sujetos a la extinción de dominio se acredita su procedencia lícita, los ciudadanos no tienen por que ser molestados. Es necesaria una capacitación profunda a los agentes del Ministerio Público para evitar molestias innecesarias y violaciones a derechos de inocentes. Apegándonos a la reforma constitucional que se llevó a cabo en meses pasados

al artículo 22 de nuestra Ley Suprema, con la finalidad de desarticular a la delincuencia organizada, la cual se ha convertido en un cáncer en nuestro país. * U. de G. Maestro en Derecho Constitucional. jimenez_ abogado@hotmail.com

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