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El financiamiento de educación pública en Costa Rica: la situación actual y las propuestas de los candidatos Estimados/as lectores/as:

La Agenda Ciudadana por la Educación (ACE), cuyos objetivos programáticos consisten en la defensa del derecho humano a la educación en Costa Rica, considera que en el debate electoral reciente la temática educativa ha sido postergada o abordada tangencialmente. En este sentido, proponemos una serie de diálogos con la ciudadanía para conocer las percepciones, ideas, sentimientos y juicios respecto a problemáticas sociales concretas, así como de las principales respuestas ofrecidas por los aspirantes a la Presidencia mediante sus planes de gobierno. En esta primera entrega proponemos problematizar el estado de la infraestructura educativa y las estrategias de abordaje propuestas. ¡Anímese y participe con nosotros/as! ¿Cuál es la situación del financiamiento de la educación pública en Costa Rica? En el nivel internacional, Costa Rica es uno de los pocos países que por norma constitucional dedica altos recursos económicos a la educación pública, además, en el nivel latinoamericanos también es uno de los pocos países que garantiza constitucionalmente la gratuidad y la obligatoriedad de la educación secundaria completa, siendo ambos hitos importantes y evidencias del compromiso costarricense con la educación. En términos de los indicadores sobre el financiamiento, la UNESCO estableció como estándar mínimo o deseable el 6% del PIB para la educación, en el caso costarricense deberá asegurarse un 8% del PIB a partir del año 2014. Si bien el PIB no es una medida que permita hacer comparaciones a nivel internacional, pues las economías más pudientes destinarían recursos exorbitantes, mientras que para los países pobres, a pesar del esfuerzo continuarían siendo escasos, al final de cuentas es una medida que permite conocer los compromisos en la materia. Aun cuando se establezca este estándar a nivel internacional, también es cierto que los Estados están obligados a destinar “hasta el máximo


de los recursos disponibles” para realizar los derechos económicos, sociales y culturales, como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cf. Muñoz, 2012). A partir de este contexto serán abordados dos temáticas concretas, la “gratuidad” de la educación, así como el “financiamiento” en lo que compete tanto a la situación actual, como a las respuestas o propuestas que ofrecen los partidos políticos predominantes. La gratuidad de la educación en Costa Rica está establecida en el Artículo 78 de la Constitución Política, al señalar que tanto la “educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”. Sin embargo, pareciera que en el país las autoridades entienden por educación gratuita únicamente los gastos directos en el acceso a la educación, es decir, tasas escolares o matrícula, y no así los gastos indirectos o imprevistos en la educación, como la compra de útiles escolares, uniformes, medios de transporte o alimentación. Por esta razón Tomasevski señaló que “la gratuidad de la educación, para lograr que sea realmente obligatoria, tal como fue planteada originalmente, ha caído en el olvido. Aun cuando los costos directos son asumidos por el Estado, los costos indirectos (como el transporte y las comidas) pueden quedar fuera del alcance de la familia, mientras los costos imprevistos pueden ser imposibles de afrontar” (2004: 43). En el caso costarricense se conoce (Méndez, 2013) que en el año 2013, padres, madres y personas responsables gastaron la suma de 80,495 colones por cada niño/a, o la suma de 102,000 colones por cada adolescente que asista a la escuela o colegio, respectivamente. Ambos datos sin sumar gastos correspondientes a textos educativos (La Nación 2013a). En Costa Rica, incluso tales costos son regulados cada año por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo que demuestra el aval de tales costos por parte del gobierno. Comparando el gasto con el salario mínimo costarricense en 2013, se estimó que “cada niño o niña implica un 32,2% del salario mensual de un trabajador no calificado, lo que demuestra su insostenibilidad pues en una familia con un ingreso mínimo y tres niños/as, se invierte todo el salario solo


con el ingreso a clases, en el caso de un/a adolescente, este requiere aproximadamente el 40,8% de dicho salario, solamente para ingresar a clases”. En relación con el financiamiento de la educación pública, el Estado de la Educación (2013) ha manifestado como en los últimos años ha habido un incremento, desde el cumplimiento del 6% del PIB en 2009 hacia una 7.5% del PIB en 2012. Según Angulo este presupuesto alcanzó la cifra de 1.6 billones de colones en 2012, no obstante el margen de acción es limitado pues aproximadamente el 63% de dichos recursos corresponde a salarios, mientras que las transferencias (es decir, las ayudas que reciben estudiantes y las Juntas) representan un 34%, destacándose solamente un 3.3% para infraestructura (2012: 10). En términos del PIB el incremento exigido por la reforma constitucional será de un aproximado 1%, sin embargo también debe contemplarse la próxima negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, cuyo monto es inferior al 1,5% y en buena lid debería aumentar, si el compromiso del gobernante de turno es ampliar la oferta de educación superior universitaria y cumplir con los estándares de derechos humanos, sobre no regresividad en las asignaciones presupuestarias para educación. Aun así, frente a este eventual incremento, el Estado de la Educación llama la atención sobre la necesidad de que el “MEP cuente con estrategias que definan de manera precisa cómo y en cuáles áreas y rubros se usarán los nuevos recursos –de modo que no se siga haciendo “más de lo mismo”– y con mecanismos muy claros de evaluación de resultados” (2013). En esta medida se analizará la existencia de un compromiso político para la asignación del 8%, así como la atención que brindan los candidatos en sus planes de gobierno al objetivo de avanzar en la gratuidad de la educación pública, específicamente la primaria y secundaria por su carácter obligatorio.


¿Qué proponen los candidatos para garantizar el presupuesto de la educación pública y su gratuidad?

Acción Ciudadana: la principal fortaleza es su compromiso por asignar, a más tardar en 2015, el 8% del PIB constitucional. De este presupuesto se dedicará el 0.5% a primera infancia. Relacionado con la gratuidad de la educación, se propone ampliar y mejorar FONABE y Avancemos, además de crear un Fondo de Becas para personas indígenas. No hay planteamientos explícitos sobre gastos relativos a útiles escolares, transportes u otras medidas tendientes a la reducción universal de costos indirectos de la educación. En relación con la educación universitaria pública, se propone afianzar a las universidades de tal manera que se facilite el ingreso de “personas de escasos recursos”.

Frente Amplio: la principal fortaleza es su compromiso por cumplir el 8% del PIB constitucional, además de dar al tema educativo alta prioridad presupuestaria. Respecto a la gratuidad se propone la creación de un “mecanismo de transporte gratuito… similar al existente para personas adultas mayores”, abaratar los costos y mejorar el acceso a libros de texto delegando la tarea a la Editorial de Costa Rica y de las universidades públicas, además de retirarse el veto Ejecutivo al proyecto de fotocopiado con fines educativos. En relación con la educación universitaria pública se propone un financiamiento creciente, la universalización de sistemas de becas socioeconómicas, además de cuotas de acceso a sectores con más vulnerabilidad.

Liberación Nacional: Se reconoce que a partir de 2014 se establece un mínimo del 8% del PIB para educación, pero no se establece un compromiso explícito para su garantía. En relación con la gratuidad se propone reformar sustancialmente los programas de transporte


de estudiantes, fortalecer los programas de equidad y eventualmente dotar de acceso a computares e internet. Los compromisos explícitos con la gratuidad son limitados, además no se propone o señalan compromisos con el financiamiento de la educación superior pública, salvo una mayor supervisión estatal respecto de los procesos de admisión.

Movimiento Libertario: No se encontraran compromisos por parte del partido para garantizar el 8% del PIB, si bien se reconoce mediante fuentes secundarias que esta asignación sería respetada, esto no se contempla en el Plan e Gobierno. En relación con la gratuidad, el partido no concibe los costos indirectos, por ejemplo, señala que “no es aceptable que una persona reciba beca si su familia… [puede] pagar los útiles escolares”, aun así, proponen dotar de conexión inalámbrica los centros educativos y dotar de un dispositivo móvil personal, lo que generacionalmente tendería a sustituir el rol del material impreso, las becas de FONABE serán depuradas y entregadas trimestralmente. En relación con la educación superior pública, se propone por el contrario, que esta cobre el costo de sus servicios, y “aquellos estudiantes que no cuenten con dinero suficiente para pagar sus estudios universitario recibirán sin dificultad un préstamo de CONAPE”.

Unidad Social Cristiana: La principal fortaleza es que se respetará el principio constitucional y se otorgará el 8% del PIB. En relación con la gratuidad, la única medida vinculada es el fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y el conocimiento.

En términos generales, solamente tres partidos políticos asumen un compromiso explícito con la asignación del 8% del PIB para la educación; respecto a la gratuidad se sigue concibiendo los costos indirectos más allá de


la responsabilidad estatal, al no plantearse en la mayoría de los casos, propuestas concretas; mientras que en relación con la educación superior pública, las propuestas varían desde su mercantilización hasta su fortalecimiento y ampliación en cobertura.

Marco V. Méndez Coto Agenda Ciudadana por la Educación

marco.mendez.coto@gmail.com  

____________________ Referencias bibliográficas Angulo, J. 2012. Informe Final. El 8% constitucional a la educación: Escenarios alternativos para priorizar el presupuesto incremental. IV Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación. Méndez, M. 2013. El derecho a la educación y las edades mínimas de protección legal en Centroamérica. Trabajo de Graduación, Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Universidad Nacional de Costa Rica. Muñoz, V. 2012. El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe: Santiago. Planes de Gobierno de los Partidos: Acción Ciudadana, Frente Amplio, Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana. Programa Estado de la Nación. 2013. IV Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación. Tomasevski, K. 2004. El asalto a la educación. Intermon Oxfam: Barcelona.


Panorama no 3 financiamiento educación pública