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Hasta el 1952, los gobernadores y administradores de Puerto Rico eran unilateralmente nombrados desde el extranjero. Personas que usualmente no tenían conocimiento del idioma, cultura, necesidades, ni de las capacidades de la isla. Una condición colonial que aún persiste y que se acrecentó en 2016 con la imposición de una Junta de Control Fiscal, un organismo irónicamente sufragado por el hoy quebrado erario de Puerto Rico. Un mecanismo concebido para apaciguar a los acreedores de la deuda de PR, controlando el presupuesto de la isla y por lo tanto toda la función administrativa. Pero que no ha de aportar un solo centavo en inversión nueva y que no ha de alterar positivamente el ya fracasado modelo económico colonial que hoy sufre Puerto Rico. Las restricciones políticas y económicas que inciden sobre Puerto Rico, han resultado en un modelo político anacrónico e incapaz de competir en el mundo globalizado de hoy. Un sistema que no puede proveer bienestar, prosperidad o calidad de vida para sus residentes. Un régimen limitado a ser un mercado cautivo, que restringe la capacidad de crear oportunidades dentro de la isla. Por ejemplo, hoy día casi el 90% de la alimentación en Puerto Rico proviene del exterior y/o a través de los Estados Unidos, una dependencia alimenticia casi absoluta.

Hay que establecer las diferencias o connotaciones que existen sobre la palabra colonia. Una es la proyección de nacionales o de la propia nación en tierras lejanas y tratados como iguales. Diferente al territorio dominado por una potencia extranjera para su propio beneficio.

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Programa Comunidad Autónoma de Puerto Rico: Puerto Rico/España/Unión Europea  

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