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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA-

RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO FRENTE A LA INDIVIDUALIZACION DEL DELITO

AUTORA: Adriana Bermúdez Briceño

San Cristóbal, Noviembre 2016


Contenido: Resumen

3

Introducción CAPITULO I El Problema

4

Planteamiento del problema 6 Objetivo General

12

Objetivos Específicos.

12

Justificación de la

12

Investigación

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (Ulpiano).

Teórica

13

Filosófica

13

Académica

14

Jurídico

14

Metodológico

14

Practico

14

Alcance y Limitaciones

15

CAPITULO II:

16

Marco Teórico Referencial Antecedentes de la

17

Investigación Bases Teóricas

24

Fundamentos Legales

35

CAPITULO III: Marco Metodológico

39

Tipo de la Investigación

39

Diseño de la Investigación

40

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos o Información

41

Técnicas a utilizar para el 41 Tratamiento de los Datos Referentes Bibliográficos 43


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA NÚCLEO TÁCHIRA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

RESPONSABILIDAD DEL MINITERIO PÚBLICO FRENTE A LA INDIVIDUALIZACION DEL DELITO Autora: Abg. Adriana Bermúdez Briceño Tutora: Dra. Nubia Moreno Fecha: Junio 2016 RESUMEN La presenta investigación tiene como propósito, establecer responsabilidad del representante de la vindicta pública, en las fase preparatoria e intermedia del proceso penal venezolano; cuando obvia, realizar un análisis minucioso de los elementos de convicción que relacionan la investigación, de manera clara y precisa, con la conducta del sujeto actuante del delito, de acción pública; sin tomar en consideración las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del mismo y las disposiciones legales del caso, ni el de determinar la participación. Se utiliza la investigación documental y recolección de datos, que se cumple a través de la observación documental y de interpretación jurídica; tomado en cuenta los criterios jurisprudenciales, de la debida individualización del delito, a fin que los jueces puedan establecer la subsunción típica; de ésta manera no crear grandes riesgos para los bienes jurídicos tutelados; entendiéndose como éstos, el valor que se busca proteger por parte del Estado, en el caso específico, sería la libertad. Descriptores: Vindicta Publica, fase preparatoria e intermedia, delito, acción pública, individualización, subsunción típica, bienes jurídico tutelados.


INTRODUCCION El proceso penal en Venezuela, comprende una fase muy importante como es la preparatoria o de investigación en donde la Fiscalía del Ministerio Público, recauda toda la información sobre las condiciones de modo tiempo y lugar de una presunta conducta delictiva y así mismo trata de establecer el autor de dicha conducta, con un grado de certeza factible de responsabilidad, de acuerdo a las diligencias desplegadas y materiales probatorios que haya recaudado, concluyendo la etapa mediante la presentación formal en la audiencia preliminar de un escrito de acusación ante un juez de control.

Los órganos de policía de investigaciones penales, son los auxiliares del Ministerio Público ya que son los que coadyuvan al esclarecimiento de la verdad con sus investigaciones de campo y procedimientos técnicos, experticias, inspecciones como otras. Entre el Ministerio Público y los órganos de investigación penal, existe una afinidad legal en relación a las facultades que le son propias, por cuanto el Fiscal del Ministerio Público es quien procede a valorar el resultado de las investigaciones para que en vez de solicitar una conclusión del proceso por medio del archivo de las actuaciones, procure más bien desarrollar el proceso, haciéndolo llegar en su forma natural hasta el éxito de la investigación .

Se tomaron en cuenta los diversos principios de la legalidad, debido proceso y congruencia, con el fin de concretar en los hechos que se le imputan a un individuo para que pueda tener el conocimiento suficiente y a tiempo que le permita preparar una defensa técnica y conocimiento de las pruebas que existen en su contra y que pueda desplegar una estrategia defensiva ante un juez con el fin de salir triunfante de los delitos por los cuales se le acusan en la fase de investigación. El Ministerio Público titular de la acción penal, de realizar la individualización del delito de acorde a los hechos y circunstancias que vinculan al sujeto actor del ilícito penal, ya que es considerado por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público como parte de buena fe y deben tener objetividad, guiar sus actuaciones, dentro del proceso apegado al derecho y no ordenes, presiones o sugerencias por parte de poderes del estado, de partidos políticos o grupos de presión, sus opinión debe


ser debe formarse de acuerdo a la Ley y no con prescindencia de la misma, debiendo siempre procurarla verdad sobre lo investigado que dará como conclusión su acusación u otro acto conclusivo, debe valorar los resultados de sus investigaciones en la búsqueda de la verdad para alcanzar la justicia, que es lo que demanda nuestra sociedad, el fiscal si observa irregularidades en cualquier etapa del proceso penal, debe advertirlo oportunamente y de buena fe. Eso es ética y apego a nuestra Constitución garantista de los derechos humanos.

Es por ello que el

propósito de esta investigación es analizar la responsabilidad

del Fiscal del Ministerio Público como director de la investigación penal en la individualización del delito. Para tal fin, la presente investigación está estructurada en capítulos los cuales se detallan a continuación: En este sentido, el Capítulo I contiene la contextualización del problema, formulación del problema, se establece el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación de la investigación. Seguidamente, el Capítulo II comprende el Marco Teórico destinado a ilustrar sobre la investigación, antecedentes de la Investigación desde el punto de vista internacional hasta el regional; Bases Teóricas en las cuales se construye el análisis de los resultados de la investigación. Ello así, el Capítulo III el Marco Metodológico, donde se establecen los elementos y técnicas utilizados para la investigación. Finalmente, se explanan las referencias bibliográficas que apoyaron la investigación realizada.


CAPÍTULO I

po delictivo; son: Elemento objetivo, éste se

EL PROBLEMA

refiere a los elementos corpóreos o materia-

Planteamiento del Problema E n el proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un sujeto responsable; debi-

les. Elemento subjetivo; se refiere al dolo o a la culpa. Elementos subjetivo específico. Se refiere a los elementos diferentes del dolo o la culpa; Elemento normativo; se refiere a aquellos que requieren a una explicación jurídica. Así pues la atipicidad es el aspecto

damente determinado, plenamente indivi-

negativo de la tipicidad puede considerarse

dualizado (presunto autor de un hecho ilíci-

como la falta de adecuación de la conducta

to). Tal individualización es un presupuesto

del tipo penal y ésta se nace, cuando no

necesario, imprescindible, para poder dar

concurren en un hecho concreto todos los

curso al proceso; el autor, debe haber sido elementos del tipo descrito en el código pedebidamente particularizado, es decir iden- nal; cuando la ley penal no ha descrito la tificado con sus nombres, apellidos y su do- conducta que en realidad se nos presenta cumento de identidad si lo tiene. Pero ade- con particularidad de ser antijurídica. más debe ser individualizado en la forma con que presuntamente habría participado en los hechos. Solo de ese modo se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado, permitan presumir su participación en la comisión de un delito. La tipicidad es uno de los elementos del delito, pero es el elemento esencial para crear el mismo, sin este elemento de diligencia subjetiva es imposible su existencia.

Son causas de exclusión de la tipici-

Por ende se considera como toda conducta dad: La ausencia de una norma a la cual que mediante una acción u omisión se ajus- referir el hecho; en el caso de que la norma ta a los supuestos jurídicos establecidos co- exista, la falta de conformidad entre los elemo delito o falta dentro de un ordenamiento mentos del hecho y los elementos que comlegal, para que una conducta sea típica, de- ponen el tipo legal. El principio más arraigabe estar especificada detalladamente como do a la tipicidad es : No hay delito sin tipo, delito o falta dentro de una norma penal. una conducta no puede ser considerada deLas Características de los elementos del ti-


lictiva sin estar descrita por un ordenamiento mentación de la acusación con inclusión de las pruebas existentes en su contra, pues papenal. ra que una persona pueda defenderse debe Ahora bien al analizar La palabra indivi- estar claramente establecido de qué tiene que dualización, conforme el diccionario de la real defenderse. academia española, significa: “individuar, par-

Es decir para que un resultado sea ob-

ticularizar.” “Reconocer si una persona o cosa jetivamente imputable a una conducta, se requiere, además de una relación causal natues la misma que se supone o se busca” La individualización del imputado, permite ase-

ralmente constatable que dicha conducta ha-

gurar: A) Que el proceso se centre contra una ya creado un riesgo jurídicamente desaprobapersona cierta y determinada y no contra per- do, que sea el que se realiza en el resultado, sonas ajenas a los hechos o eventuales igua-

perteneciendo el resultado acaecido al ámbito

les. B) Que, se puedan solicitar y dictar – si

de protección de la norma vulnerada; por en-

fuere el caso- las medidas de coerción proce-

de que fuera uno de los que dicha norma es-

sal personal que correspondan conforme a

tuviera llamada a evitar.

ley. C) Y finalmente, la debida individualiza-

Entre quienes aceptan la vigencia de la

ción del imputado permite garantizar el dere-

imputación objetiva, apenas se presentan dife-

cho fundamental de defensa, que ampara al

rencias sobre tal enunciado, pero se registra

incriminado, como a todo sujeto.

en cambio, un debate extraordinariamente intenso sobre aspectos vinculados a la ubicación metódica, sus contenidos, función, procedimiento, ámbito de aplicación y desde luego, la validez y utilidad misma de la teoría de la imputación objetiva, discusión que trasciende a nuestros días y ofrece un amplísimo campo de investigación.

Por tal razón, remite al Principio de Imputación que se encuentra recogido entre otros por el Artículo 8.2 B de la Convención Americana de Derechos Humanos, (Tratados Multilaterales, 2014); que señala:

A partir del estudio de los sistemas funcionalistas desarrollados por Roxin Claus, abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del Derecho Penal, Derecho Penal Internacional, Derecho Procesal Penal y Teoría del Derecho;

vinculada al

que el derecho del imputado a una debida “principio de riesgo”, sintetiza la teoría de la acusación o imputación, comprende: la indiviimputación objetiva, del siguiente modo: dualización del imputado, la descripción detallada, clara y precisa de los hechos atribuidos, un resultado causado por el sujeto la calificación legal de los mismos y la fundaque actúa, sólo debe ser imputado


al causante como su obra y sólo cumple el tipo objetivo cuando el comportamiento del autor haya creado un riesgo no permitido; para el objeto de acción cuando el riesgo se haya realizado en el resultado concreto y cuando el resultado se encuentre dentro del alcance del tipo. Asimismo la imputación del tipo objetivo

para Jakobs en dos niveles: La calificación del comportamiento como típico (imputación objetiva del comportamiento); y, La constatación en el ámbito de los delitos de resultado, de que el resultado producido queda explicado precisamente por el comportamiento objetivamente imputable (imputación objetiva del resultado).

presupone la realización de un peligro, comprendido dentro del alcance del tipo penal, creado por el autor y no encubierto por el riesgo permitido. Este autor pretendió con la teoría de la imputación objetiva, restringir de modo

“objetivo”

el

concepto

ilimitadamente

“objetivista”. El funcionalismo moderado reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), pero con una orientación político criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados por los fines del Derecho Penal, por lo que estas categorías jurídiA Roxin le importó, ante todo, confrontar, a través de una perspectiva objetiva de la imputación, la incorporación del dolo al tipo del ilícito. Los Postulados Normativistas de Gunther Jakobs : la teoría de la imputación objetiva cumple un papel fundamental que permite determinar los ámbitos de responsabilidad dentro de la teoría del delito, así faculta constatar cuando una conducta tiene carácter (objetivamente) delictivo. La teoría de la imputación objetiva se divide

cas no son sino instrumentos de una valoración político criminal. Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientado a valoraciones jurídicas; pues la imputación de un resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena. La

imputación objetiva, la imputación

de comportamientos, Meliá, (2000); expresa


que Jakobs, propone cuatro instituciones dogmáticas a través de las cuales ha de establecerse el juicio de tipicidad: a) El riesgo permitido: Parte de una definición claramente normativa del “riesgo”, desligada de probabilidades estadísticas de lesión. El riesgo permitido se define como el estado normal de interacción, es decir, como el vigente status quo de libertades de actuación, desvinculado de la ponderación de intereses que dio lugar a su establecimiento, hasta el punto que en muchos casos se trata de un mecanismo de constitución de una determinada configuración social por aceptación histórica; dicho de otro modo, se refiere más a la identidad de la sociedad que a procesos expresos de ponderación. b) Principio de confianza: Determina cuándo existe, con ocasión del desarrollo de una actividad generadora de un cierto riesgo (permitido), la obligación de tener en cuenta los fallos de otros sujetos que también interviene en dicha actividad (de modo que si no se procediera así, el riesgo dejaría de ser permitido), y cuándo se puede confiar lícitamente en la responsabilidad de esos otros sujetos. c) Prohibición de regreso: Con ella pretende Jakobs enmarcar de forma sistemática la teoría de la participación dentro de la imputación objetiva. La prohibición de regreso satisface la necesidad de limitar el ámbito de la participación punible, tanto para comportamiento imprudentes como dolosos, con base a criterios objetivo-normativos. De ese modo, la prohibición de regreso se presenta en cierto modo como el reverso de la participación punible. d )Actuación a riesgo propio de la víctima o competencia de la víctima: Mediante esta institución Jakobs propone tener en cuenta la intervención de la víctima en el suceso. En este punto, la teoría de la imputación objetiva implica la introducción de elementos valorativos que determinan cuáles son los límites de la libertad de actuación, implica, en este sentido, el establecimiento de esferas de responsabilidad. La problemática en torno a la postura de Jakobs radica en relación al principio de confianza. por ello cada vez, ocupa un lugar mas relevante como objeto de discusión doctrinal, pues la figura del principio de confianza, con la delimitación de ámbitos de organización y responsabilidad, mas sin embargo existe un posible problema en relación a que una institución de esta naturaleza sólo operaría en una sociedad estructurada y altamente organizada como las sociedades europeas. Pues es así que el cumplimiento de la norma, su estabilización y el principio de confianza se rigen por parámetros europeos. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra estas consideraciones dogmáticas posibilitarían cierto grado de impunidad.


En este orden de ideas, se establece

Se precisa: que la imputación debe

se debe tener en cuenta La tipicidad es el ele-

ser cierta, no implícita, sino precisa,

mento esencial para la configuración del delito, sin este elemento exterior de conducta subjetiva es imposible su existencia. Esta dentro del tipo penal, la conducta que mediante una acción u omisión se ajusta a los supuestos jurídicos establecidos como delito o falta dentro de un ordenamiento legal, para que una

conducta

sea

típica,

debe

es-

tar especificada detalladamente como delito o

clara y expresa; es decir debe tener

falta dentro de una norma penal. Se denomina

una descripción suficientemente e los

tipicidad al encuadramiento de la conducta

hechos considera

dos punibles que

humana al tipo penal. Así cuando la ley des-

se imputan y del

material

cribe el homicidio diciendo "el que prive de la

rio en que se fundamentan y no debe

vida a otro", la conducta típica está dada por

darse una

el hecho concreto de matar a otro.

impersonalizada, que imite o impida a

imputación

los procesados El Tribunal Constitucional de Perú señala: nada más lejos de los objetivos de la ley procesal el conformarse en que la persona sea individualizada cumpliendo sólo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de instrucción (menos aún como se hacía antes, “contra los que resulten responsables”…), sino que al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados.

probato-

genérica

e

un pleno y adecua

do ejercicio constitucional de su derecho

de defensa. En otras palabras y

como los cargos contra el imputado de ben estar también debidamente individualizados o particularizados.

Por consiguiente, es menester especificar que en Venezuela, el Ministerio Público, tiene la titularidad de la acción penal, como lo establece el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal; por ende la Vindicta Pública, debe velar por la exacta observancia de la Constitución y las Leyes; así como lo establece el artículo 16 de La Ley Orgánica del Ministerio Público al


Garantizar el debido proceso, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el respeto de derechos y garantías constitucionales como de los tratados y acuerdos internacionales vigentes en la República. Igualmente ordenar, tutelar y vigilar todo lo relacionado con la investigación y acción penal; practicar por sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por otros órganos que el considere convenientes para la investigación del hecho denunciado, las actividades dirigidas para demostrar la perpetración de los hechos punibles; hacer consta su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetración; los fines de formalizar una Investigación Preparatoria. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, vigente (2012); no solo exige, que aparezcan elementos reveladores de la existencia del delito imputado, sino que los imputados se encuentren debidamente individualizados; condición fundamental, imprescindible, para poder establecer una hipótesis incriminatoria y formalizar investigación preparatoria y tener así un caso judicial probable.

En consecuencia (Ministerio Público, 2002) Doctrina del Ministerio Público, en circular aprobada por el Ministerio Público, en fecha 28 de noviembre de 2002, identificada bajo el N° DFGR-DVFGR-DGAJDRD-3-2001-004, refiere a los requisitos indispensables para la presentación de toda Acusación.

.Al representante del Ministerio Público no debe bastarle la simple enumeración de los elementos de convicción, pues ello impide discernir con claridad, cuáles son los motivos o fundamentos que vinculan al imputado con los hechos inquiridos.

En consecuencia, conforme lo prevé la ley adjetiva vigente Código Orgánico Procesal Penal; los elementos de convicción deben concatenarse entre sí, de manera que pueda apre-


ciarse claramente su coherencia, estableciéndose de modo diáfano la relación de éstos con respecto a los hechos previamente narrados. Con respecto a la necesidad de asentar en todo escrito acusatorio, las piezas de con vencimiento que sustentan una determinada imputación fiscal, es menester destacar, que al representante del Ministerio Publico no debe bastarle la simple enumeración de los elementos de convicción, que según su criterio, lo llevaron a formarse la certeza -en términos de verosimilitud-, de que un determinado individuo es autor o partícipe de un específico hecho punible; consecuencialmente, el Fiscal está obligado por la ley adjetiva vigente -Código Orgánico Procesal Penal a relacionar dichos motivos con los fundamentos fácticos que incriminan a una persona en específico. Es de recordar, que dichos elementos de convicción están conformados por las evidencias obtenidas durante la fase preparatoria del proceso ordinario (o en el momento de la aprehensión en los supuestos de delitos flagrantes). Por tanto, las fuentes de prueba recolectadas y reseñadas deben concatenarse entre sí, de manera que pueda apreciarse claramente su coherencia, estableciéndose de modo diáfano la relación de éstas con respecto a los hechos previamente narrados. De conformidad con los recaudos remitidos para la consideración de este Despacho, los representantes del Ministerio Público desatendieron por completo la exigencia apuntalada en el presente apartado, pues las fuentes de prueba reseñadas en el escrito acusatorio examinado, carecen totalmente de motivación, circunstancia que impide discernir con claridad, cuáles son los motivos o fundamentos que las vinculan con respecto a los hechos inquiridos. Por tanto, sobre la base de lo apuntado en reiterada doctrina institucional, valga reafirmar en este espacio, la importancia de transcribir y correlacionar fundadamente todas las piezas de convencimiento recolectadas durante la fase preliminar del proceso penal “…los elementos expuestos y citados deben concatenarse entre sí, de manera que pueda apreciarse claramente su coherencia, estableciéndose de modo claro la relación entre los elementos de convicción y los hechos previamente narrados, mediante la manifestación expresa de los razonamientos utilizados para establecer tal vinculación. Una inadecuada fundamentación podría generar dudas, tanto en la debida calificación del delito por el cual se acusa como en la responsabilidad del imputado.


Es decir no basta la plena individualización de los autores o partícipes, si es que la misma no incluye la conducta concreta que se imputa. Cuando el Representante de la Vindicta publica ya establece su escrito de acusación, Dentro de los requisitos establecidos en el Artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, se encuentra que la acusación fiscal, deberá contener una declaración clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado y que a juicio del ente Fiscal hace procedente su enjuiciamiento; siendo que de conformidad con esta norma procesal, en armonía con Doctrina Fiscal, esta exposición fiscal clara, precisa y circunstanciada del hecho

Magaly Vasquez (2008) La autora ex plana: Esa determinación supone que el Juez deberá efectuar no solo un control formal sobre la acusación, control que se reduce a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, esto es, identificación del o de los imputados y de la descripción y calificación del hecho atribuido, sino también un control material que consiste en el análisis de los requisitos de fondo en que se basa el pedido del Ministerio Público, es decir su la acusación tiene un fundamento serio.

que se le imputa, consiste en el señalamiento del lugar, tiempo, modo y demás características en que la persona cometió el delito; por el contrario, si la acusación es confusa y contradictoria por parte del representante del Ministerio Público, traerá como resultado que se desestime la misma, lo que ocasionará como consecuencia el sobreseimiento conforme al Artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal; privando a la victima y al estado de las acciones que puedan ejercer en el justo resarcimiento de sus derechos y pretensiones en el proceso. Así mismo, requiere que la acusación contenga en forma clara los fundamentos de la imputación con la expresión de los elementos de convicción que la motiva, los cuales serán necesarios para fundamentar su acusación; estas diligencias practicadas en la fase preparatoria solo servirán de basamento para solicitar el enjuiciamiento de una persona determinada, solicitar el sobreseimiento o decretar el archivo fiscal.

El Fiscal debe ser preciso en su fundamentación, volcando en el escrito acusatorio el extracto de aquellos elementos de convicción que le sirvieron para hacerla; la falta podría generar dudas respecto al tipo de delito por cual se hace la imputación, o la ausencia de responsabilidad dentro del delito que se adjudica; estos fundamentos de imputación en el escrito de acusación están referidos al señalamiento de las resultas de


la investigación, a que fue lo que obtuvo en el desarrollo de la investigación reali-

por cado uno de ellos.

zada en la fase preparatoria, señalando de

El representante de la Vindicta Públi-

manera expresa, los elementos de convic-

ca ha hecho costumbre la no determinación,

ción que motivan a presentar la solicitud de

de manera clara la responsabilidad determi-

enjuiciamiento del imputado.

nada de el que comete el hecho delictivo,

La acusación deberá contener una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, se debe resaltar que de igual manera cuando se trate de varios imputados el fiscal del Ministerio Público debe individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos; es decir indicar los elementos de convicción que nos sirvan para determinar la acción desplegada

se satisface con sólo determinar un delito como tal y no la individualización por la conducta del ejecutante. En varias ocasiones, viola flagrantemente el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que contiene el debido Proceso, ya que no estaría cabalmente informada de manera específica los hechos que se imputan y como consecuencia, la defensa seria errática.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 287 (2007): es el criterio reiterado de la Sala en cuanto a que...el verdadero enjuiciamiento sólo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, elementos que deben ser necesariamente determinados de que el hecho delictivo existió y de que el imputado es el autor, de lo contrario, el juicio penal no podrá existir y ante la inexistencia de relación jurídica material penal, tampoco existirán partes en sentido material. Por lo tanto de acuerdo a todo lo expuesto y en consideración a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 26, establece que el Estado Garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos inútiles resulta forzoso y necesario en aras de la justicia, determinar la falta de requisitos esenciales ( que debería citarse como formales) para intentar la acusación formal.


JUSTIFICACION

OBJETIVOS GENERAL Describir la Respon-

ción correcta, del sujeto

ciada del delito; detallada,

sabilidad del Ministerio

actuante en un hecho ilíci-

congruente, cronológica y

Público en la individuali-

to; se ha convertido en

correlacionada de la com-

zación del Delito.

una violación del debido

posición fáctica que rodea

ESPECIFICOS *Analizar la norma jurídi-

proceso, ya que genera

la comisión del mismo, a

una defensa técnica erra-

los fines de poder justifi-

ca en relación a la indivi-

da, retraso procesal, por

car la adecuación de la

dualización del delito.

falta de requisitos forma-

conducta desplegada por

*Demostrar los criterios

les en la imputación o

el imputado, en uno de

judiciales en relación a la

bien en una posible acu-

los delitos previstos y

individualización del deli-

sación, ya que la necesi-

sancionados en la norma

to.

dad más apremiantes en

Penal Sustantiva. Es me-

el proceso penal, es esta-

nester destacar, que el

blecer la búsqueda de la

juez penal, es quien tiene

verdad.

el control judicial, pero se

*Evaluar la responsabilidad de la Vindicta Pública en relación de la adecuación de la conducta al tipo legal. .

La no individualiza-

Por este motivo es

ra, precisa y circunstan-

encuentra en la mayoría

imperativo que el repre-

de las veces en un silen-

sentante de la Vindicta

cio sepulcral ante la falta

Pública investigue a caba-

del deber del Ministerio

lidad las razones, de he-

Público en el tema de la

cho ya que debe estable-

debida individualización

cer ser una relación cla-

del delito.

Dentro de este contexto se puede destacar que no hay debido proceso, ni proceso justo, si a la persona se le oculta las imputaciones que pesan en su contra o si es que en forma negligente la autoridad pública (fiscal o juez) «olvida» informarle claramente, de los hechos que se imputan; por lo tanto el imputado no es objeto del proceso, sino sujeto del mismo. Por estas razones la idea de justicia y de debido proceso exige transparencia y claridad desde que se dirige imputación en contra de una persona, esto solo se puede obtener si, se informa al ciudadano de los hechos que el mismo Estado le atribuye


DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO: la presente propuesta de investigación está respaldado, en enfoques obras, convenios, teorías, tratados, autores ampliamente conocedores en materia del derecho procesal penal, jurisprudencias nacionales e internacionales, que se manejan actualmente, con respecto a el deber del representante del Ministerio Público. FILOSOFICO: Desde el punto de vista Filosófico: Los orígenes de la idea de adecuar una conducta a un hecho delictivo se puede remontar, en principio, a la llamada teoría de la imputación del filósofo del derecho natural Samuel Pufendorf, en su obra Jurisprudentia Universalis, formula el axioma un acto cualquiera, que pueda guiarse por una norma moral y cuyo acontecer o no, está al alcance de la persona, puede ser imputada a esa persona y a la inversa, no puede imputarse a una persona aquello ni considerado en sí mismo ni en su causa está a su alcance. Sin embargo como precursor de la actual teoría de la imputación objetiva figura la filosofía idealista del Derecho de Hegel,

quien

parte de la consideración de que el principio supremo, la realidad absoluta es la idea.


La idea es el principio, el desarrollo y el fin de todo, es el ser que cons-

METODOLOGICO Se aplicará método científico en

tituye la esencia de todas las cosas y, a

la propuesta; utilizando la técnica cuali-

la vez, el sustrato de todo fenómeno. El

tativo; es decir buscando adquirir infor-

objetivo del concepto de acción remon-

mación en profundidad; así mismo utili-

table a Hegel y desarrollado por su era,

zando la interpretación de la norma jurí-

es atribuir al sujeto de la multiplicidad de

dica.

cursos causales, solo aquello que puede ser considerado como su obra, es decir,

PRACTICO Estará dirigida a todo ciudadano

como la conformación del mundo a tra-

en esta investigación viene a represen-

vés del sujeto.

tar una oportunidad importante para

ACADEMICO: La presente investigación reposa-

abordar con precisión cuáles son los

rá en el archivo bibliográfico de la presti-

tan en la aplicación de los procesos pe-

giosa Universidad Nacional Experimen-

nales y los factores que han facilitado su

tal Politécnica

de la Fuerzas Armada

permanencia en el tiempo y de la misma

Nacional, núcleo Táchira, con el fin de

manera solucionarlos a fin de garantizar

permitir tanto al estudiante como al juris-

la tutela efectiva.

problemas que actualmente se presen-

ta, reconocer los criterios de aplicación

Otro de los aportes de este traba-

del derecho, por lo que puede resultar

jo, se encuentra en el hecho de que a

de gran utilidad para todos aquellos

través de su ejecución, se abren las po-

practicantes en su ejercicio legal es de-

sibilidades de mejoramiento del ejercicio

cir, a personas de segundo, tercer nivel

en el área penal, y por lo tanto un proce-

y cuarto nivel de educación.

so debido, permanecerá el interés inves-

SOCIAL Estará dirigida a todo ciudadano en la sociedad, particularmente a las personas que se encuentren en un proceso penal. JURIDICO La investigación está enmarcada

tigativo, el esfuerzo humano, ético y pro-

en la normativa vigente, tanto en acuerdos, convenios internacionales, nuestra Carta Magna, así como en el Derecho

fesional de indagar y proponer posibles soluciones sobre la problemática planteada, es una alternativa viable.


ALCANCE: El alcance abarcará a todo ciudadano, ciudadana, nacional, o extranjero que esté incurso en un proceso penal, por la supuesta comisión de un hecho punible; dentro del Territorio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, siempre y cuando sus procesos se encuentren en la fase preparatoria e intermedia y a profesionales del derecho, así como cualquier persona que tenga interés en la materia LIMITACION: No tener el acceso directo a archivos de expedientes en el circuito Judicial; para poder establecer de manera categórica cual es la data donde el Ministerio Publico no individualiza la conducta desplegada del individuo a quien le atribuyen un delito.


CAPITULO II MARCO TEORICO Para (Ramírez, 2006) estipula: que el marco referencial teórico es el espacio del informe o del proyecto de investigación destinado a ilustrar al lector sobre: investigaciones ya realizadas sobre la problemática estudiada.; es el contexto histórico en el cual se enmarca el problema; se puede determinar que su

parámetro

teórico comprende el asunto de investigación en sus múltiples facetas y dimensiones. Es decir no significa solo reunir información, sino también ligarla e interrelacionarla coherentemente en el escrito, de manera que sirva como fundamento, como sustento, que respalde el trabajo de investigación a realizar y que permita desarrollarlo con responsabilidad. Es el pilar fundamental de la investigación; ya que constituye la base donde la investigadora sustentará el análisis de la investigación; radica en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés . La investigadora considera necesario delimitar el problema, ya que de esta manera se formulan definiciones, se fundamentan las hipótesis o las afirmaciones que más tarde tendrán que verificarse, e demostrar los resultados de estudio, se tiene participación en la producción del nuevo conocimiento, orienta la investigación y el enfoque al conocimiento y señala los objetivos significativos que deben indagarse; de ésta manera permite guiar a la investigadora se centre en el problema y que impida la desviación del planteamiento original.


ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2006), los antecedentes corresponden a los trabajos y documentos previos bajo investigación científica de cuyo contenido se pueden extraer criterios ideas y metodología. (Arteaga, 2010); considera el autor que la investigación jurídico científica, requiere de fundamentos teóricos que aseveren o desmientan las afirmaciones del investigador, para ello es necesario realizar revisión bibliográfica de autores que hayan profundizado en el tema objeto de estudio. De allí que este capítulo es el resultado de la revisión de, opiniones, conceptos, definiciones y jurisprudencias que se han generado sobre la responsabilidad del Ministerio Público frente a la individualización del delito; todo lo cual sirve de fundamento a la investigación y se evidencia en los antecedentes y definición de términos básicos desglosados a continuación: En el ámbito Internacional, se realizó un estudio por La Corporación Excelencia en la Justicia de Colombia, (2013) en asocio con la USAID, ya que su propósito es determinar que el acto de imputación debe ocurrir en desarrollo de una audiencia presidida por un juez de garantías; donde su objetivo es que éste último pudiera cerciorarse de que ese acto de comunicación doble (fáctica y jurídica) se realizara con claridad y precisión por parte de la Fiscalía y que el imputado comprenda a cabalidad. Si una de estas dos comprobaciones falta, el juez debería procurar que la Fiscalía corrigiera la imputación en forma tal que pudiera ser entendida, en su descripción y consecuencias, por la persona a quien iba dirigida; se puede observar que del estudio realizado se utilizó un diseño de investigación pura. Se relaciona con la investigación, que ese estudio demuestra; que la primordial conciencia para valorar la continuidad o no de la audiencia de formulación de imputación se somete a un problema de congestión de los despachos judiciales y no de violación de derechos fundamentales de los ciudadanos; el inicio del proceso penal a partir de una audiencia de formulación de imputación, con descubrimiento probatorio pleno, control formal y material del juez y derecho de contradicción por parte de la defensa, permitiría un gran aporte vía control jurisdiccional, evitar que procesos sin suficiente calidad probatoria llegasen a juicio violando derechos fundamentales, es decir respetar las garantías que le son propias al imputado.


Asímismo se tiene a (Vanegas P, 2013); en su Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Derecho Penal, sobre el Principio de la Congruencia, de la Universidad de Medellín Colombia; realizó un análisis jurídico descriptivo de las garantías que amparan al imputado y conlleva el correcto proceso de adecuación típica, como garantía del debido proceso. De ahí que la exactitud de la comunicación y descripción del hecho imputado

a lo largo de todo el proceso, posibilita en primera

medida, el respeto por el principio de congruencia . A su vez, es una manifestación del adecuado ejercicio de la defensa en juicio, encontrando como objetivo que la norma combine tanto las reglas sustantivas como las adjetivas, las cuales adquieren especial alcance no sólo para castigar sino que también cumplen su finalidad cuando se llega a la absolución, ningún sistema procesal penal puede permitirse llevar a cabo debates sin sentido, esto es, debates basados en acusaciones infundadas. La mencionada investigación se relaciona y deja aportes a la presente investigación en el sentido que se deben salvaguardar los derechos humanos y garantizar un proceso transparente y que una persona distinta a las partes haga valer los preceptos constituciones de manera objetiva . Dicha investigación está realizada bajo el diseño el diseño cualitativo de investigación pura. La investigación realizada por (Arango,2013); en su Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Derecho Penal, sobre el control Judicial al derecho de acción penal en Colombia; en la Universidad Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, Medellín Colombia; teniendo como objetivo primordial, resaltar el derecho del imputado a conocer que existe una investigación en su contra, sino a conocer cuáles son los cargos específicos que existen y en que se fundamentan los mismo; como también de determinar la importancia de la Audiencia de Formulación de Imputación, ya que en esta se materializa el derecho fundamental a ser informado de una investigación. Conocer cuáles son los cargos específicos que existen y en que se fundamentan los mismos; aporta la investigación que la individualización de delito debe ser realizada dentro de


parámetros legales aclarando que una vez realizada la imputación la investigación empieza su verdadero proceso de perfeccionamiento; por ende su objetivo es analizar los derecho del imputado en el inicio del proceso penal, bajo principios de garantías y derechos humanos. El diseño de investigación, es de cualitativa fundamentada en jurisprudencia, leyes y doctrina. Se relacionan de manera directa con la investigación que se pretende realizar, debido a que tienen como tema central tanto la fase de investigación donde el Fiscal del figura como Director de la misma, así como la individualización de los punibles perpetrados, en esta etapa se consagra que se puede vulnerar los derechos constitucionales y humanos del imputado, siendo que en esta parte del proceso es donde se pueden recoger todo elemento de convicción que servirá para sustentar una acusación y demostrar si es culpable o no .

En el ámbito Nacional;

comprende la

ponencia de La Dra. Ninoska Queipo, Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (2012); en la ciudad de Caracas en el Tribunal Supremo de Justicia: “La Democracia Participativa en el nuevo modelo de Justicia Penal Municipal en Venezuela" señala que la justicia penal municipal, constituye un avance trascendental dentro del sistema de justicia penal, cuyo propósito es resaltar por este, que con el nuevo procedimiento ante los Tribunales de Primera Instancia Municipal, la audiencia de imputación igualmente debe celebrarse y toma como objetivo se conozca esta nueva materia que no cambia sino en que se solicita la fijación de la audiencia de imputación, por supuesto, luego de efectuar la investigación preliminar, es decir de garantizar derechos del imputado. Por consiguiente, permite determinar la comisión del delito, las circunstancias de su comisión y la individualización de su autor o autores, el método de investigación analítica y de desarrollo conceptual, con apoyo de una amplia revisión bibliográfica. Es pertinente con la investigación ya que se trata de los procedimientos especiales, son procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, toda vez que se crearon nuevas instancias, en cuya pena no exceda en su límite máximo de ocho años de privación judicial preventiva de libertad, siendo la finalidad de este procedimiento otorgarle oportunidad a aquella persona que comete un hecho delictivo, en la misma audiencia medidas alternativas a la prosecución del proceso y garantizando tutela judicial efectiva, y debido proceso; aunque es un sistema novísimo, se fundamenta en la el debido respeto de derechos constitucionales y derechos humanos; determina que la responsabilidad del Ministerio Público es la misma .


En el artículo publicado por el Dr. (Rodríguez, 2014), en Caracas; artículo de prensa en el Diario El Nacional, establece: cuyo intención no es más que comunicar que al enfrentar un juicio penal es importante conocer los derechos del investigado ya que se asume un nuevo rol de imputado, esto en relación al Debido Proceso y la Presunción de Inocencia, conllevando como objetivo hacer valer tales garantías, al acudir al acto donde el Ministerio Público individualiza el delito; se hace conocer que el procesado y su abogado deben velar por el cumplimiento de las actos exigidas por la ley; de lo contrario, devela que lo consiguiente será la nulidad del acto. Otra intención es que las personas conozcan de manera sencilla sus derechos en un proceso penal, que todas tengo acceso a él y así no pecar por ignorancia. Se ha utilizado para la elaboración del artículo la investigación analítica y de desarrollo conceptual, con sustento bibliográfico; el artículo es acertado con la investigación ya que su objetivo alimenta al lector en el conocimiento de que existe un proceso el cual debe estar apegado a derecho y cuáles son los derechos que tiene el imputado; todos garantizados en la Carta Magna, de que dicho sujeto que ha activado el engranaje judicial ya se pueda individualizas mediante los actos iniciales en el proceso. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia signada con el número: 110, dictada el VEINTI SEIS (26) de Febrero de dos mil trece (2013), en el expediente distinguido con el número: 10-1257, de la nomenclatura de ese Tribunal, bajo la ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (Caso: Marcel Fass), Caracas; en relación a la imputación, realizo un estudio imputación del ciudadano al determinar que se hace efectiva con la realización de la audiencia de presentación ante el juez de control, siempre y cuando que en la misma se le comunique expresa y detalladamente el hecho que desarrolló la persecución penal, y se determinó la precalificación jurídica; garantizando así el derecho a ser notificado de los cargo por los cuales se les investigaba, aunado con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, conteniendo aquellas que eran de importancia para la calificación jurídica.


Su finalidad es determinar los mismos efectos procesales de la denominada impropiamente imputación formal realizable en la sede del Ministerio Público y dejar claro que una vez celebrada la audiencia de presentación, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todo el efecto constitucional y legal correspondiente. Aporta a la investigación, que debe haber una relación de los hechos con los preceptos jurídicos aplicable a fin de determinar su real participación en los hechos, la atribución al aprehendido de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes La ponencia realizada se basa en una investigación cualitativa, analítica, y bibliográfica.

En el ámbito Regional, La Corte de Apelaciones Sala del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, dictada el veintiséis (26) de abril de dos mil diez y seis (2016), bajo la ponencia de la Juez Ladysabel Pérez Ron, al establecer como finalidad que debe tenerse certeza que el imputado realmente ha cometido un delito y establecer todas las circunstancias de manera clara y precisa a fin que el Juez pueda decidir sin vulneraciones, y violación de los derechos, garantías y principios constitucionales dejando en estado de indefensión, por las diversas declaraciones falsas, contradictorias e incoherentes El objetivo de la ponencia es hacer llegar el conocimiento de que la imputación es simplemente atribuir al justiciable su presunta participación en un hecho punible y por ende atribuirle la comisión del mismo, siendo el presupuesto necesario para ello, que existan indicios o elementos de convicción contra la persona. La ponencia realizada se basa en una investigación analítica y bibliográfica. Esta ponencia está vinculada a la investigación ya que el imputado, es la persona natural a quien se le atribuye en dicho acto, por medio del cual el Ministerio Público; los encargados de aplicar la justicia, desean determinar la participación verdadera o no del imputado, por su acción llevada a cabo, para que sea penada por el delito en el que infringe apegado a la realidad de los hechos y al derecho, de lo contrario se estaría aplicando de forma incorrecta, errada y arbitraria la justicia, o en lo que puede denominar en otras palabras como una injusticia y flagrante violación a los preceptos constitucionales y legales, en el que se vulnera completamente tanto el debido proceso como la oportunidad de desarrollar y llevar a cabo una defensa correcta u oportuna.


Además La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en decisión signada con el número: Aa SK22-X-000019, dictada el diez y ocho (18) de Mayo de dos mil quince (2015), ponencia de la Juez Nélida Iris Corredor : busca determinar que la principal tarea del juez de control es determinar que se cumplan las garantías constitucionales y legales, se basa en que la razón fundamental de la presencia del Juez de control en la actuación penal, es la necesidad de resolver eficazmente todos los conflictos

que se presentan entre las partes intervinientes en la fase de la investigación, transmite que la función del juez de control es proteger a la persona investigada contra la violación de cualquiera de sus derechos fundamentales, da a conocer el poder decisorio, el Juez de Control debe pregonar a intereses legítimos contrapuestos. Por un lado, la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de la persona investigada, en términos generales, las afectaciones excepcionales de derechos fundamentales dentro del curso de una investigación penal, deben ser ordenadas por un Juez de Control de manera previa. La ponencia realizada se basa en una investigación analítica y bibliográfica. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, dictada el diez y ocho (18) de Diciembre de dos mil quince (2015),

bajo la ponencia del Juez Marco An-

tonio Medina Salas; establece que la calificación jurídica acordada en el escrito acusatorio del Ministerio Público; puede ser cambiada por el Juez de Control sin valorar las pruebas, pues siendo así violentarían los principios de inmediación, contradicción y oralidad. La ponencia realizada se basa en una investigación analítica, desarrollada y bibliográfica.


Es acertada dicho dictamen a la investigación ya que explica; que el Juez puede cambiar la calificación del delito que fue realizada por Ministerio Público, en el momento que presenta la acusación, a fin de garantizar un proceso a las normas constitucionales y debida aplicación del Derecho Sustantivo


BASES TEORICAS Para (Pérez, 2010); establece, las bases teóricas: constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los resultados. El referencial teórico que fundamenta la

presente Investigación

está conformado por los aspectos teóricos conceptuales de la

pertinencia en describir, explicar, con detalle toda; esencial de la actuación del Ministerio Público, como órgano del Estado y poseedor de la acción penal en el proceso; ya que su tarea es individualizar el hecho punible cometido por una persona; es por esta razón que la palabra responsabilidad atañe el compromiso u obligación de tipo moral. Responsabilidad del Ministerio Público El Ministerio Público, es un órgano del Estado, pertenece al Poder Ciudadano; tiene una función constitucional ejercer en nombre del Estado la acción penal, garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales y garantizar la celeridad, el juicio previo y el debido proceso; todos estos actos deben estar presididos por criterios objetivos de legalidad e interés público; debe velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado e igualmente promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. El Ministerio Público, constituye una pieza fundamental del proceso procesal penal, especialmente, cuando éste ostenta una forma mixta de prevalencia acusatoria. En el ordenamiento procesal, la Fiscalía realiza la investigación previa y también la instrucción con la policía de investigación penal y los expertos de los laboratorios de criminalística, como actividad que surge del ejercicio de la acción penal que corresponde al Estado. Pero su función no concluye aquí, sino que se extiende hasta la calificación y según el caso, hasta la presentación de la acusación, con la cual promueve la iniciación del proceso de juzgamiento. En tal sentido, la Fiscalía es una institución que ejerce la acción penal con el propósito de investigar las conductas punibles, calificar la instrucción que para el efecto se adelante y acusar a los presuntos autores ante el juez o tribunal competentes cuando exista mérito proba-


torio para ello; la función primordial, de naturaleza netamente procedimental, es la persecución de los delitos, para lo cual debe asegurar la comparecencia de los indiciados en la violación de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Pero además, tiene por objeto el mantenimiento y actuación del orden jurídico, pues deberá tomar las medidas necesarias con el fin de hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Así pues el Ministerio Público, constituye una pieza fundamental del proceso procesal penal, especialmente, cuando éste ostenta una forma mixta de prevalencia acusatoria; el artículo 285 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), exige al Ministerio Público estar obligado a garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos suscritos por la República. Asimismo, lo convierte en el velador de la legalidad en el país según lo previsto en el ordinal 2º, ya que deberá garantizar la celeridad y juicio previo y el debido proceso. La autonomía es ratificada en el Código Orgánico Procesal Penal (2012), cuando en su exposición de motivos instaura de manera clara y precisa, que la acción penal deberá ser ejercida por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana Venezuela (1999) y en la Ley, en tal sentido, desde la óptica jurídica, el ente rector de

la investigación debe avalar que los principios, postulados y

disposiciones que circunden taxativamente las diligencias y los procedimientos que se desprenden de las actividades probatorias orientadas a investigar y a descubrir la verdad con la finalidad de garantizar simultáneamente, la transparencia de la investigación penal .


La Responsabilidad se debe entender como un valor que está en la conciencia de la persona; o el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre una persona, en el caso del Ministerio Público se debe considerar responsabilidad del funcionario que representa el estado para ejercer la acción penal. La Responsabilidad Judicial; se puede describir como la obligación o deuda moral que pesa sobre los funcionarios del engranaje judicial, que infringen la ley o sus deberes en el ejercicio de sus funciones específicas el proceso. Existen varios tipos de responsabilidad: El ejercicio de la jurisdicción en muchos países está sometido al principio de legalidad, lo que significa que sus actuaciones sólo pueden desarrollarse conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Si esto no fuese así, además de ser susceptible de recursos, puede generar responsabilidad si esta actuación lesiona a alguno de los intervinientes. La Responsabilidad Civil: Implica la obligación personal de resarcir lo atinente al patrimonio por los daños producidos, siempre que incurra en dolo, culpa o desconocimiento grave del derecho. Responsabilidad Penal: Cuando la actividad encuadre en alguno de los tipos previstos en el Código Penal. Responsabilidad Disciplinaria: Cuando comete una falta que implica una sanción administrativa. Responsabilidad Directa u Objetiva del Estado: Cuando el Estado asume que, independientemente de la conducta del funcionario, es responsable de las faltas en el servicio o por alguno de los supuestos que dan lugar a la responsabilidad judicial.

La individualización La individualización significa particularizar, a través de actos de investigación que por su naturaleza se atribuyen a la persona por participar en un hecho punible; es considerada como la forma de determinar cuáles son acciones realizadas para determinar que el sujeto tiene alguna vinculación con el delito investigado, ésta persona que se presume que comete el delito es denominado imputado. Existe doctrina del (Ministerio Público,2011) que resalta :


realizar la adecuada subsunción de los hechos ilícitos en el derecho implica narrar cómo la conducta ilícita asumida por el imputado encuadra en cada uno de los elementos del tipo penal atribuido, mediante la indicación expresa de las características propias del delito, permitiendo ello el adecuado engranaje de la acción típica, antijurídica y culpable en los elementos descriptivos del tipo penal, razonamientos éstos ausentes en el escrito de acusación analizado. subsumir de forma clara y precisa el hecho en el derecho permitirá un correcto ejercicio del derecho a la defensa, pudiendo el imputado oponerse a las consideraciones fácticas y jurídicas. el proceso de subsunción es a los únicos efectos de la calificación jurídica de la conducta como delictiva, a fin de que se realice correctamente la imputación y opere el derecho a la defensa del encausado. Una inadecuada fundamentación podría generar dudas, tanto en la debida calificación del delito por el cual se acusa, como en la responsabilidad del imputado.

Esto en relación con el derecho sustantivo establece la carga que tiene el representante del Ministerio público de determinar de manera inequívoca la responsabilidad del sujeto actuante a fin de determinar su participación y si de los elementos recabados existe vinculación o no directa o indirectamente con la norma transgredida Esto en relación con el derecho sustantivo establece la carga que tiene el representante del Ministerio público de determinar de manera inequívoca la responsabilidad del sujeto actuante a fin de determinar su participación y si de los elementos recabados existe vinculación o no directa o indirectamente con la norma transgredida. La investigación penal trae como consecuencia la aplicación de dos investigaciones simultáneas, la primera representada por: La investigación criminal, la cual se encarga de recabar y procesar las informaciones provenientes de las personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, independientemente de la fuente y el medio que proporciona la información; practicar las diligencias necesarias y urgentes; practicar las actividades probatorias que se desprendan durante el proceso. Todo esto con el fin de ser encaminadas a esclarecer el hecho y descubrir la verdad; y la segunda, representada por la investigación criminalística, la cual esta facultada para recabar las evidencias físicas involucradas en el hecho; procesarlas experimentalmente con la finalidad de reconocer, identificar e individualizar al autor, autores y otros partícipes del hecho, así como, al medio o los medios empleados para la comisión; y por último, producir los medios de prueba que fortalecerán los elementos de convicción.


El autor (Urbano, 2013) establece: Uno de los elementos a tener en cuenta es el ateniente a los límites y controles del poder de acusar, y, por último, el principio acusatorio no supone que para la apertura del juicio baste con el solo acto de acusar, pues es preciso superar el control judicial de la acusación.

En este tratado se desprende, que ningún sistema procesal penal puede permitirse llevar a cabo debates sin sentido, esto es, debates basados en acusaciones infundadas, subjetivas y arbitrarias; se relaciona con la investigación ya que dada la gran connotación pública que ello conlleva; ni puede permitirse exponer al imputado a una exposición pública donde el buen nombre y honor siempre quedarán dañado, aun con una absolución, de donde se hace necesario que una persona distinta a las partes controle su procedencia no solo desde una perspectiva formal sino, también especialmente, material, evaluando desde una posición diferente de las partes la viabilidad y razonabilidad de la pretensión del acusador; entonces, la decisión de seguir o no hacia otro estadio procesal y en su caso en qué condiciones, queda en manos de un juez, que va pronunciarse luego de haber escuchado a las partes en la audiencia de formulación de acusación. Según (Corcoy, 2011) establece En consecuencia, para poder conocer qué hechos deben examinarse, en orden a determinar su relevancia jurídico-penal, es necesario fijar, en un primer momento, cómo han sucedido los acontecimientos, es decir, es necesario probar positivamente, con una probabilidad rayana en la certeza cuál ha sido el devenir de los hechos, atendiendo a leyes generales, ya sean naturales, estadísticas o, incluso, sociales. El hecho que se trate de leyes de probabilidad y no absolutas no implica que se sustituya la causalidad por el incremento del riesgo, porque probar la causalidad supone aportar la mayor certeza posible de cómo se produjeron los hechos, mientras que el incremento del riesgo, como criterio de imputación objetiva, supone valorar si el aumento de la probabilidad de producción del resultado es un riesgo suficiente e idóneo para lesionar un bien jurídico-penal, por no tratarse de un riesgo permitido o insignificante. En el ámbito del proceso ello supone la exigencia de una Instrucción que posibilite practicar las pruebas necesarias para que, posteriormente, el Juez o Tribunal cuente con criterios suficientes para saber cómo sucedieron los hechos. Cuando, practicadas las pruebas pertinentes, los hechos no pueden ser probados suficientemente, de acuerdo con leyes causales que cuenten con una aprobación relevante de expertos competentes en esa materia, debería regir el principio de presunción de inocencia y llevar a la absolución. Ello es así porque no es posible llevar a efecto un juicio valorativo sobre la relevancia jurídico-penal de una determinada conducta si previamente no se cuenta con unos hechos racionalmente probados.


De lo que expone el autor, se vislumbra que el roll de la Fiscalía, es que debe, expresar información previa y detallada de la imputación en sentido amplio se puede manifestar en oportunidades distintas, es decir en : a) en el momento de la detención (captura) o al inicio del proceso se le comunique a la persona el hecho que motiva tal restricción a su libertad; b) La información previa, que se efectuará en el momento de declarar, implica que debe informársele previamente al imputado en forma detallada el o los hechos que se le atribuyen. La individualización del delito es un acto procesal formulado por el órgano acusador, por el cual se le atribuye a un imputado una acción propia y específica que guarda relación causal con el resultado investigado, reprobado por la ley; imputación que se debe realizar de forma clara, precisa, circunstanciada e integral, en tiempo oportuno y con motivación suficiente. Al enfrentar un juicio penal es importante conocer los derechos del investigado a raíz de la denuncia abierta en su contra, más aún cuando se asume el rol de imputado. Al respecto, resaltamos el Art. 49 de la Norma Constitucional: el Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y la Presunción de Inocencia. Haciendo valer tales garantías, al acudir al acto de imputación fiscal el procesado y su abogado deben velar por el cumplimiento de las solemnidades exigidas por la ley; de lo contrario, devendrá la nulidad del acto. Por cuanto lo que procura dicho acto, es la preservación del derecho a la defensa, mediante la imposición definitiva de los hechos, las pruebas y el delito que se atribuyen, que más allá de un simple formalismo, es una condición necesaria para garantizar los derechos del imputado. El Doctor.( Pérez , 2014), indica que: Un buen investigador, un buen conductor de la fase preparatoria, no debe olvidar este orden lógico de proceder, esta especie de ABC o llave de la investigación penal que debe resolver las tres interrogantes básicas, respecto a la determinación del hecho denunciado y que son: 1) ¿existió realmente el hecho denunciado?, 2) de existir éste ¿es realmente constitutivo de delito?, ¿es un hecho típico, antijurídico y culpable? Es pertinente con la investigación que se realiza ya que es evidente en un orden lógico y cronológico, que antes de que un hecho pueda ser plenamente imputado, deben ser solucionadas plenamente las interrogantes señaladas, y una vez se ha establecido la existencia real del hecho denunciado y su carácter delictual, es necesario establecer la participación de las personas en el hecho, a fin de echar las bases de la imputación.


Al respecto sostiene (Jauchen,2005): El derecho a conocer las razones por las cuales la persona es imputada es consustancial al derecho de defensa en juicio, pudiendo afirmarse que es el presupuesto necesario e indispensable para que éste último pueda ejercitarse. La formulación de la imputación señala el inicio del proceso penal y, a partir de ahí, entran en juego todos los derechos que resultan involucrados con el delito; tiene como objetivo comunicar a una persona que se inicia en su contra el proceso penal. En otras palabras, esta actuación formalmente pone en funcionamiento la función investigativa del Estado y el aparato judicial para perseguir el delito y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad. En el sistema penal acusatorio, a partir de la formulación de la imputación, el imputado adquiere el carácter de sujeto procesal y puede ejercer su derecho a la defensa material. A partir de la imputación se activa el ejercicio del derecho a la defensa material del imputado. La importancia de la fase preparatoria para la imputación y su desarrollo, es vital ya toda vez, que ésta existe por y para la imputación, y mediante la investigación previa se determina quién puede ser el imputado, en tanto que durante la Instrucción, se velará por corroborar si efectivamente puede serlo válidamente, con base, o no, en cuyo caso desaparecerá la imputación, y se tendrá que continuar la investigación hasta encontrar otro potencial imputado o hasta que facultades cognoscitivas del ser humano, limitadas de por sí en lo individual pero infinitas en el género dispongan lo conducente. El derecho a ser informado de la imputación reposa también en la idea de justicia y en el debido proceso; no se trata de un derecho que solo los ciudadanos inocentes pueden reclamar. También los que delinquen se encuentran protegidos por esta garantía mínima de la administración de justicia. La información de la imputación que pesa sobre una persona se formula dentro de los alcances del principio de presunción de inocencia que impone como primer mandato la regla de tratamiento como inocentes a todos los ciudadanos, mientras no haya una condena firme. La información, por tanto, se dirige a un ciudadano. No existe en la legislación penal venezolana, definición alguna sobre la figura de la imputación, pero doctrinaria y jurisprudencialmente, se señala lo siguiente: imputación: Acción de imputar. Cosa juzgada. Cargo, acusación, cosa imputada.


En el Derecho Penal significa la atribución, a una persona determinada, de haber incurrido en una infracción penal sancionable. La culpabilidad y la responsabilidad son consecuencias directas de la imputabilidad. Las tres voces, se consideran como equivalentes o sinónimas. Según (JIMENEZ, 1977) dispone: Existen diferencias entre los tres conceptos: La imputabilidad, afirma la existencia de una relación de causalidad psíquica entre el delito y la persona; la responsabilidad resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable, quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias del delito, aunque, en última instancia, es una declaración resultante del conjunto de los caracteres del hecho punible; y la culpabilidad es un elemento característico de la infracción y de índole normativa, pues no se puede hacer que un individuo sufra las consecuencias del acto que le es imputable más que a condición de declararle culpable de él. Se demuestra con esto que en el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado brota en el instante en que el sujeto es distinguido como partícipe en un acto antijurídico, sin que con ello deba darse por presunta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecería la imputación. Pero desde que un sujeto es objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa en juicio. Precisado el acto de imputación, resulta fidedigno concluir, que el mismo no puede ser restringido por orden judicial alguna, toda vez que ello implicaría la defenestración de la facultad, constitucional y legalmente otorgada al Ministerio Público, de investigar la comisión de los hechos punibles y de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, tal como lo disponen los artículos 284.3 de la Constitución Nacional y 111.1.3 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que como ya se dijo, la imputación no prejuzga sobre la responsabilidad del justiciable, sino que constituye el mecanismo procesal en virtud del cual, se le informa de manera clara y específica a cerca de las particularidades de la investigación, que en ejercicio pleno de sus facultades, se encuentra obligado el Ministerio Público a desarrollar. El hecho imputado o la calificación jurídica del mismo no tienen por qué mantenerse de modo intacto dentro del proceso. Es posible que se produzcan variaciones dentro de la instrucción o dentro del juicio, situación que es perfectamente lícita. Sin embargo, ello no quiere decir que la modificación del hecho pueda producirse de manera arbitraria y caprichosa. Por ello, se afirma que por razones de seguridad jurídica las variaciones deben ser


notificadas oportunamente debido a que ellas también requieren de la actividad del imputado, ya sea para estar simplemente informado o como ocurre generalmente, para alegar, probar y contradecir, dicha notificación debe producirse en un tiempo adecuado y oportuno con el fin de garantizar el derecho a preparar la defensa. Por tanto, salvo los casos de investigaciones donde el o los imputados, se encuentren individualizados y evadidos del proceso penal; es la individualización del investigado mediante actos concretos que de manera inequívoca le atribuyan la condición de imputado lo cual se puede corresponder o no con el acto de imputación formal, lo que delimita y actualiza los límites temporales . Igualmente, la investigación presenta como implicancia práctica partir del rol o posición que tienen las personas en la sociedad, recogidos en el tipo penal. En efecto, se pretende brindar seguridad jurídica no sólo a los operadores del Derecho sino también a la ciudadanía, se debe partir del sujeto real y no de un sujeto construido, a fin de que, atendiendo a criterios normativos y valorativos, cualquier inactividad no implica sanción penal, brindar seguridad jurídica, así como, argumentos lógicos para los operadores jurídicos son los efectos prácticos que esperamos dotar, incidiendo, por tanto, en la esfera jurisdiccional y social

Que una persona asuma la cualidad de imputado no es posible cualquier señalaEl Imputado: Es toda persona a quien se le sea señalada como autor o participante de un hecho punible por un acto de procedimiento o también llamado en otras legislaciones como acto de persecución penal, de las autoridades encargadas de la persecución penal que en este caso será esta atribución del Ministerio Público. miento formulado por n particular, necesariamente debe ser por un órgano oficial, es decir por el Ministerio Público. No debe confundirse imputado con autor del delito, ya que la persona del imputado es una cualidad en una situación procesal que se le atribuye una serie de derechos y garantías y puede ser equivalente a ser autor de cierto delito, ya que se puede presentar que una persona absolutamente inocente puede ser imputada, pero no se puede hacer de todo imputado un culpable.


Cualquiera a quien se le impute una comisión de un hecho punible, tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se trate como tal., mientras nos e establezca una sentencia de culpabilidad definitivamente firme.

El Delito: (Arteaga, 1985), define el delito: como un hecho que en sí mismo por su forma lesiona intereses fundamentales de la sociedad, intereses que se consideran básicos para la existencia, conservación y desarrollo del conglomerado social, por ende estamos en presencia de una acción que está en contra del bien común; el delito es propiamente la violación de la ley penal o la infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal, le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso; el delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena.

La Pena, es la sanción penal que se aplica a una persona procesalmente cuando se ha demostrado que realizo una conducta típica, antijurídica y culpable. Consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del transgresor, libertad o bienes, por ejemplo; debe estar establecida en la ley, principio de legalidad de la pena y ser impuesta dentro de los límites fijados por la misma. La norma jurídica como deber ser, es la consecuencia viene de lo que representa, sustituir la necesidad física material por la imputación jurídica, es decir toda norma jurídica, es un orden un mandato, resultado de la realización de un acto de voluntad dirigido a otro; es decir debe haber una conexión entre una condición que se corresponde con la conducta contraria a derecho y una consecuencia que se corresponde con una sanción. El Proceso Penal, está constituido por varias fases, las cuales, tienen su fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal, tiene o como finalidad, el establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida observancia de sus principios. La fase preparatoria, que es la que se trata en la presente investigación;


fundamentalmente investigativa, es la que destaca la intervención del Ministerio Público. Corresponde al fiscal la dirección de esta fase y, en consecuencia, los órganos de policía dependen funcionalmente de la Vindicta Pública. En los supuestos que el imputado debidamente individualizado mediante los actos iniciales del proceso, o en aquellos sobre los cuales exista una solicitud de orden de aprehensión, debidamente acordada por el órgano jurisdiccional, el límite temporal para la conclusión de la fase preparatoria solo podrá computarse a partir del momento en que se haga efectiva su detención, pues sólo en ese momento será a partir del cual el procesado se encuentre a derecho, pudiendo cumplir con las cargas y deberes que le impone su condición de imputado, siendo además ese el momento donde podrá continuarse con el proceso, debido a la prohibición de juicio en ausencia. Para el Dr. (Echandia, 1978) expone: El derecho procesal es el conjunto de normas que fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del Derecho positivo, lo mismo que las facultades, derechos, cargos y deberes relacionados con este y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. De esta definición se puede destacar que esta disciplina pertenece al derecho público, por que reglamenta la actividad del poder judicial, que es uno de los órganos del Estado y su finalidad última esta en obtener la paz social mediante una ponderada administración de justicia. Existe dentro del proceso; la Audiencia de Imputación o de individualización del delito, es realmente donde se materializa el derecho fundamental a ser informado de una investigación, dicho ahora bien, este derecho fundamental debe ser entendido en un sentido amplio y no restrictivo, esto es, no solo consiste en el derecho del ciudadano a conocer que existe una investigación en su contra, sino a conocer cuáles son las cusas específicas que existen y en que se fundamentan los mismos, allí es donde se perfecciona la individualización del delito. Se entiende que habrá que apreciar la idoneidad de los las circunstancias vinculadas al hecho punible que impliquen la responsabilidad penal atribuido a una persona, en definitiva, si están proporcionadas las condiciones para uno u otro tipo de procedimiento, puesto que son esas primeras actuaciones las que van a establecer en lo sucesivo la forma a través de la cual se efectuará la sustanciación del expediente.


BASES LEGALES El Ministerio Público como encargado de la persecución penal, tiene la obligación de investigar y recabar, los medios de prueba para establecer si procede el ejercicio de la acción penal con el objeto de la realización de la justicia, así como también la de ejercer la acción civil en los casos que previstos en la ley, otra obligación es la de preservar el objetividad, principio que se encuentra establecido en los siguientes artículos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 establece el derecho a la Tutela Judicial Efectiva de la siguiente manera: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso donde se compromete la libertad personal del imputado. Es allí donde se presentan mayores violaciones a los derechos fundamentales, especialmente, en la etapa investigativa al momento de recopilar la prueba. Si a ello se le suma ciertas carencias del proceso, tenemos que es aquí donde los derechos procesales desarrollan su máximo potencial como derechos fundamentales. (Código Orgánico Procesal Penal, 2012): establece dentro de su articulado funciones del Ministerio Público como : Artículo 111. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal: 8. Imputar al autor o autora, o partícipe del hecho punible. Artículo 132. El imputado o imputada declarará durante la investigación ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público encargado o encargada de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público.


Artículo 241. Cuando el imputado o imputada, acusado o acusada sea aprehendido o aprehendida, será informado o informada acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado la medida o a cuya orden será puesto o puesta. Artículo 263. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que lo o la favorezcan. Artículo 265. El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetra-

El acto formal de imputación, como actividad propia del Ministerio Público persigue garantizar el derecho a la defensa y la imposición de los hechos y de las probanzas que relacionen al sujeto con el hecho delictivo. A través de dicho acto, el imputado tiene la oportunidad de solicitar la práctica de diligencias probatorias que desvirtúen su participación en el hecho, así como, de ser informado sobre los argumentos de hecho y de derecho que sobre él recaen en el desarrollo de la investigación… Lo que persigue es garantizar el correcto juzgamiento de los hechos y la idoneidad en el desarrollo de la fase investigativa del sistema penal acusatorio, mediante la garantía de un acto propio del órgano investigador que busque encausar el ejercicio de la acción penal y preservar aquellos elementos que inculpen o exculpen al imputado. Artículo 356: Audiencia de Imputación. Cuando el proceso se inicie mediante la interposición de una denuncia, querella o de oficio, el Ministerio Público luego de la investigación preliminar y la práctica de las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión del delito, las circunstancias que permitan establecer la calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración; solicitará al Tribunal de Instancia Municipal proceda a convocar al imputado o imputada debidamente individualizado o individualizada para la celebración de una audiencia de presentación, la cual se hará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su citación.


No obstante, la exigencia es clara, donde la imputación aún provisoria, debe mostrar una definición clara y precisa, sobre los presupuestos de atribución delictiva; se encuentra íntimamente vinculado con las garantías esenciales del debido proceso, con los principios: acusatorio, de defensa y de contradicción, en cuanto a el derecho irrecusable del imputado de conocer con toda precisión y exactitud el delito que se le atribuye haber cometido; la exigencia realizada por la doctrina y la jurisprudencia internacionales apuntan a que el fiscal debe hacer un traslado de información comprensible de todas y cada uno de los hechos con características delictivas que le son provisionalmente atribuibles al imputado. Así, cuando se postula que las características de las comunicación que el fiscal hace al implicado en una investigación penal, para ser válida debe reunir unas características como son la de ser: concreta, clara, expresa y precisa; además que sus bases deberán estar previa y legalmente integradas en la actuación, antes del acto de comunicación. Pues si el propósito de la imputación es el que el ciudadano involucrado inicie sus actos de defensa, esto puede verse afectado si la información es incompleta, imprecisa, capciosas, y no tiene bases previas de comunicación. No sólo el principio de imputación necesaria se cubre con las garantías procesales de defensa y contradicción, sino también con la exigencia constitucional de la debida motivación pues si en la sentencia no se especifica e individualiza la imputación jurídico-penal, se afecta el derecho de los justiciables de obtener una decisión fundada en Derecho

(Ley Organica Del Ministerio Publico, 2007); Artículo 4: En el proceso penal los fiscales del Ministerio Público se ceñirán estrictamente a criterio de objetividad e investigarán los hechos y circunstancias que tipifiquen el delito o agraven la responsabilidad del imputado y las que atenúen, eximan o extingan Artículo 16. Son competencias del Ministerio Público: 1. Velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, acuerdos y convenios internacionales, válidamente suscritos y ratificados por la República, así como las demás leyes. 2. Garantizar el debido proceso, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes en la República, actuando de oficio o a instancia de parte.


3. Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal; practicar por sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles; hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetración. El Fiscal, por su parte, debe estar regido por el principio de objetividad, ya que lo que se busca en el proceso penal, no es precisamente la condena, sino la transparencia de la verdad real; como titular de la acción penal pública, debe constituirse en el investigador que reúna todos los elementos que permitan traslucir la verdad, acusando a través de elementos objetivos, y de una configuración clara de una conducta transgresora o pidiendo la absolución en los casos en que así corresponda. Estas una de las características de un sistema acusatorio, el cual por demás, es por excelencia el sistema donde con menor frecuencia se conculcan los Derechos Humanos de los imputados. El respeto de estas funciones es de vital importancia para construir un sistema adjetivo penal que permita no sólo respetar los derechos fundamentales del imputado. Al considerarse que el derecho penal es una técnica de represión de la desviación de una conducta humana, se debe calificar dicha conducta como punible o no punible, de esta definición se ocupan los legisladores, que clasifican los comportamientos, limitando en consecuencia la libertad de las personas, por las prohibiciones que sancionan. La comprobación de la conducta, consiste en el sometimiento coactivo a juicio penal de todo aquel que sea sospechoso de una violación de las prohibiciones penales. Actualmente en nuestro país, esta comprobación debe llevarse a cabo a través de las reglas establecidas por el derecho procesal penal, en el marco de un sistema denominado garantista, o de estricta legalidad, consiste en la tutela de los derechos fundamentales: los cuales de la vida a la libertad personal, de las libertades civiles y políticas a las expectativas sociales de subsistencia, de los derechos individuales a los colectivos representan los valores, los bienes y los intereses, materiales y pre políticos, que fundan y justifican la existencia de aquellos artificios, como los llamo Hobbes, que son el derecho y el estado, cuyo disfrute por parte de todos constituye la base sustancia de la democracia.


CAPÍTULO III MARCO METODOLOGICO

El marco metodológico constituye un elemento importante para el desarrollo de la investigación, pues es allí donde se establecen los elementos y técnicas utilizados para ampliar la investigación, como los pasos que se siguieron para el logro de los objetivos. En tal sentido (Arias, 2006) señala que: la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Es el cómo se realiza el estudio para responder al problema planteado.

En consecuencia en el presente capitulo se señalan las técnica e instrumentos utilizados para la investigación con el objetivo de que se realice una adecuada individualización del delito.

Tipo de Investigación La investigación se desarrolla citando diferentes postulados de autores, como de ponencias de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, basado en ello el método de investigación se tipifica como de tipo Cualitativa Descriptiva, por cuanto pretende identificar características y fundamentos relevantes que faciliten poner en manifiesto criterios jurídicos. Según (Rojas,2011) establece: La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc.


La investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión. La investigación descriptiva tiene por objeto proporcionar la visión de un evento, condición o situación. La investigación descriptiva cualitativa pretende proporcionar esta visión a partir de datos en forma de palabra.

Diseño de Investigación Según (Barrios, 2002), instaura: que el diseño de investigación se asume como un plan o algún tipo de anticipación, previsto de aquello que se pretende lograr y que define la estrategia general del trabajo, que orienta y esclarece las etapas que habrán de realizarse posteriormente toda vez que el investigador determina con suficiencia y claridad.

Es decir precisa la habilidad frecuente del trabajo, que guia y desenmaraña las fases que tendrán de ejecutar posteriormente cuando investigador establece con capacidad, idoneidad y claridad. Para (Bodington, 2006); determina que el diseño documental o bibliográfico se aplica a las investigaciones donde se presenta abordar un tópico jurídico y la estrategia se limita a recolectar y registrar información de fuentes documentales como revistas, libros periódicos, videos entre otros. La investigación se sustentó en un diseño bibliográfico, el cual se fundamenta en una revisión profunda del contenido documental existente, jurisprudencia y leyes venezolanas en los aspectos necesarios para llegar a una conclusión del problema planteado como objetivo general en lo cual se sustenta. Cuando se recurre a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan; ya que se tomó datos o informaciones provenientes de causas llevadas por Circuito Judiciales y del Tribunal supremo de Justicia. Se puede inducir que la esencia de la presente investigación fue determinada por el carácter bibliográfico de las fuentes utilizadas. Se puede decir que se aplicó un proceso de búsqueda en fuentes impresas con el objeto de conocer información contenida en ellas; organizarlas sistemáticamente, describirlas e interpretarlas, de acuerdo con su procedimiento que garantizó la objetividad y la confiabilidad de los resultados, con el fin de responder al problema de la investigación; es decir se realizó una investigación en forma cuidadosa y precavida.


Técnicas e instrumentos de recolección de la información Según (Arias, 2006) menciona que las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información; los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información, se han empleado en esta investigación diversos metidos de recolección como análisis de los textos bibliográficos y electrónicos, artículos de prensa y legislaciones venezolanas, investigaciones a nivel de maestría. La presente investigación se cataloga de tipo documental y de diseño bibliográfico, basa su contenido en la lectura y sustracción de información. Para (Farinas,2010) define como: Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos, las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. Es decir se refiere al proceso y el resultado de recolectar, realmente de reunir, recoger un dato una información que permite generar un cierto conocimiento, puede ser cualquier recurso que recopile información referente a la investigación, son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación, elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas.

Técnica de procesamiento y análisis de datos (Tamayo, 2004) sustenta: que una vez recopilado los datos por los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir elaborarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirá llegar a conclusiones en relación a la hipótesis planteada, cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtiene las conclusiones .


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Para la obtención de la información fue necesario la aplicación de técnicas adecuadas, tales como la lectura evaluativa, el subrayado, el resumen; la lectura evaluativa se utilizó para determinar la validez y la fuerza probatoria de la información disponible, con respecto al problema planteado en la investigación. El subrayado se empleó para focalizar la atención en ciertas partes de un texto, el cual responde a las necesidades de la investigación, bien sea para su comprensión y estudio total, o para su posterior análisis crítico, a fin de extraer algún aspecto que llamo la atención El resumen se aplicó para extraer las ideas principales de la información contenida en

documentos, de forma tal de restituir las ideas más importantes. Las hojas de notas y de resumen, se utilizaron como instrumento de recolección de información. Los datos e información obtenido a través de la revisión bibliográfica y / o documental, al igual que la lectura evaluativa, fueron analizados de manera cualitativa. Asimismo, la información recabada y seleccionada se procesó mediante el análisis de contenido y la síntesis e interpretación de datos, tanto en el campo doctrinario como normativo.


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Responsabilidad del ministerio publico frente a la individualizacion del delito  
Responsabilidad del ministerio publico frente a la individualizacion del delito  
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