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JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL EXPEDIENTE: SX-JRC-28/2009 ACTOR: PARTIDO NACIONAL

ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ADMINISTRATIVA ERIGIDA EN SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE TERCERO COALICIÓN CAMPECHE”

INTERESADO: “UNIDOS POR

MAGISTRADA PONENTE: YOLLI GARCÍA ALVAREZ SECRETARIO: JOSÉ PÉREZ PARRA

ANTONIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

V I S T O S para resolver los autos del expediente SX-JRC-28/2009, integrado con motivo del Juicio de Revisión Constitucional Electoral promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia de fecha siete de septiembre del presente año, emitida por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal


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Superior de Justicia del estado de Campeche, en el toca SAE/RR/PAN/010/2009, vinculada con la elección de integrantes de ayuntamiento del municipio de Carmen de la citada entidad federativa; y RESULTANDO I. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: a) Jornada Electoral. El cinco de julio del presente año, se llevó a cabo la jornada comicial para elegir Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, Campeche. b) Cómputo Municipal. El ocho siguiente, se realizó la sesión del Consejo Electoral Municipal de Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la cual se realizó el Cómputo y Declaración de Validez de la Elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, entregándose la Constancia de Mayoría a la planilla de candidatos ganadora postulada por la coalición “Unidos por Campeche”. Los resultados arrojados en el referido cómputo, fueron los siguientes:

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PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN Partido Acción Nacional Coalición Unidos por Campeche Partido de la Revolución Democrática

RESULTADOS NÚMERO LETRA 31,654

Treinta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro

38,074

Treinta y ocho mil setenta y cuatro

1,365

Mil trescientos sesenta y cinco

Partido del Trabajo

785

Setecientos ochenta y cinco

Partido Verde Ecologista de México

1,413

Mil cuatrocientos trece

Convergencia

699

Seiscientos noventa y nueve

134

Ciento treinta y cuatro

Partido Socialdemócrata VOTOS VÁLIDOS

74,124

VOTOS NULOS

1,998

VOTACIÓN 76,122 TOTAL EMITIDA

Setenta y cuatro mil ciento veinticuatro Mil novecientos noventa y ocho Setenta y seis mil ciento veintidós

c) Juicio de Inconformidad. En contra del cómputo referido,

el

trece

de

julio

del

año

en

curso,

el

Representante Propietario del Partido Acción Nacional,

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acreditado ante el Consejo Electoral Municipal de Carmen, Campeche, interpuso Juicio de Inconformidad, mismo que fue

radicado

bajo

el

número

de

expediente

JI/JI/015/PAN/2009. En donde hizo valer los siguientes agravios: 1. En 19 casillas la votación fue recibida por

personas u órganos distintos a los facultados, violentando así los artículos 225 y 356 de la Ley Electoral Estatal de Campeche. 2. Así también, 26 casillas estuvieron integradas y

funcionaron de manera indebida, pues en ellas solo estuvieron presentes la mitad de los funcionarios de casilla, violando los artículos 220, 221 y 223 de la Ley Electoral Estatal de Campeche. 3. Conforme a los resultados emitidos en las actas

de escrutinio y cómputo, 42 casillas tuvieron mayor número de votos emitidos que de electores, y en la sesión de cómputo el Consejo Electoral rechazo de facto realizar nuevamente el

escrutinio

y

cómputo

de

las

casillas

irregulares. Por lo anterior, el partido actor solicita incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. 4. La existencia de violaciones reiteradas, graves,

generalizadas y determinantes a lo largo de todo el proceso electoral, entre las que destaca

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que la candidata por la coalición “Unidos por Campeche” es titular de concesiones para establecer y operar las estaciones de radio XEBBC-AM y XHBBC-FM. d) Resolución de primera instancia. El veinte de agosto de la presente anualidad, el Pleno del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche emitió la resolución del anterior Juicio de Inconformidad recaída al expediente antes citado, en la que determinó lo siguiente: “PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 186 CONTIGUA, 187 BÁSICA, 192 CONTIGUA 1, 199 CONTIGUA 1, 207 BÁSICA, 240 BÁSICA, 244 CONTIGUA 2, 244 CONTIGUA 3, 246 BÁSICA, 247 CONTIGUA 1, 249 BÁSICA, 265 BÁSICA, 201 BÁSICA, 201 CONTIGUA 1, 210 CONTIGUA 2, 222 BÁSICA y 228 BÁSICA. SEGUNDO. Se modifican los resultados contenidos en el Cómputo Municipal de la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, en términos del Considerando NOVENO de la presente resolución. TERCERO. Se confirma la Declaración de Validez de la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, y la entrega de la Constancia de Mayoría a la planilla de candidatos postulada por la Coalición “UNIDOS POR CAMPECHE”. […]”

De igual forma, la recomposición quedó de la siguiente manera:

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PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN Partido Acción Nacional Coalición Unidos por Campeche Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo

RESULTADOS NÚMERO LETRA 29,571

Veintinueve mil quinientos setenta y uno

35,528

Treinta y cinco mil quinientos veintiocho

1,29O

Mil doscientos noventa

728

Setecientos veintiocho

Partido Verde Ecologista de México

1,292

Convergencia

668

Mil doscientos noventa y dos

Seiscientos sesenta y ocho

Partido Socialdemócrata

128

VOTOS VÁLIDOS

69,205

VOTOS NULOS

1,876

VOTACIÓN 71,081 TOTAL EMITIDA

Ciento veintiocho Sesenta y nueve mil doscientos cinco Mil ochocientos setenta y seis Setenta y un ochenta y uno

mil

e) Recurso de Reconsideración. En contra de la resolución anterior, mediante escrito de veinticuatro de agosto del mismo año, el Partido Acción Nacional,

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promovió recurso de reconsideración, mismo que fue radicado bajo el número de toca SAE/RR/PAN/010/2009. Señaló como agravios los siguientes: 1. Las

consideraciones

vertidas

en

el

considerando sexto de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia al declarar infundado el agravio relativo a la existencia de violaciones reiteradas, graves, generalizadas y determinantes. 2. De igual forma, el considerando séptimo, al

desestimar los planteamientos formulados en relación

con

las

casillas

que

estuvieron

integradas y funcionaron de manera indebida. 3. Asimismo, lo expuesto en el considerando

octavo,

al

desestimar

los

planteamientos

formulados por el partido político actor en relación con aquellas casillas en las que resultó un mayor número de votos que de electores, así como la negativa de facto para realizar un nuevo escrutinio y cómputo. De igual forma, durante la tramitación del recurso de reconsideración, mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil nueve, compareció como tercero interesado la coalición “Unidos por Campeche”, a través de su representante, César Nahín López González.

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f) Resolución de la Sala Administrativa. El siete de septiembre del mismo año, la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, emite resolución como sigue: “PRIMERO. Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional, a través del ciudadano Julio Manuel Sánchez Solís, quien se ostentó como Representante Propietario de dicho Partido ante el Consejo Electoral Municipal de Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil nueve, dictada en el Expediente número JI/JI/15/PAN/2009, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, relativo al Juicio de Inconformidad, en el que se impugnó la Elección del Ayuntamiento de Carmen, Campeche; la Declaración de Validez y el Otorgamiento de la Constancia de Mayoría de la citada Elección a favor de la planilla conformada por la Coalición “Unidos por Campeche”, otorgada por el Consejo Electoral Municipal de Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su sesión del día ocho de julio del año en curso. SEGUNDO. Se CONFIRMA en todos sus términos la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil nueve, dictada en el Expediente número JI/JI/15/PAN/2009, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, relativo al Juicio de Inconformidad, en el que se impugnó la Elección del Ayuntamiento de Carmen, Campeche; la Declaración de Validez y el Otorgamiento de la Constancia de Mayoría de la citada Elección, a favor de la planilla conformada por la Coalición “Unidos por Campeche”, otorgada por el Consejo Electoral Municipal de Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su sesión del día ocho de julio del año en curso. TERCERO. Se CONFIRMAN el cómputo municipal en los términos de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil nueve, dictada en el JI/JI/015/PAN/2009, la Declaración de Validez de la Elección y el Otorgamiento

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de la Constancia de Mayoría de la Elección del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, aprobado por el Consejo Electoral Municipal de Carmen, Campeche, en su sesión del día ocho de julio del año en curso. […]”

II. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. a) Demanda. El doce de septiembre del año que transcurre, el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario, registrado ante el Consejo Municipal de Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución referida en el punto anterior. b) Trámite. Por oficio PAE/09/2009, de doce de septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente de la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, remitió a esta Sala Regional la demanda en comento, sus anexos, el informe circunstanciado y demás documentación relativa a la tramitación del medio de impugnación, misma que fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el quince siguiente. c) Tercero Interesado. Durante la tramitación, compareció con el referido carácter la coalición “Unidos por Campeche”, a través de su representante Cesar Nahín López González, alegando lo que a su derecho consideró atinente.

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d) Turno. Una vez recibidas las constancias de referencia, el mismo quince de septiembre, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, acordó integrar el expediente SX-JRC-28/2009, así como turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada Yolli García Alvarez, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-642/2009, emitido por el Secretario General de Acuerdos. e) Admisión y Cierre de Instrucción. El veintiuno de septiembre del año en curso, la Magistrada Instructora radicó y admitió a trámite la demanda del juicio de mérito, al satisfacer los requisitos formales previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo, se declaró cerrada la instrucción del juicio de mérito, dejando el asunto en estado de dictar sentencia, la cual ahora se pronuncia al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Regional correspondiente a la tercera circunscripción

plurinominal

electoral

federal

es

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los

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artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b) y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 1, inciso a), párrafo 2, inciso d), 4, párrafo 1, 86 y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, por tratarse de

un

Juicio

de

Revisión

Constitucional

Electoral,

promovido por un partido político en contra de una resolución emitida por la Sala Administrativa, erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, en relación a una elección de integrantes de un ayuntamiento de esa misma entidad. SEGUNDO.

Requisitos

de

la

demanda,

presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Previo al estudio de fondo del presente asunto,

se

procede

a

analizar

si

se

encuentran

debidamente satisfechos los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable. En ella consta el nombre y firma de quien promueve en representación del Partido Acción Nacional;

se

señala

domicilio

para

oír

y

recibir

notificaciones; se identifica el acto impugnado y a la

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autoridad responsable, siendo éste la resolución emitida en el Toca SAE/RR/PAN/010/2009, pronunciada por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes. 2. Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la resolución impugnada se notificó al partido político promovente el día ocho de septiembre de dos mil nueve y la demanda se presentó el doce siguiente. 3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un partido político. 4. Personería. El juicio fue promovido por conducto de su representante con personería suficiente para hacerlo, en términos del artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser el mismo representante propietario del Partido Acción Nacional quien interpuso el medio de impugnación local al cual recayó la resolución impugnada. 5. Actos definitivos y firmes. El requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución 12


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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, queda colmado en la especie, porque contra la resolución reclamada, no esta previsto ningún medio de impugnación en la legislación local. Lo antes expuesto también encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 023/2000 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, páginas 79 a 80, y cuyo rubro es DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SÓLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL; al tratarse el juicio de revisión constitucional electoral de un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no

sea

susceptible

de

revocación,

nulificación

o

modificación, ya sea porque entre otras causas, los contemplados en la ley sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador. 6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia se satisface, en virtud de que, para admitir a trámite la demanda del juicio que nos ocupa, no se requiere la demostración fehaciente de la violación a una

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norma constitucional, pues la satisfacción de tal requisito debe entenderse dentro de un contexto meramente formal, consistente en que en el juicio de revisión constitucional electoral se hagan valer agravios en los que se expongan argumentos encaminados a evidenciar la conculcación de algún precepto constitucional y, en el caso, la parte actora destaca la violación a los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto que se examina. 7. La violación reclamada puede ser determinante para el proceso electoral local. En el caso se cumple el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección. El partido demandante pretende que se revoque la resolución emitida en el Toca SAE/RR/PAN/010/2009, pronunciada por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, que a su vez confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatos, postulados por la coalición “Unidos por Campeche”, en el municipio de Carmen.

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La violación reclamada es determinante, porque el partido político impugnante aduce como agravio que la autoridad responsable desestimó los elementos de prueba aportados, así como exigió la aportación de probanzas excesivas e inusitadas para acreditar la sistemática violación al modelo de comunicación política, así como la omisión de resolver cuestiones de fondo, por lo que de resultar fundado el motivo de agravio, daría lugar a la revocación de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla de candidatos de la Coalición “Unidos por Campeche” 8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. Los requisitos contemplados en los incisos d) y e) del indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales; así tenemos que la violación reclamada es reparable toda vez que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Campeche, el ayuntamiento de Carmen, tomará posesión el primero de octubre de dos mil nueve, por ende, existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio de impugnación sea reparada antes de dicha fecha. Encontrándose satisfechos los requisitos para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, y

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toda vez que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al examen de fondo de la controversia planteada. TERCERO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los argumentos planteados en la demanda respectiva, es importante destacar, que la naturaleza extraordinaria del juicio

de revisión constitucional electoral implica el

cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, inciso d), y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En este sentido, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia para el caso de deficiencia en la expresión de agravios, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto Derecho, que impide a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los conceptos de agravio del incoante, imponiendo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el imperativo de resolver la controversia con sujeción

estricta

enjuiciante.

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a

los

agravios

expuestos

por

el


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Ello en virtud que si bien se ha admitido que la expresión de agravios puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. Lo anterior con sustento la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, de rubro: "AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21-22. Por lo anterior, los conceptos de agravio deben estar encaminados a desvirtuar todas y cada una de las consideraciones o razones, de hecho y de Derecho, que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir la sentencia

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ahora reclamada, esto es, el demandante debe hacer patente que los argumentos en los cuales la autoridad enjuiciada sustentó el acto reclamado, conforme a los preceptos jurídicos que estimó aplicables, son contrarios a Derecho. La pretensión del partido es revocar la sentencia emitida por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y que esta Sala declare la nulidad de la elección, de la declaración de validez y de la constancia de mayoría a la candidata de la coalición “Unidos por Campeche” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza. Los agravios en esencia, cuestionan la valoración de las pruebas y lo concerniente a la imposibilidad para ofrecer las narradas por la responsable de primera instancia, pues estima que se debieron llevar a cabo diligencias para mejor proveer, al ser la validez o nulidad de una elección una cuestión de orden público e interés general, por lo cual, solicita con fundamento en el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que en plenitud de jurisdicción esta Sala Regional se allegue de los elementos de convicción que considere necesarios para la resolución de fondo de este asunto.

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Los agravios es posible agruparlos esencialmente en tres temas: 1) Falta de exhaustividad de la responsable en atender sus agravios relativos a la vulneración del “modelo de comunicación política” previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) Incorrecta valoración de pruebas y exigencia de pruebas imposibles de presentar por parte del actor. 3) Omisión de la responsable de realizar diligencias para mejor proveer. Lo anterior se estudiará a continuación: Falta de exhaustividad de la responsable en atender sus agravios relativos a la vulneración del “modelo de comunicación política” previsto en el artículo 41 de la Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos. El actor señala que hizo valer una infracción grave al principio de equidad con efecto determinante en la elección, con motivo de la participación inequitativa en la cobertura noticiosa de un medio de comunicación en el cual la candidata de la citada coalición es titular de la concesión, y no como lo apuntó la responsable, que se haya dolido del número de trasmisión de noticias, del pago de las mismas o de su autoría, y que lejos de exponer argumentos genéricos, sí expuso las consideraciones por 19


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las que el juzgado de primera instancia desestimó los planteamientos de nulidad sobre violaciones al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 Constitucional. Asimismo, se queja que la responsable evade el estudio de sus agravios, centrando su fallo en las consideraciones sobre la carga probatoria que el actor debió acreditar, en lugar de realizar una consideración exhaustiva de la irregularidad denunciada y su gravedad, sin tomar un criterio cualitativo de la violación constitucional reclamada. Sostiene el actor que la elección de integrantes del Ayuntamiento

de

Carmen,

carece

de

sustento

constitucional y debe ser anulada, en razón que se presentaron a lo largo del proceso electoral hechos que afectaron de manera sustancial la validez del proceso comicial, consistentes en la cobertura inequitativa, parcial y tendenciosa, de los programas noticiosos trasmitidos en las estaciones de radio conocidas como los “40 Principales”, y cuya concesionaria y directora general es la candidata a diputada por la coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, Aracely del Carmen Escalante Jasso, en detrimento del Partido Acción Nacional, infringiendo con ello el principio de equidad en los medios de comunicación. Por otra parte, la responsable sostiene que el actor se encontraba obligado a demostrar cuántas veces se

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trasmitieron las noticias para que pudiera acogerse su pretensión, esto porque en términos del artículo 516 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, le correspondía la carga probatoria; y aun cuando quedara acreditado que la citada candidata es la concesionaria de las estaciones de radio mencionadas, esa sola circunstancia no daba como plenamente acreditada la relación y la intervención de ésta en el contenido de la cobertura noticiosa acusada, y que no quedó acreditada su intervención, ni que por su condición de concesionaria y contendiente en el proceso hubiera violado

el

principio

de

equidad

o

el

modelo

de

comunicación política previsto en la Constitución y en el Código comicial local. De los argumentos vertidos por las partes, se advierte que el actor parte de una premisa errónea, en lo relativo al principio constitucional de equidad en la contienda tratándose de medios de comunicación, como se verá a continuación. Los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, en lo que interesa, que los Estados Unidos Mexicanos constituyen una república, democrática, representativa y federal, donde el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; la elección se logra mediante procedimientos que

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deben colmar determinadas condiciones para garantizar la validez de la renovación de las funciones públicas; las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, para considerarse que efectivamente constituyen un ejercicio popular de la soberanía. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio,

en

Ejecutivo,

Legislativo

y

Judicial.

Las

elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas

locales

y

de

los

integrantes

de

los

ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre; los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa. Asimismo, se establece en los procesos electorales, entre otros, el principio de equidad, para que los partidos políticos gocen de las prerrogativas necesarias para cumplir los fines asignados: fomentar la participación ciudadana en la vida política del país y como organización de ciudadanos, sean el medio para que éstos puedan ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos; asimismo en la contienda del proceso electoral es comprendido éste en el sentido que todos los participantes

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en el proceso electoral, lo hagan en las mismas condiciones. Por otra parte, en lo referente al esquema de acceso de los partidos políticos en los medios de comunicación, el diseño del nuevo sistema de comunicación políticoelectoral, establecido a partir de la reforma constitucional efectuada en el año dos mil siete, restringe el acceso oneroso de los partidos a la radio y televisión, regulando los tiempos oficiales destinados al Estado, y poniéndolos a disposición de los partidos políticos de asignaciones administradas de forma exclusiva por el Instituto Federal Electoral, garantizando la igualdad y proporcionalidad en el acceso a los medios de comunicación. Asimismo, prohíbe la difusión de propaganda electoral o promoción personal de servidores públicos a través de la propaganda gubernamental. Los artículos 41 y 116 Constitucionales, en su parte conducente, prevén el derecho de los partidos políticos a la equidad en materia de financiamiento y recursos para la realización de sus actividades y en el acceso a medios de comunicación social; así como que las constituciones y leyes de los estados, en materia electoral, garantizarán, según sus presupuestos, que los partidos políticos reciban financiamiento público, en forma equitativa, para su sostenimiento y durante los procesos electorales, que se propicien condiciones de equidad para el acceso a los medios de comunicación social.

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También, dentro de este reciente marco legal, el artículo 134 de la Ley Fundamental señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. De las anteriores disposiciones, se desprende que dentro

de

este

sistema

de

acceso

a

medios

de

comunicación para los partidos políticos participantes de un proceso

electoral,

tiene

la

finalidad

de

brindarles

condiciones para expresarse y participar en los asuntos públicos, ya que el flujo de las ideas, opiniones y críticas cuyas

manifestaciones

válidamente

se

dudaría

no de

queden la

garantizadas,

existencia

de

una

democracia. Este sistema ejerce sus efectos en dos vertientes: garantizar la igualdad de oportunidades entre competidores y proteger la expresión del sufragio popular, lo anterior encaminado al enriquecimiento de la democracia. El intercambio y la confrontación de mensajes de interés público, tiene una doble dimensión: social e

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individual, para consolidar corrientes de información estatal; y por otra parte, como ejercicio de reflexión para que cada elector se forme una idea clara e informada de la opción política de su preferencia, cuya condición es necesaria para la libre emisión del sufragio genuino. En este sentido, el artículo 41 Constitucional señala que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso

de

manera

permanente

de

los

medios

de

comunicación social; y el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales. También, que los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; y ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. De

esta

disposición,

relacionada

con

el

reconocimiento de la libertad de expresión e información, previsto en el artículo 6 Constitucional, conduce a la conclusión de que el objeto de la prohibición constitucional no comprende los tiempos de radio y televisión, que se empleen para la difusión de las distintas manifestaciones

25


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periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación. En el ámbito de la libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, puesto que el postulado abarca no sólo el derecho de los individuos a conocer lo que otros tienen que decir (recibir información), sino también, el derecho a comunicar información a través de cualquier medio. Cabe destacar que si bien no existen disposiciones legales que, con carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las entrevistas y, mucho menos, un tipo administrativo sancionador que sancione ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico, salvo en el aspecto que con situaciones de simulación que impliquen un fraude a la Constitución y a la ley. Lo anterior ha sido sostenido por la Sala Superior de este Tribunal en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-234/2009, SUP-RAP-239/2009,

SUP-RAP-240/2009,

SUP-RAP-

243/2009 y SUP-RAP-251/2009 . Esto es, que en realidad se realice la difusión de propaganda electoral, a través de los espacios noticiosos o entrevistas en medios de comunicación, distinta a la propaganda administrada por el Instituto Federal Electoral. Finalmente, en este orden de ideas, debe atenderse que la Constitución establece mandatos dirigidos a las autoridades en la materia, mismas que deben velar por su 26


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aplicación puntual, e imponen el deber a los demás sujetos a observar y acatar dichos mandatos dentro de una elección, para lograr las condiciones propicias a la emisión del sufragio. Al tratarse de mandatos constitucionales, éstos tienen el carácter de normas vinculantes en cuanto a su observancia, y dirigidas a la autoridad encargada de la organización y calificación de las elecciones; así como a los distintos partícipes del proceso electoral (partidos políticos,

candidatos,

ciudadanos,

medios

de

comunicación, entre otros). Atendiendo a los principios antes enunciados, puede establecerse

que

para

que

una

elección

pueda

considerarse libre y auténtica, deberá encontrarse ausente de todo tipo de conductas que afecten la libertad del sufragio y la equidad en la contienda electoral, y si éstas conductas irregulares impactan en los procesos comiciales, constituyen causa de invalidez de éstos, porque al vulnerar esas disposiciones lesionan el marco jurídico fundamental. Esto, porque además se afecta a la democracia, el ejercicio de la soberanía, los medios legítimos para renovar los cargos públicos, los derechos políticos, los mecanismos para ejercerlos y los instrumentos que los garantizan. En este sentido, un proceso electoral en el cual se demuestre la existencia de actos contraventores de la Constitución, no deben producir efectos, sino por el 27


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contrario, probados esos extremos debe aplicarse, como consecuencia normativa, la privación de validez del acto o resolución que se encuentre viciado. Acorde con estas premisas, es válido concluir que los actos o resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de la Ley Suprema deban ser anulados o revocados, a través de las instancias competentes y procedimientos aplicables. Sin embargo, atendiendo al principio de certeza consagrado en el citado artículo 41 Constitucional, las violaciones deben ser determinantes y con la gravedad suficiente como para concluir que existió una afectación irreversible en el proceso o en la jornada electoral, ya que debe prevalecer el ejercicio del derecho al sufragio y de participación del pueblo en la vida democrática e integrar la representación nacional, y en caso que no se acreditan las violaciones señaladas o bien no sean trascendentes, debe privilegiarse la conservación de las elecciones celebradas. Lo anterior, porque debe atenderse a que si la infracción a una norma jurídica, se trata de una conducta menor, es preferible dejar a salvo los efectos del acto por protegerse un bien jurídicamente mayor, como es la voluntad del electorado expresada en las urnas. En este sentido,

pretender

que

cualquier

infracción

de

la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la

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prerrogativa

ciudadana

de

votar

en

las

elecciones

populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Lo anterior encuentra sustentado en la tesis de jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE

LOS

ACTOS

CELEBRADOS.

SU

DETERMINACIÓN

DE

PÚBLICOS

VÁLIDAMENTE

APLICACIÓN LA

NULIDAD

EN DE

LA

CIERTA

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231 a 233. Asimismo, siguiendo el criterio orientador de la Sala Superior, en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC165/2008, debe atenderse que para poder determinar la actualización de la invalidez de una elección con basamento en la vulneración de principios o preceptos constitucionales, resulta necesario que en forma sucesiva se analice la actualización de los presupuestos siguientes: a) La exposición de un hecho que se estime violatorio de algún principio o precepto constitucional; b) La comprobación plena del hecho que se reprocha;

29


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c) El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional haya producido dentro del proceso electoral; y d) Determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate. Con relación a los dos presupuestos primeramente señalados, cabe señalar que corresponde a la parte impetrante exponer los hechos que estime infractores de algún principio o precepto constitucional, y aportar todos los medios de convicción que estime pertinentes y necesarios para acreditar el hecho que invoque. En todo caso, una vez demostrado el hecho que se aduzca contrario a la constitución, corresponde al tribunal calificarlo para establecer si constituye una irregularidad al encontrarse en oposición a los mandamientos de dicha norma. Ahora bien, en la especie, el actor pretende que se anule la elección, porque en su parecer, la responsable no atendió los señalamientos vertidos en el sentido de que la irregularidad denunciada, y que a su parecer afectó de manera decisiva en el resultado de la elección en el ayuntamiento de Carmen, consistente en la intervención en el proceso de la estación radiodifusora con mayor audiencia en la localidad, conocida como “Los 40 Principales”, cuya concesionaria era la candidata de la 30


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coalición

integrada

por

el

Partido

Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza; ya que en sus noticieros trasmitidos en dos frecuencias, brindaron al electorado una imagen negativa del Partido Acción Nacional, en beneficio de la citada candidata. En

su

intervención,

parecer, permite

la

sola

considerar

acreditación una

de

esta

vulneración

al

principio de equidad consagrado en el artículo 41 Constitucional, y por tanto, esa sola infracción tiene un carácter grave y trascendente que amerita la nulidad de la elección; y se queja que la responsable evade el estudio de sus agravios, centrando su fallo en la carga probatoria que el actor debió acreditar, y que no existe un análisis del criterio cualitativo de la violación constitucional reclamada. Sin embargo, no es de acogerse su pretensión, ya que el actor no acredita una vulneración al principio constitucional que invoca, de un hecho que se estime violatorio de algún principio o precepto constitucional. En efecto, el enjuiciante parte de la idea errónea que los programas noticiosos quedan comprendidos en los tiempos de radio y televisión a que hace referencia el artículo 41 de la Constitución General para la difusión de su propaganda política y electoral, mismos que la autoridad administrativa electoral administra a los partidos políticos y sus candidatos.

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En este sentido, el principio de equidad en el acceso a medios de comunicación que establece la Carta Magna, se refiere en principio a la distribución de la propaganda electoral en medios electrónicos. Esto es, porque dicho precepto constitucional prevé que el Instituto Federal Electoral debe fungir como la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado para sus propios fines y el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acceder en condiciones de equidad a los medios de comunicación electrónicos; además de establecer la prohibición de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas. La disposición prevista en el precepto constitucional citado no comprende las manifestaciones que se realizan a través del ejercicio de la libertad de expresión e información de los medios de comunicación electrónica, porque la ley no lo prevé así, y que en todo caso, la cobertura que hagan los noticieros de radio o televisión a las actividades del proceso electoral, así como a los partidos políticos y sus candidatos, se trata de una actividad propia de la difusión de ideas a través de periodistas y comentaristas, dentro del ámbito de libre expresión de pensamiento e información. El actor señala que una estación de radio destinó tiempo de trasmisión, simulando el ejercicio de una cobertura noticiosa, el libre comentario o la trasmisión de

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comentarios del público, pero que en realidad intervino como agente de la contienda electoral, y a favor de la candidata de la coalición ganadora. Si bien desde la instancia primigenia adujo el contenido de algunos de los programas noticiosos referidos, destacando el contenido de los mismos, parte del argumento que la cobertura noticiosa es inequitativa porque se destina mayor tiempo a la candidata de la coalición, que a los candidatos del Partido Acción Nacional, además de apuntar que en los comentarios editoriales, y reportajes, se ofrece una mejor imagen de la candidata y no así de los otros candidatos; sin embargo, se advierte que en principio estas acciones son realizadas en ejercicio de la libertad que expresión que tienen los periodistas, mismos que quedarían en libertad de destinar un mayor o menor tiempo a los hechos y acontecimientos que den noticia, así como de sus opiniones editoriales, así como de trasmitir las expresiones del público radioescucha. Lo anterior, porque el comunicador o periodista en principio, en su intención de informar al público, acude a aquellas noticias que interesen al mayor número de personas y contribuyan a su educación y formación, siempre que no sean contrarias a la dignidad de la presiona, ni pongan en peligro su integridad física o intelectual, así como de la colectividad.

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Por otra parte, también no pasa desapercibido el hecho que los medios de comunicación tienen la capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos relevantes, cuentan con la ventaja de repetir y ampliar las informaciones

sin

límites

precisos,

pueden

adoptar

posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho la agenda política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, resaltar u opacar datos e informaciones, e incluso tienen la posibilidad de cuestionar las acciones de gobierno, entre otras acciones. Así, los medios de comunicación tienen un especial deber de cuidado, respecto del principio de equidad en materia electoral, cuya observancia es indispensable para la protección de los derechos sustanciales de votar libre e informadamente, y ser votado en condiciones de equilibrio competitivo. Los

medios

de

comunicación

también

están

obligados a respetar el principio de equidad en la contienda, en el ejercicio de su actividad, evitando cualquier propaganda denostativa y los límites temporales para tales actividades, cuya inobservancia constituye un acto que afecta al debido desarrollo de los procesos electorales y a su resultado, por violentar la libertad del voto de los ciudadanos, quienes se ven influenciados, o por lo menos inducidos, para votar en determinado sentido.

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En

este

contraviniendo

sentido, los

una

anteriores

cobertura principios,

noticiosa en

forma

sistemática, podría equiparse también a una conducta fraudulenta a la ley, ya que significaría un abuso del derecho para influir en la opinión de la gente en general, cuando no sólo se limitan a dar información sino cuando también la califican o asumen una posición determinada ante ella. En este orden de ideas, y en análisis del caso concreto, se advierte que el promovente señala que durante la trasmisión de los programas noticiosos se vertía un favoritismo a la cobertura de la candidata de la coalición “Unidos por Campeche” así como una opinión desfavorable al Partido Acción Nacional y sus candidatos; sin embargo, no aporta elementos suficientes para estimar que esta conducta fuera desplegada en la totalidad de los programas trasmitidos, ya que se limitó a aportar las grabaciones y trascripciones de algunos de ellos, y no de todos los comunicados durante el periodo que aduce. Tal y como lo razonó la responsable, en el mejor de los supuestos, se acredita la trasmisión de una parte de la programación de los programas noticiosos, y no la totalidad de los programas radiales durante todo el proceso electoral; situación que no controvierte en esta instancia. Asimismo, ante esta falta de acreditación, no puede desprenderse que durante la totalidad del proceso, se

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realizó propaganda encubierta o manifestaciones tales como difamación, calumnia o denostación hacia el partido político o sus candidatos, situaciones que excedían la libertad de expresión prevista en el propio artículo 6 de la Constitución General. A su vez, el actor no aportó los elementos suficientes para poder estimar que existió una inequidad en la cobertura noticiosa por sí misma, ya que no allegó a las instancias locales elementos que permitieran establecer un parámetro entre el desarrollo de sus actividades de campaña, como de las realizadas por la coalición y su candidata, y la información que sobre ella dieran los programas noticiosos radiales. En efecto, el partido debía aportar la totalidad de las actividades que realizó, así como las de su candidato, información que se encontraba a su alcance, para así poder partir de una cantidad determinada de actividades, y que sobre éstas se efectuó o no una cobertura informativa acorde a las mismas; y que en contraste, por ejemplo, que los eventos realizados por la coalición y su candidata fueron menores y reportados en la radiodifusora en exceso, en detrimento de la parte actora. Por lo que debía proporcionar a la autoridad local elementos que le permitiesen advertir que la cobertura noticiosa inequitativa en la estación radial no correspondía a la totalidad o relevancia de los actos realizados por el

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Partido Acción Nacional, en contraste con los eventos reportados por la coalición “Unidos por Campeche”, ya fueran en su totalidad; o bien, en algunos importantes que fueran equivalentes para ambos, como por ejemplo, una cobertura dispar en los actos de inicio y cierre de campañas. En este sentido, resulta correcto lo señalado por la responsable, que no se acreditaba que la presunta conducta denunciada, porque no aportó elementos para poder medir la inequidad en la cobertura noticiosa. Consecuentemente resulta infundado el agravio. Incorrecta valoración de pruebas y exigencia de pruebas imposibles de presentar por parte del actor. El Partido Acción Nacional señala que se aportaron diversas probanzas para acreditar la violación grave y sistemática del modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional, siendo que la responsable les dio solamente carácter indiciario a los discos compactos, y que se le exige aportar pruebas con carácter inaudito y desproporcionado, al señalarle que debía presentar un muestreo general de todos los medios de comunicación social con cobertura en el estado de Campeche, lo cual está fuera de su alcance. Asimismo, que sí se expresaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los contenidos

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de las grabaciones aportadas en discos compactos, y que fue incorrecta la afirmación de que le correspondía al actor la carga de la prueba para acreditar los hechos constitutivos y que la autoridad señale cuáles son las únicas pruebas idóneas para acreditar la violación constitucional que adujo. En el fallo reclamado, la responsable sostuvo esencialmente, en lo conducente, que en los conceptos de agravio del promovente no se advertía argumento alguno dirigido a controvertir las consideraciones contenidas en la sentencia impugnada, limitándose a exponer argumentos genéricos, ya que no se encaminaban a desvirtuar las consideraciones de hecho y de derecho que la autoridad responsable, el Juzgado Primero, realizó en la sentencia. Señala que si bien el actor refiere que aportó tres discos compactos, una carpeta, y diversas trascripciones de las trasmisiones de las estaciones de radio 1030 de amplitud modulada y 100.5 de frecuencia modulada, con cobertura en el estado de Campeche y concesionadas a Aracely del Carmen Escalante Jasso, candidata de la Coalición “Unidos por Campeche” en la elección municipal de Carmen; que manifestó que en la resolución impugnada se le impone una carga probatoria ajena a la litis principal,, que consistía en probar la existencia, condiciones, horarios, efectos y consecuencia de la realización de prácticamente todos los actos públicos de campaña del Partido Acción Nacional en la elección municipal de

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Carmen, situación que lo dejaría en estado de indefensión, además que la carga probatoria que se le pretende imponer es prácticamente imposible de cumplir, porque se trataría de una información de muy difícil acceso para los particulares, y que sí probó la existencia de una violación grave y sistematizada del “modelo de comunicación política” que ordena la Constitución General, y que a juicio de la responsable lo cierto es que, el actor no controvirtió los razonamientos del juzgado de primera instancia que tuvo para concluir como no acreditada la violación reclamada. Asimismo,

señala

que

los

discos

compactos

ofrecidos, se les dio valor indiciario, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 517 y 519 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, y con la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, PERTENECEN

de AL

rubro

“PRUEBAS

GÉNERO

TÉCNICAS.

DOCUMENTOS,

AUN

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”, y que estas probanzas, generan un leve

indicio de los hechos que quería probar el actor; y que ello no constituye prueba plena de que se haya realizado de forma generalizada la actividad, puesto que no se proporcionaron los elementos probatorios suficientes que acreditaran las circunstancias de tiempo, modo, lugar y alcance de la misma, elementos sin los cuales no era

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posible advertir el perjuicio y afectación con la conducta denunciada. De igual forma, en la sentencia reclamada, se señala que la pretensión del actor iba encaminada a demostrar la irregularidad consistente en la existencia de violaciones reiteradas y graves a la Carta Magna, en particular a la violación al principio constitucional de equidad en la contienda,

en

los

medios

de

comunicación,

específicamente en las dos radiodifusoras conocidas como “Los 40 Principales”, y ante tal pretensión, el juzgado electoral le exigía al actor que demostrara el número de radiodifusoras que trasmiten en el municipio de Carmen, la programación que en los mismos se realizan, la frecuencia y los niveles de audiencia de cada uno de ellos y principalmente, si en el contenido de los mismos programas

se

desprendía

la

preferencia

por

un

precandidato, candidato, partido político o coalición, o bien animadversión, para poder establecer el tratamiento desigual en detrimento de su representado, así como el impacto que generaba en los habitantes del municipio de Carmen, y acreditar la inequidad aludida, en los espacios noticiosos que denunciaba. Consecuentemente, tal como lo afirmó el juzgado de primera instancia, el actor tenía la carga probatoria para demostrar ese hecho, y acreditarlo a través de un muestreo general de todos los medios de comunicación social con cobertura en el citado municipio.

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Por último, la responsable destaca que el actor no combate lo determinado por el juzgado electoral que las pruebas que ofreciera el impetrante no fueron suficientes para evidenciar la trasgresión al principio de equidad por parte de las trasmisiones de las emisiones radiofónicas de “los 40 Principales”, ya que sólo aportó el 10.34% del total de las emisiones de los programas, y no como aduce, la totalidad de la programación de las estaciones aludidas. Por lo que establece que tal como lo señaló la primera instancia, el promovente no demostró cuántas veces fueron trasmitidas las noticias, si eran pagadas y quién o quiénes pagaron dicha trasmisión, quién fue el autor de las notas, cual es la cobertura del medio, para poder conocer el impacto al electorado del municipio de Carmen, y que también fue omiso en evidenciar que era suficientemente representativo y decisivo la programación del medio de comunicación, tal como el nivel de audiencia. También que no era suficiente que el actor enuncie que hubieren hechos violatorios a las disposiciones constitucionales y legales, a través de los medios electrónicos de comunicación, sin aportar los argumentos pertinentes, refutando las consideraciones previstas en la primera instancia jurisdiccional. Precisados los argumentos de las partes, esta Sala Regional concluye que no le asiste la razón al actor, por las siguientes razones:

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Atendiendo al derecho procesal electoral, en su concepción más generalizada, la prueba es definida como todos aquellos actos que las partes realizan en un procedimiento, con la finalidad de obtener el cercioramiento de los hechos controvertidos, y en particular, como los instrumentos o medios que las partes emplean para lograra tal verificación, a cargo del juzgador. En este sentido, existe el principio general del derecho, recogido en diversos ordenamientos procesales, que son objeto de prueba los hechos controvertidos; y en este sentido, le corresponde a las partes demostrar lo afirmado. La denominada “carga de la prueba” representa el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio necesario al juzgador para formar su convicción sobre los hechos alegados por las mismas. Estos principios se plasman en los artículos 515 y 516

del

Código

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales para el Estado de Campeche, así como en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismos que disponen que son objeto de prueba los hechos controvertibles; y quien afirma está obligado a probar; también lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

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Respecto de los medios de prueba y su valoración, el derecho procesal electoral prevé un sistema que enuncia el catálogo de pruebas que pueden ser admitidas dentro de los procesos contenciosos, así como reglas para su tasación, combinados con un margen de apreciación basada en la experiencia y crítica del juzgador. En este sentido, los artículos 517, 518 y 519 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, así como el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; y tratándose de las documentales privadas, las técnicas,

las

actuaciones,

presuncionales,

la

instrumental

de

confesional,

la

testimonial,

los

la

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

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Atendiendo a estas consideraciones, se advierte que, contrario a lo manifestado por el actor, la responsable resolvió correctamente que las pruebas presentadas tenían el carácter de indicios de la presunta infracción cometida al marco constitucional que manifiesta. En efecto, de lo expresado por el promovente, y de las constancias que obran en el mismo, se presentaron pruebas técnicas, consistentes en discos compactos con audio y trascripciones del contenido de trasmisiones de programas de radio, así como una documental privada consistente en una impresión de Internet del portal del grupo

parlamentario

del

Partido

Revolucionario

Institucional, donde figura la trayectoria de Aracely del Carmen Escalante Jasso, como directora general y concesionaria de las estaciones radiales emisoras de los programas que denuncia, así como una queja presentada ante la autoridad electoral, por la presunta infracción del marco legal, en lo referente a la trasmisión y contenido de los programas noticiosos radiales de “Los 40 Principales”. Las anteriores probanzas, en lo referente a las grabaciones, tal como lo razonó la responsable, se tratan de documentales técnicas, y atendiendo al citado marco normativo, que por sí mismas no generan prueba plena de su contenido; así como las trascripciones aportadas en una carpeta, que se tratarían de documentales privadas, pero es de destacarse que la responsable también señaló que la

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presunta violación que aduce, no se satisfacía con estos elementos probatorios. Esto en atención a que la responsable señaló que no bastaba con la acreditación de la trasmisión de programas trasmitidos por radio, para acreditar la infracción al principio constitucional de equidad, sino que al actor le correspondía acreditar

que

esa

trasmisión

era

suficientemente

representativa y decisiva, para demostrar un tratamiento inicuo y que fuere determinante en el proceso, como sería el nivel de audiencia. Se advierte que la responsable razonó que al actor le correspondía, como titular de la carga de la prueba, demostrar con elementos suficientes, que la irregularidad era determinante para el resultado de la elección, y que tal como lo había razonado la instancia anterior, a manera de ejemplo, el actor no demostró, cuántas veces fueron trasmitidas las denuncias, y fueron adquiridas, la cobertura del medio, para poder partir de elementos objetivos para acreditar, fehacientemente, una violación constitucional con el carácter suficientemente determinante para declarar la nulidad solicitada. En este sentido, contrario a lo sostenido por el actor, la responsable sí valoró las probanzas técnicas ofrecidas y les dio correctamente el carácter de indicios; atendiendo al marco normativo electoral local y federal, dichos probanzas por sí mismas no acreditarían la conducta denunciada, que

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era una cobertura inequitativa en los espacios noticiosos de las estaciones radiales señaladas. Esto, porque como se menciono en párrafos anteriores, no aportó elementos tales como el reporte de las actividades desplegadas durante el proceso electoral, y la totalidad de los programas radiales noticiosos durante el mismo, para poder contar con un parámetro para establecer la inequidad a favor de la coalición citada. Por otra parte, si bien se aportaron otras probanzas, consistentes en la impresión de la página de Internet con información difundida por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instrumentos notariales que certifican la impresión de información contenida en la página de Internet de la Comisión Federal de

Telecomunicaciones,

así

como

el

documento

consistente en el acuse de una queja electoral, con tales medios de prueba se acreditarían en todo caso la titularidad de la concesión y la presentación de una queja ante el Instituto Federal Electoral, pero no la comisión de la conducta infractora al marco constitucional imputada a la emisora de radio. Asimismo, el actor se equivoca al considerar que la responsable le señaló cuáles eran los medios de prueba exclusivos para acreditar la violación legal aducida, ya que ésta, al estimar insuficientes las pruebas para acreditar el

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impacto en el electorado de la violación constitucional que adujo, precisó que el recurrente debía aportar elementos que permitiesen establecer el impacto y determinancia hacia los electores, tales como un muestreo general de los medios de comunicación, con cobertura en el municipio del Carmen. Sin embargo, la Sala Administrativa lo señala de forma ejemplificativa, ya que lo importante, como se desprende de la lectura integral de la sentencia recurrida, era presentar medios probatorios idóneos para acreditar el el

contenido

de

los

programas,

y

en

su

caso,

posteriormente, la difusión, alcance y trascendencia en los votantes para efectos de valorar la determinancia. Ahora bien, tal y como se expuso anteriormente en el análisis del agravio anterior, el actor debía acreditar la existencia de la violación recurrida, que en la especie, se hubiese tratado de una infracción sistemática al principio de equidad en cuanto a la difusión de sus actividades de campaña, en cuanto a una omisión o desproporcionalidad de las notas informativas, que en ella existiera propaganda disimulada o una denostación o afectación al actor, y que fuera esto una constante de la radiodifusora, durante el proceso. Situación que no ocurre, ya que no aportó elementos tales como, a manera de ejemplo, la reseña de las actividades de campaña realizadas por él mismo, así como el haber solicitado por escrito a la radiodifusora la totalidad de las trasmisiones del período de tiempo del cual se duele

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existió la conducta anómala, para que en su caso ante su negativa fueran requeridas por la responsable; que la realización de éstas actuaciones estaba en su poder, y que no pueden considerarse como imposibles o excesivas. Por ende, toda vez que de conformidad al marco legal, le corresponde al promovente probar con los elementos necesarios sus afirmaciones, y que en la especie, la responsable sostuvo tal principio en su fallo, resulta infundado el agravio vertido por el actor, ya que a este le correspondía en todo caso la carga probatoria de su medio de impugnación. Omisión de la responsable de realizar diligencias para mejor proveer. El actor se duele que la responsable sólo le dio carácter indiciario a los discos compactos, y que se convalidó la negativa del juzgado electoral de primera instancia de llevar a cabo diligencias para mejor proveer, aduciendo que la realización de éstas constituía un elemento toral para constatar las violaciones sobre el modelo de comunicación, siendo un deber a su cargo, y que el en particular se justificaba su realización, toda vez que no tenía ni podía contar con el acceso a una serie de probanzas que se encontraban

en

poder

de

particulares,

como

son

trasmisiones radiales. La responsable, en la sentencia reclamada sostuvo en lo conducente que el hecho que el juzgado de primera 48


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instancia no haya ordenado la práctica de diligencias para mejor proveer, como refiere el actor, no irroga perjuicio al mismo en tanto que esa posibilidad es una facultad potestativa del órgano resolutor, cuando considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver, según lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las tesis jurisprudenciales de rubros: “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER”

y “DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR”.

En el caso particular, esta Sala Regional establece que no le asiste la razón a la parte actora, ya que, como lo precisó la responsable, tanto ella como el juzgado de primera instancia, no se encontraba obligada a realizar diligencias para mejor proveer, máxime para subsanar las ausencias en la presentación de elementos probatorios para sostener sus afirmaciones. En efecto, las diligencias para mejor proveer constituyen una atribución potestativa del órgano resolutor, que sirve para despejar las dudas que se le presenten para decidir una controversia. Dicha facultad se prevé en el artículo 21, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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En este tenor, si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede considerarse como una afectación al derecho de defensa de los promoventes de un medio de impugnación, al constituir una facultad potestativa de la autoridad que conoce de un conflicto. Lo anterior se ha sustentado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR", consultable en Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 103. Por lo anterior, se deduce que esta atribución tiene el propósito de permitir al juzgador allegarse de elementos y dilucidar dudas que le impiden formarse una convicción total sobre los medios litigiosos, pero no para sustituirse en las cargas concernientes a las partes. A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador el emanado de Tribunales Colegiados de Circuito en materia civil: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. ALCANCE DE LA FACULTAD DE ORDENARLAS. La facultad de practicar diligencias para mejor proveer no entraña una obligación sino que es una potestad para los jueces y esa facultad no llega al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

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Amparo directo 105/88. Gilberto Corona Guerrero. 18 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. No. Registro: 211,377 Tesis aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994 Tesis: VI.2o.111 C Página: 554

Esto, porque como se ha mencionado anteriormente, en el derecho procesal electoral opera el principio de carga de la prueba, por el cual se obliga a las partes el aportar los elementos que sirvan para sostener sus afirmaciones; y que por ende, impide que el juzgador introduzca elementos distintos a los presentados por las partes. Asimismo, el oferente tiene la carga de adjuntar a la demanda el medio de convicción con el cual se demuestre la

solicitud

de

las

pruebas

a

las

instancias

correspondientes, para que en su caso, el juzgador las requiera, si no les fueron entregadas; tal como lo dispone el artículo 497 fracción VI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, así como el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En el caso particular, el partido político actor no demuestra

haber

presentado

ante

las

autoridades

competentes o ante la radiodifusora la solicitud de las probanzas que estimaba necesarias, a fin de que le fueran

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proporcionadas, ni algún otro medio de convicción que demuestre tal circunstancia. Asimismo, no basta la argumentación que vierte que como particular no puede solicitar las pruebas, toda vez que la ley permite que, en caso que se le niegue la información

solicitada,

la

autoridad

electoral

pueda

requerirla, siempre y cuando acredite que la solicitó oportunamente; incluyendo a particulares, mismos que se encuentran obligados a prestar a la autoridad electoral la información que cuente, tratándose de cuestiones de orden público. Lo anterior, de conformidad con el artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

mismo

que

dispone

que

las

autoridades

federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán

sancionados

en

los

términos

del

propio

ordenamiento. Por lo anterior, deviene infundado su agravio. Por último, no es procedente la petición que esta Sala Regional se allegue de los elementos de convicción que 52


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considere necesarios para la resolución de fondo de este asunto, ya que, como se mencionó, correspondía al actor la carga probatoria para poder determinar en su caso, la infracción a un principio constitucional y su resultado negativo en la elección, desde la primera instancia que dio origen al presente juicio de revisión constitucional electoral. En consecuencia, lo procedente es confirmar la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se confirma la resolución de siete de septiembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, dictada en el recurso de reconsideración bajo el número de toca SAE/RR/PAN/010/2009. NOTIFÍQUESE personalmente al actor y al tercero interesado en el domicilio señalado en autos para tales efectos

a

través

de

la

responsable;

por

oficio,

acompañado con copia certificada de esta resolución, a la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia; al Consejo Electoral Municipal de Carmen y al Consejo General del Instituto Electoral, todos del Estado de Campeche; y, por estrados, a los demás interesados, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28, 29 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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Devuélvanse los documentos atinentes a la autoridad responsable,

y

en

su

oportunidad,

archívese

este

expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral

del

Poder

Judicial

de

la

Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Claudia Pastor Badilla quien hace suyo el proyecto, Judith Yolanda Muñoz Tagle y Víctor Ruiz Villegas en calidad de Magistrado por Ministerio de Ley, ante la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, quien autoriza y da fe.

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Setencia del Tribunal Federal  

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