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Opinión / 15
jueves 1 de diciembre de 2011
La pluma de Platón nEl transporte ufff
C
on la muy renunciada de Pedro Silva el asunto del transporte público en Oaxaca se complica mucho más de lo que ya estaba. El ahora corrido afirmó que en los últimos meses de la administración pasada se autorizaron más de nueve mil concesiones de taxis, claro que nada se dijo de los permisos o concesiones de las camionetas mixtas que también fueron numerosas. El origen del problema es que Silva le entró al asunto en completa desventaja, para empezar la Cotran no existe jurídicamente, segundo entró como chivo en cristalería sin tener la menor idea de cómo entrarle al problema, realmente lo único que se dedicó a hacer fue a sacarle raja al puesto, otorgó concesiones permisos y quiso grillar desde su puesto, pero su novatez y su ambición lo único que lograron fue enardecer el conflicto del transporte. Aún cuando ya existía en este último año los taxistas afiliados al FPR han aumentado no solamente en número, también en audacia y arrogancia. Ahora esa organización que es el brazo político del EPR además de ambulantes, ya también protege mototaxis, generando así una explicable irritación entre las tradicionales organizaciones de taxistas que tampoco cantan mal las rancheras
con la ventaja de que están mejor organizados y con más experiencia que los neo taxistas apadrinados por organizaciones sociales prácticamente emergentes. En cuanto a los urbaneros Pedro Silva sencillamente los ignoró para cualquier tema, de hecho también los grilló con el objetivo de que se siga cultivando la imagen de explotadores, de pulpo, así como la fama de desalmados. Todo lo cual le trajo al ahora ex funcionario muchas malas voluntades. No solamente el sector transporte público se puso contento con la “renuncia voluntaria” de tal personaje, también la alegría llegó a muchas ciudades cansadas de las broncas de todo tipo con el transporte. La instancia esa Cotran no solamente existe virtualmente para tramitar concesiones y permisos, también debe encargarse de proponer soluciones para los problemas viales, ser un vínculo para con las instancias federales que también tienen jurisdicción sobre el transporte en vías federales, nada de eso sucedió, el mayor pecado cometido fue el otorgamiento de concesiones firmadas por el supuesto coordinador cuando por ley solamente las puede autorizar y firmar en persona el gobernador, de ahí que Gabino afirmara
en varias ocasiones que no se había concedido una sola concesión durante su mandato, sin embargo en la práctica aparecieron miles de vehículos con “concesiones” o en el mejor de los casos con “permisos provisionales”. Hay muchas especulaciones al respecto, que va a desaparecer esa coordinación que en este sexenio nunca existió, que la van a convertir en Secretaría, que va a regresar a la Secretaría General de Gobierno de donde salió para convertirse en Secretaría, que esto y aquello. El problema no es el nombre que le pongan y con todo respeto tampoco quien sea nombrado para hacerse cargo, el problema es que el transporte público en Oaxaca es todo un gran problema que no se puede resolver con un nombramiento. Desafortunadamente durante el sexenio pasado se despacharon con el cucharón sin límite de tiempo, porque so la propia naturaleza del transporte público es competitiva y combativa la gestión del negro Cerón potenció las diferencias hasta ahora impunemente. El tema no se centra exclusivamente en los taxis regulares o irregulares, también están los urbaneros, las camionetas de carga mixta, hasta algunas organizaciones carretoneras y no es chiste, son muy
poderosas estas últimas, el caos es uniforme y ahora que los presidentes Municipales por una ausencia de reglamentación también se dan vuelo con los permisos para mototaxis los caos viales ya son cosa de todos los días, en todas partes, a todas horas. Otra cuestión que no se puede perder de vista es que con la devaluación del peso y los gasolinazos los costos de operación se han elevado casi al 50 por ciento de lo que costaban hasta hace muy pocos años, la excesiva generosidad para otorgar concesiones o permisos ha debilitado severamente a los trabajadores del transporte público no ayudó en nada a la paz social, tampoco se puede olvidar que durante el conflicto del 2006 fueron quemados camiones urbaneros, taxis, también vehículos particulares. Las pérdidas de ninguna manera fueron recuperadas, porque entre otras cosas las aseguradoras no cubren daños en casos de motín público, así que todos los que fregaron se fregaron bien bonito. El Gobierno Oaxaqueño entre otras graves omisiones y gracias a la presencia de Pedro Silva se alejó de las cabezas del sector transporte, lo han llevado a confrontaciones claras pero discretas Ahora vendrá el verdadero pro-
blema y en serio, ¿Cuál será el enfoque estatal hacia este tema? ¿Se preferirá seguir con el modelo de querer comprar votos con concesiones o con permisos? Tal vez sería mejor decisión el sentarse a platicar seriamente con las verdaderas cabezas del sector transporte en Oaxaca, llegar a acuerdos y colaboraciones que todas las partes necesitan, el transporte público es una enorme necesidad social, ignorar eso es ser tirando a tarugo, el presidente Municipal ha vacilado ya varias veces con la propuesta de que el exiguo Ayuntamiento le entre directamente al transporte público. Algo decidirán los asesores que asesoran al Titular del Ejecutivo Estatal sobre la creación de alguna instancia para responsabilizarse del asunto del transporte estatal, ojalá y que quienes suelen inspirar a los asesores que asesoran a Gabino agarren la onda y no pretendan decisiones para beneficiarse en su “carrera política”. Pero si no se toma en cuenta a los verdaderos protagonistas del transporte público cualquier decisión está condenada a ser más de lo mismo. Hasta ahora otra bronca sin atender.
ansotegui@prodigy.net.mx
Columna invitada José Gil Olmos
nCriminalizar a las víctimas
P
rimero se intentó criminalizar a las víctimas cuando, a raíz de la matanza en Villas de Salvárcar, Felipe Calderón señaló que los 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez eran pandilleros, con lo que intentó justificar el multihomicidio de los adolescentes, quienes resultaron ser estudiantes y deportistas. Hoy ya no se trata de acusar de delincuentes a las víctimas, sino a sus familiares que buscan paz y justicia. Nepomuceno Moreno, un sonorense de 56 años, fue acribillado el pasado lunes 28, en pleno centro de Hermosillo. Iba a bordo de su camioneta cuando recibió cinco impactos de bala de grueso calibre, sin que ningún policía se hiciera presente, pese a que a unas calles se encuentra el Palacio de Gobierno. La reacción de las autoridades del estado de Sonora fue inmediata, pero no para anunciar que se investigaría el asesinato del activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, sino para acusarlo de sus vínculos con el crimen organizado. El vocero de la Procuraduría estatal, José Larrinaga Talamantes,
informó que Nepomuceno Moreno fue detenido en 2005, luego de un enfrentamiento en Hermosillo, en el que murió una persona. Lo que no dijo es que tras cuatro años de encarcelamiento injusto fue liberado y absuelto, porque no se le comprobó ningún delito. El funcionario recordó que otro de los hijos de Nepomuceno, de nombre Gilberto, estuvo preso, acusado de un asalto con violencia en una tienda de autoservicio. Además, mencionó que el gobierno del estado nunca recibió una solicitud de protección del activista. En el fondo, la argumentación oficial era que Nepomuceno Moreno había sido ejecutado porque estaba vinculado con el crimen. O sea que se lo merecía. El caso del sonorense se viene a sumar a los de Marisela Escobedo, Julián Le Barón, la familia de Olga Reyes, y de los veracruzanos que fueron ejecutados y arrojados en la principal arteria de Boca del Río, en septiembre pasado, y a quienes el gobernador Javier Duarte acusó de estar vinculados con el crimen organizado.
La criminalización de las familias de las víctimas por parte de las autoridades en cada caso es doblemente grave, pues no sólo se acusa y se trata de justificar el asesinato de las víctimas, sino que ahora también se responsabiliza a sus familiares, vinculándolos con el crimen organizado para que no sigan con sus demandas de investigar a fondo y aplicar la justicia. Y es esto lo que ahora ocurre con Nepomuceno Prieto, quien desde mayo pasado se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para seguir con su demanda de encontrar a su hijo Mario, desaparecido el 1 de julio de 2010 por agentes policiales de Sonora. Estos mismos le exigieron a don Nepomuceno 30 mil pesos, a cambio de la liberación de su hijo, que nunca llegó. Las declaraciones del gobierno sonorense para desprestigiar al activista social caen, sin embargo, por su propio peso. Si bien es cierto que en un principio tuvieron el efecto que deseaban y se creó una cortina de humo entre algunos que creyeron que se trataba de un delincuente y padre de otro delincuente,
al paso de las horas esa información fue desmentida cuando se reveló que Nepomuceno había sido declarado inocente, luego de permanecer cuatro años en la cárcel. Ahora es el gobernador panista Guillermo Padrés quien debe explicar por qué se quiso enlodar a Nepomuceno Moreno, asesinado de cinco tiros a unas cuantas calles de la sede del gobierno, a plena luz del día, lo que refleja la incapacidad e ineficiencia de las autoridades del estado de dar seguridad a sus ciudadanos. Manejar con toda intención los antecedentes penales de Nepomuceno y su familia, sin decir antes que se llegaría a fondo para encontrar a los culpables, habla de la impunidad que hay en Sonora y en todo el país. Sólo hay que recordar que el procurador actual de la entidad, Abel Murrieta, fue el responsable de las investigaciones de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, que nunca llegaron a fondo, pues se protegió a familiares del exgobernador Eduardo Bours y de la primera dama, Margarita Zavala de Calderón, quienes tenían subrogada dicha guardería.
Nepomuceno Moreno sabía que lo querían asesinar aquellos a quienes acusó de la desaparición de su hijo. Así se lo hizo saber a Felipe Calderón el 14 de octubre, cuando interrumpió el diálogo con los integrantes del Movimiento por la Paz que acudieron al Castillo de Chapultepec. En ese momento el presidente giró una orden a la procuradora general de la República, Marisela Morales, para que al activista se le diera la protección que necesitaba. Pero esa seguridad nunca llegó, y tampoco se la dio el gobernador Guillermo Padrés. Nepomuceno Moreno fue acribillado el mediodía del lunes 28, cuando viajaba por el centro de Hermosillo. En su camioneta llevaba pancartas y fotos de su hijo y otros jóvenes desaparecidos y ejecutados en Sonora. Sus asesinos actuaron con toda impunidad y libertad, como sabiendo que nadie los detendría en su misión de acallar a este ciudadano, cuyo único delito fue querer dar con el paradero de su hijo Mario, uno de los 10 mil desaparecidos que hay en todo el país desde hace cinco años.