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editado por:

Universidad Nómada

http://www.universidadnomada.net Reconocimiento-CompartirIgual CC BY-SA

Queremos dedicar esta publicación a Ramón Fernández Durán, amigo, compañero y maestro involuntario de las personas que formamos la Universidad Nómada. Con Ramón hemos aprendido y aprendemos la inteligencia tenaz aplicada a la subversión, la dulzura y la gracia fundidas en la ética militante más insobornable y despierta. Gracias Ramón, besotes para siempre.

Son más de tres años de la época de la crisis económica global.

Es tiempo suficiente para reconocer que las soluciones propuestas por arriba no hacen más que empeorar la situación día tras día. El creciente malestar que surge en Europa contra las llamadas medidas de austeridad y de recortes contra las políticas de bienestar —que la ciudadanía observa con perplejidad cuando se producen a la par del saqueo de la vida por parte de la economía financiarizada— dan lugar a expresiones cada vez más elocuentes de nuevas formas de agregación y gramática política. El lema que las acompaña es, con declinaciones diversas, “nos roban el futuro”. Impugnan a la política tal y cómo hoy la conocemos, incluida la izquierda que, atrapada entre la nostalgia y la melancolía, se muestra incapaz de salir de sus bucles. Los textos que se proponen en el dossier se insertan en la coyuntura que hoy vivimos. Pretenden de situarse en nuestra época, pero no desde el lamento o desde la impotencia, sino apuntando reivindicaciones —los nuevos derechos, los comunes— que actualizen una nueva política capaz de juntarnos, de encontrarnos y por tanto de construir un presente y un futuro infinitamente mejor que el actual. \*\\\

Contenidos: Construir, defender, hacer ciudades sin fronteras Instituciones anómalas contra el expolio de lo común. La lucha por el derecho a la ciudad en tiempos de crisis Financiarización, refeudalización y luchas contra la deuda Manifiesto de los comunes. Por nuevos derechos sociales Class war now. Just do it! La red como máquina política Enjambres contra la sindecencia

Derechos, común, nueva política Crisis y crisis de la política. Más allá de la nostalgía y la melancolía

Construir, defender,

P

hacer ciudades sin fronteras

ensar en Europa y sus fronteras, no sólo es pensar en las líneas que demarcan los límites territoriales de los estados. Es poner el foco en una gama de dispositivos de control que se reproducen también dentro de nuestras ciudades. No en las fronteras que imposibilitan a todo o nada entrar o no entrar en los países de la UE, como si de fortalezas se tratase. Son, en todo caso, las técnicas que gestionan de una manera específica la diferencia. Esto es, gobernar apuntando y defendiendo el acceso desigual a los derechos, generando así prácticas que conllevan a la producción de miedos y de distanciamiento del conflicto del otro y estableciendo políticas que naturalizan la persecución del diferente y el estigma de no contar con el estatus requerido para habitar nuestras ciudades. En definitiva, un tipo de gobierno que gestiona la diferencia desde discursos y prácticas que apuntan a la segmentación en lo social, a la estratificación en el acceso, a la generación de miedo al otro y a la individualización del conflicto en un escenario de recortes de derechos sociales y laborales y desmantelamiento de los viejos estados de bienestar. Este endurecimiento de las políticas migratorias europeas tienen un marcado tinte securitario, tanto discursiva como materialmente, profundizando un tipo de política de restricción de derechos y libertades de

los migrantes. Queda en el tintero el debate sobre la ciudadanía. ¿Qué hace a una persona más ciudadana que a otra? ¿Por qué existe una diferencia de acceso a los derechos entre los que habitan una tierra por haber nacido o no en ella? ¿Qué hay detrás de gobernar los recursos y los derechos desde esa estratificación en lo social y lo laboral? En ese contexto, surge el desafío, el reto político, de la reivindicación de ciudades sin fronteras. Cada vez es más habitual encontrar dispositivos de control, algunos más visibles otros menos, en nuestras ciudades. No es nada extraño ver en las estaciones de metro, en las paradas de autobuses, en los locutorios, en las sedes de consulados y embajadas o en las discotecas, controles racistas de identidad. Forma parte ya del paisaje urbano como ciudadanos de determinadas características físicas son identificados y trasladados a comisaría por meros motivos de fenotipo, aspecto o color de piel. Tampoco deja de ser ya extraño en el escenario cotidiano el recorte o la denegación de derechos que atañen a esa inclusión diferencial que hoy permiten las legislaciones europeas. Bajo el paradigma de la escasez hoy se deniegan empadronamientos, elemento necesario para la adquisición de derechos en el campo de la salud y la educación. O aún peor, la utilización cruzada de datos personales que surgen del empadronamiento para localización de personas en

situación irregular. Desde arriba surge el endurecimiento enunciativo y operativo en las políticas migratorias. Así, exigen, acuerdan y elaboran leyes más restrictivas para los ciudadanos migrantes. Ejemplo de estas apuestas es el planteamiento del convenio de integración. Mención especial merecen los CIE (Centros de Internamiento para “Extranjeros”) como un espacio más del régimen de fronteras internas de la UE. Son el último eslabón donde puede quedar truncada la experiencia migratoria. Los CIE establecen la institucionalización de la excepcionalidad. Sin embargo, nada empieza y acaba en un CIE en lo que hace a ausencia de derechos, garantías y libertades. Es decir, hay frontera cuando a una persona que no puede regularizar su situación porque la propia ley lo inhabilita, cuando se le condiciona a trabajar más y por menos dinero; cuando el sistema de protección social no es el mismo según su situación administrativa. Y se profundiza esa frontera cuando, cada vez más, no es ya un hecho aislado sino cotidiano la sistematización de los controles de identidad en el espacio público. Estas asimetrías en el reparto confrontan una decisión, una toma de posición. La que defendemos, con muchos y muchas otras, es la irrupción que permita tejer, política y afectivamente, con aquellas personas que quedan atrapadas en esa frontera. Aún en lo complejo de la


construcción de un tejido diverso, muchas experiencias políticas apuestan por experimentos singulares que toman la calle y la palabra. Son muchos los espacios colectivos que trabajan contra este régimen de fronteras y para romper la inclusión diferencial. Estas nuevas formas de intervención política se configuran a través de un amplio abanico de técnicas de resistencia creativa: denuncia de check points en las ciudades, apoyo en las detenciones, talleres de formación sobre derechos, elaboración de informes, presión ciudadana, desobediencia a los controles de identidad, autoorganización mestiza, producción de espacios reales de libertad en el territorio,…Estas experiencias de lucha se dan con recurrencia haciendo de la mezcla, la apuesta. Hoy lo obvio se hace necesario: no puede haber lucha en defensa del reparto igualitario sin comunidad mestiza defendiéndola. A través de la práctica de ese amplio abanico de experiencias asociativas en los contextos urbanos, se leen de forma explícita los derechos a defender y a conquistar: derecho a formar parte de las ciudades en igualdad de condiciones; derecho a moverse libremente por ellas; derecho a un reparto igualitario de los recursos. La migración de las dos últimas décadas conforma hoy nueva geografía urbana que requiere de una nueva forma de acceso a los derechos más allá de la pertenencia nacional. Más allá de la guerra de unos contra otros, la apuesta radica en construir, defender y hacer ciudades sin fronteras, unos con otros. Los mismos derechos para todos y todas los que habitamos la ciudad, los que habitamos Europa. \*\

Instituciones anómalas contra el expolio de lo común

La lucha por el derecho a la ciudad en tiempos de crisis

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os efectos de la crisis se hacen presentes de forma contundente en la ciudad. La euforia producida artificialmente por el boom inmobiliario y financiero ha dejado lugar a un paisaje poblado de imágenes desoladoras: oficinas de empleo saturadas, bandas de chavales en paro matando el tiempo en las plazas, policías de paisano deteniendo inmigrantes en una estación, solares y edificios abandonados hasta próximas burbujas, peleas en las colas de un comedor público, insomnio ante un posible desahucio por impago de la hipoteca. La lista podría ser interminable. ¿Qué ha ocurrido para que en pleno Siglo XXI y tras la enorme riqueza generada socialmente hoy la vida en las ciudades se vea atravesada por la precariedad y la escasez? La respuesta puede ser simple: Los poderes públicos optaron por un modelo de desarrollo basado en la depredación medioambiental, la explotación intensiva del trabajo, el endeudamiento masivo y una salvaje privatización del suelo y los bienes comunes. Se trató sin embargo de una operación compleja de ingeniería social donde la hegemonía neoliberal ha producido unas sociedades fragmentadas y aturdidas, con unas coordenadas éticas errantes en torno al “sálvese quien pueda” y gobernadas por el mercado. Hoy se ha manifestado con total claridad que la distinción entre lo público y lo privado queda relegada a las disquisiciones teóricas de la ciencia política. Las técnicas de gobierno contemporáneas de nuestras ciudades nos presentan una profunda penetración de la lógica neoliberal en las instituciones que gestionan aspectos cruciales de nuestras vidas, desplegando siempre nuevos planes de negocio y explotación en aras de la supuesta creación de empleo y un mayor desarrollo económico. ¿Quiénes sino los gestores de lo

público han facilitado el marco para la caída de los salarios, la precarización del empleo, el encarecimiento exponencial de la vivienda, la gentrificación y el endeudamiento?. No podemos permitirnos ninguna ingenuidad y por ello tenemos que señalar que en este proceso han participado de forma activa tanto la llamada izquierda como de forma aún más vergonzosa los sindicatos mayoritarios, quienes han acompañado pacto tras pacto el derrumbe de los derechos sociales y laborales. Detrás de los pomposos discursos en torno a la importancia de la innovación, las ciudades creativas y demás estrategias de marketing y branding urbano, hoy podemos ver con claridad que el modelo de acumulación impulsado por el tándem público-privado fue sostenido ante todo en la explotación de los sujetos precarios y desposeídos que hoy pueblan la categoría de clase trabajadora y en la privatización de los servicios públicos y los bienes comunes. Nadie duda hoy del agotamiento de este modelo y de la sensación de perplejidad y falta de ideas que trasmite una clase política cada vez más denostada por la población. Ha quedado al descubierto que en el actual contexto la política de Estado ha dejado de existir y los cargos públicos intentan mantener el equilibrio a base de encuestas, gestos populistas y una clarísima cesión del poder de mando a los intereses financieros y de los grandes grupos empresariales. El intenso proceso de explotación y expolio que han vivido las ciudades no puede ser explicado si no se introduce como variable el derrumbe de las que alguna vez fueron las “instituciones de lo común” en el espacio urbano (Asociaciones de Vecinos y Sindicatos Obreros), hoy condenadas, salvo algunas pequeñas excepciones, al papel de partenaire de las políticas neoliberales. El desafío que hoy tenemos por delante es ciertamente inmenso: se trata

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de reinventar la política de lo común a través de la construcción de alianzas, vínculos y prototipos organizativos que permitan dar forma a un contrapoder social ante la propuesta de recortes y ajuste que impulsa el establishment. El grado de dispersión y alejamiento de prácticas organizativas de las figuras obreras en la metrópolis es de tal magnitud que obliga a un ejercicio de creación casi artesanal de nuevas instituciones cuya principal tarea debe ser la reconstrucción del lazo social, el apoyo mutuo, la cooperación y el empoderamiento ciudadano. Se trata de instituciones anómalas, rebeldes y gestionadas por la ciudadanía que dispongan de dispositivos propios del sindicalismo social, la cultura hacker, la autoformación y ante todo de un ambiente generoso y colaborativo para la recreación de una nueva socialidad entre las múltiples figuras de la precariedad. Sin estos Consejos Metropolitanos será difícil no solo articular respuestas sino incluso reproducir la vida de nuestras comunidades. Luchar por Derecho a la Ciudad implica ante todo el reconocimiento del espacio urbano como espacio común y exigir una radical distribución de la riqueza producida que garantice el acceso a la vivienda , los transportes, los servicios, la formación y al uso intensivo del espacio público. Este proceso de implantación de nuevos derechos urbanos solo puede hacerse efectivo a través de una cesión de soberanía de lo público a lo común, de las instituciones de la forma-estado hacia nuevas creaciones institucionales que emanen de la autoorganización social. Ha llegado la hora de desenterrar el hacha de guerra y retomar la pasión por una política de base, con implantación territorial y que permita abrir amplios procesos de desobediencia y poder ciudadano. La batalla en la defensa de lo común contra los envites privatizadores y la explotación necesita la apertura de nodos en cada barrio y ciudad . ¿Vamos a ello? \*\


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o sin sorpresa, puede decirse que hoy renacen fantasmas de la Edad Media. Algunos siguen empeñados en la afirmación que la financiarización es sólo la cara Mr.Hyde de la economía, que ésta comparte habitación con su compañera buena, la economía productiva. Pero se sabe que si el capital siempre ha funcionado mediante el expolio –de una parte del salario– ahora este proceso toma todas sus dimensiones: el robo también se efectúa directamente sobre el ahorro y sobre el conjunto de la vida social, privatizando el welfare y apropiándose de las rentas de la cooperación social. Es en este sentido, que hoy se reproduce una forma de expropiación supuestamente precapitalista, un nuevo feudalismo que se apropia de la riqueza de forma parasitaria e invalida de facto cualquier vieja distinción entre economía productiva y especulativa, entre renta y beneficio. Ningún espacio de la vida social ha quedado exento de este proceso. Tomando como punto de referencia, por ejemplo, Wall Street, la constatación deviene palmaria: se especula día a día con la vida del planeta, desde la vivienda a la educación, al software, o incluso a las relaciones sociales, el amor, el miedo o el aire. Uno de los últimos grandes éxitos lo han logrado unos valientes accionistas que se han dedicado a acaparar toneladas de alimentos para luego revenderlos más caros, condenando a millones de personas a la muerte, pero consiguiendo, eso sí, beneficios astronómicos. La crisis ha abierto las puertas de los mercados financieros no sólo a los parlamentos sino al conjunto de la vida. Todo se mide por costes y beneficios, no importa nada más. Los costes siempre los pagan los mismos, y los beneficios también se los llevan los mismos de siempre. El último informe de Forbes no hace más que corroborar esta norma: las élites económicas –empresariales y financieras– están sacando más beneficios que nunca –en el caso de las empresas españolas la suma total supera los 50.000 millones de euros para el ejercicio 2010- y no porque sean los mejores de la clase sino porque expolian la riqueza de todos y todas, permitiendo una suerte de canje entre los derechos y las vidas de los muchos/as, por sus yates, mansiones y bonus. No es extraño que, en los últimos años, se haya producido un declive de los impuestos a las rentas más altas y a las nuevas cuencas de beneficio. En España, el IRPF para los tramos más altos es mucho más bajo que en los inicios del franquismo, el impuesto sobre el patrimonio ha sido eliminado y el de sucesiones está a punto de ser definitivamente liquidado por CiU. Los españoles más ricos consiguen evadir más de 80.000 millones de euros al año. Sin embargo, y ante la situación generalizada de precarización, endeudamiento, reducción derechos, depresión, aumento del paro, los despidos y los desahucios, nunca en las sedes parlamentarias puede hablarse de distribución de la riqueza. No hace falta recordar lo que sucede cuando se plantean impuesto a los mercados financieros, como por ejemplo la Tasa Tobin: quienes se han beneficiado y engordado a través de la financiarización –y quienes actúan de sus correveydiles– los señalan como antinatural y como utópico. La privatización del welfare es un proceso que lleva más de treinta años encendido pero su llama se está propagando rápidamente con la crisis. De la reproducción social garantizada se pasa a la reproducción social privatizada, donde las posibilidades de vida dependen directamente del nivel de renta y de las posibilidades de

Financiarización, refeudalización Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

y luchas contra la deuda

Constitución española, Artículo 47 cap. III

endeudamiento. Darwinismo de clase. El caso más conocido de este gran éxito empresarial es EEUU, el paraíso de la democracia liberal donde mueren cada año más de 100.000 personas por no poderse pagar el médico. En el caso de la educación se muestra una tendencia similar. En 1976 el precio de acceso a una universidad pública era de 924 dólares. Ahora supera los 6.000. En el caso de las privadas se ha pasado de 3.051 a más de 22.000. Si en los años 70 un estudiante se podía pagar los estudios universitarios en una universidad privada trabajando 20 horas la semana, ahora tendría que trabajar 136 horas la semana para conseguirlo. A uno le vendrá directamente a la cabeza cómo, ante este panorama, la deuda se presenta como un imperativo. Pues bien, la totalidad de la deuda estudiantil en EEUU supera los 880.000 millones de dólares, una cifra equivalente al PIB de todo México. Se trata de una hipoteca insostenible para millones de personas, considerando la precarización creciente del mercado de trabajo. Algunos incluso predicen que la burbuja estudiantil será la próxima en estallar. Se constata, por lo tanto, cómo el desmantelamiento del welfare corre paralelo al desarrollo de los mercados financieros. Definitivamente los derechos de todos y todas se convierten en plusvalías financieras. Este no es un proceso exclusivo en EEUU sino que también puede identificarse con claridad en Europa. No hay país europeo que escape del diktat de la austeridad y de los recortes sociales. Todos, obviamente menos los ricos, deben apretarse el cinturón. Todos, menos los ricos, deben pagar la factura de la crisis. Los gobiernos han regalado millones a los mercados financieros y ahora es tiempo de pagar la deuda, de por vida, mediante una reducción gradual de derechos. En el Reino Unido el pasado Diciembre se aprobó la liberalización de las tasas universitarias hasta los 10.500€: si la educación no salía rentable probaron con la ignorancia. En el Estado Español la financiarización está golpeando con especial fuerza a los que pagan su primera residencia, por culpa de una anomalía jurídica que condena a las familias hipotecadas insolventes a dar la casa al banco y continuar pagando la deuda. Esta atrocidad ya ha condenado a más de 250.000 familias, que han vivido por propia carne un proceso que sus antepasados padecieron durante el feudalismo: pagar periódicamente los trizbutos al señor, y cuando uno ya no los puede pagar,

éste te quita la casa, te sigue reclamando la deuda, te quitan la custodia de los hijos, y si no lo aceptas puedes llegar a ir a la cárcel. Actualmente las familias deben al señor más de 600.000 millones de euros, la mayoría por culpa de hipotecas concedidas con alto riesgo de impago. Un gran regalo de los bancos para sí mismos. Esta desposesión se está desarrollando en silencio pero no sin respuesta. Desde principios del 2009, la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) [afectadosporlahipoteca.wordpress.com] se está constituyendo como un punto de referencia de las luchas de los hipotecados contra el expolio bancario. El proceso ha sido lento pero está siendo fundamental para detener numerosos desahucios mediante actos de desobediencia, exigiendo una medida de mínimos que muy probablemente terminará aprobada en el congreso: la dación en pago –suspensión de la deuda en el momento de entrega de la vivienda. Esta es una propuesta de mínimos pero tiene que extenderse hasta convertirse en un nuevo derecho básico contra la impunidad de la financiarización. Si las empresas tienen derecho la bancarrota ¿por qué las personas físicas no deberían poder tenerlo? En EEUU los estudiantes hace años que reclaman la necesidad de poderse declarar en bancarrota. El problema no es poder o no estudiar sino tener que anticipar el salario para poder hacerlo, asumiendo así los riesgos del mercado en una hipoteca de por vida. El deudor y el hipotecado no sólo son la viva imagen de la financiarización sino de la crisis del mercado de trabajo y de la incapacidad del trabajo asalariado de asegurar una vida mínimamente digna. Por lo tanto, allí y en todas partes, si el incentivo al consumo y el acceso al welfare se desarrollan a través de la deuda, el derecho a la bancarrota tiene que ser un derecho básico de reapropiación de la riqueza. Por otro lado, si a la vez que se multiplican los costes –privatización del welfarese reducen las posibilidades de conseguir dinero –paro estructural y empleo precario–, entonces se presenta como necesario desvincular el acceso al líquido de la prestación laboral. Durante los últimos quince años el consumo ha aumentado sin que los salarios lo hicieran ¿cómo ha sucedido esto? Mediante el incentivo a la deuda. Ni el salario ni el trabajo asalariado son ya capaces de asegurar estabilidad y bienestar –ni como líquido para las personas ni como impuestos para la financiación del

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welfare. Si a esto se añade que el capital opera cada vez más de forma rentista, lo justo es que la distribución de la riqueza se efectúe también a través de una renta garantizada y no meramente a través un salario ligado a la prestación laboral. Conocido como renta básica universal, este no es solamente un derecho de existencia ante la escasez estructural de empleo o la precarización de la vida, sino que es también una forma de reapropiación de la riqueza y de la autonomía social de la producción. Algunos dicen que para esto no hay dinero. Pues bien, con una Tasa Tobin mínima del 1% sobre los mercados financieros se podría asegurar una renta básica mínima de 450€/mes para cada habitante europeo. Si a esto se le suman impuestos a las nuevas cuencas de beneficio se podría conseguir fácilmente una suma de dinero más que sufiente. Con un ejercicio de traducción puede decirse que las luchas obreras por el salario en el fordismo son hoy las luchas por la renta básica –salario garantizado– y el derecho a la bancarrota –reapropiación del salario. Con estos dos nuevos derechos básicos puede avanzarse no sólo hacia la reapropiación del welfare sino de las vidas de todos y todas. Las prácticas de la PAH, de los estudiantes ingleses ocupando bancos para estudiar o de las universidades anómalas existentes por toda Europa, marcan vías interesantes de las luchas metropolitanas contra la financiarización. La red Edu-Factory [www. edu-factory.org] propone un día mundial contra la deuda. Quizás sería un buen punto desde el que empezar a trabajar conjuntamente, para arrebatar el poder de mando a los mercados financieros e iniciar la construcción de una verdadera democracia global. \*\

Cuando el vasallo proscrito empezase a hacer la guerra a su rey, ya por sí,ya por cuenta de su nuevo señor, el monarca podía destruirle sus bienes muebles y derribarle sus casas, pero no arrasar sus propiedades territoriales; si el rey le confiscaba éstas, el vasallo proscrito podía a su vez tomar al rey otras heredades de un valor equivalente al de aquellas que el monarca le había onfiscado. Fuero Viejo de Castilla, I, 4, 2 ; Partida IV, 25, 10


Manifiesto de los

COMUNES por nuevos derechos sociales

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a crisis es hoy el fantasma que recorre Europa. Las élites políticas, de la mano de las económicas, llevan más de tres años prometiendo una vuelta a la «normalidad» que en modo alguno se corresponde con lo ocurrido. Antes el contrario, las políticas y las intervenciones han puesto el beneficio y la renta financiera por encima de cualquier otra consideración. La apropiación capitalista de la vida social, la insistencia sobre la necesidad de la mal llamada austeridad, el recorte del welfare y de los derechos, la privatización de los bienes comunes no son, en definitiva, más que políticas de desposesión y depredación social. Ésta, y no otra, es la realpolitik que hace caer el peso de la crisis sobre las capas medias y bajas de la sociedad. Frente a la iniciativa de los ajustes y las reformas dirigidas sólo en beneficio de los más poderosos, nunca se insistirá demasiado en que la crisis es ante todo crisis de la política, y que la tenaza que se nos propone entre la presión, por arriba, de los privilegios financieros, y la involución, por abajo, de una nueva guerra entre pobres, es inaceptable y mezquina, producto de una coyuntura histórica que debemos invertir. Nada, en este sentido, puede ser más urgente que rechazar los populismos de la nueva derecha, catalizadores de egoísmos desesperados, su movilización contra viejos y nuevos chivos expiatorios, llámense migrantes, estudiantes, trabajadores del sector público, jóvenes o cualquier otro sector de «población» que de una u otra forma se considere «amenaza» u «objeto de privilegio» en una sociedad hace ya tiempo desarmada por el miedo. Desgraciadamente, el futuro de lo común se juega en la capacidad social para extirpar el odio a la diferencia. La izquierda, por su parte, sin diferencias en sus distintas versiones, de la izquierda representativa a la alternativa, de la más tibia a la más extrema, se regodea en la melancolía y la impotencia. Incapaz de comprender las dimensiones de la crisis, de presentar ni propuesta ni práctica novedosa a la altura de los tiempos, de apuntar mecanismos innovadores de distribución de la renta y de ampliación de los derechos sociales, es el blanco de una desafección política generalizada que la lleva por la pendiente de una paulatina pérdida de apoyo social y electoral. Y esto, si es generalizado en Europa, lo es multiplicado en el Estado español. Aquí, hace ya tiempo que la izquierda se despeña en una suerte de suicidio largamente preparado. El «no os fallaré» de Zapatero

de 2004 o las promesas de los gobiernos de izquierdas como los de Cataluña, o Galicia, o Baleares, o Barcelona, o tantas otras ciudades, son hoy tristes ejemplos de la retórica hueca de la clase política. No hace falta repetirlo: estos gobiernos ni han reinventado las formas democráticas, ni la relación Estadociudadano, ni obviamente han emprendido políticas diferentes a las prescritas en los manuales de administración y gerencia territorial. Y todo esto, cuando su propia ventana de oportunidad de acceso a la gestión institucional a comienzos de la década del 2000, sólo se abrió —sin que esa izquierda institucional supiera ni tan siquiera advertirlo— por mor de las iniciativas de un nuevo

ejercicio de movimientos y campañas ciudadanas: desde las movilizaciones contra la guerra hasta el 13-M, del Nunca Mais a las luchas locales contra el expolio del agua y del territorio. Se dió así la oportunidad histórica de abrir un ciclo de renovación política que pensara a la sociedad como algo más que una mera agregación de ciudadanos-votantes; y la transformación social desde las instituciones representativas, como algo más que la simple concesión de derechos puntuales, programada de arriba hacia abajo. Esa oportunidad ha sido claramente malgastada, con las consecuencias irreversibles para la democracia que ello pueda acarrear. En las coordenadas de este paisaje marcado por los puntos cardinales de la nueva ofensiva de las élites financieras y del retroceso mencionado de una pacata izquierda institucional,

se nos convoca de nuevo a elecciones municipales y, en muchas comunidades, a elecciones autonómicas. Entre las respuestas esperables se impone con progresiva nitidez el «no me representan», o más llanamente «su historia no refiere a mí». Los tiempos son los de la abulia y la atonía entre opciones que ni convencen ni se reconocen como alternativa. A punto pues de comenzar la campaña electoral, y la larga letanía de promesas tibias, nuestra apuesta no puede ya pasar por la confianza en logos y marcas ciegas, o por opciones del tipo «apoyo lo menos malo». La apuesta sólo puede ser ofensiva, y pasa por inventar otra ética, otra política más allá de la nostalgia y la resignación. Sin caer en falsos convencionalismos, sin reivindicar un localismo estrecho, en un mundo donde casi todo pasa por procesos y determinacio-

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nes globales, la ciudad, en esta coyuntura, puede ser sin embargo un espacio privilegiado de intervención: escenario para una nueva generación de luchas por la reapropiación y reinvención de lo común; territorio idóneo para la recreación de una cultura del compartir, de la diferencia y de la diversidad como goce; primer experimento para nuevas formas de redistribución de la riqueza y del tiempo de trabajo. En este marco, la política, la política urbana (cuya deriva se escenifica en estas elecciones), se enfrenta a dos opciones: o bien se rinde a su vieja ecuación y opta así por la competitividad urbana, con el objetivo del crecimiento y el empleo, donde acaba aceptando el falso supuesto de la escasez de recursos, y en consecuencia la inclusión diferencial; o bien apuesta por nuevos derechos que reconozcan las capacidades productivas


austeridad ponen de manifiesto que el principal baluarte de las oligarquías financieras en Europa son los Estadosnación titulares de soberanías caducas y al servicio del sistema de partidos, de las elites financieras a estos asociados, y de las corporaciones surgidas de la privatización de los bienes comunes naturales y de su aprovechamiento. Las revoluciones democráticas en curso en el Mahgreb y en el mundo árabe son un acicate, una inspiración y un desafío para rebeldes y demócratas euromediterráneos. Como no podía ser de otra manera, se trata de estimular un nuevo ciclo de luchas y conquistas sociales. Luchas y movilizaciones de los pobres y de los nuevos ciudadanos. Luchas de la pobreza, en las que pobreza se construye como potencia, y no como carencia. No hace falta adivinar las temáticas abiertas a la movilización urbana. Se trata de enunciados y problemas ya presentes en la agenda de los movimientos y las reivindicaciones ciudadanas, que se presentan como el primer borrador para la formulación de los nuevos derechos, los derechos emergentes. Podemos recoger, efectivamente, estos enunciados en forma de una Carta, la Carta de los Derechos Comunes Urbanos:

y de creación de riqueza de las interacciones urbanas, con independencia o no de su expresión contable. La movilización política de la ciudad pasa, en esta última opción, por la movilización de los nuevos derechos, los derechos emergentes. Es obvio que estos derechos emergentes superan los límites de la actual organización política e institucional europea, y que precisan, en paralelo a un espacio y tiempo político europeo de las luchas sociales y políticas, de una revolución institucional en la Unión Europea que acoja jurídica, fiscal, monetaria y políticamente estas demandas, estableciendo la única geometría que responde a las reglas de justicia distributiva y de equidad continental, la de una federación europea de ciudades y regiones libres al servicio de quienes producen y reproducen los bienes comunes. Las políticas de

1) Derecho universal e incondicionado a una Renta Básica. Digámoslo sin ambages: la mayor parte del trabajo de cuidado, de la actividad creativa, de la formación, no es remunerada en forma alguna. En la medida en que la ciudad la vida deviene actividad productiva, el trabajo asalariado no puede ser ya la condición del trabajo en general, sino sólo una de sus situaciones particulares. La jurisprudencia y la política fundamentan, no obstante, toda posibilidad de derecho en el trabajo asalariado. No extrañe así que los derechos queden rebajados a la condición, en última instancia, de derechos laborales. La debilidad y la estrechez de semejantes cimientos degenera siempre en menos protección social y menos derechos para una parte creciente de la población. Es por ello que la Renta Básica, o un salario universal incondicionado (pongamos 800 euros, el salario medio del precariado en España), no sólo paliaría los sufrimientos y penurias de millones de personas que se encuentran en el paro o que sencillamente sufren a diario la hiperexplotación y la infrarremunaración, sino que sería también un justo pago del trabajo actualmente no remunerado. En este campo, los gobiernos territoriales pueden hacer importantes avances: tasando las actividades especulativas sobre el suelo y la vivienda, gravando las rentas financieras, revertiendo las desigualdades con toda clase de prestaciones (transporte, vivienda, renta), preparando en definitiva el terreno para hacer efectiva la distribución equitativa de un excedente de riqueza que es mayor que en cualquier época pasada. 2) Reconocimiento de los comunes. No hay vida, ni sociedad, ni existencia colectiva digna de tal nombre sin el re-

conocimiento de los medios y recursos comunes que la sustentan. La ciudad aparece como tal en su dimensión pública y común, en su constitución como espacio público. Pero también en el conjunto de garantías necesarias para la reproducción de la vida: desde la salud y el cuidado, hasta el medio ambiente y los bienes naturales (como el agua y el aire); desde la educación hasta las pensiones. Sin el reconocimiento de la condición común de estos bienes y recursos, la vida urbana no sólo se marchita en una cadena de obligaciones sometidas a distintos dispositivos de explotación (como la hipoteca, el trabajo precarizado, las formas privadas de aseguración social, etc.), sino que propiamente se desvanece en una colección de vidas privadas y enfrentadas al reto de la supervivencia. Los poderes económicos han encontrado aquí el lugar privilegiado para la expansión de nuevas formas de beneficio: privatizando los servicios públicos de salud, atacando las pensiones en favor de los fondos privados, encareciendo abusivamente la educación pública al tiempo que promocionaban la formación concertada y privada. Es por ello que lo que aquí se juega es el futuro de la sociedad en tanto tal: el reconocimiento de formas de propiedad y gestión comunales, y no sólo como bienes patrimoniales en manos de las instituciones públicas, es la mejor defensa y argumento frente a la privatización generalizada de la existencia. 3) Derecho a la información y a la libre producción y reproducción de conocimiento. El conocimiento es ya uno de los más importantes bienes comunes de nuestro tiempo: generado por medios cada vez más colectivos, producto de una ingente inversión social (además de grandes cantidades de dinero público), compartido en redes y espacios de intercambio. Es así que toda apuesta política consecuente debe proponer primero la quiebra de toda traba institucional a la producción, modificación y multiplicación de los conocimientos. La actual ofensiva por la privatización del conocimiento, lejos de mostrarse como una solución viable para la producción de un acervo creciente de obras intelectuales, es hoy el principal obstáculo a las formas de cooperación e intercambio que efectivamente lo garantizan. Los gobiernos locales deberán trabajar en este terreno a través del estímulo de la inversión pública y la experimentación colectiva con formas innovadoras de producción y distribución del conocimiento y la cultura. Sólo así se reconocerá y se defenderá el valor social (y también económico) de una de las mayores producciones colectivas de nuestro tiempo. 4) Derecho a la movilidad. La declaración de un estatuto de ciudadanía universal es la única contraparte justa a la financiarización del ciclo económico, la hipermovilidad del capital y la aceleración vertiginosa de las tasas de explotación del Sur Global. Este derecho sólo obtendrá cumplida realización con la abolición de las fronteras interestatales, pero también de aquellas más sutiles que fragmentan los espa-

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cios urbanos en zonas de exclusión, guetos migrantes y espacios de control. Las fronteras internas reproducen efectivamente la gradación de las libertades dentro de un mismo espacio urbano y al mismo tiempo hacen efectiva la negación de los derechos más elementales: a la residencia, al voto, de asociación, a una renta mínima, etc. Las instituciones locales y los gobiernos de las ciudades pueden y deben intervenir en la abolición de tales mecanismos de exclusión, restableciendo en la práctica (por medio del acceso a los servicios y derechos sociales) un estatuto generalizado de ciudadanía en igualdad de condiciones. En caso de no hacerlo, los espacios urbanos degenerarán en las realidades monocolor de la segregación, la inclusión diferencial, mayor desigualdad y en definitiva una creciente ingobernabilidad. *** Esta Carta de los Nuevos Derechos se plantea como una de las posibles opciones para reprogramar el welfare, y como un proyecto político y económico que invita y apela a cualquier partido que se reclame de izquierdas. Y sin embargo, no es la fórmula para que los partidos de izquierda representen a la ciudadanía. La ciudadanía se constituye hoy como tendencia a la autorepresentación. Migrantes, mujeres, afectados por las hipotecas, la destrucción del medio o la degradación de los servicios públicos, comunidades agrupadas en torno a formas de vida, redes sociales y un largo etcétera de agregaciones emergentes han encontrado formas de hablar por sí mismas, sin la mediación de aparatos institucionales o representativos cada vez más minoritarios y caducos. Es la hora de que la izquierda ensaye planteamientos nuevos que sólo pueden pasar por la aceptación de los límites a su representatividad y por la cooperación con los movimientos y las formas de agregación que crecen en las nuevas texturas urbanas. Es en esta capacidad de escucha donde el acceso a la vivienda, el derecho a la salud y el cuidado, el reconocimiento de los comunes, el derecho al estudio o el derecho a la movilidad resuenan como el clamor subterráneo de los nuevos tiempos, así como el ejercicio cotidiano de nuevas formas de habitar la ciudad. Se trata de propuestas y programas prácticos del movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, y que apenas necesitan de la participación de los gabinetes de expertos. Sencillamente se requiere que los gobiernos locales, y de modo obligatorio aquellos de izquierda, se plieguen y se pongan al servicio de las urgencias que suscriben estos movimientos. A quienes suscribimos esta declaración no nos cabe ninguna duda que esa es la tarea a realizar por parte de las autodenominadas izquierdas. Caso contrario su tiempo histórico se acortará a marchas forzadas. \*\


L

a crisis económica actual es una crisis política y una crisis de representación, es una crisis que plantea de modo inexorable el cambio radical del proceso de selección de las elites políticas, estatales y sindicales derivado del actual sistema de partidos. La crisis es transnacional, transcultural, transestatal y de clase. Esta crisis únicamente puede encontrar un principio de resolución si se abre un proceso de poder constituyente a una escala regional de suficientes dimensiones como para que sea posible iniciar la construcción de los nuevos sujetos políticos que pueden pensar e imponer las políticas susceptibles de resolver las necesidades de la nueva composición de clase del trabajo vivo, que por definición es compleja, poscolonial y posidentitaria, y que hermana tanto a los sujetos involucrados en los procesos productivos ligados a la acumulación de capital como al excedente social condenado a la miseria de masas por su incapacidad de integrarse en el mercado laboral. Esa escala regional posnacional debe construirse desde la complejidad metropolitana de los sujetos sociales que son hoy el motor de la reproducción social, y cuyas condiciones de vida y trabajo son objeto destrucción por parte de las actuales elites políticas y económicas, y desde la perspectiva de quienes no han podido y no pueden vender su fuerza de trabajo en su región de origen o en la de posible migración clandestina. El eje es regional y metropolitano, transnacional y de clase, antisistémico y constituyente.

antagonista mediante una política de masas. Esto quiere decir que ninguna de las cuestiones que definen la actual estructura de estructuras de poder de nuestras sociedades puede comprenderse a escala nacional y mucho menos resolverse a tal escala: ni los sujetos políticos que pueden abordar la complejidad de tales problemáticas ni los instrumentos que pueden objetivamente gestionarlas encuentran en los actuales Estados-nación individualmente considerados principios de intervención, de gestión o de solución de los conflictos generadas por las mismas. La crítica del espacio nacional es, pues, la crítica de un espacio que dificulta la comprensión de las dinámicas del capitalismo y del comportamiento de la democracia, porque el Estado-nación elude y distorsiona mediante su política el exceso estructural que obliga a reinscribir su intervención una y otra vez en una dinámica cuyo funcionamiento está más allá de los instrumentos de gestión al alcance del mismo. En el vacío de tal distorsión no pensada por los sujetos políticos se construye el diferencial que las élites utilizan para imponer sus diseños globales a las historias locales.

En el cruce de estas dimensiones se juega la pertinencia del espacio político de referencia en el que debemos diseñar y construir las nuevas máquinas políticas que han de operar como vectores de tracción de una nueva política que supere el actual modelo de representación y bloquee definitivamente el actual sistema de partidos, esto es, el Estado de partidos tal y como se halla hoy constituido en Europa y en el Magreb. Estos son los dos espacios regionales respecto a los cuales sus composiciones de clase respectivas deben pensar conjuntamente la constitución de la nueva política antisistémica a una escala regional posnacional, dada la coyuntura abierta durante los últimos meses definida por la incapacidad de gestionar la crisis económica en Europa por parte de sus élites y por el inicio de las revueltas democráticas y constituyentes en el mundo árabe, que suponen una impugnación sin ambages de sus propias elites, tan ineptas y corruptas como las europeas.

El espacio político europeo y transmediterráneo nos ha de permitir (1) criticar las actuales formas Estado nacionales en tanto que formas constitucionalmente corruptas de expresión del poder constituyente de los sujetos productivos y de los sujetos excluidos del ciclo de acumulación del capital así como (2) deconstruir el conjunto de los instrumentos desplegados por los Estados para contener la crisis financiera y económica de 2008-2009, que hasta la fecha se han mostrado incapaces de gestionar el conjunto de flujos de poder de la relación-capital. Esta crítica debe alimentar en tiempo real el proceso de diseño constitucional y de construcción de las formas institucionales de la Unión Europea para que las dinámicas de las fuerzas de trabajo europeas logren poner a prueba mecanismos de expresión de la propia potencia política, que las formas políticas nacionales históricamente han distorsionado y comprimido para imponer formas estatales de explotación y control y que su traducción europea hanconvertido durante los últimos años en mecanismos brutales de deflación, ajuste estructural y miseria de masas. Un similar proceso transnacional podría desencadenarse en el Magreb, cuyo desenvolvimiennto nos permitiría pensar regional y transversalmente, con esa nueva UE antisistémica, los procesos de coordinación transregional de las respectivas fuerzas de trabajo.

La razón por la que Europa y el Magreb/Oriente Próximo constituyen el espacio político de referencia elemental para la composición de clase actual en la presente coyuntura del capitalismo es que la dimensión de los procesos que conforman la constitución material de nuestras sociedades adquieren en su seno una visibilidad, una claridad y unos perfiles suficientemente nítidos como para acometer su tratamiento

El bloqueo político proviene ahora de un sistema de partidos que es incapaz de vislumbrar la construcción del proceso democrático. Los nuevos movimientos antisistémicos, el nuevo poder constituyente de clase, exigen una democracia absoluta. La crisis sistémica del capitalismo y la absoluta falta de representación de los sujetos productivos, de los ciudadanos y de los desheredados de la tierra en ambas orillas del

Class war now

Just do it! Poder constituyente antisistémico y crisis del capitalismo y de la democracia

Mediterráneo señalan de modo nítido los contornos de un nuevo poder constituyente. Las demandas que los movimientos, los ciudadanos y los pueblos están planteando durante los últimos años, durante los últimos meses, son inasumibles por el actual modelo político: la crisis económica es producto de esta incapacidad y esta incapacidad es la garantía de la persistencia de la crisis. Cada reivindicación local es una línea de fuga de un poder constituyente que apunta a una deficiencia irresoluble de actual sistema de partidos, sea éste tunecino, italiano, egipcio o español, sea este europeo, árabe o magrebí. La democracia absoluta del poder constituyente de la actual composición de clase del trabajo vivo lucha contra la bestialización de la vida política, económica y social. Afirma que los sujetos sociales no son ni bestias, ni parias ni castas inferiores y que éste es el futuro que las actuales élites políticas y económicas y el actual sistema de partidos nos tienen reservado. Por ello nuestro poder constituyente afirma que:

(1)

los actuales niveles de bestialización económica y social traducidos en términos de desigualdad social y miseria de masas en ambos lados del Mediterráneo y en el seno de las respectivas sociedades es profundamente antidemocrático y que el sistema político y económico vigente debe ser destruido para abortar la deriva dictatorial de las elites económicas, financieras y políticas mediante la imposición de un nuevo catálogo de derechos que asegure el lanzamiento de un conjunto de políticas que transforme de raíz la actual gestión de la riqueza y la renta social regional y global. La circulación de esta renta es un proceso transnacional, el poder constituyente que gestione su producción y su reparto debe ser también transnacional y posnacional. Las actuales elites políticas y económicas producen miseria

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a una escala enorme, niveles de explotación intolerables, deflación y crisis ecológicas que rozan la supervivencia de la vida en el planeta. Tratan a las poblaciones con criterios preilustrados de violencia y opresión económica y pretenden ahora legalizar democráticamente la imposición de tasas de explotación que ya no son tolerables. La incapacidad de controlar los procesos de regulación económico-financiera y de destrucción de riqueza por parte de las elites económicas y políticas supone una enmienda a la totalidad de los procesos de toma de decisiones de las democracias europeas y por ende del proceso de construcción de la Unión Europea. Estas elites no son democráticas y deben ser destruidas y apartadas de los procesos de toma de decisiones. Idéntico proceso se verifica en el Magreb/Oriente Próximo;

(2)

los actuales niveles de bestialización de la vida política (corrupción, incapacidad de regulación de la reproducción económica, monetaria y financiera, incapacidad de contención de la crisis ecológica, humillación y racialización de los sujetos migrantes mediante las políticas migratorias) en Europa y en el Magreb son incompatibles con una democracia adaptada a la sofisticación y la riqueza ontológicas de los nuevos sujetos sociales. Las actuales formas procedentes de la tradición política de la Ilustración europea, que supusieron un primer pacto para atenuar la bestialidad del capitalismo histórico, deben ser sustituidas por la afirmación de dispositivos constitucionales que aseguren la producción de políticas que eliminen la supeditación de la potencia productiva social a lógicas feudales y predemocráticas de reproducción social: un sistema político que produce una democracia que no asegura un trato no humillante a poblaciones que viven contiguas en una misma sociedad o región o regiones es un sistema que utiliza un


oropel democrático caduco para imponer formas intolerables de opresión política dignas del ancien régime. Este sistema político que tolera la dictadura económica debe ser destruido porque ha corrompido hasta la medula de lo tolerable la dignidad de las personas y el derecho a no ser tratados como bestias. La democracia de las multitudes es incompatible con el capitalismo y las actuales elites políticas y económicas deben pagar un altísimo precio por su altanería, su bellaquería, su corrupción y su violencia. Deben pagarlo todo y deben pagarlo caro.

(3)

los actuales niveles de bestialización geopolítica característicos de Europa y del Magreb /Oriente Próximo representan la animalización de la política y la destrucción de la democracia: destruyen de raíz el respeto y la viabilidad de las formas constitucionales existentes en Europa y han humillado y humillan la dignidad de los pueblos y los sujetos productivos del Magreb/Oriente Próximo. Las relaciones diplomáticas de los Estados europeos con las dictaduras del Magreb/Oriente Próximo e Israel son incompatibles con la inteligencia y la cooperación de las sociedades a ambas orillas del Mediterráneo. No existe para nosotros democracia digna de tal nombre con un catálogo de relaciones geopolíticas como el existente. Las actuales relaciones comerciales, diplomáticas, económicas y políticas entre los Estados europeos y sus homólogos en el Magreb/Oriente Próximo representan únicamente la degradación de la convivencia entre los pueblos y las clases como han puesto en evidencia las actuales revueltas árabes. A partir de ciertos umbrales de complicidad geopolítica y geoeconómica con situaciones obvias de opresión política y de desigualdad económica no puede hablarse de democracia en el polo más fuerte que impone o ampara tales relaciones. El espectáculo durante las últimas semanas de conflictos en el Magreb y la intervención militar en Libia exigen una democracia absoluta que no permita el lamentable comportamiento demostrado por las elites políticas europeas en la gestión de las relaciones exteriores. El tratamiento de la cuestión migrante representa el corolario de esta bestialización de la geopolítica y la geoeconomía y de la corrupción de la democracia europea. También los cuerpos ahogados en el mar o muertos en la arena exigen que las elites políticas y económicas europeas y árabes paguen todo y lo paguen caro, muy caro: tienen que pagar porque bestializan a los sujetos migrantes, bestializan a los sujetos europeos, racializan a la fuerza de trabajo y se corrompen en un fascismo cada vez más amenazante. La democracia actual no se llama invención de la libertad, se llama repetición y copia de la corrupción, la animalización y la humillación: nosotros estamos inventando la diferencia, la diferencia de la política antisistémica en esta coyuntura. Somos una luz cegadora, fuerte, más brillante que el sol. \*\

La red como máquina política De los estallidos a las nuevas formas de cooperación

E

l dato político de los últimos tiempos es el surgimiento con toda su fuerza de conflictos y estallidos en las universidades y los campus. La llamada doble crisis —crisis de la universidad y crisis económica— es el territorio en el que surgen las oleadas de protestas de París, Roma o Londres, entre muchas otras. La era del capitalismo cognitivo, esto es de las capturas del conocimiento como materia prima de valoración y plusvalor, y la era de la austeridad y los recortes presupuestarios, dan la forma a un campo de batalla que no ha hecho más que iniciarse. Suenan tambores de guerra. En estas condiciones, la cuestión es cómo dar una forma directamente transnacional a la protesta. Es por ello que en París recientemente se decidió la creación de una red de muchos frentes por la liberación del conocimiento (a network of Knowledge Liberation Fronts) como forma de organización radical y colectiva frente a la austeridad. Tal evento permite señalar y preguntarse qué es efectivamente una red.¿En qué difiere una red de otros modelos de organización? Por ejemplo, de una coordinadora de grupos locales, o de una gran alianza transnacional, como una empresa multinacional, o, por qué no, de aquellas experimentaciones colectivas y translocales que en su momento se llamaron las internacionales comunistas. ¿Qué puede una red? ¿Cuáles son sus prácticas y sus posibilidades? Obviamente, la respuesta no es fácil y no puede caerse en la tentación de buscar respuestas simples para den una supuesta tranquilidad. ¡Se trata de un salto en el vacío! No obstante, sí que existen experiencias, expresiones, imágenes y memorias que pueden ayudar cuando, manos a la obra, se inventa esta nueva forma institucional (que al mismo tiempo contiene una máquina de guerra). Se parte que las experimentaciones en red de los últimos años –en aquellos espacios políticos, culturales, tecnológicos que han cambiado radicalmente la manera en que pensar lo cotidiano, la militancia y/o el activismo. La red se ha configurado como institución que no procede según un recorrido programático y definido desde arriba, desde el centro o de antemano, sino como cartografía de lo múltiple, donde muchas cosas pasan al mismo tiempo. Mutación

permanente que se afecta y modifica en las relaciones, los encuentros, los acuerdos, las negociaciones y los conflictos que la animan. En esta red, que puede ir desde el punto a punto o red «mesh» total a formas tácticas de unificación en forma de «nodes» y enjambres; la topología se configura con arreglo a los ritmos compositivos y la geometría de la hostilidad de las relaciones antagónicas con el capitalista colectivo. La red, en fin, como espacio intenso, vivo, donde convergen los ritmos y los tiempos de luchas que, por cuanto diferentes, apuestan por encontrar una manera de componerse y de producir nuevas nociones comunes. No se trata de predefinir todos los pasos que separan de la revolución, sino que se trata de pensar la revolución como pragmática, como insurrección difusa y como transformación continuada de lo cotidiano. ¿Cómo llegar a cambiar el mundo siendo muchas y diferentes? ¿Sin renunciar a actuar de forma reproducible, consistente, efi-

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caz? Pensar estas nuevas instituciones significa pensar contrapoderes frente a la precarización de la vida, o dicho de otra manera, significa pensar un proyecto de articulación y traducción que pueda sostener una dinámica, discontinua e imprevisible, de fuga y rechazo frente al dispositivo de explotación que la crisis instala en lo cotidiano. Se parte que no basta con la fuga y el rechazo. Construir redes sugiere inventar «instituciones monstruosas», capaces de generar un proceso de aceleración y multiplicación hacia una nueva acción política radical y colectiva que contiene los antídotos de asimilación y la neutralización. Otra política que llegue a desbordar el gobierno y que pueda traducir la potencia de quienes se rebelan en nuevos comportamientos: políticos y colectivos, esto es, constituyentes. En definitiva, una práctica colectiva que permita inventar  nuevos paradigmas de organización de la vida en común. \*\


Enjambres contra la sindecencia L

a batalla sigue abierta, pero sin duda podemos afirmar que, a diferencia de los sinsabores que estos (ya) años de crisis financiera y económica han traído en lo que atañe a la resistencia y la alternativa contra la demolición controlada de las partidas e instituciones del welfare state, la secuencia de movimientos e intervenciones contra la criminalización y la expropiación de las instituciones del procomún en la Red han tenido mucho de novedad y eficacia y, al mismo tiempo, de redefinición de lo que es una batalla política y de los criterios de determinación de la victoria y la derrota. No tiene mucho sentido la proclamación de modelos ad hoc, ni la contraposición de una «buena» política (que sería la de la Red) a otra «mala» (que sería la del espacio físico, la masa y la contraposición de suma cero). Precisamente el mantenimiento de estas distinciones señala un límite de potencia y una debilidad estratégica, tanto de la «cultura libre» como de las estructuras de movilización y acción colectiva anteriores. Antes bien, se trata de localizar y reconocer los elementos de innovación que pueden servir y ser inspiradores tanto para el movimiento del procomún en la Red como para otras modalidades y composiciones de la acción colectiva. Inspiradores desde el punto de vista de cómo se hace movimiento; de los repertorios de la acción colectiva; y de las máquinas de guerra construidas en la batalla. Pero, en primer lugar, recordemos de qué secuencias y batallas estamos hablando: las campañas de defensa del P2P como Compartir es bueno; las campañas de comunicación y jurisprudencia contra la SGAE y otras sociedades, donde el rol de proyectos como la EXGAE ha sido seminal y determinante; festivales y laboratorios como los OXCARS y el Forum de Cultura Libre y, sobre todo, la reciente batalla contra la llamada «Ley Sinde», donde experiencias de organización como Red Sostenible, y de desobediencia, como La ley de Sinde, han catalizado una capacidad de ataque y desconcierto del adversario que sin exagerar podemos llamar formidable. En lo que atañe al cómo se hace movimiento, lo más relevante ha sido la capacidad de transversalización de la composición del movimiento. A diferencia de los enfoques ciudadanistas (que parten de una perspectiva socio-

lógicamente interclasista), las secuencias de movimiento del procomún a las que aludimos han interpelado a subjetividades transversales de una misma composición técnica de clase, caracterizada por su multiplicidad y asimetría interna. Con independencia de los enunciados que sostienen la movilización, el o la usuaria trabaja en/con la Red. Las características de ese trabajo son múltiples y comunes a la vez. En lo que atañe a los repertorios, hemos visto una utilización óptima de la agitación en las redes sociales, de las campañas virales, de formas de subvertizing y desvío de productos culturales mainstream, de sabotaje de sitios web, pero también de flash mobs y concentraciones en el espacio urbano. Una utilización óptima que en la movilización se ha basado en los presupuestos básicos de una fully connected network o de una red en malla: todos los nodos están o pueden ser conectados con todos los demás, combinada no obstante con la intervención de lo que podemos llamar «nodos tácticos» de catalización, condensación y renovación de las

secuencias de enunciación y movilización. Red en malla y centralización táctica, temporal y siempre sorteable o prescindible: máquina de guerra. Y desde luego, en el registro de las máquinas de guerra de estas secuencias de movilización hemos podido asistir al virtuosismo de la inteligencia de enjambre y de los comportamientos emergentes aplicados al ataque y al sabotaje de la capacidad de gobierno y de la producción de obediencia a través del consenso del miedo. Se ha combinado una multiplicidad dispersa sobre uno o varios objetivos; ha funcionado el factor fundamental de la simultaneidad, basada en una unidad de esfuerzo y aplicación, no en una unidad de mando. Teniendo en cuenta, no obstante, la profunda estupidez de las iniciativas del ministerio y de sus corporaciones y gremios asociados, esta máquina de guerra ha convencido hasta a Felipe González de que la ley Sinde «corre detrás de la realidad». La máquina legislativa, mediática y administrativa sigue su curso, pero la máquina de guerra ha

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reducido la legitimidad de la ley al mínimo posible. El tiempo constituyente que se ha abierto es innegable, los enjambres deben continuar sin piedad hasta que el movimiento de la cultura libre sea matriz de buen gobierno de la cooperación en la Red, esto es, en definitiva, de su autogobierno. Asimismo, se trata de contribuir al enriquecimiento de los repertorios y máquinas de guerra de otros tipos de acción colectiva, que ante la operación de la crisis se muestran incapaces siquiera de construir una resistencia eficaz. Adaptar, moldear, probar y reparar las máquinas para que puedan ser utilizadas por unos y otros movimientos. Las máquinas de guerra permiten hacer daño al adversario y salir del testimonio y la melancolía, porque hacer daño a quienes arruinan la vida de todos es la fuente poderosa de una alegría común. \*\ http://red-sostenible.net/index.php/Página_Principal http://fcforum.net/es/sustainable-models-for-creativity http://2010.fcforum.net/es http://lalistadesinde.net/ http://la-ex.net/


DERECHOS, COMÚN, NUEVA POLíTICA